Esta es una entrevista a un experto que explica una materia sensible sobre la que demasiadas veces se legisla a golpe de titular. José Luis Díez Ripollés es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga desde 1986. Uno de los 65 que suscribieron hace apenas un mes un duro manifiesto contra la reforma del Código Penal. "No hay muchos más catedráticos de Derecho Penal en España", explica el profesor, para enfatizar la importancia (por cantidad y calidad de los firmantes) del manifiesto. Díez Ripollés es un experto en política criminal y sistemas penales, autor de más de 50 publicaciones académicas sobre la materia (la última, Delitos y Penas en España, publicado por Catarata en 2015), y explica con razones técnicas (pero comprensibles) por qué le disgusta la reforma, actualmente en el Senado.

El profesor, codirector del Grupo de Estudios de Política Criminal hasta el pasado mes de noviembre, fue convocado como experto a la Comisión de Justicia del Congreso. Dice que algo se ha mejorado tras el paso del proyecto por el Congreso de los Diputados: se rectificó la intención de derivar al derecho civil los casos de homicidios por imprudencia leve (normalmente resultado de un accidente de tráfico) y la idea de transformar el sistema y ampliar las medidas de seguridad (entre otras, la libertad vigilada). Sin embargo, los expertos siguen revueltos y han denunciado la "pobreza técnica del texto", el "deliberado" uso de la ambigüedad, su inspiración en corrientes autoritarias y la "deslealtad democrática" del Gobierno en su tramitación. Acusan al ejecutivo de utilizar "arbitrariamente" el poder al eludir dictámenes preceptivos mediante la presentación de modificaciones sustanciales en el trámite legislativo de enmiendas.

El manifiesto utiliza términos singularmente duros. Un ejemplo: hablan ustedes de que es una reforma ejecutada por asesores "ignotos".

La referencia es correcta: durante muchos meses no había manera de saber quién, en el Ministerio de Justicia, había redactado el anteproyecto de ley. Y cuando llamabas a un director general o un asesor respondían que no lo podían decir. Algunos de los que sabemos que han participado siguen diciendo que no han participado. Eso dice mucho de una reforma: los propios redactores no quieren pasar como redactores.

Con el acuerdo de PSOE y PP se introdujo una nueva definición del delito de terrorismo: ¿qué le parece?

Como tantas cosas que en los últimos 15 o 20 años se han hecho en Derecho Penal, está muy condicionado por decisiones oportunistas, al hilo de la actualidad y que no han sido reflexionadas. ¿Todo lo que se incluye en la reforma es innecesario? No me atrevo a decirlo. Pero buena parte de las conductas ya se pueden perseguir, por lo que tendríamos que habernos tomado nuestro tiempo, haber hecho análisis criminológicos… y quizás hubiéramos identificado alguna conducta que no estaba bien abarcada. Pero se ha producido lo de Charlie Hebdo y España ha dicho: "Hay que cambiar esto". ¿Por qué? ¿Es que en España no se pueden castigar esas conductas? Ya están castigadas. ¿Qué sucede? Que mostrar esa capacidad rápida de decisión marca la política criminal de los últimos tiempos. Una ley sobre terrorismo: ¿por qué? ¿España es un país poco eficaz en la persecución del terrorismo? Es uno de los más eficaces. Ha perseguido el 11M condenando a los culpables antes que ningún otro país, hemos acabado con una de las organizaciones terroristas más peligrosas de Europa, como ETA. No podemos cambiar la ley de una manera tan irreflexiva, buscando únicamente los votos que da demostrar que eres duro ante cualquier cosa.

¿Se hace política con las leyes penales?

La política criminal se ha convertido en un instrumento de agitación y propaganda. Hay políticas sanitarias, educativas, económicas, en las que estaremos de acuerdo o no, pero hay unos señores que se sientan y hacen cuentas, y toman determinadas decisiones con unos estudios y unos informes. En política criminal no hay nada de eso. Yo fui a la comisión de justicia del Congreso con unos cuantos datos estadísticos y algunos parlamentarios se quedaron con la boca abierta. ¿Es que nadie les ha dicho que esto es así? No iba allí con nada especial, eso lo podía saber un estudiante de Criminología…

Hábleme de la pena de prisión permanente revisable.

Es una cadena perpetua, y de las más duras que existen, al menos en el mundo occidental. Cuando se habla de cadena perpetua uno piensa que no se sale hasta cuando uno muere, y esto en el mundo occidental no existe salvo en algunos estados de EEUU. Cuando en Derecho Penal se habla de la cadena perpetua se habla de una cadena perpetua revisable, añadir lo de revisable no cambia el concepto. Es el legislador el que se ha inventado una palabra, prisión permanente, para ocultar que están introduciendo la cadena perpetua. Hay sitios, pocos, en que tras diversas revisiones puede que no te suelten. Eso sí. Pero que a alguien lo metan en la cárcel y le digan "a usted no le vamos a revisar nunca, va a estar hasta que se muera", eso no existe en casi ningún sitio. En Europa, en ningún sitio.

En una encuesta aparecida recientemente en El País, un 67% de los españoles se pronunciaban a favor.

En Criminología es muy conocida la distinción entre las percepciones sociales sobre el delito (preocupación por el delito) y el miedo al delito. Cuando en España preguntas si se hacen las cosas bien en la lucha contra el delito, la población dicen en un 90% que no, que la justicia y la policía no funcionan. Cuando preguntas a esa persona cómo se comporta en su vida cotidiana, si toma precauciones para no sufrir un delito, si sale por la noche por su barrio… se descubre que la sociedad española no tiene miedo. El problema es que estamos muy condicionados por los medios de comunicación, los agentes sociales y los agentes políticos, que te hacen tener una determinada percepción que se contradice con la realidad delictiva (España es uno de los países más seguros del mundo, y sé lo que digo) y con el comportamiento cotidiano, que sí se corresponde con la realidad delictiva. No preguntemos por la cadena perpetua. Si ponemos a los ciudadanos ante un supuesto concreto, por ejemplo: un joven de 25 años entra en una casa y se apodera de un televisor. Robo con fuerza en las cosas. ¿Qué pena impondría usted? Y descubres que los ciudadanos imponen menos pena que la que prevé el código y que la que imponen los jueces.

Pero la frase común es que no se pasa tiempo suficiente en prisión…

La conclusión es que la sociedad cuando se ve confrontada con los casos concretos es menos punitiva que las leyes y los jueces que las aplican. Hay que matizar: cuando hay violencia física de por medio cambian las cosas. La sociedad se inquieta y es más punitiva.

Volviendo a la cadena perpetua: en los países que la tienen, la pena de prisión más grave, justo por debajo de la cadena perpetua, no suele pasar de los 15 o 20 años. Nosotros tenemos penas de 30, 35 y 40 años sin cadena perpetua. A eso se une que la revisión en esos países suele comenzar a los 12, a los 15, a los 20, alguno a los 25 años, pero nosotros la vamos a revisar a los 25, y en algunos casos a los 35. ¿Qué revisión es esa? Si una persona entra en prisión con 25 años con cadena perpetua, estamos hablando de que vamos a empezar a revisar a los 50, 55 o 60 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al hablar de la cadena perpetua, dice que es admisible si el condenado tiene expectativas ciertas y motivadoras de que en algún momento va a poder vivir en libertad. Si no, es inaceptable.

¿Por qué en 20 años de vigencia se cambia 25 veces el Código Penal de 1995? ¿Tanto hemos cambiado?

No digo que todas estén mal, pero he analizado las reformas de PP y PSOE desde que se aprobó el código hasta 2011. Uno descubre que se concentran en una serie de delitos que dan réditos electorales. Tenemos una tasa de delitos sexuales que no llegan al 1%, normalmente. Y ya han tenido, desde 1998, cuatro grandes reformas, la próxima será la quinta, porque claro, da muchos votos. El delincuente sexual se ha convertido en la bruja de la Edad Media. Los temores colectivos se proyectan sobre el delincuente sexual y el terrorista, y eso es una actitud muy irracional. Los delincuentes sexuales tienen una tasa de éxito en el tratamiento mayor que los delincuentes violentos.

La percepción social es la contraria…

Claro, se piensa que son incorregibles. Pues es falso. Hay algunos que son incorregibles, naturalmente. Yo hablo en términos cuantitativos, en términos estadísticos.

La corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas. ¿Incluye la reforma suficientes instrumentos para luchar contra ella?

Ufff [Para, reflexiona]. ¿Sabe lo que han hecho en corrupción? Fundamentalmente, incluir la pena de sufragio pasivo: quien sea condenado no podrá presentarse a las elecciones. Está bien que introduzcan delitos de financiación de partidos políticos, pero en los delitos contra la administración pública, que es donde está la madre del cordero, las reformas son incluir la pena de sufragio pasivo y ampliar las duraciones de unas cuantas penas privativas de derechos. Las penas de prisión siguen siendo bajas, alguna se eleva y alguna se baja. No hay cambios sustanciales. Se produce una reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que es preocupante: En 2012, el PP introdujo a partidos políticos y sindicatos como responsables penales, pero ahora transforma todo el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas de un modo que a las personas jurídicas les va a resultar mucho más fácil evitar la responsabilidad penal.

En un artículo publicado en 2013 decía usted que "el incremento de la severidad ha vuelto a incidir especialmente sobre comportamientos delictivos mayoritariamente llevados a cabo por los sectores más desfavorecidos": ¿Es la política criminal un instrumento que reafirma las desigualdades?

El Código Penal nunca ha sido imparcial. Siempre ha castigado más las conductas delictivas que realizan habitualmente las clases pobres que las conductas que realizan las clases medias o altas. Parecía que el Código Penal de 1995 quería recuperar la imparcialidad, pero las penas del hurto, el robo, estafas son unas; y las de un delito urbanístico, otras. Y te preguntas, ¿qué causa más daño a la sociedad? La pena del delito urbanístico debería ser mayor. Y lo mismo pasa con el delito fiscal, el delito urbanístico, el delito societario…

Un policía ha sido detenido en la tarde de este martes por su responsabilidad en la muerte de un joven de 14 años en la occidental ciudad venezolana de San Cristóbal, en el estado de Táchira, en el transcurso de una manifestación, informó la ministra de Interior, Carmen Meléndez.

"Fue detenido un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) presuntamente implicado en el hecho y quien declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta, municiones de goma (...) fue pasado inmediatamente a la orden del Ministerio Público (MP) para establecer las responsabilidades", indicó Meléndez en un contacto telefónico con la estatal VTV.

El Ministerio Público informó poco antes de estas declaraciones a través de un comunicado de que imputará al oficial de la PNB, Javier Mora Ortiz, de 23 años, por su supuesta vinculación con la muerte del joven.

La titular de Interior señaló también que la muerte del joven, de nombre Kliver Roa y de 14 años edad, ocurrió en el sector Barrio Obrero de esta ciudad "durante la protestas" que se desarrollaron hoy en esta ciudad y "quien a las 11 de la mañana (hora local 15.30 GMT) fue herido en la región occipital".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió sus condolencias a la familia del joven y condenó su "asesinato" durante, dijo, un "hecho de violencia" en el momento "en el que un grupo de muchachos con capucha, estaban en actividades de protestas y de generación de violencia"

"En ese momento se produjo un hecho inverosímil: pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho", explicó el jefe del Ejecutivo en una alocución en la estatal VTV.

La Fiscalía señaló también hoy en el comunicado que la información preliminar de las investigaciones apuntan a que "la muerte del adolescente ocurrió durante una manifestación que se desarrollaba en la carrera 11, entre calles 12 y 13 del sector Barrio Obrero de San Cristóbal, aunque no precisó las circunstancias de la misma.

El Minsterio Público designó a dos fiscales nacionales y uno del estado de Táchira para investigar lo sucedido, añadió la nota.

"Basta de matar a los jóvenes de nuestra patria!", dijo el excandidato presidencial, Henrique Capriles, que reaccionó a la noticia con un mensaje en la red social Twitter.

Cuando el gobierno permite el uso de armas de fuegos para reprimir manifestaciones,el gobierno es el principal responsable

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) February 25, 2015

La también opositora María Corina Machado escribió en la misma red social que "no hay palabras para transmitir mi dolor e indignación. Asesinaron a un niño de 14 años. Un muchacho que protestaba con sus compañeros". Machado ha llamado a la población a sumarse a las concentraciones y protestas convocadas en repulsa por lo sucedido.

Las madres d Venezuela tenemos que reaccionar YA!Nos matan a nuestros hijos.No podemos permitir una muerte más #UCATpic.twitter.com/RWLqKeVJZ6

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 24, 2015

La diputada del PP Dolors Montserrat, vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, ha justificado que Celia Villalobos estuviera jugando con su tableta mientras presidía el Debate sobre el estado de la Nación: "La gente puede hacer lo que quiera mientras esté escuchando", ha comentado en los pasillos de la Cámara.

Villalobos, vicepresidenta primera, fue grabada por el periodista Antonio Maestre de La Marea utilizando su tableta mientras presidía la sesión plenaria e intervenía en la tribuna el presidente Mariano Rajoy. Ella alega que estaba leyendo la prensa en Internet, pero el autor del vídeo asegura que estaba jugando al Candy Crash Saga, algo que indican los gestos que realiza la vicepresidenta de la Cámara.

"La gente puede hacer lo que quiera mientras esté escuchando --ha dicho Montserrat al ser preguntada en los pasillos del Congreso por este incidente--. Hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez".

Un informe elaborado por cuatro sindicatos europeos y norteamericanos y una ONG británica acusa a la multinacional estadounidense McDonald's de evadir más de 1.000 millones de euros en impuestos en Europa en el periodo 2009-2013 gracias a "una agresiva y potencialmente abusiva optimización de su estructura" fiscal a través de filiales en Luxemburgo y Suiza.

"Estas estrategias de optimización fiscal han podido costar a los Gobiernos europeos más de 1.000 millones de euros en impuestos en los cinco años transcurridos entre 2009 y 2013", señala el documento, publicado este miércoles. El informe, Unhappy Meal: 1.000 millones en evasión de impuestos en el menú de McDonald's, ha sido elaborado por EPSU (Sindicato Europeo del Servicio Público), EFFAT, la Federación Europea de Sindicatos de los sectores de la alimentación, la agricultura y el turismo, la ONG británica para el desarrollo War on Want y las organizaciones sindicales norteamericanas SEIU (Unión Internacional de Empleados de Servicios) y Change to Win.

El documento, que insta a que la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE "investiguen la posible ilegalidad del esquema fiscal de McDonald's en Europa e incentiven la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las multinacionales", relaciona ese multimillonario ahorro fiscal, que cifra en 1.060,1 millones de euros, con el modelo de franquicia del gigante de la restauración, "en el que una parte muy significativa del beneficio procede de los cánones de los franquiciados y de los alquileres de los locales, más que de las operaciones de sus establecimientos".

Estos pagos por royalties "son una importante componente de la agresiva estrategia de optimización fiscal de McDonald's" y, como en otras multinacionales, son tratados desde el punto de vista fiscal como gastos deducibles en el país donde se generan, "reduciendo la factura fiscal" en ese territorio, recibiendo al mismo tiempo un "tratamiento preferencial" en el país de destino al ser gravados con tipos muy bajos.

En el caso de Luxemburgo, una figura fiscal denominada IP-Box (Intellectual Property Box) "reduce la tasa efectiva de las compañías en el Impuesto de Sociedades por la mayoría de royalties desde el 29,2% hasta el 5,8% del beneficio", mientras que en Suiza, la tasa efectiva para los beneficios en el exterior oscila "entre el 0% y el 12%".

El informe calcula que McDonald's, que en Europa opera más de un 73% de sus restaurantes a través de franquiciados, carga un canon de en torno al 5% de sus ventas a sus asociados, pero este royalty "probablemente no tributa en el país en el que se genera". "Si se paga a una subsidiaria extranjera en un país de baja tributación", el tipo que pagará finalmente será "muy bajo" o inexistente.

El dossier recuerda que la cadena reestructuró su negocio en Europa al transferir a finales de 2008 sus derechos europeos de propiedad intelectual y sus derechos de franquicia a McD Europe Franchising Sàrl, una sociedad luxemburguesa creada en 1985 "con ramificaciones en Suiza". Este movimiento se produjo "inmediatamente después de un cambio de política fiscal en Luxemburgo que permitía a las compañías beneficiarse de significativas reducciones de su tasa impositiva por los beneficios ligados a la propiedad intelectual". En 2009, la compañía trasladó su cuartel general de Londres a Ginebra "por razones fiscales", recuerda el informe. 

Posible "acuerdo preferencial"

Desde entonces, esa filial luxemburguesa "se ha convertido en una de las mayores subsidiarias" europeas de la multinacional. En el periodo 2009-2013, esta filial ha recibido "más de 3.700 millones de euros en royalties", pero apenas ha pagado 16 millones en impuestos. En 2013, su tasa efectiva "ha caído hasta el 1,4%", una tasa "significativamente por debajo de las que parecen estar disponibles bajo el estándar fiscal luxemburgués", incluso teniendo en cuenta ese generoso tipo del 5,8% para el beneficio y los ingresos derivados de actividades de propiedad intelectual.

Ello apunta "a un acuerdo preferencial con el Gobierno de Luxemburgo similar a los revelados a finales del año pasado" por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que destapó la existencia de pactos secretos entre grandes mutinacionales y el Gobierno del Gran Ducado, cuyo primer ministro era el hoy presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker.

Según el informe, los royalties de la filial luxemburguesa de McDonald´s ascendieron en 2013 a 833,8 millones, pero la factura fiscal de la filial por esta figura fue de 3,3 millones de euros. Con apenas 13 empleados, es "una estructura posiblemente artificial con una actividad económica real limitada", apunta el informe.

Para el secretario general del sindicato europeo EPSU, Jan Willen Goudriaan, "es vergonzoso ver cómo una compañía multimillonaria, que paga bajos salarios a sus empleados, todavía intenta evitar su responsabilidad de pagar su parte justa de los impuestos que se necesitan para financiar los servicios públicos de los que todos dependiendo. En lugar de maximizar sus beneficios y minimizar sus impuestos, McDonald's debería cambiar sus recetas para asegurarse de que los ciudadanos europeos están en el corazón de su menú".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado a Rajoy durante su intervención en el debate del estado de la nación que aborde con valentía de una vez por todas el debate sobre el fin de ETA. "Ha perdido usted, inexplicablemente, toda la legislatura sin abordar esta tarea. Euskadi nunca ha estado en la agenda del Gobierno", le ha reprochado Esteban al presidente del Gobierno.

Como hizo ayer también el portavoz catalán Duran i Lleida, el portavoz peneuvista ha dejado para el final de su intervención las quejas por el "inmovilismo" que cree que el Gobierno de Rajoy mantiene tanto para abordar un mayor autogobierno para Euskadi como para afrontar el fin dialogado de ETA. "Sigue siendo rehén de su pasado, tanto como lo es el entorno político-social de ETA", ha afirmado el peneuvista.

En este sentido, Esteban le ha recordado al presidente que "la paz es más que la ausencia de violencia y la convivencia es más que la paz", por lo que ahora es necesario "restañar las heridas" de la sociedad vasca tras 30 años de terrorismo. Dicho esto, ha pedido al presidente que "mueva ficha", "ponga fin al régimen de excepción judicial" y acerque a los presos etarras a las cárceles del País Vasco.

No obstante, el dirigente peneuvista ha reconocido que la organización terrorista debe dar también pasos para alcanzar la paz en Euskadi abandonando definitivamente las armas. "Pedimos movimientos a unos y otros. No es el momento del odio y del resentimiento. Es el momento de actuar con inteligencia y magnanimidad. No con las vísceras o con el cálculo electoral", ha añadido Esteban.

El portavoz del PNV también se ha quejado de la "indiferencia" con la que ha abordado Rajoy todas las demandas que le ha planteado el lehendakari, Iñigo Urkullu, "con espíritu constructivo", para dar mayor autogobierno a Euskadi y no invadir las competencias. "Pero usted siempre ha dado la callada por respuesta", ha añadido Esteban, dolido.

El portavoz del PNV se ha sumado asimismo a las críticas de los demás portavoces de la Cámara contra la política de austeridad de Mariano Rajoy y ha coincidido en afirmar que el presidente pintó ayer, en su discurso ante la Cámara, un panorama ficticio de la realidad económica.

En su réplica, Rajoy ha dejado claro que el Gobierno no va a cambiar ni un ápice de su política penitenciaria. "El mejor anuncio es que ETA diga que se disuelve y deja de ser una organización terrorista", ha contestado Rajoy a Esteban.

"No me parece lo más positivo volver al pasado", ha remachado el presidente, que solo ha dejado abierta la puerta a la reinserción para aquellos presos de ETA  que "cumplan los requisitos legales" para hacerlo. Es decir, abandonen la lucha armada, repudien sus acciones terroristas, y pidan perdón a sus víctimas.

"Yo no le pido explicaciones a la vicepresidenta ni tiene por qué dármelas". Esa ha sido la respuesta del presidente del Congreso, Jesús Posada, después de que a su número dos en la Cámara, Celia Villalobos, se la grabara jugando al Candy Crush en su tableta mientras presidía el debate sobre el estado de la nación. Posada no ha querido desautorizarla y ha reconocido que eso es díficil que le pase a él porque no sabe cómo "manejar esos aparatos". Aun así, ha declarado que la tarea de presidir la Cámara es "absorbente" y "no conviene hacer otra cosa" a la vez.

Aunque Posada no tenía ningún entusiasmo por hablar del asunto, los periodistas lo han rodeado en el pasillo. Parece una invasión", ha comentado con Vicente Martínez Pujalte antes de rendirse. Ya ante los micrófonos y las cámaras, Posada ha defendido que Villalobos estaba presidiendo el debate en ese momento porque él había salido para hacer unas llamadas.

Ella dirá lo que considere oportuno, ha empezado. Cuando se le ha informado de que Villalobos había asegurado estar leyendo la prensa y no jugando, Posada se ha escurrido con que "el tema de los detalles lo tiene que contar ella".

A pesar de no "manejar esos aparatos", Posada sí ha dicho que presidir la Cámara no es compatible con hacer nada más a la vez para moderar bien el debate. Por eso, ha explicado que en cuanto accedió al cargo dejó de leer los diarios, como sí hizo durante años cuando era un diputado de a pie.

Rafael Hernando era el tercer diputado que debutaba en el debate sobre el estado de la nación de este año. El portavoz del grupo del PP ha cerrado las intervenciones y se ha apuntado al discurso de Mariano Rajoy, que menospreció a Pedro Sánchez hasta el punto de calificarle de "patético" y recomendarle que no volviera al Congreso.

El portavoz del PP también ha dudado de que Sánchez siga mucho más al frente del PSOE y ha atacado al socialista por permitir que en Baleares el PSOE renuncie a sus siglas, por no tener "un militante óptimo para ser candidato en Madrid" y por haberse dirigido a los andaluces "por satélite". A propósito de que Sánchez se perdiera en su visita a Washington, Hernando se ha burlado: "No es que tenga un problema en el GPS, es que ha perdido la brújula".

Además de estas críticas, Hernando ha reservado algunas frases para el resto de la oposición, después de elogiar la intervención del presidente el martes. Al representante de Amaiur, Sabino Cuadra, que había hablado poco antes, hizo referencias despectivas a los que llevan "coleta o coletilla" y aseguró que parecía "que con Franco vivían mejor". Ya directamente en referencia a Podemos, Hernando ha criticado a los que pretenden "romper y denostarlo todo".

El conservador ha presumido de las reformas del Gobierno, cifradas en 198 proyectos de ley y reales decretos presentados en la Cámara: "Eso es lo que permite cambiar las cosas y revertir la situación económica".

En su último turno de palabra, Rajoy ha agradecido al grupo parlamentario que comanda Hernando su apoyo. "Soy plenamente consciente de que no ha sido fácil hacerlo en esta etapa, pero me quedo con algunas de sus afirmaciones: España comienza a ir bien y se abre una esperanza que hace años parecía impensable, con eso me quedo", ha concluido.

En su empeño por hacer ver que ha cumplido con lo que anunció en el debate del estado de la nación de 2014, Mariano Rajoy ha dicho este miércoles que "la sangría del paro se ha parado". Está claro que el paro ha bajado (23,7% en la EPA del último trimestre de 2014) desde el pico de destrucción de empleo que se alcanzó en el primer trimestre de 2013 (26,9%). Aún está lejos del nivel del último trimestre de 2010 cuando se cruzó la barrera del 20%.

¿Es eso el fin de la sangría del paro como alardea el presidente del Gobierno? Es difícil afirmar algo así cuando más de 6.200.000 personas están en el desempleo y otras han renunciado a seguir buscando trabajo o han huido al extranjero para tener una oportunidad.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que declara vigente el convenio de la empresa pública Tragsa hasta que éste sea reemplazado por otro. De este modo, estima la demanda interpuesta contra la empresa por los sindicatos CSI-F, UGT y CGT, y a la que posteriormente se adhirieron CC.OO. y el Comité Intercentros de Tragsa.

El convenio de Tragsa, que afecta a 6.300 trabajadores, finalizaba su vigencia el 31 de diciembre de 2013, pero en él se establecía su prórroga hasta su reemplazo.

Tragsa comunicó a los sindicatos que el convenio regiría hasta el 26 de septiembre de 2014, fecha que posteriormente retrasó "de manera unilateral" hasta el 31 de diciembre de 2014 y luego hasta el 31 de marzo de este año.

La reforma laboral estableció límites a la 'ultraactividad' (prórroga de un convenio en ausencia de otro), salvo pacto en contrario de las partes.

En el fallo, la Audiencia reitera que la nueva regulación que dio la reforma laboral a la 'ultraactividad' tiene por objetivo negociar más y mejores convenios en plazos más breves, descartando que dicha regulación persiga bloquear la negociación colectiva o provocar un vacío regulatorio.

En su opinión, incentivar una negociación colectiva más rápida y adaptada a la demanda, "no está necesariamente reñido con la prórroga o con una mayor ultraactividad del convenio".

Junto a todo esto, en este caso se da un elemento adicional: que Tragsa decidió "unilateralmente y a título individual" mantener las condiciones laborales previstas en el convenio colectivo hasta el 31 de marzo de 2015.

Para la Audiencia, ésta es una decisión que no puede tomar una de las partes por sí misma, pues la vigencia del convenio se acordó en su día de común acuerdo.

También considera "contradictorio" que la empresa negara la vigencia del convenio hasta su sustitución por otro y luego decidiera por su cuenta prorrogar su contenido.

De este modo, la Audiencia entiende que esto en realidad puede interpretarse como la conformidad de la empresa a mantener la totalidad del convenio una vez finalizada su vigencia inicial o cualquiera de sus prórrogas a fin de evitar un vacío normativo y hasta su sustitución por otro.

CSI-F ha expresado su satisfacción por esta sentencia y la considera una "referencia" para las empresas del sector público "en lo que se refiere a la aplicación de la reforma laboral".

El populismo que impregna las peticiones de indulto de famosos personajes, condenados en los últimos tiempos por casos de corrupción u otros delitos económicos, es rechazado de plano en los preceptivos informes que elevan al Gobierno los tribunales sentenciadores. Un ejemplo es el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco, quien presentó 4.345 firmas en apoyo de la concesión de la medida de gracia. El Tribunal Supremo informó en contra la semana pasada advirtiendo: "Las condenas se imponen para ser cumplidas en principio, sea cual fuese la extracción social del condenado, porque no hay una clase de delincuentes, sino una delincuencia de clase".

En todos los informes, los tribunales, previo informes de la acusación, se pronuncian sobre si existen "razones excepcionales de equidad, justicia y utilidad pública", los ambiguos conceptos recogidos en la ley y que se intentan satisfacer en las peticiones de indulto. El que fuera presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez apeló a esa supuesta "utilidad pública" y obtuvo una respuesta tajante de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: "Nada es menos útil a la sociedad que el abandono de las penas ciertas, tanto más si se hace atención al poco igualitario criterio de relevancia social o económica del penado".

En este tipo de casos, el condenado intenta aprovechar su posición pública en favor de la medida de gracia. Sin embargo, Núñez no fue condenado por la actividad ejercida como presidente del Barça sino por su implicación en una trama de inspectores de Hacienda que, en connivencia con empresarios como él, favorecían el ahorro fiscal de estos últimos a cambio de dinero o regalos.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio cuestiona que los tribunales deban realizar este tipo de pronunciamientos en sus informes sobre indultos. “No es el momento, ni la función del tribunal, que debe ceñirse a los argumentos jurídicos para la concesión por parte del Gobierno de una medida así de excepcional”, asegura.

El Tribunal Supremo suple al tribunal sentenciador en la redacción de esos informes preceptivos cuando ha revisado la pena impuesta por instancias anteriores. En los últimos tiempos se ha visto obligado a desbaratar las intentonas de utilizar un fenómeno de masas como es el fútbol en las solicitudes de indulto. Algo similar al caso de Núñez ocurrió con el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, en prisión por malversación y prevaricación cometidas en el 'caso Minutas' del Ayuntamiento de Marbella.

Del Nido llegó a recurrir a una recogida de firmas que incluyó a los presidentes de la Primera División española, a excepción de seis de ellos. Se dio el caso de que firmaban su petición de indulto otros condenados por el Tribunal Supremo, como el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La supuesta confianza en que su relevancia pública les va a facilitar el indulto hace que algunos de estos personajes se atrevan a solicitarlo sin ni siquiera haberse arrepentido. El torero José Ortega Cano se lo puso fácil a la Audiencia Provincial de Sevilla, que informó en contra de la petición porque "no sólo no asume su gravísima responsabilidad criminal, sino que la niega abiertamente, a pesar de las abrumadoras evidencias demostrativas de que su proceder fue total y absolutamente reprobable". Había sido condenado a dos años y medio por matar a un hombre cuando conducía borracho un coche.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se refiere en su informe sobre Pedro Pacheco a la "abultadísima documentación" que presenta el exalcalde condenado y que "incluye desde el inicio de sus estudios universitarios hasta su conocida actividad política". El tribunal recuerda que también adjunta más de 4.000 firmas, entre ellas las del obispo de Jerez o el cantaor José Mercé, así como testimonios de "entidades religiosas y seculares".

Pacheco fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, esto es, dinero de los contribuyentes, entre los que se encuentra los firmantes de la petición de indulto. La condena se elevó a cuatro años y seis meses de prisión.

Con independencia de las negativas de los tribunales, la decisión última corresponde al Gobierno. El profesor Cancio reconoce un punto de inflexión en el caso conocido como del “conductor kamikaze” de Valencia. La relevancia mediática que adquirió forzó un debate público que llevó al Gobierno a una postura de firmeza con los indultos, especialmente con el de políticos y otros personajes públicos. “Hemos pasado del 100 al 0 rápidamente porque estamos en una campaña electoral continua. Durante muchos años, para decidir si solicitan o no el indulto, los abogados preguntaban a sus clientes si tenían algún modo de llegar al Consejo de Ministros”, asegura Cancio.

El actual clima de opinión ha hecho que esos medios de acceso al Ejecutivo se vuelvan en contra. En el caso del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se apresuró a rechazar la posibilidad de que se le concediera la medida de gracia, como terminó ocurriendo. Algo similar sucedió con el que fuera ministro del Gobierno de José María Aznar, Jaume Matas. En este caso, el Tribunal Supremo también informó en contra de la concesión del indulto.

La Comisión Europea (CE) valoró hoy los esfuerzos de España por reducir el déficit por debajo del 3% del PIB, al tiempo que concluyó que el país presenta desequilibrios macroeconómicos y le pidió que tome "acciones decisivas".

"En España ha habido mejoras, pero aún hay riesgos", dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien precisó que el país seguirá siendo sometido a la supervisión comunitaria.

"Tenemos que reconocer los esfuerzos del Gobierno español y por eso mantenemos la misma decisión (que el año pasado)", añadió el comisario en le presentación de la evaluación de los déficits macroeconómicos entre los socios de la Unión Europea (UE).

Moscovici subrayó que la CE es "consciente de las cifras y la fecha límite, 2016", en referencia al plazo que tiene España para situar su déficit por debajo del 3% del PIB, en concreto en el 2,8%, tras recibir dos años más por parte de la Unión.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario precisó que "pese a algunas mejoras en el proceso de reequilibrio de la balanza por cuenta corriente, los riesgos relacionados con los altos niveles de deuda pública y privada y la posición internacional de inversión negativa siguen mereciendo mucha atención en el contexto de desempleo muy elevado".

"La necesidad de actuar para reducir los riesgos de los efectos adversos en la economía española, dado su tamaño, y de contagios negativos a la unión económica y monetaria es particularmente importante", añade la CE en su documento.

El Ejecutivo comunitario ya advirtió a España el pasado noviembre de que tendría que actuar de manera decisiva para corregir los desequilibrios macroeconómicos que acumula su economía, como el alto desempleo o la amplia deuda pública y privada.

Entonces concretó que España no respetó 5 de 11 estándares aconsejados por Bruselas en materia de desempleo, deuda pública, deuda privada, pérdidas en la cuota de mercado de las exportaciones y la posición neta de inversión internacional.

En la misma situación que España están otros tres países comunitarios: Irlanda, Hungría y Eslovenia.

La CE dijo, por otro lado, que se ha revisado la situación macroeconómica de 16 países y ha concluido que cinco de ellos presentan desequilibrios "excesivos", Francia, Italia, Croacia, Bulgaria y Portugal, lo que requerirá de "acción decisiva y supervisión" por parte de cada uno de ellos.

El fiscal ha pedido hoy que el Tribunal Supremo confirme la pena de ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación para Rafael Blasco por el caso Cooperación. El exconseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado autonómico del PP fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por el desvío de fondos públicos de cooperación con Nicaragua en 2008.

La condena corresponde a la primera de las tres piezas en las que fue separado el caso Blasco. El TSJV considera probado que de las subvenciones otorgadas por la Consellería que Blasco dirigía en la Generalitat a la Fundación CYES para proyectos de cooperación en Nicaragua fueron utilizados con fines fraudulentos.

El Supremo ha celebrado hoy la vista de los recursos presentados contra la sentencia del TSJV, que condenó a diferentes penas a nueve personas. Seis de ellos ocupaban puestos en la Consellería, entre ellos Blasco, y tres eran particulares, dos de la Fundación Cultural y Estudios Sociales (CYES) y el tercero un intermediario.

Tras esta resolución de la Fiscalía y a la espera del dictamen definitivo del Tribunal Supremo Blasco está más cerca de entrar en prisión. El que fue presidente del Parlament valenciano tendría como último recurso la solicitud de un indulto por parte del Consejo de Ministros.

El fiscal y la abogada de la acusación ejercida por la Generalitat se han opuesto a los recursos de los condenados contra la resolución del TSJV e incluso han pedido que se condene también por malversación a tres de los condenados a los que no se les ha tenido en cuenta este delito en la sentencia.

Se trata del exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá, el ex director general de Cooperación Josep María Felip y el exjefe del Área de la Dirección General de Cooperación Marc Linares, si bien para este último estiman que hay que retirarle los delitos de cooperación en prevaricación administrativa y falsedad por los que fue condenado sin que hubiera sido acusado por los mismos.

El fiscal Álvaro Redondo Hermida ha impugnado los recursos de los condenados recordado que el TSJV declaró probado que se concedieron subvenciones por 1,8 millones de euros de los que solo el tres por ciento fue destinado a su finalidad, unos pozos en Nicaragua, y que el resto se destinaron a la adquisición de unos inmuebles que no correspondían al objeto de las mismas.

Ha añadido que esto se ha declarado probado después de una investigación de la Fiscalía, una instrucción de un Juzgado y de treinta y dos sesiones de juicio por lo que estima que las defensas no pueden decir que los nueve condenados no tienen nada que ver con los hechos ni atribuir a funcionarios la alteración de documentos para este "desaguisado".

Para el fiscal, el TSJV condenó basándose en "innumerables pruebas documentales, testificales y periciales y relata minuciosamente los hechos sin arbitrariedad". El fiscal ha rechazado las alegaciones de las defensas relativas a que el TSJV se vio influenciado por cuestiones políticas y por influencia de la prensa y ha mantenido que se basa en datos técnicos.

Ha insistido en que los condenados eran los que tenían el dominio de los hechos y podían decidir en la Consellería la concesión de subvenciones y la justificación posterior de los fondos. El abogado de Blasco ha alegado que es "horroroso y tenebroso que la sentencia hable de eventuales contraprestaciones que no han quedado del todo acreditadas".

Rafael Blasco, que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros, fue condenado a la pena referida por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.

También fueron condenados los citados Marc Linares, a cuatro años y medio de cárcel y once de inhabilitación; Alejandro Catalá, a cuatro años y medio de cárcel y siete de inhabilitación, y Josep María Felip siete de inhabilitación.

El TSJV condenó además al empresario Augusto César Tauroni, único procesado que se encuentra en prisión, desde el 23 de febrero de 2012, a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.

Marcial López fue condenado como presidente de Cyes a cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad, y su pareja, María Josefa Cevera, a tres años y medio de cárcel por fraude de subvenciones en concurso con falsificación.

La exsecretaria administrativa de la Consellería Tina Sanjuán, a siete años y medio de cárcel y medio de inhabilitación por malversación, prevaricación y falsedad. El exjefe de Gabinete de Blasco Javier Llopis fue condenado a tres años de prisión y dos de inhabilitación.

Fue una frase corta, pero que resume el pensar del Ministerio de Educación respecto al sistema universitario. "Es una ecuación imposible", afirmó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que España tenga "una de las tasas más bajas de matrículas, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección [de alumnos] para acceder a la universidad". Conclusión del Gobierno: el sistema universitario "no es sostenible".

Pero Gomendio, en apenas tres frases, consiguió meter alguna verdad a medias, alguna mentira e incluso obviar ciertas contradicciones generadas por las políticas llevadas a cabo por su jefe, el ministro José Ignacio Wert. Políticas como la del cambio en la estructura de los grados que, por otra parte, le han costado una huelga que tendrá su cúspide en la manifestación de este jueves.

Del modelo intermedio... hacia el caro

En España, a diferencia de Finlandia, Noruega o Dinamarca, donde el Estado asume el 95% de la financiación del sistema universitario, la partida de las administraciones no representa ni el 80% de los presupuestos universitarios. El resto cae sobre las familias, principalmente mediante las tasas. Pero Gomendio insiste: "Tenemos una de las tasas más bajas de matrículas". Y eso que en los últimos años los precios públicos han subido notablemente y se han reducido las becas.

En lo referente a los sistemas de pago de la universidad por parte de sus estudiantes, en Europa se dan tres modelos, explica Vera Sacristán, profesora de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Politécnica de Catalunya y autora de un informe sobre la cuestión (en catalán) para el Observatori Universitari.

En el primer grupo, los estudios universitarios son totalmente gratuitos y además hay becas salario para compensar que quien estudia en la universidad no gana dinero porque no trabaja. Este modelo lo tienen los países nórdicos (aunque tienen impuestos muy altos, afirmó Gomendio), pero también otros como Escocia, Estonia, Dinamarca, Malta, Chipre o Turquía.

En el otro extremo están los que se pagan precios elevados, "por encima de 1.500 euros el curso y muy para arriba", explica Sacristán. Aquí se encuadran los anglosajones –sin Escocia–, Irlanda, Eslovenia, Hungría, Lituania, Letonia, Rumanía, etc. En este grupo "hay becas también, pero sobre todo créditos", aclara Sacristán.

Los países del tercer grupo, entre uno y otro, tienen unas tasas simbólicas, desde los 180 euros anuales en Francia a los 300 en Alemania, nunca superiores a los mil euros. También están Bélgica, Polonia, Portugal o la República Checa. La política en estos suele ir por las ayudas al estudio o las subvenciones, más que por las becas salario.

¿Dónde queda España? "Se mueve del modelo central al más caro", responde Sacristán. La subida de las tasas en los últimos años ha encarecido notablemente los precios. El máximo de un año de grado está en 2.600 euros, cita la profesora, aunque también señala que las diferencias entre regiones son muy importantes: un mismo grado puede costar el doble en Cataluña o Madrid que en Galicia.

Eso en cifras absolutas. Sacristán explica que cuando se homologan las cifras y la comparación se hace a paridad de poder adquisitivo "es mucho más tremenda. Se observa que el precio suizo o el lituano caen por debajo del nuestro y España acaba siendo el séptimo país más caro", precisa.

Respecto a los másteres, en España se da un fenómeno poco usual en Europa: son notablemente más caros que los grados. "Esto es muy raro en Europa. En algunos países es más caro, pero contados. Pero en España la diferencia es brutal", sostiene Sacristán.

Una cuestión ideológica

La elección de un sistema u otro es una cuestión ideológica, sostiene Juan Hernández Armenteros, experto en financiación universitaria y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. "Detrás hay un pensamiento político", comenta. Si uno cree que el beneficiario de la educación superior es el individuo porque la recibe y optará a un mejor trabajo, este debe pagársela (modelo anglosajón, el caro para el estudiante). Si cree que quien se beneficia es la sociedad porque crea profesionales mejor cualificados que aportarán valor añadido a la sociedad y, aunque ganen más, lo devolverán pagando también más impuestos, debe pagarla la sociedad (modelo nórdico).

Hernández considera que la mejor opción es apostar por una fórmula de financiación diferenciada. Es decir, que la Administración Pública se haga cargo de mayores o menores costes de la universidad en función de la capacidad de renta de las familias. Lo que sí tiene claro es que "para favorecer la promoción social y la igualdad de oportunidad es necesaria la financiación pública". Sacristán opina que la matrícula subvencionada tiene dos ventajas: "Es más equitativa porque permite a todos acceder a la educación superior y es más eficiente porque garantiza que el talento llegue a la universidad y favorezca al país".

Además de estos modelos, Gomendio citó el de EE UU, donde "la universidad la paga prácticamente el estudiante". Es cierto que Estados Unidos cuenta con un modelo basado en el esfuerzo de los estudiantes y las familias para pagar sus estudios. Lo que no acabó de explicar la número dos de Educación es que, como muchas familias no pueden hacer frente a los altos precios de las matrículas, deben endeudarse y pedir los préstamos que ofrecen tanto el Gobierno como los bancos y otras entidades privadas.

Esta situación se ha visto recrudecida en los últimos años, cuando se ha producido un aumento en el precio de las matrículas: entre 2000 y 2012 se han incrementado un 114% en las universidades públicas y un 14% en las privadas, según se desprende de un informe del Congreso.

El estudio alerta del nivel de endeudamiento de los estudiantes, que no ha parado de aumentar, hasta el punto de ser el único tipo de deuda que ha seguido incrementándose con la crisis. En el año 2012 la deuda anual media de una persona graduada era de 24.000 euros, un 60% de sus ingresos totales.

Muchos de estos exestudiantes no pueden ahora hacer frente a la devolución de los préstamos, según revela el informe, lo que, según los expertos, puede estar generando una "burbuja educativa". Los precios de las carreras en el país oscilan desde las baratas universidades públicas (rondan los 6.500 euros) hasta las universidades privadas, donde el coste se puede elevar hasta unos 41.000 de la Washington University in St. Louis.

Un gasto por debajo de la media

¿Es sostenible el sistema universitario? El porcentaje de gasto en educación superior respecto al PIB en España ha pasado del 0,97% al 0,83% en cuatro años (y eso que el PIB cae). En otros países como Finlandia o Dinamarca alcanza y supera el 2%. Un estudio del Observatori Universitari sitúa a España en el puesto 22 de 27 países analizados, casi medio punto del PIB por debajo de la media de la OCDE. "Digo yo que la sostenibilidad se medirá en porcentaje de gasto respecto al PIB", opina Vera Sacristán. "¿Y dónde está España en este apartado?", se pregunta retóricamente.

Si que lo se mira es la financiación pública, un estudio de CCOO señalaba hace pocas semanas que en los últimos cuatro años las universidades públicas han perdido 1.500 millones de euros de los fondos que les transfieren las administraciones.

Uno de los argumentos que repite el Gobierno para apoyar su tesis de la insostenibilidad es que existen demasiadas universidades en España. Pero lo cierto es que está a la cola de la tasa de universidades públicas por habitante. España tiene una universidad por cada 582.000 habitantes. En Reino Unido hay una por cada 283.000 habitantes, una por cada 94.000 habitantes de Estados Unidos y una por cada 129.910 en Finlandia, según un estudio realizado por Estudiantes en Movimiento.

Tampoco parece cierto, a tenor de la estadística, que haya demasiados universitarios, tal y como afirmó Gomendio. Este dato se puede considerar desde la óptica del porcentaje de universitarios respecto a la población en esa franja de edad o respecto a la población total, explica Sacristán. El millón y medio de universitarios en España sitúa al país justo en la media de la OCDE en la primera referencia, algo por debajo del 25%. En la segunda, queda por debajo (menos del 3% de la población total).

Un elemento contradictorio que utilizó Gomendio es que afirmó que no hay "prácticamente ninguna selección de alumnos para acceder a la universidad". Hasta ahora la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) establece una cierta criba, aunque es cierto que tiene índices de aprobación masivos. Sin embargo, la reforma educativa del PP la ha suprimido, cambiándola por la reválida (que es obligatoria para todos los estudiantes que quieran el título de Bachillerato, vayan o no a la universidad) y unas pruebas de acceso que las universidades podrán realizar o no según crean conveniente.

El PSOE de Madrid celebra el cambio de liderazgo que ha forzado la dirección de Pedro Sánchez. Tan solo dos semanas después de que Ferraz destituyera a Tomás Gómez, el líder socialista ha conseguido aglutinar a más de 1.200 personas para arropar al nuevo candidato, Ángel Gabilondo.

Gran parte de la ejecutiva socialista ha acudido al mitin en el que Gabilondo se ha presentado ante los militantes con la voluntad de conseguir un cambio en la Comunidad de Madrid tras 20 años de Gobiernos del PP. Con un tono tranquilo, poco mitinero, el exrector de la Universidad Autónoma ha insistido en que no deben descalificar a los adversarios, aunque se ha postulado como la alternativa de progreso frente a la “derecha insensible”.

Entre los asistentes, se encontraba Carme Chacón, que cuestionó la decisión de Ferraz de fulminar la carrera política de Gómez a escasos 100 días de las autonómicas. También estaba presente un miembro andaluz de la ejecutiva, Antonio Pradas. Los dirigentes de la federación de Susana Díaz se han mantenido al margen de los pasos que ha dado Ferraz para culminar el proceso para apartar definitivamente al exsecretario general del PSM: no asistieron a la reunión de la Comisión Permanente en la que se tomó la decisión ni a la de la Comisión Federal de Listas en la que se iba a declarar su “no idoneidad” como candidato. 

Celebración entre los militantes

“No oía algo así desde hace mucho tiempo”, comentaba una militante tras el discurso del exministro de Educación: “Ha sido como los de Felipe González”, añadía ilusionada.

Arropado también por Pedro Zerolo, el dirigente del PSM que se postuló para encabezar la lista del 24 de mayo, Gabilondo ha admitido estar emocionado ante el calor que ha recibido de los afiliados socialistas. “Vamos a hacer todo lo que seamos capaces para acabar con la pobreza en todas sus formas”, ha señalado el exministro de Educación, que ha explicado que distintas “variantes” de pobreza: “de planteamientos, de expectativas y de horizontes”, ha enumerado.

“Es imprescindible un desarrollo político, social y económico”, ha afirmado antes de asegurar que “no va a ser posible con esta derecha insensible”. Gabilondo ha animado a los socialistas a trabajar para conseguir la equidad. “Las herencias también se pueden dilapidar”, ha destacado.

“Ser valientes es ser capaces de aceptar el reto y el desafío que nos demandan los ciudadanos”, ha añadido y ha pedido veladamente a los socialistas madrileños que no se enreden en los asuntos internos. 

En un discurso en el que ha desgranado los valores socialistas, con los que Gabilondo se siente identificado pese a no tener carné del partido, ha recordado que el PSOE no quiere el poder para “divertirse”: “Queremos el poder compartido, con los ciudadanos, para hacer”, ha expresado antes de ironizar que también lo quieren “para que no hagan otros”. “Se trata de reclamar que las instituciones sean verdaderamente justas, capaces de generar confianza y credibilidad, al servicio de la ciudadanía, gestionadas con dignidad y solvencia”, ha apuntado.

El polideportivo, que estaba abarrotado, se ha quedado pequeño. Varias decenas de afiliados se han quedado fuera. “Soy la secretaria general” de una agrupación municipal, expresaba una de las personas que no ha podido entrar. Sánchez les ha mandado un saludo.

"Rajoy perdió el debate y la confianza de los españoles"

El secretario general ha aprovechado para autoproclamarse vencedor del ‘cara a cara’: “Rajoy ha perdido el debate porque ha perdido la confianza de los españoles”, ha dicho en la presentación del exministro ante más de 1.200 militantes socialistas.

 “Parece que Rajoy perdió el debate –ha arrancado–. No me extrañó porque hace mucho que perdió la confianza de los españoles”. La pérdida de ese apoyo, a su juicio, se produjo al aprobar la reforma laboral, al prometer que el rescate a los bancos no iba a costar ni un euro a las arcas públicas, por las privatizaciones y por amparar la corrupción en vez de limpiar el PP. 

“No fue capaz de responderme cuando le dije que yo soy un político limpio”, ha defendido Sánchez. “Perdió hasta las formas y es que al final es la derecha de siempre, la que descalifica sin argumentos”, ha subrayado antes de invitar a los socialistas a seguir trabajando: “Nosotros a lo nuestro, a defender a los que no tienen y a la clase trabajadora”.

Sánchez, a quien los militantes socialistas han interrumpido con aplausos varias veces y en una ocasión con gritos de “presidente, presidente”, ha repetido que la desigualdad no es consecuencia de la crisis sino que la está provocando la derecha. “Esta derecha que perdona 4.000 millones en impuestos a las grandes corporaciones y recorta la misma cantidad en ayudas a los mas necesitados”, ha explicado. “Lo que decimos los socialistas es que, si hay dinero para rescatar a los bancos, hay dinero para rescatar a las familias y los autónomos”.

“Nuestro balance siempre será distinto que el de la derecha”, ha dicho el líder del PSOE, que ha resumido los tres pilares que perseguirán los socialistas: la creación de buen empleo, el combate de la desigualdad y el rearme moral de la política. “La política puede si se quiere y nosotros podemos porque queremos, a diferencia de otros”, ha dicho.

“La oposición real a su Gobierno no está en el Congreso. El debate [del estado de la nación] debía contar con la fuerza que más opciones tiene de ganarle las elecciones. Ojalá debatamos pronto cara a cara en televisión porque España se merece un debate entre usted y yo. Cuando quiera y donde quiera”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha reivindicado hoy en un mitin como el líder de la “oposición real”.

Pablo Iglesias ha entrado entre gritos de "presidente" a un recinto lleno que albergaba a 500 personas. Otras tantas han seguido el discurso desde la recepción del Círculo de Bellas Artes de Madrid. El líder de Podemos ha estado arropado por algunos de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos no estaba Juan Carlos Monedero, aunque un portavoz de la formación ha asegurado que "estaba invitado".

Iglesias ha rechazado que España haya “salido de la pesadilla”, como aseguró el martes el presidente del Gobierno, y le ha recordado las promesas que hizo cuando estaba en la oposición. “¿Cree usted que podría ir el próximo lunes a hacerse una foto a la cola del paro?”, le ha retado, recordando la imagen que protagonizó Rajoy en la campaña electoral de 2011.

El líder de Podemos ha aprovechado “el otro estado de la nación” para desgranar las medidas económicas contenidas en el documento de Navarro y Torres y que aplicará, ha prometido, cuando llegue al Gobierno. Iglesias, que no ha mencionado ni una vez a otros partidos, ha apelado a “reindustrializar España” para huir de la “inversión en el ladrillo” que ha llevado al país a ser de los menos productivos de Europa.

“El mercado no crea trabajo por sí mismo”, ha señalado Iglesias. “Ni rebajando cotizaciones ni facilitando el despido. Hay que aumentar la productividad, impedir los contratos temporales injustificados, que el despido sea la última opción”. El líder de Podemos ha acusado a Rajoy de poner en marcha “medidas propias de fanáticos”. “Un verdadero patriota defiende la industria nacional, lo contrario que han hecho ustedes”, ha zanjado.

Iglesias ha concretado en su discurso una de las figuras que recogía el documento de los economistas en el que se basa su programa económico: un impuesto para la riqueza “como el de Francia, donde recauda, ha asegurado, un 0,23% del PIB. “Es más eficiente que subir el IRPF, porque la renta puede esconderse. Pero es más complicado llevarse la mansión a Suiza, se lo puede preguntar a sus tesoreros”.

El líder de Podemos ha enmarcado este nuevo impuesto en una reforma tributaria más amplia que llevaría a España a recaudar “lo mismo que la media de Europa” y que en España supondría, según los datos ofrecidos por Iglesias, 92.000 millones extras para las arcas del Estado. "Están robando a los ciudadanos de mi país y no lo vamos a consentir", ha espetado, para zanjar: "Amar a tu país es tributar en tu país. Vamos a investigar a las grandes fortunas".

Reestructuración de la deuda

Pablo Iglesias ha retomado una de las ideas fuerza con las que nació Podemos a principios de 2014: paliar el problema de la deuda. "Los patriotas no queremos ser una colonia de nadie, queremos soberanía", ha señalado en referencia a Alemania. Iglesias ha defendido, sin citarlo, el acuerdo alcanzado por Syriza y la UE y ha criticado la postura de España desde el inicio de la crisis: "A veces los acuerdos son difíciles y complicados. Pero para lograrlos hay que negociarlos. Cuando se obedece, no se logran acuerdos presentables".

El líder de Podemos ha asegurado que "hacen falta presidentes que digan que el BCE debe trabajar para los ciudadanos europeos, no para los bancos. Y si hay que poner mala cara, se pone". En opinión de Iglesias, "la austeridad no solo provoca dolor, es ineficaz. No funciona. Y cuando en democracia no funciona algo, se puede cambiar".

Iglesias ha comprometido un plan de rescate ciudadano que entraría en marcha nada más tomar el poder, en caso de ganar las elecciones: "Que nadie pase frío y nadie tenga que dormir sin un techo". El secretario general de Podemos ha prometido una "sanidad y educación pública, universal y de calidad" y "proponer medidas que avancen hacia una Renta de Garantía de Ingresos", una "ayuda que podrían cobrar las personas sin recursos o con recursos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y con ciertos requisitos". Iglesias ha avanzado que el próximo lunes presentará un documento elaborado por dos mujeres economistas focalizado en la lucha contra la desigualdad de género.

Lucha contra la corrupción

Además de las medidas económicas, Iglesias ha prestado especial atención a la lucha contra la corrupción. El líder de Podemos ha asegurado que estos escándalos "no son manzanas podridas ni personas inmorales", sino "un entramado que pudre nuestras instituciones".

Iglesias ha propuesto un plan en cuatro frentes. El judicial implicaría, con la mejora de las condiciones de los jueces, la reforma de la ley de enjuiciamiento y con una ampliación de penas y delitos de corrupción. El frente político estaría basado en mejorar la transparencia de las instituciones, para lo que ha puesto como ejemplo a su propio partido. Supondría, además, la inclusión de mecanismos revocatorios "para que ganar las elecciones no sea un cheque en blanco".

En el frente económico, Iglesias ha insistido en acabar con "el modelo de crecimiento del ladrillo y la burbuja" e ir a uno "que no se base en la cultura del pelotazo que está llevando a nuestro país a la ruina". Por último, en el frente social, Iglesias ha prometido "mitigar la desigualdad", ya que, ha dicho, "las sociedades menos desiguales son donde menos corrupción existe".

Iglesias ha cerrado su discurso con un mensaje que no ha dedicado a Rajoy. "No me voy a dirigir más a usted, sino a las gentes de mi país", ha señalado. "El Congreso representa a la soberanía pero es solo un símbolo. La soberanía es de los ciudadanos. Basta de significantes muertos. La patria no es un símbolo. España es sus gentes, mi patria no es una bandera ni un edificio. Mi patria es la gente de mi país".

El secretario general de Podemos ha asegurado que su partido saldrá a ganar las elecciones, pero que solamente es un instrumento. "El cambio político no lo va a traer ningún partido, sino la gente. Y no sobra nadie, vengan de donde vengan".

"Nuestro miedo era también que se estuviese confundiendo este caso de corrupción con la realidad de la cooperación valenciana", confiesa Carles Xavier Lopez, presidente de la Coordinadora de ONGD Valenciana. Después de que la Fiscalía solicitase la ratificación de la condena al exconseller, Rafael Blasco, por malversación de fondos destinados a la lucha contra la pobreza, la agrupación ha destacado la gravedad del caso: "Hay que llegar hasta el final para dejar clara la dignidad de la gente que trabaja en el desarrollo".

Acercar el agua potable a cerca de 180 personas de Nicaragua y ayudar a unas 40 familias (unas 203 personas) a mejorar el reparto de los cultivos, eran los supuestos objetivos de las subvenciones concedidas por la Generalitat en 2008 a la Fundación CYES para Nicaragua y que fueron utilizadas para la compra de pisos en Valencia por valor de casi un millón de euros. Estos hechos se están juzgando en una de las tres piezas que componen el Caso Blasco, la única de las tres que ya cuenta con una sentencia.

"Cualquier caso de corrupción es alarmante. Pero utilizar el dinero de la lucha contra a pobreza en un país como Nicaragua para el enriquecimiento personal por una trama realizada desde el Gobierno valenciano es de lo más sangrante. A nivel ético es repugnante, es de una gravedad incuestionable", afirma López, tras la vista del Tribunal Supremo donde la Fiscalía ha solicitado la ratificación de la pena de ocho años de cárcel al exconseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.

Desde el estallido del escándalo, han depositado buena parte de sus fuerzas en que "la ciudadanía conociese que todo esto es ajeno a nuestro mundo. Es una trama de malversación de fondos que nada tiene que ver con las ONG, sino con la corrupción del Gobierno valenciano". En este sentido, reconoce el temor hacia la desconfianza que este caso podría generar en la sociedad.

"En un contexto de un recorte del 95% de la política de cooperación valenciana, y del claro inclumplimiento de la cooperación de la Comunidad —mientras obliga a destinar el 0,7% de sus presupuestos a ayuda al desarrollo, no supera el 0,018%—, el Caso Blasco podría provocar confusión en la sociedad. La primera sentencia demuestra que es un caso que implica a un conseller vasco, a su cúpula directiva, a un empresario y a organizaciones que no tenía que ver con el mundo de la cooperación", afirma el presidente de la agrupación de ONG valencianas.

La Coordinadora de ONGD valenciana está personada en la causa desde octubre de 2012. Necesitaban estar presentas, apuntan, para dejar clara su posición de repudia hacia este "insulto" hacia la política de desarrollo valenciana. Con este fin, pusieron en marcha un proceso de recaudación de fondos colectivo para hacer frente a los gastos judiciales. "Hemos tenido un apoyo ciudadano muy digno", apunta Carles Xavier López.

Su personación tenía objetivos múltiples: "Aportar nuestra especialización en cooperación para que se haga justicia sin impunidad, rehabilitar la dignidad de la Cooperación al desarrollo y el trabajo de organizaciones que llevamos trabajando durante años por la justicia y la solidaridad", describen a través de un comunicado.

Otra de sus metas primordiales era la "restitución de los fondos defraudados" para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo. Para ello están inmersos en la campaña Caso Blasco para exigir que el dinero desviado retorne adonde debería haber llegado. El Gobierno valenciano, indica la Coordinadora, todavía no se ha comprometido a compensarlo.

Los 17 expolíticos que el año pasado se sentaban en los consejos de administración de las compañías de los sectores eléctrico y gasista que cotizan en el Ibex 35, principal índice bursátil español, se repartieron en 2014 un total de 3.163.000 euros brutos, de acuerdo con los datos remitidos en los últimos días por las empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En 2014, las puertas giratorias (el polémico paso de políticos al sector privado), que tienen al sector energético como uno de sus destinos predilectos (eléctricas, gasistas y petroleras dan cobijo a un tercio del medio centenar de ex altos cargos a sueldo en consejos del Ibex), funcionaron con brío. El año pasado se incorporaron seis nuevos consejeros con pedigrí en la cosa pública, todos ellos vinculados al Partido Popular y algunos con nula experiencia previa en el sector privado, a dos empresas del sector, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás. Ambas se encargan de la operación del sistema eléctrico y gasista, respectivamente, y su principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por empresas, la compañía que más expolíticos tuvo en su consejo de administración es Enagás, con nada menos que ocho (siete del PP y uno del PSOE), seguida de REE, que el año pasado tuvo cuatro (dos por cada uno de los grandes partidos), Iberdrola y Gas Natural (uno del PSOE y otro del PP cada uno de ellas) y Endesa (uno de CiU).

Los mejores sueldos, como es natural, corresponden a los dos únicos que tienen funciones ejecutivas: el presidente de REE, José Folgado, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja. Y entre los no ejecutivos (y teniendo en cuenta solo a los que estuvieron todo el año en el puesto), los emolumentos oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales, a una media de 189.666 euros por cabeza.

El cómputo no tiene en cuenta a altos directivos o asesores (como José María Aznar en Endesa) ni a consejeros de filiales, como el marido de María Dolores de Cospedal (colocado en las subsidiarias de Ingeniería e Inmobiliaria de Iberdrola), dado que su retribución no es pública. Tampoco a personas muy cercanas a políticos en activo, como el empresario hotelero Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es consejero de Gas Natural.

De mayor a menor sueldo, el listado es el siguiente:

José Folgado (REE): 746.000 euros. El exvicepresidente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar, presidente ejecutivo de REE, aumentó su retribución un 2,7% en un ejercicio en el que los resultados de la compañía crecieron un 35,7% por el impacto de los extraordinarios. Folgado, presidente desde 2012, cuando sucedió en el cargo al exministro socialista Luis Atienza, forzó el año pasado un cambio en los estatutos de la empresa para poder seguir al frente una vez rebasados los 70 años. Su mandato acaba en abril del próximo año.

Marcelino Oreja (Enagás): 552.000 euros. El año pasado, el beneficio de Enagás se estancó pero su consejero delegado, el exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo y exministro popular Marcelino Oreja, aumentó su retribución un 30,4%. El incremento "se debe a ser el primer ejercicio desde su incorporación en el que ha percibido la retribución variable correspondiente a un año completo". Oreja fue nombrado número dos de Enagás nueve meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder y tiene encomendada la expansión internacional de la compañía.

Ángel Acebes (Iberdrola): 299.000 euros. El último ministro de Interior de Aznar, que ya se ha embolsado más de un millón de euros como vocal de Iberdrola desde su nombramiento en 2012, es el mejor pagado de entre los expolíticos a sueldo del sector que no tienen funciones ejecutivas, a pesar de que su retribución cayó el año pasado un 5,6%. Doblemente imputado por el caso Bankia y los papeles de Bárcenas, Iberdrola prevé renovarle como consejero hasta 2019.

Braulio Medel (Iberdrola): 273.000 euros. El presidente de Unicaja, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE, es, como Acebes, consejero independiente de Iberdrola, en cuyo máximo órgano de gestión cumplirá diez años en 2016. Y, como Acebes, también está imputado desde el año pasado, en este caso, por el caso de los ERE en Andalucía.

Miquel Roca (Endesa): 245.000 euros. El exdiputado convergente, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' es uno de los expolíticos mejor conectados con el Ibex 35. Además de consejero independiente de Endesa (que el año pasado le pagó un 21% menos), es vocal de ACS y secretario (no consejero) de los consejos de Administración de Abertis y Banco Sabadell. Sigue vinculado al bufete que fundó en 1996, Roca Junyent, uno de los más prestigiosos de España, y que en 2014 volvió a asesorar a la eléctrica por unos honorarios que la empresa no especifica pero “no son significativos”, según la compañía.

Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural):196.000 euros. Uno de los pocos que lleva más años en el sector privado que en el público, su salto a la política llegó en mayo de 1996, cuando fue nombrado secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el Ministerio de Industria y Energía. Volvió a Repsol (la compañía de la que procedía) en 2003 y fue escalando posiciones hasta convertirse en su número dos, aunque el año pasado fue sustituido en ese rol por otro expolítico, el peneuvista Josu Jon Imaz. Consejero de Gas Natural en representación de la petrolera, su retribución en esa compañía aumentó el año pasado un 54,3%, aunque el grueso de sus emolumentos viene de Repsol, donde actualmente es director del área Comercial, Química y Gas & Power de Repsol y miembro del Comité de Dirección.

Ángeles Amador (REE): 175.000 euros. Exministra de Sanidad con Felipe González, lleva en el Consejo de Administración de REE, tradicional refugio de expolíticos, desde mayo de 2005 y es la única representante socialista que queda, después de dar su apoyo el año pasado a que Folgado alargara su mandato. Su retribución se mantuvo sin cambios en 2014.

Felipe González (Gas Natural-Fenosa): 127.000 euros. El expresidente del Gobierno mantuvo su retribución en la gasista el año pasado, en vísperas de su previsible salida, que en principio debería haberse producido en la última junta de accionistas. González dijo hace un año que dejaría el consejo de la segunda eléctrica española porque es "muy aburrido", pero se quedó un año más. Desde su nombramiento en 2010, se ha embolsado más de 600.000 euros como vocal de la multinacional.

Ramón Pérez Simarro (Enagás): 76.000 euros. Ex secretario de Estado de Energía con el PSOE, es el último reducto de los socialistas en el consejo de Enagás. O el penúltimo, si se tiene en cuenta la cercanía que en su momento tuvo el presidente ejecutivo de la compañía, Antoni Llardén, con el PSC. Pérez Simarro cumplió el año pasado diez años como consejero de Enagás.

Santiago Lanzuela (REE): 61.000 euros. El último en llegar. Fue diputado del PP hasta su renuncia, en julio pasado, para desembarcar en REE, a cuyo consejo se incorporó el pasado 29 de julio en representación de la SEPI. El que fuera presidente aragonés entre 1995 y 1999, diputado por Teruel desde 2000, se despidió del Congreso "emocionado" y tras lograr cosas que creía "difíciles", como hacer "un montón de amigos en distintos partidos".

Rosa Rodríguez Díaz (Enagás): 70.000 euros. Ex viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, abandonó su puesto en el Ejecutivo insular en marzo de 2013 para irse directa a Enagás. Su nombramiento como consejera independiente se atribuyó a la larga mano de José Manuel Soria, con el que coincidió durante la etapa del actual ministro de Industria en el Gobierno de las islas.

Antonio Hernández Mancha (Enagás): 60.000 euros. El antecesor de José María Aznar en la presidencia de la extinta Alianza Popular, abogado y lobbista, se incorporó al consejo de Enagás en marzo del año pasado, en una maniobra del PP para colocar nada menos que a cuatro consejeros afines, en el año en el que Enagás se convirtió en pieza clave para ejecutar el rescate del fallido almacén de gas Castor, de cuya hibernación se encarga y cuya indemnización al promotor, ACS, costearán los consumidores durante los próximos 30 años. Hernández Mancha, exsenador y exdiputado del parlamento andaluz, se descolgó en noviembre pasado con unas sorprendentes declaraciones a favor de Podemos, con los que dijo simpatizar. 

Ana Palacio (Enagás): 60.000 euros. La última ministra de Exteriores de José María Aznar también se incorporó a Enagás en marzo pasado, tras dimitir como consejera independiente de otra empresa del sector, Hidrocantábrico (filial de la portuguesa EDP). Anteriormente fue vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva.

Isabel Tocino (Enagás): 60.000 euros. La exministra de Medio Ambiente, también consejera de Enagás desde marzo, compatibiliza ese puesto con su presencia en el Consejo de Administración del Santander, que el año pasado le pagó 484.000 euros por sus servicios. El banco cántabro lideró el pool de entidades que permitió a ACS cobrar su indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén Castor.

Gonzalo Solana (Enagás): 57.000 euros. Otro agraciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la SEPI en la empresa gasista en marzo pasado, Solana fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, durante el Gobierno de Aznar (fue nombrado en el año 2000) y hasta 2005.

Miguel Boyer (REE): 53.000 euros. El exministro socialista abandonó el consejo de REE, en el que se sentaba desde 2010, en marzo de 2014, tras concluir su mandato de cuatro años. Por esos tres meses, cobró 53.000 euros, frente a los 147.000 de todo el ejercicio 2013. Boyer falleció en septiembre pasado a los 75 años.

Luis Valero (Enagás):53.000 euros. Otro que fue directo del despacho gubernamental al sector privado. Primer secretario general de Industria con José Manuel Soria, cesó de ese cargo en febrero del año pasado, dos meses antes de anunciarse su incorporación a Enagás. Antes de su llegada al Gobierno de Mariano Rajoy fue, durante 15 años, director general de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac. En sus últimos meses en Industria, se podía oír contar a Valero anécdotas en privado sobre "nosotros". No se refería al Gobierno, sino al sector automovilístico, al que Soria se ha ocupado de mimar durante toda la legislatura.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha reducido la pena de prisión en inhabilitación por el delito de integración en organización terrorista del que viene siendo acusado el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, atendiendo a la nueva jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en la materia. La causa es la abierta en la Audiencia Nacional contra las cúpulas de Batasuna, PCTV y ANV, pero Arraiz será juzgado en Euskadi por su condición de aforado.

Calparsoro, en su escrito remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal  Superior de Justicia del País Vasco precisa que la pena que se solicita por el ministerio público es de seis años de prisión en inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo. Hasta ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional había mantenido una acusación, en su escrito de julio de 2010, de diez años a seis.

El coordinador nacional de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por dar continuidad a la ilegalizada Batasuna a través de las candidaturas de ANV y el PCTV-EHAK.

El juicio contra las cúpulas de las formaciones Batasuna, PCTV y ANV fue suspendido el pasado mes de enero de la Audiencia Nacional por la operación contra lo abogados de la izquierda abertzale. 35 dirigentes de la izquierda abertzale están acusados de integración en organización terrorista, entre ellos Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Ángel María Elkano, Marije Fullaondo, Mikel Etxaburu e Iñigo Balda.

En este causa también está procesado Arraiz, pero el Tribunal Supremo acordado en noviembre pasado que, de acuerdo con la petición de la fiscalía, al ser aforado como parlamentario vasco su caso deberá juzgarse en la Sala Civil y Penal del TSJPV y no en la Audiencia Nacional.