Águeda Montelongo, presidenta del PP de Fuerteventura, será juzgada en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por haber pagado con dinero público del Cabildo majorero estancias de hotel de políticos de su partido, como el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado del grupo popular, Tomás Burgos Beteta.

Tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la juez instructora del caso Patronato, Carla Bellini, ha decidido transformar la causa en procedimiento abreviado al considerar que existen indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos en sus actuaciones al frente del Patronato de Turismo de la isla (2007-2010), cuando ocultó con nombres falsos -y habría cometido por ello también falsedad en documento público, como así recoge el auto de transformación en PA- los de sus correligionarios de partido por el de periodistas inexistentes que habrían viajado a Fuerteventura para promocionar el destino turístico en los mercados del Norte de Europa.

El fiscal provincial Anticorrupción Luis Del Río ya había interesado la apertura de esta fase intermedia previa al juicio oral, para poder formular su acusación contra Montelongo, el ex gerente del Patronato José Luis Cabrera Bonny y un administrativo, Santiago Santana, que van camino del banquillo en el alto tribunal canario.

Ahora, la juez secunda la petición del Ministerio Público y estima que hay indicios suficientes, como era de prever tras la postura tomada por el fiscal, para que se procese a la presidenta del PP de Fuerteventura en un caso denunciado por el anterior vicepresidente del Cabildo y exmilitante del PP, Guillermo Concepción. "No ha habido pruebas de que diera instrucciones para falsear las facturas. Todo ha sido un error", ha dicho Montelongo a La Provincia.

A los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos se añade un tercero, de falsedad en documento público, según han confirmado este jueves a CanariasAhora fuentes judiciales. Las defensas pueden recurrir el auto de Carla Bellini ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que retrasaría aún más la apertura formal de juicio oral, dada la intención del ministerio público de acusar a la presidenta del PP por los tres delitos señalados.

El caso Patronato, destapado en 2011 por CanariasAhora, tuvo como origen la denuncia de Guillermo Concepción, que al cabo de dos años fue remitida desde un juzgado de la isla al TSJC, en verano de 2013, por la condición de aforada de Montelongo. Durante la instrucción en el alto tribunal canario, los imputados han mantenido que camuflar las identidades de políticos nacionales del PP bajo nombres de una actriz mexicana de culebrones o una productora musical alemana se debió a un "error", como vuelve a sostener la presidenta del PP.

Tomás Burgos Gallego acudió en abril de 2010, junto al también diputado nacional Ramón Moreno Bustos, a un acto del PP sobre pensiones en la Universidad Popular de Puerto del Rosario. Los diputados por Valladolid y Zaragoza se alojaron en el Hotel Sheraton, entre el viernes 9 y el lunes 12 de abril. Se registraron con sus nombres en las habitaciones 462 y 463 del lujoso establecimiento de Caleta de Fuste, cercano al aeropuerto majorero.

Sin embargo, al remitir el hotel las facturas al Patronato de Turismo, sus nombres fueron suprimidos y el coste total de 693 euros se consignó a dos supuestas periodistas alemanas de la inexistente revista ZDF, cuyos nombres, Michel Viet y Britta Kuhlmann, corresponden a una actriz mexicana de culebrones famosa en la época por protagonizar un vídeo casero de contenido pornográfico, y a una supuesta productora musical de Hamburgo. Ambas venían, según el justificante del Patronato, a promocionar en su presunta revista la isla.

En el caso de Tomás Burgos Beteta, también por las mismas fechas -Semana Santa de 2010- se hospedó junto a su esposa recientemente fallecida y relacionada con el caso Gürtel en el hotel Faro de Jandía, de la costa sur de la isla. Lo hicieron con sus nombres, del 30 de marzo al 3 de abril. A la hora de cargar la factura, el establecimiento propiedad del dirigente del PP y amigo personal del ministro José Manuel Soria, Mario Romero Mur, la remitió también al Patronato, donde fueron borrados sus nombres por un genérico touroperador Sunway.

De nuevo, la promoción turística de la isla por medio de la invitación de periodistas europeos especializados figura como la justificación para cargar a las arcas públicas 560 euros de la estancia del portavoz adjunto del PP en el Senado y su esposa, al igual que con el exsecretario general del PP canario Manuel Fernández, por el alquiler de un coche utilizado durante el fin de semana de noviembre de 2009 en el que se celebró el Congreso Insular del PP que convirtió en presidenta del partido en la isla a Águeda Montelongo.

A lo largo de la instrucción ya prácticamente concluida, la documental publicada en su día por este periódico con las facturas trucadas, así como testimonios de técnicos y empleados del Patronato de Turismo que han asegurado a la Sala que tanto el gerente Cabrera Bonny como la presidenta Águeda Montelongo eran quienes daban las instrucciones de pago y qué nombres debían figurar en las facturas y las correspondientes retenciones de crédito y los informes técnicos justificativos, han arrojado suficientes indicios como para continuar con la causa.

La economía española avanzó un 1,4% en el conjunto de 2014 después de que en el último trimestre del ejercicio subiera un 0,7%, dos décimas más de lo que lo hizo en el trimestre anterior, gracias al consumo y la inversión, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa interanual, por su parte, se situó en el 2% en el cuarto trimestre de 2014, cuatro décimas más que en el trimestre anterior, acelerando la trayectoria de recuperación que inició en la segunda mitad de 2013.

El crecimiento del 1,4% confirmado este jueves por Estadística para el conjunto de 2014 coincide con el previsto por el Banco de España y con el esperado por el Gobierno, pese a que su previsión oficial era crecer un 1,3%.

La economía española regresó así a terreno positivo en 2014 después de contraerse un 1,2% en 2013, un 2,1% en 2012 y un 0,6% en 2011. En 2010 el PIB apenas registró un crecimiento del 0,0138%, mientras que en 2009 retrocedió un 3,6%, según la nueva serie de la Contabilidad Nacional en base 2010.

Con el repunte trimestral del PIB de octubre-diciembre de 2014 se encadenan ya seis trimestres de avances, mientras que la tasa interanual (2% en el cuarto trimestre) acumula cinco trimestres en positivo.

El INE ha explicado que la aceleración en la variación interanual del PIB es consecuencia de una mayor aportación de la demanda nacional (2,7 puntos frente a 2,6 puntos en el trimestre anterior) y de una menor aportación negativa de la demanda externa (-0,7 puntos frente a -1).

El consumo de las familias, principal motor del crecimiento

El consumo de los hogares mostró en el cuarto trimestre del año pasado un crecimiento trimestral del 0,9%, superior en una décima al del trimestre anterior (0,8%) y ya suma siete trimestres consecutivos en positivo. El gasto de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se aceleró hasta el 1,1%, mientras que las administraciones públicas redujeron su gasto en consumo un 1%, frente al -0,1% del trimestre anterior.

La inversión, por su lado, se incrementó un 1,4% respecto al trimestre anterior, tres décimas más, con un avance del 1,4% en la inversión en construcción, nueve décimas más, y un crecimiento del 1,9% en la de bienes de equipo, moderando en tres décimas el dato del tercer trimestre.

En el cuarto trimestre de 2014, las exportaciones se estancaron, frente al crecimiento del 3,9% experimentado en el trimestre anterior, mientras que las importaciones retrocedieron un 0,6%, en contraste con el repunte del 5% que experimentaron en el trimestre anterior.

El Partido Popular se ha personado en la causa que se sigue en la Audiencia de Madrid por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede central de la formación. En un escrito al Juzgado de Instrucción número 32 al que ha tenido acceso eldiario.es, el abogado del PP acusa a UPyD, Izquierda Unida y el resto de los querellantes de querer obtener "ilegítimos réditos electorales".

La petición de personación se produjo el día antes de que los querellantes acudieran al juzgado, a petición de este, con la documentación de la causa que obra en su poder. En su escrito, el abogado Javier Durán Ruiz de Huidobro plantea si UPyD e IU aportarán los verdaderos documentos y no otros manipulados. "Su fehacencia a efectos de reconstrucción de los autos cabe albergar fundadas dudas, a la vista del propósito al que su actuación procesal se dirige, que es la obtención de ilegítimos réditos electorales", afirma el letrado.

Se da la circunstancia de que Durán Ruiz de Huidobro es la persona que Bárcenas identificó en comisaría el 1 de marzo de 2013 como el autor material del "robo" de dos ordenadores portátiles después de forzar la puerta de su despacho. Tras la denuncia, la policía se personó en la sede de Génova para notificar la denuncia. Dos meses después, una jueza archivó el caso tras escuchar al abogado, quien aseguró que el despacho no era propiedad de Bárcenas y que existían varios juegos de llaves, por lo que no hizo falta forzar la puerta.

Durán Ruiz de Huidobro se queja ahora a la jueza de que el Partido Popular se encuentra "en situación de absoluta indefensión" en el procedimiento seguido por el borrado de los ordenadores. "La situación es mucho más grave aún, puesto que al parecer se va a permitir a los querellantes, formaciones políticas que tienen un evidente interés en socavar la imagen pública de mi representado, la aportación ex novo de los documentos que obren en su poder", dice el escrito presentado el pasado 19 de febrero.

El objetivo del abogado del PP era estar presente en la reconstrucción de la causa que concertó el juez, lo que finalmente no fue posible por la proximidad de la fecha. La jueza Rosa María Freire Pérez aceptó la personación del PP en la causa el pasado martes.

Izquierda Unida y UPyD mantienen una querella contra el PP por la “destrucción u ocultación” de pruebas en el caso de la presunta financiación irregular del Partido Popular. El juez Pablo Ruz apreció indicios de delito y derivó la causa a la Audiencia de Madrid, al no ser competente para investigarlo. Tras una primera desestimación, los querellantes recurrieron, pero 14 meses después han conocido que la causa se ha extraviado.

En el mismo escrito donde se les informaba del extravío se les citaba para acudir el pasado viernes al juzgado con todos los documentos que habían aportado en su momento y las notificaciones de la propia Audiencia de Madrid. Asimismo, la jueza requería a Ruz que le remitiera la documentación al respecto que obra en la Audiencia Nacional, como así ha hecho el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El salario mínimo español es de los que menos ha crecido durante el periodo de crisis. Los datos aportados por la oficina estadística europea Eurostat muestran que entre 2008 y 2015, el SMI creció un 8% en España. Solo tres países europeos obtienen peores registros: Grecia -donde no solo no ha crecido sino que ha descendido un 14%-, Irlanda -donde se ha mantenido congelado  en 1.462 euros-, y Croacia -ha subido un 4% en los últimos siete años-.

El salario mínimo en España ha pasado de ser 700 euros mensuales (en doce pagas) en 2008 a 757 en 2015. En los últimos años, el Gobierno lo ha congelado en dos ocasiones: una en 2012, la primera en la historia, y otra en 2014.

En términos absolutos España es el noveno país de la Unión Europea con el SMI más elevado. Por delante, se sitúan Luxemburgo (con 1.923 euros), Bélgica y Holanda (con un SMI de 1.502 euros), Alemania (1.473), Irlanda (1.462), Francia (1.458), el Reino Unido (1.379), y Eslovenia (791)

El crecimiento del SMI español es casi la mitad del experimentado por el salario mínimo de Francia, que ha subido un 14% desde 2008 (ha pasado de 1.280 euros mensuales a 1.458) o por el de Holanda o Bélgica, que han aumentado su SMI en un 13% y un 15%, respectivamente.

Otros países, con salarios mínimos exiguos, como el caso de Bulgaria -donde se sitúa en 184 euros al mes- o Eslovaquia -con 380 euros-, han registrado subidas muy superiores: en el primer caso del 64% y en el segundo del 58%.

Los datos de Eurostat reflejan también qué porcentaje del sueldo medio representa el salario mínimo de cada país. La Carta Social Europea recomienda que el SMI alcance el 60% de la ganancia media de los trabajadores. Solo Francia y Portugal cumplen con esa recomendación, ya que su salario mínimo representa exactamente el 60% del sueldo medio. Las diferencias entre los dos países son, no obstante, sustanciales: Portugal tiene un SMI de 589 euros mensuales frente a los 1.458 de Francia, lo que indica el modelo de bajos salarios en el que se encuentra inmerso el país luso.

Cerca de esa línea del 60% se encuentran también Luxemburgo, Eslovenia y Malta. En España, en cambio, el SMI representa el 41% del salario medio. Precisamente, hace solo unas semanas el Consejo de Europa criticaba a España por tener un salario mínimo insuficiente que no asegura un nivel de vida decente.

El juez Fernando Andreu ha citado a declarar los días 9, 12 y 13 de marzo a otros 37 imputados por el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. Entre ellos se encuentra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, que fue director de la Fundación Caja Madrid, o Matías Amat, quien fuera director general de Negocios de la entidad.

En la pieza separada de las tarjetas 'black' fueron imputados en primer lugar Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj, como presuntos responsables de las mismas. Posteriormente, Andreu imputó a 79 usuarios de los plásticos. La semana pasada declararon ante el juez 26 imputados.

En ese primer grupo estaba el exsecretario del Consejo de Administración Enrique de la Torre, pero un error al ser citado como testigo y no imputado le hizo salir de la tanda de declaraciones. Autor del correo electrónico que publicó en diciembre de 2013 eldiario.es, y que sirvió para desvelar la existencia de las tarjetas 'black', De la Torre será el primero de esta ronda en declarar ante el juez el próximo 9 de marzo a las 9:00 horas. 

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen, ha iniciado en Bilbao un viaje de dos días a España para explicar el Plan de Inversión de la UE, conocido como 'Plan Juncker', que continuará esta tarde en Madrid con sindicatos y empresarios y cerrará mañana con reuniones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Economía, Luis de Guindos, y diputados.

En su intervención en el palacio Euskaduna Katainen ha afirmado que que España ha sido un "gran ejemplo" de "responsabilidad nacional" ante Europa por la forma cómo ha afrontado la crisis económica. El vicepresidente de la Comisión ha afirmado en un coloquio que avanzar en la integración europea exige "responsabilidad nacional que fortalezca" esa "integración más justa". El político finlandés ha destacado que las reformas realizadas en España han dado "resultados positivos", aunque mantiene una tasa de paro "inaceptablemente alta", pese a la mejora en el último año.

Katainen ha apuntado que la "vuelta de la confianza" de los inversores hacia los países europeos, como España, no ha sido "un regalo", sino que es fruto de "decisiones y reformas muy difíciles" que se han realizado durante los últimos años.

En este encuentro, denominado "Diálogos con los ciudadanos", aunque una buena parte de los intervinientes han sido líderes políticos o sindicales, también han tomado parte el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo; y el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha cifrado en 1.100 millones de euros los proyectos presentados desde el País Vasco para recibir financiación del "Plan Juncker".

Protestas en el exterior

La visita de Katainen a Euskadi ha sido acogida con protestas en el exterior y en la propia sala donde se ha desarrollado el coloquio. A las puertas del Euskalduna la plataforma contra el TTIP, que agrupa a partidos, sindicatos y organizaciones contrarias al acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos, 'Euskal Herrian TTpari ez', ha realizado una movilización por lo que consideran "una imposcición de la Troika y sus afines multinacionales de políticas que se han mostrado nulas, que nos abocan al paro, al empobrecimiento y a la pérdida de derechos y libertades", argumentan.

Las protestas se han sucedido dentro de la propia sala donde se ha realizado el acto, cuando parlamentarios y otros cargos de EH Bildu han exhibido una bandera grieg y una ikurriña, interrumpiendo a Katainen antes de abandonar el salón y concentrarse en el exterior.

Los estudiantes celebrarán un referéndum el próximo mes de marzo para recabar la opinión de la comunidad universitaria sobre la reforma de la educación superior, conocido como el 'decreto 3+2', y contra la que se han convocado movilizaciones y una huelga de dos jornadas que concluye hoy, aunque los convocantes han avisado de que su lucha no acaba hoy: “Esto no se terminará hasta que Wert se reúna con nosotros para detener la reforma y poner en marcha otra que garantice una universidad para la sociedad”.

En un acto que ha reunido a diversos movimientos sociales y políticos en la sede de Ecooo, los estudiantes han avisado de que la reforma supondrá una “elitización de la universidad”, ya que devalúa los grados, que pasan de cuatro a tres años, y “obliga a los estudiantes a cursar los máster porque con un grado estarías abocado a la precariedad”.

Los convocantes han puesto como ejemplo la diversidad de precios que hay entre los países europeos: “Un máster en la Sorbona cuesta 400 euros. En la Complutenese, 1.800”.

El exministro Gabilondo

Una de las ponentes del acto, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid Montserrat Galcerán, ha asegurado que el decreto 3+2 no es más que la continuación de la “mercantilización” de la educación superior que ha implantado Europa y que arrancó con el Plan Bolonia.

Galcerán ha recordado que el ministro de Educación cuando se implantó Bolonia era el actual candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. La catedrática ha recordado que la plataforma constituida por profesores, alumnos y trabajadores contra el Plan Bolonia fue a hablar con el ministro “para que España detuviera el plan durante los seis meses que detentó la Presidencia del Consejo Europeo. Dijo que no podía porque su lealtad se debía a sus socios europeos, no a sus poblaciones. Él veía Europa como un acuerdo entre socios, entre ministros”.

La catedrática ha asegurado que “el problema no está en unas élites europeas, sino en personas que en el momento que están en el poder no cumplen”, en referencia a Ángel Gabilondo. Y ha zanjado: “No me gustaría que volviéramos a caer en este engaño”.

El acto ha estado apoyado por movimientos sociales, como los trabajadores de Coca-Cola y Telemadrid, y por partidos y movimientos políticos madrileños rupturistas. Entre los presentes había representantes de Izquierda Unida, tanto a nivel federal como municipal, de Podemos, de Ganemos Madrid y de Convocatoria por Madrid, la iniciativa liderada por Tania Sánchez.

En el segundo día de huelga estudiantil contra la reforma en el sistema universitario que implanta los posgrados de dos años, los universitarios han marchado por el centro de Madrid para pedir estudios económicamente accesibles. La fórmula 3+2 (tres cursos para el grado y dos más para los máster) ha protagonizado la manifestación que terminó con una pelea entre un grupo de personas que llegó al final de la marcha y la policía.

Hace unos días, la secretaria de Estado Montserrat Gomendio, comentó que la universidad española adolecía de "tasas muy bajas" e "impuestos bajos" por lo que se cuestionaba la sostenibilidad del sistema en sí mismo.

El Gobierno ha cargado contra José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos por reunirse en Cuba con Raúl Castro. La visita del expresidente a la isla ha sido calificada de "enorme deslealtad" e "inoportunidad" por el ministro José Manuel García Margallo. El responsable de Exteriores ha dicho haberse enterado de la visita hace unos días aunque desde el PSOE se asegura que se informó a una de las responsables del gabinete de Exteriores y una vez en Cuba, a la embajada para cerrar los detalles del encuentro con Castro.

"La visita no es solo un ejemplo de deslealtad sino de inoportunidad" ya que tanto España como la Unión Europea está inmersa en negociaciones con Cuba "siempre que el régimen cubano dé pasos en respeto de los derechos humanos básicos y la apertura a la democracia", ha asegurado este jueves el ministro de Exteriores en Alicante, donde asistía a una conferencia sobre la marca España. Margallo viajó a Cuba el pasado mes de noviembre, aunque no fue recibido por Castro y se limitó a reunirse con su homologo cubano.

Desde el PP tampoco se ha perdido la oportunidad de criticar a Zapatero y a Moratinos por este motivo aunque Carlos Floriano se ha limitado a repetir las palabras de Margallo y a subrayar la "deslealtad".

El encuentro de Zapatero y Castro se ha conocido gracias a la televisión cubana y al diario oficial Granma. Según los medios cubanos, "durante el cordial encuentro se abordaron temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional, así como de las relaciones históricas que unen a ambas naciones".

En la primera jornada del viaje, los políticos españoles mantuvieron reuniones con el canciller Rodríguez y con el ministro interino del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla, Antonio Carricarte. Este jueves, el expresidente español celebrará un encuentro con la prensa.

Quien sí ha reconocido que estaba informado con antelación es Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha dicho que el viaje y la reunión con Castro le parece "perfecto" y ha evitado polemizar con el responsable de Exteriores. El portavoz de su grupo parlamentario, Antonio Hernando, ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba "suficientemente informado".

La responsable del área en el PSOE, Trinidad Jiménez, ha juzgado las declaraciones de García Margallo como "absolutamente inadmisibles e improcedentes" y que la visita fue comunicada por cauces oficiales al ministerio el pasado 17 de febrero.

Dos días después de que Mariano Rajoy anunciara la medida más importante del debate sobre el estado de la nación, ningún Ministerio es capaz de explicar en qué consiste realmente y cómo afectará a los particulares y autónomos ahogados por las deudas. Este jueves, los miembros del Gobierno solo repetían las mismas generalidades que enunció su jefe en el discurso y derivaban la responsabilidad a Economía, proponente del decreto ley que desarrollará el plan de segunda oportunidad. El Ministerio de Justicia, que es coproponente de la norma, dado que afectará a varias leyes, tampoco ha podido ofrecer ningún detalle.

Por no decir, ni siquiera tienen claro que vaya a aprobarse este viernes aunque confían en que así sea. "Si no es este viernes, será el siguiente, pero esta semana ya irán al Consejo de Ministros algunas de las medidas enunciadas", aseguraba José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Ayllón ha negado terminantemente que esta iniciativa signifique que el Gobierno ve ahora con buenos ojos la dación en pago, aunque ha reconocido que "en algunos casos" puede facilitarla.

"Las familias españolas, como los autónomos y empresarios, han sufrido especialmente la crisis y arrastran de forma dramática sus efectos. Especialmente cuando van acompañados de muchas deudas", dijo el presidente este martes. Y, para solucionarlo, anunció la "inmediata aprobación" de un real decreto-ley para facilitar la liberación de la "losa de la deuda" a las familias y a los autónomos. El responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, enredó el asunto al asegurar que la medida no se había pensado para créditos hipotecarios. Horas después, el Ministerio de Economía aseguraba todo lo contrario, en una nueva muestra de descoordinación entre los dos responsables económicos de Rajoy.

Hasta ahora, todo lo que el Gobierno ha anunciado es que hará posible una "reestructuración" de esas deudas mediante acuerdos extrajudiciales de pagos y que, en el caso de los particulares, será "especialmente sencillo". La idea es que puedan acordarse "quitas, aplazamientos y otras formas de reducción" de las deudas.

El pasado miércoles la letra pequeña de esta iniciativa debía quedar clara en la reunión de subsecretarios, pero a su término, nadie ha informado de ningún avance. De esta forma da la sensación de que la medida más relevante de todas las anunciadas en el discurso distaba mucho de estar cerrada cuando el presidente la anunció desde la tribuna.

Siempre con la advertencia de "yo no sé la letra pequeña de la medida", varios miembros de Moncloa insistían en generalidades y aventuraban que esta medida está pensada "para el pobre autónomo o empresario que hipoteca sus bienes para sacar adelante un negocio y lo pierde todo cuando tiene que cerrar". Preguntados expresamente por si también puede afectar al particular al que se ha embargado la vivienda, pero aún mantiene una deuda con el banco, nadie sabía contestar.

Lo que sí parece claro es que a partir de ahora, el plazo para reclamar una deuda antes de que quede prescrita pasará de 15 años a cinco. "Si Hacienda tiene cinco años para intentar cobrar una deuda, no tiene sentido que se permita a los deudores perseguir un impago durante el triple de tiempo", explicaba un miembro del Gobierno.

El proceso de confluencia que una serie de actores de la izquierda rupturista de Madrid iniciaron hace ya meses para construir listas unitarias para las elecciones autonómicas y municipales no termina de cuajar. A tres meses para que se celebren los comicios, los votantes madrileños que apuestan por la unidad popular no tienen candidato para un Ayuntamiento y un Gobierno regional en manos del PP desde hace más de dos décadas. Por no saber, no saben ni cuántas listas diferentes concurrirán al proceso.

Todos dicen querer cerrar la confluencia lo antes posible, sobre todo ante la urgencia del calendario. Los 87 días, a contar desde este viernes, tienen una fecha anterior mucho más acuciante: a mediados de abril se abre el plazo para registrar la candidaturas. Para entonces, los procesos abiertos de confección de listas y programas, así como los detalles burocráticos, tienen que estar cerrados.

Los actores implicados escenifican su querencia por la confluencia en actos independientes. El último, este mismo jueves en una rueda de prensa del colectivo de estudiantes, en la que participaron representantes de partidos y movimientos como Podemos, IU, Equo, Convocatoria por Madrid (Tania Sánchez), Ganemos y movimientos sociales. Pero cuando los focos se apagan, los asistentes se dividen en corrillos para recabar información o cerrar reuniones.

El lento camino del partido instrumental

El acuerdo sellado entre Podemos y Ganemos Madrid, un espacio donde estaban fuerzas como IU, Equo y otras, para confluir de cara a las municipales con un partido instrumental pareció aclarar el tablero de juego. Fuentes internas de Ganemos confirman que quedan “detalles técnicos” por cerrar. Entre ellos, la forma en la que se elaborarán las listas electorales, así como el funcionamiento del partido instrumental una vez que pasen las elecciones.

Podemos apuesta por las agrupaciones de electores, entre otras cosas, porque su vida concluye al día siguiente de las elecciones, preocupados por lo que pueda ocurrir tras los comicios. En Madrid, y pese a la oposición explícita de la dirección en otras localidades de toda España, los procesos de confluencia han puesto sobre la mesa el uso de un partido que sea un instrumento y que no tenga vida orgánica ni política más allá del 24 de mayo. Para la formación que lidera Pablo Iglesias, este punto es fundamental.

Las peleas internas de IU

También ha ralentizado los tiempos la pugna interna en Izquierda Unida de Madrid (IUCM), desatada el pasado mes de diciembre y que ha terminado con una escisión y el riesgo de otra. A nivel municipal, la mediación de la dirección federal, con reuniones en las últimas horas, parece haber surtido efecto y la dirección regional ha admitido que sean los militantes de Madrid ciudad quienes decidan si su candidato, Mauricio Valiente, que ganó las primarias, se integra o no en el partido instrumental.

Los detalles del referéndum, la pregunta concreta y la fecha en la que se celebrará no están cerrados y son ahora el principal escollo para el acuerdo. Los seguidores de Valiente y una parte del Partido Comunista de Madrid recelan de unos órganos cuya legitimidad no reconocen y piden que la organización federal vele por la limpieza del proceso.

Enfrente está la actual dirección, muy beligerante con la idea del partido instrumental, que ha aceptado que sean los militantes de Madrid ciudad quienes decidan, a sabiendas de que Valiente cuenta con muchos apoyos en dicho territorio.

¿Y en las autonómicas?

Donde no da su brazo a torcer la dirección de IUCM es en el nivel autonómico. Tras la salida de Tania Sánchez, la candidata elegida en primarias, y la amenaza del grupo de Valiente de lanzar también una candidatura al margen de su organización, ha emergido una figura que puede aunar voluntades y calmar las aguas, la del poeta Luis García Montero.

El militante de Izquierda Abierta, el partido integrado en IU que lideran Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, ha mostrado en los últimos días su disposición a aceptar encabezar la candidatura de IU a la Asamblea regional siempre y cuando haya un consenso alrededor de su persona. Este mismo viernes, el Consejo Político Regional votará una propuesta de la dirección colegiada de IUCM para que García Montero sea el candidato.

Eso sí, la dirección regional descarta para este nivel toda convergencia que no pase por una coalición electoral pura. IUCM se juega buena parte de su supervivencia en obtener representantes en la Asamblea de Madrid que puedan aportar dinero a unas arcas muy menguadas.

La elección de Luis García Montero despejaría mucho el camino para IU. Un camino que parece mucho más largo para otros actores que lo han empezado a recorrer hace menos tiempo. Es el caso de Convocatoria por Madrid, el espacio que lidera Tania Sánchez desde su salida de IU y en el que también se integran Equo, Por un Mundo Más Justo y otros movimientos sociales.

Convocatoria por Madrid nació con el deseo de lograr una candidatura de “unidad popular”. Y en esas siguen. Su intención, declarada en público, es construir un espacio lo suficientemente fuerte que obligue a otros a confluir. Repetir, a escala regional, lo que logró Ganemos a escala municipal. En caso de no conseguirlo, reconocen personas próximas, el camino es el mismo, sea en solitario o en grupo.

El objetivo principal, aunque no el único, es Podemos, que cerró hace unos días la elección de su dirección regional. Sin embargo, el reparto casi al 50% del Consejo Ciudadano entre las dos principales listas que se presentaron al proceso ha provocado algún roce interno pendiente de resolver. Además, los principales dirigentes de Podemos, entre ellos el secretario regional Luis Alegre, han insistido hasta la saciedad en que su partido se presentará con sus siglas a las autonómicas.

"Embarazada, pero solo un poco". Tan contradictora como esta afirmación es, según los juristas consultados por eldiario.es, la última sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, cuyas conclusiones se publicaron a última hora del miércoles en una nota de prensa, pero cuya redacción final y firma todavía no se ha completado.

Según esa nota, el Supremo se reafirma en que las cláusulas suelo son nulas por falta de transparencia, tal y como dictó el 9 de mayo de 2013 en una sentencia histórica contra BBVA, NovaGalicia y Cajamar. Pero en contra de lo publicado en aquella ocasión, ahora sí reconoce que ese abuso bancario debe ser compensado. Es decir, que los bancos afectados deberán devolver las cantidades cobradas de más.

Lo sorprendente, en términos jurídicos, es que el TS marca como momento para el cálculo de esa compensación esa fecha, 9 de mayo de 2013, cuando dictó la primera sentencia sobre este tema en respuesta a una demanda de la Asociación de Consumidores Ausbanc.

Es extraño, aseguran las fuentes consultadas, que la sentencia se refiera a la devolución de cantidades si se supone que a partir aquel día las tres entidades afectadas dejaron de aplicar las cláusulas. 

"A falta de conocer el texto final parece una contradicción sin sentido jurídico. Reconoce la retroactividad, pero impone una fecha arbitraria para que ésta tenga efecto. La legislación española deja muy claro que si hay retroactividad sobre una cláusula nula, ésta afecta a todo el contrato. No hay ley que justifique que se puede decidir una fecha intermedia para que esto tenga efecto", asegura Jesús María Ruiz de Arriaga, abogado especializado en litigar con las entidades financieras.

"O se reconoce la retroactividad o no, pero no se puede reconocer a medias. Como tampoco se puede estar un poco embarazada", insiste el abogado especializado en temas financieros Marcelino Tamargo, del despacho Espacio Legal.

Rebeldía judicial sin precedentes

En cualquier caso, llueve sobre mojado en este tema. El debate sobre si los afectados deben recuperar o no el dinero cobrado de más por una cláusula suelo que es nula tiene enfrentada a la mitad de los jueces españoles contra la otra mitad.

En mayo de 2013, el TS evitó reconocer que las entidades financieras tuvieran que devolver las cantidades injustamente cobradas hasta ese momento por dos razones. La primera era que los demandantes, Ausbanc, no lo habían pedido y la segunda, que los jueces consideraban que esa decisión podría poner en peligro al debilitado sistema financiero español. Sin embargo, un amplio sector de los magistrados está reinterpretando al Supremo apoyándose en otra sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que sí considera que los afectados tienen derecho a que se les devuelvan todas las cantidades cobradas de más. 

"Nunca en la democracia se ha dado un rebelión judicial como la que hay con este tema. Veinte Audiencias Provinciales no están siguiendo la doctrina del Supremo y están fallando a favor de devolver a los afectados por cláusulas suelo todas las cantidades cobradas de más. Mientras, otras 18 audiencias sólo anulan la cláusula desde el momento de la sentencia y no exigen la devolución del dinero, siguiendo al pie de la letra al Supremo. El resto no se ha pronunciado todavía", explica Agustín Azparren, magistrado y exvocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ahora asesora a la asociación de usuarios de banca Asuapedefin. 

"Una decisión así [en referencia a la nueva sentencia del Supremo] sólo puede responder a presiones políticas. Jurídicamente no se sostiene, pero el lobby bancario no podía permitirse que en plena campaña electoral el TS anule la cláusula suelo y además reconozca la retroactividad completa", asegura Tamargo.

Injerencias políticas

Casualmente, o no, la nota de prensa del Tribunal Supremo se publicó el mismo día en el que el presidente del Gobierno anunció en el debate del estado de la nación que ampliaba el perfil de las familias españolas que pueden acogerse a la anulación de las cláusulas suelo por problemas económicos. La medida debería detallarse en el Consejo de Ministros de este viernes.

"Desconocemos los intereses de los miembros del Tribunal Supremo en dictar sentencias contrarias a la ley y el motivo que tienen para sacar notas de prensa sin tener redactadas las sentencias. Notas de prensa que coinciden con anuncios de políticos en las Cortes y que las hacen políticos que nombran a los miembros del CGPJ que a su vez designan a los magistrados del Tribunal Supremo. Confiemos en que estos mismos políticos no terminen formando parte del consejo de administración de alguna de las empresas participadas por la banca a quien favorece claramente esta situación", han manifestado desde la web denunciascolectivas.com en un mensaje difundido a los medios desde su página de Facebook.

Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, “el Tribunal Supremo ha querido salvar a la banca y no ha querido hacer justicia realmente; debería condenarse a la banca a devolver todo el dinero cobrado de más. En todo caso, sí es una buena noticia que el Supremo haya reafirmado esta nulidad, porque es un paso más hacia la nulidad total de las cláusulas suelo de toda la banca, algo por lo que ADICAE lleva luchando muchos años”. 

En la misma línea se manifiesta Patricia Suarez, presidenta de Asuapedefin. "Lo que todo el mundo debe tener muy claro es que no se gana si no se pelea. La retroactividad es importante, pero mucho más lo es la vida total de la hipoteca. Con esta decisión del TS será aun más fácil que los jueces anulen la cláusula suelo de hipotecas que todavía tienen 15 o 20 años de vida. Hay que mirar al futuro más que al pasado", advierte. 

¿A quién beneficia y a quién perjudica?

A falta de conocer la redacción concreta de esta sentencia, los juristas consultados tienen claro que la decisión va a beneficiar a los afectados de las zonas de España cuyas Audiencias Provinciales son afines al TS. "Hasta ahora, no se les reconocía ninguna retroactividad, así que recibirán compensación por este año y medio", asegura Agustín Azparren.

No queda tan claro lo que pasará en el resto. En principio, el hecho de reconocer la retroactividad abona el terreno a los abogados y jueces que consideran que sí hay un abuso y el afectado debe ser compensado. "Todo dependerá de cómo lo maneje cada uno en cada caso", explica Azparren.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo no solo ha perdido una oportunidad de oro para aclarar un monumental caos jurídico, sino que también ha cerrado la puerta para una solución salomónica para todos los afectados. Ni en mayo de 2013 el resto de bancos eliminó las cláusulas suelo, ni ahora lo harán. "Lo que deja claro el TS es que hay que mirar caso por caso. Cuando se quiera recuperar el dinero por parte de los bancos afectados por esta sentencia habrá que solicitar daños y perjuicios. Y con otras entidades hay que pedir la nulidad", concluye Tamargo.

Los miembros de los consejos de administración de las tres grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa y Endesa, se han repartido 228,92 millones de euros desde 2008, año oficial del inicio de la crisis, hasta 2014, de acuerdo con los datos remitidos por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esa cifra, que incluye los pagos a los principales ejecutivos de las empresas (estos suponen, como es lógico, el grueso del total), apenas representa un 0,42% de los 53.528 millones de euros de beneficios declarados por las compañías en ese periodo (incluyendo a la antigua Unión Fenosa en 2008). De esos casi 229 millones, a los consejeros de Iberdrola y Endesa les ha correspondido en torno a dos tercios del total (un 37% en cada caso) y a los de Gas Natural Fenosa, el restante 25%.

Pese a la reforma energética del Gobierno, 2014 fue otro año de beneficios multimillonarios para las tres grandes del sector, con un resultado acumulado de 7.125,5 millones de euros, un 20,8% más que en 2013. La remuneración de sus consejos de administración aumentó el doble, un 40,3%, hasta 39,12 millones de euros.

La clave estuvo en dos acontecimientos extraordinarios en Endesa. La venta de sus activos latinoamericanos a su máximo accionista, el grupo semipúblico Enel, disparó sus beneficios hasta los 3.337 millones de euros, un 77,6% más. Y la retribución de sus consejeros se triplicó, hasta casi 17 millones de euros, como consecuencia de la indemnización de 11 millones de euros que cobró su hasta entonces consejero delegado, Andrea Brentan.

Desde 2008, Endesa ha pagado 86,4 millones de euros a los miembros de su consejo de administración. Un 35% de esa cifra, 38,4 millones en un sólo ejercicio, se abonó en 2009 en concepto de indemnizaciones a consejeros ejecutivos, tras las salidas de José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona y fugaz presidente de la eléctrica) y el exconsejero delegado Rafael Miranda, tras la toma de control por parte de la italiana Enel. Justo antes de la crisis, Manuel Pizarro, hasta entonces presidente, abandonó la compañía con una indemnización cercana a los 20 millones de euros tras la opa de Acciona y Enel.

En el caso de Iberdrola, los consejeros de la primera eléctrica española se han embolsado, sin indemnizaciones por despido mediante, 86,825 millones de euros desde 2008. En 2014, la cifra ascendió a 14,951 millones, lo que supone un 35,4% más que en 2008. Buena parte de la retribución del año pasado fue para el presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, que cobró (incluyendo pagos en acciones) 9,1 millones en 2014, un 22% más que un año antes. La empresa, que este jueves anunciaba la adquisición de la estadounidense UIL Holdings Corporation por 2.647,8 millones, ganó el año pasado 2.326,5 millones de euros, un 9,5% menos que en 2013.

En cuanto a Gas Natural Fenosa, desde 2008 sus consejeros han cobrado 55,65 millones de euros, incluyendo la retribución de Unión Fenosa (adquirida por la gasista) en ese primer ejercicio. En 2014, sus vocales se repartieron 9,4 millones, un 6,5% más. El beneficio de la compañía ascendió a 1.462 millones, un 1,2% más que el año anterior, gracias, según la empresa, a las plusvalías de 252 millones generadas por la venta de Gas Natural Telecomunicaciones y sus participadas, y por la buena evolución de su negocio en el extranjero.

A salvo de la quiebra

Si se comparan los datos de 2014 con los de 2008, la retribución anual de los consejeros de las eléctricas ha subido en ese periodo un 20%, muy por encima, por ejemplo, del incremento del salario mínimo en España, que este jueves la agencia estadística europea, Eurostat, cifraba en un 8% para esos mismos años. 

En estos siete años de crisis, el sector ha visto como la demanda eléctrica se desplomaba a niveles de los 90 (aunque ha empezado a recuperarse) y se ha salvado de la quiebra gracias a las medidas adoptadas por el actual Gobierno para atajar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes reconocidos) que se acumulaba desde comienzos de siglo y que los consumidores abonan a plazos (y con intereses) en sus recibos de la luz.

Para taponar ese agujero, el Gobierno ha aprobado nuevos impuestos al sector (unos 3.000 millones de euros al año), ha recortado los costes del sistema cargando buena parte del ajuste sobre las renovables (como pedían las eléctricas) y ha aplicado fuertes subidas al recibo. Mientras la factura se disparaba más de un 60% durante la crisis y el desempleo en España superaba el 25%, ha aflorado un concepto hasta ahora desconocido en el país, el de la pobreza energética, con millones de hogares en dificultades para hacer frente a los suministros básicos.

Las eléctricas, cuyos ingresos en España dependen, en buena medida, de lo que depare el BOE, han fichado en esta larga crisis a dos de los tres últimos presidentes del Gobierno (Felipe González y José María Aznar) y han tenido o tienen a sueldo a tres de los cuatro últimos ministros de Economía (Elena Salgado, Pedro Solbes y el actual, Luis de Guindos).

63% de las ventas en España

Si bien argumentan que han capeado los efectos de la reforma eléctrica de José Manuel Soria gracias a su actividad en el exterior, lo cierto es que, tras el desguace de Endesa, culminado a finales del año pasado, el mercado interior todavía supone el 63,1% de la cifra de negocios consolidada de las empresas, que en 2014 ascendió a 75.908 millones de euros.

El año pasado, el paquete de medidas de Soria tuvo un impacto de casi 1.200 millones en las cuentas de las tres grandes utilities, según las empresas. De esa cifra, a Iberdrola le correspondió el 52%, a Endesa el 36% y a Gas Natural Fenosa, el 12%.

"Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores, políticos o gente conocida, este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia. Yo sigo esperando". Con voz serena y sosegada, pero también con un punto de indignación, Ángela González se dirige a las autoridades en un ejercicio de lucha incansable, que aún no acaba. Su batalla comenzó hace 12 años, cuando su exmarido y padre de su única hija de 7 años, del que entonces se estaba separando y al que había denunciado por violencia machista, asesinó a la menor durante una de las visitas acordadas sin supervisión a pesar de las múltiples advertencias de la mujer sobre el peligro que corrían ambas.

Como resultado, España fue condenada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en julio de 2014 por no proteger diligentemente a una víctima de violencia machista, después de que los tribunales españoles le hubieran cerrado la puerta. Según el dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) el Gobierno debe otorgar a Ángela una reparación e indemnización "proporcional" y realizar una investigación para determinar los fallos del Estado que ocasionaron la muerte de su hija Andrea.

Ángela todavía sigue esperando unas palabras de perdón. Ninguna autoridad ha hecho un reconocimiento público y ni siquiera el Gobierno accede a reunirse ni con ella ni con la organización que lleva el caso, Women's Link Worlwide. Tampoco va a percibir la indemnización que, según la ONU, le corresponde, pues de acuerdo con la respuesta que ha esgrimido España "no existe base jurídica" para hacerlo. "Parece que las víctimas de violencia machista seguimos siendo invisibles para todos ellos en cuanto a respeto y recuerdo", denuncia.

Un caso silenciado

No solo el reconocimiento y la reparación de Ángela parece no ser una prioridad para el Ejecutivo, pues no está dispuesto  a llevar a cabo la investigación del caso que recomienda el organismo internacional. "En su momento ya se abrió, pero hacerlo ahora sobre hechos del año 2003 no va a traer nada nuevo", sostienen fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por eldiario.es.

Para Gema Fernández, abogada de Women's Link Worlwide, "lo más preocupante es que siguen sin reconocer la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la niña". La respuesta que el Estado ha dado al CEDAW habla de "hechos lamentables", pero "continúa sin aceptar que sí tiene responsabilidad, a pesar de que una instancia internacional le ha condenado por ello".

La escueta respuesta del Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del PSOE sobre Ángela González evidencia el silencio institucional que rodea al caso. "Están evitando pronunciarse", comenta Viviana Waisman, Presidenta de Women's Link Worlwide. El Ministerio de Justicia tampoco ha contestado a las preguntas de este diario sobre la falta de reconocimiento público a la mujer.

Más seguimiento

Ángela y la organización que lleva su caso no se dan por vencidas. Siguen en diálogo con el CEDAW para intentar que continúe haciendo seguimiento de la situación y, además, han abierto dos vías legales ante instancias nacionales. "Hasta que no se cumpla con la decisión tomada por el Comité de la ONU, mi vida será siempre una lucha", sostiene Ángela.

Su batalla es también para otras mujeres y sus hijos e hijas, para que el asesinato de la suya no se vuelva a repetir. Este es también uno de los objetivos del dictamen de las Naciones Unidas, que recomienda a España tomar medidas adecuadas y efectivas para garantizar el principio de no repetición. En este sentido, el proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aprobada el pasado día 20, no desarrolla los mecanismos de protección adecuados de los menores, según las organizaciones sociales que trabajan con mujeres maltratadas. "No queremos palabrería, queremos medidas concretas", remarcan desde Women's Link.

"¿Cuántos asesinatos tiene que haber para que la justicia proteja de verdad a nuestros hijos e hijas?", se pregunta Ángela González. Los datos corroboran que las suspensiones del régimen de visitas a padres maltratadores están descendiendo: según el Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se suspendió un 3,4%; en 2012 un 3,1% y en 2013 el 3%. Para Viviana Waisman, el error es "asumir la necesidad imperante de que la figura paterna es imprescindible". Sin embargo, recuerda: "Un padre maltratador no es un buen padre".

Es un problema de mentalidad

Son estos estereotipos los que, según Women's Link Worlwide, perpetúan la violencia de género contra las mujeres. Waisman pone un ejemplo concreto: "En el momento de denunciar a la policía que te han robado algo, nadie te pregunta ¿seguro que lo han hecho?". En su opinión este es el proceso que tiene que sufrir una mujer al denunciar violencia machista. "Sigue existiendo un sesgo brutal hacia las mujeres, que se presupone que mienten o manipulan".

De acuerdo con la abogada Gema Fernández, las leyes son más o menos garantistas; "el problema es la mentalidad". En la organización se han encontrado con informes de equipos psicosociales, que participan en los casos de violencia de género, en los que "se cuestiona constantemente a la mujer". "Esto no ocurre con otro tipo de víctimas", sostiene Fernández.

Una mayor formación y sensibilización de los jueces y todos los profesionales que interfieren en un caso de este tipo de violencia es la apuesta que hacen desde Women's Link Worlwide. El objetivo: que el caso de Ángela no se vuelva a repetir y recordar que no es aislado, "que la violencia de género sigue ahí y es necesario erradicarla".

Último intento para que la Justicia esclarezca el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. El PSOE va a recurrir el tercer intento de la jueza de aparcar definitivamente la investigación de la 'gestapillo'. Los socialistas, personados en la causa como acusación popular, van a presentar un escrito para que los tribunales den marcha atrás en la decisión de la instructora, como ya hizo la Audiencia Provincial en otras dos ocasiones.

El PSOE tiene de margen hasta el lunes para recurrir el archivo del espionaje a políticos del PP rivales de Esperanza Aguirre. Es la tercera vez que la jueza Carmen Valcarce intenta parar la investigación, que surgió a partir de las denuncias presentadas por el diputado Alfredo Prada y el ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por los seguimientos que habían realizado presuntamente agentes de seguridad pagados por el Gobierno regional.

El archivo se ha producido después de que El Mundo revelara unas grabaciones que involucran al exconsejero de Interior Francisco Granados, hoy en prisión por la Operación Púnica, en el asunto de la 'gestapillo'. "El tema judicial no va a ningún sitio mientras que no llegue Sergio Gamón y diga: A mí me lo ordenó Francisco Granados", dijo el propio Granados en una reunión mantenida en su casa con tres de los guardias civiles que estaban imputados en la causa.

Esa conversación demuestra que el exdirigente del PP estaba detrás del espionaje a los rivales de la presidenta madrileña, que se postularon del lado de Mariano Rajoy ante el congreso que el partido celebró en Valencia en 2008 y en el que revalidó su liderazgo. Aguirre no llegó a presentarse, pero entre los conservadores hubo movimientos para que diera un paso al frente. En las fechas anteriores a ese cónclave, varios agentes realizaron seguimientos a dirigentes del partido en Madrid, según reveló El País en enero de 2009.

Las grabaciones apuntan, además, al sucesor de Aguirre, Ignacio González, y su número dos, Salvador Victoria. Según publica El Mundo, Granados ordenó al entonces director de Seguridad del Gobierno regional, Sergio Gamón, con la indicación de que se hacía "por especial interés del vicepresidente", es decir, González. También sostiene que el actual portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, estaba al tanto del asunto.

Según una conversación mantenida entre el actual director general de Justicia, Agustín Carretero, y el abogado de uno de los espías imputados, se intentó sobornarle para que no testificara la verdad. "¿Tú crees que si lo llama Salvador Victoria lo puede parar?", le dijo Carretero al letrado del agente.

La jueza no ve malversación

A pesar de las nuevas evidencias, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional del caso, como le había pedido la Fiscalía, al entender que no se han concretado los "indicios iniciales" de presuntos delitos de malversación y ánimo de lucro supuestamente cometidos por cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid acusados de emplear teléfonos y vehículos para espiar a Cobo y Prada, entre otros.

El PSOE va a recurrir esta decisión, que llega tras la publicación de las grabaciones y después de que el caso lleve seis años dormido en un juzgado. Los afectados por el espionaje, que se retiraron de la causa por lealtad al PP cuando se lo pidió María Dolores de Cospedal, esperaban que fuera al Fiscalía la que ordenara nuevas diligencias tras la publicación de las grabaciones.

La Comisión Gestora del PSOE de Madrid que dirige Rafael Simancas tras la destitución de Tomás Gómez ordenado al abogado de la formación que redacte el recurso para evitar el archivo, aunque esperará a que se reabra para solicitar diligencias así como la imputación de más implicados.

Reciben la notificación de expulsión pero su deportación no llega a ejecutarse. Meses o años después, la policía le detiene para cumplirla. Durante este tiempo, sus circunstancias quizá ya no sean las mismas por las que el juez dictó su orden de repatriación. Las nuevas podrían frenar su retorno. Pero “en un número significativo de casos”, no importa y la persona es devuelta sin una asistencia letrada previa que permita la revisión de su situación. La Defensora del Pueblo ha recomendado a la Policía “revisar sus protocolos” para que estas prácticas se erradiquen.

La agencia pública impulsora del proyecto que sirve a un grupo de jueces de Madrid para cobrar una extra tiene en nómina al menos a dos políticos del Partido Popular, miembros del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Rivas. Como concejales, María Inmaculada Sánchez y Francisco Gallardo López sostienen la querella por prevaricación que su grupo presentó contra Tania Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El presidente de este tribunal, Francisco Javier Vieira, es uno de los receptores de los pagos por asesoramiento, que realiza Indra por iniciativa de la Comunidad de Madrid.

La querella contra Tania Sánchez, presentada cuando era candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad, estaba destinada a adquirir un papel relevante en la campaña electoral madrileña. La admisión a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM habría supuesto el fin de la carrera electoral de Sánchez en IU, formación que recoge en sus estatutos la imposibilidad de que un imputado vaya en sus listas. Pero antes de que eso se produjese, Tania Sánchez abandonó la candidatura, Izquierda Unida y su acta de diputada en la Asamblea madrileña. Ahora impulsa el movimiento Convocatoria por Madrid y sigue aspirando a convertirse en presidenta de la Comunidad.

Según ha podido saber eldiario.es, una de las personas que se querelló contra ella, Inmaculada Sánchez, compatibliza su cargo de concejal portavoz en el Ayuntamiento de Rivas con el de asesora adjunta al consejero delegado de la Agencia de Comunicación e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Por tanto, Sánchez Ramos trabajaba a las órdenes directas de José Martínez Nicolás, quien se vió obligado a dimitir el 31 de octubre tras ser detenido en la 'Operación Púnica'.

Francisco Gallardo ocupa el puesto de jefe de Area de Seguridad en la ICM, además de ser concejal en Rivas. Ambos cumplen con los requisitos legales para compaginar los cargos, según fuentes de la Comunidad de Madrid.

Del otro lado del proyecto de pago a los funcionarios está Francisco José Vieira, la figura más relevante de cuantos aparecen en la nómina de perceptores de las extras. Como presidente del TSJM, preside igualmente la Sala de lo Civil y Penal, que debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella contra Tania Sánchez.

El TSJM informó la semana pasada que la Sala ha dado traslado a la Fiscalía del Tribunal de la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez, con el objeto de que el Ministerio Público emita su informe, no vinculante, sobre la admisión a trámite de la querella. Sin embargo, al día siguiente de que Sánchez anunciara que dejaba IU y la Asamblea, fuentes de la Fiscalía madrileña aseguraron a esta redacción que ya no se pronunciaría sobre el fondo de la querella y que se limitaría a informar al PP de Rivas de que debe acudir con ella a un juzgado ordinario.

La querella del PP acusa a Tania Sánchez, su padre Raúl Sánchez (concejal de Rivas) y el actual alcalde, Pedro del Cura, en su momento edil de Infancia y Juventud, de malversación, tráfico de influencias y prevaricación tras saltar a la luz pública los contratos del Consistorio por 1,3 millones de euros al hermano e hijo de los dos primeros entre 2002 y 2008. Los detalles del escrito no se conocen porque el PP no los ha facilitado. Esta redacción se puso en contacto con el Grupo Municipal del PP en Rivas sin obtener respuesta alguna.

Investigación del Poder Judicial

El presidente del TSJM es, hasta ahora, el único de los funcionarios que ha tenido que dar explicaciones ante el Consejo General del Poder Judicial por el proyecto de retribuciones. Cuando El País reveló la existencia del acuerdo, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, abrió una investigación y llamó a declarar a Vieira. Éste defendió que el asesoramiento, diferente de la tarea de administrar justicia, no incurre en el régimen de incompatibilidades que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El proyecto parte de la agencia de la Comunidad de Madrid ICM, pública al 100%, pero los pagos los realiza la multinacional Indra, que ganó el concurso. El presidente del TSJM es el responsable de la gestión del proyecto del lado de la Administración de Justicia. Junto a al menos otros ocho jueces, cinco fiscales y otros funcionarios ha recibido pagos de Indra, a través de la iniciativa de lCM, por su asesoramiento en la puesta en marcha de un sistema informático para agilizar la tramitación judicial.

La investigación del CGPJ sigue su curso. El País publicó que Vieira, dos jueces más y seis secretarios judiciales han cobrado 54.000 euros en 2013 y 2014. La actividad retribuida el pasado año consistió en cuatro reuniones en la biblioteca de la sede del TSJM, como miembros del Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados de Madrid. Cada uno de los funcionarios asistentes ha cobrado al año 3.000 euros de Indra por este concepto de colaboración.

La concejal portavoz del PP en Rivas también ha trabajado en la empresa que ganó el concurso y paga a los jueces. Según su currículum, en 2003 fue contratada como gerente de Desarrollo de Negocio de la multinacional. Sánchez Ramos siguió en la empresa privada hasta que en 2007 entró como número uno de la oposición a la Agencia de Comunicación e Informática de la Comunidad de Madrid.

Su penúltimo jefe fue arrestado el 27 de octubre y quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez Velasco. Según El País, durante su declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de informática de la Comunidad de Madrid aseguró que fue el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, quien le ordenó pedir a Indra que abonara a uno de los cabecillas de la trama los 10.000 euros que debían por un trabajo de fomento de la reputación en Internet de miembros del Gobierno madrileño. Victoria era presidente del Consejo de Administración de la ICM y, como tal, jefe directo de Martínez Nicolás. El número dos del Gobierno de Madrid niega rotundamente haber ordenado ese pago.

Indra y los jueces beneficiarios de su pagos no solo se han encontrado en las tareas de asesoramiento remuneradas. Según publicó eldiario.es, una de las magistradas que inició el contrato con Indra en 2011 ha fallado desde entonces en cinco ocasiones en causas en las que la multinacional era parte. Así consta en al menos cinco sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -de la que ella formaba parte- que se dictaron entre 2011 y 2014. En dos de esos casos, los fallos fueron favorables a la empresa y en tres, contrarios a sus intereses. Ruiz Jarabo es desde diciembre de 2013 magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Año y medio después, el Ayuntamiento de Madrid ha derribado la vivienda de la calle Ofelia Nieto, 29 y lo ha hecho sin aviso previo. Ocho furgonetas de la policía han acudido a primera hora de la mañana a la vivienda en la que vivían tres ramas de la familia Gracia González con tres menores a su cargo.

A eso de las 13.00, el inmueble ha quedado reducido a escombros, casi seis horas después de que la calle fuera acordonada y las excavadoras y camiones de recogidas de escombros se posicionaran amenazantes en las inmediaciones, tal y como han explicado a eldiario.es miembros de la Asamblea de Tetuan del 15M.

Los agentes han recurrido a una excavadora para intentar derribar la puerta de la vivienda, donde se han encaramado un buen número de activistas para tratar de impedir la demolición. Varios agentes han procedido, minutos después, a bajarlos a la fuerza entre los gritos de los vecinos y algunos de ellos han sido retenidos. Intentaron contener sin éxito el acercamiento de la excavadora al inmueble.

A medida que pasaban las horas, ha ido aumentando el número de personas arremolinadas entorno a la vivienda. Primero dentro, antes del desalojo, y después fuera, como ocurrió en agosto de 2013, cuando la resistencia vecinal logró parar la demolición. También se ha podido ver en el lugar a Mauricio Valiente, candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Madrid.

"Anoche supimos que la familia había recibido una llamada anónima que sabía de buena tinta que se iba a proceder al desalojo de la vivienda a las 7 de la mañana. Hablamos con ellos y parecían tranquilos. A todos nos parecía muy marciano", explica Eva, activista y vecina de Ofelia Nieto.

A la hora prevista, de acuerdo con las declaraciones de los activistas, la policía ha llegado a la zona. En el interior de la vivienda se encontraba entonces una menor. "En algún momento se ha negociado que sacábamos a la niña. y cuando hemos bajado han entrado en masa, a empujones. El sonido era tremendo, horripilante. La casa temblaba. Salvaje", asegura Eva.

La familia ha podido entrar a sacar algunas pertenencias a primera hora, pero son los operarios los que han vaciado el grueso de la vivienda. En plena calle pueden verse camas y muebles.

Según su testimonio, los activistas y vecinos se han puesto en contacto con la policía nacional para denunciar la forma de proceder de la municipal. "La respuesta ha sido que no podemos poner una denuncia vía telefónica, lo cual es falso porque estas denuncias tienen prioridad sobre las físicas una vez que llegas a la comisaría", apunta.

De acuerdo con diversos testigos, siete de ellos han sido detenidos por la Policía y han sido trasladados a la Comisaría de Moncloa. Uno, dicen los vecinos, es el fotoperiodista Jaime Alekos. La policía nacional confirma el número de arrestados (a primera hora) y argumenta que el desalojo "lo llevaba a cabo la policía municipal". "No estábamos con dispositivo previsto para este tema", asegura un agente, que acusa a los activistas que rociar con cubos de gasolina a los policías que intentaban entrar en el inmueble. Sí está previsto un despliegue de UIP en las inmediaciones de la comisaría, "en previsión de apoyo al grupo de detenidos".

La expropiación forzosa de la vivienda está recurrida en diversas instancias judiciales, desde los tribunales ordinarios hasta el Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, por diferentes motivos. De hecho, la pasada semana tuvo lugar la vista sobre uno de los recursos relativos a la retasación del edificio.

Fuentes de la Asamblea de Tetuán del 15M han explicado a eldiario.es que los miembros de la familia no habían sido avisados por el Ayuntamiento, a diferencia de lo que ocurrió en agosto de 2013 cuando la movilización vecinal evitó el desalojo. El Ayuntamiento tampoco ha ofrecido a las familias una alternativa habitacional.

La familia Gracia González lleva más de diez años tratando de frenar la demolición del que ha sido su hogar desde 1956. El Ayuntamiento de Madrid esgrime para el derribo de su casa que cerca de seis metros cuadrados de la vivienda deben desaparecer para cederlos a la acera. Diversos colectivos denuncian que el objetivo del derribo es la construcción de nuevas viviendas.

La Comisaría General de Información, estructura antiterrorista de la Policía, ha detenido a ocho individuos de nacionalidad española en varias comunidades autónomas por "diversos delitos" relacionados con sus presuntos viajes a la región ucraniana de Donbass para combatir junto a las milicias prorrusas.

La operación está coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los arrestos se han practicado en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, Alcorcón y Madrid (2 arrestados en ésta última) y han concluido alrededor de las 6:30 horas. Todos ellos se desplazaron a lo largo de 2014 y regresaron recientemente. Los agentes antiterroristas tienen constancia de que todavía hay españoles combatiendo en Ucrania que no han regresado.

Según el Ministerio del Interior, los detenidos están acusados de delitos de asesinato, tenencia de armas y explosivos y "actos que atentan contra la los intereses del Reino de España en el exterior". "En el conflicto en el que participaron los detenidos hay cientos de civiles muertos, la mayoría de nacionalidad ucraniana. Algunos de estos actos han sido calificados de acciones terroristas por las autoridades de aquel país", señala Interior en una nota.

Fuentes jurídicas han explicado a eldiario.es que la acusación de haber cometido presuntos asesinatos es genérica y está relacionada con la participación armada de los detenidos en actos que han producido víctimas mortales. Al respecto, el Ministerio afirma que durante la estancia de los detenidos en Ucrania, "además de la presunta comisión de delitos de cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios llevados a cabo por los grupos y batallones a los que se unieron, hay que añadir la tenencia y depósito de armas y explosivos, hechos que se han difundido también a través de las redes sociales y con repercusión en la captación y reclutameinto de futuros combatientes".

Según Interior, estos actos pueden ser constitutivos de "delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, al tratarse de españoles que, al participar en el conflicto armado, violentan la neutralidad que España ha de mantener en relación con la Comunidad Internacional". La Policía ha decidido bautizar la operación como 'Danko'.

El artículo 591 del Código Penal castiga con penas de 4 a 8 años al que el que, "durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla". En este artículo se habla de "guerra", pero el Ministerio del Interior señala en su nota la participación en "acciones terroristas".

Batallón 'Fantasma'

Entre los detenidos se encuentran Rafael Muñoz Pérez, de 27 años, y Ángel Davilla-Rivas, de 22, quienes habían anunciado públicamente en Internet el verano pasado que se marchaban a combatir a Ucrania. La mayor parte de los arrestados habrían estado encuadrados en la 'Brigada Internacional Carlos Palomino', llamada así en homenaje al joven antifascista asesinado por un neonazi en el metro de Madrid. Esta brigada estaba integrada, a su vez, en el Batallón Vostok.

El 'Diario de Noticias' de Navarra publicó el pasado mes de octubre una entrevista con un pamplonés de 24 años que combatía entonces en Ucrania. Según fuentes de la investigación se trata del arrestado este viernes en la capital navarra. En la entrevista aseguraba que había pasado del Batallón Vostok (Oriental) al Prizrak (Fantasma), las fuerzas de élite de las milicias.

En la entrevista, que se realiza a través de mensajes de teléfono, dice -bajo nombre falso- que entró por Rusia para "no tener que atravesar las líneas enemigas sin correr peligro" y que hay "unos cuantos" combatientes procedentes de España. "Más allá de mis ideales o convicciones políticas afines a algún partido, no vengo en representación ni enviado por nadie. Estoy aquí por decisión personal", decía.

Investigación por las redes sociales

Al parecer, las redes sociales han sido fundamentales en la investigación policial. Interior señala que los arretados "compartieron y difundieron" su entrenamiento a través de ellas y que también exhibieron uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos, "manifestándose a favor de la lucha armada de los secesionistas violentos".

La Audiencia Nacional es competente para la investigación de los hechos cuando hay indicios de que "se trata de delitos cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos".