El profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona, Gerardo Pisarello, es el número dos de la candidatura encabezada por Ada Colau para las primarias de Barcelona En Comú, el único equipo que se ha presentado hasta el momento. Pisarello es uno de los nombres de consenso que sonaba desde hacía semanas y este martes presentó la batería de propuestas del "plan de choque" que la formación pretende poner en práctica si se hace con el gobierno municipal en Barcelona. Tras años en la universidad y con una nutrida actividad en el campo del activismo a sus espaldas, con toda probabilidad Gerardo Pisarello será regidor del Ajuntament de Barcelona en la próxima legislatura.

Tras una larga carrera en la academia, ahora da el paso y se postula para un cargo público. Parece esta una tendencia generalizada en el último tiempo, ¿a qué cree que se debe?

Somos una generación que llevábamos mucho tiempo, además de enseñando e investigando, luchando por los derechos humanos y participando en movimientos sociales. De pronto nos topamos con una situación de excepcionalidad, de bloqueo institucional, donde la agresión a la democracia y a los derechos es tremenda, y donde al mismo tiempo los anhelos de cambio de la ciudadanía son enormes. Por eso decidimos que es el momento de intentarlo, teniendo consciencia de nuestros límites pero sabiendo que es un oportunidad única porque hay una ola de cambio que se extiende por toda Europa.

Acude como número dos del equipo que encabeza Ada Colau a las primarias de Barcelona En Comú. ¿Cómo se ha elegido ese equipo?

Es una propuesta que hace Ada a partir de muchas reuniones en barrios, en ejes y a partir de encuentros con las fuerzas confluyentes, intentando siempre priorizar, por un lado los conocimientos técnicos, la experiencia social y vecinal y en las instituciones, y por otro lado con un espíritu de renovación donde el protagonista sea el ciudadano. Creemos que con todos esos elementos, el resultado, a nuestro modesto entender, es inédito. Es un tipo de propuesta que nunca se había visto en nuestra ciudad.

A parte de algunos nombres de consenso, la candidatura parece la lista cremallera de una coalición, con miembros de las diversas fuerzas confluyentes. ¿Ha habido cuotas de partidos a la hora de formarla?

No, no se trata de cuotas. Hay mucha gente en esta lista que tiene identidades múltiples. Hay varios nombres de personas que participaban en diferentes espacios y que eran de consenso. Yo creo que no se trata de una lógica de cuotas, hay gente vinculada a partidos pero que estuvo desde un inicio en la propuesta de esta candidatura ciudadana, y es gente nueva en todos los casos. Es una generación que entra a hacer política a demostrar que las cosas se pueden hacer diferente y eso no puede ser pensado con un espíritu de cuotas.

¿Es casualidad entonces que en el equipo haya cuatro personas de ICV, una de EUiA, dos de Podemos, una de Procés Constituent, algo muy parecido a como quedaría una lista hecha por cuotas?

El interés ha sido que muchas personas con orígenes diversos pudiera sentirse reconocida. Que la gente que venía de organizaciones políticas pudiera sentirse reconocida pero que hubiera un reconocimiento ciudadano. Y de hecho, era importante que las personas que venían de formaciones cumplieran unos criterios de competencia técnica, de diversidad de género, porque esta es una lista de presencia femenina muy importante, y que fuera gente que renovara la política. Creo que esto responde a una lógica totalmente nueva y que rompe con los acuerdos tradicionales de las formaciones políticas. 

Barcelona En Comú ha presentado un plan de choque con las primeras medidas. Entre ellas por ejemplo está estudiar la municipalización de la gestión del agua. ¿En qué consiste esta propuesta?

Esta es una de las medidas que estamos proponiendo. Lo que decimos es que en los últimos años en Agbar se han producido enormes beneficios y aumentos de las tarifas muy desproporcionados. Por tanto planteamos hacer una auditoria para saber cuál es el origen de estos beneficios, cuál es el coste que tiene el servicio y conseguir sentar a estas empresas para que garanticen el suministro a toda la ciudadanía. A partir de ahí hay que comenzar a explorar una medida que para nosotros es importante, que es la de la municipalización del agua. No es una ocurrencia de Barcelona En Comú, es una medida que se ha llevado adelante en ciudades como Berlín o París, y también en experiencias municipales en Catalunya y en España. Municipalizar el agua es una medida imprescindible para recuperar el control público sobre la economía, que hay que estudiar jurídicamente pero que es factible.

¿Qué otras medidas proponen en esta misma línea?

Hay otras propuestas como la relocalización de la energía o la posibilidad de una banca cooperativa municipal o con cierta participación municipal. Barcelona tiene un sector cooperativo muy fuerte, más importante que otras ciudades, y para nosotros es fundamental pasar de los partenariados público-privados que tenemos ahora a formas de gestión público-cooperativas.

Hablan también de paralizar proyectos "contrarios al bien común". Uno de ellos es la marina de lujo del Port Vell. Pero paralizar estas obras conllevaría grandes indemnizaciones a los inversores. ¿Es viable dar marcha atrás a estos proyectos?

En el caso de la marina del Port Vell hay una concesión que ya se ha hecho pero también nos parece importante investigar en qué condiciones se produjo esa concesión. No todos los casos son iguales, hay proyectos donde ya hay derechos adquiridos, y por lo tanto se deben revisar las condiciones en las que se han producido, y hay otros casos donde revertir la privatización es más sencillo, por ejemplo en la externalización de la gestión de escoles bressol o la red de parkings. Hay que distinguir entre proyectos: en algunos la revisión es posible, otros deben ser auditados y en aquellos donde haya situaciones consolidadas se deben rediscutir las cláusulas.

Proponen también una renta municipal garantizada. ¿Barcelona En Comú apoya la renta básica universal?

Yo soy miembro de la Red Renta Básica y me parece que a largo plazo es una medida interesante. Lo que pasa que en cada escala se pueden dar pasos dentro de las competencias que se tienen. En el caso de Barcelona creemos que una renta complementaria puede ser lo que permita a las personas en situación de pobreza poder complementar las prestaciones que ya reciben hasta llegar al 60% de la renta de suficiencia, que son unos 600 euros. Barcelona es una ciudad muy cara, pero nos parece que esta pequeña cantidad contribuye notablemente a eliminar situaciones de exclusión social extrema, como las que se están sucediendo hoy.

Hablando de las escalas, ¿no temen poder toparse con un techo de competencias al actuar solo desde lo municipal?

Hay dificultades objetivas sobre todo porque el gobierno del PP ha emprendido un proceso de recentralización brutal y la ley de racionalización y sostenibilidad de los entes locales tiene como objetivo directo laminar la autonomía municipal. A pesar de esto, Barcelona tiene una carta municipal propia que le permite hacer y le permite hacer mucho. Barcelona no solo tiene competencias singulares sino capacidades singulares. A lo largo de su historia, Barcelona ha podido hacer cambios en políticas sociales precisamente por este marco competencial propio. Por tanto nuestro planteamiento es usar estas capacidades al máximo, de la forma más eficiente y más justa, y nunca esgrimir la ausencia de competencias cuando hay derechos humanos en juego.

Algunos sondeos dan unos resultados muy buenos para Barcelona En Comú, pero parece que será necesario que llegue a pactos para hacerse con el gobierno municipal. ¿Con qué formaciones pactarían y con qué líneas rojas?

Somos una candidatura que nace con la intención de ganar el Ayuntamiento para ponerlo al servicio de la gente, por tanto no estamos pensando en esa lógica de pactos. Hoy la prioridad es reforzar la presencia en los barrios porque sabemos que simplemente con un cambio electoral no se podrían hacer todas las transformaciones que queremos impulsar. Para eso hay que intentar ganar y hacer que el gobierno de CiU, responsable de la política de privatización, precarización y desigualdad, pueda marcharse. Ese es nuestro objetivo, queremos ser la alternativa.

Pero sobre la política de pactos, ¿cómo la decidirían?

Cuando llegue ese momento haremos como se han hecho con casi todas las decisiones tomadas hasta el momento, abriendo un proceso de consulta ciudadana y preguntando a la ciudadanía cuál es el camino concreto que tenemos que adoptar. Está en parte en nuestro código ético, cuando haya decisiones importantes, abrirlas a la decisión de la ciudadanía para saber cuál es el mandato.

En caso de no poder formar gobierno municipal, ¿los regidores de Barcelona En Comú se quedarían haciendo oposición en el Ayuntamiento o pasarían a otros frentes?

No contemplamos otra posibilidad. Hicimos esta apuesta municipal porque creemos que la democracia nació en las ciudades y es en las ciudades donde queremos recuperarla. Hoy nuestro objetivo es claramente municipalista y lo que intentaremos hacer es formar un equipo de gobierno lo más cohesionado y lo más ilusionado posible.

El espionaje de la 'gestapillo' a políticos en Madrid puede estallar al Partido Popular en plena campaña tras las grabaciones que ha publicado El Mundo, que no solo involucran a Francisco Granados sino que señalan directamente a Salvador Victoria, número dos de Ignacio González en el Gobierno regional. Estas revelaciones pueden dar un vuelco a la causa judicial, que dormita en un juzgado desde hace seis años, después de que la jueza que instruye el caso lo haya archivado dos veces contra el criterio de la Audiencia Provincial, que le obligó a abrirlo en las dos ocasiones.

Ahora está en manos de la jueza Carmen Valcarce, el fiscal o el PSOE -que ejerce como acusación popular en la causa- solicitar que se incorporen las nuevas pruebas que apuntan a Granados, en prisión por la Operación Púnica. Los principales afectados por el espionaje, el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el exvicepresidente autonómico, Alfredo Prada, se apartaron como acusación del caso después de que se lo pidiera María Dolores de Cospedal. 

La número dos del PP les exigió que retiraran el recurso que habían presentado contra la decisión de la jueza de archivar el caso en 2010. Lo hicieron por lealtad con el partido, pese a que la dirección había llegado a suspender de militancia a Cobo por criticar a Aguirre en una entrevista. El vicealcalde llegó a decir que tenía "miedo" ante lo que pudieran hacer quienes habían ordenado el espionaje. La diputada Carmen Rodríguez Flores desistió años después al ver que la causa no avanzaba.

Cobo y Prada esperan que el fiscal actúe de oficio tras las revelaciones que confirman que Granados era el encargado de ordenar los seguimientos. Fuentes de la acusación socialista han informado a eldiario.es de que pretenden hacer movimientos pero que deben esperar a que el fiscal se pronuncie definitivamente sobre el sobreseimiento que solicitó. El PSOE se opuso a esa medida y la Fiscalía tiene que resolver el recurso. 

En el PP de Madrid hay sumergido un nuevo enfrentamiento después de que El Mundo publicara las grabaciones en las que revela que un miembro del Gobierno regional intentó sobornar a uno de los imputados por el espionaje a cambio de su silencio. La conversación apunta a Salvador Victoria, el hombre de confianza del presidente de la Comunidad: "¿Tú crees que si lo llama Salvador Victoria lo puede parar?", le dijo el actual director general de Justicia al abogado de uno de los implicados en la trama.

Ignacio González señala a Esperanza Aguirre como responsable última del espionaje al recordar que se produjo en su etapa como presidenta regional. Las grabaciones dejan claro que fue Granados, entonces consejero de Interior y Justicia del Gobierno de Aguirre, el que encargó los seguimientos a sus adversarios políticos. "El tema judicial no va a ningún sitio mientras que no llegue Sergio Gamón y diga: a mí me lo ordenó Francisco Granados", expresó el exdirigente del PP en una conversación con los exguardias civiles que se encargaron de espiar a Cobo y Prada.

Gamón, que entonces era director de Seguridad, era un hombre de la máxima confianza de la presidenta. Fuentes del partido señalan que es imposible que Aguirre desconociera el espionaje si él lo llevaba a cabo por mucho que Granados fuera el que lo encargara directamente.

La sombra de la sospecha sobrevuela a los dos líderes madrileños en plena puja por encabezar las listas del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Los pasos que den la jueza y la Fiscalía pueden ser determinantes para el futuro de Aguirre y González y, en el caso de que se amplíe la investigación, puede estallar al PP en plena campaña electoral.

Espionaje en plena batalla por el poder

El País reveló en enero de 2009 que el Gobierno madrileño tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Entre ellos se encargó de hacer seguimientos a Prada y Cobo, que fueron los principales adversarios de Aguirre en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008.

La derecha mediática comenzó en ese momento a impulsar a Aguirre como sucesora de Rajoy en Génova. La presidenta madrileña también se movió para intentar arrebatar el cargo al presidente del partido en el congreso de julio de ese año. Cobo, que era el número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de la capital, aseguró que Aguirre no se presentaría finalmente porque no tenía apoyos. Esas declaraciones las hizo en abril de 2008. En esa misma fecha hay partes de seguimientos efectuados por los agentes de contravigilancia próximos a Granados en los que apuntaron los movimientos de Cobo y los diputados Alfredo Prada y Carmen Rodríguez.

Al conocerse el contenido de los partes, los hombres próximos a Gallardón presentaron sendas denuncias al considerar que se habían malversado fondos públicos para espiar a los rivales de Aguirre. Los escritos recayeron en el juzgado número 5 de instrucción. La titular de ese juzgado, a quien fuentes próximas a la investigación describen como partidaria de Aguirre, ha intentado archivar la causa dos veces.

El primer intento fue en el verano de 2010, cuando aseguró que había falta de pruebas y de indicios de delito en los hechos denunciados. La jueza consideraba que los partes no acreditaban que se hubieran producido los seguimientos y, además, defendía que si se hubieran acreditado, no serían constitutivos de delito. La Audiencia Provincial de Madrid rebatió a la magistrada y le obligó a seguir la investigación al entender que había "indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos".

Tras algunas diligencias, entre ellas el análisis de las llamadas de los agentes, la jueza volvió a archivar la causa. A pesar de que los informes policiales y periciales apuntaban a que los teléfonos coincidían con los seguimientos, la jueza argumentó que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos. Fuentes próximas a la investigación explican que la ubicación de los teléfonos de los espías no coincidían con la de los políticos porque no se ofrece la localización exacta sino la de la torre de telefonía más cercana.

La Audiencia volvió a rechazar la postura de la jueza y le obligó a abrir la causa por segunda vez. "Existen indicios suficientes de delito (...) basados en las declaraciones de los tres asesores imputados, por su ausencia de credibilidad, en que los seguimientos no se compadecen con la idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria, en la pericial caligráfica que considera a José Manuel Pinto (empleado autonómico) autor de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de seguimiento, en las declaraciones de los asesores que ponen de relieve que recibían instrucciones de Sergio Gamón, y en que los cinco imputados son funcionarios teniendo a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible además de gozar de una nómina mensual durante el tiempo que se realizaron los seguimientos", decía el escrito del tribunal.

Desde entonces -mayo de 2012- el caso ha reposado en ese juzgado. Una de las últimas actuaciones fue la declaración como testigo de Granados, que negó cualquier conocimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid. Las grabaciones en las que el exdirigente del PP se destapa a sí mismo como ordenante de las vigilancias han dado un vuelco a la causa en una nueva guerra interna por liderar las candidaturas en Madrid.

Génova no quiere que Aguirre y González sean un tándem por lo que es posible que uno de los dos caiga. La investigación, por su parte, depende de los movimientos de la Fiscalía -que recientemente había pedido el sobreseimiento-, la jueza y el PSOE madrileño, personado en el caso.

Padres y madres de recién nacidos se han llevado una sorpresa esta semana al ir al pediatra con sus hijos. Tenían una consulta programada, pero al llegar al centro de salud les comunicaron que esa cita ya no aparecía en el sistema, porque la Comunidad de Madrid ha decidido cambiar la normativa de atención a recién nacidos sin avisar previamente ni a los administrativos ni a los padres.

La Consejería de Sanidad ha decidido reducir el plazo por el que estos bebés pueden ser atendidos si no tienen su situación regularizada. Hasta que ha llegado este cambio de normativa, los padres contaban con un año de margen para poder aportar toda la documentación. A partir de ahora, los niños con tres meses que no tengan la situación sanitaria en regla pierden el derecho a ser citados de manera ordinaria.

Esto no supone que el pequeño se quede sin atención médica, pero sí que deje de tener un seguimiento por parte del pediatra o que pierda la opción de acudir a un especialista.

Los bebés tienen derecho a la asistencia por ser menores de edad aunque no tengan tarjeta de residencia, de acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2012, que ha dejado sin sanidad a 870.000 personas, en su mayoría inmigrantes. Sin embargo, les genera muchos inconvenientes. Dejan de tener un registro activo en todo momento (una historia clínica) y pasan a ser atendidos puntualmente, por altas de 24 horas, hasta que su asistencia sanitaria vuelva a estar en orden.

Y eso en una etapa en la que la sanidad pública hace especial hincapié en el seguimiento, con revisiones periódicas constantes del pediatra o de enfermería. Además, durante el primer año se ponen hasta 18 vacunas, la mayor parte del calendario de inmunización. Fuentes del colectivo Yo Sí Sanidad Universal calculan que esta decisión afecta a unos 6.000 pequeños.

"Un tema puramente administrativo"

Los trabajadores administrativos confirman que los problemas comenzaron el viernes 13. Desde entonces la Consejería de Sanidad ha comenzado a dar de baja a recién nacidos mayores de tres meses en el sistema informático. "Hemos ido constatando casos de padres que venían a por citas y no se las hemos podido dar porque los niños estaban borrados", explica Elisa, portavoz de SOS Racismo y trabajadora sanitaria.

Cuatro días después, el martes, la Administración comunicaba oficialmente a los centros de salud su decisión a través de una circular emitida por la Gerencia de Atención Primaria: "La caducidad acordada es de 90 días desde la fecha de nacimiento, ya fuera ésta de Atención Primaria o del hospital. Asimismo, se ha introducido un borrado y paso a histórico automático una vez transcurridos los 90 días."

En el documento justifican esta reducción de plazo alegando que "con frecuencia se sobrepasaba este tiempo (el año) y el menor continuaba en situación de transeúnte y sin tarjeta". Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que este cambio de normativa se trata de un tema "puramente administrativo", y garantizan la asistencia sanitaria en todo momento.

Desde SOS Racismo denuncian que este punto de la normativa afecta sobre todo a hijos "de inmigrantes que no tienen papeles o que tardarán en regularizar su situación, porque necesitan más de tres meses en conseguir toda la documentación".

Durante mucho tiempo, la prensa conservadora ha lamentado que los dirigentes de Podemos salgan en debates televisivos. El crecimiento del partido en los sondeos y el hecho incontestable de que otros partidos también salen y no les sirve de mucho han reducido esas quejas, pero no en el caso de ABC, que conserva la obsesión por el partido de Pablo Iglesias.

Su director, Bieito Rubido, criticó el 5 de febrero "el apoyo de las televisiones de capital de derechas" a Podemos. De ahí a la conspiración sólo hay un paso: "Podemos tiene que aparecer por la mañana, a mediodía y por la tarde. Esto doy fe de que se dice en los comités de dirección de las televisiones", aseguró Rubido en el Foro de la Nueva Comunicación.

También ocurren otras cosas de las que no habla Rubido. Antonio García Ferreras, director de La Sexta afirma que las presiones van en sentido contrario en relación al programa Al rojo vivo: "En nuestra cadena no hemos cedido a las presiones políticas y económicas que nos exigían que no apareciera Podemos".

"He venido yo hoy aquí a reivindicar el buen periodismo", aseguró Rubido el día del Foro. En su caso, eso significa hacer un marcaje constante a Podemos, tanto utilizando razones ideológicas como historias poco más que anecdóticas. O a veces apoyadas en pruebas débiles o inexistentes.

La alumna de las perlas

El pasado martes el diario ABC sorprendió con una información en la que afirmaba que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había suspendido a una alumna "tres veces por llevar perlitas" cuando era profesor de la asignatura Geografía Política en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. La estudiante en cuestión es Maria de las Mercedes Pérez, actual alcaldesa por el PP de Redueña, un pequeño pueblo del norte de Madrid.

Esa misma noche Pérez, la "alcaldesa más joven de Madrid", acudió al plató de El Cascabel, la tertulia política que emite 13TV, donde tras verse acorralada reconoció que la información no es del todo cierta. "Con Pablo Iglesias me examiné una vez. La primera vez fue con María Lois, la segunda con Iglesias y la tercera con Almudena Cabezas, que es con quien apruebo". Cuando le recriminan que no es eso lo que afirma la información publicada por ABC, Pérez se excusa: "No soy yo quien escribe el titular".

La bronca no acabó ahí. Pérez afirmó durante el programa que cuando salió del examen con el ahora secretario general de Podemos pensó que "estaba para aprobar". "No fui a la revisión porque fue una compañera y me dijo: 'Ni te molestes, Merce". Edurne Uriarte, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y habitual de la tertulia, le recriminó su actitud: "Has hecho una acusación gravísima, la más grave contra un profesor, sin haber ido a la revisión".

600 euros

Esta no es la única vez que el diario conservador ha puesto en entredicho el trabajo como profesores de Iglesias y sus compañeros. El lunes 16 el periódico llevaba una noticia titulada Iglesias y Errejón se repartirán 600 euros por un curso de dos semanas. No parecía una cantidad exagerada por la participación de los dos dirigentes de Podemos en un máster de la Universidad de Valencia. La retribución se ajusta a lo normal por este tipo de trabajos en el mundo académico.

El fantasma de Venezuela

Venezuela es otro de los flancos preferidos por el periódico de Rubido. Los trabajos de asesoría que los integrantes de la dirección de Podemos han realizado para los gobiernos de Chávez y Maduro a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) han ocupado varias páginas del rotativo.

Uno de los últimos casos que ABC ha llevado en sus páginas hace referencia al "elevado tren de vida" que Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre o el propio Iglesias llevaban supuestamente en sus estancias en la capital venezolana. Para ello se basan en que la fundación CEPS había alquilado pisos en un complejo residencial "de lujo" en Caracas, el Country Club. Se trata de gastos que la fundación asume para alojar a sus trabajadores y que financia con el pago de las consultorías.

El periódico ha publicado en su web varias fotos como prueba de lo "exclusivo y elitista" que es el complejo. Aparece una piscina que, por sus dimensiones, poco tiene de lujosa.

¿Terrorista?

La reciente elección de las direcciones de Podemos en las comunidades autónomas ha supuesto un nuevo filón para ABC, que no ha tardado en publicar información sobre el pasado profesional de algunos de los integrantes. Este es el caso de Elena Pernas, miembro de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Galicia. El periódico no ha dudado en vincular a Pernas con el ambiente "terrorista" gallego.

En una información titulada Una dirigente de Podemos, ligada a un despacho que defiende a terroristas, el diario que dirige Rubido afirma que la gallega ha trabajado para el Gabinete de Estudos Xurídicos-Avogacía, que ha defendido a miembros del GRAPO. En la propia información se reconoce que no hay constancia de que Pernas haya participado en la defensa de ningún acusado de terrorismo, pero se hace de manera vaga y sin resaltar.

Sin embargo, se destaca en varias ocasiones que al frente del despacho se encuentra Manuel Chao Dobarro, antiguo militante del Exército Guerilleiro do Povo Galego Ceibe, así como los nombres de varios de los clientes del despacho. Al día siguiente el Breogán Riobóo, secretario general de Podemos Galicia, reconocía la información, pero puntualizaba que se había tratado de unas "prácticas de estudiante" de Pernas. "Algo normal en la vida de una persona", añadía.

Cobran sueldos

Al periódico conservador también le llama la atención que el personal laboral de Podemos perciba un salario por su trabajo. El pasado 2 de febrero titulaba su portada Podemos S.A. y aseguraba que Podemos "se ha convertido en refugio salarial y de negocio" para parte de la dirección.

Parece que para el diario que dirige Bieito Rubido es algo anormal que los miembros del Consejo Ciudadano del partido y otras personas cercanas cobren en torno a los 1.400 euros por un trabajo a tiempo completo. Entre esas personas ABC destaca a la novia de Errejón, Rita Maestre, que percibe por un trabajo a media jornada un salario mensual de 705 euros. Asimismo, no duda en criticar que la organización contrate servicios externos con empresas de su confianza. Algo que, por otra parte, hacen todos los partidos, sin que en esos casos ABC ponga el foco de atención sobre ellos.

España está en el camino hacia el pico de casos de cirrosis y cáncer de hígado derivados de las infecciones de hepatitis C. La estrategia del Gobierno contra esta patología –aún en borrador– va a afrontar la llegada del mayor número de estas consecuencias de la evolución del virus en los organismos de los enfermos.

El 21 de marzo, las 'Marchas de la Dignidad' confluirán desde todos los territorios del estado en Madrid para reeditar la manifestación del año pasado. Al día siguiente, el 22 de marzo, en Andalucía se celebrarán las elecciones autonómicas y eso ha provocado que la columna andaluza de las Marchas afronte conespecial trabajo la organización de su acción donde se incluyen integrantes y activistas de movimientos, colectivos y partidos políticos que también están inmersos en la campaña electoral de una u otra manera.

Habla con la necesidad de dejar constancia de los logros y dificultades que acompañan al proceso de paz del que forma parte. De los matices claves para conseguir "ese equilibrio tan necesario entre justicia y paz". Iván Cepeda (Bogotá, 1962), senador colombiano de Polo Democrático Alternativo y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, defiende con contundencia los diálogos mantenidos por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana en busca del fin del conflicto interno que ahoga al país desde 1960.

El acuerdo entre Grecia y el Eurogrupo que amplía por cuatro meses y con condiciones la ayuda a Atenas supone un nuevo plazo, esta vez hasta el lunes, para cerrar una crisis abierta tras la victoria electoral de Syriza y recuperar parte de la confianza perdida.

El acuerdo aleja el inmediato riesgo que pesaba sobre el Gobierno del primer ministro griego, Alexis Tsipras, de quedarse sin liquidez en pocas semanas y con ello verse ante la eventualidad de quedarse fuera del club de los diecinueve países que integran el euro, pero no satisface todo lo que Atenas pedía y sí lo que Berlín quería.

El Gobierno griego, que considera que con este acuerdo el país "ha pasado página" y ha demostrado que la negociación era la vía, dispone ahora hasta el lunes para presentar ante el Eurogrupo las reformas adicionales que los otros dieciocho socios del euro le han exigido.

En esa lista, Tsipras tienen que reflejar medidas concretas que serán evaluadas por las instituciones para decidir la extensión formal de la financiación. "Lo difícil empieza ahora, hemos ganado la batalla, no la guerra", ha reconocido el primer ministro griego en un mensaje televisado que ha remarcado que "ayer hicimos fracasar el plan de las fuerzas conservadoras en Grecia y en el extranjero para asfixiar a nuestro país y demostramos que Europa es un espacio para la negociación y los compromisos beneficiosos para ambas partes y no un espacio de exterminación, de sumisión y de castigo".

Tras tres Eurogrupos y tensas negociaciones marcadas por el tira y afloja entre Atenas y Berlín, escenificado por sus ministros de Finanzas, Yanis Varufakis y Wolfgang Schäuble, el Gobierno griego ha logrado un acuerdo, que si bien depende de las propuestas concretas que presente en dos días, mantiene parte de sus líneas rojas.

Se suprime el objetivo de superávit primario del 3 % del PIB para este año y del 4,5 % para 2016 y en su lugar, el crecimiento se fijará en función de "las circunstancias económicas" de Grecia.

Atenas ha conseguido también congelar las medidas que exigían aumentar el IVA, una medida que afectaba especialmente al turismo, el motor económico de la economía helena, y reducir las pensiones. En su lugar, ha logrado centrar el pacto con los socios en base al objetivo común de combatir la evasión fiscal y la corrupción, reformar la administración pública y luchar contra la crisis humanitaria.

Como contrapartida, el Gobierno de Alexis Tsipras se ha comprometido a no dar ningún paso unilateral que pueda tener consecuencias financieras y comprometer la recuperación económica. Según el Ejecutivo esto no afecta al aumento del salario mínimo, porque, como adelantó Varufakis, no tiene ningún impacto fiscal.

Está previsto que el martes haya una conferencia telefónica entre los socios para evaluar si las nuevas propuestas griegas convencen a los responsables financieros de la eurozona, si no lo hacen, los ministros ya han avanzado que habrá una nueva reunión extraordinaria del Eurogrupo.

El tiempo corre en contra, pues el último tramo del programa de rescate a Grecia expira el 28 de febrero y hay varios países (Alemania, Holanda, Estonia y Finlandia) que necesitan pasar por el trámite de que sus parlamentos den el visto bueno a la prórroga.

Reacciones de los acreedores

Para Alemania, el mayor acreedor de Grecia ya que le debe más de 50.000 millones de euros, esta complicada negociación ha sido para Atenas una lección de que "gobernar es una cita con la realidad", en palabras del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. "El encuentro con la realidad es siempre muy duro porque no es tan bonita como los sueños", dijo tras conocerse el acuerdo alcanzado.

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, considera "positivo" el acuerdo alcanzado entre el Eurogrupo y Grecia porque "permitirá discutir durante cuatro meses sobre un acuerdo futuro y cumple todas las exigencias que había planteado el Gobierno español y muchos otros países".

De Guindos niega haber presentado reservas de última hora o aclaraciones al texto acordado por el Eurogrupo, junto con Portugal, como habían señalado algunos medios griegos. "La postura de España ha sido siempre constructiva. Era un tema de procedimiento. No eran aclaraciones. Lo que hemos estado comentando es en qué sentido va a ir la valoración de las tres instituciones, la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre qué referencia va a ser y que lo conociéramos a priori", afirma.

También la negociación es para François Hollande un "buen compromiso para las dos partes" para que el nuevo Ejecutivo griego "entable sus reformas y respete a los electores griegos, a la que vez que asegure su transición y cumpla con sus compromisos".

"Europa debe mostrar credibilidad y también solidaridad. Credibilidad porque tenemos que mostrar que tenemos reglas y que valen para todos los países" y "solidaridad porque cuando hay países que sufren, es legítimo que podamos acompañarles, al mismo tiempo que se les pide que respeten sus compromisos", ha dicho Hollande al respecto.

En lo que aparentemente han ganado todos ha sido en el inicio de la superación de la desconfianza, pues según el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsslebloem, "se trataba de encontrar confianza entre nosotros... Se ha dado un primer paso en ese largo proceso de reconstruir la confianza".

Ángel Gabilondo será definitivamente el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El exministro, que era el favorito de la dirección de Pedro Sánchez y de la Comisión que dirige el PSM desde la destitución de Tomás Gómez, ha recibido el apoyo mayoritario de los militantes en las asambleas que se han celebrado en los últimos tres días.

La Comision Gestora ha aprobado por unanimidad la propuesta de Gabilondo después de conocerse que su nombre es apoyado por 117 de las 138 agrupaciones socialistas de Madrid. En 132 de ellas, además, su candidatura figuraba en las propuestas, como ha explicado el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Ahora, la Comisión Gestora que preside Rafael Simancas elevará al propuesta a la Comisión Federal de Listas, que dará el visto bueno definitivo a que Gabilondo suceda a Gómez como cabeza de lista en las autonómicas.

Ferraz tanteó a Gabilondo antes de llevar a cabo la maniobra que acabó con el liderazgo de Gómez en la federación madrileña. Aunque en los últimos diez días ha sido prudente y ha evitado erigirse candidato, Gabilondo admitió que estaba dispuesto a concurrir a las elecciones del próximo 24 de mayo. "No es que uno se levante por la mañana diciendo que quiere ser candidato, es que los demás te miran y cuando los demás te miran, miro también a los ojos y afronto el desafío", dijo hace unos días tras mostrar su respeto hacia la decisión definitiva que tomaran la Gestora y los militantes del partido.

La Gestora que preside Rafael Simancas y la dirección acordaron un sistema alternativo a las primarias para designar al candidato definitivo a la Puerta del Sol. Los militantes han acudido a asambleas durante los tres últimos días para opinar sobre el cabeza de lista del PSOE. La dirección provisional se ha encargado de "interpretar" ese resultado y proponer de manera definitiva al candidato, cuya idoneidad debe ser avalada por la Comisión Federal de Listas.

Gabilondo se ha impuesto con una amplia mayoría en esa consulta. El otro nombre avalado, aunque a mucha distancia, ha sido el de Pedro Zerolo, expresidente del PSM. El concejal socialista se descartó primero para concurrir a ese proceso, aunque tan solo tres días después pidió el apoyo a la militancia. La diputada regional Amparo Valcarce, que también se postuló inicialmente para sustituir a Gómez, decidió en el último momento retirarse de la carrera por encabezar la lista.

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostiene que Europa es "un entorno de compromiso y solidaridad" en el que España "puede decir alto y claro que las políticas del PP, de centroderecha, funcionan y crean empleo".

   En la clausura de un acto con mujeres candidatas al Parlamento andaluz en el Palacio de Congresos de Cádiz, Sáenz de Santamaría ha recordado que cuando el PP llegó al Gobierno "toda Europa" miraba a España "como si fuéramos los grandes enfermos", mientras que hoy España "puede ir a Europa a decir cómo se hacen las cosas".

   En esta línea, ha indicado que cuando el PP llegó al Gobierno había "30.000 millones más de déficit en los cajones, había un paro galopante, el país estaba al borde de rescate, a un proveedor no le pagaba nadie y en las casas no entraba un sueldo", y que "encima", España no tenía "más que deudas".

   "Tres años después, donde la economía caía, ahora la economía crece; donde había déficit hay ahora equilibrio presupuestario, y donde no había más que desempleo hoy empieza a decrecer el paro", ha apostillado.

   Asimismo, ha destacado que con el Gobierno del PP "no se han congelado las pensiones", sino que "han subido más de lo que sube la inflación", y ha defendido que las prestaciones por desempleo "no se han bajado".

   Se ha referido también a las voces que acusan al Gobierno del PP de haber debilitado el estado del bienestar en España. "Hay que tener salero", ha dicho, incidiendo en que "Zapatero y compañía" en 2010 "congelaron las pensiones" cuando se puso "la cosa fea en Europa", y en que el "resumen" de la política del PSOE "que hemos vivido y se sigue viviendo en Andalucía" es que "se recortan las prestaciones y sigue destruyéndose empleo".

   Sáenz de Santamaría ha recalcado que con el actual Gobierno "el Plan Prepara no se prorroga cuando le viene bien por propaganda al PSOE, se prorroga por Ley". Al hilo, ha detallado que "uno de cada cuatro" personas que cobran ayudas de este plan "son andaluces, y está bien, pero me gustaría que pudieran tener un trabajo".

EL GOBIERNO "SABE HACER POLÍTICA SOCIAL"

   En este sentido, ha recordado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha sido el Gobierno del PP el que ha aprobado "el plan de activación del empleo", resaltando que lo ha hecho "hablando con los sindicatos", porque el Gobierno "sabe hacer política social y pactada".

   "Hablan de brecha salarial: señor Sánchez, hombres y mujeres debemos saber leer; el informe que está manejando es el de brecha salarial en España de 2006 a 2011, y sé que les gustaría olvidar todos esos años, pero a los españoles no se nos olvidan esos años del paro, de la escasez, de los recortes y de estar al borde del rescate", ha afirmado.

   Ha indicado además que otro "mantra" del PSOE es "que no llega la recuperación", señalando que "el consumo en España sube, la gente compra, suben los índices de confianza, y cuando la gente empieza a comprar, se empieza a vender, y para vender hay que fabricar, y para fabricar hay que crear empleo, y por eso en 2014 se han creado en España 422.000 empleos".

   No obstante, ha manifestado que "en 2015, más", porque "sumando 2014 y 2015 se creará en España un millón de empleos, pero de verdad, porque ya se han creado 422.000, casi la mitad, y con menos crecimiento".

   "Así es como cumple el PP", ha aseverado, y sostiene que Andalucía "es muy importante para cumplir esa meta".

   Ha detallado que "en 2011 se destruía empleo al siete por ciento" y que "ahora se reduce el paro al seis por ciento", al tiempo que ha reseñado que "el ritmo al que se crea empleo en Andalucía es al dos por ciento", preguntándose "¿cuál es el hecho diferencial?" para que "todo el mundo" cree empleo al seis por ciento y Andalucía al dos por ciento. "El PSOE", se ha respondido.

   Expone que "por eso tiene que ganar" el presidente del PP-A y candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, unas elecciones andaluzas "insospechadas". "Cuando las anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no me salían sus cuentas", ha apuntado.

   "¿Por qué unas elecciones en marzo? ¿por qué no en mayo, que van todas juntas y son más baratas?", se ha cuestionado, indicando que "a Díaz a lo mejor le sobran 14 millones de euros". "Ayer me gasté dos millones de euros de más por el capricho de esta fecha, y con dos millones de euros en mi Gobierno se hacen virguerías sociales; aquí se gastan", sostiene.

   La vicepresidenta del Gobierno dice que el Gobierno andaluz "nunca" ha sido "estable" porque han gobernado "los que perdieron las últimas elecciones". Asimismo, ha comentado que "tiempo tenía" el Gobierno andaluz, porque sus responsables "no tenían por qué aprobar unos presupuestos: si llevan tres años haciendo nada, otro poco más tampoco se iba a notar".

ADELANTO PORQUE DÍAZ "TIENE MUCHO QUE PERDER"

   Estima que estas elecciones "se han adelantado no porque Díaz tenga algo que ofrecer, sino sencillamente porque tiene mucho que perder". "Esto va de cuánto pierde Díaz", ha asegurado, manifestando que "el problema es lo que ha perdido Andalucía por no tener un gobierno del PP, lo que ha perdido estos tres años por no haber dejado gobernar al PP".

   Dice que el PSOE "habla ahora mucho de política social", al tiempo que defiende que "hay gobiernos de gastar y gobiernos de pagar, y la poca política social que ha hecho la Junta la ha pagado el Gobierno del PP".

   "¿Que hay un problema en las farmacias? Fondo de liquidez autonómico del Gobierno de la nación, ¿Que hay un problema en pagar al tercer sector? Plan de pago a proveedores; si es que unos gastaban y los cheques los firmaba el Gobierno de la nación", ha destacado.

   Sobre Moreno, Sáenz de Santamaría ha resaltado que en los "más de dos años" que estuvo en el Gobierno, "con unas dificultades tremendas y un agujero brutal en el presupuesto", hizo "política social". "No teníamos mucho para gastar porque nos dejaron eso esquilmado, pero Juanma Moreno hablaba y se entendía con todo el mundo, sabía donde estaba lo importante y daba la cara", ha señalado.

   Al hilo, ha defendido que "si eso supo hacerlo sin presupuesto, anda que no tiene recorrido Juanma Moreno con el presupuesto de la Junta". Considera que en Andalucía "se pueden cambiar muchas cosas, y todo para mejor", y que el margen para ello "es amplísimo".

   "Se puede hacer una educación de calidad, se puede asumir el compromiso de invertir más en sanidad, porque otras comunidades autónomas invierten más en sanidad que la andaluza, se puede crear mucho empleo porque hay mucho paro, pero hay muchas ganas de trabajar, potencial y capacidad", ha enfatizado.

   No obstante, ha apostillado que para ello "hace falta un equipo nuevo, con ganas, que sepa de crisis", y que ésa es "la mochila" que trae Moreno de Madrid: "ayudar al Gobierno a sacar a España de la crisis, a que vuelva la recuperación, a que se genere empleo, a que entretanto no se perjudique el estado del bienestar, a que en este país vuelva a haber una ilusión y una esperanza".

   "Ahora se habla mucho de unos que no quieren cambiar nada: la Junta de Andalucía; otros que quieren cambiarlo todo no sé en qué modelo inspirándose; otros que llegan tarde a proponer cosas que ya hemos resuelto", ha precisado.

   Por último, ha recordado que se han pasado "tres años muy difíciles", pero que en España "no se han recortado las pensiones ni la prestación por desempleo", y que el "trecho" que queda es "crecer más, crear empleo, mejorar la educación y la sanidad, y hacer política social desde el Estado, desde la comunidad autónoma y desde los ayuntamientos", apostillando que en Andalucía "eso va a hacerlo Juanma Moreno porque sabe hacerlo".

"Habrá algún día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga Libertad". El himno, de José Antonio Labordeta, ha sido entonado esta mañana por el cantautor Ángel Petisme y coreado por los asistentes al acto de presentación de la Convocatoria por Madrid. Un himno de la Transición, cuyo régimen alumbrado en el 78 es precisamente lo que pone en cuestión la iniciativa, encabezada por Tania Sánchez y en la que participan Equo, el Partido por un Mundo Más Justo y Gana Madrid (plataforma que incluye militantes del PSOE). Y que se cantó durante un acto que se abrió y cerró a ritmo de los Rolling Stones.

"Nos han llamado ilusos y nos han dicho que soñábamos si el poder político iba a dejarse cambiar sin prestar batalla", ha afirmado Tania Sánchez: "No ha sido fácil. Hemos corrido como locos en estos días, ya no somos soñadores que creen que nada es posible; el sueño colectivo está hoy mucho más cerca. Es imprescindible tener brújulas, pero también qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Hemos visto cómo se está derrumbando un régimen y cómo todo es incertidumbre y miedo. Pero quienes aspiramos a un futuro mejor para las mayorías, no tenemos miedo a la incertidumbre. Hemos oído a expresidentes de este país renegar de la democracia, diciendo que no es compatible con la victoria y el gobierno. Hoy le decimos que la democracia no es contradictoria con armar un proyecto fuerte para Madrid".

Sánchez ha recordado las últimas noticias aparecidas sobre la Gestapillo madrileña: "Nos moriríamos de vergüenza de saber que se espían entre ellos y nos espían a nosotros. Quienes no creen en la democracia y la transparencia como eje de buen gobierno, no pueden ser la garantía del cambio. Y esta región necesita cambio. La democracia que queremos construir es ser capaces de que en la vida cotidiana la gente sea protagonista de las decisiones. El cambio no sólo es hacer primarias y discutir un programa, es que las instituciones estén al servicio de la gente, que Sol deje de ser un búnker para ser el Gobierno del pueblo y abrir puertas y ventanas. Que Sol sea el espacio del Gobierno del pueblo de Madrid".

Sánchez ha lanzado una pregunta al resto de candidatos a la Comunidad de Madrid: "Hay que saber de qué lado está cada uno: ¿de qué lado va a estar Gabilondo? ¿y los candidatos de otros espacios? De un lado están los pueblos queriendo recuperar su dignidad y de otro gobernantes de corbata queriendo recuperar la estabilidad a costa de la gente. Esta convocatoria exige al poder económico ponerse al servicio de la gente, no está al lado de la Gran Coalición de la estabilidad. ¿Dónde van a estar otros? Esa es la pregunta. Estamos con las mayorías sociales que aspiran a ser poder político".

"La democracia no existe si un tercio de la población no puede tener derechos si no tiene dinero para pagárselos", ha reflexionado Sánchez: "Tampoco si los maestros no tienen dignificado su papel crucial... Recuperar la educación pública es un objetivo irrenunciable por el que seguiremos llamando a la gente a las calles. Revertir las privatizaciones de la sanidad es fundamental para hacer un Madrid más digno; no sólo en la gestión, hay que ponerse del lado de sus protagonistas. ¿Quién puede llamarse demócrata cuando expulsa a vecinos de Carabanchel de sus pisos para que se enriquezca un fondo buitre. Hay que garantizar el techo a toda la ciudadanía. Hay una urgencia social en las calles de Madrid con familias sin ingresos, con niños que no tienen qué comer: hay que recuperar la intervención pública para recuperar servicios sociales básicos ante la emergencia que vive esta región".

"Por último", ha proseguido Sánchez, "no me olvido de los que vienen del sur, y tampoco de la gente más necesitada desarrolle un sistema de dependencia que pueda permitirles vivir dignamente. Estos ejes van a recuperar los servicios públicos y el control de las instituciones para la gente. Hoy arrancamos, tenemos prisa, pero no por eso dejamos de caminar con paso firme. Vamos a ganar para recuperar Sol para las gentes de Madrid".  

La portavoz de Equo Inés Sabanés, que ha sido concejal y diputada autonómica en anteriores legislaturas, tras expresar su apoyo a los trabajadores de Coca-Cola, ha afirmado: "Vuestra lucha va a ser nuestra lucha, no tengáis duda de que vamos a ganar y recuperar Madrid. Aquí estamos haciendo un llamamiento al conjunto de la ciudadanía madrileña para un movimiento de unidad popular, con candidaturas ciudadanas por una convocatoria por Madrid. Nos enfrentamos a 20 años de burbujas, que han empobrecido a la minoría, que han hecho ricos a los más ricos, que han expulsado a nuestros jóvenes..." Sabanés, además, ha explicado que "en estos 20 años no se ha garantizado el derecho a la vivienda digna, mientras ha habido construcción ilimitada y especulación. El eje del cambio de modelo de desarrollo es fundamental, permite oportunidades de empleo, combatir la precariedad y rescatar a nuestra gente joven para que vuelva a la Comunidad de Madrid".

"Sabemos lo que hacemos aquí", ha proseguido Sabanés, "sabemos a lo que nos enfrentamos y sabemos cómo hacerlo, cómo tenemos que ganar, que tenemos la experiencia de las luchas en las calles. Aquí hacemos un llamamiento plural a la ciudadanía para ganar para transformar. Para un cambio de modelo económico que genere empleo y combatir la precariedad. Lo único que tenemos que hacer es tener la confianza de que este movimiento va a ser capaz de transformar y cambiar la comunidad de Madrid. Un tiempo se acaba, tenemos que construir uno nuevo, si empezamos hoy todavía podemos conseguirlo".

Procesos

"El método de participación será presencial y por internet, la candidatura debe compatibilizar equipos solventes, cohesionados y plurales, así como la paridad", ha explicado Esther Gómez, una de las dirigentes de Convocatoria por Madrid: "El programa tendrá cuatro ejes fundamentales de acción, sobre el que se construirá un programa abierto, ambicioso y realista". Tania Sánchez enumeró el martes pasado esos ejes propuestos: "Empleo digno; sostenibilidad ambiental; derechos ciudadanos irrenunciables en la defensa de la sanidad, educación y vivienda; y recuperación de democracia y control público".

Gómez ha explicado el calendario para desarrollar el proceso: "21 de febrero, iniciativa; 23-28 de febrero, recogida de aportaciones; 28 de febrero, debate y aprobación definitiva de los ejes programáticos; en marzo se elaborará el programa; y en la primera semana de abril se celebrarán las primarias ciudadanas y validación del programa".

El portavoz del Partido por un Mundo Más Justo, Miguel Ángel Vázquez, ha afirmado: "Hay poco tiempo, y por eso el cómo es fundamental. Por ello, apostamos por una metodología participativa, con primarias, pero también el nombre, el logo... Si esto no es ciudadano, no tiene ningún sentido, sería una propuesta más. Hay que luchar por la centralidad del tablero [expresión utilizada habitualmente por Podemos], pero también a los de los extremos y que se quedan fuera del tablero, como las víctimas de la frontera y los que viven en la Cañada Real".Jesús García del Burgo, de Gana Madrid, ha explicado: "Hay que salir a la arena política con la misma ilusión que las mareas, ambición no nos falta. ". 

También han participado portavoces de diferentes Ganemos. Como Fabio Cortese, miembro de Ganemos Madrid que ha participado a título personal, y ha afirmado: "Es necesaria una candidatura unitaria autonómica: tomamos la iniciativa y vamos para adelante para construir esa candidatura para la unidad popular. Podemos derrotar a la trama de la Púnica; hoy tienen que caer las fronteras que nos han separado a los que hemos sido mayoría social. Es clave que tengamos en cuenta a los que no están, falta mucha gente: para el cambio hacen falta cuerpos, y los que han estado en la calle los queremos con nosotras. Ganar es el camino, hay que transformar la mayoría social en mayoría política, sin abandonar la calle".

Daniel Santacruz, de Ganemos Pinto y del MIA, por su parte, ha explicado: "En Pinto hemos confluiodo Equo, Frente Cívico, Podemos, Movimiento de la Izquierda Alternativa de Pinto [MIA], Socialmente Activas y vecinos individuales. Creemos que es necesaria la confluencia de todas las fuerzas sociales para recuperar la Comunidad de Madrid. Si lo hemos hecho en Pinto, ¿por qué no en la Comunidad de Madrid?". Y Pablo Aldama, activista de Ganemos Colmenar y miembro de Equo, ha afirmado: "Nos encontramos en el 15M, en las plazas y los vecinos hemos sabido organizarnos. Hoy empieza el cambio en la Comunidad de Madrid".

El acto ha sido presentado por José Vicente Barcia, activista social, y Cote Romero, activista del ámbito de la energía y la ecología, y ha tenido lugar en un repleto salón de actos de la sede central de la UGT en Madrid –el aforo es de unas 700 personas–.

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que si llega a la Presidencia del Gobierno andaluz, éste "tendrá más mujeres que hombres". Defiende que "hay tantas mujeres con talento en el PP", que no tiene que irse a "una política de cuotas".

En la clausura de un acto con mujeres candidatas al Parlamento andaluz en el Palacio de Congresos de Cádiz, Moreno ha resaltado que "lo primero" que va a hacer si llega al Gobierno andaluz es preocuparse por "generar oportunidades y quitar obstáculos al conjunto de las mujeres andaluzas".

Asegura que tomará "medidas reales" para las mujeres, y ha apelado a las mujeres andaluzas para "provocar un cambio real en Andalucía, transformar su realidad, diseñar y crear una nueva Andalucía de oportunidades, futuro e ilusión".

En esta línea, ha afirmado que sabe que "la salida de la crisis en Andalucía y el cambio político en Andalucía viene con nombre y apellido de mujer", y que "son las mujeres las que van a propiciar el cambio" en la comunidad autónoma.

Izquierda Unida ha ratificado este sábado su decisión de formar parte de todos los procesos de confluencia para las próximas elecciones, abriendo así la puerta a que Mauricio Valiente, su candidato en las municipales de la capital, pueda participar en el acuerdo entre Ganemos y Podemos en el Ayuntamiento de Madrid si así lo ratifican sus militantes en referéndum.

El Consejo Político Federal de IU ha apostado por unir fuerzas con otros partidos y movimientos sociales en las próximas elecciones. Y aunque insiste en que la coalición electoral es la mejor fórmula para hacerlo, reconoce la existencia de otras realidades y manifiesta su voluntad de participar "en todos los procesos de confluencia electoral" que supongan "una alternativa real al bipartidismo".

La resolución señala directamente la existencia de estos procesos de unidad en Pontevedra, Orense, Santiago "y otras de Galicia", así como en la ciudad de Madrid, casos en los aboga por participar en la confluencia en caso de que sean aceptados mediante referéndum "entre la militancia de los espacios implicados".

Este punto abriría la puerta a que Mauricio Valiente se presentara a las primarias para ser el candidato del "partido instrumental" anunciado por Ganemos y Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, una fórmula que sin embargo la dirección de la federación madrileña ya ha dicho que no acepta.

Con esta resolución, los próximos días pueden ser decisivos para el devenir electoral de IU en Madrid ante la posibilidad de que Valiente insista en participar en el partido instrumental sin el aval de la dirección de IUCM, que pueda optar finalmente por nombrar a otro candidato.

La resolución ha salido adelante en el Consejo Político con un 73 por ciento de apoyos (106 votos a favor, 38 en contra y una abstención). Cayo Lara, que esta misma mañana cargaba sin mencionarlo expresamente contra el partido instrumental acordado en Madrid, también se ha sumado.

La divergencia de posturas que suscitan las diferentes fórmulas de convergencia lo demuestra el encendido debate que ha habido este sábado al respecto, ocupando una parte importante de una reunión en la que más de 70 militantes han tomado la palabra para manifestar su postura.

"Ha llegado la hora de dar un paso al frente y asumir que estos espacios de confluencia son la referencia electoral de Izquierda Unida para las próximas elecciones", plasma la resolución redactada por la secretaria de Convergencia de IU, Lara Hernández, 'mano derecha' en este asunto de Alberto Garzón, próximo candidato de la organización a la Presidencia del Gobierno.

Garzón, dispuesto a renunciar a su 'logo'

Antes del Consejo Político, Garzón ya había manifestado su firme apuesta por la unión de fuerzas en las elecciones. "Nuestro propósito es transformar la vida de las personas y parar el ataque neoliberal que están haciendo el PP y el PSOE", ha explicado Garzón. "Y si para ese propósito en algunos territorios se considera por la militancia que la mejor opción es una candidatura de unidad popular en la que no aparezca el logo, para nosotros no es un problema porque se garantizará en todos los casos la autonomía y la independencia de Izquierda Unida", ha aceptado.

Con la resolución aprobada, IU Federal manda a sus organizaciones y militantes a implicarse en "la construcción y desarrollo" de estos espacios de convergencia, "ya que suponen espacios reales de transformación". Aunque para ello establece que deben cumplir determinados principios, como que cuenten con un código ético, sean de base municipalista, garanticen su continuidad y duración en el tiempo o respeten la autonomía de las fuerzas políticas que los integran.

"Somos conscientes de que de para construir una alternativa real del poder es precisa la acumulación de fuerzas, y eso pasa por la convergencia con otras fuerzas políticas, sociales y con la ciudadanía general en la construcción de espacios de confluencia amplios en todos los ámbitos", insiste la resolución.

División sobre Madrid

La situación de Madrid ha copado también gran parte del debate en el seno del Consejo Político, en el que ha estado también presente la decisión adoptada este viernes por la Presidencia federal de expulsar de la organización a los portavoces en la Asamblea de la comunidad y el Ayuntamiento de la capital, Gregorio Gordo y Ángel Pérez.

Algunos de los dirigentes de la federación madrileña, próximos a Gordo y Pérez, han criticado este movimiento y han advertido de que IU federal no tiene competencias para adoptar esta decisión. Esta postura la han defendido, por ejemplo, la vicealcaldesa de Fuenlabrada, Teresa Fernández, o el candidato en Leganés, Rubés Bejarano.

Mientras, miembros de otras federaciones han reclamado una reacción firme ante la postura de la dirección de Madrid, llegando incluso a "desfederarla" si no cumple las resoluciones federales.

"La nueva dirección de la residencia del Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, será: C/ Bailén, 12 8º dcha". Con este escueto comunicado, la web del Arzobispado de Madrid confirmaba que el cardenal Antonio María Rouco Varela, seis meses después de su cese, al fin ha abandonado el palacio arzobispal. Aunque no el lujo: según ha podido confirmar eldiario.es, la reforma de la nueva residencia del purpurado ha costado más de medio millón de euros, que ha tenido que asumir el nuevo arzobispo, Carlos Osoro. Un nuevo gesto muy alejado de la "Iglesia pobre y para los pobres" que predica el papa Francisco.

El "cardenal okupa" (como le llaman, con cierto sarcasmo, los curas de la diócesis) se ha ido. Le ha costado medio año, pero Rouco Varela ha dejado la sede del Arzobispado a su sucesor. Pero se ha ido cerca, muy cerca: apenas a diez metros de la catedral de La Almudena. El lujoso ático, de 370 metros cuadrados, cuenta con seis habitaciones, dos de ellas en la zona de servicio, y cuatro cuartos de baño. La habitación principal tiene baño incorporado y vestidor.

El piso tiene también una amplia terraza con unas imponentes vistas de Madrid, y ha sido reformado recientemente. El edificio en el que se encuentra es obra, entre otros, del arquitecto Julio Cano Lasso y está situado en uno de los emplazamientos más especiales de la ciudad. La vivienda fue una donación al arzobispado. Hasta ahora vivían allí cuatro sacerdotes, profesores de la universidad de San Dámaso y pertenecientes a Comunión y Liberación, que ahora residen en un piso de la calle de Goya.

Dos monjas y un secretario

El cardenal vivirá acompañado por dos religiosas, así como un secretario sacerdote. Junto a la reforma del piso, Rouco ha adquirido un coche nuevo. En estos días, la mudanza está terminando de llevar a su nueva residencia algunos tomos de la biblioteca personal de Rouco Varela, para después proceder a pintar y reacondicionar el palacio arzobispal. Por el momento, Carlos Osoro continuará residiendo en la casa de las Hermanitas de los Pobres Desamparados, en Aravaca.

El dinero, como no podría ser de otro modo, ha salido de las arcas de la diócesis de Madrid, que después de 20 años de obras faraónicas –y sin contar el aparcado proyecto de las Vistillas– tiene una hipoteca que podría superar, según algunas fuentes, los 20 millones de euros.

Así las cosas, a Osoro le espera una difícil papeleta: la de intentar que cuadren las cuentas. No es nuevo en estas lides, pues ya tuvo que acabar con una deuda similar en la Valencia de Camps, Barberá y el despilfarro. A diferencia de la ciudad del Turia, en la capital de España no hay tanto bolsillo dispuesto a desembolsar dinero en estos tiempos de crisis.

Rouco se va, pero sin marcharse del todo. Desde su nueva atalaya intentará marcar de cerca al nuevo arzobispo de Madrid, que sin embargo poco a poco va marcando su impronta, y está a punto de designar a su equipo, que comenzará a funcionar con el nuevo curso. Osoro ya ha hecho un gesto eliminando la macromanifestación en Colón, que corría a cargo de la diócesis aunque en realidad fuera un acto copado por el Camino Neocatecumenal. El resto de recortes no serán tán fáciles de llevar a cabo.

La ubicación de una inversión extranjera que ha recibido la compañía farmacéutica española Almirall en las estadísticas oficiales de la Secretaria de Estado de Comercio se ha convertido en la enésima batalla entre Cataluña y Madrid. El trasfondo soberanista encona aún más los ánimos. Según fuentes del ministerio de Economía, el registro de DataInvex correspondiente a inversión foránea bruta en Cataluña es “absolutamente fidedigno”. Los datos indican que el presupuesto destinado a esta Comunidad Autónoma entre enero y septiembre del año pasado cayó un 45%, al pasar de 1.999 millones de euros en los nueve primeros meses de 2013 a los 1.094 millones del mismo período de 2014.

En cambio, para la Generalitat catalana la inversión extranjera, lejos de disminuir, aumentó un 35%. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Se trata de divergencias de criterio sobre dónde colocar una operación relevante de compra de activos protagonizada por la multinacional británica AstraZeneca, que ha adquirido los derechos de la actividad respiratoria de Almirall por un importe que podría llegar a los 1.560 millones. Esta es justamente la cifra que el departamento de Empresa de la administración catalana ha añadido para justificar que la inversión extranjera aumentó entre enero y septiembre hasta 2.654 millones. Un portavoz de esta consellería argumenta que las inversiones se computan normalmente a la Comunidad Autónoma donde reside la empresa que recibe la inversión. En este caso, la operación con AstraZeneca correspondería a Almirall, que mantiene su sede social en la avenida General Mitre de Barcelona.

Las mismas fuentes critican que en la estadística del ministerio, la compra realizada por la multinacional, con filial y oficinas centrales en Madrid, ha ido a parar a un epígrafe diferente, en el que se incluyen las operaciones imputadas a todo el territorio español. Y es en este punto donde el consejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, ha visto malicia. “Lo que sí que afecta es una inversión importante, una adquisición empresarial de una empresa del sector farmacéutico, de 1.560 millones, que se ha identificado claramente en el registro del ministerio de Economía. Casualmente aparece como deslocalizada, y es una operación que afecta a una empresa catalana”, explicó Puig durante su intervención en un pleno del Parlamento catalán del pasado 21 de enero, a pregunta de una diputada de CiU.

El ministerio no rellena formularios

Efectivamente, la colocación de esta inversión en un epígrafe u otro puede provocar que la estadística caiga o aumente. Desde la Secretaría de estado de Comercio matizan que en realidad “la inversión no la asignan a las comunidades autónomas los funcionarios del ministerio, sino las propias empresas en los formularios preceptivos”. Es decir, que los directivos de Almirall situaron la inversión en la casilla estadística que consideraron más acertada. Ni en la compañía catalana ni en AstraZeneca han querido mostrar su opinión, pero fuentes cercanas a la operación dan por seguro que la inversión no se ha computado a Cataluña porque su impacto se centra principalmente en el extranjero y porque AstraZeneca no ha comprado una fábrica o un inmueble, sino que se ha quedado con los derechos de desarrollo y venta futuros del negocio respiratorio de Almirall. Una inversión más bien intangible.  

Según el comunicado oficial remitido a la Comisión nacional del mercado de Valores (CNMV), Almirall concluyó la transacción con AstraZeneca el 1 de noviembre. Esto quiere decir que incluso es posible que la operación quede fuera del cómputo de los nueve primeros meses de 2014. Por si fuera poco, más recientemente el acuerdo se ha ampliado. En otro hecho relevante a la CNMV del 5 de febrero, Almirall indicaba que AstraZeneca también será la propietaria de los derechos sobre bromuro de aclidinio de la multinacional irlandesa Actavis en Estados Unidos y Canadá.

La empresa española de la familia Gallardo acordó en julio pasado la venta de su franquicia respiratoria a la multinacional británica por 1.560 millones, con un primer pago al cierre del acuerdo de 652 millones. El resto (908 millones) se vincularían al cumplimiento del lanzamiento de los productos al mercado. El pacto incluye el fármaco contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) Eklira (aclidinio). La filial alemana que desarrolla inhaladores Sofotec también pasará a manos de AstraZeneca. En total, quedaran afectados 150 empleados españoles de Almirall, que pasarán a formar parte de la plantilla de la multinacional compradora, al igual que otros 569 trabajadores en el extranjero.

Volatilidad inversora

Para el profesor de Economía de la escuela de negocios Eada, Joan Miquel Piqué, la operación permitirá a Almirall destinar el montante de la operación al desarrollo de otras actividades. La misma compañía ha reconocido que podrá potenciar el área de dermatología. En este sentido, el presidente de la compañía farmacéutica, Jorge Gallardo, ha reconocido recientemente a la agencia Efe la voluntad de duplicar el tamaño en los próximos cinco años.

Joan Miquel Piqué remarca que en ningún caso se puede utilizar este traspaso de activos entre AstraZeneca y Almirall como un arma política. “Si los datos de inversión pueden variar dependiendo de dónde se compute ya da una muestra de la volatilidad de los momentos que vivimos”. Ciertamente, los porcentajes de modificación de un año a otro son muy elevados. Según la versión de la Generalitat, atribuyendo la operación a Cataluña, la inversión productiva extranjera aumentaría un 190% en el tercer trimestre de 2014, suponiendo el 42% del total recibido en España.

“Debemos estar contentos de que esta inversión haya recalado en Almirall. El resto son rifirrafes sin contenido”, concluye.    

Nervios a flor de piel

Así las cosas, la derivada política se ha concentrado en esta ocasión en una batalla de cifras y estadísticas, con el trasfondo de la pugna por el liderato inversor entre Madrid y Barcelona, las dos plazas que suman más del 80% de las inversiones extranjeras en el conjunto del Estado. Y además, el tema soberanista no ha ayudado a calmar los ánimos. En la misma sesión plenaria, Felip Puig enfatizó que “se ha producido una distorsión grave de la asignación territorial de las inversiones. Lo podríamos interpretar como un error técnico si no fuera por la rapidez con la que la información ha llegado a determinados fórums que combaten sistemáticamente la transición nacional catalana”.

La hipotética pérdida de fuelle de Cataluña en la atracción de inversiones extranjeras viene de lejos. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, afirmó en noviembre pasado que Cataluña estaba perdiendo el interés de los inversores internacionales en beneficio de Madrid debido a la presión soberanista.

A la incertidumbre por el resultado obtenido se suma la de si la corrección del examen ha sido adecuada. Los estudiantes de Medicina, Farmacia, Enfermería o Física que se presentaron a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (que aglutina el MIR para médicos y el FIR para farmacéuticos, entre otros) se encontraron con la sorpresa a principios de esta semana de que la corrección realizada de sus exámenes y las respuestas correctas del mismo no coincidían. El sistema de corrección falló, dando en la mayoría de casos por incorrectas las respuestas correctas.

Un fallo de informatización de los exámenes ha provocado centenares de quejas de los estudiantes ante las distintas subdelegaciones del Gobierno, encargadas de recoger las reclamaciones. A pesar de que el plazo de reclamaciones no ha comenzado, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a volver a revisar las 28.830 pruebas que se realizaron.

"Teníamos una copia de la plantilla original en la que venían las respuestas al examen, y nos llegó nuestro examen con lo que habíamos acertado o fallado. Nos ha pasado a muchos, pero a mí la corrección me ha cambiado hasta 17 respuestas, que no se corresponden con lo que yo puse", cuenta Ana, una de las aspirantes de Medicina que se presentó al examen realizado el 31 de enero. Su caso es uno de los más graves, ya que varios estudiantes consultados por eldiario.es revelan que la mayoría de sus compañeros cuentan con entre dos y cuatro respuestas mal corregidas.

Pero este número de errores en apariencia exiguo tiene importancia dentro del sistema para aprobar y contar con un puesto más o menos alto en el escalafón para elegir especialidad. Cada fallo en la prueba supone la resta de un tercio con respecto a lo respondido correctamente. Según cálculos del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), "una respuesta incorrecta puede suponer hasta 100 puestos en la lista que determinará el lugar en el que el estudiante puede escoger qué tipo de residencia realizará", relata Guillermo Viguera, portavoz de la asociación.

Por tanto, en casos como el de la estudiante que ha sufrido la mala corrección de hasta 17 respuestas, que no se hubiese detectado este problema a tiempo podría haberle supuesto la repetición del MIR, al perder casi todas las opciones de hacerse con una de las 7.527 plazas disponibles para la Formación Sanitaria Especializada.

El sistema de examen para los aspirantes al MIR y demás carreras consta de 225 preguntas, a las que se suman 10 de reserva. Cada cuestión ofrece cinco posibles respuestas ordenadas del 1 al 5, de las cuales el estudiante debe escoger una. Para corregirlo, la empresa subcontrada por el Ministerio informatiza las pruebas y va comparando con una plantilla donde aparecen los números correctos de cada pregunta. Un sistema que desde el CEEM aseguran que no ofrece las garantías suficientes y que ya había fallado, pero que nunca a estos niveles, donde en un solo día se doblaron todas las reclamaciones interpuestas en la convocatoria del año pasado.

Los errores más comunes que han experimentado los estudiantes consultados por este diario están en que en una pregunta en la que responden con la opción número 4, el ordenador lo cambia por la opción número 1, además de al elegir la 3 la máquina haya entendido que has respondido con la 5. En algunos casos, una pregunta que sí se había respondido, al corregirla aparece que se ha dejado en blanco.

Sanidad resta importancia a lo ocurrido y niega que se haya producido un error masivo. A través de su director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno, el Ministerio ha asegurado que solo se han presentado 600 reclamaciones. Esta cifra supone el doble de todas las presentadas el pasado año, y es seguro que el número aumente. El Ministerio solo comunicó los datos de las quejas interpuestas en la subdelegación del Gobierno de Madrid fuera del plazo estipulado y en un solo día. Faltan por sumarse las de otras ciudades y las de días posteriores, además de las que se comiencen a recibir a partir del 27 de febrero, fecha oficial para iniciar las reclamaciones.

Los fallos de corrección también van a provocar que los estudiantes no puedan calcular con qué puesto contarán para elegir antes o después su especialidad. Para aprobar es necesario obtener como mínimo una nota que se corresponde con el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de cada área. Posteriormente, esa calificación determinará si se puede acceder a una de las 7.000 plazas disponibles y en qué puesto de la lista. Si no se producen errores de corrección de esta magnitud, los estudiantes ya saben con su nota provisional a qué aspiran. Su puesto apenas variará al salir la nota definitiva. Este año, y si Sanidad no revisa a tiempo todos los exámenes, no podrán hacerse una idea de cuáles deben ser sus objetivos para una posible residencia.

Por el momento no se sabe si los fallos del sistema informático y la posterior decisión de Sanidad de volver a revisar todo provocarán el retraso de la publicación de notas definitivas. Los estudiantes cuentan con la palabra del Ministerio de volver a corregir los exámenes. Todo con el objetivo de evitar que se produzcan otros problemas derivados de la mala corrección. "El régimen competitivo del sistema para acceder a la residencia podría provocar que los beneficiados por los fallos al informatizar los exámenes no reclamasen, subiendo su calificación y puestos en el escalafón", asegura Anxo, otro de los estudiantes que realizó el MIR.

Desde la CEEM aseguran que ya habían avisado de la precariedad de este sistema de corrección. Para evitar un caos como el provocado en esta convocatoria, proponen que la corrección de los exámenes se haga con una plantilla en la que los cuadros de las respuestas correctas estén sombreados. Así no sería necesario transcribir a ordenador directamente los números escogidos por los estudiantes para revisar cada prueba.

Este medio se ha puesto en contacto con Sanidad para recabar su versión sobre lo ocurrido: si la empresa subcontratada que corrige las pruebas es nueva, si es la misma de años atrás o si dispone de un número actualizado de reclamaciones. Al cierre de este artículo, el Ministerio no había respondido.

Frédéric Viale es abogado, economista y miembro del consejo científico de ATTAC Francia, una organización que desde 1998 lucha contra la globalización económica. Especialista en política comercial de la Unión Europea y en tratados de libre comercio, Viale fue una de las primeras personas en conocer que la UE estaba negociando en secreto un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) empezaron en julio del 2013 y ya van por la octava ronda de encuentros entre la delegación negociadora de la Comisión Europea y el equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En una gira de conferencias por Cataluña sobre el TTIP la pasada semana, Viale explicó que este tratado permitirá una liberalización generalizada y facilitará que las multinacionales puedan perseguir a aquellos estados que se opongan a sus “intereses legítimos”.

¿De qué modo unas normas que regulen el comercio entre Europa y EEUU, como las que establecería el TTIP, pueden afectarnos?

Este tratado cuenta con dos mecanismos. Por un lado, el de resolución de disputas inversionista-Estado, por el cual una empresa puede dirigirse a un tribunal de arbitraje internacional para pedir compensaciones económicas en caso de que una decisión pública de un Estado, municipio o autonomía afecte negativamente a los beneficios que espera tener. Estas compensaciones, como vemos en otros tratados comerciales como el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), son de millones de dólares.

Por otro lado, está el mecanismo de convergencia reglamentaria, basado en la creación de un comité de expertos privado. Cualquier reglamentación, como podría ser sobre el fracking, la protección del medio ambiente o los derechos sociales, que tenga un efecto sobre el comercio tendrá que presentarse ante este comité y sus miembros preguntarán a las empresas si están de acuerdo con estas reglamentaciones. En caso negativo, no habrá reglamentación. Las leyes se verán afectadas directamente por los deseos de las empresas.

¿El tratado estaría por encima de las decisiones tomadas en los Parlamentos?

De hecho, sí. Porque en caso de que exista un problema de intereses, la empresa puede acudir al arbitraje internacional, que costaría mucho dinero al Estado. Si los estados se niegan a pagar este proceso o las compensaciones que pida la empresa y si la gente quiere o no que se apliquen estas reglas, no va a importar más.

¿Cuál es el procedimiento para que el TTIP sea aprobado o suspendido?

Una vez firmados, los tratados de libre comercio deben aprobarse por mayoría cualificada. Esto quiere decir, normalmente, que si hay dos países importantes y dos o tres países pequeños que dicen “no”, pueden bloquear la aprobación del tratado en este nivel. Si, por ejemplo, España, Italia y Francia dijeran “no”, el TTIP se bloquearía. También, al margen de la normativa de los tratados y atendiendo a la realidad política del momento de quien domina la UE, si Alemania dijera “no”, el tratado no avanzaría. En caso de que el TTIP fuera aceptado en primera fase, debería pasar al Parlamento Europeo y podría ratificarse con una mayoría normal, con el voto de al menos el 50% de los diputados europeos.

¿En qué estado se encuentran las negociaciones?

Actualmente existen dos tratados de libre comercio. El tratado entre la UE y EEUU, cuyas negociaciones probablemente no terminarán en al menos dos años, y el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que tiene los mismos dos mecanismos que el TTIP y ya ha sido firmado, de modo que va a ser presentado a los líderes europeos en junio y, probablemente, al Parlamento Europeo para su ratificación a final de año o principios de 2016. Tras su aprobación en el Consejo europeo, el Parlamento Europeo deberá decir “sí” o “no” al tratado y después se verá si la Comisión Europea da lugar a que se puedan hacer ratificaciones nacionales. Al fin y al cabo, la decisión de ratificación a nivel nacional es una decisión política y los estados miembros de la UE deben luchar para obtenerla. Pero por el momento la Comisión Europea es reacia a estas ratificaciones nacionales.

Las negociaciones del TTIP son secretas, pero la Comisión Europea ha publicado informes sobre su estado. ¿Hasta qué punto son relevantes en cuanto a la transparencia del tratado?

Por el momento, no son relevantes. Todas las informaciones que la Comisión ha publicado hasta ahora ya fueron filtradas anteriormente. Es positivo que se publiquen oficialmente, pero hemos tenido que esperar para verlas un año y medio. Todo lo que necesitamos para entender lo que pasa proviene de filtraciones. Y por el momento el esfuerzo de la Comisión para ser transparente no es suficiente. Tengo mucha más información en mi ordenador, por ejemplo, que la que ha publicado la Comisión.  

En el último de estos informes, del 5 de febrero, la Comisión dice, al referirse a la convergencia reguladora, que primero se tiene que velar por cuestiones como los trabajadores o el medio ambiente antes que por los beneficios de las empresas. Eso son declaraciones de la Comisión. Existen declaraciones políticas y podemos creerlas o no. Pero no son jurídicamente vinculantes. Sólo el tratado lo es. Y en el corazón del tratado, en su texto, no hay ningún aspecto que dé garantías de que va velar por el medio ambiente, los derechos sociales y los derechos humanos.

Lo que sí recoge el texto es el mecanismo del “reconocimiento general de las normas”, por el cual, por ejemplo, si una empresa fabrica un producto transgénico atendiendo a las normas de EEUU, éste va a poder comercializarse en Europa aunque existan leyes que los prohíban. No podemos creer a la Comisión cuando dice que va proteger los derechos si el tratado tiene estos mecanismos.

También dice que los tribunales de arbitraje no son necesarios.

Tendemos a focalizar la atención en estos tribunales. Pero el objetivo general del tratado es la liberalización generalizada; significa el final de los servicios públicos, el final de las protecciones sociales. Así que si no hay el mecanismo ISDS, el tratado será menos escandaloso pero no aceptable. Tampoco lo será con el mecanismo de convergencia reglamentaria, que es una negación de la democracia; éste estará antes de cualquier debate público y esto es un ataque masivo contra la democracia. Estas afirmaciones son solamente lo que dice la Comisión. Palabras. Los juristas leemos los textos. Y en los textos, por el momento, no tienen ningún cambio sobre el ISDS ni ningún cambio sobre la liberalización generalizada y la convergencia reglamentaria. Y en francés hay un dicho: “Las promesas son vinculantes para quienes se las creen”.

¿Cuál es el papel de las grandes corporaciones y los lobbies en la negociación de este tratado?

Es el tema crucial del TTIP. En la UE hay un lobby muy importante de las grandes empresas y bancos de los dos lados del Atlántico, el TransAtlantic Business Council (TABC), y también participa el European Services Forum, por ejemplo. Antes de empezar las negociaciones para el TTIP, la UE hizo 120 consultas. De éstas, solamente 19 fueron a organizaciones sociales o ecologistas. El resto, con empresas y bancos. El tratado proviene del deseo de los lobbies. El TTIP realmente no es un deseo de los pueblos.

Febrero de 2014. Una caravana de corredores franquea la línea de meta de la Media Maratón de Barcelona. Casi 22 kilómetros después, tras coger aire, los participantes caminan de vuelta a casa. Para la mayoría, incluso para los ganadores, las consecuencias de la carrera serán prácticamente intrascendentes, con la marca personal o una posible lesión como principales quebraderos de cabeza. En cambio, para un pequeño grupo, culminar la prueba entre los primeros supondrá transformar su vida y la de muchos de los que les rodean.

Es el caso de las atletas femeninas con pasaporte keniano o etíope. El fondismo en sus países está consiguiendo remover los cimientos sociales, los roles entre hombres y mujeres. Dos países donde el machismo ha calado hondo pero que ahora comienza a combatirse con las zapatillas de deporte calzadas. El dinero conseguido en las pistas aporta a estas mujeres una estabilidad económica que les permite ser independientes para decidir cómo administrar sus cuentas, y por consiguiente, su futuro. Al volver a casa después de la competición la estampa ha cambiado: las mujeres aportan el sustento y los maridos se ocupan de las tareas del hogar.

Un documental nos abre los ojos a esta incipiente "revolución". El atletismo como agente para la emancipación femenina queda retratado en 01:05:12. Una carrera de fondo, dirigido por Javier Triana y Rubén San Bruno. Los exteriores se sitúan entre las áridas tierras de Kenia y Etiopia, y el protagonismo lo ostentan las mujeres atletas laureadas con grandes éxitos internacionales. El guión revela cómo a golpe de zancada y de medallas se están removiendo los puntales que frenan la igualdad de género. "Es solo el comienzo, pero algo empieza a cambiar", asegura Javier Triana.

La primer parte del metraje se sitúa en Iten, un pequeño pueblo al oeste de Kenia, donde la panorámica ha evolucionado en los últimos años. En sus caminos rojizos ya no se ve solo a hombres preparándose para la competición, con un entrenador dando instrucciones desde un todoterreno. Han florecido hoteles y peluquerías cuyos dueños y empleados no están reservados solo a los varones, y los niños no son los únicos que hablan de sus perspectivas de futuro con ilusión. Pero para que esta transformación haya empezado a materializarse las atletas han tenido que sortear un camino plagado de obstáculos. Y no ha sido nada fácil.

"Mi mánager me decía '¿Por qué compartes tu dinero con tu novio?'. En Alemania me di cuenta de que para algunas mujeres cuando el dinero es suyo, es solo suyo. Pueden mantenerse ellas solas". Es el relato de Agnes Kiprop, que resume a la perfección el nuevo espíritu que se atraviesa en Kenia. En las repisas de su casa no hay hueco para más premios. Ante la cámara relata cómo viajar les ha abierto la mente, cambiándoles su actitud ante el día a día: "Era mi dinero, pero mi marido quería decidir cómo invertirlo. Yo pagaba el colegio, la casa, mientras él igual estaba borracho… Así que decidí quedarme sola con mis hijos".

Uno de los entrenados admite que algo está cambiando: "El hombre siempre ha tenido la obligación de ir de caza y defender a la familia, y la mujer se encargaba de todo lo relacionado con el hogar". Hasta ahora. Las familias, aunque con reticencias, "se han dado cuenta de que ganan más si la mujer es atleta que con la dote que les darían si se casa tras dejar el colegio", cuenta un misionero encargado de uno de los colegios más distinguidos de la zona. Un factor que no es baladí: la suma de educación y atletismo se ha convertido en la combinación perfecta.

De atletas a símbolos del cambio

Que las niñas puedan recibir una educación, cuentan los protagonistas, les permite compaginar su carrera deportiva con unos estudios que sean garantía de futuro cuando la edad les haga dejar las competiciones. "Una mejor educación para las mujeres es garantía de un futuro mejor", afirma Lornah. Esta atleta retirada de 40 años cuenta entre sus vitrinas con dos oros mundiales, aunque su mayor satisfacción procede de algo intangible: se ha convertido en la inspiración para muchas mujeres de Iten, a las que ahora facilita más oportunidades con un centro de entrenamiento construido gracias a los éxitos que le ha brindado la pista.

Pero, además de la educación, hay otro pilar que ha permitido que germine esta revolución. Ese es el turismo deportivo. La llegada de extranjeros a estas tierras ha sido decisiva para que mejoren los equipamientos, como por ejemplo una nueva pista de tartán, a la vez que también funciona de trampolín para una red de comercios que giran en torno a este fenómeno: desde fruterías, hoteles, e incluso salones de belleza. Si bien, lo positivo no reside solo en la llegada de foráneos de todas las partes del mundo, sino también de las salidas de los autóctonos a competiciones de otros países.

La mayoría de las mujeres que aparecen en el documental están divorciadas o sencillamente han decidido vivir sin compromiso, en la soltería. Una idea que en España a estas alturas no genera sorpresa, pero que en Kenia o en Etiopía es un paso insólito. Así, el atletismo les regala libertad en un sentido muy amplio: pueden marcar su futuro profesional y comienzan a decidir su posición en el ámbito personal sin cortapisas. Aunque la llama del machismo sigue latente. "Notas que algunos hombres lo aceptan, pero otros aunque te lo dicen, luego al explicarse notas contradicciones. Esto llevará muchos muchos años", apostilla Javier Triana.

El caso de Feyse Tedese es otro. Junto a su marido, con quien intercambia miradas de complicidad, cuenta como él dejó sus ambiciones a un lado y se centró en ayudarla para que pudiera triunfar, lo que le hizo armarse de autoestima. La residencia del matrimonio está colindante con Adís Abeba, la capital de Etiopía, un núcleo urbano donde se advierte más la metamorfosis social y las nóminas son más generosas.

En esta ciudad conviven dos referentes para aquellos que quieren dedicar su vida al atletismo. En el lado femenino está la etíope Derartu Tulu, oro en 10.000 metros en Barcelona 92, el primero para una mujer africana negra en unos Juegos Olímpicos. Con el dinero logrado está construyendo un centro y un hotel, donde se genera trabajo. En el plano masculino se encuentra Haile Gebreselassie, uno de los rostros más reconocible del fondo mundial, mudado a empresario de éxito y aspirante a la presidencia de Etiopía. "De las 1.200 personas que empleo, el 55% son mujeres. Por eso va bien mi negocio", dice esbozando una sonrisa.

El documental 01:05:12. Una carrera de fondo nació de la experiencia de Javier Triana como corresponsal de la agencia EFE en el África subsahariana. "Viajé varias veces a Iten, me interesó el cambio que se está produciendo y comencé a hacer entrevistas para ver si se sostenía". Y se sostuvo. Durante dos semanas rodó junto con el también riojano Rubén San Bruno un trabajo sustentado económicamente gracias a la beca del Centro de Periodismo Europeo, financiado por el Centro de Periodismo Europeo y la Fundación Bill y Melinda Gates. Hasta 2017 el documental se moverá por los circuitos de todos los festivales, la única forma posible por el momento de disfrutar de este metraje. "Llegará el momento en el que triunfarás, en lo que quieras", reflexiona una de las atletas antes del fundido en negro.

Prólogo
 por EDWARD SNOWDEN

Nuestra habilidad para entender el mundo en que vivimos depende fundamentalmente de los intercambios no autorizados y no vigilados entre los periodistas de investigación y sus fuentes. La vigilancia persistente del periodismo de investigación debilita las libertades básicas que proporciona la libertad de prensa, socavando estructuras democráticas elementales.

Sin embargo, los periodistas no son expertos en seguridad. Las escuelas de periodismo no ofrecen cursos para aprender a usar herramientas de seguridad diseñadas para proteger la información y las comunicaciones. Y, cuando una fuente decide soltar la liebre y exponer el abuso de un gobierno, los periodistas ya no tienen tiempo de ponerse a aprender las medidas básicas de seguridad. La revelación de los programas indiscriminados de vigilancia de la NSA en Estados Unidos, la GCHQ en Inglaterra y otras agencias de seguridad gubernamentales a lo largo de los últimos años nos ha demostrado que la privacidad digital no es algo que se pueda dar por hecho, especialmente si eres un periodista de investigación.

Gracias a los avances de la tecnología, los sistemas de vigilancia masiva de hoy pueden registrar en tiempo real todos los metadatos de todas las comunicaciones que se estén dando en cualquier país, todo con un coste y un grado de complejidad tan accesible que está al alcance de literalmente cualquier gobierno del planeta. Esa acumulación de metadatos puede revelar una red completa de vínculos y asociaciones humanos, exponiendo cualquier interacción que pueda ser percibida como una amenaza para el régimen de poder establecido.

Como consecuencia, la vigilancia masiva representa un arma contra aquellos pocos que deciden convertirse en fuentes de información periodística, porque revela sus identidades, sus estructuras de apoyo y sus lugares de residencia o de refugio. Es información que los gobiernos pueden usar para eliminar el riesgo de futuras revelaciones por parte de esa fuente. Sus métodos pueden variar: una citación judicial en Estados Unidos puede hacer el mismo trabajo que una bala en Quetta o Chechenia. Pero el impacto sobre la fuente y el periodismo de investigación es el mismo.

Como profesionales, los periodistas tienen la responsabilidad de aplicar las mejores prácticas de seguridad antes de ponerse en contacto con un confidente por primera vez. Dicho de otra manera: nadie espera que un paciente que entra en una consulta médica le tenga que recordar a su médico que se cambie los guantes. Un periodista hoy en día necesita poseer un conocimiento funcional de las técnicas para anonimizar y de las herramientas de cifrado. También deben aprender a usarlas de manera efectiva.

A la luz de las revelaciones sobre las capacidades de los gobiernos, esta nueva responsabilidad puede resultar abrumadora. No basta con que los periodistas sepan establecer una clave pública PGP. Un periodista debe entender cómo funcionan las herramientas de seguridad y cómo no funcionan, y adaptar sus actividades a las limitaciones de esa tecnología. Por ejemplo, hay muchas herramientas de seguridad digital que protegen muy bien un contenido, pero dejan los metadatos al aire. Esto significa que el cifrado de un correo es tan seguro y efectivo como las palabras que elegimos para poner en el asunto o el nombre que le damos a un adjunto.

El periodista también debe conocer a su adversario. Debe saber cómo se interceptan las llamadas telefónicas, y que una línea segura tiene que estar protegida a ambos lados de la comunicación. Debe valorar las maneras en que la falta de tiempo, el margen de error y la reducción de recursos pueden devaluar el plan de seguridad más sensato y sus implementaciones. Deben tener siempre un plan B y prever circunvalaciones cuando el ordenador o el correo de una fuente ha sido comprometido. Deben conocer las técnicas para asegurar y corroborar la información pública que han acumulado.

Por este y otros motivos, El pequeño Libro Rojo del activista en la Red es un recurso esencial para asegurar que aquellos que recogen, analizan y transmiten información a la sociedad puedan proteger, no solo su trabajo, sino también –y por encima de todo– a sus fuentes.

La democracia depende de la existencia de una prensa valiente y con capacidad para realizar un periodismo de investigación, una que mide su éxito en su capacidad para exponer los abusos de la autoridad al gran público. Por eso, cada vez que un aparato de vigilancia masiva se pueda usar para monitorizar todos los encuentros «no autorizados» entre un reportero de investigación y su fuente, la prensa libre se tambaleará. Y sin la prensa libre, todas las instituciones de librepensamiento de la sociedad desaparecerán.

EDWARD SNOWDEN Diciembre 2014

Glenn Greenwald, Edward Snowden y la importancia de saber cifrar

La historia ya es leyenda: Glenn Greenwald estuvo a punto de perder el mayor bombazo periodístico de las últimas décadas
 solo porque no quiso instalarse la PGP. Él mismo la contaba con
sana ironía cuando, seis meses más tarde, le invitaron a dar una conferencia como cabeza de cartel en el congreso del Chaos Computer Club, el mismo festival de hackers donde cinco años antes se presentó WikiLeaks. Todo empezó cuando el 1 de diciembre de 2012 Greenwald recibió una nota de un desconocido pidiéndole su clave pública para mandarle cierta información de suma importancia.

A pesar de tratar con fuentes delicadas y escribir sobre asuntos de seguridad nacional; a pesar de su apasionada defensa de WikiLeaks y de Chelsey (entonces Bradley) Manning, Glenn Greenwald no sabía entonces lo que era una clave pública. No sabía cómo instalarla ni cómo usarla y tenía dudas de que le hiciera falta, así que, cuando llegó un misterioso desconocido pidiendo que la utilizara, simplemente le ignoró. Poco después, el desconocido le mandó un tutorial sobre cómo encriptar correos. Cuando Greenwald ignoró el tutorial, le envió un vídeo de cifrado para dummies.

"Cuanto más cosas me mandaba más cuesta arriba se me hacía todo —confesó Greenwald más tarde a la revista Rolling Stone—. ¿Ahora tengo que mirar un estúpido vídeo?" La comunicación quedó atascada en un punto muerto, porque Greenwald no tenía tiempo de aprender a cifrar correos para hablar con un anónimo sin saber lo que le quería contar y su fuente no podía contarle lo que sabía sin asegurarse de que nadie escuchaba la conversación. Lo que hoy parece obvio entonces no lo era, porque ahora todos sabemos lo que la fuente sabía pero Greenwald ignoraba: que todos y cada uno de sus movimientos estaban siendo registrados por la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. La fuente lo sabía porque trabajaba allí.

Pero Greenwald recibía correos similares cada día. A medio camino entre el periodismo y el activismo, gracias a su trabajo en la revista Salon, su cuenta en Twitter y su columna en The Guardian, el periodista se había convertido en la bestia negra del abuso corporativo y gubernamental y su carpeta de correo estaba llena de anónimos prometiendo la noticia del siglo que luego quedaban en nada. Después de un mes, la fuente se dio por vencida. Seis meses más tarde, Greenwald recibió la llamada de alguien que sí sabía lo que era la PGP: la documentalista Laura Poitras.

Poitras no solo sabía encriptar correos; se había pasado los dos últimos años trabajando en un documental sobre la vigilancia y el anonimato. Había entrevistado a Julian Assange, a Jacob Appelbaum y a otros. No era un tema al que estaba naturalmente predispuesta, sino al que se vio empujada desde que la pararon por primera vez en el aeropuerto internacional de Newark, cuando la cineasta iba a Israel a presentar su último proyecto, My Country, My Country.
Se trataba de un documental sobre la vida del doctor Riyadh al-Adhadh y su familia en la Bagdad ocupada. Poitras había convivido con ellos mientras filmaba la película y un día estaba en el tejado de su casa con la cámara cuando tuvo lugar un ataque de la guerrilla local en el que murió un soldado norteamericano. Que Poitras estuviera por casualidad en el tejado y lo grabara todo generó rumores entre las tropas. Los soldados la acusaron de estar al tanto de la insurrección y de no haberles avisado para así asegurarse material dramático para su documental. Aunque nunca fue acusada formalmente, y nunca hubo pruebas, sus billetes fueron marcados como «SSSS» (Secondary Security Screening Selection). Poitras ya no pudo coger un avión sin ser interrogada y sus pertenencias registradas.

Después de los ataques a las Torres Gemelas, el gobierno norteamericano empezó una lista negra de posibles terroristas que ha llegado a tener un millón de nombres. Un agente en el aeropuerto de Viena le explicó a Poitras que su pasaporte había sido marcado con la alerta máxima («400 en la escala Richter», le dijo) y que en ningún aeropuerto del mundo la dejarían volar sin antes registrarla. En su entrevista con el Times, Poitras dice que ya no recuerda cuántas veces la detuvieron en los siguientes seis años pero que fueron más de cuarenta. En muchos casos, los agentes del aeropuerto exigieron acceso a sus cuadernos y ordenadores para poder copiar su contenido y, en al menos una ocasión, requisaron todo su equipo durante varias semanas. Un día se le ocurrió que, si estaba en la lista negra y la paraban cada vez que viajaba, lo más probable era que su correo y su historial de navegación también estuvieran comprometidos.

"Supongo que hay cartas de seguridad nacional en todos
mis correos", dice Poitras en la misma entrevista. La "carta de seguridad nacional" (National Security Letter o NSL) es una or
den de registro que reciben los proveedores de servicios –las compañías telefónicas o los servidores de red– para que faciliten los datos de un usuario. Todas las comunicaciones electrónicas son susceptibles de recibir una sin que sea necesaria la intervención de un juez, y la proveedora tiene prohibido advertir el registro a su cliente. En 2011, Laura Poitras empezó a trabajar en su documental sobre la vigilancia gubernamental y, en el proceso, aprendió a proteger sus comunicaciones.

Empezó a dejar el móvil en casa, un dispositivo que no solo registra las conversaciones sino que funciona como localizador, incluso cuando todos los sistemas de localización y hasta el propio teléfono han sido desactivados. Dejó de tratar asuntos delicados por correo y empezó a usar un anonimizador para navegar por la Red. Aprendió a encriptar sus e-mails con una llave de clave pública. Empezó a usar diferentes ordenadores: uno para editar sus documentales, otro para mandar correos y un tercero sin tarjeta de red para almacenar material sensible. Por eso, cuando un anónimo le escribió para pedir su clave pública, Poi- tras se la dio inmediatamente. Una vez convencida de la seriedad de su contacto y la legitimidad de sus documentos, Poitras se puso en contacto con Greenwald, al que había entrevistado para su documental y, a cambio, había escrito sobre ella en Salon («U.S. Filmmaker Repeatedly Detained at Border», abril 2012). En junio de 2013 volaron juntos a Hong Kong para encontrarse con Edward Snowden y destapar el mayor caso de espionaje masivo de la historia.

Todos los periodistas a los que les cuento esta historia se ríen, pero es raro encontrar a uno que tenga software diseñado para proteger sus comunicaciones en su ordenador. "Me sorprendió darme cuenta de que había gente en los medios que no sabía que todo correo enviado sin cifrar a través de la red acaba en todas las agencias de inteligencia del planeta –dijo Snowden en una entrevista cuando se publicó esta historia–. A la vista de las revelaciones de este año, debería estar ya suficientemente claro que el intercambio no cifrado de información entre fuentes y periodistas es un descuido imperdonable". Snowden es un experto en seguridad informática cuyo acceso a los numerosos programas de vigilancia total desarrollados por y para la National Security Agency (NSA, Agencia de Seguridad Nacional) fundamentaron su puntillosidad. Gracias a su cuidadosa estrategia ha sido capaz de controlar las circunstancias de sus extraordinarias revelaciones y escapar de Estados Unidos antes de ser encarcelado, como Bradley Manning. Si no hubiera sido tan paranoico, le habría pasado lo mismo que a las fuentes del cineasta Sean McAllister en el país más peligroso del mundo para periodistas y disidentes: Siria.