La reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha supuesto un quebranto acumulado para las Comunidades Autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años. Esta desinversión ha provocado que algunas autonomías presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros 12 indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana.

Así se desprende del XIV Dictamen de la Dependencia, aplicado por comunidades, que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este jueves. En 2014 la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.

Canarias, por su parte, ha incrementado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aún así, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. "Canarias muestra un gravísimo retraso en la implantación del sistema", según los autores del estudio.

En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares (1.566 personas).

Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana 57,95 euros; Canarias 39,20 y Aragón 83,52. Por el contrario, las autonomías mejor valoradas: Castilla y León, País Vasco y Andalucía, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.

Según se desprende del informe, éstas últimas son comunidades que han resistido relativamente bien el impacto de las reformas y las restricciones presupuestarias. Los autores señalan que Andalucía acumula un deterioro del sistema desde mediados de 2012, pero destaca que se ha frenado e invertido la pauta en 2014.

Respecto a Ceuta y Melilla, el estudio informa de que se situarían por detrás de Aragón debido a la falta de servicios. Sin embargo, debido al tamaño de las Ciudades Autónomas y considerando que el sistema depende directamente del Imserso, no se han incluido como uno de los tres territorios donde peor se ha desarrollado la ley.

En 2012, pocos meses después de que Mariano Rajoy se instalara en La Moncloa, el Real Decreto 20/2012 elevó el copago de las personas dependientes, además de suprimir la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales y rebajar las cuantías que estos recibían. Desde entonces la aportación de las familias ha ido en ascenso hasta situarse por primera vez por encima de la inversión del Gobierno. Ahora ese copago enfrenta a las asociaciones y plataformas vinculadas a la dependencia que batallan contra él. 

Raoul Mvita tiene una hija de cinco años que no existe. Rebeca se mueve, se levanta para ir al baño, va a la guardería todos los días, le gusta la leche con chocolate, le dan miedo las ovejas y los mecheros y, sin embargo, oficialmente la niña no existe. Nació en una maternidad de Rabat pero no tiene acta de nacimiento y su tarjeta de residencia marroquí ha expirado, igual que la de su madre y la de su padre, un refugiado de Congo que no puede volver a su país porque su vida está amenazada. Esta es la política de integración de Marruecos financiada por Europa.

La tarjeta de residencia de Raoul caducó el pasado 20 de enero y desde entonces, sin la carte séjour, no puede hacer un contrato con una compañía telefónica o uno de alquiler. Tiene que renovar los papeles cada año, una pesadilla burocrática que nunca termina porque la Administración marroquí es la tormenta perfecta del Vuelva usted mañana, de Larra y El proceso, de Kafka. Uno nunca sabe a quién hay que acudir, a qué instancia hay que apelar y a qué funcionario hay que dirigirse. "Esto no es vida. Así no hay integración posible", dice Raoul, que tiene 41 años y lleva ocho en Marruecos.

La música de la nueva política migratoria de Marruecos da prioridad a los refugiados, las mujeres y los niños a la hora de regularizar su situación y facilitar su integración, y para ello cuentan con 10 millones de euros de fondos de la Unión Europea. La letra, excepto el acceso a los servicios sanitarios, está sin componer. La estrategia del Ministerio de Inmigración contempla programas educativos e integración en la escuela, actividades deportivas y acceso al empleo, pero hasta este miércoles los inmigrantes regularizados, incluidos los refugiados, ni siquiera sabían qué hacer para renovar sus tarjetas expiradas.

Hasta este miércoles, el gobierno marroquí no había dado respuesta a este problema. Las autoridades acaban de anunciar que en esta ocasión las tarjetas se renovarán automáticamente un año más, sin tener que volver a entregar todos los justificantes iniciales, como un contrato de trabajo o recibos que demuestren residencia durante dos años. Está por ver qué va a pasar en la práctica después del anuncio y también en qué se concreta la política de integración prometida en un país en el que muchos inmigrantes subsaharianos sienten que no son bien recibidos. Esta semana, una refugiada de Congo fue atacada por 20 jóvenes que le lanzaron piedras en un barrio de Rabat.

Más allá de la burocracia y de la tarjeta necesaria para poder pagar el alquiler de un apartamento o comprar una tarjeta telefónica hace falta, salvo sorpresa o milagro, dinero. Para conseguirlo, lo recomendable es trabajar. Raoul estudió finanzas y comercio en el Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa, pero aquí los títulos universitarios de Congo no sirven de nada, así que probó suerte con una afición: la música.

Tocó con un grupo durante unos años en algunos restaurantes y locales con música en directo en Rabat, como el Grand Comptoir, el bar del hotel Pietri, el Yakout y estuvo incluso en el Mawazine, el festival internacional de música más importante de Marruecos, pero los patrones, para poder hacerle un contrato o evitar problemas con la policía, le pedían los papeles. Y los papeles siempre estaban en proceso de regularización. Raoul se ríe cuando se le formula la siguiente pregunta.

–¿Y qué hay de los cursos de formación que va a ofrecer ahora el gobierno marroquí dentro de la nueva política de integración?

–¿Cursos de formación? Sí, he hecho uno de tratamiento de textos, otro de alta tecnología en redes de seguridad informática y hasta un curso de enfermería. Todos financiados por ACNUR. Llegué a ser becario en el Ministerio de Finanzas, pero me dijeron que no me podían contratar, porque había marroquíes con el mismo nivel de estudios que optaban al puesto. De los 18 refugiados que hicimos el curso de seguridad de redes, ninguno encontró trabajo. ¿Para qué sirve, entonces, todo ese dinero?

La Unión Europea firmó en diciembre la ayuda de 10 millones de euros para el año 2015 para apoyar la política migratoria y de asilo en Marruecos, en concreto para garantizar a los niños hijos de inmigrantes el acceso a la escuela y a servicios básicos y poner en marcha cursos de formación profesional para los adultos.

Doce horas después de que el gobierno marroquí hiciera balance de la nueva política migratoria, en la que se ha aceptado la regularización de casi 18.000 extranjeros, las fuerzas auxiliares quemaron los campamentos del Gurugú. Más de 1.200 inmigrantes subsaharianos, según las ONG marroquíes, fueron alejados de la frontera y trasladados a 18 centros de detención distribuidos por el sur del país.

Esta obsesión por alejar de Melilla a los inmigrantes y el importante papel que juega Marruecos como guardián de la frontera europea, empuja a las ONG y a algunos eurodiputados a poner los ojos en Europa. En una respuesta parlamentaria el 11 de febrero, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, aseguró que la UE no financia actualmente equipos para el Ministerio del Interior o proyectos de gestión en las fronteras.

La regulación de Agencia de Protección de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) número 1168/2011 contempla la "asistencia efectiva a países fuera de la UE concerniente a aspectos operativos de gestión de fronteras", incluida la ayuda financiera. Sin embargo, la oficina de Información y Transparencia de Frontex confirma a eldiario.es que no hay ningún acuerdo o proyecto con Marruecos en estos momentos.

Fuentes diplomáticas aseguran a este diario que "en el control de fronteras a Marruecos nunca le falta financiación, que llega de la Unión Europea". Marruecos y varios países europeos, entre ellos España, también aportan dinero destinado a los vuelos de retorno voluntario a los países de origen.

Además de la ayuda económica, el pasado 6 de febrero, el embajador europeo en Marruecos, Rupert Joy, admitió en una entrevista con el portal yabiladi.com que la UE había ofrecido a Marruecos facilitar la concesión de visados Schengen -muy solicitados por los marroquíes- con la condición de que Marruecos aplique el acuerdo de readmisión, que obligaría a Marruecos a aceptar a miles de inmigrantes.

Marruecos no ha querido firmar porque, de hecho, ya está impidiendo la entrada a Europa de los subsaharianos que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla. Legalizar la admisión de miles de personas quizá requiera algún incentivo más, aparte de los visados.

Detención y amenazas de deportación

Los inmigrantes arrestados en el monte Gurugú próximo a Melilla siguen retenidos en centros esparcidos por el país, alejados de la frontera. El colectivo Caminando Fronteras informa de que representantes de las embajadas de Guinea, Costa de Marfil, Camerún, Senegal y Malí se han desplazado a algunos centros para preguntar a los inmigrantes si quieren volver a su país.

La policía marroquí, aseguran algunos de los ciudadanos retenidos, intenta convencerles de que no vayan a Europa. "Nos dicen que tendremos trabajo y alojamiento en Marruecos", explica a eldiario.es Abdulai, un inmigrante marfileño, desde uno de los centros, en Youssufia. "Advierten de que si nos portamos mal, nos deportarán". Entre los inmigrantes detenidos, ACNUR ha identificado a 14 solicitantes de asilo. La organización Gadem ha constatado que entre los detenidos hay personas que habían solicitado la regularización.

La nueva política migratoria que Marruecos ha mostrado como una experiencia pionera en África "es la historia de una probable success story que se está transformando en una catástrofe anunciada", se lamentaba Hicham Rachidi, de la ong Gadem, en un artículo publicado en el Huffington Post Maghreb. Por un lado, las autoridades políticas abren la mano en el proceso de regularización y por otro, las autoridades policiales detienen a más de un millar de personas, incluidos menores, para quienes, según el gobierno marroquí, la regularización es inmediata y sin condiciones.

Carte des lieux de détention arbitraire des #migrants arrêtés à #Nador#Marochttps://t.co/gzK4MrJqzz/s/0sNW pic.twitter.com/H13HelaCf3

— GADEM (@GademMaroc) febrero 17, 2015

"Contrariamente a lo que ha declarado el Ministerio del Interior, la integración y la represión son dos políticas públicas antagónicas", escribía Gadem esta semana en un comunicado. La organización también pide coherencia a la Unión Europea: se pueden llevar a efecto los acuerdos comerciales o de seguridad con Marruecos sin dejar de lado la vigilancia del respeto a los derechos humanos.

A punta de fusil

Los inmigrantes continúan privados de libertad desde el 10 de febrero y denuncian amenazas y coacciones. Según testimonios recogidos por Gadem, algunos fueron obligados a subir a los autobuses "a punta de fusil". La explicación que han dado las autoridades marroquíes a los representantes europeos que se han interesado por ellos es que los han sacado del monte porque vivían en condiciones infrahumanas y ahora les ofrecen cobijo. Aseguran que esta vez no les expulsarán al desierto, como ocurrió en 2005 y 2006.

La historia todavía no ha terminado. En el mejor de los casos, los pocos que alcancen el estatus de refugiado tendrán una vida como la de Raoul -uno de los 546 refugiados registrados en Marruecos-, enredado permanentemente en trámites burocráticos y buscando pequeños trabajos sin contrato para pagar los 1.100 dirhams (unos 110 euros) de alquiler y dar de comer a su familia.

El problema sigue siendo la imposibilidad de trabajar y ACNUR sólo ayuda a las familias más vulnerables. "¿Qué tengo que hacer? –se pregunta–. ¿Caer enfermo para que ACNUR me dé 80 euros al mes?. Llevo aquí ocho años y me he convertido en un mendigo".

En una escena de El francotirador, Chris Kyle –interpretado por Bradley Cooper– está tumbado en algún tejado de algún lugar de Oriente Medio. Probablemente sea Ramadi, en Irak, pero es imposible saberlo porque en la película de Clint Eastwood no hay referencias geográficas de las misiones a las que acudió este marine. Kyle mató desde el tejado a unos 255 insurgentes -el Pentágono dice que fueron 160- y entre ellos hay algunas mujeres y niños.

Es un niño, precisamente, al que apunta Cooper en la susodicha escena, un niño que corre hacia los marines con una granada, “¿lo mato o no lo mato?”, parece dudar el protagonista. Y el caso es: ¿se lo pensó realmente el Chris Kyle real? El caso es que disparó porque al fin y al cabo el deber es el deber. Pero está bien que haya una pausa dramática, no solo le da fuerza e intensidad a uno de los mejores momentos del filme, sino que con ese gesto de muñeca Eastwood, que con 85 años todavía es capaz de rodar películas tan polémicas y poderosas como ésta, abre una pequeña (aunque insuficiente) grieta antibelicista.

Clint Eastwood es republicano y está en contra de la guerra de Irak. Es un patriota y también una leyenda, exactamente igual que Chris Kyle. Un personaje que, obviamente, admira. Si no, no se hubiera molestado en hacer una película adaptando su autobiografía. Y claro, a pesar de repetir una y otra vez que sus películas son “la declaración más fuerte contra la guerra”, por el tema de las consecuencias morales, El francotirador tiende a glorificar a su protagonista desde que el director tejano le regala un villano con el que pueda tener un duelo a la altura de su propio mito. Una especie de francotirador invencible que desde el bando iraquí siembra el pánico entre los marines.  

El filme de Eastwood se debate todo el rato entre ser un espectáculo bélico de corte panfletario en el que se relatan con espectacularidad las acciones de un tipo que unos llaman héroe y otros asesino o ser una película que analiza con profundidad y bajo la mirada de su protagonista las secuelas que deja la guerra en los soldados. Kyle tiene secuelas. No existe ningún ser humano cuya conciencia no se resienta después de matar a cientos de personas. Pero todo ese retorcimiento moral queda para después, para la vuelta a casa. En el campo de batalla lo importante es no dejar a ningún hombre atrás.

Funciona más de la primera forma que de la segunda, y no solo por la cantidad de minutos que el realizador le dedica. Las escenas de acción están rodadas con mucho pulso, la atmósfera con la que el director de Sin perdón inunda cada tiroteo hace sudar al espectador. Y además Eastwood ha aprendido a rodar la acción como si por primera vez fuera un hombre de su tiempo, como si algún día hubiera jugado con sus nietos al Call of Duty. Y además está la interpretación de Bradley Cooper, que es soberbia. El actor engordó 18 kilos para el personaje y asumió el gesto de tejano. Su nominación a los Oscar es de justicia.

El maestro ha rodado sus mejores escenas desde el díptico Banderas de nuestros padres/Cartas desde Iwo Jima. Y sí, el carácter patriótico puede ser insultante para quien no asuma desde un principio que la película quiere hablar de una guerra que los demás hemos llamado invasión.

Sin embargo, como espectáculo cinematográfico es indudable que estamos ante una de las mejor dirigidas e interpretadas del año. Ahora vamos a donde Eastwood no afina, que es en la parte antibélica del filme, desde las escenas del marine volviendo a casa hasta ese final que pretende ser la cruel moraleja de esta historia real, que es la misma historia de todos los veteranos de guerra.

El terrible error del trazo grueso

Es preferible no hacerlo que hacerlo mal. Eastwood ha querido convertir a Bradley Cooper en un mártir, en un hombre lleno de conflictos que nunca se consideró un héroe a pesar del clamor popular. Pero a pesar de que el actor trabaja con las tripas este pretencioso tratado antibelicista es demasiado pobre para considerarlo como tal. Sobre todo porque ya existen películas que lo han hecho infinitamente mejor, como En tierra hostil, ese filme que le arrebató a Avatar ser la película del año y que aun así viene bien reivindicar de vez en cuando. Una impactante e impredecible película de acción sobre artificieros norteamericanos que puede presumir de tener las escenas de explosiones más cuidadas estéticamente de los últimos años.

Claro que detrás de la cámara está la mano de una de las mejores directoras de la actualidad. Kathryn Bigelow rodó la mejor pieza posible sobre la guerra de Iraq y esta sí, terriblemente compleja a la hora de analizar la adicción al riesgo de un soldado que nunca deja de estar en el campo de batalla. Pocas películas han radiografiado tan bien la figura del soldado.

En la acción Eastwood es tan espectacular como Bigelow, con esa secuencia final en la tormenta de arena, pero cuando ahonda en el drama interior de su héroe abusa demasiado del trazo grueso. Y este es el motivo de la polémica, la figura del héroe acaba pesando en la del ser humano. El filme comienza con una frase lapidaria del padre de Chris Kyle: “El mundo está formado por lobos, ovejas y perros pastores”. 

El único momento en el que Eastwood tiene la posibilidad de tirar por la borda esta oscura y castrense visión del mundo es en el relato del último día en la vida de Kyle. Pero Eastwood, que sabe que su compañero Paul Haggis ya le dedicó 120 minutos a este tema en la inteligente y devastadora En el valle de Elah, resume la muerte del francotirador -le asesinó un veterano de Iraq- en una sola frase. No hay conflicto, ni secuelas, ni símbolos antibelicistas en esta película donde nunca queda claro quiénes son las ovejas, quiénes los lobos y quiénes los perros pastores.

La entrada de nuevos canales y plataformas ha multiplicado la oferta seriéfila de cada nueva temporada en EEUU. El espectador puede que muchas veces se sienta abrumado ante tanto estreno simultáneo y le falten horas del día para abarcarlo todo, pero es el gran beneficiado de una ficción televisiva que para diferenciarse se arriesga con nuevos enfoques, temáticas y épocas históricas. Tres factores que se juntan en Manhattan, uno de los estrenos más interesantes de 2014 que, quizás por el volumen de la oferta, pasó un poco desapercibida.

La serie (disponible en Movistar Series) es el segundo drama de producción de WGN America, un canal que primero optó por una serie para un público más mayoritario como es Salem, una historia de brujas en el periodo histórico que hizo célebre a la localidad estadounidense, y decidió ser un poco más nicho, quitándose presión de encima, con su segunda serie. Manhattan está situada en la Segunda Guerra Mundial, pero aborda la contienda desde un punto de vista completamente distinto al que guiaba Hermanos de Sangre o The Pacific, dos de las miniseries más emblemáticas de HBO.

Siguiendo la estela de otros dramas de época que se han estrenado en los últimos meses -Masters of Sex, The Knick o Halt and Catch Fire-,Manhattan aborda su periodo histórico dando voz a los pioneros que lo hicieron relevante y conectarlo con nuestro presente a través de unas dudas, dificultades y consecuencias que no nos parecen tan lejanas. 

La historia de Manhattan sigue al grupo de científicos que trabajó en el (ultrasecreto) 'Proyecto Manhattan' del Gobierno de Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica en la década de los 40. Todos fueron recluidos junto a sus familias en una instalación militar en medio del desierto de Nuevo México. A las dudas éticas y morales sobre lo que estaban construyendo, se unen las tensiones políticas de la época y los sacrificios que tuvieron que hacer los familiares que los acompañaron.

Unas mujeres y unos hijos que tuvieron adaptarse a un entorno hostil, tras dejar en suspenso durante unos meses su rutina diaria y aprender a convivir, sin hacer demasiadas preguntas, con el secretismo que envolvía el nuevo trabajo del cabeza de familia. Sin proponérselo, las autoridades estadounidenses también habían puesto en marcha un experimento sociológico en el que la paranoia, las amenazas, el control y la pérdida de derechos transformaron a la pequeña comunidad en  un sistema totalitario.

El equipo que está detrás de las cámaras de Manhattan tiene experiencia en este tipo de historias y sobre todo en el cuidado, y muy aprovechado, look que envuelve a la serie. Los llamativos títulos de crédito son de Imaginary Forces, el mismo estudio que firma los de Mad Men, el creador de la serie es Sam Shaw (guionista en Master of Sex), entre sus directores está Thomas Schlamme, productor y director en El Ala Oeste, Studio 60 y, en el terreno de las ficciones de época, también de la malograda Pan Am. La BSO la firman Alex Somer y Jónsi, líder de Sigur Ros. 

El reparto está lleno de secundarios habituales de otras series, a los que cuesta más reconocerlos por nombre que por el personaje al que dan vida. Son John Benjamin Hickey (The Big C y ahora en The Good Wife), Harry Lloyd (Juego de Tronos) o Rachel Brosnahan (House of Cards). La primera temporada de Manhattan consta de 13 capítulos y la segunda se estrenará en EEUU en verano.

Charo tiene dos hijos de cinco y ocho años. Vivía hasta el pasado lunes junto a su marido y los dos niños en un piso del barrio madrileño de Alto de Extremadura. La casa no era suya: la ocupó el pasado año tras ser acogida durante los cuatro anteriores por amigos y familiares. Una situación de desamparo provocada por otro desalojo. Fue en 2010, cuando vivía en el poblado de Puerta de Hierro y el Ayuntamiento de Madrid declaró que las viviendas de esa zona no eran habitables. Fue su primer desahucio. Ahora ha sufrido el segundo. A punto de verse en la calle por tercera vez.

Este segundo desalojo no pilló por sorpresa a Charo. Tras ocupar la vivienda en abril de 2014, la policía interpuso una denuncia de oficio después de que ella y su familia se instalasen. Desde que llegó a su nueva casa, mantiene que intentó negociar en todo momento con Bankia un alquiler social. Incluso, que el banco le tramitó una solicitud para un programa social y así lograr un realojo en otra vivienda. Meses después, asegura que todo cambió: la entidad se personó en la causa contra Charo por la ocupación, y se sumó a la Fiscalía para acusarla de un delito de usurpación por meterse a vivir en una casa que no era de su propiedad. El lunes, con media docena de furgones de la policía desplegados, se produjo el lanzamiento entre las protestas de los miembros de Stop Desahucios y de la propia Charo.

Fuentes de Bankia niegan a eldiario.es que exista una demanda contra ella y que por tanto este no ha sido el motivo del desalojo. Sobre el alquiler social que Charo solicitó, el banco afirma que este tipo de negociaciones se llevan a cabo "con todo interés" con sus clientes, y que al tratarse de una ocupación y no tener relación contractual con la afectada no contemplan estas medidas. Además, estas fuentes recuerdan que la orden de desahucio era contra los dueños de la casa por la deuda que tenían contraida con la entidad, y no con Charo, que sufrió el desalojo por estar viviendo allí.

A lo ocurrido se suman sus escasos recursos económicos, que tampoco contribuyen a mejorar su situación. Cobra la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, que le reporta algo más de 400 euros. Su única ventaja es un descuento en el comedor escolar de sus hijos. El resto lo tiene que distribuir entre comida, gastos y el mantenimiento de un coche que su marido necesita para llevar a clase a los niños.

Mientras intenta decidir cuál es el siguiente paso, pasa estos días en la habitación de un hotel que le proporcionó el Samur Social. Una situación que no va a durar más allá del lunes, ya que le han comunicado que no podrá quedarse más días allí. Una decisión que han tomado en los Servicios Sociales del Ayuntamiento, según sostienen desde la Asamblea de Vivienda Latina de Stop Desahucios, que está asesorando a Charo desde antes de que se produjese el desahucio.

"Nos comunicaron que no era posible. Que en el peor de los casos los que no se quedarían en la calle serían sus hijos, ya que está la posibilidad de los centros de menores", cuentan desde la plataforma. Un escenario que Charo no contempla, dado que no quiere separarse de sus hijos. "Las soluciones que nos dan es o que paguemos el hotel, que ocupemos otra vivienda o que se rompa la familia. La otra oferta fue que, si se quedan en la calle, los niños puedan ir a hacer los deberes a un centro de día", relata Stop Desahucios.

Desde los Servicios Sociales aseguran a eldiario.es que en estos casos se realoja en hoteles o albergues, y mínimo durante 15 días, a las familias desalojadas. Además, defienden que hacen un estudio de la situación de estas personas y un seguimiento, pero que muchas abandonan los hoteles o albergues que se ponen a su disposición de forma voluntaria. Desde Stop Desahucios replican que la estancia en estos lugares no pasa de las siete noches en casos más extremos, como que los afectados tengan hijos pequeños a su cargo. También califican de "mentira" ese supuesto seguimiento, ya que insisten en que la administración se desentiende de los casos cuando las familias dejan de estar en estos alojamientos.

Qué pasa tras el segundo desahucio

Charo aún no sabe qué va a pasar el lunes. Dice estar "tan agobiada que no me he puesto a pensar en ello". Su experiencia previa no le sirve. Y es que, además de sufrir dos desalojos en cinco años, lleva ocho en total solicitando una vivienda social a las administraciones. Su demanda sigue por el momento sin respuesta.

Su periplo por todas las casas en las que pudo quedarse hasta que decidió ocupar una vivienda comenzó en ese 2010 en el que fue desalojada de su casa. "De repente, un día nos echaron de las casas y llegaron con las excavadoras. Ahora aquello es un solar, ya que explotó la burbuja inmobiliaria y no se ha construido nada de lo que estaba previsto", cuenta Charo, que sigue empadronada en ese mismo lugar a pesar de que allí no hay nada más que vacío. Sobre por qué se decidió a ocupar tras cuatro años buscando, responde que intentó "hacer todo legal" hasta que no vio "otra salida".

Para Stop Desahucios, la situación de Charo sirve para evidenciar la "inoperatividad" de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que dirige Ana Botella. La escasez de recursos que han provocado la crisis y los recortes es una realidad que admiten desde los servicios de emergencia del consistorio. Con esta puerta cerrada, la otra opción de Charo ha sido acudir a los fondos de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo madrileña (EMVS). La compañía pública dispone de un total de 400 casas, pero asegura que todas están ocupadas por familias que han sido desahuciadas o que estaban en riesgo de serlo.

Los Servicios Sociales tampoco pudieron dar una respuesta a través de la EMVS, al comunicarle que todas las viviendas disponibles están ocupadas y las habitaciones de uno de sus edificios están en obras. La plataforma recuerda que esto supone una "vulneración de derecho al techo, así como la violación de los derechos de la infancia al dejar en situación de desamparo a los dos menores". Desde el Ayuntamiento han asegurado a este diario que hay plazas de sobra en albergues y hoteles, y que no se permite que familias de este tipo se queden sin un techo.

Las dificultades para afrontar otro desalojo

Las familias que se quedan sin hogar se enfrentan a considerables dificultades de distinto signo tras su desalojo. "Que se hundan e incluso pierdan las ganas de vivir son los mayores riesgos", asegura Ernolando Parra, del colectivo Psicólogos sin Fronteras. Otro de los peligros es que estas personas pierdan "la esperanza, la posibilidad de pensar que las cosas puedan ir a mejor". Esos bloqueos, consecuencia de una situación de urgencia como un desahucio, implican una pérdida de motivación ante la que solo cabe iniciar una "estrategia para solucionar problemas", según Parra.

El psicólogo apuesta por "encontrar un nuevo núcleo que permita obtener la fuerza básica, unos valores que te hagan avanzar". Para ello, insta a buscar la "paciencia para acoger las emociones y que la persona encuentre una posibilidad de estabilidad". Además, recuerda que es fundamental que los roles de los padres "no decaigan", ya que "detrás de una pregunta no siempre hay una respuesta".

Y es que los afectados más silenciosos de un desahucio suelen ser los niños, que "no tienen los miedos que creemos que tienen", mantiene el psicólogo. Para evitar que un menor sufra de manera directa el trauma del desalojo, los padres deben ofrecer "información, no ocultarles en ningún momento que algo está pasando y atender sus preocupaciones, como que de repente vayan a dejar de ver a alguien con quien coincidían todos los días", apunta Ernolando Parra.

Pero, ¿cómo hay que ayudar a una persona que sufre dos desalojos? "Tiene que haber un espacio comunitario de empoderamiento. La persona no tiene que sentirse culpable, sino víctima, y organizarse para buscar un cambio social. Porque un desahucio no es un problema individual. Es una manifestación de un problema social, y las soluciones son colectivas", defiende el psicólogo.

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias querían irse a esquiar en paz con sus vecinos de Baqueira Beret. Así se desprende del escrito que remitió la esposa del extesorero el pasado 13 de febrero, en el que solicita al juez Pablo Ruz que desbloquee algunas de sus cuentas para poder hacer frente a varios pagos, entre ellos el IBI pendiente del lujoso chalé que ocuparán del 20 de febrero al 6 de marzo, así como la plaza de garaje correspondiente.

El procurador de Rosalía Iglesias remitió un escrito al juzgado de Ruz el 13 de febrero, 9 días después de que Bárcenas comunicara al juez de la Audiencia Nacional que se iba de vacaciones sin especificar a dónde. En ese escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, se pedía liberar fondos por un valor total de 2.101,28 euros.

Las cantidades respondían a tres conceptos: el impago de las cuotas de tres plazas de garaje en propiedad en su domicilio de Madrid durante el año 2014, más el adelanto del primer trimestre de 2015, por un total de 1.133,11 euros; el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del lujoso chalet de Baqueira, correspondiente a 2013, que asciende a 530,29; y la plaza de garaje correspondiente al chalé por el primer semestre de 2014, por valor de 437,88 euros.

Luis Bárcenas se comprometió a cumplir con su obligación de firmar en la Audiencia Nacional este viernes por última vez antes de poner rumbo a Baqueira Beret, con lo que llegará a su lujoso destino con deudas pendientes al no haber resuelto aún el juzgado. El jueves se conoció que Ruz le había autorizado a desplazarse hasta allí y firmar en el juzgado más próximo, solo después de que le desvelara su destino por escrito, algo que la defensa de Bárcenas intentó eludir en su primera comunicación para evitar filtraciones.

Bárcenas especificó entonces al juez que sus vacaciones se desarrollarían “en territorio nacional”, la única opción posible, puesto que una de las medidas que estableció la Sala de lo Penal para concederle la libertad fue permanecer en España y en un domicilio comunicado, además de firmar tres veces a la semana en un juzgado. En su comunicación a Ruz, el extesorero especificaba que pasaría los 14 días fuera de Madrid en compañía de su familia.

En el escrito del procurador de Iglesias se pide que se desbloquee la cuenta para hacer frente al pago de los garajes en Madrid y Baqueira y también para que la mujer de Bárcenas retire los 530,29 euros pendientes de abonar a la Administración local en concepto de IBI por el chalet, ya que ese recibo “no se encuentra domiciliado”.

Junto al escrito se adjuntan las reclamaciones de las respectivas comunidades de propietarios y la diligencia de apremio del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de Lleida. Llama la atención, por ejemplo, que la empresa que lleva la administración de la finca de Bárcenas y sus vecinos ignore la situación de embargo de las cuentas del extesorero con la siguiente fórmula: “Rogamos nos indique si mantiene la domiciliación de sus recibos en el mismo banco o desea cambiar a otra cuenta o a otra forma de pago”.

Al correo electrónico del PP

Los dueños del aparcamiento de Baqueira remiten la comunicación de la “deuda pendiente” a dos direcciones, una particular de Rosalía y la que utilizaba Luis Bárcenas en el Partido Popular. Antes de despedirse “atentamente”, dejan caer: “Quedamos a la espera de sus prontas noticias con la finalidad de regular la actual situación”. El correo electrónico está fechado el 14 de noviembre de 2014.

Las solicitudes del matrimonio a Ruz para el desbloqueo de sus cuentas han corrido desigual suerte. En ocasiones, el magistrado lo ha permitido para que Iglesias atendiera las necesidades básicas de cualquier familia, pero ha impuesto límites estrictos. Frente a las peticiones de Iglesias en las que, por ejemplo, se incluían gastos de peluquería, Ruz fijó en 300 euros la asignación mensual para ella y su hijo.

En otros casos, como cuando solicitaron el desbloqueo para pagar a sus abogados, el magistrado les recordó que tenían a su disposición letrados de oficio. La misma respuesta obtuvieron cuando en 2014 Bárcenas solicitó que se desbloquearan cuentas suyas en Suiza para pagar el impuesto de sociedades de Tesedul. Sin embargo, Ruz permite una transferencia automática para el pago de la comunidad de vecinos en Madrid.

La pareja tiene embargadas sus cuentas bancarias, su vivienda en Madrid y el chalé en la estación de esquí de Baqueira Beret, entre otros bienes, desde julio de 2013. Eso no impide que hagan uso personal de las viviendas señaladas, aunque no puedan venderlas o alquilarlas. El embargo tiene por objeto cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar en el caso de una sentencia condenatoria, y que en el caso de la esposa del extesorero alcanzan los 6 millones de euros; y en el de Bárcenas, 43,2.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 43 años y 2 meses para el que fuera guardián de la finanzas del Partido Popular por la pieza denominada 'Primera Época', el primer gran juicio del caso Gürtel. La Abogacía General del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, eleva esa petición a 60 años.

Los ministros de Finanzas y de Economía de la eurozona analizan hoy en un Eurogrupo extraordinario la solicitud griega para una prórroga de seis meses del crédito de sus socios, que cuenta ya con el rechazo de Alemania.

El titular griego de Finanzas, Yanis Varufakis, solicitó el jueves en una carta al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, la prolongación a partir del 1 de marzo y hasta finales de agosto del acuerdo de asistencia financiera que expiraba el próximo día 28 y ya se prorrogó en diciembre pasado.

Los socios de Atenas analizarán a partir de las 14.00 GMT la petición, que ha sido considerada como una primera "señal positiva" por parte de la Comisión Europea (CE), pero que rechaza Alemania.

Para el Ministerio germano de Finanzas la propuesta de Grecia no representa una propuesta de solución "sustancial" y considera que "en realidad pretende una financiación puente sin cumplir las exigencias del programa" de rescate.

No obstante, el ministro alemán de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, consideró un error de su colega cristianodemócrata, y dijo estar "a favor de que no nos precipitemos a la hora de decir que sí o que no. Mi consejo es hablarlo".

También Bélgica consideró que Grecia debe aclarar su posición al Eurogrupo, porque la carta "plantea más preguntas que respuestas", dijo el ministro de Finanzas Johan van Overtveldt.

Estas posturas auguran unas conversaciones complejas y difíciles en el Eurogrupo de hoy.

Frente a la dureza de Schäuble y de Van Overtveldt, el primer ministro francés, Manuel Valls, afirmó que las últimas decisiones del jefe del Gobierno griego, Alexis Tsipras, suponen una señal de que es posible un acuerdo y de que éste puede alcanzarse "muy pronto".

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que acude a la cita de Bruselas "con actitud abierta y consultiva", pero con la insistencia en que Grecia debe "respetar las reglas".

El Eurogrupo insistió el lunes en una prolongación y finalización exitosa del "programa actual", ofreciendo a Atenas cierta "flexibilidad" para negociar el reemplazo de medidas que Grecia considera tóxicas para su economía y la sociedad.

El Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras ha subrayado que en su solicitud no pide una prórroga del programa al Eurogrupo con su memorando de entendimiento que recoge las condiciones acordadas entre los socios y el anterior Ejecutivo, sino una extensión del crédito.

Considera Atenas que su solicitud respeta las líneas rojas a las que el Gobierno se ha comprometido con sus votantes y que al mismo tiempo puede ser aceptada por la eurozona.

"El Eurogrupo sólo tiene dos opciones: aceptar o rechazar la solicitud de Grecia. Así se demostrará quién quiere encontrar una solución y quién no", afirmaron fuentes del Gobierno griego.

La Diputación Provincial de Huelva ha amanecido este viernes tomada por la Guardia Civil. A primera hora de la mañana, un grupo de agentes en un número no determinado ha accedido al edificio que tiene la institución en la provincia onubense y ha pedido a los pocos trabajadores que a esa hora ya estaban en sus puestos que saliesen a la calle. Los guardias han efectuado el registro "por mandato judicial" para "solicitar una serie de documentación", según han indicado a eldiario.es/andalucia fuentes del Instituto Armado.

Lo ha avanzado la Cadena Ser, que ha concretado la operación procede de una causa declarada secreta y que se encuentra bajo investigación en el juzgado de Valverde del Camino. El caso, por lo tanto, no lo lleva un juzgado de la capital onubense sino el de la comarca centro de la provincia, aunque sobre el mismo se ha decretado el secreto de sumario. La Diputación esta gobernada por el PSOE gracias al apoyo del único diputado de IU. Los socialistas y el PP tienen cinco diputados cada uno.

La Guardia Civil busca documentación en relación con el referido expediente judicial, según han confirmado fuentes de la Benemérita , que concretan que el registro puede durar toda la mañana, con una previsión de, como mínimo, cinco horas. Como suele ser habitual, los agentes se están centrando en los ordenadores de algunas oficinas, sobre todo en la planta alta del organismo provincial. En la baja se encuentra el servicio de recaudación y algunas oficinas de gestión que, en principio, no cuentan con tanta atención para la Guardia Civil en este caso.

Para los trabajadores que han accedido a su puesto de trabajo a las 8:00 ha sido toda una sorpresa. La Diputación de Huelva cuenta con dos entradas, aunque casi la totalidad de los empleados acceden al edificio por la Gran Vía, mientras que el resto accede por Fernando el Católico. A todos se les ha obligado a entrar por la segunda entrada para que pudiesen fichar, e inmediatamente se les ha obligado a salir. Por la puerta trasera es más accesible el punto para fichar, pero al interior del edificio no se ha permitido acceder a nadie, ni tampoco se ha permitido encender ningún ordenador a nadie que no fuese la propia Guardia Civil.

Los trabajadores, por si acaso el registro acaba en una hora en la que puedan volver a sus puestos, permanecen en distintos locales de cafeterías de la Gran Vía, pendientes de lo que pueda pasar. Sendas parejas de la Guardia Civil vigilan las dos puertas principales de acceso al edificio.

Denuncia de UPyD

El registro se produce a raíz de una denuncia de Unión Progreso y Democracia (UPyD) por presuntas irregularidades en contrataciones de la institución para hacer otras funciones con fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), según han asegurado fuentes de la Diputación a UPyD. La denuncia la interpuso el pasado 12 de febrero ante la Fiscalía de Huelva contra por unos hechos que podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, fraude, tráfico de influencia o falsificación de documentos, y pidió la Fiscalía que ordenara la incoación de diligencias de investigación.

A juicio de UPyD, la Diputación "sistemáticamente viene obteniendo indebidamente esta subvención de proyectos de obras y servicios de interés general generador de empleo estable, que en el año 2013 ascendió a la cantidad de 282.965,38 euros, presentando el que llama 'Proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' y posteriormente el 'Anexo al proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' por importe de 9.241,26 euros y, además, con dichas subvenciones sufraga y financia las contrataciones de trabajadores afines año a año".

Así, aseguraron que con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema en años anteriores, la Diputación "lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas" que realizan distintas funciones --abogados y arquitectos, entre otras profesiones--, considerándola "una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio". Por todo ello, considera que este proyecto presentado por la institución, "acogido a la modalidad de generador de empleo estable y subvencionado indebida e irregularmente con cargo al PFEA, incumple ampliamente la normativa aplicable".

El diputado de Infraestructuras de la Diputación de Huelva, Alejandro Márquez, tuvo que salir al paso el mismo día 12 y dijo que "la Diputación es beneficiaria de un programa cuyas normas sobre la contratación son impuestas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social" y que "todas las contrataciones se ajustan escrupulosamente a la normativa del programa", a la par que ha remarcado que "la gestión es impecable" con el único objetivo de "crear empleo". En ese sentido, insistió en que la gestión es "impecable" y todas las administraciones que intervienen en este programa "sólo persiguen la creación de empleo", ha informado la Diputación en un comunicado.

En los últimos cuatro años el sector cultural ha pasado de vadear la crisis a sufrirla en carne propia. Más de 100.000 empleos perdidos, cierre de 4.500 empresas dedicadas a la cultura y una bajada de hasta un 27,72% en el consumo de productos culturales. Cifras que se traducen en que cada vez se venden menos libros, se acude menos al teatro, al cine o a los museos.

Son los datos del reciente informe sobre el estado de la Cultura en España realizado por la Fundación Alternativas en comparación con el publicado en 2011. Y si se analiza por disciplinas artísticas, los números estremecen: en el teatro, los espectadores han caído un 4,1% y en recaudación se ha pasado de 266 millones en 2009 a 200 millones en 2013–en danza la bajada recaudatoria es de un 50%-, lo que ha obligado a cerrar salas y compañías; en música, la recaudación de los conciertos ha caído un 28,63; en libros, los ciudadanos gastan hoy un 36,45% menos que en 2006,; y en cine, a pesar de que 2014 ha sido un buen año para la taquilla, se han recaudado 140 millones de euros menos que en 2010.

Suspenso a la política cultural del Gobierno

Para los coordinadores del informe, Enrique Bustamente, catedrático de Comunicación Audiovisual y Fernando Rueda, director del Observatorio de Cultura y Comunicación, las causas de esta caída, más allá de la crisis económica y que el ciudadano tiene menos poder adquisitivo, se hallan en la dejadez de las políticas culturales desde el ámbito público, que ha afectado también al privado. Un golpe de estado a la cultura que, como también recuerda Nicolás Sartorius, vicepresidente de esta Fundación, “ni siquiera sucedió en 1996 con Aznar y tampoco Angela Merkel ha bajado los presupuestos para cultura”.

“De hecho, según la encuesta que hemos hecho a los gestores culturales, su nota es de un 4,5, un suspenso”, sostiene Bustamante para quien es evidente que, desde 2011, “ha habido un cambio en la filosofía con respecto a la Cultura”.

Hay más cifras que atestiguan esta interpretación. Como insiste este catedrático, “la merma en el apoyo público a la cultura se cifra en una rebaja del 50% en la aportación del Estado, un 70% menos por parte de las comunidades autónomas y una bajada del 20% en los grandes municipios”. A ello se suma que “la acción legislativa ha sido ciertamente dañina. Se ha aprovechado la crisis para no hacer nada, ni siquiera una Ley de Mecenazgo”, tantas veces prometida a lo largo de la legislatura por el secretario de Cultura, José María Lassalle.

Políticas nefastas: el IVA cultural y la LPI

También ha aportado su granito de arena negativo el IVA cultural del 21%, que ni siquiera ha servido para aumentar las recaudaciones, según el informe. Al contrario, este tipo impositivo ha conllevado que acudan menos espectadores a las salas de teatro –en Madrid han cerrado varias del aplaudido circuito off por no poder asumir los gastos, ya que hay que recordar que el IVA, antes de 2012 era del 8%- y los cines, donde, por ejemplo, se ha pasado de los 15,5 millones de espectadores en 2011 a 11 millones en 2013 (por fortuna, en 2014 se ha subido a los 20,8 millones).

Más políticas negativas, según la Fundación Alternativas: La Ley de Propiedad Intelectual (LPI), “que nace con una duración de un año, ya que ya se piensa en reformarla porque no ha abordado a fondo el mercado digital”, apunta Bustamante; y la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, “que ha eliminado la obligación de las corporaciones de prestar servicios culturales”, añade. Y, como gota que colma el vaso, el recorte a la cooperación cultural exterior: de 18 millones de euros en 2011 se ha pasado a tres millones en 2014.

La receta: más apoyo público a la innovación digital

Con estos mimbres, desde esta Fundación la única receta posible es un cambio de 180 grados en el modelo de política cultural con una implementación de la innovación digital, ámbito que, por otra parte, también ha sido mermado en los últimos años, “a pesar del esfuerzo de las PYMES, que están innovando casi sin apoyo público”, ratifica Bustamante. Como señala Sartorius, “es necesario apoyar la innovación de las industrias culturales y digitales con una inversión que volviera a los niveles de 2008 o 2009 al menos, con una nueva Ley del Libro más centrada en el digital, un apoyo en el audiovisual también en términos digitales, y para los museos se podrían utilizar herramientas interactivas que ya existen y que no se están usando”.

En términos fiscales también se hace necesaria una vuelta completa. Para Sartorius, es imprescindible “la aprobación en el ámbito privado de una Ley de Mecenazgo como Dios manda y con deducciones importantes y la liquidación del 21% del IVA cultural”, aunque habría que matizar qué porcentajes serían. A su vez, como reflexiona Fernando Rueda, otro de los coordinadores del informe, “se debe elaborar una ley para el microfunding y un apoyo a lo local”, para una mejora en la situación de las bibliotecas –han sido una de las grandes perjudicadas en los últimos Presupuestos Generales del Estado- y del patrimonio, que también ha sufrido una debacle en cuanto a inversión en los últimos cuatro años.

Pacto por la Cultura

Los coordinadores de este informe, no obstante, se muestran un tanto “intranquilos”, según palabras de Sartorius, con respecto a los planes de los diferentes partidos políticos en relación a la cultura. “A partir de 2011 la cultura desapareció de los programas, y lo que he visto ahora me parecen todo generalidades y obviedades”, sostiene.

¿Y no sería posible un Pacto por la Cultura? Los coordinadores son escépticos. “Si ni siquiera se consiguió con la Educación que era más importante… Se podría llegar a acuerdos concretos en mecenazgo y cuestiones fiscales”, reflexiona Sartorius teniendo en cuenta el desconocimiento sobre qué partidos tendrían que pactar. Para él realmente habría que pensar como los franceses y crear “un Super Ministerio de las Culturas, porque no se puede dejar en una Secretaría de Estado”. ¿Pero eso no sería caer en el intervencionismo y en el sistema de subvenciones? Sartorius carraspea y zanja: “Cuidado con los intereses corporativos. Que la política meta las manos en la cultura es malo, pero que la cultura entre en la política no vendría mal”.

Las privatizaciones iniciadas en Grecia en 2011 con motivo del primer Memorandum of Undertanding (Mou), un programa de reformas firmado entre la Comisión y el Gobierno griego en abril de ese año, en contrapartida del primer rescate heleno, ha resultado ser un fracaso absoluto. Un fiasco que no radica en la pérdida de titularidad pública de decenas de bienes, sino en los objetivos entonces declarados por escrito: el Estado heleno, en connivencia con la Troika, estimó una recaudación de 50.000 millones de euros en el cuatrienio 2011-2016. Hoy, de cumplirse las mejores expectativas, se recaudarían 6.300 millones.

Este fracaso lo recoge un anexo al documento de trabajo informal preparativo de la fracasada reunión del pasado 16 de febrero entre Grecia y los otros 18 estados de la zona euro, que concluye que “los resultados de la privatización han caído por debajo de las expectativas desde 2011”.

“En 2011, bajo el primer programa de rescate, el MoU de mutuo acuerdo con el Eurogrupo estimó una recaudación de 50.000 millones de euros fruto de las privatizaciones del periodo 2011-2016”, dice el documento. Entonces, con ocasión de la entrada en vigor del primer MoU, se desgranaron los supuestos beneficios hasta 2014: 5.000 millones a recaudar en 2011, 10.000 millones en 2012 y otros 5.000 millones en 2013, con una previsión de recaudación de nada menos que 15.000 millones en 2014. Por supuesto, nada de esto ha ocurrido.   

“En la práctica, las privatizaciones han conseguido 1.600 millones en 2011, nada en 2012, 1.000 millones en 2013, mientras que [en el mejor de las casos] se esperaba recaudar para 2014 y 2015 unos 1.500 millones y 2.200 millones, respectivamente”, continúa el anexo. La suma total de los cinco años –y dando por buenas las previsiones de 2014 y 2015, algo que nunca ha sucedido- arroja un resultado de 6.300 millones. Un resultado absolutamente desolador, en opinión del nuevo Ejecutivo de Syriza, que ahora espera revertir la situación.

Horizonte 2020

Cada vez que Grecia revisaba las cifras recaudatorias durante su tutela por parte de la Troika, lo hacía a la baja: “En 2012”, agrega el anexo, “el segundo MoU afirmó que el objetivo de los 50.000 millones se mantendría, pero que costaría mucho más tiempo alcanzarlo”. Entonces se fijó como horizonte el objetivo 2020, en lo que pareció un regate para no asumir el fracaso de las previsiones.

Una asunción que se produjo dos años después, en abril de 2014, cuando el propio objetivo 2020 fue cuestionado por las autoridades que calificaron las medidas de “insatisfactorio proceso privatizador”. También en 2014 se pegó un recorte brutal a las previsiones recaudatorias, pasando éstas de 50.000 a 22.000 millones.

El documento que critica este “proceso privatizador” emana del nuevo Gobierno griego y apunta a un proceder completamente distinto a la hora de manejar los bienes de titularidad pública. “La intención del Gobierno es frenar en seco la tendencia actual; este frenazo provocará previsiblemente cierto déficit a corto y largo plazo: pero en el largo plazo se podrían producir mayores ganancias al evitarse las liquidaciones de activos, las cuales no forman parte del interés del pueblo griego”.  

El Ejecutivo de Atenas reconoce que la nueva actitud “inevitablemente deteriorará la sostenibilidad de la deuda griega” en el corto plazo. Por otra parte, “contribuirá sin ninguna duda a mejorar la trayectoria de la deuda en el largo plazo”, asegura el documento informal.

Los últimos gobiernos de Yorgos Papandreu (PASOK) y el conservador Antónis Samaras aceptaron el envite de la Troika y se lanzaron a vender todo lo privatizable en los últimos cinco años. Tal fue la espiral, que algunas de las decisiones más polémicas trascendieron a la prensa internacional, como el cierre del canal público de televisión o la venta de más de 40 islas deshabitadas.

Muchos más bienes entraron en este saco. Centenares de edificios públicos, la empresa estatal de Loterías, por un monto inferior a 200 millones de euros, compañías que operaban en sectores estratégicos como la electricidad (cuya consecuencia fue el corte del suministro de electricidad para miles de familias, según Syriza) y hasta líneas de playa en zonas privilegiadas de la costa helena.

Actualmente, el primer ministro, Alexis Tsipras, mantiene un papel ambiguo hacia otros elementos privatizables del Estado. Con relación al mítico puerto de El Pireo se ha publicado que Syriza retomaba el proceso para vender este puerto a una compañía china. Atenas también estudia qué hacer con los aeropuertos. Sea como fuere y a tenor de las cifras que maneja el nuevo Ejecutivo, las privatizaciones han sido un mal negocio para Grecia.

Barcelona en Comú ya tiene la lista de nombres con la que muy probablemente concurrirá a las elecciones municipales de la capital catalana. Este viernes Ada Colau ha presentado el equipo de trabajo que presentará a las primarias de la cantidatura ciudadana, un grupo que incorpora a quince integrantes que provienen de todas las formaciones políticas que han confluido en la coalición: Iniciativa, EUiA, Podemos, Procés Constituent y Equo.

El número 2 de Colau será el professor de derecho constitucional de la UB Gerardo Pisarello, tal como ya adelantó Catalunya Plural, una figura de consenso entre la mayoría de partidos que participan en Barcelona en Comú. Tras Pisarello figurará, también según se confirmó esta semana, la actual diputada en el Congreso por ICV Laia Ortiz.

En la cuarta posición está Jaume Asens, abogado de derechos humanos, impulsor de la plataforma Guanyem Barcelona y recientemente integrante también del consejo ciudadano de Podemos. Otros nombres que forman parte de la lista de Colau son Janet Sanz (concejala de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Barcelona), el profesor Raimundo Viejo (también del Consejo Ciudadano de Podemos) o la activista Gala Pin, otra de las promotoras de Guanyem desde sus inicios.

Esta candidatura se someterá a votaciones primarias junto a las otras que puedan surgir en el seno de Barcelona en Comú. En esta elección las listas no serán abiertas, sino que los votantes deberán escojer al cabeza de lista con su correspondiente equipo. Sí se podrán votar directamente a algunos de los consejeros de distrito, una petición vecinal histórica a favor de la descentralización.

Esta semana Barcelona en Comú ha presentado las líneas prioritarias de sus primeros meses de mandato, en caso de hacerse con el Ayuntamiento. Garantizar los derechos sociales básicos, revisar las privatizaciones y grandes proyectos y auditar las cuentas de los organismos públicos son algunas de sus principales propuestas.

Tras meses de batalla jurídica y a menos de 100 días de las elecciones municipales, el Ministerio del Interior ha aceptado el registro del partido Guanyem Barcelona, la marca de la iniciativa que lidera Ada Colau que había sido rechazado de oficio. La fecha de inscripción, tal y como figura en la web del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, es de este mismo jueves, 19 de febrero, un día antes de que Colau presente su propuesta de lista electoral con la que concurrirán con el nuevo nombre que eligieron ante las trabas de Interior: Barcelona en Comú.

Interior ha ratificado el partido cuando la iniciativa ya había arrojado la toalla y cambiado su estrategia. El ministerio ha puesto trabas a cada movimiento de Guanyem y ni siquiera ha contestado a los recursos interpuestos por sus abogados. El último, precisamente contra el veto a utilizar la fórmula Guanyem Barcelona, que había recibido el visto bueno de otra iniciativa similar, Guanyem Gandía.

Entonces, Interior adujo, sin consultarlo con el titular legal de la marca, que el nombre ya estaba siendo utilizado. Contra esta decisión, los abogados de Guanyem interpusieron un recurso de reforma que no ha sido respondido por el departamento de Jorge Fernández Díaz, aunque parece que sí ha sido resuelto. Y favorablemente. Guanyem tampoco ha sido informada del registro en sí, indican fuentes próximas a la formación.

La pugna entre Interior y Guanyem arrancó el pasado mes de agosto, cuando el registro de partidos negó la inscripción a la iniciativa que lidera Ada Colau y admitió la de un partido fantasma radicado en una dirección falsa y cuyo promotor intentó negociar un cargo en el partido a cambio de ceder el nombre.

Barcelona en Comú, la nueva marca de la iniciativa municipalista, echó a andar de forma oficial la semana pasada. El veto de Interior obligó a sus promotores a cambiar los nombres en redes y, sobre todo, a iniciar una carrera contrarreloj de comunicación pública, después de que la marca Guanyem/Ganemos se haya instalado en el imaginario colectivo como un proyecto municipalista y abierto que, de una u otra manera, cuenta con el respaldo de activistas políticos que promueven un cambio del sistema.

El fin de la ronda de declaraciones judiciales de esta semana pareció dejar la conclusión de que solo hay un "hombre bueno" en el caso de las tarjetas 'black', si no fuera porque ese banquero aún está imputado en la pieza central del 'caso Bankia'. Este viernes ha sido el turno de los testigos, entre ellos los tres que no hicieron uso del plástico y continúan vivos -uno de ellos falleció-. Pero cuando el fiscal preguntó a José María Aldaz y Esteban Tejera por qué no la utilizaron, ambos confesaron que nunca nadie se la llegó a entregar. Así las cosas solo ha declarado un beneficiario que no usó la tarjeta 'black', Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia, quien aseguró ante el juez haber advertido a Rato de que se trataba de "una mala praxis".

"En treinta años de mi vida profesional no había visto nada igual", ha sentenciado Verdú durante el interrogatorio, según fuentes presentes en el mismo. Ha añadido que fue el propio Rato quien le entregó en mano en febrero de 2012 el sobre que contenía el plástico y el contrato y le comunicó que tenía un límite de 75.000 euros anuales. Verdú nunca lo llegó a abrir, ha declarado. El fiscal Alejandro Luzón le ha preguntado por la firma que figura en el contrato que integra el sumario y Verdú ha negado que fuera la suya.

Verdú entró en Bankia como consejero delegado en junio de 2011. Un mes antes de recibir la tarjeta, un Real Decreto limitó las retribuciones de los consejeros de entidades intervenidas por el Estado, por lo que su sueldo, ha asegurado, se redujo en tres cuartas partes. Si continuó, ha afirmado, fue porque aceptó ser número dos de Bankia por otras razones distintas a las retribuciones. En febrero de 2012, Rato le entregó la tarjeta y le dijo que podía usarla como le pareciera.

¿Por qué no la usó? Profesional de banca, ha respondido que por "oficio bancario". Esa retribución, ha dicho al juez y al fiscal, no estaba en su contrato. También ha asegurado que Rato le advirtió de que solo José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y ellos dos iban a disfrutar de las tarjetas. Verdú está imputado en la pieza central del 'caso Bankia', que investiga la salida a bolsa de la entidad, con posterioridad al maquillaje de sus cuentas por la cúpula que él integraba.

Con su testimonio, Verdú ha desmentido la declaración en sede judicial de Rato, que había negado al juez haberle entregado la tarjeta. Poco después de finalizar los interrogatorios de la mañana en la Audiencia Nacional, Rato insistió en su tesis y declaró a la agencia Efe que el encuentro del que habla Verdú nunca se produjo.

Terceiro niega las 'black' en su época

Frente a los excesos de la época de Blesa y Rato prestó su testimonio Jaime Terceiro, presidente de Caja Madrid desde 1988 a 1996. En su época, ha asegurado al juez, nunca hubo más que una tarjeta de representación con un límite de 600 euros mensuales. Y ese límite, ha añadido, ni se alcanzaba. Sus consejeros nunca gastaban más de 300 euros al mes. Ninguno tenía pin, no se podían pasar comidas en viernes y, en ocasiones, se alojaban en hoteles de 3 estrellas, según el testimonio del expresidente de la entidad. 

Como gastos de representación, las tarjetas eran deducibles para la entidad dentro del impuesto de sociedades y los consejeros no debían tributar por ellas. Si las tarjetas 'black' se cargaban en una cuenta de quebrantos, las de la época de Terceiro, ha dicho él mismo, iban a la cuenta de gastos de gobierno.

También ha declarado esta mañana el autor del informe de Bankia que dio origen al caso, el director de Auditoría Interna, Iñaki Azaola. Su presidente, Ignacio Goirigolzarri, ha dicho en varias ocasiones que conocieron la existencia de las tarjetas 'black' por el correo electrónico entre Enrique de la Torre y Miguel Blesa que eldiario.es publicó en diciembre de 2013. Azaola, sin embargo, fija el inicio de la investigación en una hoja de gastos de tres páginas que le entrega alguien de su departamento, sin especificar más.

Fuentes presentes en la declaración aseguran que Azaola no ha contextualizado su trabajo ni ha profundizado en él durante más de hora y media de farragosa y huidiza declaración. Entre las preguntas para las que no ha tenido respuesta se encuentran las referentes al aviso que hizo Bankia a Rato y a los otros tres beneficiarios de la tarjeta 'black' en el periodo posterior a Blesa.

Generalizar los antivirales de última generación a pacientes menos graves. El comité de expertos que juntó hace más de un mes el Ministerio de Sanidad para elaborar una estrategia contra la hepatitis C ha incluido a los enfermos con una fibrosis más leve en sus hígados en el grupo que debe recibir los medicamentos más avanzados: Sovaldi, Oysio, Daklinza... Así lo ha asegurado el presidente de la Plataforma de Afectados (PLAFHC), Mario Cortés, tras reunirse este viernes con el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno.

Los únicos datos sobre el borrador de estrategia se han conocido por la PLAFHC ya que el ministro Alfonso Alonso se ha limitado a decir, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "no es el momento de hablar de cifras" y "habrá un aumento significativo" en el número de pacientes que se trate pero sin especificar.

Cortés también ha expresado su "satisfacción" por los puntos incluidos en el trabajo del comité. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Alonso en que era un dato clave, Sanidad todavía no ha precisado el listado de pacientes que están diagnosticados en España. "Nos han dicho que por encima de 200.000 pero que están esperando al Consejo Interterritorial de Salud", ha comentado el portavoz de la plataforma.

Lo que, de momento, cotinuará funcionando es el sistema de comité de aprobación para dispensar los antivirales una vez que los hepatólogos los hayan prescrito. Este filtro actúa en comunidades autónomas como Madrid donde un equipo revisa las recetas que llegan desde los especialistas antes de aprobar el gasto y la entrega de las pastillas.

Ampliar los tratamientos al nivel F2 (fibrosis 2) supondría incorporar a una gran parte de los diagnósticados de hepatitis C que, hasta este momento, no habían sido considerados prioritarios para recibir los fármacos más efectivos contra la enfermedad (con tasas de curación total por encima del 90%) en los informes de posicionamiento terapéutico elaborados por el Ministerio de Sanidad.

Juan Carlos Monedero ha reaparecido en una conferencia de prensa para explicar, y tratar de contrarrestar, las informaciones aparecidas en las últimas semanas sobre su patrimonio, los trabajos que realizó para diversos países latinoamericanos y su propio currículum. El número tres de Podemos ha acusado al “régimen del 78” de atacarle por el fuerte ímpetu que ha demostrado su partido en las últimas encuestas, por la victoria de Syriza en Grecia y por el éxito de la manifestación del 31 de enero.

Monedero ha presentado un dossier de decenas de páginas (incluidas numerosas fotocopias de informaciones aparecidas en los medios) en el que intenta desmontar todas esas informaciones. Entre la documentación, el secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos ha incluido una copia de la factura que su empresa –Caja de Resistencia Motiva2 Producciones SLU– cursó al Banco del ALBA por los informes que dice haber realizado y por los que ingresó 425.000 euros.

En todo ese material, no hay ningún documento emitido por el banco latinoamericano. eldiario.es ha intentado contactar varias veces a lo largo de la tarde del viernes con la institución, aunque no ha sido posible corroborar la información aportada hoy por Monedero.

El cofundador del partido ha entregado el extracto bancario que demostraría que el ingreso se hizo directamente a la cuenta de su empresa y no a una personal, como se había publicado. La factura tiene fecha de 31 de octubre de 2013.

La documentación que no ha aportado Monedero es el contrato que firmó con el Banco del ALBA para la realización de los informes, cuántos trabajos ha realizado para la institución supranacional, cuándo los ha hecho ni su contenido. Monedero ha asegurado que toda esta información es confidencial y que solo ha recibido permiso para publicar la factura.

“El contrato se hace con Caja de Resistencia”, es el único dato aportado por Monedero. Es decir, con su empresa, fundada en octubre de 2013. Esto contrasta con las informaciones aportadas anteriormente por él mismo, quien aseguró en declaraciones a los medios el pasado mes de enero que los trabajos se realizaron en 2010 y 2011.

El número tres de Podemos ha asegurado que realizó "un informe general muy voluminoso" y que "a lo largo de 2014 hay consultorías porque el informe no bastaba", aunque no ha añadido ningún dato más y ha remitido a la entidad contratante.

El Banco del ALBA es una institución supranacional en la que están los bancos centrales de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Monedero ha reiterado que el dinero que cobró lo ha destinado a la "profesionalización de La Tuerka", el programa de televisión con el que Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y él mismo comenzaron su andar mediático. Lo que ha desmentido de forma tajante es que ese dinero haya acabado en el partido: "Ni un solo euro de mi empresa ha ido a Podemos".

Sobre el precio de los servicios prestados al Banco del ALBA, Monedero ha insistido en que son "precios de mercado" y que estos los marca la parte pagadora. Eso sí, ha señalado que si el dinero ofrecido no le hubiera satisfecho, no habría hecho el trabajo. "Si me pagan menos, yo no podría haber puesto en marcha mi proyecto [de apoyo a La Tuerka] y tendría que haber buscado otro tipo de soluciones", ha asegurado.

El cofundador de Podemos ha anunciado además que ha presentado sendas denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante la Fiscalía por la publicación de información de carácter confidencial y protegida. Monedero ha asegurado que existe una persecución contra ellos y ha achacado el haber tardado tanto tiempo en dar explicaciones no solo a la necesidad de recopilar información, sino por los que, en su opinión, son ataques contra su persona y su partido: "Me he quedado sin palabras ante la intensidad de las mentiras y la virulencia de las noticias", ha señalado ante los medios.

Monedero también ha dejado caer su intención de dar un paso atrás y salir de la primera línea de la política. "Si la Ejecutiva [del partido] me deja", ha señalado. Su intención declarada es dedicar todo el tiempo que pueda a recorrer España y hablar con las compañeras y compañeros de los círculos", una de las cosas que más le gustan y que, según ha asegurado hoy, ya no puede hacer.

Por último, el secretario de Proceso Constituyente y Programa ha presentado sendos informes que justifican su proceder con la Agencia Tributaria y que no pidiera permiso a la Universidad Complutense de Madrid para compatibilizar su labor docente con los trabajos en el extranjero.

Documento: La factura presentada por Monedero.

Dossier: Toda la documentación aportada por Monedero.

Ángel Pérez y Gregorio Gordo ya no son militantes de Izquierda Unida. La Presidencia federal de la coalición que dirige Cayo Lara ha decidido aprobar la propuesta de resolución de las ponentes del expediente disciplinario que se abrió a los portavoces municipal y autonómico en Madrid el pasado 6 de febrero. El expediente, instruido por la coordinadora de IU en La Rioja, Henar Moreno, y por la dirigente andaluza Amanda Meyer, ha sido aprobada por 31 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Entre los que han votado a favor estaba el coordinador federal, Cayo Lara, quien no ha intervenido en el debate, según personas que han asistido a la reunión. Un total de 12 de los presentes decidieron no participar en la votación, según la nota de IU.

La expulsión ya es ejecutiva, es decir, ya se ha producido, según miembros de la Presidenc¡a. "Se les da de baja de las fichas", aseguran las mismas fuentes.

El motivo de la expulsión es una "falta muy grave" por haber actuado "en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de la organización en el marco de sus competencias con consecuencias negativas para IU". El expediente se refiere a las distintas resoluciones adoptadas desde el pasado mes de octubre por la Presidencia federal de IU en varias ocasiones que exigía que Pérez y Gordo dimitieran o fueran expulsados de sus respectivos cargos por los grupos. Ninguna de las dos cosas ocurrió.

La decisión adoptada hoy debería poner final al largo conflicto abierto entre la dirección federal de IU, aunque el pasado miércoles Pérez advirtió en una rueda de prensa de que acudiría a los tribunales si la Presidencia adoptaba esta decisión.

Precisamente una de las representantes de IU de Madrid (IUCM) en la Presidencia federal, Lidia Fernández, ha advertido del resultado que puede deparar ese proceso judicial, si finalmente llega. "Si los compañeros [Pérez y Gordo] nos llevan a los tribunales es muy probable que su causa prospere. Nos pueden más las tripas que garantizar los derechos", ha espetado en su turno de palabra.

En el mismo sentido se ha posicionado Izquierda Abierta, el partido liderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz. Fuentes oficiales han calificado en declaraciones a eldiario.es el expediente de "lamentable desde el punto de vista jurídico" ya que "no han comparecido los 'condenados'; no han tenido representantes; deja impune a la Ejecutiva que en 2009 nombró a Moral Santín; abre la puerta a que los condenados denuncien a IU; y se parece más a un juicio de honor militar que a un juicio de Ley".

En su intervención, Lidia Fernández, muy próxima a Ángel Pérez, ha criticado duramente la expulsión de ambos ya exdirigentes: "¿Alguien recuerda algún precedente de una decisión como la que este órgano va a tomar hoy aquí?", ha preguntado a los presentes, para insistir en la "incompetencia de la Presidencia federal, porque pide que se vayan dos cargos públicos de la Comunidad de Madrid y tanto los estatutos federales como regionales aseguran que es la Presidencia regional la quien tiene las competencias".

Por último, la dirigente madrileña ha considerado "lamentable la estrategia en medios con respecto al coordinador general de IU [Cayo Lara] y de desestabilización por no adoptar una decisión de parte que algunas personas demandan", en referencia a la política de confluencia, uno de los principales motivos de la guerra declarada entre Madrid y la dirección federal.

Grecia y el Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, han alcanzado este viernes, fecha en la que expiraba el ultimátum lanzado sobre Atenas por los socios del euro el pasado lunes, un principio de acuerdo para extender otros cuatro meses el plan de rescate griego, que vencía el próximo 28 de febrero.

La prórroga llega en la semana más tensa, tras la abortada reunión del pasado lunes y con cruces diarios de declaraciones entre los Ejecutivos alemán y griego. Finalmente, la prolongación del rescate ha podido ser acordada, aunque serán cuatro y no seis meses, como solicitaba el Gobierno de Alexis Tsipras.

La reunión empezó con tres horas de retraso y los augurios no eran buenos. Pero a medida que avanzaba la tarde los nubarrones fueron despejándose, y así un tuit positivo del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el francés Pierre Moscovici, y un cable de Reuters confirmaban la buena nueva. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, compareció risueño ante los medios: “Habrá más flexibilidad, que se acordará con las autoridades griegas”.

La prórroga del rescate llega tras una semana de declaraciones grandilocuentes, con Alemania diciendo 'nein' a todo y Grecia proclamando que no firmaría una prórroga del memorando "ni con una pistola en la sien". Escenificado el distanciamiento, el acuerdo permite a Atenas optar a los siguientes desembolsos del programa de ayuda (un préstamo de 1.800 millones de euros, un pago de 1.800 millones de euros a cuenta del beneficio del BCE con la compra de bonos griegos y 10.900 millones en bonos del primer fondo de rescate europeo para recapitalizar la banca griega) y da oxígeno a la banca helena, absolutamente dependiente de las cada vez más exiguas líneas de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo (BCE) y que ha visto cómo la fuga de depósitos se agravaba, con 1.000 millones de euros evaporándose en los últimos dos días.

El texto aprobado arranca con un “reconocimiento” del Eurogrupo “a los esfuerzos del pueblo griego por las medidas de ajuste adoptadas en los últimos años”. Después reconoce que “un mejor uso de la flexibilidad” ha sido clave para acercar posturas y aplaude los “compromisos” contraídos por el Gobierno de Tsipras, si bien estos no se darán a conocer hasta el próximo lunes. “Acogemos con beneplácito el compromiso de las autoridades griegas para trabajar en estrecho acuerdo con las instituciones y los socios europeos e internacionales. En este contexto cabe recordar la independencia del Banco Central Europeo”. La nota del Eurogrupo insiste en la intención de los Diecinueve de “proporcionar un apoyo adecuado a Grecia” hasta que se haya recuperado el pleno acceso al mercado, “siempre y cuando cumpla con sus compromisos”.

Queda pendiente conocer qué reformas que Atenas adoptará en contrapartida. El texto del acuerdo señala que “las autoridades griegas presentarán primero una primera lista de medidas basadas en el acuerdo actual el próximo lunes 23 de febrero. Si esta lista de medidas es lo suficientemente completa, las instituciones [europeas] proporcionarán una primera opinión en aras de una conclusión exitosa. Esta lista se especificará más y se acordará igualmente con las instituciones a finales de abril”, que es cuando expira el acuerdo parcial.

El principio de acuerdo ha sido redactado por Dijsselbloem y los ministros de Finanzas de Alemania y Grecia, Wolfgang Schäuble y Yanis Varufakis, que en rueda de prensa, y en tono conciliador, dijo que Grecia "está dejando atrás" la época en la que las reformas "eran impuestas pero luego no se aplicaban". "Ni este Gobierno ni yo nos dedicamos a estafar a nuestros socios”. El ministro griego ha celebrado que su país no se comprometa a bajar más las pensiones o a volver a subir el IVA. "Hay que ser muy estrecho de mente para decir que seguimos teniendo el mismo rescate", ha señalado.

Por su parte, el holandés Dijsselbloem ha advertido de que “la confianza se va más rápido de lo que tarda en crearse”. Pero concedió: “Tiene que haber un espacio político para cada nuevo Gobierno”.

La prórroga forma parte del rescate de casi 200.000 millones que Grecia ha recibido en el último quinquenio a cambio de durísimas reformas que han hundido su PIB un 25%. Con él, Atenas se asegura una eventual vía de financiación hasta abril, cuando probablemente vuelvan a aflorar las uñas de cada parte. En junio, Atenas hará frente a vencimientos de deuda por valor de 3.500 millones de euros. “Pero habrá un posible seguimiento de los acuerdos”, ha recalcado el holandés, remarcando lo de “posible”.   

No todos salieron contentos de la reunión del viernes. Varias informaciones previas a la rueda de prensa sugirieron que los ministros de Economía español (Luis de Guindos) y la portuguesa Maria Luís Albuquerque, ambos pertenecientes a Gobiernos conservadores y obedientes de las políticas de Bruselas tras recibir asistencia financiera de sus socios, se opusieron a la prórroga del rescate.

Una fuente del Gobierno heleno comentó a eldiario.es la impresión de que De Guindos le había dado durante el cónclave: “Tuvo un comportamiento más monárquico que el propio rey. E intentó todo lo que estaba en su mano para bloquear el acuerdo, insistiendo en que se celebrase otra reunión del Eurogrupo el próximo martes".

Se han necesitado tres Eurogrupos, durísimos intercambios entre Atenas y Berlín –Merkel ha tratado de hacer ver quién manda en la UE- y cesiones por ambos bandos, a veces separados por diferencias semánticas antes que de contenido por el impacto que la palabra rescate tiene en las ciudadanías. Pero ha habido acuerdo. “Para los ministros de Economía de algunos países, no es tan fácil venir dos veces por semana a Bruselas”, bromeó Pierre Moscovici.