Este jueves se espera que la petición del Ejecutivo griego para prolongar otros seis meses el actual rescate –que vence el 28 de febrero- sea enviada al Eurogrupo, en un movimiento que parece una concesión del Gobierno izquierdista de Alexis Tsipras a las tesis que Angela Merkel impone en Bruselas desde hace un lustro. La petición es en realidad un nuevo tira y afloja en la negociación: Atenas cede terreno para lograr ese acuerdo puente que le permita sortear la quiebra, pero no acepta las condiciones inamovibles del Eurogrupo y se agarra a la propuesta que el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el francés Pierre Moscovici, llevó el pasado lunes a la reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona.

Ese día, las negociaciones se rompieron y si ahora no prospera esta iniciativa, la amenaza de la salida del euro estaría cada vez más cerca para el país heleno.

“La Unión Europea conoce el programa electoral del partido en el Gobierno en Grecia, y sabe que la posición institucional no va a volver a ser la que fue. Nuestra postura es negociar y no cerrar puertas”, remachan fuentes del Ejecutivo heleno a eldiario.es, que añaden que el primer ministro Tsipras y su "rockstar" (en Bruselas se empieza a extender este apodo) económico, Yanis Varufakis, van “más allá” del texto propuesto por Moscovici.

El borrador de la Comisión Europea, lanzado con el visto bueno de su presidente, Jean-Claude Juncker, y finalmente arrinconado el pasado lunes en el cónclave europeo, planteaba la prolongación del rescate sin la necesidad de que Atenas restaure todas las condiciones previas, pero sí algunas: mantener superávits fiscales primarios adecuados y arrancar una promesa a Syriza de que seguirá pagando a sus acreedores.

Sin un plan B

Este miércoles, el Ministerio de Finanzas griego desveló una serie de documentos en los que detalla algo más las peticiones y compromisos con el Eurogrupo que ha venido anunciando Varufakis en los últimos días. Entre ellas, reducir los objetivos de superávit primario (hasta sólo el 1,5%) para no dañar el crecimiento y cumplir su programa de "rescate social"; no forzar el proceso de privatizaciones para no malvender activos, acometer un paquete de reformas (de la Administración, fiscal, judicial...) y el compromiso de hacer frente a los 17.000 millones que debe devolver este año a los acreedores. 

Para ello, propone, entre otras medidas, un aumento de los ingresos de 5.500 millones vía reforma fiscal, la recuperación de 1.900 millones procedentes de los beneficios por operaciones con deuda griega de los bancos centrales; e incrementar hasta 8.000 millones más el techo de deuda pública a corto plazo que puede comprar la banca griega, que asciende actualmente a 15.000 millones.

A cambio, Grecia podría decidir la prioridad y la intensidad de las reformas apalabradas a cambio del rescate. Preguntadas por si Tsipras cuenta con un plan B en caso de que los Diecinueve rechacen por consenso la demanda griega, la respuesta en fuentes del Gobierno heleno es un rotundo no.

Ya al término de la reunión del pasado lunes, cuando todos los dirigentes comparecieron en rueda de prensa con visible amargura, el documento de Moscovici sobrevoló el ambiente. Varufakis declaró su conformidad con la iniciativa del comisario, pero unas enmiendas introducidas a última hora por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Djisselbloem, transformaron el borrador en un segundo texto muy diferente que volvía a asumir las tesis de Alemania, siempre según el ministro de Economía griego.

La web OpenEurope analizaba este miércoles las líneas rojas de cada bando: Atenas pide que se prorrogue la financiación (mediante los actuales préstamos, la parte sobrante del rescate bancario o la extensión de la posibilidad de emitir deuda a corto plazo por parte de Grecia), la liquidación del Memorándum (brazo ejecutor de la llamada Troika) y cambiar un 30% de las condiciones del rescate con el compromiso explícito del Gobierno griego de que lo pactado se cumplirá.

Esto último implica preservar el 70% del rescate en vigor, aunque Financial Times destacaba esta semana las dudas comunitarias con relación a este supuesto compromiso: “¿Qué es eso de que se seguirá adelante con el 70%? ¿Cómo cuantifica Grecia el 70%?”.

La actualidad europea se ha acelerado vertiginosamente desde el ascenso de Syriza al poder. Cada hora se suceden las declaraciones y reacciones de ambos bandos: Grecia por un lado; Alemania respaldada por Djisselbloem y los estados del Norte, por otro; Francia e Italia moviéndose en la ambigüedad de un fino alambre que está a punto de romperse.

Para reforzar más el desasosiego, este miércoles se especulaba con la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) corte la última válvula de financiación que le queda a Atenas: las líneas de emergencia, también conocidas como ELA, aprobadas in extremis la semana pasada tras cortar la institución que dirige Mario Draghi el grifo de liquidez a las entidades bancarias griegas.

Luis Garicano (Valladolid, 1967) es junto con Manuel Conthe uno de los economistas fichados por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para poner en marcha el programa económico con el que concurrirán a las próximas elecciones.

La muerte de otros 300 inmigrantes en aguas del Mediterráneo ha abierto de nuevo el cajón de las preguntas. ¿Por qué siguen muriendo? Las ONG apuntan a Europa. A finales de 2014, Italia decidió desmantelar la operación de salvamento "Mare Nostrum" debido a la falta de fondos europeos, operativa durante un año. La Agencia de Protección de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) puso en marcha a principios de este año el operativo de vigilancia de fronteras "Tritón", mucho más reducido y con un radio de acción de tan solo 30 millas desde la costa italiana.

eldiario.es ha hablado con el director adjunto del Frontex, Gil Arias. En una entrevista explica que el objetivo de la Agencia de la UE no es "el salvamento de vidas humanas" en el agua sino "la detección de personas indocumentadas", aunque niega que Europa y el Frontex estén cerrando las fronteras. Considera que ninguna operación de salvamento puede abarcar la magnitud del Mediterráneo ni acabar con el riesgo de que sigan muriendo inmigrantes. Cuando se habla de posibles soluciones, se muestra abierto a la recuperación de medidas como el "asilo diplomático".

¿Cree que el desmantelamiento de la operación "Mare Nostrum" es una causa directa de las últimas muertes en Lampedusa?

Es muy difícil aseverarlo, "Mare Nostrum" contaba con medios militares, es decir, barcos más grandes de los que habitualmente se utilizan. "Mare Nostrum" estaba desplegada en zonas mas próximas a la costa libia, con lo cual es posible que barcos más grandes y más próximos hubieran podido llegar antes.

Es cierto que, a pesar de ello, la muerte de los inmigrantes se debe a que estuvieron expuestos al frío, a temperaturas bajo cero, a una tempestad muy fuerte con olas de hasta ocho metros... Aún con la operación de rescate probablemente la tragedia se hubiese producido igual. Como usted sabe, los nueve inmigrantes no murieron por ahogamiento, fue por hipotermia porque estuvieron expuestos a temperaturas muy bajas y los cuidados que les dieron en los barcos no consiguieron llegar a salvarlos.

Lo que sí que es cierto es que ha habido un barco desaparecido con 300 inmigrantes dentro. A estas alturas deben haber muerto ya.

Como usted señala, según los testimonios prestados por los inmigrantes supervivientes, había una cuarta barca de goma que a pesar de la búsqueda no se ha podido encontrar y lamentablemente hay que temer lo peor: que se haya podido hundir con los inmigrantes. Es muy difícil predecir si con "Mare Nostrum" se hubiera podido evitar la tragedia, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en las que estaba el mar.

Con barcos más grandes es posible que el rescate se hubiera producido pero tampoco es una garantía de que se hubiese evitado la tragedia porque las barcas salieron de Libia el sábado con condiciones meteorológicas muy adversas. Los inmigrantes fueron obligados a embarcarse a punta de rifle por los traficantes. Ellos –los inmigrantes– se temían lo peor porque el tiempo era muy malo cuando embarcaron en Trípoli.

¿Por qué se tomó la decisión de cerrar "Mare Nostrum" o por qué se decidió crear un operativo de protección en lugar de apoyar al Gobierno italiano en la operación de rescate?

Cada decisión se tomó por diferentes autoridades y de forma totalmente independiente. "Mare Nostrum" era una operación militar con un objetivo claro de salvamento. Fueron las autoridades italianas las que decidieron concluir la operación. Las únicas personas que pueden responder a eso son las autoridades italianas que son quienes tomaron la decisión de lanzarla en su momento y de terminarla a finales del año 2014.

No sabemos exactamente en qué fecha concluyó porque la operación "Tritón", que es la que coordina Frontex, se planeó conjuntamente con las autoridades italianas pero con independencia de "Mare Nostrum". Incluso el Ministerio del Interior, que es nuestro interlocutor, desconocía lo que iba a suceder con "Mare Nostrum". Las operaciones coincidieron durante meses, no fue una sustitución, llegaron a coincidir y eran independientes. Se cerró sin que Frontex recibiera ninguna comunicación.

Frontex lo que hizo fue reforzar las operaciones que ya existían en la zona. De hecho, "Tritón" es la sustitución de dos operaciones anteriores que coordinaba la Agencia en las costas del sur de Italia: la operación "Hermes" en el sur de Sicilia y la operación "Eneas" en las costas de Puglia y Calabria.

No sé si puede dar la impresión de que lo que verdaderamente pretende Frontex –y la Unión Europea–es cerrar las fronteras en vez de proteger, como "Mare Nostrum", a los inmigrantes que llegan ¿es esa la estrategia de Frontex?

Ni la estrategia de Frontex ni la de la UE es cerrar las fronteras. La estrategia de las operaciones que coordina Frontex es impedir que los inmigrantes irregulares entren en Europa de forma clandestina, es decir, que entren indetectados, que entren de manera desconocida por parte de las autoridades, pero no impedir que lleguen. De hecho, todas las personas que se interceptan en el mar son traídas al territorio de la Unión Europea, no se produce su devolución.

Frontex no está contribuyendo a crear la 'Europa fortaleza', está contribuyendo a que no entren personas de manera clandestina en el territorio de la UE, de manera que las autoridades de cada gobierno conozcan quiénes son las personas que han entrado y luego procedan a sus análisis correspondientes para ver si están en situación de protección internacional, si tienen posibilidades de quedarse de acuerdo con la legislación de su país o tienen, en su caso, que ser devueltos a su país de origen. Esas son decisiones que se toman a nivel nacional. Por tanto, no es impedir que lleguen.

Los objetivos de Frontex tienen como objetivo la protección de fronteras. Impedir que las personas entren de manera indetectada para las autoridades de los estados miembros. La operación "Mare Nostrum" tenía un objetivo claro y único que era el salvamento marítimo pero ni la UE ni Frontex tienen mandato para hacer salvamento marítimo, depende de los Estados miembros. Bien es cierto, y a las pruebas me remito, que están participando los barcos coordinados por Frontex aunque los objetivos de esos barcos son la protección fronteriza, es decir, impedir entradas clandestinas.

¿No sería necesario un acuerdo entre Estados miembros, Frontex y la UE para garantizar que no muera más gente en el agua?

Ahora mismo no hay ningún organismo europeo que se dedique a coordinar una operación de salvamento. Esto depende de las autoridades competentes de cada país. Podría ampliarse el mandato de la Agencia y atribuirle tareas de salvamento e incrementar los medios porque, con los actuales con los que cuenta la Agencia, sería muy difícil llevar a cabo tareas de salvamento además de las operaciones de control fronterizo.

Repito que nuestras operaciones se convierten casi a diario en operaciones de salvamento. Esto partiría de una decisión política tomada en los organismos de la Unión Europea que modificasen el mandato de la Agencia. En cualquier caso, tanto para las operaciones de salvamento como para el control de las fronteras, la Agencia tiene una misión de apoyo a los Estados miembros que hacen frente a esas situaciones de presión desmesurada o de presión de la inmigración irregular. No es misión del Frontex sustituir a los países de la Unión.

¿La solución, entonces, parte solo de los Estados miembros?

La solución no está en el control fronterizo ni en desplegar muchos medios de salvamento en el mar. La solución únicamente vendrá de la mano de la estabilidad en los países de origen y en los países de tránsito, es decir, en los estados desde los que salen hacia la UE. Tienen que tener en cuenta que el Mediterráneo tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es absolutamente imposible e impensable tener bajo vigilancia toda esa zona. Por muchos medios que se pongan en el mar, por mucha disposición y mucha voluntad política que tengan los Estados miembros en prevenir las muertes, siempre habrá riesgo. Sobre todo si, como hemos visto en esta tragedia, los traficantes no tienen escrúpulos y obligan a los inmigrantes a subir a bordo de barcas de goma cuando pueden transportarles en un buque de madera.

Las soluciones vendrán primero de los países de los que huyen, países que están en guerra, o donde están perseguidos. Algunos procuran tener una vida mejor, un trabajo digno aunque en la mayoría de los casos huyen de la guerra. Y, desde luego, que en países como Libia los traficantes no campen a sus anchas y no operen con libertad porque si no va a ser difícil evitar que en el futuro se produzcan tragedias como la que hemos visto estos últimos días.

Desde la UE y desde Frontex han sostenido que la operación "Mare Nostrum" provoca un 'efecto llamada', ¿lo siguen manteniendo?

Es muy difícil hacer una aseveración como esa sobre todo teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando el problema en el Mediterráneo. Inicialmente se produjo claramente un 'efecto llamada' por parte de "Mare Nostrum", puesto que el flujo de inmigrantes en el Mediterráneo central se incrementó exponencialmente justo a raíz de lanzar la operación. Esto lo veíamos además en las barcas que se incautaban una vez que los inmigrantes eran rescatados por la Marina Militar italiana porque llevaban la mitad de agua, la mitad de combustible y la mitad de alimentos que solían llevar anteriormente.

Fue además un gran negocio. Con la presencia de medios de patrulla italianos, los de "Mare Nostrum" –mucho más cerca de las fronteras de Libia– podían poner mucha más gente en el mar e invertir menos en agua, alimentos y combustible porque sabían que serían rescatados antes. Inicialmente es claro que "Mare Nostrum" sí que produjo un 'efecto llamada'. También es verdad que de alguna manera el flujo se ha ido consolidando, el flujo ha disminuido pero muy poco, también debido a la época estacional en la que nos encontramos.

Con lo que estamos viendo ahora, en enero y febrero no ha habido una reducción notable de los flujos. Si bien en un momento todo indicaba a que había un 'efecto llamada' ahora hay razones para dudar de que eso fuese así, ya que la gente sigue viniendo aunque la operación ya no esté allí.

Varias ONG están apuntando a que quizá los inmigrantes toman la ruta del mar porque en Europa no hay suficientes vías de acceso legal.

Qué duda cabe de que retomar algunas medidas que antaño eran posibles para los solicitantes de asilo podría ayudar de manera notable a evitar que esas personas pongan en peligro sus vidas. Por ejemplo, la llamada petición de asilo diplomática, es decir, que los inmigrantes pudieran presentarse en una embajada de la UE o en un consulado y presentar allí sus solicitudes.

La posibilidad de aumentar los canales para la entrada legal es algo que se está discutiendo también en los foros de la UE aunque evidentemente nosotros conocemos esto a través de los medios y no somos un actor en esos debates. Me consta que esto se está debatiendo con el objeto de reducir el número de inmigrantes que se enfrentan a estas rutas tan peligrosas a través de las fronteras marítimas.

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, calificó recientemente como hipócritas las críticas de la UE sobre de la gestión de las fronteras por parte de los Estados miembros porque, a su juicio, los fondos y la ayuda que llegan de las instituciones europeas para la protección de las fronteras son escasas. ¿Comparte esa afirmación?

Desconozco la ayuda financiera que ha podido recibir España y la que están pudiendo recibir otros países como para compartir o no las afirmaciones. Lo que puedo decirle es que la UE tiene unos fondos a los que todos los países pueden acudir para reforzar sus capacidades fronterizas. No tengo conocimiento de si España ha acudido o no a esos fondos ni de qué cuantías estamos hablando. Lo que sí puedo decirle es que Frontex tiene tres operaciones que lanza todos los años en aguas españolas, si bien no son las de más calibre. Las de mayor tamaño son las de Italia porque el número de inmigrantes que viene hacia allí multiplica muchas veces los que llegan a España.

En cuanto a lo que hace referencia a la Agencia, no tienen ninguna razón de acusarnos de no apoyarles o de quejarse del apoyo que les dé Frontex porque tenemos allí más operaciones que en ningún otro sitio. Son operaciones de menor despliegue de medios, porque la presión migratoria no es la misma.

Ha criticado también el ministro que desde Europa no se apruebe la intención de legalizar las devoluciones en caliente. ¿Cree que el Gobierno hace bien intentando legalizar estas devoluciones inmediatas en frontera?

Es una cuestión puramente jurídica. Es evidente que hay un marco legal que establece la legislación internacional y comunitaria que no se puede sobrepasar por las legislaciones nacionales. Desconozco el contexto o los términos en los que se pretende legalizar la ley española porque la Agencia que yo codirijo no participa en el seguimiento de las legislaciones nacionales, ni siquiera en la legislación europea salvo que afecte muy directamente a nuestras operaciones.

Únicamente puedo hablar como ciudadano de a pie que sigo con interés lo que ocurre en mi país, pero desconozco cuáles son las modificaciones que se han propuesto en España. Puedo decir que la legislación europea reconoce unos requisitos para devolver a las personas que no tienen derecho a permanecer en territorio de la UE y que, en cualquier caso, la legislación nacional tendrá que estar en línea con la internacional.

Una jueza va a comenzar a investigar la denuncia del alcalde de Leganés (Madrid), Jesús Gómez Ruiz, en la que asegura haber sido objeto de escuchas ilegales. La titular del Juzgado número 5 de instrucción de la localidad madrileña ha abierto diligencias para esclarecer si el dirigente del PP ha sido espiado y si se han intervenido sus comunicaciones, tal y como ha denunciado. La magistrada cree que esos hechos apuntan a una "infracción penal", aunque matiza que desconoce quiénes pueden ser los responsables. La investigación judicial que ha arrancado ya estará encaminada, en primer lugar, a identificar a los posibles culpables.

En su obra Teoría de la Justicia John Rawls, el filósofo político estadounidense más influyente del siglo XX, nos propone un experimento mental que él llamó "el velo de la ignorancia". Rawls nos pide que nos imaginemos antes de nacer y pensemos en qué tipo de sociedad nos gustaría hacer nuestra entrada a la tierra. Si no supiéramos nada de cómo va a ser nuestra familia, ni del colegio al que iremos, ni de cómo será la atención en nuestro hospital local si es que lo hay, o de cómo nos tratará la policía ¿En qué tipo de sociedad nos sentiríamos seguros? ¿Cómo garantizarnos la suficiente igualdad de oportunidades aunque nos haya tocado el peor escenario?

En España, hoy, el niño de Rawls se encontraría un panorama aterrador. La crisis ha golpeado tan duramente los presupuestos para la infancia que ninguna comunidad autónoma se salva de la debacle. Justo cuando las cosas se han puesto peor, la red de seguridad, que ya era débil, ha sido retirada. Esta es la primera conclusión a la que se llega tras la lectura del trabajo del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) para Unicef Comité Español sobre la Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y evolución 2007-2013.

El informe, al que ha tenido acceso porCausa, es muy relevante por ser la primera vez que se analiza con tanto detalle el impacto de la crisis económica en la inversión pública de España en políticas de infancia y su evolución en los últimos años. Tras el estudio de los datos sobresalen tres aspectos que merecen una reflexión más profunda. El primero y más dramático es la caída del gasto durante lo peor de la crisis. El segundo, las diferencias, a veces enormes, que puede haber entre unas comunidades autónomas y otras. El tercero, la falta de calidad y de claridad de la información publicada por las administraciones sobre el asunto.

Poca información

Si definimos como inversión en infancia "todo aquel gasto realizado por las distintas administraciones públicas con un impacto en mayor o menor medida sobre la población infantil", nos encontramos con que ni en los Presupuestos Generales del Estado ni en los de ninguna de las 17 Comunidades Autónomas aparece desglosado el gasto en políticas de infancia. Para suplir esa falta de información, lo que el CEET ha tratado de hacer es identificar los conceptos de gasto que tengan un impacto claro sobre la población infantil. Para ello ha seleccionado una serie de partidas agrupadas en cuatro ámbitos: la educación, la salud, el bienestar (incluyendo los programas de protección de la infancia y la familia) y la seguridad social o las prestaciones y han imputado la proporción que tenga clara relación con la población infantil.

Con esos datos, el estudio compara la evolución de la inversión pública en infancia, tanto de forma agregada como desagregada, en tres momentos distintos. El primero es el ejercicio de 2007, un año antes del estallido de la crisis, el segundo es dos años después de ese estallido, en 2010 y el tercero es en 2013.

Resulta preocupante la dificultad que la Fundación Tomillo ha tenido a la hora de recopilar la información, ya que esta no siempre aparece lo suficientemente desglosada por conceptos de gasto o no hay una adecuada denominación de los programas presupuestarios, que, además, en cada Comunidad Autónoma pueden llevar nombres distintos. El caso más extremo es el de la Comunidad Foral de Navarra, en la que el análisis es casi imposible.

Esa falta de transparencia hace que pueda haber algunos peros a la metodología utilizada en el informe, ya que puede ser que no estén todos los gastos. Ahora bien, haciendo ciertas salvaguardas, el informe es un ejercicio de aproximación válido para saber cómo han ido las cosas desde 2007 y para conocer mejor la magnitud de los recortes. Y en cualquier caso, debería servir de estímulo para que la información sobre la inversión pública en infancia mejore y sentar las bases de un debate público de mayor calidad y con más argumentos.

Las diferencias territoriales

La inversión total es el resultado de sumar las partidas de gasto de la Administración General del Estado más las de las comunidades autónomas. Dada la distribución de competencias del sistema español, son las CCAA quienes mayor porcentaje de sus recursos dedican a las políticas de infancia sobre sus recursos totales, ya que de los cuatro ámbitos considerados en el estudio, educación, salud y bienestar social son de competencia autonómica, mientras que las prestaciones (por hijos a cargo, maternidad/ paternidad, orfandad) pertenecen mayoritariamente al ámbito estatal.

En el reparto total, la Administración General del Estado representa, en promedio de los tres ejercicios analizados, un 12% de la inversión total en infancia, mientras que el conjunto de las CCAA representa el 88% restante.

Atención niño de Rawls que quieres dejar de estar en órbita y a lo mejor te estás planteando dejar de ser inocente e ignorante. Si estás pasando por España, debes saber que a la cabeza de las 17 CCAA, en términos de inversión en infancia por niño, en los tres años analizados, se sitúan País Vasco, Castilla y León y Asturias. Los farolillos rojos son la Región de Murcia, la Comunidad Foral de Navarra (un caso especial por la poca calidad de sus información) y la Comunidad de Madrid, todas ellas en niveles muy parecidos. Y las diferencias no son baladíes. Con los datos disponibles, en el País Vasco el gasto por niño en 2013 ascendió a 7.767 euros, mientras que la inversión destinada al niño madrileño fue de 2.791 euros, aproximadamente una tercera parte, o un 64% menos.

Si bien en todas las comunidades el gasto por niño/a descendió entre 2007 y 2013 hay grandes diferencias en las magnitudes. La palma del recorte se la llevan La Rioja (-35%), Murcia (-29%) y Castilla-La Mancha (-22%), mientras que en el País Vasco (-1,3%), Andalucía (-7,5%) y Extremadura (-8%), ha habido más moderación.

Si se combina el punto de partida y la evolución en el período, se obtiene una visión más completa. Así, las CCAA que más invertían en infancia en 2007 y que menos han reducido su inversión entre 2007 y 2013 son País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón, mientras que las que menos invertían en infancia en 2007 y que más han reducido su inversión en el período analizado son la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Canarias.

Evolución total

En los tres años a los que se refiere el estudio, el patrón de la evolución de la inversión total sigue la forma de una V invertida, subiendo entre 2007 y 2010 y bajando entre 2010 y 2013. Si el análisis se realiza en euros constantes, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, lo que sería un cálculo más real, el patrón se repite, hay aumento entre 2007 y 2010 y caída en 2013, pero en este caso la cifra final está por debajo de la de 2007, ya que es casi un 6% inferior. Es decir, la inversión total en infancia aumenta entre el año anterior a la crisis y el segundo año después de su estallido pero luego cae conforme esta se agrava y sigue por debajo del nivel inicial. La primera conclusión tras este momento farragoso de análisis de datos, es que sí, ha habido recortes, no son un bulo ni un falso rumor.

Hay que aclarar que esta caída no obedece a un descenso del número de niños y niñas, ya que si se divide la inversión total entre la población infantil en cada uno de los años de referencia, el gasto per cápita infantil en 2013 sigue por debajo del de 2007. Y si se considera el gasto en infancia como porcentaje del PIB, ocurre los mismo; si en 2007 representaba un 4%, subió cuatro décimas en 2010 para bajar seis en 2013, año en el que el porcentaje (3,8%) queda todavía dos décimas por debajo del de antes de la crisis.

Atendiendo a los conceptos que componen la inversión en infancia, hay que cuestionarse qué partidas son más importantes que la sanidad, la educación o el bienestar para que hayan ganado terreno proporcional en el peso del PIB en lo más crudo de la crisis. Ahí nos encontramos gastos que hoy resultan un tanto estrafalarios: aeropuertos reconvertidos en mausoleos, tranvías cuyo coste final se duplicó y otras muchas infraestructuras prácticamente abandonadas. Por eso no sorprende que mientras el esfuerzo presupuestario en infancia respecto del PIB descendía entre 2007 y 2013, la tasa AROPE estatal de menores de 18 años que mide el porcentaje de la población en riesgo de exclusión y pobreza, haya aumentado en ese mismo período en cuatro puntos, del 28,6% al 32,6%. Cuatro puntos que nos acercan aún más a los casi tres millones de niños que viven en la pobreza en nuestro país.

Esta caída neta de la inversión en infancia pone de manifiesto el fracaso del estado de bienestar como red de protección global. En el caso de otros colectivos, como los pensionistas, el nivel de protección ha seguido estando garantizado y ha dado resultados. En el caso de los niños, esas garantías se han reducido en lo peor de la crisis y los ha dejado más desprotegidos, a merced del empleo de sus padres. Resulta inevitable plantearse si este fracaso no es en parte consecuencia de la menor relevancia política de los menores.

En resumen, tras tanto dato y tanto porcentaje, la realidad es que parece mejor que te toque ser Gorka que Isidro. El punto de partida ya era mejor, pero además la crisis se hecho más llevadera. Madrid y País Vasco tenían la misma tasa AROPE en 2007: un 16%. Seis años después la tasa de Madrid aumenta cuatro puntos hasta un 20% y la del País Vasco lo hace tan solo en un punto hasta el 17%.

Lo que Rawls defendía con el experimento del "velo de la ignorancia" no era que nos volviéramos ignorantes, sino que todos, en el fondo, sabemos lo que es justo y lo que no, y tenemos una idea bastante aproximada de lo que hace que una sociedad sea más justa y más equitativa. Esperamos que iniciativas como el informe del CEET para Unicef España contribuyan precisamente a luchar contra la ignorancia social sobre la pobreza infantil. En esto, no hay velo que valga.

Este trabajo de porCausa ha sido posible gracias a la aportación de sus pioneros y patrocinadores.

Nota: Los datos de los gráficos corresponden a euros constantes de 2007 para considerar el efecto de la inflación.

El Estado del bienestar fue concebido como un igualador de oportunidades frente a las diferencias sociales y una red de protección frente a los embates de la enfermedad, la vejez o la pobreza. En el caso de España –y durante estos seis años de la Gran Recesión– el sistema ha protegido de manera notable a los pensionistas y, en menor medida, a los desempleados, pero ha fracasado estrepitosamente en la protección de los niños. Con uno de cada tres menores en situación de pobreza o riesgo de exclusión, hoy nuestro país alcanza niveles récord en un ámbito que establece el rasero moral de las sociedades y sus posibilidades de progreso futuro.

Cuánto de esta situación depende de un mayor esfuerzo presupuestario de las administraciones públicas es un asunto que no tiene una respuesta simple. Niveles equiparables de gasto en diferentes países o regiones obtienen resultados muy diferentes, porque la eficacia de la inversión en infancia está relacionada con los destinatarios, el alcance y la duración las políticas.

Lo que parece fuera de discusión es que el volumen del gasto importa, porque sus reducciones están directamente relacionadas con el deterioro de las condiciones de vida de los niños. De acuerdo con el informe de UNICEF Los niños de la recesión–que analiza el impacto de la crisis en la infancia de los países desarrollados– es posible identificar dos fases muy claras en la respuesta de los países a la crisis: durante el período 2008–10, caracterizado por la expansión del gasto en políticas de protección, 19 de los 30 países analizados lograron reducir la pobreza de los niños (en algún caso, como el de Lituania, Islandia y el Reino Unido, de manera considerable). El panorama cambió de manera radical con la aplicación de las medidas de austeridad, un periodo (2010–12) en el que solo cuatro países lograron reducir la pobreza infantil más de un 1%.

España constituye un pequeño laboratorio de este experimento social, como muestran los números analizados por la Fundación porCausa a partir de los datos de la Fundación Tomillo/UNICEF Comité Español. El fenómeno de V invertida que representa la evolución del gasto entre 2007 y 2013 coincide con un punto de inflexión en los niveles de pobreza de los niños, que caen levemente hasta 2011 y crecen desde entonces.

Como en otros ámbitos esenciales del interés público, la información con la que trabajamos es demasiado gruesa para establecer conclusiones definitivas que informen un debate público de calidad sobre este asunto, pero al menos sirve como señal de alarma. Ninguna campaña electoral estará completa si no aborda estas cuestiones de manera clara en las próximas semanas.

Cuando el 6 de julio de 2005 el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, dijo: "Madrid will not participate in the next round", se descarriló un tren cuya locomotora se había alimentado a base de cientos de miles, de millones de euros gastados sin apenas control. Una maquinaria diseñada desde el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón que evitó cualquier fiscalización y que se tradujo en fichajes y sueldos astronómicos y gastos a todo trapo.

Una arquitectura que sirvió para pagar al director de la candidatura olímpica, Feliciano Mayoral, una nómina de 10.800 euros netos cada mes o alimentar un plan de pensiones para los directivos mejor pagados de la oficina, según los apuntes bancarios (aquí consultables) de las cuentas de la Fundación Madrid 2012 y la oficina Madrid 2012 SAU a los que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro Filtra.la, que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia. Una riada de miles de euros con los que se abonaban las facturas de los famosos expertos en el mundo olímpico, figuras que se repiten alrededor de las diferentes candidaturas relacionadas con el COI –JJ OO, Universiadas o Juegos Europeos.

El esquema era el siguiente: el Ayuntamiento creó la fundación "sin fin lucrativo" Madrid 2012 cuyo presidente era el alcalde Ruiz-Gallardón y su director general Roberto Sanz Pinacho (hombre de Gallardón en el PP). Esa fundación era la dueña de la oficina ejecutiva de la candidatura Madrid 2012 SAU. Los apuntes de la cuenta bancaria de la fundación son mayoritariamente de entrada: decenas de empresas inyectaban dinero a la fundación "de iniciativa municipal". Periódicamente, ese dinero se transfería a la cuenta bancaria de la sociedad anónima. Incluso seis días antes de la elección de la sede para los juegos de 2012, el 30 de junio, Madrid 2012 hizo una ampliación de capital de 2,5 millones de euros que llegaron de la Fundación.

Con esa cadena, los euros para conseguir los JJ OO para la ciudad de Madrid, el proyecto del Ayuntamiento de Gallardón, quedaban fuera de la vigilancia de la Intervención Municipal. Aunque el reclamo fuera la ciudad o el consistorio, la dinámica era puramente privada.

"Pagar lo que hiciera falta"

"Había que fichar a la gente de Barcelona'92 y pagar lo que hiciera falta", recuerda una década después algún funcionario municipal. El año de la elección, la oficina ejecutiva de Madrid 2012 mezclaba en su dirección a hombres del Partido Popular y directivos deportivos. Después de Mayoral, el siguiente mejor pagado fue el director de Comunicación, José Ramón Díez (quien actualmente es el director de Televisión Española), que aparece en lo documentos con ingresos de 7.300 euros al mes, el director financiero, Alfonso Herández –al que la candidatura ingresaba 5.400 euros mensualmente– y el director de Promoción, Miguel de la Villa Polo –que sólo un año más tarde sería nombrado director general de Deportes por Gallardón y que recibía más de 5.500 euros netos cada mes–. Estos cuatro directivos de la candidatura recibieron además, una "aportación 2005 a plan de pensiones", según los extractos bancarios de 4.000 euros en mayo de ese año.

La nómima global de febrero de 2005, por ejemplo, ascendió a 147.728 euros netos –sin contar los impuestos o las aportaciones a la Seguridad Social– por 22 personas, aunque con amplias diferencias entre contratados: de 20 a 1 entre la cima y la base salarial. También está reflejado en los pagos otro hombre del Partido Popular, Antonio Lucio Gil, que fue director general de Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid cuando presidía la región el propio Ruiz-Gallardón.

Alrededor de la elección y organización de campeonatos deportivos se ha ido creando una constelación de asesores dedicados a conseguir las designaciones que ansían los dirigentes políticos. Desde unos mundiales de atletismo o natación hasta la joya del corona: los Juegos Olímpicos, los consultores esgrimen sus conocimientos sobre los organismos que, a la postre, conceden la organización (una federación internacional o el Comité Olímpico). Para Madrid 2012 no se reparó en gastos. Nombres como Isidre Rigau (coordinador del dossier), a quien se fichó por haber sido director logístico en Barcelona'92 y que también ha sido "asesor del COI en Sydney 2000, Atenas 2004, Torino 2006 o Pekín 2008". O Alejandro Sansa –que fue contratado a nómina–, asesor de relaciones internacionales de M2012, que luego colaboró con Rigau en el equipo de asesores para los malogrados Juegos Europeos de Valencia (que finalmente se disputarán este año en Bakú, Azerbayán).

También proveniente de Barcelona, la cuenta bancaria de Madrid 2012 recoge la facturación de Ignasi Rodríguez Torne, que había sido responsable de "proyecto de imagen y comunicación, e identidad y diseño" de los Juegos de 1992. En 2005 se encargó de la "coordinación artística y comunicación estratégica" para Madrid. En la siguiente apuesta olímpica de Gallardón, para 2016, fue reclamado de nuevo para  llevar la "comunicación estratégica, identidad corporativa y coordinador de la comisión de cultura para la candidatura". Otra de las asesoras que facturaba periódicamente (sumó en 2005 alrededor de 20.000 euros) era Christine Page Lumb, que tres años después del fiasco de Singapur figuraba como "experta en protocolo y relaciones públicas" para la intentona de Vigo por convertirse en organizadora de la Universiada de 2013. Finalmente se celebró en Kazán (Rusia).

Estos cuatro asesores que aparecían públicamente como expertos y coordinadores de la candidatura, sólo en la primera mitad de 2005, sumaron pagos por más de 155.000, según los asientos bancarios.

Del ritmo de gasto de dinero puede dar testimonio el uso de las tarjetas de crédito de la cuenta de la candidatura. El 1 de enero de 2005, la "facturación" de tres de ellas sumaron 11.429 euros (con cargos de 3.000 y 4.000 euros). El 1 de abril fue de 4.546 euros. Para mayo ese cargo llega a 13.455 y en junio a 22.485 euros. Un mes después fueron 18.997. La factura para el viaje de la delegación e invitados a Singapur fue de 585.776 euros.

Empresas que aportaban a la fundación

Una vez que el griego Lambis Nikolau erró en su voto dejando a Madrid fuera y metiendo a París en la final con Londres, aún aparecen algunos gastos llamativos como los 7.125 euros que la fundación gastó en una tienda de Loewe. La candidatura, por su parte, abonó al mesón Txistu de Madrid una factura de 35.310 euros gastada el 19 de julio de 2005. 13 días después del no a Madrid.

Con toda la fiesta olímpica ya olvidada, la cuenta de la candidatura y la fundación quedaron activas. El último movimiento que ha podido revisar este diario llega al 9 de febrero de 2006 con un saldo de 35.140,54 euros. La de Madrid 2012 SA llegó incluso más lejos. El 23 de julio de 2008, tres años después de Singapur y ya pasado el primer corte para aspirar a los JJ OO de 2016, que ganaría Río de Janeiro, se retiraron los últimos 123.000 euros que aún constaban en el saldo. La cuenta quedó entonces a cero.

Para aguantar el ritmo de gastos, el equipo de Gallardón creó la Funación Madrid 2012 que captaba fondos de empresas (donaciones con desgravación). En 2005, el mapa económico español y madrileño era distinto. No menos de 17 constructoras, grandes y pequeñas, pusieron dinero. Construcciones Reyal, Promociones y Urbanizaciones, Construcciones y Promociones, Ortiz Construcciones, Fercaber, Panasfalto... 

Pero también las grandes contratistas españolas como Sacyr, OHL, Entrecanales, Ferrovial, FCC aparecen en la cuenta de la fundación (con la máxima aportación en 2005: 150.000 euros).

Capítulo propio merecen los donantes que luego se han revelado como tóxicos. Así, contructoras relacionadas con la trama Gürtel y los papeles del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, están en los ingresos de la Fundación Madrid 2012. Coarsa y Licuas –empresas investigadas por haber pagado a la trama Gürtel– aportaron 90.000 euros cada una en enero de 2005. Una de las constructoras infectadas por la trama de Francisco Correa, Hispánica, también fue patrocinador "categoría oro" aquel mes de hace una década: 90.000 euros.

Al frente del día de la fundación, el Ayuntamiento colocó a Roberto Sanz Pinacho. Un político secretario general de las Nuevas Generaciones del PP y diputado autonómico en Madrid 16 años seguidos (hasta la marcha de Gallardón al Consistorio en 2003). La fundación le abonaba 3.800 euros netos al mes. Después fue director general de Deportes hasta que tuvo que dimitir por conducir ebrio en 2006. Acto seguido fue fichado como asesor del Club de Campo Villa de Madrid.

Le acompañaba el actual diputado regional de Izquierda Unida de Madrid (IUCM), Antero Ruiz, quien cobró 33.941,49 euros netos de la Fundación entre enero y octubre de 2005, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. La elección de la ciudad que albergaría los Juegos Olímpicos de 2012 se produjo el 6 de julio de ese mismo año.

Antero Ruiz, con quien eldiario.es intentó contactar antes de publicar la información, se ha puesto en contacto con este medio en la mañana del jueves. Ruiz ha explicado que él fue contratado como asesor por la Fundación Madrid 2012 en representación de IU y que fue designado por el grupo municipal, algo que confirma quien era la portavoz entonces, Inés Sabanés.

"Había gente del PP y del PSOE", asegura Ruiz, que no ha sabido concretar quiénes ni cuántos de cada partido. Su misión, según relata, era "recibir información de lo que se estaba haciendo" en la candidatura: "Iba a las reuniones que me convocaban y en algún momento se nos pedía alguna opinión sobre algún tema menor". El diputado regional de IU asegura que durante aquella época estos fueron sus únicos ingresos.

Sabanés, quien abandonó la formación en 2011 aunque en 2009 su relación con la dirección regional ya estaba rota, asegura en declaraciones a eldiario.es que la designación de Antero Ruiz respondía a un acuerdo de los grupos con el por entonces concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid 2012, Ignacio del Río. "Se planteó la participación de los grupos municipales en el desarrollo de la candidatura, para que hubiera otros partidos con la voluntad de hacer un trabajo de control y de asesoría", pero finalmente hubo "poco seguimiento, porque era un órgano muy autónomo".

Sabanés, que hoy es coportavoz de Equo en Madrid, asegura que la elección de Ruiz fue decidida por el grupo municipal y entiende que "visto desde la situación actual" pueda resultar chocante. "Entonces era un sistema generalizado y aceptado", responde.

En 2005, Ruiz no ocupaba ningún cargo institucional, tras su paso por el Congreso de los Diputados (2000-2004) y antes de su entrada en la Asamblea de Madrid, en 2007. Sí tenía un cargo orgánico dentro de IUCM desde principios de esa década: era el secretario de Política Institucional. Su labor era coordinar la labor de los representantes de la organización en las instituciones en las que esta tuviera representación. Es decir, los concejales, diputados, senadores y eurodiputados (si los hubiera) de IUCM, así como aquellos que estuvieran en consejos de administración de empresas públicas en nombre de la coalición.

Es el caso de los representantes en Caja Madrid-Bankia, cuya labor está en cuestión y ha desatado una tormenta interna en IU. El propio Antero Ruiz fue expulsado de los órganos federales de IU por haber firmado, como secretario de Política Institucional, un acuerdo en el que las partes se comprometieron en 2009 a pactar el relevo de Miguel Blesa al frente de la entidad, lo que motivó la candidatura de Ignacio González, que fue consensuada por todos los grupos en la Asamblea de Madrid, aunque finalmente Mariano Rajoy impuso a Rodrigo Rato.

Ruiz asegura a eldiario.es que dicha expulsión fue revocada hace dos semanas, después de que la Comisión de Garantías de IUCM rechazara la suspensión cautelar de militancia decretada por la dirección regional. "No había motivos para hacer la suspensión cautelar porque el expediente no lo hizo la Presidencia la regional, sino la Ejecutiva", dice Ruiz.

Según supo que recueraba sus competencias federales, Antero Ruiz dimitió de sus cargos "para ayudar a Cayo Lara, que está buscando dar una salida a la situación en Madrid. Si mi presencia crea problemas, yo me voy", asegura.

Contra Ruiz también se tramitó su expulsión del grupo parlamentario regional por el mismo motivo. Sin embargo, la Mesa de la Asamblea ni siquiera llegó a calificar el escrito que presentó el grupo ya que, explica, "no se puede expulsar temporalemente a alguien: o se me echa o no". Ruiz participó recientemente en la votación que mantuvo en su puesto al portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, señalado por la dirección federal por su responsabilidad política en la gestión de Caja Madrid y Bankia.

Unas treinta personas de origen subsahariano han conseguido acceder a Melilla tras un nuevo intento de cruzar la valla fronteriza que se ha producido poco antes de las siete de la mañana.

Este grupo se ha dirigido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad escoltado por la Policía, mientras otro grupo, también de alrededor de veinte personas, permanece encaramado a la valla más próxima a Melilla. Fuentes policiales han señalado a Efe que en el intento de entrada han participado unas 100 personas.

El salto, primero que se produce desde el 10 de febrero cuando Marruecos empezó a desmantelar e incendiar los campamentos próximos a la frontera donde cientos de personas esperan para acceder a España, se ha producido por la zona comprendida entre el Barrio Chino y el aeropuerto. Se desconoce si hay heridos entre quienes han logrado entrar en Melilla y aquellos que no han logrado su objetivo.

En el último salto, de hace nueve días, los 40 inmigrantes que consiguieron acceder a Melilla lo hicieron por la misma zona del Barrio Chino. Ese día, agentes de la Guardia Civil volvieron a devolver de forma ilegal a Marruecos a varias personas que permanecieron encaramadas a la valla durante horas.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en manos del canario José Manuel Soria, concedió el pasado 1 de diciembre un préstamo de nueve millones de euros a la empresa Plasticenergy Tenerife SL, una sociedad de reciente creación y sin experiencia profesional, para la instalación de una planta de biocombustible en el polígono industrial de Granadilla.

Según informa la web de Mírame TV, la ayuda, dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes), es la más alta de las otorgadas por el Gobierno en la convocatoria de apoyo financiero a la inversión industrial, según publicó el pasado martes 10 de febrero el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a que la entidad beneficiaria se constituyó el 24 de junio de 2014, solo nueve días antes de que finalizara el plazo para la presentación de propuestas, que se cerró el 3 de julio. Detrás de Plasticenergy Tenerife SL se esconde DISA, una de las grandes empresas del imperio de la familia Carceller, con el control del 99% de la sociedad, según reconocieron desde el propio Gabinete del ministro. Una vinculación que se confirma con un repaso a los datos que obran en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre la sociedad, que incluso tiene su sede en el edificio propiedad de la compañía en Santa Cruz de Tenerife.

En el organigrama de Plastic Energy SL figura como apoderado José Carceller Arce, consejero delegado de DISA Renovables SA y hermano de Demetrio Carceller, presidente de DISA. El administrador único de la nueva sociedad, Raimundo Baroja Rieu, es a su vez director general de la Fundación DISA, como consta en el Borme, y consejero delegado de la corporación petrolífera. DISA es la cuarta petrolera en número de estaciones de servicio de España, el primer grupo empresarial en facturación en Canarias, y laúnica entidad que posee la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del Gobierno de Canarias para explotar el negocio del biocombustible en el polígono industrial de Granadilla, además de contar con el monopolio de la comercialización de gas licuado en el Archipiélago. Un gigante empresarial que no cabe por la puerta de la convocatoria del Ministerio de Industria, específicamente dirigida a pymes o sociedades de media capitalización (mid-caps), en cuyo caso la cuantía se cofinancia a través del Banco Europeo de Inversiones, lo que no es el caso de Plasticenergy SL, según aclaró el propio Ministerio. 

Condiciones del préstamo

Las condiciones del préstamo lo hacen muy apetecible, al tener un plazo de tres años de carencia y siete años adicionales de amortización, con un interés al 4,53%. Un total de nueve millones de euros para un proyecto que Plasticenergy SL valoró en 12,9 millones, según la respuesta dada a mirametv.com por parte del Ministerio de Industria. Todo con un capital social de 4.886 euros y solo siete meses de existencia. La empresa tiene ahora el reto de llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de la planta de biocombustible en un tiempo máximo de 18 meses. Según fuentes del Ayuntamiento de Granadilla, no consta ninguna licencia municipal concedida a día de hoy para esta iniciativa.

Hasta en tres ocasiones este portal de noticias ha solicitado sin éxito al departamento estatal la resolución del mes de diciembre en la que se justifica la concesión de las ayudas. Sin esa información resulta imposible concluir a ciencia cierta si la empresa cumple o no con los requisitos de la convocatoria, que se publicaron el 21 de abril de 2014 en el BOE, ya que es necesario conocer algunos datos concretos, como por ejemplo los fondos propios de la entidad. La orden de Industria especifica que los beneficiarios que se hayan constituido en el año de la convocatoria, caso de Plasticenergy SL, tienen que tener una cantidad mínima de fondos propios que no sea inferior a una tercera parte de la ayuda recibida. Esto supone que Disa, principal accionista de la empresa, tendría que haber aportado 2,25 millones de euros para que los fondos propios llegaran a ese mínimo.

El proyecto presentado por la empresa fantasma de DISA consiste en la construcción, puesta en marcha y explotación de una nueva planta de transformación de residuos plásticos en combustibles sintéticos de transporte, sin paso por otros procesos de refino. El objetivo es, a través de la utilización de un proceso de conversión térmica anaeróbica, obtener diesel, gasolina/naphta y keroseno.

Demetrio Carceller Arce es uno de los miembros más notables de la aristocracia económica de la Bolsa Española, hijo de Demetrio Carceller Coll, junto al que al que ha sido enviado al banquillo de los acusados por el juez Ruz por presuntamente ocultar rentas y patrimonio a Hacienda gracias a un complejo entramado societario; y nieto de Demetrio Carceller Segura, el que fuera ministro de Industria durante el franquismo, además de director y fundador de DISA y Cepsa.

La compañía DISA es, mediante el control que posee de la empresa Sacyr,segunda accionista de Repsol. La empresa que llevó a cabo las prospecciones petrolíferas en Canarias, que impulsó y defendió el propio ministro Soria, sienta, precisamente, a Demetrio Carceller en el consejo de administración de Gas Natural-Fenosa. A través de DISA, Carceller ostenta la mayoría accionarial en Sacyr Vallehermoso, segunda accionista de Repsol. De hecho, un informe de la propia Comisíón Nacional de la Competencia (CNC) ya advirtió del peligro del vínculo DISA-Repsol.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha admitido este jueves que "alguna explicación se tendrá que dar" sobre la desaparición del expediente sobre la causa judicial abierta sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores que el extesesorero del PP Luis Bárcenas tenía en la sede de partido, pero ha recalcado que lo "realmente importante" es que todo indica que esa documentación se va a poder recuperar.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Ayllón ha recordado que ese caso en su momento "se archivó", aunque después fue objeto de "recursos". "Alguna explicación se tendrá que dar", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre el extravío de los alrededor de mil folios de información sobre el caso.

Ayllón ha dicho desconocer si se está investigando a la funcionaria judicial encargada de trasladar este expediente de los juzgados de Plaza de Castilla a la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que la Comunidad de Madrid es "una administración distinta" al Gobierno central.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha preferido hacer hincapié en que todo indica que "la recuperación de la información de la causa es perfectamente posible". "Yo creo que eso es lo realmente importante", ha remachado.

El Gobierno alemán ha tardado unas horas en rechazar la propuesta de Grecia, formalizada esta mañana, de prorrogar seis meses el programa de asistencia financiera concedida por la UE, que expira el próximo 28 de febrero. A través de Martin Jaeger, portavoz del ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schauble, el Gobierno de Angela Merkel ha pedido más concesiones y considera insuficiente la propuesta del Ejecutivo de Alexis Tsipras, ya que no ofrece una "solución sustancial" al problema. La negociación continúa y la amenaza de expulsión de Grecia de la zona del euro sigue vigente.

El Gobierno griego había enviado este jueves al Eurogrupo su petición de una prórroga de seis meses de la asistencia financiera concedida por la UE. "Recibida la petición griega de una extensión de seis meses", ha informado en su cuenta de Twitter el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que no ha aclarado en qué condiciones pide Atenas esta ampliación de su préstamo.

Grecia reclama una extensión del Acuerdo de Facilidad de Asistencia Financiera, es decir, del contrato de crédito suscrito con el fondo de rescate de la UE, según informa la prensa helena.

La petición griega será examinada este jueves por los expertos del grupo de trabajo del Eurogrupo. La decisión final debería adoptarse mañana en una reunión extraordinaria en Bruselas de los ministros de Economía de la eurozona a partir de las 15 horas.

Será el tercer intento del Eurogrupo de llegar a algún tipo de acuerdo sobre el futuro del rescate griego tras la llegada al poder de la coalición de izquierda radical en las elecciones del 25 de enero. Las anteriores reuniones del 11 y del 16 de febrero se saldaron en sendos fracasos.

De hecho, el Eurogrupo lanzó el pasado lunes un ultimátum a Atenas para que solicitara la prórroga del rescate antes del viernes. El nuevo Gobierno griego acepta extender el préstamo pero rechaza las condiciones contenidas en el memorándum firmado por los anteriores ejecutivos y pedía sustituirlas por un número limitado de compromisos mientras se negocia un nuevo rescate en los próximos meses.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley conjunta contra el terrorismo yihadista firmada por el PP y el PSOE sin que ambos partidos hayan logrado ninguna adhesión más al texto. El acuerdo ha contado únicamente con el voto a favor de los tres diputados de UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, que lo suscribieron desde el principio. La Izquierda Plural, PNV, ERC y casi todo el Grupo Mixto han votado en contra, mientras UPyD y CiU, que guardaban sus dudas, finalmente se han abstenido.

El acuerdo ha recibido duras críticas de los portavoces, que rechazaron las prisas en su tramitación y el hecho de que no se hayan incorporado prácticamente ninguna de las enmiendas presentadas. El texto será enviado ahora al Senado, donde el PP y el PSOE se han comprometido a negociar con los demás grupos modificaciones para mejorar algunas de las definiciones  de lo que son delitos de terrorismo.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha recibido un varapalo de varios portavoces por haber cerrado "en solitario" este pacto de Estado con el Gobierno y el PP,  ha pedido "comprensión" a los demás grupos a los que ha invitado a un consenso que "todavía es posible". Hernando ha  justificado el acuerdo en solitario alegando que el terrorismo yihadista que atentó en Madrid en 2004 "no tiene nada que ver" con la violencia que están desarrollando ahora este grupos.

También el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha defendido la necesidad de legislar contra el nuevo terrorismo internacional asegurando que "este pacto pone en valor que España es un país serio en el que se puede confiar"

CiU, UPyD -pese a haberse abstenido-, ERC,PNV y la Izquierda Plural, han lanzado un retahíla de descalificaciones al acuerdo  calificándolo de "chapuza" y "oportunista". Pero las mayores críticas se las ha llevado otra vez la prisión permanente revisable incluida en el pacto por considerar que es una medida "inconstitucional".

El juzgado número 2 de Melilla ha imputado por un posible “delito de trato degradante” a ocho guardias civiles por haber golpeado a un joven camerunés, Dani, quien, tras caer al suelo español desde lo alto de la valla melillense y quedar aparentemente inconsciente, fue devuelto de forma ilegal, según ha adelantado la Cadena Ser. El caso está siendo investigando a partir de las imágenes de Prodein que mostraban estos hechos, calificados recientemente por el ministro del Interior como “simulados”.

En el auto, al que ha tenido acceso la Ser, el juez determina que “los hechos e indicios expuestos, justifican la imputación de las personas citadas”. Según el magistrado, además de la posibilidad de haber cometido un delito de trato degradante, “en el supuesto que determinarse que alguno de los inmigrantes hubiera sufrido una lesión a consecuencia de la acción de algún agente, de un delito de lesiones.

El ministro del Interior, en una entrevista en el programa Salvados de La Sexta, repitió en varias ocasiones que se trataba de una "actuación simulada" por parte del ciudadano camerunés, apaleado en la valla de Melilla hasta caer al suelo desde cerca de tres metros de altura. Jorge Fernández Díaz insiste en que el joven no estaba ni siquiera herido y que fingió estar inconsciente.

El juez afirma en el auto que el inmigrante “es rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles, empleando las defensas, siendo posteriormente trasladado en volandas hasta Marruecos desde España”, informa la Cadena Ser. “Es necesario determinar si tal empleo de la fuerza fue o no contrario a derecho, teniendo en cuenta que en la grabación aportada por la Guardia Civil, el ciudadano subsahariano parece empuñar un garfio en la mano derecha”, añade el magistrado.

El magistrado también investigará la posible comisión de delitos por parte de otros inmigrantes que protagonizaron el intento de entrada del 15 de octubre, caracterizado por la Delegación del Gobierno como “extremadamente violento”. Lamo de Espinosa afirma que va a investigar si alguno de los inmigrantes que protagorizaron el salto del 15 de octubre, podrían haber cometido un delito de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños, “al emplear objetos peligrosos y dañando los elementos materiales que conforman el perímetro fronterizo”.

Además, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Melilla pide que se identifique y localice a tres jóvenes testigos de la violenta expulsión del camerunés al que el ministro acusa de haber “simulado” sus lesiones tras recibir golpes de los agentes de la Guardia Civil.

"Sí, sí, hoy deportan. A nueve". Un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en Valencia cuenta a eldiario.es, entre susurros y con gritos a su alrededor, la escena que le rodea. "La policía les está pegando, hay dos personas tiradas a mi lado", dice. Este jueves, un barco sale del puerto de Alicante con destino Orán (al norte de Argelia) en el que serán deportados varios inmigrantes. Nueve compañeros, según el testimonio de un interno. La Policía solo confirma la orden de deportación, "dictada por un juez", de dos personas que se han autolesionado esta mañana en un intento de frenar la expulsión.

"Dos se han lesionado. Uno se ha cortado en el cuello y otro se ha tragado algo de acero", cuenta uno de los internos del centro de internamiento en conversación telefónica. Los CIE son centros donde los extranjeros en situación irregular son retenidos por la policía a la espera de la deportación a sus países de origen.

En la práctica, las personas que ingresan en los CIE no siempre terminan expulsadas: el 47,5% de las personas que pasaron por algunos de estos centros en 2013 tuvieron que ser puestas en libertad, en España, según los datos recogidos por la Defensora del Pueblo. Esto ocurre cuando España no dispone de convenio para repatriar al país de origen, no consigue certificar cuál es ese país o la persona internada resulta ser susceptible de recibir protección internacional.

No parece ser el caso de este jueves. Ante la deportación inmediata, dos de las personas que han recibido la orden de abandonar el país se han autolesionado, cuenta el interno. En esos instantes, parte de sus compañeros están retenidos por la policía, según su testimonio. "El que se ha cortado en el cuello dice que no puede volver a su país, que prefiere morirse", relata con gritos de fondo y cuelga porque asegura que no puede seguir hablando.

Una hora más tarde, otro interno cuenta a eldiario.es que son nueve los compañeros que han recibido la orden de expulsión con destino a su país de origen, Argelia. "Son nueve", dice en una conversación interrumpida por continuos silencios porque –asegura– la policía está a su lado. Se escucha con claridad a un hombre que dice en perfecto español: "Te he dicho que te estés quieto". El interno vuelve a hablar: "La policía está pegando, hay dos personas tiradas a mi lado". Y cuelga con mucho ruido al otro lado del teléfono.

En la Jefatura Superior de la Policía de Valencia aseguran que "no ha habido incidentes" más allá de las dos personas que se han autolesionado. Según fuentes policiales, las dos personas han sido atendidas por los servicios médicos: "Uno de ellos ha sido atendido y, como no tiene nada, será deportado. El otro, que ha dicho que se ha tragado algo, está en el hospital para ver si es así y proceder si se puede a la deportación". En la policía recuerdan que la expulsión está ordenada por un juez, aunque no informan del número total de personas que serán expulsadas.

Incidentes en vuelos y barcos de deportacíón

Aunque en las fuentes policiales no informan de la hora de partida del barco, este jueves solo hay un ferry con salida de Alicante y destino a Argelia (a la ciudad de Orán), a las 19.00 horas. Según ha podido saber eldiario.es, no son embarcaciones específicas para realizar este tipo de traslados por lo que también viajan otros pasajeros.

En los informes anuales de la Defensora del Pueblo del "Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura", la institución recoge el número de embarcaciones y de personas afectadas por estas expulsiones hacia Argelia. En 2013, los barcos ascendieron a 70 y los expulsados, a 779. La Defensora también informa del número de vuelos de deportación fletados en solitario por España o en colaboración con la Agencia Europea para el Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) a otros países.

El documento de la institución relativo a 2013 da cuenta de tres "incidentes" que la Policía notificó a la Defensora. En uno de ellos, del 30 de abril, "un repatriado manifestó haberse tragado una cuchilla, aunque, tras las correspondientes radiografías, se estimó que podía ser una cremallera, siendo autorizado su traslado por los servicios médicos".

De estos dispositivos, criticados por ONG y organismos internacionales por la violencia policial y la vulneración de los derechos humanos de las personas que se convierten en pasajeros forzosos, apenas se saben datos. Al menos, oficiales, ya que las autoridades rechazan aportar información de los mismos al considerarlos operaciones policiales.

Denuncia por tortura admitida a trámite

No es la primera vez que los inmigrantes denuncian malos tratos en los CIE. Este viernes, declarará uno de los internos del centro de Zapadores, Mohamed Rezine Zohuir, cuya denuncia de torturas a manos de varios agentes de policía fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 12 de Valencia. El juez estimó que los hechos denunciados por Zohuir podrían ser "constitutivos de delito contra la Integridad Moral".

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE, varios activistas han intentado acceder esta mañana a las instalaciones, pero se han suspendido las visitas. La campaña exigía también la suspensión cautelar de la deportación de Zohuir hasta que finalice la investigación judicial abierta.

La libertad vigilada prevista hasta el momento en el proyecto de reforma del Código Penal en supuestos como los asesinatos graves o casos de violencia de género desaparecerá previsiblemente de la norma después de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado haya solicitado su supresión a través de una enmienda registrada en la cámara alta a última hora de la noche de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La nueva medida estaba prevista para el cumplimiento posterior a la condena de cárcel y suponía un control judicial que implicaba la localización permanente, comparecencias periódicas y la prohibición de no aproximarse a la víctima. Su duración era de un máximo de 5 años aunque se extendía a 10 en casos graves.

El Proyecto de Ley incluía esta medida para los casos de asesinato castigados con pena de prisión permanente revisable, es decir, los cometidos contra víctimas menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, las agresiones sexuales con resultado de muerte, los asesinatos llevados a cabo por organizaciones criminales o los condenados por matar a más de dos personas. También aparecía en el artículo 173 que prevé las condenas para quienes ejerzan violencia física o psíquica contra sus parejas o menores y discapacitados que convivan con ellos.

Un compromiso roto

Se elimina así una de las iniciativas que el Gobierno se comprometió a adoptar en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer diseñada por el Ministerio de Sanidad, un plan con vigencia hasta 2016 que contempla "extender la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género" para mejorar la respuesta institucional a esta lacra social.

Suprimir esta previsión contradice asimismo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito a esta institución, que viene reivindicando la extensión de la libertad vigilada para estos delincuentes desde al menos 2011 y había aplaudido su incorporación al Código Penal.

En relación con la libertad vigilada, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este mismo jueves la introducción de esta medida en la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, derivada del pacto contra el yihadismo entre 'populares' y socialistas.

Según han informado fuentes gubernamentales, la medida se mantendrá, además, para los agresores sexuales. Durante la revisión de Código en el Congreso de los Diputados se eliminó la referencia a la libertad vigilada a excepción de estos dos artículos ahora enmendados por el PP en el Senado. 

En un informe detallado, la compañía de seguridad Kaspersky ha mostrado los entresijos de un programa de espionaje llevado a cabo con algunas de las herramientas informáticas más sofisticadas conocidas hasta la fecha. Se han documentado 500 infecciones cuya autoría firma un colectivo al que se ha llamado Equation Group, por su apego a fórmulas complejas de cifrado. El informe afirma que este actor podría haber estado actuando desde 2001 o incluso desde 1996, y lo define como la amenaza más sofisticada que han visto.

Sistemas de al menos 42 países cayeron víctimas de las operaciones de este grupo, encabezados por Irán, Rusia, Pakistán, Afganistán, India, China, Siria y Malí. Es difícil hacerse una idea con las cifras disponibles, pues los mecanismos de autodestrucción del malware empleado impiden la elaboración de estadísticas fiables. Los sectores afectados son muchos, desde instituciones gubernamentales y diplomáticas a telecomunicaciones, energía o investigación nuclear, pasando por organizaciones financieras, compañías que desarrollan tecnologías de cifrado, medios de comunicación, líneas aéreas, ejércitos, la industria petrolera y hasta activistas islámicos.

El Equation Group lleva en activo desde el año 2001, aunque sus operaciones se intensificaron de forma drástica en 2008. Algunos indicios apuntan a la NSA como impulsora de este programa de ciberespionaje. Las técnicas empleadas tienen relación con las que practicaba Stuxnet, el malware que causó graves perjuicios al programa nuclear de Irán hace unos años y cuya autoría se atribuye a los servicios secretos de Estados Unidos e Israel. Kaspersky ha descubierto que uno de los troyanos descubiertos ahora, Fanny, explotaba vulnerabilidades de día cero que también utilizaba Stuxnet.

Kaspersky señala que algunas de las intromisiones en los sistemas eran tan profundas que afectan al firmware, la capa de software que conecta directamente con el hardware, necesaria para controlar los circuitos de los dispositivos. Uno de los módulos utilizados por Equation Group, el nls_933w.dll, permitía reprogramar el firmware de un disco duro. Los productos de los principales fabricantes de discos duros son vulnerables.

Las técnicas empleadas para los ataques incluyen el robo de las fórmulas de cifrado de las máquinas y el desbloqueo de contenidos cifrados. No hay antivirus ni controles de seguridad que sirvan para detener estas amenazas, que son prácticamente imposibles de eliminar por su capacidad para resucitar, algo que pueden hacer por el hecho de estar casi más ligadas al hardware que al software (un terreno donde existen más herramientas de protección).

Entre las herramientas utilizadas se encuentran algunas que permiten infectar equipos no conectados a Internet. En palabras de Kaspersky, Equation Group "sobrepasa a cualquier cosa conocida en términos de complejidad y sofisticación en cuanto a técnicas".

El aviso de Snowden: los "air gaps"

Las revelaciones de Edward Snowden a mediados de 2013 dejaban una pista sobre uno de los objetivos de la NSA. La agencia de inteligencia estadounidense tenía la intención de infectar sistemas no conectados a la Red. Uno de los métodos que barajaba emplear era la instalación de hardware especializado en ordenadores que se vendieran en uno de los países objetivo. En este caso, la misión de las puertas traseras consistía en recibir ondas de radio de baja frecuencia emitidas desde dispositivos que la NSA emplazaría a lo largo del planeta.

Esta idea rocambolesca contrasta con una que parece más pragmática: la introducción de un USB infectado en el ordenador de un objetivo. En este documento publicado por Der Spiegel se habla de los proyectos internos de la agencia, entre los que se encuentra USB Hard Drive Persistence, que versa sobre la capacidad de instalar un implante en un disco duro que se conecte mediante un USB, con el fin de manipular el firmware del dispositivo.

Equation Group ha logrado infectar equipos no conectados a Internet. Uno de los troyanos descubiertos, Fanny, contenía una puerta trasera diseñada para reconocer a los equipos sin conexión a Internet. Cuando un disco USB se conectaba, el malware se hacía con su propio espacio secreto de almacenamiento para guardar información básica acerca del sistema. También se usaba para transmitir instrucciones a los ordenadores que no estaban conectados a la Red, mientras que los datos recopilados se enviaban cuando el USB se introducía en otra máquina que tuviera conexión.

La relación de Fanny con Stuxnet es uno de los indicios que apuntan hacia la autoría de la NSA. En el informe de Kaspersky se dice textualmente:

"El uso similar de los dos exploits en diferentes troyanos, aproximadamente al mismo tiempo, indica que los desarrolladores del Equation Group y de Stuxnet son los mismos o están trabajando de forma muy estrecha".

 

Las principales marcas de discos duros, vulnerables

Estos programas de ciberespionaje pueden afectar a los discos duros de más de una docena de compañías, según las reconstrucciones que ha llevado a cabo Kaspersky. Western Digital, Seagate, Toshiba, IBM o Samsung están incluidos entre los fabricantes cuyos productos podrían ser infectados. La mayoría de las compañías no se han mostrado dispuestas a hablar del tema, según ha publicado Reuters.

En declaraciones a Reuters, uno de los investigadores principales de Kaspersky, Costin Raiu, apunta que los autores del programa de ciberespionaje han tenido acceso al código fuente propietario de los discos duros para poder atacar con la profundidad con la que lo han hecho.  Raiu aclara que no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda reescribir el sistema operativo de un disco duro utilizando únicamente información pública.

No se sabe cómo han podido los atacantes hacerse con el código fuente de los discos duros, pero antiguos empleados del sector de la inteligencia consultados por Reuters apuntan que existen múltiples caminos para obtener este código fuente. Hacerse pasar por desarrollador de software y pedir directamente la información es uno de ellos.

Sin embargo, otro de los métodos está relacionado con la venta de productos a las instituciones gubernamentales, un negocio lucrativo para las compañías tecnológicas. Si una de ellas quiere vender sus equipos al Pentágono o a cualquier otra agencia estadounidense, el gobierno puede pedir una auditoría de seguridad del producto para obtener garantías de que el código es seguro. Normalmente estas auditorías las lleva a cabo la NSA, a quien nadie impide después almacenar los datos sobre el código fuente.

Imagen: Peter Huys

En su estrategia de ir “partido a partido”, Podemos ha cerrado su proceso de constitución interna y se lanza a preparar las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Este sábado se reunirá el principal órgano entre asambleas del partido que lidera Pablo Iglesias, el Consejo Ciudadano estatal. En él participarán, por primera vez, de los líderes regionales elegidos el pasado fin de semana.

La cita, según ha explicado esta semana el secretario de Organización, Sergio Pascual, servirá para preparar los próximos comicios. Y muchos ojos en todo el territorio estarán pendientes de las decisiones que se tomen, ante la duda de cómo se planteará Podemos la campaña.

Podemos ya consultó a sus bases sobre la forma en la que acudirá en cada localidad a las elecciones. En Barcelona, por ejemplo, se ha integrado en la coalición heredera de Guanyem, Barcelona en Comú, y ha renunciado a la agrupación de electores. En Madrid, se utilizará un partido "instrumental" para reunir a varios partidos y movimientos. En Zaragoza, el partido instrumental en el que se integrará Podemos se coaligará a su vez con otras formaciones como IU. En otras muchas ciudades, sin embargo, las conversaciones naufragaron.

Durante el proceso de negociación para articular estas y otras muchas iniciativas se dieron fuertes presiones para que Podemos se integrara en ellas. Ahora, estas candidaturas aguardan las decisiones que tomarán los líderes del partido, conscientes de que una campaña electoral en la que se impliquen Iglesias, Monedero o Errejón eleva claramente sus posibilidades. Todos quieren contar con ellos en algún acto de campaña, sabedores de su atracción mediática y ciudadana.

Las presiones se repiten ahora a nivel regional. La mayoría de los líderes regionales recordaron durante el proceso interno que la asamblea de otoño determinó que concurrirían en privado a las elecciones, pero ese discurso se ha orillado. Sergio Pascual recordó el lunes que existe la posibilidad de que un 10% de la militancia de una comunidad pida un referéndum para promover una candidatura conjunta con otras fuerzas, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

El proceso de confluencia, si ocurre, tiene que resolverse en pocas semanas, antes de que termine marzo. "Tenemos que construir un proyecto lo suficientemente fuerte como para obligarles a que vengan, como ha pasado con Ganemos". La frase, con variantes, responde a las opiniones de varias de las personas que participan, directa o indirectamente, en Convocatoria por Madrid, la iniciativa que lidera Tania Sánchez. En su presentación pública, Inés Sabanés aseguró que la iniciativa seguirá adelante con o sin Podemos.

El Banco de España cree que la economía española afronta "la posibilidad del inicio de una significativa fuga de cerebros que podría exacerbar los efectos de la crisis" si se prolonga en el tiempo.

La advertencia figura en un reciente documento de trabajo del supervisor, que señala que el denominado "efecto red" (el entramado de relaciones de apoyo que se teje entre las comunidades de expatriados) puede estar "comenzando a tener importancia para los españoles que han emigrado", lo que constituye "una potencial amenaza para la economía española".

Ese efecto protector de las comunidades de españoles en el extranjero "todavía" no está operando, pero "como aprendimos de la rápida creación de redes de extranjeros en España que vinieron atraídos por el boom de la construcción, este es un fenómeno que podría desarrollarse de forma rápida e independiente a la evolución futura del desempleo".

Las advertencias o "comentarios" del supervisor figuran en un estudio titulado 'España: ¿de la inmigración a la emigración?' que acaba de publicar el organismo y que analiza los flujos migratorios durante la recesión y apunta algunos de sus posibles efectos "en el futuro crecimiento potencial" de la economía española.

El documento subraya que las salidas de emigrantes desde el país "empezaron a aumentar en 2007, cuando el crecimiento del PIB en España comenzó a desacelerarse" y, desde 2010, suman más de 400.000 por año (algo menos del 10 por mil de la población total), "lo que supone, tanto en términos absolutos como relativos, el más alto nivel de emigración en la historia española".

"Más jóvenes y con mayor nivel educativo"

Aunque esa emigración récord "se debe principalmente a la alta movilidad de los ciudadanos extranjeros" que habían llegado al país en los años de bonanza, el estudio incide en que los emigrantes que han abandonado España desde 2008 "son más jóvenes y con mayor nivel educativo que los españoles que se quedan".

En el primer semestre del año pasado (último dato disponible en la Estadística de Migraciones del INE), 206.492 personas abandonaron España con destino a algún país extranjero. Supuso un descenso del 21%, pero el total de españoles (nacidos en España o nacionalizados) que emigraron en esos seis meses aumentó un 15,4%, hasta 42.685 personas. La tasa de paro entre los jóvenes de 16 a 24 años cerró 2014 en el 51,8%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. El paro juvenil (813.700 personas) más que duplica la tasa general, que se situó en el 23,7%.

Los firmantes del estudio son Mario Izquierdo, Juan Francisco Jimeno y Aitor Lacuesta, de la Dirección General del Servicio de Estudios del organismo que preside Luis María Linde. En el Boletín Económico del Banco de España del pasado septiembre, estos mismos autores ya se pronunciaban en una línea similar aunque sin referirse a la citada "fuga de cerebros", concepto que, en el caso de los científicos, y pese a lo que reflejan las estadísticas del INE, el Gobierno considera "sobredimensionado".

En su estudio de septiembre, esos tres expertos ya advirtieron de que "la persistencia de flujos importantes de emigración podría llegar a tener un efecto significativo sobre el crecimiento potencial de la economía española, lo que enfatiza la necesidad de maximizar los esfuerzos encaminados a reducir la elevada tasa de paro, así como a propiciar un marco laboral que facilite el regreso futuro de las personas que han emigrado durante la crisis".

Ese informe apuntaba que "los españoles muestran una propensión creciente a emigrar en el periodo más reciente y parecen responder de manera similar a los factores que influyen en la emigración de los extranjeros, las tasas de empleo de origen y en el país de destino". "En lo que respecta tanto al tamaño como a la composición de la población activa por nivel educativo, el cambio de signo del saldo migratorio puede tener implicaciones relevantes" y, en concreto, "podría llegar a tener un efecto significativo sobre el crecimiento potencial de la economía española", advertían.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán han puesto en marcha una estrategia de comunicación al margen del PSOE para defenderse en el caso de los ERE. La actitud distante de Pedro Sánchez ante la posible imputación de los expresidentes andaluces les ha llevado a buscar una alternativa para lanzar su mensaje. Para cumplir con ese objetivo, los parlamentarios socialistas se han rodeado del entorno de Carme Chacón y José Luis Rodríguez Zapatero.

A pesar de que Sánchez todavía mantiene en sus escaños a los dos políticos andaluces, la distancia entre Chaves y Griñán con el aparato de Ferraz es cada vez mayor. Pedro Sánchez se negó a pagar la defensa de los expresidentes después de que el Tribunal Supremo asumiera parte de la investigación. Ese fue el primer distanciamiento, que provocó el enfado de la presidenta andaluza.

Además, Ferraz evitó defender con efusividad la gestión de Chaves y Griñán al frente de la Junta. Se limitó a anunciar que no los expulsa del partido en este momento porque el auto que les llama a declarar no les imputa ningún delito. Sánchez ha asegurado que, si tras su paso por el Supremo, se les acusa de algo concreto tomará medidas.

Ante esta situación, los expresidentes andaluces tienen un plan B de comunicación. Para la difusión de su mensaje, Chaves y Griñán cuentan con la labor de Goyo Martínez, que fue jefe de prensa de Carme Chacón en el Ministerio de Defensa. La exministra forma parte de la dirección de Pedro Sánchez como responsable de Relaciones Internacionales, pero es una dirigente próxima a Susana Díaz, que en los últimos meses se ha convertido en la principal amenaza interna para el secretario general.

Los expresidentes andaluces se han aproximado así al entorno de Rodríguez Zapatero, que también se ha distanciado en los últimos meses de Sánchez. La agencia Asesores de Comunicación Pública -presidida por otro de los asesores clave de Chacón, Luis Arroyo-, con Martínez al frente, colaborará, además, con dos de los despachos de abogados que defienden a los aforados imputados por los ERE para facilitar el contacto con los medios de comunicación.

La labor de comunicación de los expresidentes andaluces comenzó hace un tiempo mediante contactos con algunos periodistas a los que explicaron su gestión al frente del Gobierno regional ante la posibilidad de que resultaran imputados.

En Ferraz no son conscientes de que Chaves y Griñán hayan diseñado un plan alternativo para defenderse públicamente, aunque no lo cuestionan. "Nosotros no pagamos, ni coordinamos. Dirigimos el partido", señalan fuentes de la dirección.

Cuando se le pregunta por el nombre con el que desea aparecer en el reportaje, esta señora que acaba de recuperar de Bankia los ahorros de toda su vida duda: "No sé [silencio]. Es que ahora no sé… ¿A usted qué le parece?". Al final elige: "Bibiana". No quiere que nadie la reconozca ni le recuerde su historia. Acaba de recuperar más de 100.000 euros que un día de 2009 entregó a la entidad financiera para suscribir participaciones preferentes. Por orden del juzgado de primera instancia número siete de Málaga, Bankia le ha devuelto 100.667,68 euros y los intereses a esta mujer de 69 años ya jubilada. La jueza condenó al banco porque considera que la mujer no podía conocer el alcance de su inversión. La entidad, que no ha recurrido, se aprovechó de su desconocimiento.

Un día Bibiana invirtió los ahorros de toda su vida en un producto financiero de alto riesgo. Hasta entonces había guardado unos 120.000 euros en depósitos, fondos de inversión y otros instrumentos donde es casi imposible perderlo. Donde le decía el director de su banco. Pero ese día, en mayo de 2009, el director (ella dice que era su amigo) le ofreció otra cosa, la convenció de que era lo mejor y la señora lo invirtió todo en preferentes. Así recuerda ahora la conversación: "Me chocó el plazo perpetuo. Dije: "¿Esto qué es, esto de perpetuo?". Me dijo: "Si necesitas el dinero en 48 horas lo tienes, no te fijes en eso. Ya mismo estás jubilada, tendrás tu pensión, no te hace falta de momento"".

Y así desapareció lo que esta mujer ahorró durante años. "Si me tocara una primitiva no le daría tanta importancia, pero esto es fruto de muchos sacrificios, de muchas privaciones. Es lo que yo he ganado toda mi vida. Y de repente me dicen que no está". Lo que ocurrió es que ese dinero había sido invertido en una emisión de participaciones preferentes de Bankia, un producto financiero a perpetuidad y con escasas posibilidades de venta, menos aún después del desmoronamiento de la entidad y el posterior rescate. Ella se dio cuenta cuando el asunto trascendió a los medios de comunicación: "Cuando me venían los resúmenes mensuales me dije: "¿Esto qué es, que ya no tengo nada ahí?"". En la oficina le dieron largas ("No te preocupes, que el dinero no lo pierdes") y en mayo de 2014 optó por interponer una demanda. Su caso es uno de los cerca de 238.000 afectados por la comercialización de participaciones preferentes de la entidad presidida, sucesivamente, por Miguel Blesa y Rodrigo Rato. La mayoría, en torno al 80%, acudieron al arbitraje.

"No se les informaba realmente del riesgo"

La sentencia, ya firme, declara nulo el contrato suscrito por la mujer. En el test que las entidades financieras debían presentar a sus clientes se preguntaba lo siguiente: "¿Conoce y entiende usted las variables que intervienen en la evolución de este producto, como son la naturaleza de la Deuda Perpetua o Participaciones Preferentes, que no disponen de una fecha de vencimiento predefinida y su valoración está influida por la evolución de los tipos de interés a largo plazo (…)?". Con una cruz rellenada por el propio banco, contestó que conocía "el funcionamiento general". Sin embargo, el director de la oficina admitió en el juicio que "no se les informaba realmente del riesgo, de que se trataba de una deuda perpetua, sólo les decía que era a largo plazo". Las preferentes son títulos emitidos a perpetuidad con una rentabilidad variable, muy dependiente de la situación del emisor y de los mercados financieros. La Audiencia Nacional investiga si la comercialización de estos productos por parte de Caja Madrid (actualmente Bankia) fue un fraude ideado para tapar la mala situación financiera de la entidad.

Quien compró preferentes hizo una inversión de alto riesgo para siempre. El caso es un ejemplo paradigmático de muchas otras situaciones: el propio trabajador del banco admitió en el juicio que buscaban bolsas de clientes con ahorros ya depositados en la entidad y que evitaban a los más cualificados, según relata Carlos Álvarez Cazenave, de Álvarez Iglesias Cazenave Abogados, que ha representado a Bibiana en el procedimiento. "Pasó de tener un perfil conservador y ahorrador a un perfil de riesgo en un día", explica Álvarez. La operación de cancelar sus depósitos y traspasar los ahorros al nuevo vehículo de inversión se realizó en minutos. 

La mujer insiste en que cuenta su historia para que quienes estén en su misma situación se olviden de demandas colectivas o fórmulas como el arbitraje: "Hay que confiar en la Justicia". En estos años ha aprendido terminología financiera y se ha hecho más desconfiada: "Yo no he hecho nunca estas operaciones, yo no soy un broker. Estoy chapada a la antigua y creo que en un banco no van a engañar a una. Pero ya está una desengañada de todo", lamenta. Pese a todo, hay cosas que sigue sin comprender: "Antes, cuando se ponía el dinero en el banco era para tener una seguridad. Y ahora de la noche a la mañana, se ha volatilizado".