La Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 (calificada de "regularización tributaria especial" por el Ministerio de Hacienda), según ha anunciado esta mañana el director general de la Agencia, Santiago Menéndez, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso.

Esos 300 contribuyentes suponen menos del 1% (en concreto, el 0,95%) de los 31.484 beneficiarios de esa medida de gracia, que permitió repatriar capitales que estaban en el extranjero o aflorar dinero negro a cambio de una cuota del 10%. La medida finalizó el 30 de noviembre de 2012 y supuso una recaudación de 1.200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto por el Gobierno.

Según Menéndez, que ha comparecido a petición propia para dar cuenta de los datos "históricos" de recaudación por lucha contra el fraude en 2014, además de "explotar" la información obtenida con la amnistía a través de actuaciones de control, se han analizado posibles riesgos para "aclarar si las declaraciones estaban bien o si no eran correctas". En concreto, se ha vigilado si había declarantes fallecidos, menores o discapacitados que pudieran ocultar a los verdaderos titulares de los bienes, los declarantes acogidos a regímenes especiales, las declaraciones con bienes regularizados elevados sin que conste actividad económica o cuyo volumen no se correspondiera con la realidad o posibles vínculos societarios, entre otros asuntos.

"Con esto se han iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes", ha detallado el director general de la Agencia, precisando que a 11 de febrero ya habían concluido 51 de estos expedientes, con un montante de liquidación de 12 millones de euros.

Menéndez también ha anunciado el envío de manera inmediata al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) de un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía y que, de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.

El director de la agencia ha hecho hincapié en que la amnistía fue una medida "muy importante" que permitía "resolver contingencias fiscales mediante el pago de una cantidad" pero "nada más". "La declaración tributaria especial no es una autoliquidación ni una declaración que se comprobara en sí misma, pero es obvio que no ampara ningún ilícito de cualquier consideración". En octubre pasado, Menéndez ya anunció un plan de inspecciones derivado de esa amnistía, que "amparaba contingencias fiscales como un pack, pero en ningún momento se dijo que pudiera amparar otros comportamientos irregulares".

El director general de la Agencia Tributaria ha destacado que el plan de incentivos para combatir el fraude fiscal ha permitido recaudar el pasado año 2.262 millones de euros, el 124,52% más de lo previsto, por lo que cada euro que ha supuesto el plan especial ha permitido recuperar 119 euros.

Este plan, de carácter voluntario y firmado en marzo de 2014 por la Agencia Tributaria y los sindicatos, permitía a los trabajadores hacer horas extraordinarias para perseguir el fraude a cambio de una mayor retribución.

Menéndez ha destacado que la lucha contra el fraude ha permitido obtener 12.318 millones de euros en 2014, el 12,5% más que en 2013, "en un contexto de serias dificultades de liquidez y alta morosidad de los actores económicos".

De esa cantidad, 11.484 millones, un 13,3% más, son consecuencia de la prevención y control del fraude, y 834 millones son debidos a ingresos inducidos con declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo, un 2,2% más.

El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, que ha conocido la imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha recordado que la presidenta, Susana Díaz, anunció que se les pediría que renunciaran a sus escaños cuando estuvieran implicados en hechos delictivos.

En este sentido, ha garantizado que Susana Díaz "mantiene su compromiso" de pedirles las actas de diputado y senador a sus predecesores si el Tribunal Supremo (TS) les imputa algún delito, cosa que "todavía no ha ocurrido". De hecho, ha vinculado esta citación con la propia petición de declarar que hicieron los expresidentes para defenderse.

No ha querido aclarar si la Junta de Andalucía va a pedir la personación en la causa contra ellos porque es una cosa que tendrán que ver los servicios jurídicos, como se hace habitualmente.

"Respetamos el funcionamiento de la Justicia, no interferimos y colaboramos permanentemente con la información que se nos solicita", ha apuntado Vázquez, quien ha insistido en que la secretaria general del PSOE-A dejó "meridianamente clara" su posición de que no haya ningún imputado con señalamiento de delito en ninguna Cámara.

"No hay noticias de que haya pedido el suplicatorio"

Este martes, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha afirmado que desconoce en qué calidad ha citado a declarar el Tribunal Supremo a los expresidentes pero ha aseverado que "no hay noticias de que haya pedido el suplicatorio" a las Cortes, por lo que "en calidad de inculpados no va a ser".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla –tras informar al delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, sobre el voto accesible en braille para facilitar la participación de las personas con discapacidad visual en las elecciones del 22 de marzo–, De Llera ha dicho que "no conoce" la providencia dictada por el TS y, "sin leerla, no sé en qué calidad los cita".

"No hay noticias de que haya pedido el suplicatorio; por tanto, en calidad de inculpados no va a ser", ha dicho el consejero del ramo, quien ha confiado en que la justicia "haga las cosas como debe". "Estoy convencido de que el Tribunal Supremo lo va a hacer todo pulcra y justamente", ha subrayado.

De Llera ha eludido valorar que la citación se haya conocido un mes antes de las elecciones andaluzas, pues "no voy a indicar la oportunidad de los actos de los jueces, ni de la policía ni de los fiscales" y "son decisiones propias de la justicia; están normalmente descritos los plazos en las leyes procesales e imagino que cumplirán esos plazos, como es natural".

Asimismo, el consejero ha dicho que respeta la decisión del Supremo de remitir a la jueza Mercedes Alaya el informe pericial elaborado a instancias de Chaves y Griñán, pero ha incidido en que "no estamos aquí para juzgar ninguna decisión judicial, sino para gobernar la justicia y es a lo que me dedico, a que la justicia funcione en Andalucía lo mejor posible y en aquellas cuestiones que son de mi competencia". Ha afirmado, en esta línea, que "el retraso de los juzgados de lo Social y de lo Mercantil es consecuencia de la falta de jueces y fiscales en Andalucía y en España, y esa no es mi competencia, no lo puedo remediar yo".

La primera valoración de los letrados de la defensa sobre la supuesta imputación de los aforados en el asunto de los ERE alude a que "no existe un auto de imputación como tal", puesto que "no hay ningún indicio de criminalidad recogido en el texto" de la providencia dictada este martes por el Supremo. Recuerdan, además, que los aforados habían solicitado declarar voluntariamente y que lo que el Alto Tribunal ha acordado es "una declaración previa" que, a fin de "salvaguardar las garantías procesales", "solo pueden declarar en calidad de imputados".

Fuentes de las defensas de los cinco aforados insisten en que no han recibido auto de continuación del procedimiento, vulgarmente conocido como auto de imputación, y menos aún auto de apertura de juicio oral, por lo que "las informaciones que afirman que el Tribunal Supremo les ha imputado resultan desafortunadas y equívocas". La providencia notificada "no es un auto de imputación contra ellos, ni contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad", insisten.

Después de que el Supremo se declarara competente mediante el auto de 13 de noviembre de 2014 para investigar a los cinco aforados como consecuencia de la exposición razonada de la jueza Alaya, "fueron los mismos aforados los que solicitaron por escrito comparecer para ser escuchados en declaración ante el Tribunal Supremo". Y añaden que "esta comparecencia para declarar solo puede ser en calidad de imputados, si se desea rodearse de las garantías procesales correspondientes, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas, entre otras".

"Es a partir de esa declaración ahora señalada con fecha, y de la práctica de las pruebas pertinentes, cuando el Tribunal Supremo decidirá si archiva la causa, o si emite auto de continuación del procedimiento –conocido como auto de imputación– y luego auto de apertura del juicio oral. Solo en estas dos últimas circunstancias puede hablarse de que exista indicio de criminalidad. No antes", recuerdan los aforados.

Candidatura por la unidad popular. Tania Sánchez, excandidata de IU a las autonómicas y promotora de la iniciativa Vamos hasta el final, junto con Inés Sabanés, portavoz de Equo, han llamado a una candidatura conjunta para concurrir en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid.

¿Si no entra Podemos seguirá adelante esta iniciativa? Sabanés ha afirmado: "En términos de crear mayorías sociales y electorales, sí". Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Partido por un Mundo más Justo, ha reconocido conversaciones con Podemos, pero también que aún no hay nada cerrado.

Sánchez, a su vez, ha afirmado: "Intentamos responder a la demanda de las gentes de Madrid. No anunciamos un proceso cerrado de una candidatura hecha, sino una convocatoria ciudadana de las gentes de Madrid, una convocatoria por Madrid, llamamos a la ciudadanía a un acto en la sede de UGT este sábado a las 12.00, convocamos a la ciudadanía de Madrid por una candidatura unidad, potente y de cambio. Hoy urge ir más rápido para ganar. Tenemos objetivos claros, que se ofrecen al debate de la ciudadanía y de la propuesta colectiva: un primer objetivo es concurrir en una propuesta autonómica en torno a cuatro ejes: empleo digno; sostenibilidad ambiental; derechos ciudadanos irrenunciables en la defensa de la sanidad, educación y vivienda; y recuperación de democracia y control público. No es nuestra voluntad tener una propuesta cerrada, sino salir con una propuesta después del 21 con un programa participativo. Por último, un conjunto de compromisos democráticos por una política transparente. Esta región tiene la urgencia, la necesidad y la prisa de hacer una propuesta a la ciudadanía para que de aquí a los próximos 100 días seamos capaces de formar una propuesta alternativa a ese Madrid que deja fuera a la mitad de la ciudadanía".

Sabanés, por su parte, ha reclamado "mirar a las necesidades y expectativas de la gente más joven y todos aquellos que lo están pasando mal en la Comunidad de Madrid". "No estamos improvisando", ha afirmado, "llevamos experiencia acumulada en mareas, colectivos, causas comunes en las calles, y una larga experiencia de lucha por expectativas y derechos. También apostamos candidaturas de amplio signo ciudadano, con un largo recorrido, con urgencia por la gestión de la política cotidiana. Tenemos las experiencias y hemos compartido espacios, por eso queremos una candidatura conjunta para la Comunidad de Madrid. Tanto esfuerzo ciudadano tiene que tener un resultado de abordar las candidaturas ciudadanas y de unidad popular en la Comunidad de Madrid".

Sánchez ha explicado que habrá que poner en marcha "los ejes programáticos, el método y una propuesta metodológica de composición de candidaturas. El 21 lanzaremos una propuesta a debate y un calendario que también plantearemos".

"Buscamos una gran plataforma inmensa capaz de cambiar las políticas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha afirmado Sabanés: "Queremos construir ese cambio lo más amplio y con las mayores posibilidades de alcanzar el éxito electoral y social".

Este llamamiento ha sido bautizado inicialmente como Convocatoria por Madrid, nombre que recuerda a la Convocatoria por Andalucía lanzada por Julio Anguita en 1984 (embrión de la posterior Izquierda Unida, fundada en 1986).

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado este martes al PSOE que no aplique "cuando toca" la defensa de que la imputación debe suponer la dimisión de un cargo público, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya citado a declarar en calidad de imputados a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el 'caso de los ERE' de Andalucía.

"Desde el PP y el Gobierno hemos considerado siempre que no es la imputación la que debe llevar consigo la dimisión y sin embargo hay otros que sí lo han defendido y luego cuando toca aplicarlo no lo hacen", ha dicho a su salida del Senado preguntado si cree que los dos expresidentes Chaves y Griñán deberán entregar sus actas de diputado y senador, respectivamente.

Catalá ha defendido que "la mera imputación no es en absoluto una presunción de culpabilidad" y, por este motivo, a su juicio, "no debería llevar consigo la anticipación de la consecuencia de una culpabilidad.

No obstante, ha reprochado al partido que lidera Pedro Sánchez que vaya "dos pasos por delante" y que haya llevado esa "exigencia de responsabilidad a la mera imputación" mientras que cuando tiene que aplicarlo a un caso concreto busca "salidas tan singulares" al afirmar que "la imputación no es por ningún delito". "Es una artimaña dialéctica", ha puntualizado.

Al respecto, el ministro ha explicado que "cuando a alguien se le imputa en un proceso" es porque "tienen alguna vinculación" con dicho proceso que, en este caso, son los fraudes en la recepción de subvenciones, una causa en la que hay "delitos muy graves".

En esta línea, Catalá ha defendido que el paso dado por el Tribunal Supremo refleja el "funcionamiento normal" del sistema de garantías, de las instituciones y de dicho Tribunal. En su opinión, "es evidente que este Gobierno respeta absolutamente la independencia de la instituciones" y del poder judicial en este proceso "como en tanto otros".

Dos semanas después de la salida de Tania Sánchez de Izquierda Unida de Madrid (IUCM), la federación se enfrenta de nuevo a una posible ruptura. Entonces, la mayoría de los militantes que apostaron por Sánchez y por Mauricio Valiente decidieron quedarse en la organización, aunque las divergencias aparentemente insalvables entre la dirección regional y el candidato al Ayuntamiento de Madrid sobre cómo afrontar el proceso de confluencia de cara a las municipales han elevado la tensión hasta el punto de que la coordinación colegiada ha amenazado a Valiente con retirarle la condición de candidato.

El aviso en forma de nota de prensa llegó mientras Valiente presentaba la plataforma Cambiar Madrid junto al secretario general del Partido Comunista de Madrid, Álvaro Aguilera, candidatos de otros municipios y representantes de movimientos como Frente Amplio. La iniciativa ha hecho “un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales para que la unidad popular cambie las políticas neoliberales en la Comunidad de Madrid”.

En el acto, Valiente ha acusado a la dirección regional de IUCM de situarse “fuera de la organización” y de “ignorar las políticas de convergencia y las directrices” de la dirección federal. Por su parte, Álvaro Aguilera ha defendido que Cambiar Madrid representa a la mayoría de los afiliados de IUCM: “Somos la militancia de IU que ha ganado las primarias, que apuesta por la unidad popular sin fisuras y que aplica las políticas de IU federal”.

Valiente, que concurrió a las primarias junto a Tania Sánchez pero optó por permanecer en la organización cuando la exdiputada se marchó, defiende que IU debe sumarse al partido instrumental promovido por Ganemos y Podemos. El todavía candidato al Ayuntamiento de Madrid ha asegurado en distintas ocasiones que integrarse en dicha herramienta no supondría la disolución de IUCM, una idea que ha reiterado este martes.

La dirección regional, por su parte, asevera que la voluntad de Valiente “de actuar al margen y/o contra IUCM le sitúa fuera de la organización”. En una nota de prensa, la coordinadora colegiada advierte de que el candidato “ni ha sido ni es representante de IUCM en los procesos de convergencia”.

Uno de los integrantes de dicha dirección, Carlos Gutiérrez, recuerda en declaraciones a eldiario.es que las primarias del pasado mes de noviembre eran “para elegir candidato, no para definir la política de alianzas, el programa político ni la dirección general de IU de Madrid”.

Gutiérrez asegura que “en ningún momento se ha contemplado la expulsión” del candidato ni de quienes lo apoyan, pero advierte: “Si IUCM decide que vamos en coalición, Mauricio tendrá que decidir si sigue o se va”.

Precisamente, el Consejo Político de Madrid Ciudad se reunía a última hora de la tarde para abordar, tal y como ordenó la dirección federal, cómo acometer la confluencia. A la reunión no han acudido representantes de todas las asambleas de distrito, aquellas lideradas precisamente por personas afines a Valiente.

Pese a las ausencias, el órgano ha aprobado “la convergencia de IU en un marco de coalición”, según fuentes presentes en la reunión. Además, el consejo ha advertido a Valiente para que “se atenga a la organicidad” y que no “asuma representaciones que ni ostenta ni tiene capacidad ni competencia para ostentar”.

Esta decisión debería ser ratificada en referéndum, tal y como pidió dirección federal el viernes 13, aunque la posición se tendrá que definir este sábado en un Consejo Político Federal.

El rotundo giro que Pedro Sánchez ha querido dar al discurso socialista en materia de corrupción se ha disuelto al instante con la citación para declarar como imputados en el Supremo que han recibido Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Tras conocerse la decisión, todo el mundo esperaba que los dos políticos andaluces fueran inmediatamente expulsados de sus escaños, pero no es lo que ha sucedido.

La expectación generada tiene que ver con la vehemencia con la que Susana Díaz y también Pedro Sánchez afirmaron en reiteradas ocasiones que cualquier imputado del PSOE debería abandonar sus actas de parlamentario. Frases como "No me temblará la mano", pronunciada por Sánchez o "Cualquier persona imputada va a tener que dejar su escaño", esgrimida por Susana Díaz, han subido tanto el listón del PSOE que, tras la decisión del Supremo, a los socialistas les ha costado mantener el pulso.  

El PSOE se ha embarullado en una suerte de debate entre las diferencias entre una "imputación a secas" y una "imputación formal" para evitar pedir a Chaves y Griñán que abandonen la política.

Pedro Sánchez está convencido de no haber vulnerado su promesa, pero en Ferraz han olvidado medir que la rotundidad del líder socialista para expulsar a los usuarios de las tarjetas 'black' hacía pensar que en cuanto a Chaves y Griñán también se actuaría sin matices. Sumado a todo ello, la contundencia con la que el secretario general se ha librado de Tomás Gómez por su relación con el escándalo del tranvía de Parla también daba a entender que el carácter inflexible había llegado al PSOE para quedarse. Sin embargo, las elecciones andaluzas están mucho más cerca que las madrileñas y la mano del líder socialista acabó temblando.

La dirección del PSOE ha distribuido entre sus cargos un argumentario interno en el que asegura que Chaves y Griñán no han sido imputados por ningún delito. La afirmación socialista tiene parte de verdad, pero solo parte. 

Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía verán al juez en abril porque manifestaron previamente su voluntad de declarar a iniciativa propia, en un intento de aclarar su nivel de participación en la trama de los ERE. El juez ha atendido su petición y los ha citado de la única manera que resulta posible: en calidad de imputados. Al declarar como imputados, Chaves y Griñán tendrán derecho a estar asistidos por abogado y a no declarar contra sí mismos. Dicho lo cual, si un juez del Supremo no tuviese sospechas contra los dos expresidentes andaluces, nunca los citaría para un interrogatorio.

Tras su declaración, si el Tribunal decide imputarles formalmente, deberá solicitar un suplicatorio a las Cámaras (Congreso y Senado). Ese será el momento de la imputación efectiva y el punto en el que el PSOE no tendrá excusa alguna para demorar la entrega de sus actas de parlamentarios, con lo que pondría fin a la carrera política de los dos históricos dirigentes socialistas. 

Antes de que todo eso ocurra, los socialistas se han enfangado en un terreno de confusión en el que todos han leído que Sánchez y Díaz estaban dando un paso atrás sobre lo anunciado previamente. El portavoz parlamentario Antonio Hernando ha contribuido al desconcierto afirmando este miércoles que no habría cese alguno hasta la apertura de juicio oral.

Sus palabras han tenido que ser desmentidas por él mismo en una segunda rueda de prensa, forzada desde Ferraz, en la que el principal representante socialista en el Congreso ha afinado su argumentario para señalar que las dimisiones llegarán cuando la imputación vaya asociada a algún delito concreto. 

El Tribunal Supremo está atado de manos para actuar contra Chaves y Griñán hasta que decida pedir plácet al Congreso. Sin la solicitud de suplicatorio, el juez instructor no puede imponer medidas cautelares contra los políticos andaluces ni mucho menos solicitar la privación de libertad. Es posible que, tras la declaración prevista para abril, los dos históricos del socialismo andaluz se queden en el mismo limbo jurídico en el que se encuentran en la actualidad; señalados por la posible comisión de algún ilícito pero sin que se haya realizado una acusación formal contra ellos.

Una campaña sin sorpresas

Más allá de la gresca alimentada por el PSOE, la noticia emitida el martes desde el Supremo es buena para los intereses electorales de Susana Díaz en Andalucía. La presidenta andaluza ya tiene un calendario judicial claro y se garantiza una campaña electoral sin sorpresas. Al saber que la Ejecutiva federal no anunciaba piruetas, Díaz ha respirado con la tranquilidad de que el polémico asunto le queda despejado para la contienda electoral.

El PSOE ya ha pasado recientemente por situaciones similares. Cuando el Supremo imputó a José Blanco en el marco de la operación Campeón, el Tribunal llegó a solicitar el suplicatorio para juzgar al exministro. Blanco recurrió y finalmente la causa fue archivada. Con las normas impuestas hoy por hoy por Pedro Sánchez, Blanco habría sido obligado a dimitir en el momento en el que se produjo esa imputación formal, que finalmente quedó en nada. 

La imputación por parte del Tribunal Supremo de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha convertido a ambos en las piezas judiciales más cotizadas del espectro político cuando ya ha comenzado la precampaña electoral en Andalucía. En consecuencia, el PP batalla para hacerse con la dirección de la acusación popular en el proceso, que la Sala de lo Penal concedió el pasado 28 de enero a Manos Limpias.

En su recurso de súplica a la decisión de los magistrados del Alto Tribunal, la representación legal del Partido Popular alega ser el partido político “con respaldo electoral mayoritario en España y Andalucía”. Asimismo, destaca que, frente al sindicato de funcionarios y la asociación “Pro Justicia Siglo XXI” -las otras dos acusaciones populares-, un partido político como el suyo representa “los valores y funciones expresados en el artículo 6 de la Constitución”. O lo que es lo mismo, el PP se erige en representante del “pluralismo político”, la “voluntad popular” y la “participación política” como argumento para dirigir una acusación judicial contra su mayor rival político en Andalucía.

En su auto, la Sala de lo Penal apreciaba que existe la “suficiente convergencia de intereses” entre los tres personados para que actúen “bajo una misma dirección y representación” y evitar así durante la instrucción “dilaciones indebidas”. Así las cosas, el Supremo optó por Manos Limpias para ejercer la dirección letrada de la acción popular por ser la primera en personarse en la causa, concretamente el 21 de noviembre. La Asociación Pro Justicia Siglo XXI lo hizo tres días después y el Partido Popular dejó pasar nueve.

Tanto Manos Limpias como el Partido Popular de Andalucía están personados con anterioridad en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige la magistrada Mercedes Alaya, y de la que parte la causa especial abierta en el Tribunal Supremo. La formación de Juan Manuel Moreno alega en su escrito que en las distintas querellas instruidas en Sevilla ponen de manifiesto “los diferentes enfoques y puntos de vista de ambas acusaciones populares”.

Una dirección letrada de Manos Limpias en la causa del Supremo contra Chaves, Griñán y tres exconsejeros de la Junta reduciría al PP a un papel testimonial, ya que serían los abogados del sindicato los que participarían en las tomas de declaración y recibirían los documentos incorporados a la causa.

Al recurso de súplica del PP ha reaccionado Manos Limpias con otro de impugnación en el que solicita a la Sala de lo Penal que expulse de la causa al partido de Mariano Rajoy. Alega Manos Limpias que hay “varios afiliados o exafiliados” del PP imputados en la causa que instruye Alaya y que hasta el alcalde de Sevilla, Ignacio Zoido, “está siendo investigado” por haber negado la existencia de “intrusos” en cinco expedientes de regulación de empleo sobre los que tenía presuntamente responsabilidad. Donde el PP ve “pluralidad”, Manos Limpias detecta intereses “partidistas, espúreos y poco claros”.

En su exposición, el Partido Popular llega a recurrir al juez José Castro, cuando en una resolución del caso Nóos permitió diferentes direcciones letradas de PP y Manos Limpias habida cuenta de las “diferencias irreconciliables” que mantenían sobre la imputación de Cristina de Borbón. Respecto a la alusión al caso Nóos que hace el abogado del PP, Manos Limpias recuerda que ni el partido de Rajoy, ni ningún otro decidió finalmente ejercer la acción popular en el caso.

Pendientes de la fianza

Las tres acusaciones personadas están pendientes en estos momentos de que el Supremo establezca la fianza para ejercer la acción popular. Manos Limpias y Asociación Pro Justicia Siglo XXI se arriesgan a no poder hacer frente a una cantidad elevada, lo que beneficiaría los intereses de la organización más grande de las tres, el Partido Popular.

Manos Limpias se queja de que el PP no colaboró con Alaya en el caso de los ERE “hasta hace relativamente bien poco”. El sindicato alega que los conservadores hicieron “dejación de funciones” al no fiscalizar las cuentas de la Junta y concluye: “Pretende aborgarse la bandera de perseguidores de los desmanes hechos por los políticos de la Junta de Andalucía cuando el propio Partido Popular debió haber evitado el presunto mayor latrocinio de la historia de España”.

El caso de los ERE fraudulentos acaba de cumplir cuatro años de instrucción y las altas responsabilidades políticas, a nivel judicial, están empezando a cursarse y a dilucidar si hubo o no responsabilidad penal. Este martes se conocía que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán deberán declarar en el Tribunal Supremo en calidad de imputados, tras haber solicitado hacerlo voluntariamente. La jueza Mercedes Alaya ha dado ya muchos pasos para tratar de demostrar su tesis sobre la que hace pivotar sus imputaciones acerca del asunto: que un Gobierno en su conjunto montó y sostuvo durante más de una década "un sistema corrupto" para eludir el procedimiento legalmente previsto en el otorgamiento de subvenciones, evitar los controles de la Intervención de la Junta y hacer uso discrecional de fondos públicos.

"Una auténtica subversión del ordenamiento jurídico", sostiene Alaya en su exposición razonada, para mantener una paz social que le generara al PSOE, asegura, "réditos políticos y electorales" en Andalucía. Esa es la tesis de la jueza y de ello hace responsables directos (reproche penal y fianzas millonarias incluidas) a más de medio centenar de exaltos cargos de la Junta, entre los 266 imputados que hay actualmente. Sus pesquisas, basadas en las de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, alcanzan a cinco consejerías, a sus máximos responsables y a todo aquél que en el organigrama tuviera alguna relación directa o indirecta con las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración autonómica. Y por ello, según Alaya, también los expresidentes Chaves y Griñán, que "debían" conocer las supuestas irregularidades como máximos responsables de la Junta.

Es la parte política del caso, la denominada del procedimiento específico, es decir, sobre la que presuntamente se sustentaría el fraude de los ERE y sobre la que ahora tienen que decidir ya no sólo Alaya sino el Tribunal Supremo (con cinco actuales senadores y diputados del Congreso) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con cuatro miembros de la diputación permanente del Parlamento andaluz). Las otras 'patas' del caso serían la "indiciaria arbitrariedad" de las pólizas y la presencia de 'intrusos' en las mismas, y una tercera acerca de las "presuntas influencias" de sindicatos, mediadoras y despachos de abogados. En la 'pata política' aquí analizada a casi nadie se le acusa directamente de haber metido 'la mano en la caja', de lucrarse o enriquecerse con el fraude sino se les imputa, según qué caso, por estar ocupando un puesto desde el que haber detectado o frenado dicho fraude o de, en circunstancias como los miembros del consejo rector de IFA/IDEA, de haber estado allí y haber colaborado presuntamente con el procedimiento.

El caso, cabe recordarlo, nace de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla y la inclusión de beneficiarios de prejubilaciones que nunca formaron parte de la plantilla del mercado central de abastos de la capital hispalense. La Policía Judicial puso entonces de manifiesto indicios de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas cuyas primas eran financiadas en su mayor parte por la Junta. 

Pero centrándonos en los cargos públicos vinculados de una forma u otra al caso de los ERE destaca Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo (1999-2008), encargado de firmar la mayor parte de las ayudas que se investigan y que pasó hasta en dos ocasiones por prisión provisional (entre marzo y octubre de 2012, y entre marzo y junio de 2013). Alaya cree que es presunto autor de hasta seis delitos (continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil).

Sobre Guerrero se situó la "responsabilidad política directa" del caso de los ERE según las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento andaluz de agosto de 2012, como planteó desde un principio el Grupo Socialista. PP-A e IULV-CA, socio ya entonces del PSOE-A en el Gobierno autonómico, no estuvieron de acuerdo con que la responsabilidad política se situara exclusivamente en ese exdirector general. Tampoco Alaya, que ha imputado, o lo ha intentado, a todas estas personas:

Presidencia de la Junta

Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán ( consejero de Hacienda 2004-2009). Los investiga desde el pasado noviembre el Tribunal Supremo, por su condición de aforados (diputado y senador), y están citados a declarar en calidad de imputados los días 14 y 9 de abril, respectivamente, "en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a las personas físicas", el primero en calidad de Presidente y el segundo como consejero de Hacienda.

Alaya pidió su imputación el 10 de septiembre de 2013, durante el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta, y en la exposición razonada elevada el pasado verano al Supremo asegura que ambos participaron "en la instauración y mantenimiento" del procedimiento irregular para conceder ayudas. Ambos solicitaron declarar voluntariamente en el Supremo y, al menos en el caso de Griñán como exresponsable de Hacienda, ha aportado un amplio informe técnico donde señala que no tenía competencias para conocer las supuestas irregularidades de los ERE.

Consejería de Empleo

José Antonio Viera, consejero de Empleo 2000-2004. Gestionó las ayudas sociolaborales investigadas, otorgadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un organismo público del que también fue presidente desde enero de 2003. Como aforado (es senador), está citado el 7 de abril para declarar en el Supremo, casualmente el mismo que lo hará su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, llamado recientemente por Alaya para ampliarle su imputación por determinadas ayudas concretas.

Viera deberá explicar en el Supremo la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que fue presidente de IFA y el haber propiciado, supuestamente, importantes ayudas para la Sierra Norte de Sevilla con objeto de favorecer "desmesuradamente" a empresarios con los que se relacionaba y personas "con las que mantenía afinidades políticas". Hay varios exalcaldes socialistas de la zona imputados. Alaya acusa a Viera de permitir que esa comarca sevillana, donde supuestamente también actuó principalmente Javier Guerrero, se beneficiara de 55 de los 85 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010. 

Antonio Fernández, consejero de Empleo 2004-2010. Fue viceconsejero desde 1995 y, desde 2000, vicepresidente del IFA. Salió de prisión preventiva en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Dijo ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 "era legal" y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas. La jueza le acusa de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones, generando "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía. Ya en marzo de 2011, cuando saltó el caso, fue imputado por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Manuel Recio, consejero de Empleo 2010-2012 y secretario general de Economía 2009-2010. Imputado desde julio de 2013 como gran parte de los exaltos cargos implicados, la jueza sostiene que en su mandato se dictó la Orden de 27 de abril de 2010 por la que se formalizó la encomienda de gestión con IDEA (la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, nueva denominación de IFA), en virtud de la cual se formalizaron múltiples expedientes de transferencias de financiación para la concesión de subvenciones. Junto al resto de aforados autonómicos, espera la decisión del TSJA, que les notificó la exposición razonada de Alaya respecto a ellos a finales de enero. Hay que recordar que pueden volver a ser 'presa' de la jueza cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz y dejen de ser aforados, puesto que no han sido incluidos en las listas dle PSOE-A para el 22M.

Justo Mañas, viceconsejero de Empleo de la Junta 2010-2012. Imputado en octubre de 2013 de delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos. Como tantos otros exaltos cargos, se negó a prestar declaración ante la jueza.

Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo 2004-2010. Alaya sostiene, como respecto a los antiguos altos cargos de Empleo, que pese a tener indicios de la presunta ilegalidad de las ayudas, "no cumplió con su deber como autoridad de poner los hechos en conocimiento de la Administración de Justicia". La jueza le imputa, igualmente como a otros exresponsables públicos, presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.

Juan Francisco Sánchez García, secretario general técnico en la Consejería de Empleo (2000-2004), en Innovación (2004-2010) y director de IDEA (2010-2012). Imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos.

Javier Aguado Hinojal, secretario general técnico de Empleo (2004-2008). Según la jueza, "uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal".

Lourdes Medina Varo, secretaria general técnica de de Empleo (2008-2012). La tercera de los sucesivos SGT de Empleo imputados por Alaya. Como el resto, a juicio de la jueza, participó en el mantenimiento de las transferencias de financiación para pagar las ayudas.

Francisco García Martínez y Rafael Herrera Gil, exsecretarios generales de Empleo.

Juan Márquez, director general de Empleo (2009-2010). La jueza le atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento. También está citado por el Tribunal de Cuentas para el próximo 24 de febrero y el 7 de abril de nuevo en el juzgado de Alaya, junto a otros exresponsables de las consejerías de Empleo e Innovación tras la ampliación de imputaciones acordada por la jueza.

Daniel Rivera, director general de Empleo (2010-2012). Dice Alaya que "conocía desde el principio de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, tanto en las ayudas directas como en las sociolaborales" y que "continuó con las prácticas irregulares de Guerrero y Márquez", sus antecesores en el cargo.

Juan Luque, ex interventor delegado en la Consejería (2008-2013). Declaró como testigo que en el caso ERE existió "un menoscabo muy grave para los fondos públicos". Está imputado por prevaricación y malversación porque el cambio en la gestión de la partida de las transferencias de financiación fue el mismo que se venía aplicando con anteriorioridad, según Alaya.

Consejería de Innovación

Francisco Vallejo, consejero de Innovación (2004-2009). Uno de los exparlamentarios autonómicos que han pasado hace unas sermanas a la mesa de la diputación permanente del Parlamento. Como el resto de exaltos cargos de máximo nivel y actuales aforados, no se conoce detalles de cuáles son los motivos concretos de su presunta vinculación.

Martín Soler, consejero de Innovación (2009-2010). Volverá al juzgado de Alaya el 7 de abril para ampliarle la imputación de la que le dio cuenta Alaya el pasado mes de junio: prevaricación y malversación.

Antonio Ávila, consejero de Economía e Innovación 2010-2012. Antes vocal de IDEA desde 2001, secretario general de Economía (2002-2009) y también consejero de Presidencia (2009-2010). En la misma situación que Francisco Vallejo, con quien también compartía escaño parlamentario por Jaén desde su salida de la Junta.

Gonzalo Suárez, viceconsejero de Innovación (2004-2005).

Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero Innovación (2005-2009).

Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía. Todos fueron directores generales del IFA o de IDEA, los organismos que pagaron los fondos. Pablo Millán,Juan Vela yAntonio Diz-Lois, exdirectores de finanzas del IFA, también están imputados. "A nivel presupuestario IFA/IDEA fue el compañero perfecto de la Consejería de Empleo", afimra la jueza Alaya en su isntrucción. La actuación de los miembros del consejo rector obedecía, según la jueza, a "un mismo diseño político del que eran partícipes, pero que debía haber sido previamente establecido". El pasado septiembre, a un buen número de ellos, se les impuso importantes fianzas de responsabilidad civil.

Ana María Peña, secretaria de Telecomunicaciones.

Ángel Garijo, exsecretario general de Innovación.

Isabel de Haro, secretaria general de Desarrollo Indsutrial y Energético.

Pilar Rodríguez, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Manuel López, director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos.

Jesús Nieto, director de Industria.

José Domínguez Abascal, secretario general de Universidades.

Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.

Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

(de estos nueve imputados del área de Innovación apenas ha trascendido información de sus imputaciones)

Consejería de Hacienda

Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda (1994-2004). Una de las caras más conocidas del caso ya que se las ha tenido que ver hasta en dos ocasiones con la jueza. El pasado junio dimitió de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Sin fuero, está imputada por prevaricación y malversación, como confirmó la Audiencia por ser "una persona respecto de la que resultan visos de haber participado en los hechos delictivos que se investigan". La propia Audiencia anuló la fianza civil de 29,5 millones que le había impuesto y dejó sin efecto los numerosos embargos a los que tuvo que hacer frente.

Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda (2009-2013). Anteriormente, viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009). En la misma situación que Ávila o Vallejo, a la espera del TSJA. Tampoco ha sido incluida en las listas electorales.

José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta (1990-2004). Como en otros muchos casos, la jueza le acusa en general de ser "uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instauraría en la Junta de Andalucía desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011". Salguiero se acogió a su derecho a no prestar declaración si bien fue imputado de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Antonio Estepa, secretario general técnico de Hacienda (2000-2004). Imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya le atribuye "una importante intervención" en los presupuestos de la comunidad, "donde se mantendrían durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago" de las subvenciones sociolaborales investigadas.

José de Haro Bailón, secretario general de Hacienda (2004-2009). Alaya considera que, como viceconsejero desde 2009, tendría "una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010" donde, si bien desaparecieron las transferencias de financiación de los estados de gastos del programa 31.L , "se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde el año 2001".

Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, directores generales de Presupuestos 2002-2009 y 2009-2012, respectivamente. El primero fue también viceconsejero de Presidencia de la Junta. Ninguno declaró ante la jueza como imputados por prevaricación y malversación pero insistieron en sus recursos que "no tienen facultades para ordenar nada respecto a la formación del Presupuesto de las distintas consejerías, ni de impedir que se introduzca ninguna clase de crédito, ni de dictar resoluciones, ni de realizar ninguna tarea de control sobre la legalidad de los gastos". Comparten representación legal con Griñán, con quien respaldan un informe en esa línea que ha sido remitido al Supremo y con el que se acaba de hacer la la jueza Alaya.

Consejería de Presidencia

Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, consejeros de la Presidencia 1996-2009 y 2010-2012, respectivamente. Su nombre apareció por primera vez vinculado al caso en la exposición razonada elevada por Alaya al Supremo. Hace unos días, el juez instructor del alto tribunal ordenó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una nueva investigación sobre estos aforados, la senadora y el diputado del Congreso, centrada en los actos que adoptaron como consejeros y que podrían estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya.

Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta de Andalucía (2001-2010). Junto a otros dos interventores, firmó un informe que vendría a decir que las transferencias de financiación del caso de los ERE, figura sobre la que pivota la principal argumentación de la jueza, tuvieron un uso impropio pero no ilegal. Martínez, imputado pero bien considerado por Alaya según han indicado en ocasiones fuentes del caso, negó hasta once a su superior entonces, José Antonio Griñán, durante su declaración ante la jueza en julio de 2013.

Consejería de Agricultura

Juan Paniagua, exviceconsejero de Agricultura y Pesca.

Hay otro cargos de la Junta cuyos nombres también están en el listado de imputados del caso de los ERE en algún momento, como los delegados provinciales de la Consejería de Empleo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas, el jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008 Francisco del Río, o Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.

El Gobierno griego tiene previsto solicitar este miércoles una ampliación del préstamo acordado con sus socios europeos, según informaron fuentes cercanas a la negociación a varios medios de comunicación griegos.

Según el diario heleno 'To Vima', Grecia propondrá una extensión del crédito, que no del programa de rescate, durante un plazo de seis meses, ayuda que tendrá también unas condiciones.

Por su parte, 'ekathimerini' informó de que, tras el fracaso de la reunión del Eurogrupo del lunes, se han seguido manteniendo conversaciones entre el Gobierno heleno y las instituciones europeas.

Fuentes del Gobierno griego citadas por la agencia EFE afirmaron este martes que se estaba "examinando la opción de pedir una prórroga del préstamo, sin ligarlo a los requisitos del programa de rescate".

"No aceptamos ultimátum. No vamos a pedir una extensión del programa de rescate", dijeron las citadas fuentes bajo condición de anonimato.

El actual plan de rescate, acordado entre el Ejecutivo anterior encabezado por Andonis Samarás y la troika (formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) expira el próximo 28 de febrero por lo que las negociaciones están encaminadas a lograr un acuerdo que permita garantizar la financiación de Grecia a partir de esa fecha.

Tras no llegar a un pacto en el Eurogrupo del pasado lunes, los socios lanzaran un ultimátum al Ejecutivo heleno, que le da de margen hasta el viernes para decidir si solicita una extensión del programa de rescate.

El ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, ha dicho este martes que el siguiente paso que debe darse tras el "ultimátum" de este lunes es el "responsable" y expresó su confianza en lograr un acuerdo "muy bueno" para el europeo medio.

Según el ministro griego, Europa sabe cómo "deliberar de tal manera como para crear una solución muy buena, una solución honorable de un desacuerdo inicial".

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, rechazó dicho "ultimátum" de los socios de la eurozona, al tiempo que se mostró convencido de que habrá un acuerdo que no implique "dar marcha atrás" a las promesas electorales.

En un nuevo discurso combativo ante el grupo parlamentario de Syriza, Tsipras se mostró confiado en que la posición del Eurogrupo acabe suavizándose, pese que su presidente, Jeroen Dijsselbloem, fue tajante al decir que no hay alternativa a la solicitud de una prórroga de seis meses del "programa vigente".

Pedro Sánchez ha sido parco en palabras al ser preguntado por la situación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán después de que el Tribunal Supremo les haya citado a declarar como imputados por el caso de los ERE. "Cuando se produzca la imputación por un delito, si es que se produce, el PSOE actuará", ha expresado el secretario general en los pasillos del Congreso.

"No se ha rebajado el listón", ha dicho el líder socialista. Tanto Sánchez como Susana Díaz dijeron que los expresidentes andaluces tendrían que abandonar sus escaños en el Congreso y el Senado si eran imputados. En el PSOE explican ahora que la citación se ha producido mediante providencia porque pidieron declarar voluntariamente.

El PSOE sostiene que el escrito del Supremo no atribuye ningún delito concreto a los expresidentes regionales. La dirección socialista esperará, por tanto, a que el tribunal se pronuncie sobre una hipotética imputación concreta después de que declaren ante el juez los próximos 9 y 14 de abril.

"Cumpliré con mi palabra", ha añadido Sánchez en los pasillos del Congreso al finalizar su intervención en la sesión de control al Gobierno. El líder socialista, que no ha querido hacer declaraciones a su llegada al hemiciclo y ha señalado que lo haría después, se ha marchado tras decir esas tres frases. No ha querido responder a la pregunta de los periodistas sobre si habrá primarias para designar al candidato a la Comunidad de Madrid.

Manuel Chaves tampoco ha querido dar más explicaciones sobre la decisión del Supremo. El expresidente andaluz ya lo hizo este martes al asegurar que "no ha cambiado nada" tras la providencia del Alto Tribunal. 

El PP ha registrado este miércoles la proposición de ley con la que pretende vetar la interrupción del embarazo a las mujeres menores de 16 y 17 años. Aunque el portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando, ha insistido en que de esta forma "se da cumplimiento al programa electoral", los conservadores han tenido que conformarse con este cambio parcial ante las protestas que provocó el intento de Alberto Ruiz-Gallardón de derogar la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando salga adelante, no bastará con que las mujeres más jóvenes manifiesten su voluntad. Tendrán que contar con el consentimiento expreso de sus padres o tutores.

La intención del PP es que la propuesta pueda discutirse en el mes de marzo, ya que el grupo parlamentario piensa incluirla la primera dentro de su cupo de presentación de iniciativas. Según ha explicado Hernando, la reforma afecta a dos leyes: la del aborto aprobada y el artículo 9 de la ley de autonomía del paciente para cambiar la edad a la que pueden somterse a la interrupción del embarazo sin consentimiento paterno.

Hernando ha negado que este cambio pueda dar lugar a protestas dentro de su grupo, ya que algunos diputados más conservadores consideran que el Gobierno ha renunciado al compromiso de derogar la ley por electoralismo ante la gran contestación social: "Nadie de mi grupo puede discrepar de lo que pone en nuestro programa. No las hay ni las va a haber. Sí es posible que las haya en el grupo socialista, que no estaban muy de acuerdo con esto. Que digan si van a conceder libertad de voto".

El sistema de retocar la norma a través de una proposición ahorra al Gobierno el trámite de defender un nuevo proyecto al ministro de Sanidad e Igualdad, Alfonso Alonso. De hecho, a su llegada a la sesión de control, el propio Alonso evitaba hacer declaraciones y respondía a los periodistas que el asunto "era cosa del portavoz". La intención del Ejecutivo fue modificar la ley a través de otra en preparación destinada a proteger a la infancia, pero los planes se vieron truncados por el Consejo de Estado, que señaló que no era el camino. Hernando ha asegurado que la modificación estará en vigor "en esta legislatura" y que no será necesario tramitarla con urgencia porque cree que no va a hacer falta.

"Podía haber sido una reforma más amplia, pero nuestra decisión de no ir más lejos ha sido por la falta de consenso", ha admitido el conservador, que también ha asegurado que "en una materia como esta hay que intentar no imponer en la legislación el modelo de pensamiento y pensar en el conjunto del cuerpo social".

La presidenta de la Fundación Caja Madrid hasta que estalló el escándalo de las tarjetas 'black', Carmen Cafranga, aseguró este miércoles en la Audiencia Nacional que el asunto está causando un gran perjuicio a su imagen y reputación.

De tal forma, que cuando acudió al Banco de Santander para solicitar un préstamo con el que regularizar su situación con Hacienda por los gastos con su tarjeta ‘black’, la entidad de los Botín se lo denegó con el argumento de que causaría “mala imagen”. Sobre el uso del plástico -175.000 euros-, Cafranga, que es íntima amiga del matrimonio formado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el expresidente José María Aznar, aseguró: “Me dijeron que la podía gastar en cualquier cosa”.

Otra exconsejera, María Enedina Álvarez Gayol aseguró esta mañana al juez que la entidad le había trasladado la existencia de un acuerdo con la Agencia Tributaria que regularizaba el gasto. De tal forma que cuando acudió a comprar un aparato de gimnasia a Decathlon y tuvo que devolverlo, se preocupó por preguntar a Caja Madrid que el importe había sido reingresado.

El fiscal Alejandro Luzón optó hoy por pedir fianza civil para los cuatro imputados que declararon y que aún no han devuelto las cantidades, al tiempo que solicitó que las cantidades reingresadas por los otros cuatro fueran destinadas a cubrirla. Con las de hoy se cierra la ronda de las 27 declaraciones de imputados previstas. El viernes, el juez Andreu tomará otras cinco declaraciones, pero en calidad de testigos.

Este miércoles, siete de los interrogados defendieron que las tarjetas eran para uso de libre disposición, a excepción de Antonio Romero, consejero a propuesta del PSOE, quien defendió que sus 250.000 euros gastados con la tarjeta respondían a funciones de representación.

Romero fue uno de los consejeros a los que en 2009, ya en plena crisis, se le dobló el límite de gasto anual, alcanzando los 50.000 euros. En su tesis de que se trataba de gastos de representación y no un complemento retributivo, Romero defendió que hubo quien gastó indebidamente –en electrodomésticos, concretamente- y se le recriminó desde la entidad.

Romero admitió que fue él quien solicitó el PIN de la tarjeta en 2005 porque en ocasiones necesitaba sufragar esos gastos de representación en metálico, por ejemplo cuando tenía que pagar taxis que no disponían en aquella época de datáfono.

Otro de los consejeros del PSOE, Jorge Gómez Moreno, dijo que no tuvo más instrucciones que el gasto límite de 6.000 euros al mes y 50.000 al año. Defendió que siempre gastó en comidas y transporte y que su honestidad se demuestra en un viaje a Nueva York: pagó su billete con la ‘black’ y los de su mujer y su suegro, de su bolsillo. En total tastó 98.200 euros.

Este miércoles también compareció el que fuera máximo responsable de UGT en Madrid hasta que saltó el escándalo de las tarjetas ‘black’, José Ricardo Martínez Castro. El sindicalista defendió que había hecho un esfuerzo por limitar los gastos a sus funciones como consejero de la caja y que en una ocasión sobrepasó los 24.000 euros que tenía asignados anualmente. Ocurrió porque contabilizó el gasto en un año natural y la mano derecha de Rato, José Manuel Fernández Norniella, le advirtió en persona de que el ejercicio se había cerrado en noviembre. Martínez de Castro se excedió en 4.000 euros.

El Gobierno griego presentará finalmente mañana jueves la solicitud de prórroga del "crédito" a los socios de la eurozona y no hoy, como estaba previsto inicialmente, confirmaron a Efe fuentes del Ejecutivo.

La solicitud se ha aplazado por "razones de tiempo", agregaron las fuentes.

Según informaciones de los medios locales, una vez que Grecia haya presentado su nueva propuesta, se plantea una reunión del Grupo de Trabajo del euro mañana mismo, a la que el viernes podría seguir otra del Eurogrupo en caso de que la solicitud sea valorada positivamente.

Esta mañana, el portavoz del Gobierno griego, Gavriil Sakelaridis, había informado de que Grecia solicitaría hoy mismo la prórroga del "crédito", que no del programa vinculado al mismo, y que tomaría como base el borrador presentado por el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

Varufakis quería la propuesta de Moscovici

El ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, había señalado en una entrevista con la televisión pública alemana que la extensión del crédito "obviamente" estaría ligada al cumplimiento de "tres o cuatro condiciones", aunque no dio más detalles sobre los posibles requisitos.

El borrador de Moscovici, que Varufakis dijo podría haber firmado "aquí y ahora", fue descartado finalmente en la reunión del Eurogrupo del pasado lunes.

En el texto se hablaba de la posibilidad de extender el "préstamo" actual cuatro meses, en lugar de exigir la prórroga del "programa", como decía el texto presentado por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

Además, subrayaba que "el Ejecutivo (griego) ha anunciado su intención de tomar medidas extraordinarias para garantizar un sistema fiscal más justo y más eficiente y reducir la crisis humanitaria".

El jefe del Eurogrupo, que dio de plazo a Grecia hasta el viernes para pedir una prórroga del "rescate" que no del "crédito", deberá decidir si la nueva propuesta de Grecia es base suficiente como para convocar una nueva reunión.

El Ministerio alemán de Finanzas recordó hoy que una extensión de la ayuda a Grecia exige la presentación de una solicitud de prórroga del "actual programa de rescate" y cumplir las condiciones y reformas con las que Atenas se comprometió.

Por su parte, la Comisión europea reiteró hoy que el Eurogrupo ha dejado claro que en principio, la única manera que tiene Grecia para obtener la financiación pendiente es solicitar la prórroga del programa y finalizarlo.

La presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha anunciado hoy que renuncia a sus aspiraciones para ser candidata autonómica del PSOE por "coherencia" y "honestidad", debido a que no comparte el proceso establecido por la Gestora que dirige el partido.

Valcarce, que reclamó sin éxito a la gestora que convocase unas primarias tras la destitución del ex secretario general del PSM Tomás Gómez, ha expresado en una entrevista con Efe su disconformidad con el proceso de consulta a las bases que hoy se inicia porque no se realiza bajo los principios de "urnas abiertas" y "un militante, un voto".

La retirada se produce pocas horas antes de que arranquen las primeras asambleas en las que los militantes socialistas emitirán su opinión sobre los posibles candidatos a la Puerta del Sol. La Gestora que dirige Rafael Simancas se encargará de "interpretar" los resultados de esos debates para dar el nomre definitivo. Ángel Gabilondo es el que suena con más fuerza y Pedro Zerolo ha pedido el apoyo para ser el cabeza de lista.

Tras el anuncio de Valcarce, el concejal y expresidente del PSM ha ratificado su intención seguir adelante en el proceso. "Respeto la decisión de mi compañera Valcarce y reafirmo mi candidatura socialista a la Comunidad de Madrid", ha expresado en Twitter.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido disolver "el órgano ejecutivo de la Agrupación Insular del PSOE de La Gomera" y "constituir una comisión gestora para que en el plazo de seis meses convoque y celebre el congreso insular que elija" al nuevo secretario general y a los miembros de su Ejecutiva. Esta decisión implica directamente la destitución de Casimiro Curbelo como secretario general, que podrá seguir ejerciendo como presidente del Cabildo de la isla, si bien será la nueva gestora la que se ocupe de la dirección del Grupo Socialista en esa Corporación y de designar un nuevo candidato a la presidencia para las elecciones de mayo.

Si el depuesto secretario general cumple sus amenazas de presentarse a las elecciones con su nuevo partido podría enfrentarse a un expediente de expulsión.

La Ejecutiva Federal ha esgrimido como motivos para disolver los órganos de dirección del PSOE gomero y, consecuentemente, apartar al histórico Casimiro Curbelo, no solamente su imputación en dos procedimientos judiciales, uno en el Juzgado de Instrucción 1 de La Gomera y el otro en Instrucción 37 de Madrid, sino también el cisma abierto en el partido en la isla a raíz de la dimisión de la mitad de su Comisión Ejecutiva Insular en abril del año pasado, situación de disolución estatutaria que se salvó porque uno de los dimitidos retiró su acción.

A esa desbandada se unió la carta que los alcaldes socialistas de Agulo, Vallehermoso, Alajeró y San Sebastián de La Gomera remitieron a Ferraz "expresando su preocupación por el deterioro de la imagen del PSOE de La Gomera", según se recoge en la resolución que firma el secretario federal de Organización, César Luena.

En La Gomera Casimiro Curbelo está incurso en una causa penal por la denuncia de un particular que le acusa de enriquecimiento ilícito, y en Madrid por los incidentes que protagonizó, junto a su hijo y otra persona más en una comisaría de Policía, tras salir de un local nocturno. Este percance le condujo a presentar su renuncia a su acta de senador y a interponer denuncia por agresiones contra los policías que le detuvieron por atentado a la autoridad.

Todas estas cuestiones condujeron a que Ferraz declarara este mismo miércoles "no idónea" la candidatura de Casimiro Curbelo a la presidencia del Cabildo.

Estas resoluciones no implican la expulsión del histórico socialista del PSOE, salvo que así se decida cuando se oficialice la candidatura de Curbelo bajo otras siglas políticas, como ha anunciado él mismo. El todavía presidente del Cabildo gomero concurrirá a las elecciones, tanto a esa Corporación como al Parlamento regional, como líder de Agrupación Socialista Gomera, el partido que creó en 2011.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank del PP, acaba de publicar un estudio sobre el autoconsumo eléctrico que viene a alinearse con las tesis del Ministerio de Industria y de la patronal eléctrica, Unesa, partidarios de imponer un peaje a esta actividad (el conocido como "impuesto al sol") para que los costes fijos no recaigan sobre el resto de consumidores y se evite una "subida de tarifas" de la luz para el conjunto de los usuarios.

El documento, recogido en el número 178 de Papeles de FAES bajo el título de El consumidor generador: implicaciones del autoconsumo en el sistema eléctrico, está firmado al alimón por Conrado Navarro y Juan Luis López Cardenete, dos expertos que ya han colaborado anteriormente con la fundación del PP y a los que se identifica, respectivamente, como "ingeniero de Minas, especialidad Energía y Combustibles" y "profesor del IESE". 

Lo que FAES olvida mencionar es la fuerte vinculación de los autores del estudio con las dos grandes eléctricas españolas. Conrado Navarro lleva toda la vida en Iberdrola, la primera compañía del sector en España, a la que se incorporó en 1975 y de la que es director de Relaciones Institucionales desde enero de 2014. Anteriormente ocupó, entre otros, los cargos de subdirector de Desarrollo, consejero del gasoducto Medgaz en representación de la eléctrica y director de Desarrollo de la unidad de Gas, según recoge su perfil de Linkedin. Navarro ya participó en el libro Propuestas para una Estrategia Energética Nacional, editado en 2011 y en el que FAES abogaba por un "retorno nuclear" que cayó en el olvido tras la catástrofe de Fukushima (Japón), que tuvo lugar poco después de la publicación de ese estudio.

Por su parte, Juan Luis López Cardenete (Loja, Granada, 1954) fue durante años alto directivo de Unión Fenosa, en la que trabajó durante tres décadas. El último cargo que ocupó fue el de director general de Redes, puesto que abandonó en 2009 con una indemnización millonaria (como otros directivos de la compañía) tras la oferta pública de adquisición (opa) de Gas Natural sobre la antigua eléctrica gallega. Anteriormente, fue director general de Unión Fenosa Distribución.

En la web del IESE puede leerse que Cardenete "fue director general de Unión Fenosa y presidente de Unión Fenosa Internacional, empresa a la que se incorporó en 1978 y en la que desarrolló su trayectoria profesional en las áreas de generación, combustibles, planificación, control, estrategia y marketing". Defensor del fracking y de la idea de que la competencia en el sector eléctrico es "atroz", sigue vinculado al sector como consejero de OMEL, el Operador del Mercado Eléctrico, en cuyo accionariado tienen un fuerte peso las compañías energéticas. 

"Fuerte componente ideológico"

El documento de FAES sostiene que el autoconsumo "va mucho más allá de una lógica económica y tecnológica" y "tiene un fuerte componente ideológico, lo que hace que haya numerosas corrientes a favor de su desarrollo y otras, sin embargo, en contra".

Los autores consideran que "todo usuario que esté conectado a la red, sea mero consumidor o sea autoproductor, por el hecho de estar conectado a la red y poder utilizarla en cualquier momento, deberá hacer frente a unos peajes fijos que cubren los costes fijos de la red". De lo contrario, se estaría disfrutando de una "subvención implícita y un incentivo ineficiente para sus promotores".

Navarro y Cardenete señalan que los costes fijos que los consumidores dejan de pagar por el autoconsumo "no desaparecen del sistema, de modo que se tendrán que recaudar del resto de los consumidores para cumplir el principio de suficiencia tarifaria", lo que redundará en "una transferencia de estos costes al resto de los consumidores del sistema".

Esta circunstancia provocaría "una subida de tarifas al ser menos consumidores para hacer frente a los mismos costes fijos y seguir cumpliendo el principio de suficiencia tarifaria". Subida que a su vez generaría "un círculo vicioso", ya que haría "más competitivo el autoconsumo, llevando a que más consumidores decidan autoconsumir y a que, en consecuencia, haya menos consumidores en el sistema para soportar los mismos costes fijos".

Aznar, asesor de Endesa

El presidente de FAES es José María Aznar, que desde hace años es asesor internacional de Endesa, segunda compañía del sector en España (controlada por la italiana Enel), por una cantidad que nunca ha trascendido.

El denominado "impuesto al sol" está recogido en el artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico, que establece que "los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico", mediante el denominado peaje de respaldo. No obstante, la falta de una regulación específica, recogida en un borrador de real decreto elaborado por el Ministerio de Industria que, de momento, sigue en un cajón, tiene condenada a esta opción energética al limbo legal.

En noviembre, la patronal eléctrica reconoció, por boca del director de Regulación de Unesa, Alberto Bañón, que el autoconsumo, una opción que en Estados Unidos es una de las banderas del ultraliberal Tea Party, "sale a cuenta" siempre que al productor que consuma su propia energía no se le cobre un peaje por el uso de las redes.

Las chicas de 16 y 17 años abortan solas, sin el conocimiento de sus padres. Es el argumento que siempre ha sostenido el PP para reformar la actual ley de plazos y obligar a las chicas que quieren interrumpir su embarazo a que sus progenitores les den el consentimiento. Así lo justifica también en la exposición de motivos de la proposición de ley presentada este miércoles por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El PP justifica su modificación en que las chicas de estas edades pueden ahora abortar sin informar a sus padres, pero precisamente la ley actual obliga a las chicas a informar a sus progenitores.

"Es, por ello, que esta Proposición de Ley Orgánica suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores", recoge el texto presentado en el Parlamento. Sin embargo, lo que la vigente ley establece en el apartado cuatro del artículo 13 es que "al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer". Es decir, que las chicas de esa franja de edad están obligadas por ley a informar a sus progenitores si deciden interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

Solo en casos muy específicos y extraordinarios se puede prescindir de esta información. Tal y como establece la ley de plazos, ello será posible "cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". Dicho de otra manera, únicamente la joven podrá prescindir de dar esta información cuando su padre la maltrate y el hecho de contarle lo que va a hacer pueda poner en peligro su integridad, o si por ejemplo los padres de la joven viven en otro país, como ocurre en ocasiones con jóvenes inmigrantes.

En caso de conflicto, al juez

La proposición de ley orgánica presentada por el PP supone la eliminación del apartado cuarto del artículo 13 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También la introducción en la norma reguladora de la autonomía del paciente un apartado que devuelve las cosas a como estaban antes de que entrara en vigor la ley de plazos en 201: "Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además, de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".

Añaden como novedad que "los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con los dispuesto en el Código Civil". Y lo que establece para estos casos, como explican fuentes jurídicas, es la aplicación del artículo 156 del Código Civil, que en la práctica conlleva que un juez sea quien decida en situaciones de conflicto.

Aunque el PP se empeña en afirmar que las menores abortan solas los datos arrojan otra realidad bien distinta. Solo 113 chicas de 16 y 17 años de un total de 913 que decidieron abortar entre enero y septiembre del año pasado lo hicieron sin el conocimiento de sus padres, según el último estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). El 91,4% de las intervenciones que se realizan en España tienen lugar en clínicas privadas, según los datos de Sanidad.

Un porcentaje mínimo

Ello significa que un 12,38% de las jóvenes alegó un conflicto grave para no informar a sus progenitores de su intención de someterse a un aborto. El informe de ACAI, realizado sobre un total de 25.394 mujeres en toda España, no solo puso de manifiesto que la gran mayoría de las chicas que acudió a los centros a abortar lo hizo acompañada de sus padres, sino que también el PP hace un cambio de legislación que afecta al 3,6% del total de abortos. No existen datos totales de toda España porque las estadísticas anuales que realiza el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad no diferencia la franja de edad de 16 y 17 años, sino que hace un grupo de entre 15 y 19 años.

ACAI ha criticado duramente la reforma presentada por el PP y señaló que de aprobarse "abocará al aborto clandestino a unas 400 menores", como señaló la asociación en una nota. La gran mayoría de los grupos de la oposición criticó también la modificación, que llega apenas cinco meses después de que el Gobierno retirara su reforma de la ley del aborto y de la dimisión del por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

El PP ha presentado de una manera muy poco habitual la tramitación de esta ley, ya que habitualmente la labor legislativa está en manos del Gobierno y el grupo en el Congreso da sus votos. Sin embargo, esta vez, como ya ocurrió con la reforma de la Justicia Universal, ha sido el propio Grupo Parlamentario del PP el que ha presentado la proposición de ley y evita de esta manera tener que esperar a los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo Fiscal. El PP tienen previsto aprobar la ley a finales de marzo.

El PSOE andaluz ha decidido desaparecer de todas las reuniones convocadas por Pedro Sánchez para poner fin a la carrera política de Tomás Gómez. Nadie del equipo de Susana Díaz estuvo presente en la Comisión Permanente que el 11 de febrero anunció la suspensión de la federación madrileña. Lo mismo ha vuelto a suceder este miércoles en la reunión de la Comisión de Listas que pretendía frenar las aspiraciones del político madrileño: una vez más la reunión se ha celebrado sin andaluces sentados a la mesa.