Hervé Falciani, el exinformático del banco HSBC que extrajo la lista de evasores fiscales que los principales medios del mundo están difundiendo hoy mismo, ha comenzado a trabajar con Podemos, según ha podido saber eldiario.es. Y ya tiene su primera tarea: elaborar un informe, una especie de programa político, sobre cómo combatir el fraude y la evasión fiscal desde la legislación y la regulación gubernamental, no solo desde la investigación de delitos ya cometidos. 

Hervé Falciani y Pablo Iglesias, que solo han hablado a través de intermediarios durante las últimas semanas, tendrán un encuentro en las próximas horas para terminar de ajustar los detalles de este principio de colaboración, que por ahora es técnica pero que, dado el precedente de Falciani como candidato en las últimas elecciones europeas, también podría ser política a corto plazo, según estas mismas fuentes.

Falciani ha sido hasta ahora colaborador del Partido X, con quien empezó a trabajar también en 2013. El informático monegasco ofreció su nombre para encabezar la lista electoral en las elecciones europeas con este partido, que finalmente no obtuvo representación parlamentaria. Esta formación ha emitido un comunicado para aclarar que su colaboración con Falciani seguirá vigente.

Ahora Falciani teje alianzas con Podemos, que aspira a ser la primera fuerza política en España. El franco-italiano sigue colaborando con la Fiscalía Anticorrupción española para desenmarañar la red de evasión fiscal que desde España han tejido importantes personalidades y tramas de corrupción.

La relación entre Falciani y Podemos se cristaliza justo después de que se hayan empezado a conocer, a través de una filtración internacional coordinada por el ICIJ, los nombres de los clientes de las cuentas opacas de HSBC en Suiza. También trasciende coincidiendo con la publicación de datos y acusaciones sobre la regularización con Hacienda de Juan Carlos Monedero por unos ingresos que percibió como consultor internacional y que declaró a través de su empresa.

Tras la publicación de esta noticia, adelantada por eldiario.es, Podemos ha confirmado en rueda de prensa que Falciani empieza a colaborar como "persona extremadamente valiosa para los intereses de este país" y que se reunirá con Pablo Iglesias hoy mismo. Luis Alegre, uno de los portavoces de la formación, ha añadido que Podemos tiene "la mano tendida" para cualquier forma en la que Falciani quiera involucrarse: "Contaremos con Falciani tanto como él quiera colaborar con el cambio", ha dicho, porque "encontrará con Podemos un Gobierno con verdadera voluntad política contra la evasión fiscal".

El coordinador de IU, Cayo Lara, ha acusado por primera vez públicamente a Podemos de lanzar una "opa hostil" contra IU para fagocitarla y ha arremetido particularmente contra su líder, Pablo Iglesias, de quien ha dicho que no tiene principios, "tiene los principios de Groucho Marx".

Lara, en una rueda de prensa en la sede de IU en calle Olimpo, estaba hoy visiblemente airado con las últimas afirmaciones que ha hecho Pablo Iglesias sobre IU, a la que recriminó tener unos principios "inamovibles" con los que no se gana y de vivir muy cómodo "siendo bisagra del PSOE".

El líder de IU ha dejado claro que él nunca criticaría a nadie por tener principios y ha enfatizado que IU "tiene los principios de la izquierda" y así los va a seguir manteniendo "porque el fin nunca justifica los medios". "Da la impresión de que algunos sólo tienen los principios de Groucho Marx, tengo unos pero si no te gustan tengo otros", ha lamentado.

"Quieren los votos del PSOE y los cuadros de IU", ha subrayado el coordinador al asegurar que a él nunca se le ha ocurrido dirigirse a los militantes de otro partido para ofrecerles "el paraíso terrenal", algo que sí ha hecho Podemos con dirigentes de su formación.

También ha aprovechado para exigir al "número 3" de Podemos, Juan Carlos Monedero, que aclare su situación con Hacienda porque a quien no hace otra cosa que "dar lecciones a los demás" se le tiene que exigir "un plus más", ha dicho Lara sobre los 425.150 euros que percibió por asesorar a gobiernos latinoamericanos sin que diera cuenta de ellos a la Universidad Complutense, donde es profesor.

En cuanto a la salida de IU de la excandidata de Madrid Tania Sánchez, ha dado por "cerrado" ese capítulo, pero sí ha dejado claro que es una "falacia" el mensaje que se está intentando trasladar de que en la federación madrileña hay dos sectores enfrentados: uno que encarna la "vieja guardia, las antiguallas" que no quiere converger y otra de "progres", que buscar sumar fuerzas.

Al menos cinco de las acusaciones particulares que representan a varios accionistas de Bankia afectados por su salida a bolsa han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga una fianza civil a todos los imputados de 4.112 millones.

Durante la vista que se está celebrando en la Audiencia Nacional, han intervenido hasta 12 letrados en nombre de casi 2.000 accionistas, que han reclamado un total de 34.112.000 euros en concepto de fianza civil, cuantía equivalente a lo que invirtieron en títulos de la entidad en julio de 2011.

Cinco de ellos, además, se han adherido a la petición que hizo en su día UPyD para que la cuantía a fijar sea equivalente a lo que Bankia colocó en bolsa en su debut bursátil, 3.092 millones, más el tercio que establece la ley o, subsidiariamente, que se le establezca la cifra correspondiente a lo que cada uno invirtió.

A todo ello se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que aunque existen "ciertos indicios de criminalidad", también quedan "incertidumbres" por esclarecer, e imponer ahora a Bankia una fianza pondría en tela de juicio su solvencia, lo que podría conllevar un descenso en su cotización.

También el letrado del FROB ha mostrado su rechazo a la medida cautelar porque, aunque se considera "víctima" porque es quien "representa a la ciudadanía", cree que no se puede lanzar un "mensaje de duda" sobre las entidades, al tiempo que ha criticado el informe de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionó la salida a bolsa de Bankia por sus "incoherencias".

En este sentido, ha precisado que los técnicos pecaron de "sesgo restrospectivo" y que no tuvieron en cuenta a la hora de proponer ajustes las provisiones genéricas con las que contaba la entidad, por lo que ha anunciado que pedirá la incorporación del informe interno elaborado por el Banco de España y que rebate sus principales conclusiones.

Medios como The Guardian, Le Monde, Le Figaro o Financial Times abren sus webs este lunes con la información sobre Swissleaks y el papel del banco HSBC en la ocultación de los patrimonios de millonarios de todo el mundo.

Así aparecía esta mañana en torno a las 13.00 en las webs de El País, El Mundo, ABC y La Razón.

Juan Carlos Monedero ha enviado a los periodistas los extractos bancarios que reflejan el saldo del que dispone a día de hoy: 205.769,3 euros. El número tres de Podemos ha mandado esta documentación después de la información de El Mundo que asegura que tiene en tres entidades 700.000 euros.

El dirigente de la formación que lidera Pablo Iglesias ha hecho pública esta información, que ha solicitado en su entidad financiera esta mañana. Monedero ha enviado tres extractos: en una de las cuentas tiene un saldo de 67.243,07 euros. En otra de ellas, 77,75 euros.

En la tercera cuenta, que está a nombre de la sociedad Caja de Resistencia Motiva 2, el líder de Podemos declara 138.448,48 euros.

Según los extractos que ha difundido Podemos, y que han sido solicitados a la entidad financiera esta mañana, los ahorros de Monedero difieren de los que ha recogido el periódico El Mundo, que cifra en unos 300.000 euros los depositados en su cuenta personal; y en 425.000, los que dispone en la cuenta de la sociedad a través de la que facturó los trabajos que desarrolló para el Gobierno venezolano. El número tres del partido ha realizado una declaración complementaria ante Hacienda para tributar esos ingresos dentro del IRPF. Para regularizarlo, ha tenido que pagar al fisco 130.000 euros.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy en Sevilla que los casos de evasión fiscal de la Lista Falciani "se sustanciaron" en la anterior legislatura pero ha advertido de que equivalen al "aperitivo" de las investigaciones que actualmente guardan los ordenadores de la Agencia Tributaria.

"Todo lo que está apareciendo es de la legislatura anterior, es un asunto antiguo y, si les parece interesante, pues imagínense lo que hay ahora después de lo que se ha hecho en España en esta legislatura; todo lo que están viendo es como el aperitivo de lo que está en los ordenadores de la Agencia Tributaria", ha apostillado Montoro, a preguntas de los periodistas.

El ministro ha destacado que la nueva legislación contra el fraude en el extranjero aplicada en la actual legislatura ha permitido que unos 88.000 contribuyentes españoles hayan regularizado ante el fisco bienes y derechos que poseían en el extranjero.

Tras reiterar que "todos los supuestos" de la Lista Falciani "ya están sustanciados y no son una novedad", salvo el conocimiento del nombre de los implicados, Montoro ha valorado que la inspección fiscal emprendida por su departamento ha permitido identificar a "decenas de miles" de contribuyentes que han regularizado deudas fiscales equivalentes "a muchos puntos" del PIB español.

Ha admitido que el conocimiento de los integrantes de la Lista de Falciani llame la atención de los medios de comunicación y de la sociedad españoles, pero ha apostillado: "Si los nombres les parecen interesantes, pues imagínense lo que hay ahora; hay muchísimos más nombres" en las inspecciones de la Agencia Tributaria.

Al menos 29 inmigrantes han muerto por hipotermia y otros 15 se encuentran en estado muy grave tras haber sido rescatados a bordo de una lancha neumática que viajaba con dirección a Italia desde las costas del norte de África, según el diario italiano La Repubblica.

Los inmigrantes formaban parte de las 105 personas que fueron rescatadas a bordo de la lancha neumática durante la noche del domingo cuando estaban frente a las costas de Libia.

Según la Guardia Costera italiana se recibió una llamada de socorro el domingo por la tarde en la que se informaba de que había una lancha a la deriva frente a las costas libias y se pidió ayuda a dos barcos mercantiles, el Bourbon/Argos y el Saint Rock que navegaban en la zona, para que acudiesen al rescate, mientras llegaban las lanchas italianas.

Las malas condiciones meteorológicas dificultaron el rescate, que se completó en torno a las 22.00 horas así como el traslado a puerto de los inmigrantes. En la zona se están produciendo olas de hasta nueve metros.

"Los 366 muertos de Lampedusa no han servido para nada, las palabras del Papa no han servido nada, hemos vuelto a antes de Mare Nostrum. Esa es la realidad", ha declarado la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, a la agencia Adnkronos, en referencia a la misión puesta en marcha por el Gobierno italiano para evitar naufragios de embarcaciones con inmigrantes.

En este sentido, la alcaldesa ha precisado que pedirá "lo antes posible un encuentro en el Viminale (Ministerio del Interior) para saber cómo debemos organizarnos en vista de la llegada de la primavera", cuando previsiblemente se incremente los arribos de embarcaciones contra inmigrantes.

El escándalo de Swiss Leaks y la implicación del banco HSBC han tenido de inmediato repercusiones políticas en varios países del mundo, que se extenderán en los próximos días cuando salgan nuevos nombres. El país en que el Gobierno va a tener que dar más respuestas es el británico. En primer lugar, porque HSBC tiene su sede central en Londres. En realidad, la mayor parte de sus operaciones se producen en Asia, y con 256.000 empleados es en realidad un banco internacional (y el segundo del mundo).

Además, el primer ministro, David Cameron nombró en 2011 viceministro de Comercio a Stephen Green, el hombre que dirigió el banco durante los años en que la entidad dio trato de favor a dictadores, delincuentes y evasores fiscales. Más tarde, lo hizo lord y por tanto miembro de la Cámara de los Lores. Green fue consejero delegado de HSBC entre 2003 y 2006, y presidente ejecutivo entre 2006 y 2010.

El programa Panorama, de la BBC, emite en la noche del lunes un reportaje especial sobre Swiss Leaks en el que aparece brevemente Green, que se limita a decir: "Por una cuestión de principios, no comento sobre los asuntos de HSBC ni del pasado ni actuales".

La diputada laborista Margaret Hodge ha apuntado directamente a la responsabilidad de Lord Green: "O bien no sabía nada y estaba dormido mientras dirigía el banco, o lo sabía y por tanto estaba implicado en prácticas fiscales evasivas. De cualquiera de las maneras, era el hombre al frente y por tanto tiene cuestiones importantes que responder". Hodge es presidenta de la comisión parlamentaria que fiscaliza el presupuesto y ante la que comparecerán el miércoles los dos responsables del organismo equivalente a la Agencia Tributaria.

Un portavoz de Cameron ha defendido el nombramiento de Green y su actuación en política comercial entre 2011 y 2013, y ha comentado que el primer ministro nunca habló con él sobre las acusaciones a HSBC. Al igual que otros gobiernos europeos, el británico recibió en 2010 los nombres de la Lista Falciani correspondientes a su país. La oposición cree que los tories nunca se tomaron en serio la información desvelada por la lista: "¿Por qué en los cinco años desde que el Gobierno recibió información sobre cómo estaba HSBC ayudando a personas a evadir impuestos sólo ha habido un procesamiento entre los 1.100 individuos identificados?", se ha preguntado el número dos laborista, Ed Balls.

El Gobierno se lavó las manos

Richard Brooks, exinspector de Hacienda y autor del libro The Great Tax Robbery, no tiene dudas sobre la actuación de las autoridades. Ha declarado a BBC que "tanto el Tesoro como la Agencia Tributaria (HMRC en sus siglas en inglés) sabían que había un problema evidente de evasión fiscal en el corazón de HSBC" en 2011, pero el Gobierno "simplemente se lavó las manos" y no quiso hacer nada.

El banco sostiene que las cosas ahora son muy diferentes a lo que ocurría en años anteriores. La realidad es muy diferente, según un testimonio conseguido por el programa Panorama. Sue Shelley dirigía el departamento del banco que se ocupaba de controlar que el banco respetara las normas. Afirma que HSBC no cumplió todas sus promesas: "Creo que los mensajes verbales eran estupendos pero no se pusieron en práctica y eso me molestó", dice en Panorama. Shelley planteó sus quejas, que no fueron atendidas, y finalmente fue despedida. Después, ganó en los tribunales la demanda por despido improcedente.

Tiempos movidos en la universidad española. El último cambio normativo aprobado por el Ministerio de Educación –por el que se abre la puerta a que los grados duren tres años y los máster dos, en vez de los cuatro y uno, respectivamente, que tienen ahora– ha agitado a los rectores, que a los tres días decidieron darse una moratoria de tres años para aplicar el cambio. Pero no es el único frente abierto que tiene la universidad, que se encuentra en una encrucijada financiera, con unas tasas crecientes, becas menguantes y un futuro incierto.

Juan Julià, vicepresidente ejecutivo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), explica por qué les preocupa la reforma propuesta por el Gobierno y los retos a los que se enfrenta la universidad.

¿Por qué se opone la CRUE al cambio que propone el Gobierno?

En principio, dado que se hace con carácter abierto y flexible y lo pueden adoptar de forma voluntaria las universidades, es una medida aceptable. Pero primero conviene estudiar el resultado de la estructura curricular de este momento, cómo está evolucionando y cómo puede afectar a la calidad académica de la oferta universitaria y a la igualdad de oportunidades de los estudiantes, independientemente de su nivel económico. Se ha acordado una moratoria para que no se presente a tramitación antes de septiembre de 2017 ningún plan de estudios nuevo. Creemos que es un tema importante como para estudiarlo de forma amplia: que están haciendo los países nuestro entorno, qué efectos puede tener en la economía de las familias... Que se oferten títulos con diferentes duraciones llevaría a la confusión a los ciudadanos y las familias. Esto son debates que hay que estudiar bien. Pero vemos que el cambio puede ser positivo para algunos títulos.

Se ha referido a cómo puede afectar a las familias. ¿Creen, contra lo que dice el ministro de Educación, que la reforma puede encarecer los estudios?

Lo importante para las universidades es hacer las cosas bien. Pero también preservar la igualdad de oportunidades. En un país que se plantea cada vez más que para acceder a un puesto de trabajo hace falta mejor formación, y que tenemos que mejorar la adquisición de competencias, a todo el mundo se le puede ocurrir que lo mejor no es restar años. Otro planteamiento es que en lugar de tener esos contenidos en cuatro años tengamos un grado de tres y se traslade el máster a dos años. ¿Quién hará los máster? Quien tenga la capacidad económica. Hay que preservar la igualdad de oportunidades. A las familias les llama la atención que un ministerio que ha permitido elevar las tasas se preocupe ahora por ahorrarles dinero.

Tampoco parece sorprendente que una Comunidad Autónoma que se ha mostrado favorable a este decreto [Cataluña] sea precisamente la que más ha elevado los precios y los máster. Estas cosas hay que hacerlas con rigor y no correr el riesgo de pensar que porque en nuestro entorno tienen estructuras del 3+2 hay que hacerlo. Y que no nos pase algo que ya nos ocurre a veces, que cuando nosotros vamos otros vuelven.

Pero el ministerio argumenta que esta reforma es precisamente para converger con Europa. ¿Ahora ellos están volviendo a los cuatro años?

Los países se plantean como nosotros que en algunas titulaciones pueden son mejores los grados de tres años. Hace poco nos impusieron el 4+1, y no queremos que de golpe y porrazo se imponga otro modelo. Cuando vamos a hacer cambios normativos hay que estudiar los efectos de la anterior norma. Es verdad que hay países que como nosotros se están planteando modificar su estructura. En Alemania hay grados de tres y cuatro. En Francia la mayoría son de tres. Las grandes universidades de EEUU son de cuatro. No defendemos ninguna estructura frente a otra.

Y sin embargo, el Gobierno acusa a los rectores de inmovilismo.

De eso nada, todo lo contrario. Las universidades se han adelantado a algo que debería haber hecho la administración, que es estudiar la situación a nivel internacional. Convocamos un seminario con uno de los mayores expertos universitarios para que nos plantee el estado de la cuestión a nivel internacional y que nos haga una valoración externa independiente para hacer una reflexión.

¿Creen que el Gobierno está planteando con estos cambios una reforma encubierta de la universidad, tal y como sostienen algunos sectores educativos como los sindicatos?

No ha habido una verdadera reforma. Se han hecho cambios que no tengo claro que hayan mejorado nuestras universidades, pero no creo que se pueda llamar reforma. Porque la reforma empieza por dar respuesta a las tres claves para mejorar un sistema universitario. Primero la suficiencia financiera, necesitamos un marco plurianual. ¿Cómo va a haber autonomía si cada año hay que negociar la financiación? Un marco moderno, que premie logros y éxitos.

La segunda es la captación de talento y retención. ¿Cómo la vamos a hacer si no podemos contratar con el lastre de la tasa de reposición [sólo se reponen uno de cada dos funcionarios que se jubilan, y hasta este año eran uno de cada diez]? Se habla de la endogamia universitaria como un problema pero, ¿cómo vamos a fomentar la mayor movilidad sin recursos? Tienen que ser cambios para mejor. Sólo hemos hecho unas normas que regulan más la universidad y han añadido poco valor.

En tres años de Gobierno del PP los estudios universitarios se han encarecido para los alumnos por la subida de las tasas, la caída de la cuantía de las becas... ¿Se van a encarecer más?

Ese es un debate que planteará la ciudadanía. Hay países que han optado por considerar que el beneficiario de la formación académica es el individuo e intentan que sea él o su familia quien la financie. Es el modelo anglosajón. Pero también este modelo se ayuda de un sistema de becas que llega a veces al 75% de la población. Luego hay otra corriente que sostiene que la formación beneficia al conjunto de la sociedad y entiende que debe haber una política pública importante y unos precios bajos. Es el modelo de Francia, Escandinavia, Italia o Suiza, que tienen unas tasas más baratas que las españolas.

Hay que hacer este debate. Por ejemplo, nos podemos plantear que lo mejor para el país es tener alguna universidad entre las 100 mejores. Y otros pueden pensar que es mejor tener a muchos estudiantes en buenas universidades. España tiene el 80% de sus universidaes públicas en el top 1000 del mundo. Si hablamos de unas 20.000 universidades, tenemos al 80% de los estudiantes en el rango del 5% de las mejores universidades del mundo. ¿Qué prefieren los ciudadanos? Esto es una cuestión de Estado.

Hablando de financiación, hay un cierto temor en algunos sectores de que acabemos llegando más temprano que tarde a un modelo anglosajón de préstamos bancarios que dejan a los estudiantes con una gran deuda bancaria nada más terminar los estudios. ¿Es un temor real?

Quién sabe cuál será el resultado electoral de las próximas elecciones y cuál será la filosofía del Gobierno resultante. El informe de expertos del ministro Wert señalaba que España dedica la mitad que otros países a ayudas de estudios. Por eso creo que es bueno si nos enfrentamos a un proceso electoral, que la ciudadanía pida a los partidos políticos explicaciones sobre qué van a hacer, cuál es su modelo. Que lo digan abiertamente.

Se deduce de sus palabras que sí comparte este temor si el PP gana de nuevo.

Yo no quiero ser quien lo diga. Seguramente se les preguntará qué van a hacer con la educación pública, si más universidades públicas, privadas, un sistema plural, si se mejora la política de becas... Hay que analizar lo que ya ha pasado. Hay cosas evidentes, como que hace más de 15 años que no se crean universides públicas y sin embargo sí hay más de una veintena de privadas nuevas. Es un tema a valorar. Es bueno un sistema plural, pero siempre habiendo una parte importante de instituciones públicas.

¿Hay demasiados universitarios? ¿Demasiadas universidades?

En absoluto. A veces me preocupa ciertas afirmaciones que se hacen. España tiene un problema: tiene un buen colectivo de jóvenes que ni estudia ni trabaja. España tiene un porcentaje de cohorte de edad universitaria que se corresponde con la media OCDE. Ni más ni menos. No sobran universitarios. Hace falta que haya muchachos y muchachas que estén en el sistema educativo. Eso es lo dramático. ¿Sobran universidades? En EEUU hay una universidad pública o privada por cada 90.000 habitantes. En Reino Unido hay una por 250.000. En España una por 500.000. El tamaño medio está por encima de las grandes del mundo. ¿Que hay problemas de ordenación de títulos? Sí, pero es un problema que se está corrigiendo.

En 2008 había un 17% de títulos en las universidades que ni siquiera tenían 20 alumnos de nuevo ingreso. Hoy son sólo el 7,5%. Bolonia nos ha llevado a una mayor eficiencia con algunos primeros cursos transversales para varios títulos. Hay que hacer cambios en la universidad y los rectores lo saben. Pero la mejor universidad es la que tenemos ahora. En la primera década de los años 2000 triplicó su producción científica. Tenemos una docena de universidades en los rankings internacionales más conocidos. Tenemos 23 universidades con alguno de sus institutos, centros, etc. que se situarían entre los 100 mejores del mundo.

El 'plan Juncker', la fórmula impulsada por la Comisión Europea (CE) para financiar proyectos por valor de 315.000 millones de euros en los 28 Estados miembros mediante el denominado Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (ESFI en inglés), continúa su andadura en silencio, valorando posibles inversiones a través del grupo de trabajo que integran la CE y el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

Poco se sabe de los proyectos porque el plan solo ha identificado los potenciales sectores estratégicos en la UE y porque acaba de arrancar la fase de presentación –en la que cobra una importancia máxima el sector privado–. Sí se conocen las intenciones de países como España, especialmente en los sectores de los transportes y la energía.

No es un secreto que el Gobierno ambiciona incluir una buena hornada de conexiones de alta velocidad en el 'plan Juncker'. Lo declaró sin ambages en diciembre la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la salida de un Consejo de la UE en Bruselas. Pastor habló de “los dos corredores” (Atlántico y Mediterráneo), de la “Y vasca” (que a su vez forma parte del corredor Atlántico), del “AVE a Almería” y de “la conexión Algeciras-Bobadilla”. Pero fuentes comunitarias aseguran que Fomento no lo tendrá tan fácil.

El futuro consejo del que se dotará el ESFI –ayudado por el BEI y la Comisión– no será un tragadero que vaya a transigir con todo. Según estas fuentes, los grupos de trabajo relativos a cada uno de los 28 países vigilarán con lupa la rentabilidad económica y social de las inversiones. Y no serán precisamente timoratos con la alta velocidad en España, cuya red de AVE es la más larga de Europa y segunda del mundo, con 3.000 kilómetros.

Rajoy prevé en este año 2015 tirar 1.000 kilómetros más de AVE, con cinco elecciones a la vista: andaluzas, municipales y autonómicas, catalanas y legislativas como colofón. Una expansión ferroviaria difícil de disociar de un intenso año electoral. El AVE, siguiendo estos planes, alcanzará este año Granada y Cádiz (Andalucía), las castellano-leonesas Salamanca, León, Zamora, Burgos y Palencia, la región de Murcia, Castellón, el Principado de Asturias a través del túnel de Pajares… Los técnicos comunitarios confirman que, si bien una de las áreas más apreciadas por el plan son los transportes, estos tendrán que demostrar su utilidad además de contar con una importante participación del sector privado.

En una entrevista con eldiario.es, el vicepresidente de la CE y abanderado del 'plan Juncker', Jyrki Katainen, aseguró desconocer qué proyectos se están tramitando en España, adonde acudirá de gira a finales de este mes. Katainen insistió, eso sí, en la “no politización” de las inversiones para desligar las que son verdaderamente útiles de las que parecen más electoralistas.

60.000 millones para España

La Comisión Europea ya apuntó cuáles podrían ser las prioridades en España: las interconexiones en energía y telecomunicaciones o las infraestructuras de transporte (no solo AVE: también puertos y mercancías), además de otros sectores como podrían ser el aislamiento de edificios o la importación de la banda ancha a zonas rurales. Queda excluido el sector armamentístico. La financiación destinada a las inversiones españolas se aproxima a los 60.000 millones, de acuerdo con la presentación del plan que bosquejaron las instituciones comunitarias a finales de 2014.

Las negociaciones se centran ahora en la manera de canalizar el fondo, que podrá ser complementado con aportaciones de bancos públicos y privados o institutos crediticios, caso del ICO español, con el que discute el grupo de trabajo formado por el BEI y la CE. “Este es el primer proyecto que no genera fricciones entre acreedores y deudores, ni entre Norte y Sur”, aseveran a este diario fuentes de las instituciones.

Asimismo, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, negó hace un par de semanas que el Gobierno se estuviera planteando un “fondo específico” para canalizar el ESFI en España, portavoces comunitarios declaran que esta posibilidad sí que se está evaluando.

A Juan José Álvarez la Fiscalía le pide tres años y medio de cárcel por un altercado durante un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. "Entraron en un bar, hubo voces y se pegaron algunas pegatinas en una puerta. Llegaron los antidisturbios y la gente se fue. Al cabo de dos horas la policía le paró, lo subió a un coche y se lo llevó", cuenta el secretario general de la comarca del Henares, Santiago Clemente. En la misma huelga, Pedro Galeno participó en un piquete en un centro de transportes en Coslada. Para él, piden tres años de cárcel por un altercado durante un intento para detener camiones. 

En el primer caso, la Fiscalía pide la aplicación del polémico artículo 315 del Código Penal que contempla "las coacciones a la huelga" como un delito contra los derechos de los trabajadores. Juan José Álvarez tiene ya fecha de juicio: el próximo ocho de abril. En el segundo caso, se acusa a Pedro Galeano de un delito de atentado y aún está pendiente de que se fije su juicio.

Los nombres de Juanjo y Pedro –afiliados a CCOO- son dos de los casi 300 que están en la lista de personas encausadas por su participación en piquetes durante huelgas y protestas. La situación, sin embargo, no es exclusiva de España. La Confederación Sindical Internacional ha convocado una jornada mundial de movilizaciones por el derecho de huelga y la libertad sindical el próximo 18 de febrero. Pocos días después, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantendrá un debate al respecto del derecho de huelga, sobre el que el grupo de empleadores quiere introducir cambios.

En España, la movilización se concretará en actos y concentraciones en cerca de cincuenta ciudades y en paros simbólicos de cinco minutos en muchos centros de trabajo. "Sin derecho de huelga efectivo no hay equilibrio en las relaciones de trabajo", subrayó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Su homólogo en UGT, Cándido Méndez, destacó que la huelga es un derecho respaldado por la Constitución y que la aplicación del artículo 315 del Código Penal es "desproporcionada e injusta". Los dos rechazaron cómo queda la redacción de este artículo en el nuevo Código Penal, que consideran insuficiente.

Los indultos no llegan

Aunque Méndez y Toxo se reunieron en verano con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para tratar este tema y pedir el indulto para las seis personas que corrían riesgo de entrar en prisión, la situación sigue igual. Es más, desde entonces se han acumulado otras condenas, como la de los cinco sindicalistas de ArcelorMittal en Gijón a los que un juez ha condenado a penas de prisión: dos de ellos podrían cumplir cinco años y tres meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones, y otros tres están condenados a tres años y seis meses por el primer delito.

Toxo aseguró que los sindicatos solicitaron otra reunión con el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que, sin embargo, no se ha producido. "Parecía que los indultos eran inminentes. Y nos resulta extraño que el ministro no haya respondido a nuestra petición de reunión", dijo.

En un caso, UGT ha conseguido la absolución de un afiliado que fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de resistencia durante su participación en un piquete en la huelga del 29 de septiembre de 2010. El trabajador fue condenado por un juzgado de lo penal de Madrid, que le consideró culpable de lanzar una piedra a un policía e insultarle "con ánimo de menoscabar el principio de autoridad que la Policía Municipal representaba". 

El sindicato recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto al considerar que no ha quedado acreditado que el acusado pretendiera agredir al agente de policía y menoscabar su autoridad. El fallo señala que incluso el propio agente perjudicado afirmó que la piedra le había dado de rebote después de impactar en otro vehículo.

Hasta ahora, era el Gobierno quien defendía la rapidez con la que se han tramitado algunas de sus reformas. La última y más polémica, la revisión de la justicia universal. Cuando los conservadores forzaron la tramitación exprés, los socialistas pusieron el grito en el cielo y acusaron al PP de saltarse el debate para esquivar los informes que hubieran sido preceptivos en caso de tramitarse como proyecto de ley. Esta vez es diferente. Los socialistas apoyan la urgencia con la que va a aprobarse la cadena perpetua revisable dentro del pacto antiterrorista y se escudan en la importancia "de la amenaza yihadista".

Este martes el Congreso debatirá y votará la toma en consideración de la proposición de ley suscrita por conservadores, socialistas y los tres diputados de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. En los días posteriores, durante el corto trámite de enmiendas, el PP asegura que contará con el apoyo de algún grupo más, en referencia a CiU.

La proposición se registró el jueves en el Congreso poco después de las diez de la mañana. Normalmente, eso supone que la iniciativa tiene que esperar hasta el martes siguiente, cuando se reúne la Mesa del Congreso y la califica. Después informa al Gobierno de su intención de empezar los trámites parlamentarios y para dar su respuesta, el Ejecutivo tiene un mes de plazo. En esta ocasión, entre el registro y el visto bueno del Ejecutivo no llegaron a pasar tres horas.

Poco después de la una, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, comunicaba al Parlamento su conformidad. De esa forma, la Junta de Portavoces fijó la toma en consideración para este martes. En una semana más, lo justo para abrir un breve plazo de enmiendas, el texto estará listo para ser remitido al Senado el día 19 y de ahí, al BOE.

Con la reforma de la justicia universal, el grupo socialista, junto a todos los demás, protestó por las prisas del PP y los acusó de "filibusterismo" y de "hurtar el debate" para ahorrarse los informes preceptivos. De esta forma, criticaron también, se evitaba la discusión en comisión antes de pasar al Pleno. También, el PP se ahorraba el trámite de solicitar los informes que hubieran sido necesarios para un proyecto de ley. Ahora, desde el PSOE se defiende que las prisas son necesarias porque el asunto es lo suficientemente importante.

Fuentes del grupo socialista recuerdan que la decisión se tomó poco después del atentado terrorista contra el semanario Charlie Hebdo y justifican las prisas con la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista. La falta de diálogo del Gobierno, una de las críticas habituales, no se reprocha esta vez: "Es el Gobierno quien suele hacer las cosas sin dialogar con nadie, pero en esta ocasión sí se ha dialogado". Además, los socialistas recuerdan que el acuerdo previo fue separar del Código Penal la cadena perpetua revisable.

"Una cacicada es una cacicada, la haga el PP o el PSOE", carga Joan Coscubiela, de ICV. El diputado de la Izquierda Plural acusa al PSOE de "haber perdido el norte" y de no haber tenido "nunca ningún interés" en negociar la reforma con tal de pactar "a solas" con el PP. Desde ICV se reconoce tener mucha preocupación por los efectos de este cambio legal: "No es solo que se hayan tragado enterita la cadena perpetua sino una nueva legislación que supone un retroceso democrático".

José Luis Centella, portavoz parlamentario, avanzó la semana pasada que el Congreso vivirá "un esperpento" y criticó el doble rasero del PSOE: "Nos parece mal que los socialistas hagan de muletilla del Gobierno en lo que no es una necesidad imperiosa sino una reforma de carácter autoritario".

Desde UPyD también se carga contra la proposición, que recibe el nombre de "chapuza" tanto por el fondo como por la frorma en la que se tramitará. Rosa Díez juzga el acuerdo como "un paripé al más viejo estilo bipartidista" y denuncia que se ha cocinado "entre dos y en un despacho" sin querer recibir las aportaciones de los demás. La líder de la formación recuerda que su grupo envió sus aportaciones y, antes de obtener respuesta, se anunció el acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La iniciativa contará con el rechazo seguro del PNV, por lo que solo CiU se puede sumar durante la tramitación.

Los detalles de la lista del informático Hervé Falciani han vuelto a poner en el disparadero al HSBC y en concreto a su filial suiza, que ayudó a clientes adinerados de todo el mundo a eludir miles de millones de euros en impuestos y a esconder sus fortunas del escrutinio de las autoridades fiscales nacionales.

Aunque hay que tener en cuenta el carácter global del HSBC, que es el segundo mayor banco del mundo, su filial en Suiza no es la primera en el negocio de gestión de grandes patrimonios en aquel país. Ni ahora, ni en el periodo analizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha tenido acceso a cerca de 30.000 cuentas que sumaban cerca de 78.000 millones de euros en activos entre los años 2005 y 2007.

Según un estudio de la Universidad de Zúrich, en 2012 el banco británico cayó del cuarto al quinto puesto en el ranking de gestores de patrimonio por activos en Suiza, con 171.000 millones de francos suizos bajo gestión, muy lejos de UBS, a la cabeza del ranking con 1,59 billones de francos suizos. El top 5 estaba compuesto por otras tres entidades helvéticas: Credit Suisse (segunda), Pictet (tercera) y Julius Baer (cuarta). HSBC ocupaba en 2012 una posición parecida a la de 2006, uno de los ejercicios de los que data el escándalo de la lista Falciani. Entonces, era cuarto en el ranking, con 168.559 millones de francos suizos bajo gestión, según otro estudio de la misma universidad. 

A escala global, HSBC también estaba en 2012 en quinta posición en el ranking mundial de gestores de patrimonio, con una cuota del 0,9%. En cabeza de ese ranking se hallaban los helvéticos UBS (3,8% de cuota) y Credit Suisse (1,9%), seguidos por Bank of America y Morgan Stanley. En ese ranking hay siete estadounidenses y seis suizos.

El banco asegura que su base de clientes en Suiza se ha reducido casi un 70% desde el año 2007 como consecuencia de un "reposicionamiento" de su estrategia. Según la consultora PwC, desde el año 2008 los clientes extranjeros han sacado de Suiza unos 350.000 millones de francos suizos (unos 335.000 millones de euros), conforme se incrementaba la presión internacional sobre el país para incrementar su transparencia en materia fiscal y bancaria.

Más de un 10% del PIB

Suiza sigue aferrándose al lucrativo secreto bancario, que, en teoría, va a eliminar próximamente. Este lunes, tras este nuevo episodio del escándalo, la Comisión Europea insistía en su voluntad de cerrar un nuevo acuerdo con Suiza, que ya se está negociando, para acabar como muy tarde en 2018 con el fraude fiscal mediante el uso de cuentas bancarias secretas. 

El sector financiero (bancos y aseguradoras) es el pulmón de la economía suiza. Supone uno de cada 17 empleos (4,5 millones de puestos de trabajo) y aporta el 10,5% del PIB. A cierre de 2013 operaban en el país 283 bancos y las entidades extranjeras constituían el 12,6% de los activos totales del sector, que ascendían a 2,84 billones de euros, según la patronal bancaria helvética. 

Desde Suiza, que en 2013 tenía una cuota de mercado del 26% en el negocio mundial de la gestión de activos, más que ningún otro país del mundo, se gestionan 6,13 billones de euros, de los que algo más de la mitad (51,3%) pertenecen a clientes extranjeros. Con una densidad de millonarios (143 hogares de cada mil con un patrimonio superior al millón de dólares, un 11,6% del total) por detrás de Qatar, si se habla de ultrarricos, Suiza también es segundo en el ranking mundial, con 10 de 100.000 hogares con un patrimonio de más de 100 millones de dólares, solo superado por Hong Kong, según datos de Boston Consulting Group (BCG).

Fundado en 1865 por un comerciante escocés especializado en la importación de opio, HSBC es un banco acostumbrado a los escándalos: en julio de 2013 pagó una multa récord en Estados Unidos (1.470 millones de dólares) para evitar un proceso penal por blanqueo de capitales. El caso Falciani ha reavivado las críticas sobre su papel como aliado indispensable en la ocultación de las fortunas de dictadores y de ingresos relacionados con el terrorismo y el tráfico de armas, drogas y diamantes.

Su filial helvética ya es objeto de investigaciones por fraude fiscal en Francia, Bélgica y Argentina, y podría afrontar otro proceso similar en Estados Unidos.

En su país de origen, Reino Unido, estos días la prensa se interroga sobre el rol que desempeñó en el esquema de ocultación masiva de capitales destapado por Falciani el entonces presidente mundial del grupo, Stephen Green, que estuvo al frente del banco desde mayo de 2006 hasta el 3 de diciembre de 2010. Un mes después (y hasta diciembre de 2013), Green fue nombrado viceministro de Comercio por el primer ministro británico, David Cameron, que ayer ratificó, por boca de un portavoz, la "excelente" labor del hoy miembro de la Cámara de los Lores por los conservadores.

El 8 de mayo de 2013, Hervé Falciani (Mónaco, 1972) quedaba libre. Libre ante la Justicia española, pero preso de por vida en una cárcel de seguridad que trata de protegerle de quienes no desean que revele sus secretos. Hah pasado casi dos años desde que Falciani ya puede trabajar con las justicias europeas para desactivar la red de blanqueo de dinero que usaba, como uno de los eslabones, el banco HSBC de Ginebra. Un año en el que los paraísos fiscales se han popularizado, pero donde los avances materiales no son los esperados.

Sentado en una céntrica plaza de Madrid, el informático francoitaliano echa la vista atrás sobre ese último año de trabajo en una conversación con eldiario.es. Estamos a las puertas del verano y calienta el sol, pero finalmente hay que refugiarse en el interior del bar por una tormenta pasajera. Una imagen que coincide con las dificultades que está sufriendo al colaborar con muchas justicias. Cuando parece que escampa, tiene de nuevo que echar a correr.

“En Francia no ha cambiado nada después de la publicación de la lista”, lamenta ensombreciendo con un gesto su habitual sonrisa. Profeta en su tierra, Falciani pasa mucho tiempo los últimos meses trabajando con la fiscalía francesa para volver a reactivar la investigación sobre evasión fiscal que el Gobierno de Sarkozy paralizó cuando se descubrió la magnitud de los nombres que aparecían en la lista. “Los resultados que ha habido son gracias a la presión mediática”, concluye.

Este es, sin duda, el primer fruto del trabajo oculto de Falciani durante este año largo. Los ciudadanos hablando de paraísos fiscales. Hay una preocupación por estos agujeros negros que hasta antes del inicio de la crisis no se percibían como un problema real de los contribuyentes europeos. El francés se valió de su candidatura a las elecciones europeas por el Partido X para tener una plataforma con la que llegar más lejos en su denuncia.

Aunque el informático no cosechó los votos suficientes, se muestra satisfecho con una de sus pretensiones. “La gente sabe y habla de los paraísos fiscales. Hace un año no era así. Ya es algo”. Esta concienciación social se ha percibido en España y también en Francia, donde se ha filtrado la lista de forma pormenorizada con el consiguiente escándalo social. “Alemania e Italia son las que están aún rezagadas en esta lucha”, confiesa.

Falciani expresa públicamente su alegría por esta alarma social pero calla una parte importante. Su trabajo, por ahora, no ha dado frutos tangibles, o no los esperados. Las instrucciones de los casos que han tomado como base la lista con más de 130.000 cuentas que el monegasco extrajo del HSBC eran secretas en el momento en el que se hizo la entrevista. Precisamente, porque al menos en España aún no han dado el salto fuera de la Fiscalía Anticorrupción.

Solo se conocen dos sonados casos que de alguna forma han estado ligados a la lista Falciani, una relación que no se ha confirmado desde el Gobierno. Por un lado, la red de blanqueo de dinero del magnate chino Gao Ping, lo que se conoce como la Operación Emperador, y por otro, el caso Pujol. De ambas instrucciones se sabe que los nombres de algunos de los implicados aparecían en los listados del banco suizo, pero no está claro si las pruebas aportadas por los archivos “robados” han sido definitivas o no en los casos. No obstante, ninguna de las dos operaciones ha llegado a su fin. En el caso de Gao Ping se ha detenido o imputado a decenas de personas, pero el proceso sigue abierto y aún no se ha recuperado un euro del dinero que ha defraudado la jet-set española que utilizaba al empresario para blanquear su dinero.

En cuanto a los Pujol, las versiones sobre su presencia en la lista Falciani son contradictorias. El informático lleva a gala no comentar ningún nombre propio de su lista y ha cumplido este secretismo a rajatabla en todas las entrevistas que ha concedido en estos dos años. El Partido X asegura que sí, que el trabajo del que fuera su cabeza de lista ha sido decisivo a la hora de destapar la trama. Sin embargo, por el momento solo se está hablando del patrimonio oculto en Andorra, en un banco que no guarda relación aparente con el HSBC y que ha tenido su propio delator. Así las cosas, es difícil saber si la conexión con la lista es indirecta o a través de algún hijo de la familia o sociedades pantalla.

ACTUALIZACIÓN: Tras la publicación de esta información El Confidencial ha revelado que la familia Pujol sí aparecía en la lista Falciani con una cuenta abierta en 1994.

Colabora en explicar cómo actúan los bancos

Fuentes tributarias apuntan a que la conexión con Falciani es la del know-how de los entramados fiscales. Es decir, que aunque los apellidos no aparecieran como tal en su lista original, el francoitaliano habría ayudado a desenmarañar la tupida red societaria tejida en paraísos fiscales por la familia catalana y que ha precipitado la declaración complementaria del expresident. En cualquier caso, desde Hacienda reconocen que hacía meses que se estaba investigando a los Pujol porque ya alguien había tirado de la manta.

También se ha publicado que Falciani ha ayudado a resolver el rompecabezas de Gürtel. En principio, solo tres cuentas de las decenas que se le han descubierto al tesorero del PP Luis Bárcenas estarían en el HSBC. Pero, de nuevo, la labor del exinformático habría pasado por desarticular el modus operandi de estas redes que son como juegos de muñecas rusas en las que las sociedades pantalla hacen casi imposible la labor de la Justicia.

Sea como fuere, de los casi tres años de estrecha colaboración de Falciani con la Justicia (comenzó ya a trabajar desde la cárcel de Valdemoro donde estuvo preso) apenas se sabe nada de los resultados ligados a la lista.

La primera parte que se filtró, en 2010, cuando Francia comenzó a repartir los ficheros a los países vecinos (antes de que Sarkozy frenara el proceso) se resolvió con varias regularizaciones voluntarias. De los 1.500 nombres que se comunicaron solo se ha confirmado públicamente la resolución de 659 casos. Aparentemente, en el último año la lista debería haber vuelto a incrementarse pero ya no se conoce nada nuevo. Por ahora, lo recaudado roza los 300 millones de euros, pero se especuló en el momento que Hacienda podría recuperar hasta 900 millones solo con los miembros de aquella lista inicial.

Estas cifras son peccata minuta de lo que podría suponer en materia de recaudación la lista completa para España. Según un borrador filtrado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Falciani aseguró el 1 de octubre de 2012 (aún en la cárcel) a los agentes en presencia de su abogado que el monto que se podía destapar de dinero oculto de españoles era de 100.000 millones de euros, datos que concuerdan con lo publicado ayer en los principales medios del mundo. Una cosa es el capital total oculto, y otra lo que puede gravar Hacienda, en función de las prescripciones de la cantidad defraudada.

De entre todas las fortunas ocultas desveladas en aquella tanda, destacó la de la familia Botín, que dejó más de 200 millones de euros por los rendimientos que su fortuna había dado entre 2005 y 2009. Según diversos cálculos, el pago de este impuesto podría corresponder a un patrimonio de alrededor de 2.000 millones de euros. Pero también la familia Masaveu (la más importante del Principado de Asturias), el empresario Bosch i Aymerich, Eufemiano Fuentes, los Lao (fundadores de la empresa de juegos Cirsa) y otros centenares de ricos menos famosos que los banqueros cántabros estuvieron bajo el escrutinio de la Agencia Tributaria.

Hasta ahora, los nombres desvelados por la investigación llevado a cabo por El Confidencial en colaboración con el Consorcio de periodistas muestran que las fortunas españolas corrieron a regularizar su situación a la llamada de Hacienda. Es el caso de Ramón López Vilas, magistrado del Supremo en excedencia que tenía 2,7 millones de dólares en los años 2006 y 2007. También regularizó a la llamada de Hacienda Alfons Godall, el vicepresidente del FC Barcelona, que llegó a tener en los años que registran los datos más de cinco millones de dólares.

Las regularizaciones voluntarias no penalizan a los evasores

Muchos de estos nombres llegaron a los tribunales pero la mayoría de los casos se solventaron y archivaron por la vía amistosa con Hacienda con regularizaciones voluntarias. Cabe recordar que apenas dos años después de que tuviera lugar la filtración de esta primera parte del listado, el Partido Popular llegó al poder y lanzó, como una de sus medidas estrella, la amnistía fiscal. Bien es cierto que los que ya aparecían en la lista no se podían acoger, pero los que estaban dudosos de estar o llegar a aparecer en algún momento (al reanudar las investigaciones, ya que la cesión de los datos por parte de Francia había quedado cortada) se pudieron incorporar a este proceso impulsado por Cristóbal Montoro.

En este sentido no es despreciable el efecto llamada que se ha dado desde la aparición de la lista y, sobre todo, desde el salto a los medios de Falciani. Ya en 2010, la Agencia Tributaria marcó el teléfono de los asesores fiscales de grandes patrimonios asegurando que tenían nombres de sus clientes en la lista como los que se están conociendo estos días. Los que se sabían culpables no dudaron en salir del armario sin esperar a que el fisco iniciara el papeleo, lo que desde Hacienda se apunta como un gran mérito por el ahorro para las arcas públicas pero que frena las posibilidades de investigar a estas fortunas por delito fiscal.

Una vez superado el primer golpe, la lista ha seguido siendo un cebo colosal para destapar el fraude fiscal. Cuando Hacienda forzó a declarar los bienes ocultos en el extranjero (con la llamada declaración 720) también amenazó con que se cotejaría lo revelado voluntariamente con la lista Falciani. De nuevo, los abogados recomendaron a sus clientes que afloraran sus bienes ante la posibilidad (ya entonces el informático estaba colaborando oficialmente con la Justicia) de aparecer retratados en las listas de Anticorrupción.

Agotadas todas las oportunidades voluntarias de pesca y repesca, los próximos nombres que aparezcan por evasión fiscal lo harán ya por el juzgado. Estos nombres serán los que no puedan explicar de forma más o menos legal el origen de esos patrimonios. Fuentes tributarias aseguran que, por ejemplo, destapar un fraude como el del jugador del FC Barcelona Lionel Messi plagado de sociedades pantalla hubiera sido imposible de llevar a juicio hace años sin los conocimientos que ha propiciado Falciani a la Justicia española.

No cabe duda de que los apellidos con más lustre de la lista están por descubrir. Basta compararla con la que se ha filtrado en Francia, plagada de personajes de la esfera cultural y empresarial como Jeanne Moreau, Jacques Dessange, Nina Ricci, Paul Bocuse, Alain Aflelou, Christian Karembeu o el ministro francés de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, para intuir que la lista de españoles defraudadores aún debe dar mucho más de sí.

Por ahora, la falta de medios, que el francés denunció públicamente a principios de 2014 con la consiguiente reprimenda del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y, cómo no, la voluntad política mantienen los trabajos con la lista a medio gas. Los próximos meses serán decisivos para averiguar si la renuncia a ser un hombre libre que ha hecho Hervé Falciani ha merecido la pena y si se traduce en recaudación para las arcas públicas.

Así, y pese a que la Fiscalía Anticorrupción española parecía en un primer momento el alumno aventajado en la investigacion de la lista, por ahora no se han tomado medidas contra HSBC, pese a que las pruebas dejan pocas dudas de su papel a la hora de asesorar a esconder este dinero. Esta inacción contrasta con las de las fiscalías de Bélgica, Francia, Argentina y Estados Unidos que han acusado e investigado directamente al banco para ir a la raíz del problema.

Continúa el goteo de nombres vinculados con nuestro país presentes en la lista Falciani. Según la investigación periodística coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que en España publican El Confidencial y La Sexta, la familia Luca de Tena, fundadora del diario conservador ABC y accionista de su grupo editor, Vocento, tuvo una cuenta en el HSBC de Ginebra en la que llegó a acumular 1,33 millones de dólares entre los años 2006 y 2007.

La cuenta, que hasta marzo del año 2005 tuvo como nombre Jockey97, tenía como titulares a Guillermo Luca de Tena Brunet, nieto del fundador de ABC y fallecido en el año 2010, y a su esposa, Soledad García Conde Tartiere. También aparecen como cotitulares las hijas del matrimonio, María Catalina y María Soledad –Petisa– Luca de Tena García Conde. La dirección postal que figura en la documentación de la cuenta está en el madrileño barrio de Salamanca, donde se encuentra el domicilio familiar.

Según la información sobre este asunto que publica el diario ABC, la familia Luca de Tena regularizó su situación fiscal y canceló su cuenta en Suiza en el año 2013, aunque no ha aportado documentación que lo pruebe. Tras acceder a la lista Falciani, Hacienda se puso en contacto con algunos de los cerca de 2.600 clientes españoles del HSBC suizo para 'invitarles' a regularizar su situación a cambio de una multa. En 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó una amnistía fiscal que permitía regularizar dinero opaco pagando solo un 10% de las cantidades defraudadas durante tres ejercicios.

Aunque el nacimiento de Vocento, fusión de Prensa Española (histórica editora de ABC controlada por los Luca de Tena) y el Grupo Correo (medios regionales de origen vasco) en el año 2001, dejó a la familia del fundador de ABC en un segundo plano, los Luca de Tena siguen siendo propietarios de algo más del 10% del capital del grupo fusionado, que edita ABC y una docena de diarios regionales. Su condición de terceros mayores accionistas de Vocento les ha permitido ejercer de árbitros en los conflictos que se han producido en los últimos años entre las familias vascas que forman parte del accionariado, un papel que ha reforzado su poder en el grupo.

De hecho, en los años 2006 y 2007 (fechas a las que corresponde la filtración), el titular de la cuenta, Guillermo Luca de Tena, era presidente editor del diario ABC, un puesto en el que fue relevado por su hija Catalina tras su fallecimiento. La participación de los Luca de Tena en Vocento está vehiculada a través de la sociedad Valjarafe SL, que está representada en el Consejo de Administración del grupo por Petisa Luca de Tena. Ella y su hermana forman también parte del Consejo de Administración de ABC.

El diario conservador siempre ha tenido a gala su condición de diario de capital 100% español frente a otros medios de la competencia. De hecho, en 2013, coincidiendo con el 110 aniversario de ABC, el rotativo publicó un artículo en el que recogía sus siete principios, entre ellos, que "la compañía editora de ABC se dedica solo al periodismo y es un grupo de comunicación cien por cien español, Vocento, que defiende por tanto los intereses de España. Eso, que parece algo tan básico, constituye una rareza en el panorama mediático actual. Actores en nuestro periodismo están en realidad participados por empresas de comunicación foráneas. Su peaje es que a veces se convierten en palancas para el lobbismo".

Los Pujol: cuentas en Suiza desde 1994

La lista Falciani desvela también la que podría ser la primera operación de los Pujol en territorio suizo. Según El Confidencial, la familia del expresident de la Generalitat operaba ya en Suiza en el año 1994. El 3 de mayo de ese año, el mayor de sus siete hijos, Jordi Pujol Ferrusola, y su mujer, Mercè Gironès, abrieron una cuenta en el HSBC de Ginebra en la que depositaron fondos presumiblemente opacos hasta el 2 de febrero de 1995.

Aunque la documentación de la lista Falciani no revela la cantidad que llegaron a acumular Pujol Ferrusola y su mujer en la cuenta, sí desvela algunos datos que ligan esta cuenta con algunos de los casos por los que el mayor de los hijos del expresident está siendo investigado.

Pujol Ferrusola figura en la ficha del HSBC como "director de finanzas del sector de explotación del mármol". Se da la circunstancia de que el hijo mayor del expresident era en aquella época administrador de una empresa dedicada a la comercialización de piedras para la construcción. Las operaciones de la compañía fueron polémicas por su elevado número de contratos con la Administración Pública, entre ellos, la colocación de 100.000 metros cuadrados de mármol en el aeropuerto de Barcelona-El Prat en 1991 que tuvieron que ser retirados una década después por su mala calidad.

La dirección postal que figura en la cuenta también está relacionada con uno de los casos por los que se investiga a Jordi Pujol Jr.: el cobro de 12,2 millones de euros en comisiones ilegales desde el año 2002. En concreto, el despacho al que los Pujol querían que se les enviara la correspondencia relativa a su cuenta suiza es el mismo en el que están domiciliadas las tres sociedades a través de las que Jordi Pujol Ferrusola facturó las presuntas comisiones ilegales por ejercer de intermediario ante diferentes administraciones públicas.

La Policía Nacional prevé entre 70 y 90 detenciones este martes en un nuevo operativo enmarcado en la 'Operación Edu', donde se investiga el presunto fraude en las subvenciones públicas dirigidas a formación. En este caso, en el operativo denominado 'Edu Costa' se están produciendo registros en empresas de Almería, Málaga y Sevilla, llevados a cabo por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según han indicado fuentes policiales a eldiario.es Andalucía. Este operativo se desarrollará hasta este viernes y continuará, en una segunda fase, la semana próxima entre los días 16 y 20.

Las detenciones dictadas afectan a a administradores y socios de 50 entidades mercantiles que percibieron fondos presuntamente irregulares por 4,9 millones de euros, según ha adelantado elconfidencial.com. Entre los afectados por este operativo están el líder del PSOE de Roquetas de Mar (Almería), Juan Fernando Ortega Paniagua, y la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez, como expresidenta de MercaJerez, una de las empresas que supuestamente se habrían beneficiado en el fraude.

El portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha informado en rueda de prensa que Ortega Paniagua tiene previsto presentar su renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Roquetas y su baja como militante del partido. Respecto a la exregidora de Jerez ha comentado que tienen constancia de que ha estado declarando "durante cinco minutos", mostrando en cualquier caso con la actuación de la justicia.

Así lo ha confirmado a Europa Press el líder de PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien ha indicado que esta decisión "se va a materializar hoy mismo para desvincularse del partido" y la adopta para "que nadie pueda o pretenda utilizar este asunto políticamente cuando solo se refiere a su actividad profesional".

El concejal y empresario, a quien se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic SL e Infosol SL., ha quedado en libertad junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias de la que figura como administrador. Ortega Paniagua está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Pilar Sánchez, expresidenta de Mercajerez, alega que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente"

Por su parte, y según ha explicado la exalcaldesa de Jerez a Europa Press, la Policía le pedía este lunes que acudiera a "testificar" a las 9.00 horas de este martes en calidad de expresidenta de Mercajerez, recalcando que los propios funcionarios policiales le aseguraron que "en ningún caso estaba arrestada ni detenida", señalanado el interrogatorio "ha durado cinco minutos" y se ha centrado en conocer "si conocía los cursos que se daban allí --en Mercajerez--", aclarando la exalcaldesa que "no tenía ni idea" sobre cualquier asunto relacionado con ese extremo, ya que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente".

De hecho, indica que había otras personas relacionadas con la gestión de Mercajerez en las dependencias policiales este martes, aunque ignora "en calidad de qué". Según explica, Mercajerez es una sociedad mixta pública y privada cuya presidencia ostentan históricamente los alcaldes de la ciudad y, por tanto, ella la presidió entre 2008 y 2011. Apunta que "ni me acordaba de ello, porque los alcaldes habitualmente, si es que van, van a Mercajerez una vez al año", que es la periodicidad con la que las empresas públicas están obligadas a reunir a su consejo de administración. Al respecto, apunta que ella "ni iba porque delegaba".

Asimismo, recuerda Sánchez que en el consejo de administración de Mercajerez --entidad que explota el mercado de abastos de la localidad jerezana-- había representación de "todos los partidos políticos". Finalmente, recalca que no tiene "nada que ver" en el asunto investigado e incide en que no ha estado "detenida en ningún momento", añadiendo que ha declarado "cinco minutos y me he ido", sin que esté previsto que vuelva a ser citada, según ha comentado.

El pasado agosto se detuvo, en lo que supuso la segunda parte de Edu (denominada Operación Óscar), al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda por su presunta vinculación con el fraude de los cursos de formación. Hubo ocho detenciones en las provincias de Madrid y Cádiz.

La alerta sobre posibles irregularidades en los cursos de formación saltó cuando la Cámara de Cuentas publicó un informe en enero pasado en el que aseguraba haber detectado "irregularidades" en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010. En su dictamen, apuntaba que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010 de las que "no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello".

El exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier también figura en la lista Falciani, según desvela El Confidencial. De acuerdo con el rotativo, Trías Sagnier tuvo al menos una cuenta en Suiza con el banco HSBC. La cuenta, sobre la que no se detallan importes, fue abierta en 1992 y cerrada dos años después, unas dos décadas antes de que el abogado denunciara abiertamente, en un artículo publicado en el diario El País, la existencia de una contabilidad paralela del Partido Popular con pagos en dinero negro a sus dirigentes.

Un extremo que Trías, que fue el primer abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, confirmó posteriormente en sede judicial.

En la época en la que, según El Confidencial, Trías Sagnier tenía abierta una cuenta en Suiza, el abogado catalán era asesor de la familia Luca de Tena, fundadores del diario ABC, que llegaron a acumular 1,33 millones de euros en Suiza, según ha revelado este mismo diario, que ha tenido acceso a la lista robada al banco y entregada a la justicia por el informático Hervé Falciani, exempleado del HSBC.

Trías, que fue diputado del PP durante la primera legislatura del Gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2000, ha negado al diario digital que haya dispuesto alguna vez de cuenta alguna en Suiza.

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, ha comunicado su dimisión al organismo y al Ministerio de Industria. Aunque Gil-Ortega ha argumentado su decisión por "razones personales", la dimisión se produce poco después de la destitución del director de Administración de Enresa, adelantada por eldiario.es el mes pasado.

Fuentes internas relacionaban la salida del presidente de Enresa con las prisas de Gil-Ortega por dar luz verde a la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas, un contrato por valor de 263,5 millones de euros al que optaban, entre otras, la constructora ACS. La dimisión, adelantada por vozpopuli, que la vincula con una decisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se hará efectiva una vez pase el plazo de preaviso dispuesto en el contrato mercantil, según Europa Press.

Tras su nombramiento, la primera acción de Francisco Gil-Ortega fue presentar oficialmente el proyecto del ATC en Villar de Cañas (Cuenca), ubicación elegida por el Gobierno del PP una semana después de llegar al poder, en una decisión política atribuida a la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (la localidad conquense era la peor candidata desde el punto de vista geológico).

Precisamente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuestionó en noviembre "la idoneidad del emplazamiento" del Almacén Temporal Centralizado en un informe, adelantado por eldiario.es, en el que advertía de múltiples "carencias" en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo.

Las "deficiencias" detectadas en la documentación presentada por Enresa, que ya estaba embarcada en un rosario de licitaciones multimillonarias para acelerar la construcción del almacén, eran múltiples. En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de Seguridad Nuclear del regulador, Antonio Munuera, el CSN remitió a Enresa un extenso catálogo de "propuestas" e "iniciativas que pueden contribuir significativamente", dice, a "resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC".

A pesar del rechazo que el ATC generó entre plataformas ecologistas y ciudadanas, Gil Ortega afirmó ante EFE que el conflicto político era "más duro" que el rechazo social y que se "estaba logrando quitar la razón a lo más críticos". El PSOE ha exigido la paralización de las obras, dado que el CSN todavía no ha dado su visto bueno a la infraestructura, que también requiere la luz verde del Ministerio de Agricultura a través de la preceptiva declaración de impacto ambiental.

Gastos sin justificar

Por otro lado, tal y como informó este diario, una auditoría interna destapó que Gil-Ortega cobró de la empresa pública gastos cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa en viajes "tanto nacionales como al extranjero" sin presentar las correspondientes facturas, una conducta que supuso un incumplimiento de su contrato y que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno, calificó de posible "enriquecimiento injusto" en un informe interno que desveló eldiario.es.

Tras redactar ese informe el 15 de julio, que avisaba de la "incompatibilidad" entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos, Moreno, que en ese momento era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, fue destituido de forma fulminante.

Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es una persona que carecía de experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación. Fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa, que promueve a contrarreloj el ATC, la mayor obra pública de la presente legislatura. Tras el escándalo sobre sus gastos, los grupos de la oposición han planteado una batería de preguntas sobre este asunto y su gestión del ATC. De momento, el Gobierno no ha contestado ninguna.

Hervé Falciani comienza su colaboración con Podemos. "Estamos en un mismo combate, una misma batalla", afirma Pablo Iglesias en un comunicado tras su reunión por videoconferencia con Hervé Falciani, donde se cerraron los detalles de la relación que ayer adelantaba eldiario.es. Falciani elaborará, en primer lugar, un decálogo de medidas contra el fraude fiscal cuyo objetivo es guiar las políticas sobre la materia de Podemos de cara a la campaña de las próximas elecciones generales y a un hipotético Gobierno.

Podemos pondrá a disposición de Falciani un equipo de técnicos y asesores para que la relación con el francoitaliano sea "constante" y coordinada, según ha confirmado Podemos a eldiario.es. Según el partido, "existe un compromiso de colaboración con unos objetivos comunes". 

Hervé Falciani se convirtió en un prófugo de la justicia suiza en 2009 cuando decidió extraer y difundir la lista de cuentas de más de 130.000 posibles evasores fiscales con dinero en el banco donde él trabajaba, el HSBC. Falciani consiguió la protección de gobiernos como el español a cambio de trabajar con la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción para investigar el fraude fiscal a las arcas públicas nacionales de esas personas.

Parte de esa lista –"solo un aperitivo", ha dicho el ministro de Hacienda Montoro– ha trascendido esta semana después de que una fuente anónima, hace más de un año, entregara los datos en un USB en la sede de Le Monde. Este diario ha decidido trabajar en coordinación con medios de todo el mundo, en España El Confidencial y La Sexta, para su difusión.

A lo largo de estos años, Falciani se ha negado a difundir públicamente la ya conocida como 'lista Falciani' y ha preferido trabajarla con los investigadores de cada país donde se ha comprometido a colaborar, como España. El resultado es que cientos de personas han sido ya investigadas y 260 millones recuperados para las arcas públicas, según los datos oficiales. Sin poder hablar de casos concretos, Falciani sí ha denunciadoel sistema de evasión fiscal y los entramados empresariales que, según su experiencia, utilizan miles de millonarios en todo el mundo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes, durante la primera  sesión de control al Gobierno que se celebraba en el Senado, que ha pedido a la Abogacía General del Estado "un estudio de cuantas acciones legales puedan ejercerse frente al HSBC por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles".

El anuncio lo ha realizado en respuesta a una pregunta del senador socialista Juan María Vázquez, después de que se haya hecho pública la llamada lista Falciani de personas que tienen cuentas abiertas en Suiza –algunas de las cuales son de nacionalidad española–, que podrían haber incurrido en delito fiscal.

En la elaboración de este informe también trabajará la Agencia Tributaria para ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades del banco y sus empleados, así como también algunos bancos españoles, "al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno". "España va a colaborar con esos Estados afectados", ha añadido Montoro.

El senador socialista había reprochado al ministro el trato de favor a las grandes fortunas que ha propiciado con su amnistía fiscal en España. Después ha criticado el hecho de que el titular de Hacienda haya amenazado con publicar su propia lista de deudores de más de un millón de euros, "mucho más amplia" que la de Falciani, que es "un aperitivo" en comparación con la que Montoro prepara. Para ello habría que cambiar la Ley General Tributaria, como ha advertido el ministro, que en declaraciones en los pasillos de la Cámara Alta ha confirmado que esa modificación se hará antes de que acabe la legislatura.

"Diga lo que sabe porque los españoles quieren saber cuál es el primer plato, el segundo y el postre", ha pedido el senador del PSOE a Montoro.