Casa Real ha decidido bajar un 20% la asignación para el jefe del Estado y situar el sueldo de Felipe VI en 234.204 euros brutos. Su padre, el rey Juan Carlos obtendrá el 80% de esta cantidad (187.356 euros), cifra notablemente superior al salario que se fija para la reina Letizia: 128.808 euros.

Estos datos han sido facilitados este martes por la Casa del Rey, que publica en su web la distribución presupuestaria de los 7.775.040 euros consignados en los presupuestos generales del Estado para esta institución, el mismo monto que en 2014, y que el monarca distribuye libremente, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Si la cantidad para doña Letizia supone un 55% de la de don Felipe, en el caso de la reina Sofía asciende a 105.396 euros anuales, que representan el 45% de lo recibido por el rey.

Un portavoz de Zarzuela ha explicado que a la hora de fijar la disminución de la asignación de Felipe VI se han tenido en cuenta las cantidades que perciben los representantes de las altas instituciones españolas y también las de los jefes de Estado extranjeros, como las presidencias de la Repúblicas representativas o las cabezas de las monarquías europeas. Igualmente, para el caso del Rey Juan Carlos, se han observado las retribuciones de aquellos monarcas europeos que también han abdicado. 

El pacto antiterrorista que contempla la cadena perpetua revisable ha salvado el primer paso de su tramitación a toda prisa en el Congreso. A favor de la toma en consideración han votado socialistas y conservadores, los principales firmantes junto a tres diputados más del Grupo Mixto. En contra, La Izquierda Plural y el PNV. UPyD ha optado por abstenerse aunque había anunciado que aprobaría el primer trámite para poder enmendarlo después. El más duro, Gaspar Llamazares, que ha alertado de las consecuencias de extender el concepto de terrorismo para penalizar otras conductas.

El representante del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha puesto el acuerdo como ejemplo de "generosidad" frente a la pelea partidista y ha recordado que la intención de su partido es mantener en el tiempo la cadena perpetua revisable. Aunque ha lamentado que los socialistas hayan anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional cuando quede aprobado el nuevo código penal, ha intentado defenderlos.

"Me gustaría que nadie aproveche la oportunidad para lanzar reproches a la oposición", ha pedido sin éxito.  El conservador ha asegurado que en esta cuestión "no hay excusas que valgan y no se puede ser tolerantes, ni siquiera neutrales", en alusión a los grupos que están en contra.

José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, ha sido el encargado por parte socialista de defender el acuerdo. Serrano ha subrayado la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista después del atentado al semanario Charlie Hebdo pero también se ha remontado al 11 de marzo de 2004: "Aquí en España sabemos muy bien de lo que es capaz". A pesar de su firma, Serrano ha insistido en que su partido "ni avala ni asume ni comparte" la prisión permanente porque ya no aparece la expresión en el acuerdo sino una referencia a la pena máxima.

Serrano ha presumido de que gracias al "trabajo conjunto con el PSOE" las intenciones iniciales del PP con el código penal se han visto modificadas. De no haber sido así, ha asegurado, los socialistas hubieran votado en contra. "Habrá quien se encuentre cómodo dejando toda la responsabilidad al Gobierno en la lucha contra el terror. Nosotros no", ha afirmado.

El turno en contra lo ha protagonizado Llamazares, quien ha definido el pacto como un "blindaje del miedo bipartidista" que no se traducirá en más eficacia contra los atentados sino que da lugar a un "código cruel y de venganza". Así, ha avisado del peligro de ampliar el concepto de terrorismo hasta extenderlo "a la mera disidencia" y aplicarlo en caso de conflictos donde no haya atentados, pero sí desórdenes públicos donde se perturbe la paz social. Como ejemplo, ha puesto el caso del barrio burgalés de Gamonal.

El diputado de IU ha recordado que el actual código penal ya puede castigar a los llamados lobos solitarios, así como su adiestramiento o sus viajes a otros países para enrolarse en la actividad terrorista. Por ello, ha insistido, lo urgente no es modificar un código penal después de un atentado sino llegar a un acuerdo para mejorar la dotación de medios y la cooperación entre las policías y los servicios de inteligencia para prevenirlos.

Llamazares ha dudado de que la medida de la prisión permanente pueda ser revertida más adelante y se ha preguntado "cuándo se ha rebajado una pena en una reforma del código penal". Por ese motivo, ha anunciado que su grupo no cree en su reversibilidad. "Ha venido para quedarse de la mano del PP y con el inexplicable apoyo del PSOE".

"La falta de consideración" de PP y PSOE con UPyD ha llevado a Rosa Díez a abstenerse en el primer trámite aunque había anunciado su voto afirmativo. La líder de UPyD ha negado que el acuerdo merezca la definición de "pacto de estado" y ha recordado que los anteriores no supusieron cambiar el código penal sino coordinar una respuesta firme de los partidos contra ETA: "Primero se corrompe el lenguaje y luego, la política". Del mismo modo, ha negado que sea un pacto "antiyihadista" porque va "por los del turbante y por los de la boina".

Salvo el de CiU, que ha sido más moderado en sus críticas por su intención de presentar enmiendas y aún no ha avanzado su voto final, los portavoces han sido muy duros con socialistas y conservadores. Joan Tardà, de ERC, los ha llamado "trileros" y ha resumido el pacto "como un monumento al cinismo".  Emilio Olabarría, del PNV, ha reprochado que sea un pacto "a dos que obliga a los demás a la adhesión incondicional" y avala una pena "que ya veremos si luego remueven" del código penal.

Como ya es habitual, Joan Baldoví (Compromís-Equo) ha optado por simbolizar su protesta gracias a un ejemplar de la Constitución atado con una cadena. El diputado ha lamentado que sea la lucha contra el terrorismo la que mueva a un pacto de estas características mientras los dos grandes partidos no lo han suscrito para luchar contra la pobreza o para mejorar el sistema educativo.

Habrá quien trabaje en un banco y en su tiempo libre pertenezca a una organización criminal. Pero la Audiencia Nacional cree que los hay que pertenecen a la banda organizada durante su horario laboral en la entidad. También puede ocurrir que el presunto criminal y el banco donde trabaja tengan residencia en Suiza y las autoridades del país no consideren necesario tratar al primero como tal. Hasta aquí, y presuntamente, el caso de Marc Pérez, antiguo empleado del HSBC contra el que el juez Fernando Andreu cursó el 17 de febrero de 2014 sendas órdenes europea (OED) e internacional (OID) de detención, para las que el tribunal español no ha tenido respuesta alguna desde entonces.

La última aparición pública de Juan Carlos Monedero fue el 31 de enero en la Marcha del Cambio. Dos días antes, en Leganés (Madrid), el 'número tres' de Podemos participó en un acto de su partido donde retó al ministro de Hacienda: “Montoro, ¿quieres asustarme? Tengo mis cuentas muy en regla”. Desde entonces, la presencia de uno de los dirigentes más mediáticos de Podemos ha sido nula, pese a que la situación de su patrimonio ha copado portadas y ruedas de prensa propias y ajenas. Y lo seguirá siendo, al menos de momento, según ha confirmado un portavoz de la formación a eldiario.es.

Atacar el alto precio de Sovaldi en su raíz. A la estela de la India, la organización Médicos del Mundo ha presentado una oposición a la patente que protege en Europa el sofosbuvir, la molécula clave de este fármaco contra la hepatitis C. Es un intento de que la Oficina de Pantentes (EPO) rompa el monopolio del laboratorio, como hizo su homóloga asiática. Un paso para abrir el camino de los genéricos, "cien veces más baratos", calcula la ONG.

Para tratar de quebrar esta patente –que se presentó a la EPO en marzo de 2008– Médicos del Mundo ha recurrido a un equipo legal "involucrado también en el caso que se presentó en la India". El escrito, sellado el 10 de febrero, trata de demostrar que dentro del Sovaldi no hay un descubrimiento sino el aprovechamiento de hallazgos previos.

El abogado Lionel Vial basa la petición de Médicos del Mundo en que en la fecha en la que se hizo efectiva [la petición de patente para sofosvubir], se tratababa, "básicamente de una lista de miles de compuestos, de actividad desconocida la mayor parte, claramente enfocada a reservarse un campo inexplorado de investigación en lugar de proteger los resultados reales de una investigación exitosa como recompensa por conseguir resultados técnicos concretos disponibles para el público".

La patente fue solicitada por la faramacéutica Pharmasset que luego sería adquirida por Gilead desembolsando casi 11.000 millones de euros. El análisis del bufete de Vial entiende que, con el pasar de los años, "la patente europea se ha extendido más allá del contenido de la petición" que se tramitó hace siete años (cuando no se sabía, según este documento, que se patentaba un antiviral efectivo y comprobado). Cuando en 2014 se ha podido comercializar un producto terminado y con eficacia muy alta, ya estaba blindado. Esto viene a decir que se solicitó exclusividad sobre componentes sueltos, y que a día de hoy esta exclusividad se está aplicando sobre un producto que contiene algunos de aquellos componentes.

Igual que pasó en la India, se argumenta que Gilead no ha aportado nuevos descubrimientos: "No implica una invención". Esa fue la clave para que en Asia se le negara al laboratorio la patente y, de momento, haya quedado abierta la puerta para que los laboratorios locales produzcan sofosbuvir a precios más económicos. Y usa un estudio de Plinio Perrone que analizaba en 2007 la importancia crucial de unos componentes que rompen las barreras de la célula como "claves" para "aumentar la eficacia de los antivirales contra la hepatitis C". De hecho, ya habían multiplicado por mil la actividad de los tratamientos contra el VIH.

Táctica para inflar los precios

Gilead "abusa de la patente para poner unos precios altísimos", analiza Médicos del Mundo. Y luego explica cómo se llega a pedir mas de 800 euros por cada pastilla de este medicamento, que es el precio de referencia en EEUU. Las farmacéuticas, cuentan, "registran en primer lugar sus productos en países donde el precio es libre, como EEUU. Luego ese precio de referencia es el que se usa para negociar [con otros países]".

Desde luego, esa dinámica, al menos en cuanto a los tiempos, coincide con el periplo del Sovaldi: apareció en EEUU, se le puso un precio de 70.000 euros por tratamiento, se trajo a Europa y comenzó una negociación, estado a estado, para que fuera cubierto por los sistemas sanitarios públicos. Lo mismo ha ocurrido con otros antivirales de última generación: el simeprevir (Olysio) o el daclatasvir (Daklinza).

La reclamación concluye pues que "la supuesta contribución del propietario de la patente no justifica tal recompensa" [el monopolio sobre la molécula] que le permite poner altos precios e "impedir a otros actores ofrecer sofosvubir a precios más bajos". Al final de todas estas disputas, el precio de las pastillas es lo que está impidiendo que los pacientes accedan a una cura más que probable de su enfermedad. En Francia, asegura la ONG, se da "por primera vez un racionamiento de medicamentos" en virtud de razones económicas. En España, los enfermos están en plena campaña para que se cumplan las prescripciones de sus médicos y se administren los tratamientos que se atascan en comités creados para evaluar las peticiones. Es decir, para calcular si se autoriza el gasto.

El número de personas desaparecidas en el canal de Sicilia y que trataban de alcanzar las costas europeas se eleva a 300, según un comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) del que informa la agencia EFE. El organismo de la ONU había ofrecido una primera estimación de algo más de 200 víctimas, según el testimonio de algunos de los supervivientes rescatados este miércoles, pero las informaciones apuntan ahora a que había una embarcación más en el mar.

El total de inmigrantes que han desaparecido en el mar asciende así a 300, que incluyen las muertes conocidas este lunes, las 29 personas que perecieron por frío en otra embarcación cerca de Lampedusa.

La Guardia Costera italiana ha rescatado nueve inmigrantes, que dijeron proceder de Mali y Senegal, que contaron a su llegada a Lampedusa este miércoles que el violento temporal desatado en el Canal de Sicilia el lunes costó la vida a sus compañeros de viaje, explicó la portavoz de Acnur en Italia, Carlotta Sami.

Carlotta Sami apuntó, en un primer momento, en declaraciones a la agencia Adnkronos que el balance total se elevaba a 203 inmigrantes muertos. En ese momento, los testimonios recogidos hablaban de tres embarcaciones que salieron de Libia el sábado, pero ahora las investigaciones añaden una balsa más a la tragedia. La crifra ha aumentado más tarde con el relato de las personas que han sobrevivido.

Uno de los inmigrantes que ha sobrevivido al naufragio ha asegurado que en total viajaban 460 inmigrantes a bordo de cuatro embarcaciones, recoge la agencia de noticias Adnkronos. El superviviente, maliense de 32 años de edad, una de las embarcaciones se hundió durante la travesía. "En total éramos 460 y salimos el sábado desde Libia. Estábamos en cuatro embarcaciones. Durante la travesía, una de las embarcaciones se ha hundido con otro centenar de refugiados", ha explicado.

La Guardia Costera italiana rescató una de las embarcaciones el pasado lunes con al menos 29 personas que habían muerto por hipotermia y a otras 15 en estado muy grave. Los inmigrantes habían salido en una lancha neumática desde las costas del norte de África y también intentaban alcanzar Italia, según contó el diario italiano La Repubblica.

Cuatro embarcaciones a la deriva

Los inmigrantes que han llegado a Lampedusa han asegurado a los intérpretes que en una de las embarcaciones viajaban 105 personas y en otra 107. "Una de las embarcaciones se hundió y la otra se ha desinflado provocando el pánico a bordo", han contado los supervivientes. Los nueve rescatados han sido llevados en un remolcador hasta Lampedusa.

Este miércoles está previsto que los cadáveres de los 29 inmigrantes que murieron de frío sean trasladados de Lampedusa a Porto Empedocle, en Agrigento. Mientras la Guardia Costera italiana está patrullando la zona al límite de las aguas libias en búsqueda de los cuerpos de los inmigrantes.

Los 76 supervivientes de la primera embarcación encontrada, entre ellos un niño de 12 años, contaron a la policía italiana que llevaban tres días navegando y que les rescataron cuando comenzó a entrar agua en la embarcación. Hasta el momento, solo ha sido identificado uno de los 29 cadáveres encontrados, de un hombre marfileño de 31 años. Los fallecidos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.

La "vergüenza" continúa

Tras el conocimiento el lunes de las primeras muertes, la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, afirmó que el operativo europeo de control de fronteras Tritón "no sirve para nada" y pidió que fuese sustituido ya que no sirve para salvar vidas. El pasado 1 de noviembre el operativo italiano "Mare Nostrum" fue sustituido por "Triton", que cuenta con menos embarcaciones y además no puede acercarse a las costas libias.

La "vergüenza" que condenó el Papa Francisco en octubre de 2013 a propósito de las muertes 368 personas que intentaban llegar al continente europeo parece haber quedado olvidada. Las tragedias, no obstante, continúan. Las muertes en el mediterránero no cesan: a veces se cuentan por decenas; esta semana, por cientos. 

Ese 3 de octubre de 2013, Lampedusa se convertía en noticia, otra vez. La relación de la isla siciliana con las muertes de emigrantes no era nueva: más de 8.000 cuerpos sin vida han llegado a esta costa desde 1990. Sin embargo, ese día 500 inmigrantes divisaron por fin la isla desde la barcaza en la que habían cruzado el Mediterráneo desde Libia. Prendieron una manta para pedir auxilio y el fuego engulló todo la embarcación. 368 personas murieron ahogadas a los pies del viejo continente.

La tragedia sacudió la conciencia de Europa pero, un año más tarde de los hechos, Amnistía Internacional y la Organización Internacional de Migrantes (IOM) recordaban que el problema lejos de disminuir se había acentuado. La atención, en cambio, sí se había reducido. Desde enero a octubre de 2014, más de 3.000 personas murieron en aguas del Mediterráneo, cuatro veces más que la cifra registrada en todo el 2013. En total, 40.000 desde el año 2000.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado hoy sus amenazas contra quienes tienen "problemas con Hacienda", tras las informaciones sobre el supuesto malestar de los funcionarios de la Agencia Tributaria (técnicos e inspectores de Hacienda) por la filtración de datos tributarios. Según el ministro, esas quejas sólo provienen de los titulares de periódicos. "Pero ya estamos acostumbrados en esta legislatura", ha añadido.

"Algunos se ponen nerviosos, me da igual en qué ámbitos, políticos o empresariales, porque tienen problemas con la Hacienda. Lo que hay que hacer es evitar tener estos problemas con Hacienda y no caer en los ámbitos del fraude fiscal", ha subrayado el ministro, que ha negado que amenace a determinados sectores y ha advertido de que "el único que se puede sentir amenazado es el defraudador fiscal". "El que amenaza es el político ese que se levanta y dice 'no te tengo miedo'", ha dicho en alusión a Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Montoro ha señalado: "Yo no tengo que meter miedo a nadie a no ser que sea un defraudador fiscal y, si es un defraudador fiscal, evidentemente tiene problemas con la Hacienda Pública porque tiene problemas con todos los españoles. No sé qué otro miedo tiene".

De esta forma, el ministro aludía a unas declaraciones de Monedero, quien en un acto de su partido el pasado 29 de enero afirmó: "Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy en regla".

Expedientes que "no son públicos"

Sobre el malestar en la Agencia Tributaria por la filtración de determinados expedientes, Montoro ha asegurado que los casos que investiga Hacienda "no son públicos" y las informaciones que se publican no proceden de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, diversos grupos de la oposición han acusado hoy a Montoro de hacer uso político de la filtración de información fiscal sobre otros partidos. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, ha definido a Montoro como un "filtrador profesional", que lo hace "a su conveniencia política", lo que "evidentemente roza la ilegalidad". "Cuando le interesa una cosa se calla, cuando no, la utiliza y la utiliza en general contra otras fuerzas políticas, contra periodistas, artistas...", ha lamentado. Según Saura, "nunca en la historia la Hacienda pública había llegado tan bajo".

Por su parte, tras defender el trabajo de los funcionarios de Hacienda y los frutos de la lucha contra el fraude fiscal, que este año ha arrojado "los mejores datos de la historia", Montoro ha insistido en señalar que "nunca ha habido una etapa donde en la Agencia Tributaria se haya luchado con tanta eficacia".

Su tarea como ministro, ha continuado, es impulsar esa lucha contra el fraude, y ha recordado que para informar de sus resultados comparecerá próximamente en el Congreso el director de la Agencia Tributaria.

Respecto a las posibles acciones legales de España contra la filial suiza HSBC por posible fraude fiscal, Montoro ha reiterado que el Gobierno esta estudiando cuál debe ser su actuación en relación con una entidad bancaria, que haya amparado "cualquier acto ilícito", como han hecho otros países europeos, aunque no ha querido precisar más. "Estamos en ello", ha concluido.

A cien días de las elecciones, Pedro Sánchez ha decidido poner fin a la carrera política de Tomás Gómez. El líder del PSOE ha intentado sin éxito una dimisión pactada con el barón madrileño pero, ante su negativa, ha forzado su salida apoyándose en la comisión permanente de la Ejecutiva, que, en una decisión inédita, ha clausurado las aspiraciones del político de Parla. El gesto de autoridad de Sánchez responde a su estrategia de tolerancia cero con la corrupción que los socialistas pretenden convertir en "marca de la casa". En Ferraz estiman que la sombra de duda que pesa sobre el barón madrileño le inhabilita para ser el candidato a la Comunidad de Madrid.

Sánchez ha ordenado la disolución del PSM, forzando la salida de Gómez por la vía de una gestora. Rafael Simancas, eterno enemigo del de Parla, es el elegido para dirigir el partido a tres meses de las elecciones. La decisión no implica la expulsión de Gómez del PSOE, pero sí de su posición como líder del partido en Madrid y candidato a la presidencia de la Comunidad.

Gómez está en el punto de mira por la investigación judicial en marcha por el sobrecoste del tranvía de Parla. Aunque no ha sido objeto de imputación alguna, todo su equipo en la alcaldía está bajo la mirada de la Fiscalía, que considera que pueden existir delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público ha pedido la imputación de hasta 12 concejales que en algún momento actuaron bajo las órdenes del barón madrileño.

El tranvía, inaugurado en 2007, estaba presupuestado en 103 millones de euros y su coste se disparó hasta los 256 millones. La investigación concluye que, además del sobrecoste, en el desarrollo de la obra se produjo un desvío presuntamente delictivo de 39 millones de euros. 

La debilidad de Gómez en el PSOE es un hecho desde el estallido de la operación Púnica y la implicación al más alto nivel de José María Fraile, sucesor de Gómez en la alcaldía y amigo de la infancia del dirigente socialista. Además, en Ferraz son conscientes de la debilidad de Gómez de cara a las elecciones con unas encuestas que dibujan como imposible su reiterado asalto al Gobierno de Madrid.

Los apoyos de Gómez se han debilitado en los últimos meses a pesar de que este martes el candidato a la alcaldía de Madrid Antonio Miguel Carmona insistía en poner las dos manos en el fuego por el líder socialista. Gómez es miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez y, hasta hace poco, contaba con el respaldo de Susana Díaz. Sin embargo, la presidenta andaluza ha iniciado un distanciamiento que le ha llevado a afirmar en conversación informal con periodistas que, si la sombra de duda toca al político madrileño, Gómez deberá abandonar sus cargos.

Eso es precisamente lo que Pedro Sánchez tenía previsto pedir a Gómez en la reunión prevista para esta mañana y a la que el político madrileño ha decidido no asistir. Frente a los movimientos de la dirección del partido, Tomás Gómez ha convocado a la prensa a las doce de esta mañana con la excusa de informar sobre una reunión con asociaciones de voluntariado. La convocatoria, enviada a última hora de la tarde de ayer, tiene por objeto responder a las intenciones de Ferraz.

Rafael Simancas presidirá la gestora

La caída de Tomás Gómez ha movido al PSOE a buscar un nuevo candidato a tres meses de las elecciones. Según fuentes de Ferraz, consultadas por eldiario.es, el nombre de Ángel Gabilondo vuelve a sonar como alternativa electoral para el PSOE en Madrid. En Ferraz han pensado en Rafael Simancas, histórico enemigo de Gómez por la lucha del poder en Madrid, para el encargo de dirigir el partido mientras no se celebre un nuevo congreso.

La obra estrella de Tomás Gómez en Parla ha acabado con su carrera política. El proyecto del tranvía que promovió el entonces alcalde de la localidad madrileña está bajo investigación judicial porque triplicó su coste. La Fiscalía sospecha que el equipo de gobierno de Gómez pudo cometer delitos de prevaricación y malversación al aprobar las modificaciones de la inversión. Hasta ahora el PSOE de Madrid ha alegado que la investigación parte de un error de la Cámara de Cuentas y se ha escudado en el aval que el Consorcio Regional de Transportes dio a las obras. El entorno de Gómez ha achacado las dudas que ha sembrado el tranvía de Parla a una campaña difamatoria del PP.

Mayo de 2005. Se adjudican las obras para la construcción del tranvía de Parla por 93 millones de euros más IVA. Ese coste aumentó hasta los 142 millones y, con los intereses, supondrá a las arcas públicas un total de 256 millones.

Diciembre de 2006. La Junta de Gobierno local de Parla aprueba una parte del incremento del presupuesto del tranvía de Parla. Tomás Gomez no asiste porque está "cantando villancicos".

El tranvía echa a andar. Gómez inaugura el tranvía justo antes de las elecciones municipales que gana por mayoría absoluta.

Abril de 2009. Ese mismo organismo aprueba otra parte del sobrecoste del proyecto. Esta vez quien dirige el gobierno es José María Fraile, sucesor de Gómez tras el ascenso de este a secretario general del PSOE de Madrid. El PP sostiene que esa ampliación del presupuesto se había concedido a la empresa antes de pasar por la reunión del gobierno local.

Primeras irregularidades detectadas. La Cámara de Cuentas realiza en 2012 un estudio sobre las cuentas del proyecto en el que detecta las primeras irregularidades.

Fiscalización estatal. El fiscal del Tribunal de Cuentas redacta un informe en el que señala "infracciones penales" en las cuentas del proyecto al haber un supuesto desvío de 39 millones de euros.

La Fiscalía ataca. El Ministerio Público presenta en 2013 una querella por prevaricación y malversación de fondos en el proyecto.

Investigación judicial. El juzgado de instrucción número 5 de Parla comienza la investigación en abril de 2014. Da los primeros pasos para identificar a los miembros de la Junta de Gobierno que dieron luz verde a la aprobación del sobrecoste y pide a la Policía que estudie el caso.

Gómez dice que hay errores en el informe de la Cámara de Cuentas. El PSOE de Madrid intenta salir al paso de la polémica de la investigación. Asegura que la querella de la Fiscalía parte de un informe erróneo de la Cámara de Cuentas.

La UDEF acorrala. El informe que realiza la UDEF, y que se conoce en enero de 2015, es demoledor y concluye que el sobrecoste es inadmisible. Además, la Policía pide una ampliación de las diligencias para que las autoridades tributarias aporten información sobre "las relaciones tanto del tipo laboral y/o tributario que hubieran existido entre los integrantes de las Juntas de Gobierno que aprobaron las modificaciones y las empresas de la unidad concesionaria del Tranvía de Parla, SA".

Esa petición responde a la relación que el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, que era el concejal de Urbanismo en el momento en el que se dio luz verde al tranvía en Parla, tiene con el gerente de la adjudicataria, ya que figura como apoderado en una de sus empresas.

Petición de amparo. El PSM justifica esa relación en el marco de la labor que desempeña Jurado como letrado y solicita amparo a la jueza al considerar que la UDEF ha emitido esa diligencia con la "intención de utilizar este requerimiento para hacer un relato político-periodístico y no para cumplir el requerimiento judicial".

Ferraz lo vive con preocupación. La dirección de Pedro Sánchez no esconde que las noticias sobre el tranvía de Parla son preocupantes y duda de que Gómez sea un buen candidato para la Comunidad de Madrid ya que está hundido en las encuestas. Diversos sectores del PSM dan por acabada la candidatura de Gómez si todo su equipo de Gobierno resulta imputado y comienzan los rumores sobre la preparación de un aspirante alternativo.

Campaña difamatoria. Ante todas las informaciones que le acorralan, Tomás Gómez asegura que las sospechas sobre el tranvía de Parla son una campaña orquestada por el PP, que también tiene una denuncia presentada por la vía de lo contencioso-administrativo. Además, anuncia acciones legales contra aquellos que le difamen.

Hacienda envió una carta en junio de 2010 a 659 contribuyentes que aparecían en la lista Falciani y en la que les invitaba a regularizar su situación tributaria en el plazo de diez días. "Según los datos que constan en poder de la AEAT, obtenidos a través del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, usted ha tenido la disponibilidad de fondos situados en Suiza en la/las cuentas del banco HSBC Private Bank Suisse durante el año 2005 y/o siguientes", decía la misiva, que publica Cinco Días. La Organización de Inspectores de Hacienda criticaron la iniciativa, que entendieron como un trato de favor.

Fue en mayo de 2010 cuando el Gobierno recibió la lista Falciani con los nombres de contribuyentes españoles con cuentas opaca en el banco HSBC en Suiza. Hervé Falciani, el empleado de la entidad que había sustraido la información, había enviado la documentación a las autoridades franceses que luego la hizo llegar a España.

Según publica Cinco Días, en un primer momento Hacienda rechazó abrir una inspección o comprobación tributaria y prefirió acudir a un proceso de gestión tributaria de control que implicó informar a los contribuyentes afectados e instarles a regularizar. Si hubiera optado por la inspección, los afectados podrían verse inmersos en un proceso penal por delito fiscal y enfrentarse a penas de cárcel. Sin embargo, el requerimiento que envió la Agencia Tributaria excluía cualquier pena de cárcel si los afectados seguían las instrucciones, regularizaban su situación y presentaban una declaración complementaria. Es el caso de Emilio Botín, expresidente del Banco Santander.

El Partido Popular estaba en la oposición y criticó que el proceso abierto por la Agencia Tributaria suponía una suerte de amnistía fiscal encubierta. El Gobierno justificó su decisión por la urgencia de evitar la prescripción del delito.

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha confirmado la decisión en Ferraz de suspender a la dirección del PSM ante las investigaciones que apuntan a posibles irregularidades en las obras del tranvía de Parla y tras la operación Púnica, que han "deteriorado" la imagen del partido. La decisión de Pedro Sánchez también se basa en la "inestabilidad" en la que se halla sumida la federación madrileña, que está completamente dividida. 

Luena ha confirmado que el ex secretario general del PSM Rafael Simancas será el presidente de la gestora que se encargará de dirigir a los socialistas madrileños hasta el próximo congreso regional en el que elijan a un nuevo líder tras la suspensión de Tomás Gómez. Además, ha anunciado que "en los próximos días" se reunirá la Comisión Federal de Listas para evaluar la "idoneidad o no" de Gómez como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La dirección socialista tiene claro que no quiere que encabece la lista del PSOE el próximo 24 de mayo.

Aunque el número dos del PSOE ha evitado pronunciarse sobre otros candidatos, el nombre del exministro Ángel Gabilondo suena con fuerza y tiene buena acogida en diversos sectores del PSM. No obstante, será la gestora, en comunicación con los socialistas madrileños, según ha explicado Luena, la que tome decisiones sobre el candidato y la elaboración de listas a la Asamblea de Madrid. "Será la gestora la que lleve el peso de la candidatura", ha matizado.

"Las resoluciones del partido se cumplen", ha sentenciado Luena ante la posibilidad de que Gómez se rebele ante la decisión que se ha tomado en Ferraz. Además, el número dos del PSOE ha dejado claro que "el que manda en el PSOE es Pedro Sánchez". 

César Luena ha agradecido el trabajo de la dirección de los socialistas madrileños durante este tiempo y ha confiado en la "honorabilidad" de Gómez, pero ha explicado que la decisión de suspender de sus funciones a la Ejecutiva madrileña responde a la "inestabilidad interna" que se vive en la federación y a las informaciones relativas al sobrecoste del tranvía de Parla y a la operación Púnica.

"La dirección del PSOE considera que estos hechos perjudican al partido y han provocado un deterioro grave de su imagen", ha expresado el dirigente riojano, que ha explicado que la decisión se ha tomado ahora y no hace unos meses, cuando saltó el escándalo de la Púnica y del tranvía, porque el paso del tiempo ha ido "agravando" la situación.

"Son razones de peso", ha dicho Luena, que ha defendido que la dirección debe tomar decisiones "difíciles pero necesarias". Entre los motivos también está la "inestabilidad orgánica" del PSM, que está completamente dividido. La dimisión de Juan Barranco como presidente del PSM puso de manifiesto la contrariedad que existe en la federación con el hasta ahora líder. 

El malestar en Ferraz con la dirección madrileña existe desde hace tiempo y se escenificó este fin de semana cuando solo un miembro de la Ejecutiva acudió a la conferencia municipal. La asistente fue Eva Matarín, la responsable de Inmigración, que es próxima a Gómez. 

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, será este año y no Cayo Lara, el que defienda la posición del grupo parlamentario en el debate del estado de la nación, la primera gran prueba política a la que se enfrenta tras ser elegido.

Alberto Garzón, el más joven de los diputados de IU, toma el relevo del líder de IU, Cayo Lara, en el debate de política general si bien no será la primera vez que confronte directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puesto que ya lo hizo en la primera sesión de control de este año.

Pero sí será su estreno en el Congreso como el candidato de la formación a las generales, una designación que será ratificada en el Consejo Político de IU del próximo 14 de febrero.

Ha sido él mismo quien se lo ha confirmado a los periodistas en la Cámara después de presentar una proposición no de ley para promover un gran acuerdo político sobre la deuda pública europea.

El debate del estado de la nación, que se celebrará los próximos 24 y 25 de febrero, será el vigésimo quinto de la democracia y el último que se celebrará en esta legislatura.

Aunque Lara sigue siendo presidente del grupo y José Luis Centella portavoz de IU, Garzón ha ido asumiendo gradualmente nuevos papeles en el Congreso. Siendo portavoz económico de Izquierda Plural, el pasado septiembre lideró la reclamación de un referéndum por la República y debatió sobre ello con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en octubre protagonizó el debate de los Presupuestos Generales del Estado que hasta entonces llevaba Cayo Lara.

Tomás Gómez se rebela contra la decisión de Pedro Sánchez de apartarle de la dirección del PSOE de Madrid (PSM) y amenaza con recurrirla ante los tribunales para defender su "honorabilidad". El hasta ahora líder de la federación madrileña ha acusado a Sánchez de "debilidad" en su liderazgo y ha asegurado que ese es el motivo que le ha llevado a "subirse al caballo del desgaste" que el PP ha fabricado en torno al escándalo del tranvía de Parla, según ha expresado. 

Parte de la dirección disuelta del PSM, entre ellos el candidato a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha mostrado su apoyo a Gómez tras el acuerdo de la dirección del PSOE de suspenderla de sus funciones y sustituirla por una gestora. No obstante, el aspirante a la alcaldía ha mantenido un rostro serio, no ha aplaudido en ningún momento, aunque le ha dado palmaditas en la espalda como gesto de apoyo. También estaba presente Eva Matarín, que forma parte de la Ejecutiva de Sánchez.

Gómez ha asegurado que defenderá su "honorabilidad" a través de recursos internos del partido y ha amenazado con emprender acciones legales para abortar la decisión de la comisión permanente de los socialistas. Ha tachado de "inmenso error" con "consecuencias desastrosas" la decisión de disolver la dirección del PSM. El entorno de Gómez asegura, además, que la gestora que presidirá Rafael Simancas es "ilegal".

"Esto está muy lejos de haberse acabado. Probablemente esto no ha hecho más que empezar", ha amenazado el líder de la federación madrileña en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la Ejecutiva federal no le había comunicado previamente su salida. Gómez ha insistido en que recurrirá incluso a los tribunales en su lucha contra la medida.

El diputado madrileño estima que Sánchez ha sucumbido a una campaña de "desgaste" que considera que inició el PP con motivo del sobrecoste del tranvía de Parla. Un juzgado investiga si el equipo que Gómez dirigía cometió delitos de malversación y prevaricación al ampliar al presupuesto inicial de esas obras, tal y como sospecha la Fiscalía. 

El número dos del PSOE, César Luena, ha argumentado que detrás de esta decisión no solo está esa investigación y el estallido de la Púnica, que han "deteriorado la imagen del partido", sino también la "inestabilidad orgánica" que atraviesa el PSM y que tuvo su máximo exponente con la dimisión del presidente, Juan Barranco.

"Nadie ha hecho tanto daño al PSOE como hoy el secretario general", ha expresado Gómez, que considera que Sánchez ha generado "una crisis política en el momento más inoportuno", por la proximidad de los comicios. "Pedro Sánchez solo tiene un objetivo: fortalecer su liderazgo interno. Y eso es incompatible con ser un buen secretario general", ha enfatizado.

Gómez ha explicado que no tiene clara la situación actual. Por el momento, y hasta que la Comisión Federal de Listas se pronuncie sobre su "idoneidad o no", sigue siendo el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. 

La secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, ha tachado la maniobra en Ferraz de "antidemocrática" y "autoritaria". "Entre la debilidad de unos y la ambición de otros no van a acabar con el proyecto construido por miles de ciudadanos", ha expresado en referencia a Sánchez y los críticos del PSM, respectivamente. Los sectores opuestos a Gómez han recibido positivamente la noticia.

Menéndez ha enfatizado que en la dirección del PSOE se debe "reconsiderar" la decisión adoptada este miércoles y ha insistido en que defenderán los "derechos de los militantes" en los tribunales si es preciso. "Los errores se rectifican", ha dicho. También ha lanzado un mensaje a aquellos que cuestionan la gestión del líder del PSM al haber "fabricado una historia": "Se conocerán también los cooperadores necesarios para la fabricación de esta historia", ha amenazado Menéndez. La batalla en el PSM, como ha dicho Gómez, "no ha hecho más que empezar".  

Quedan 100 días para las elecciones autonómicas y ninguno de los partidos con opciones de gobernar en la Comunidad de Madrid tiene candidato. Ni ningún otro, a excepción de UPyD, que eligió en primarias al diputado Ramón Marcos para encabezar su lista a la Asamblea de Madrid.

Hasta hoy, la situación en el PSOE era la misma, pero la intervención ordenada por la dirección federal del PSM deja a Tomás Gómez prácticamente sin ninguna opción de ser el candidato socialista, pese a que en una rueda de prensa ha asegurado que dará la batalla para mantenerse como líder de la federación madrileña. El nombre que se maneja en la sede del PSOE para sustituir a Gómez es el del exministro de Educación y exrector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo.

Tampoco ha anunciado el PP quién optará a revalidar la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que detentan desde 2003. El actual jefe del Ejecutivo regional, Ignacio González, tiene casi todas las papeletas para encabezar la lista el próximo 24 de mayo, pero Mariano Rajoy todavía no ha dado el visto bueno a su candidatura.

En Izquierda Unidad de Madrid la situación es casi ingobernable desde que la semana pasada la candidata, Tania Sánchez, abandonara la militancia de la coalición para poner en acción un nuevo partido. La organización ha puesto en marcha un proceso urgente para sustituir a Sánchez: las asambleas propondrán nombres a la coordinación colegiada, quien designará al candidato o candidata. Posteriormente, entre el 27 y el 28 de febrero, el Consejo Político Regional de IUCM lo ratificará.

Otra candidatura pendiente es la de la propia Tania Sánchez. La exdiputada regional ha iniciado una rueda de contactos con colectivos para armar una lista de unidad popular que dará este viernes su pistoletazo de salida con una asamblea en la que se comenzarán a tomar decisiones. Sánchez, de momento, no es candidata a nada y, según sus palabras, no lo será hasta que sea la ciudadanía quien lo determine en un proceso abierto.

La gran sorpresa de las últimas elecciones, Podemos, tampoco tiene por ahora candidato. El partido, que logró encaramarse a la tercera posición en Madrid en las europeas, está inmerso en un proceso interno para elegir a sus dirigentes regionales. Cuando termine, el próximo fin de semana, se iniciará el procedimiento para elegir las listas de cara a las autonómicas de mayo, aunque no será inmediato, ya que de momento no hay fechas.

La situación se repite, con matices, en el ámbito municipal. UPyD tiene candidato pero el PSOE también, dado que nadie ha puesto en duda a Antonio Miguel Carmona. Sin embargo, hoy ha mostrado su total respaldo a Tomás Gómez, lo que puede suponer problemas.

El resto de las formaciones, como en el caso autonómico, están empantanadas. El PP debate si confiar sus opciones de mantener la Alcaldía a Esperanza Aguirre, IUCM pugna con su candidato, Mauricio Valiente, para que no se presente en la candidatura unitaria auspiciada por Ganemos y Podemos, que este fin de semana debería ser ratificado en el plenario de la iniciativa municipalista.

El PSOE daba por descontada la guerra abierta tras la decisión de disolver la federación socialista madrileña y cesar a Tomás Gómez como secretario general. Nadie en el equipo de Sánchez quiere comentar las declaraciones de Tomás Gómez llamando a la revuelta frente a la decisión de su partido. Según fuentes de Ferraz, "no se va a entrar en una guerra de declaraciones. La decisión está tomada y se va a cumplir", aclaran.

La decisión no afecta a Antonio Miguel Carmona, candidato a la alcaldía y que este miércoles compareció junto a Gómez en la llamada a la rebelión.

El equipo de Pedro Sánchez da por seguro que, ante la decisión, no cabe recurso legal posible y que las declaraciones de Tomás Gómez se quedarán en una protesta sin puerto de destino. Fuentes de la dirección afirman que la comisión gestora con Rafael Simancas al frente quedará constituida en cuestión de horas.

A pesar de ello hay preocupación por la crudeza con que se presenta la guerra abierta entre los de Ferraz y los de Callao. Para acallar la disidencia, el número dos del PSOE está en permanente contacto con los secretarios generales del resto de las federaciones con la intención de que la discrepancia no se extienda más allá de Madrid.

Prudencia en el PSOE-A a la hora de valorar la destitución del secretario general del PSM, Tomás Gómez, por parte del líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Por el momento, ni la presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andauces, Susana Díaz, ni su secretario de Organización, Juan Cornejo, han querido tomar partido argumentando que no disponían de información suficiente.

Ante preguntas de la prensa en sus respectivas convocatorias, los dos máximos dirigentes del PSOE-A han evitado pronunciarse. En Puente Genil (Córdoba), Díaz ha indicado que no dispone de información y que, en consecuencia, no podía opinar de algo que a día de hoy no conoce. "No me parecería correcto hacerlo", según ha apuntado.

Juan Cornejo, por su parte, ha indicado en Sevilla que "no hablo de lo que no conozco", manifestando que no tenía conocimiento de los hechos y que, en ese sentido, prefería no hacer una valoración. Respecto a si ve un "golpe de autoridad" de Pedro Sánchez, ha insistido en que no tiene conocimiento de los hechos. Acerca de si este asunto puede influir en la campaña de las elecciones andaluzas, Cornejo ha indicado que en el PSOE-A están "centrados en Andalucía" y que la presidenta Díaz tiene un compromiso con los andaluces, de manera que van a hacer la mejor campaña, en contacto con los ciudadanos y siendo capaces de transmitirles esperanza e ilusión para los próximos tiempos.

Sorpresa, desconcierto pero, fundamentalmente, estupor entre muchos diputados del Grupo Socialista ante la inesperada  decisión de Pedro Sánchez de expulsar fulminantemente a Tomás Gómez del liderazgo del PSM y de su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Esto es como tirar una bomba de relojería a dos meses escasos de las elecciones”, reconocían en un corrillo con eldiario.es tres veteranos exdirigentes del partido.

Uno de los sorprendidos es Eduardo Madina. Sin embargo, el diputado vasco y exrival en las primarias de Sánchez no quiso hacer declaraciones a los periodistas. Sobre todo después de las críticas que había vertido el día anterior –durante la reunión que celebró a puerta cerrada el Grupo Socialista en el Congreso– contra el pacto de Estado antiterrorista que Sánchez ha firmado con Rajoy. Unas críticas que han causado un fuerte malestar en la dirección federal.

Aunque no quiso hacer declaraciones a los periodistas, Madina, en conversación informal con eldiario.es, dejaba entrever que no le han gustado nada las formas de actuar de Sánchez.

Solo unos pocos dirigentes de la actual dirección sabían ayer por la tarde el paso que iba a dar el secretario general del PSOE en contra del ya exbarón madrileño. El líder socialista llamó a varios miembros de su Ejecutiva para comentarles la decisión que había tomado al constatar la resistencia de Gómez a dejar sus cargos. Algunos de estos dirigentes a los que llamó le expresaron su preocupación por las consecuencias electorales que va a causarles descabezar ahora el PSM y quedarse sin candidato. "Pedro estaba tranquilo y seguro de lo que estaba haciendo", afirma uno de estos miembros de la dirección federal.

La versión que se había filtrado es que ayer por la tarde el propio Sánchez había tranquilizado a Gómez sobre su futuro inmediato. De ahí la gran sorpresa al saber horas después que había decidido apartarle de la carrera política tan bruscamente. "Algún dato importante debió de llegarle a Pedro para tomar la decisión que tomó", reflexionaba una de esas personas consultadas.

Otros, sin embargo, creen que Sánchez tenía la hoja de ruta bien clara y diseñada desde hace tiempo. El nombre de Ángel Gabilondo como candidato a la Comunidad madrileña parece ganar peso. Hasta el punto de que casualmente será el protagonista de un desayuno informativo que algunos ven que ha sido preparado por Ferraz para su lanzamiento.

También hay diputados que no ocultan que sienten "alivio" por el hecho de haber atajado a tiempo el "problema de Madrid" ante la delicada situación en la que se encontraba el líder del PSM por su pasado en el Ayuntamiento de Parla y las irregularidades que se investigan en torno a las adjudicaciones del tranvía de este municipio, su proyecto estrella.

Lo que más temían en Ferraz era que Gómez fuera imputado en fechas más pegadas a las elecciones, sin tener tiempo ya para reaccionar. "Ahora se abre una nueva etapa. Vamos a ver si sabemos recomponernos", opinaba una diputada de la nueva hornada. Sea Gabilondo u otro el posible sustituto de Gómez, los diputados creen que no se convocarán primarias para designar al nuevo cabeza de cartel madrileño.

En los pasillos del Congreso algunos recordaban "el gran apoyo" que Tomás Gómez dio a Pedro Sánchez en el Congreso federal mientras lamentaban que la sensación que queda ahora es "que Tomás es un corrupto". "¿Dónde colocamos ahora el listón?", se preguntaba un exdirigente territorial que en su día tuvo mucho mando en plaza en Ferraz.

Precisamente, el hecho de que la fulminante destitución de Gómez se haya escenificado como un golpe de autoridad del secretario general, sin convocar previamente a ningún órgano del partido, es lo que no ha gustado a destacados dirigentes de la llamada vieja guardia. "¿Tú habrías disuelto por tu cuenta a toda la organización territorial si hay un caso que afecta a un Ayuntamiento de una de tus provincias?", le preguntaba un exbarón a otro poco después de enterarse de lo ocurrido.

Una de las cosas que ha causado también estupor en un sector de la bancada del PSOE es la posibilidad de que ahora se haga con las riendas del PSM nuevamente Rafael Simancas –enfrentado a Gómez–. La sensación que cunde es que esto es el inicio de una nueva guerra dentro del PSM y también contra la dirección federal, cuyas consecuencias nadie en estos momentos puede predecir. "¿En qué lugar queda ahora Carmona?". La pregunta quedaba en el aire.

En el PP, mientras tanto, la noticia era recibida con particular alegría. "IU rota y sin candidato. El PSM abierto en canal y sin candidato. Podemos poner al Pato Donald, que ganamos", ironizaba un diputado popular.

El Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha imputado a 16 agentes de la Guardia Civil, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento, en servicio el pasado 6 de febrero que utilizaron material antidisturbios para repeler el intento de entrada a Ceuta en el que murieron 15 personas. La magistrada ceutí está investigando la posible relación causa y efecto entre el uso de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua y el posterior fallecimiento de los inmigrantes. La acusación particular había solicitado la imputación por homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos, pero la jueza no determina el supuesto delito de los agentes.

La providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, enumera cada uno de los guardias civiles imputados que tendrán que prestar declaración ante el juzgado de Ceuta los días 3, 6, 10 y 11 de marzo. Hasta el momento, los agentes en servicio el 6 de febrero solo han comparecido ante la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, grupo dependiente de la propia Guardia Civil que está siendo investigada. Su informe ha servido a la jueza para determinar las imputaciones que ha comunicado a las partes este miércoles.

Entre los imputados la magistrada ha llamado a declarar a tres mandos de la Guardia Civil que estuvieron en servicio el 6 de febrero: un capitán –Jefe de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta–, un teniente –jefe del grupo especializados en antidisturbios (GRS)– y un sargento. Estos son los tres agentes que, según se desprendía del informe elaborado por el Instituto Armado, habían emitido órdenes para el empleo de material antidisturbios hacia el agua, donde nadaban los inmigrantes. Sin embargo, el documento entregado al Juzgado concluía que "no hubo una solicitud de autorización como tal" para el uso de botes de humo y pelotas de goma en su intento de repeler la entrada de los inmigrantes.

Los mandos imputados que dieron órdenes

El capitán imputado reconoció en el informe de la Guardia Civil judicializado que dio "indicaciones" a sus agentes, quien llegó a emplear un arma para mostrar a sus agentes cómo lanzar pelotas de goma. "Cuando llega a la zona de Alfa 1, observa que en el espigón se encuentran desplegados varios agentes y escucha detonaciones que proceden del referido espigón", relata la transcripción de su declaración. El jefe de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta cita en varias ocasiones que ya había escuchado disparos con antelación, dejando constancia de que lo hacían antes de efectuar su demostración práctica.

El teniente, jefe del grupo especializado en antidisturbios de la Guardia Civil (GRS), también imputado, reconoció sus labores de organización en las actuaciones de los agentes desplegados en el Tarajal el 6 de febrero. Según afirmó, una vez recibido el aviso de la localización de "un grupo numeroso de inmigrantes" en los montes de Marruecos cercanos a Ceuta, "ordena a los distintos miembros de su Unidad –GRS– el reagrupamiento de la misma en la explanada en la que se encuentra. El personal saca el material (antidisturbios) de los vehículos y los pone a disposición de poder utilizarlo", dice su declaración.

Por su parte, el sargento imputado declaró que "una vez in situ, y bajo las órdenes del teniente, transmitió la directriz de tener la certeza absoluta de que los medios impactaran a distancia segura para evitar que dañasen a una persona". Según se desprende de su comparecencia, actuó como enlace de las órdenes del teniente del equipo, quien sí reconoce haber emitido "instrucciones al personal desplegado en la playa y al sargento jefe táctico del MIR –el sargento– sobre "el empleo del lanzamiento de medios".

En la lista de imputados emitida por la titular del Juzgado número 6 de Ceuta no aparece el que fuera máximo responsable de la Guardia Civil de Ceuta. Según declaró en la investigación interna del Instituto Armado, aunque fue avisado en dos ocasiones del intento de entrada que estaba teniendo lugar en la frontera del Tarajal, no apareció por el lugar de los hechos hasta las 8:15 horas, asegura.

Como queda reflejado en el especial "Las muertes de Ceuta" de eldiario.es, las imágenes oficiales muestran de forma clara los lanzamientos de botes de humo y pelotas de goma hacia los inmigrantes mientras nadaban "apelotonados" en aguas marroquíes, en la zona donde habrían muerto las 15 personas, según la versión oficial. Alrededor de las 07:39 un mismo agente dispara hasta en cinco ocasiones en este lugar, algo que aún no ha reconocido el Ministerio del Interior. Los agentes también dispararon material antidisturbios hacia aguas españolas, muy cerca de donde se encontraban los inmigrantes que trataban de llegar a la orilla. 

La decisión de la magistrada María del Carmen Serván llega después de que la Audiencia Nacional declinase su petición del traspaso de la causa al Tribunal central al no descartar que las muertes se hubiesen producido en aguas españolas. La jueza de Ceuta justificaba su "falta de competencia" con la hipótesis de que todo ocurrió en aguas marroquíes, aunque fuese provocado por los agentes españoles, una afirmación que rechazó el titular del juzgado central número 4. 

Expulsados. El Parlamento de Galicia vivió este martes momentos de gran tensión con la expulsión de un grupo de pacientes de Hepatitis C que, junto a varios familiares, seguían el debate de una iniciativa en la que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) instaba a la Xunta a "garantizar" el acceso a nuevas terapias, como el Sovaldi. La iniciativa fue apoyada por toda la oposición pero vetada por el PP, provocando una visible indignación entre las personas afectadas.

Como había anunciado su portavoz en el debate, Aurelio Núñez, los conservadores votaron contra la iniciativa y, en ese momento, la indignación de los enfermos estalló. "¡Asesinos!", clamaron desde la tribuna del público mientras, en el hemiciclo, Xosé Manuel Beiras consideraba a los populares "cómplices de homicidio". Finalmente, los servicios de la Cámara desalojaron a los representantes de la plataforma que agrupa a los enfermos. "Solo nos queda derecho a morir", lamentaron.

Militantes del Partido Socialista de Madrid (PSM) han convocado vía Twitter una manifestación frente a la sede federal del PSOE para protestar por la disolución de los órganos de la federación decidida por la dirección federal.

La convocatoria ha sido lanzada por una militante del PSM en la red social y retuiteada por la cuenta oficial del partido en Madrid. “Porque no consentimos este atropello esta tarde a las 19:00”, asegura el mensaje.

Porque no consentimos este atropello esta tarde a las 19:00 #kedadaferraz#yocontomas

— Martu Garrote (@martuniki) febrero 11, 2015

El PSOE ha anunciado hoy la disolución de los órganos de su federación madrileña. El número dos de los socialistas, César Luena, ha anunciado hoy la decisión después de que el secretario general, Pedro Sánchez, convocara al líder regional, Tomás Gómez, a una reunión a la que este no ha asistido.

Pedro Sánchez aparta a Gómez y crea una gestora para gobernar el PSM que estará liderada por Rafael Simancas, aunque Sánchez ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender su posición.