IU ha insistido este martes en reforzar su discurso de que no existe en el Gobierno de Andalucía la inestabilidad a la que se refiere la presidenta, Susana Díaz, para despejarse el camino hacia un adelanto electoral. Si el lunes incidía en ello el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, este martes lo hacía el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, también de IU, quien precisamente ha protagonizado uno de los capítulos de tensión entre los dos socios con su anuncio de un viaje a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), expresamente vetado por la presidenta para miembros de su gobierno por "razones de seguridad " en las relaciones internacionales.

Pese a que esta visita es una anécdota en el trasfondo de la crisis, sí ha sido significativa la respuesta que el vicepresidente ha dado porque incide en la intención de IU seguir en el gobierno y, en todo caso, de no cargar con la responsabilidad de un posible adelanto electoral sostenido por episodios como este viaje o el referéndum que la asamblea de la coalición de izquierdas acordó convocar si en junio no se había cumplido un paquete legislativo que considera fundamental. De momento, la cuestión es que sigue en ese periodo de reflexión que dijo haber iniciado hace ya una semana sobre si cumplirá o no este compromiso y en qué condiciones. "Es un viaje que lógicamente está por construir y es una cuestión que decidiré con la presidenta cuando corresponda", ha zanjado.

De igual modo, Diego Valderas, que ha hecho una exhibición de templanza para disimular lo cargados que están los ánimos, cree que la crisis entre el PSOE-A e IU es "reversible", y ha remarcado que la presidenta ha hablado de que en estos momentos no hay estabilidad, pero "no ha ido más allá". En este sentido, ha comenzado su intervención destacando que "es obvio" que el Gobierno de Andalucía "inicia el curso político aprobando dos leyes sentidas por el conjunto de la ciudadanía ", en referencia a la de Memoria  Democrática y la de Consumidores de Productos Hipotecarios, ratificadas este martes por el Consejo de Gobierno. "Dos leyes muy útiles que prueban el buen hacer en un marco hoy de estabilidad [y lo ha repetido] y de cumplimiento de los compromisos ", ha enfatizado.

"Queda mucho tajo por delante y eso representa un marco de máximas posibilidades de estabilidad (…). Me siento en un gobierno respaldado por dos fuerzas serias (…). La presidenta decidirá cuando tenga que hacerlo que no existen razones objetivas para un adelanto electoral", ha subrayado, convencido de que lo que les ocupa en estos momentos es el cumplimiento de compromisos legislativos y la batalla contra el paro.

"Había un gobierno hablando a una sola voz", ha dicho por su parte el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, para suscribir las palabras de la presidenta de que esa situación no se está dando. En la misma línea, ha dicho que las decisiones de Susana Díaz "siempre van a estar precedidas por el interés general de Andalucía. Que haya en el futuro estabilidad o no dependerá de la garantía de las dos fuerzas que firmaron el pacto". Ha abogado por ello porque los partidos se "empeñen en poner en valor este patrimonio".  En eso ha coincidido con Diego Valderas, quien ha puntualizado: "La fortaleza del gobierno compete a dos formaciones".

La presidenta ha estado en los inicios del Consejo de Gobierno, pero como se ha dilatado la deliberación y tenía que ir a la inauguración de un centro escolar en Gibraleón (Huelva), se ha marchado sin que hubiera concluido la reunión, lo que el portavoz ha situado dentro de la normalidad, igual que ha negado reiteradamente que en el seno de la misma se haya hablado de la crisis o del adelanto electoral.

Minutos antes de que fuera conocida esta mañana la decisión de la Audiencia Nacional de dictar la libertad bajo fianza de Luis Bárcenas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado en Antena 3 que "lo razonable" es que sea el juez Pablo Ruz quien finalice la instrucción del caso Gürtel, incluida la pieza separada que indaga en la presunta financiación irregular del Partido Popular.

"El juez Ruz ha hecho una instrucción complejísima y prolongada en el tiempo por los asuntos que han ido apareciendo y, por lo tanto, lo razonable es que el juez Ruz finalice esa instrucción. En ese sentido, tanto la Fiscalía como el Gobierno, ya que el juez pide informes tanto a la Agencia Tributaria como a la Administración General del Estado, nuestra intención es ayudar al máximo para que pueda finalizar, con toda la información que necesita, la instrucción que está llevando a cabo", ha asegurado el titular de Justicia.

Estas declaraciones se producen después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría de vocales propuestos por el PP, decidiera hace un mes incluir la plaza que ocupa Ruz de forma provisional en la Audiencia Nacional en un gran concurso que pretende acabar con la interinidad en la carrera judicial. Esta decisión fue adoptada a pesar de que, según la propuesta alternativa del vocal Álvaro Cuesta, la ley permite prorrogar a Ruz en su puesto tanto tiempo como necesite la instrucción.

Con la decisión del CGPJ, Ruz solo podría continuar como juez de refuerzo y siempre que lo autorice el magistrado que gane la plaza en concurso. Con toda esta polémica, Pablo Ruz ha decidido no continuar más allá de marzo, según fuentes próximas al magistrado.

Hace apenas una semana trascendió que José de la Mata es el juez con más posibilidades de ocupar el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de cuantos aspiran a la plaza que hoy ocupa Ruz. De la Mata reúne los requisitos de la convocatoria y es el más antiguo en el escalafón de los aspirantes. El magistrado, ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ocupó un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La entrevista de Catalá, que se produce dentro de la nueva estrategia del Ejecutivo de exponer a los ministros a los medios de comunicación con mayor frecuencia de lo que se había hecho hasta ahora, dejó otro titular sorprendente. En contra de lo que ha acreditado en sus autos el juez Ruz, Catalá ha dicho que el juez no encontró en su registro de la sede central del PP ningún documento que antes no le hubiera entregado el Partido Popular.

"Hasta donde yo sé, los abogados del PP habían entregado al juez Ruz toda la documentación que fue a buscar y que comprobó que ya tenía entregada en la sede de su juzgado", ha asegurado Catalá. En abril del pasado año, el juez Ruz recibió el informe de la policía con las conclusiones del análisis de la documentación incautada en Génova. Con ese informe en su poder, el 7 de abril dictó un auto en el que aseguraba que después del registro se podía afirmar, "aún con mayor fundamento", que hay indicios de la existencia de una "corriente de pagos y cobros continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas".

Y añadía que, "entre otros extremos pendientes de indagación, [esa caja B] habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto Gonzalo Urquijo, responsable de la empresa Unifica, encargada entre los años 2005 y 2011 de la ejecución de diversas obras de reforma y remodelación de la sede principal de la referida formación política".

Esos pagos al arquitecto de Génova, continuaba el instructor, "no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o 'B' de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro Lapuerta Quintero". Esas cantidades, en total 880.000 euros, salieron con cargo al "remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido". Como consecuencia de esas nuevas averiguaciones, el juez Ruz citó de urgencia como imputados a tres colaboradores del arquitecto Gonzalo Urquijo y a otras cuatro personas en calidad de testigos.

Es más, cuando el PP pidió al juez en octubre del pasado año que dejara de utilizar el término "incautados" para referirse a los documentos requisados en Génova, Ruz se negó y recordó al Partido Popular su negativa a colaborar con la investigación. El juez aludía a que la documentación no fue entregada voluntariamente y, por tanto, mantenía "íntegramente su contenido en los términos en aquel establecidos".

Un grupo de piratas informáticos que dice ser parte de Anonymous ha hackeado la web de la Hermandad del Valle de los Caídos en protesta por la resolución de la Audiencia Nacional de decretar la libertad bajo fianza de 200.000 euros para Luis Bárcenas.

El ataque ha consistido en un deface, es decir, en modificar la página para mostrar un mensaje o imagen distinto del original. En este caso, la imagen recrea La creación de Adán, uno de los frescos que decora la Capilla Sixtina del Vaticano y que rememora la historia de la creación del hombre según la Biblia.

En la imagen retocada, Adán es Mariano Rajoy y Dios es Luis Bárcenas, quien da la vida a Adán entregándole un sobre.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este martes el recurso de alzada presentado por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en los casos 'Gürtel' y "Papeles de Bárcenas' contra el acuerdo por el que quedó convocado el concurso para cubrir la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.

En su recurso, el abogado Javier Ledesma, en nombre de la asociación, afirmaba que la permanencia de Ruz es legal pese a encontrarse en comisión de servicio y que un cambio retrasaría las causas.

El recurso desestimado por la Permanente se basaba en que el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, antes de ser derogado por la Ley Orgánica 4/2013, establecía que la provisión de tales plazas se acuerda  para el tiempo que los titulares permaneciesen en la situación de servicios especiales.

De forma paralela al rechazo de este recurso, los servicios técnicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han comenzado a estudiar la candidatura del exdirector general del Gobierno socialista José de la Mata y las de otros 17 aspirantes que se postulan a sustituir al magistrado Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, según informaron a Europa Press fuentes del Consejo.

El órgano de gobierno de los jueces acabó el pasado viernes de recibir las solicitudes para ocupar las últimas plazas sacadas a concurso, entre las que se encuentran la del juzgado de la Audiencia Nacional donde pesa como requisito a tener en cuenta la antigüedad de cada candidato.

De la Mata, actualmente en la Audiencia Provincial de Madrid y antiguo director general con el ministro socialista Francisco Caamaño con quien trabajó en la modernización tecnológica y el proyecto de 'papel cero' en la Audiencia Nacional, cuenta con mayor antigüedad en el escalafón de todos los solicitantes.

Propuesta para la Comisión Permanente

Estos días están trabajando en una propuesta que entregarán a la Comisión Permanente, al tiempo que los servicios de inspección estudian el estado de los juzgados de los peticionarios para valorar si es necesario diferir el cese de incorporación de alguno de ellos a sus nuevos puestos.

Después, la citada comisión  CGPJ resolverá "lo antes posible" según las mismas fuentes sobre la propuesta de los servicios técnicos y publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su selección, tras valorar cuestiones como el escalafón, especialidad, antigüedad, conocimiento de lenguas o del derecho civil propio según las necesidades de la plaza. Para la de Ruz, será necesario contar con una antigüedad de doce años, ocho de los últimos de ejercicio en el orden penal.

Tras la decisión del Consejo del Poder Judicial, los magistrados que trabajan en la misma ciudad de su nuevo destino judicial tendrán ocho días para incorporarse, y si desempeñan su labor en otra distinta, tendrán 20 días. Ruz podrá pedir continuar de refuerzo para acabar con sus investigaciones.

¿Da usted por hecho un adelanto electoral en Andalucía?

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no vive su mejor momento: el organismo encargado de abonar prestaciones e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas han quebrado o se han declarado insolventes atraviesa una crisis de gestión que dura años.

Con sus cuentas de 2013 rechazadas por la Intervención General del Estado y un informe del Tribunal de Cuentas que pone en duda incluso la legalidad y la idoneidad de alguna de sus decisiones, el organismo ha permanecido descabezado durante semanas. El anterior secretario general, Juan Carlos Arce (su máximo responsable), abandonó su puesto en noviembre, y hasta finales de diciembre la nueva encargada del organismo, Gloria Redondo Rincón, no tomó posesión de su cargo.

Hace un año, Arce fue imputado por un delito de prevaricación: el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia admitió a trámite una querella criminal que le acusaba como responsable último del Fogasa por una resolución errónea que emitió el organismo en 2013 en la que denegaba la indemnización a diez trabajadores de una pequeña empresa. El Ministerio de Empleo reconoció que se trataba de una resolución errónea y corrigió el error. Preguntado sobre este asunto, el departamento de Fátima Báñez dice desconocer los motivos de la marcha de Arce y no precisan la fecha exacta de la incorporación de su sustituta. Según el Ministerio, se trata de un "relevo normal". 

No obstante, Arce no ha quedado fuera del organigrama del Ministerio de Empleo. Según una resolución publicada en el BOE el 15 de diciembre, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social le nombró subdirector general. Se trataba de un puesto de libre designación que la secretaría convocó el 3 de noviembre.

La nueva secretaria general del organismo procede del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social. Su puesto es de libre designación, pero el concurso tiene que ser publicado en el BOE, algo que hasta el momento no se ha producido.

Plantilla insuficiente

Los sindicatos con representación en el Fogasa aseguran que hace al menos seis meses que no mantienen ninguna reunión con la dirección del organismo o la secretaria de Estado de Empleo. Sí hubo un encuentro con el Consejo Rector del Fogasa a final de año para comunicar la concesión por parte de Hacienda de un crédito de 940 millones de euros que permitiera sacar a flote una bolsa de expedientes acumulados que ya estaban resueltos pero que el organismo no pagaba por falta de fondos.

Ese es uno de los reproches que el Tribunal de Cuentas ha hecho al Fogasa en su informe sobre 2013: la falta de un presupuesto suficiente desde comienzos de año, aun a sabiendas de que el fijado en los Presupuestos Generales era claramente insuficiente para atender la demanda. Eso hacía que Hacienda tuviera que aprobar con posterioridad créditos extraordinarios que permitieran pagar los expedientes.

Otra de las críticas del Tribunal era la falta de personal. En noviembre, la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados debatió una iniciativa pactada entre BNG, PSOE y UPyD en la que se instaba al Gobierno a aumentar la plantilla del Fogasa para que atendiera adecuadamente los expedientes. El PP rechazó la iniciativa porque aseguró que la externalización de la bolsa de retrasos a Tragsatec ya estaba solucionando el problema, algo que contradice el informe del Tribunal de Cuentas.

El grupo popular defendió también que Empleo estaba tomando medidas adicionales, como la incorporación de nuevos trabajadores interinos. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que apenas se han producido la mitad de las cerca de cien incorporaciones que Empleo prometió.

Cinco veces había ratificado la Sala de lo Penal la decisión de Pablo Ruz de negar la libertad a Luis Bárcenas desde que decretara su ingreso en prisión provisional y sin fianza el 27 de junio de 2013. En cada uno de los recursos del abogado Javier Gómez de Liaño a la Sección Cuarta, los jueces de esta respaldaban los motivos del instructor para negar la libertad al extesorero del Partido Popular. Hasta ayer, cuando resolvieron a favor del imputado y mostraron su discrepancia con Ruz.

Distintas fuentes de la Audiencia Nacional limitan el desencuentro a una diferencia de criterio en la que los consultados tampoco se ponen por completo de acuerdo. En cualquier caso, enmarcan la decisión de los tres jueces de la Sección Cuarta en el normal funcionamiento de esa segunda instancia. Cabe señalar que, al tiempo que rebate la decisión de Ruz, la Sala también rechaza, como hiciera el juez, varios de motivos que exponía la defensa de Bárcenas para solicitar su libertad.

Estas son las razones expuestas por Ruz para denegar la libertad a Bárcenas el pasado diciembre y las que alegó la Sala de lo Penal para conceder la excarcelación del imputado previo pago de una fianza de 200.000 euros:

El riesgo de fuga

Para Ruz. El juez escribió el pasado 3 de diciembre que debido a la elevada condena a la que se puede enfrentar Bárcenas –concretada más tarde por Fiscalía en 42 años y medio solo en la pieza ‘Primera Época’- y la también alta multa a la que se debería hacer frente en caso de condena –la fianza por responsabilidad civil es de 43,2 millones de euros-, no cabe descartar que el imputado valore la posibilidad de fugarse.

Pero es que además, según se acerca la celebración del juicio, “tal presunción adquiere mayor relevancia”, decía Ruz. El juez ya había dictado auto de procesamiento cuando denegó la libertad de Bárcenas, lo que significa que la celebración de la vista oral se podía divisar. Los cálculos más optimistas hablan incluso del próximo otoño, aunque la posible excarcelación de Bárcenas podría retrasarlo algún tiempo. Los juicios con preso provisional tienen preferencia a la hora de señalar las vistas. Si Bárcenas sale, esa premura desaparece.

En el riesgo de fuga incide el hecho de que Bárcenas “pudiere seguir manteniendo un importante patrimonio indiciariamente ligado a su actividad presuntamente delictiva”, señalaba el juez. Suiza o Bermudas, añadía, aún no han contestado a comisiones rogatorias enviadas desde la Audiencia Nacional en este sentido. No es lo mismo fugarse con una mano delante y otra detrás que con un botín a buen recaudo.

Para la Sala. Cree que, si bien Bárcenas se enfrenta a una larga condena, “tampoco podemos desdeñar el largo tiempo transcurrido desde que el imputado fue privado de libertad de modo provisional, próximo a los dos años, lo que debemos armonizar con el pleno arraigo de apelante en España y su carencia de antecedentes penales, lo que disminuye el riesgo de fuga”. Esos argumentos del arraigo y la ausencia de antecedentes no valieron antes a la Sala por sí solos pero, unidos a los 19 meses transcurridos en la cárcel, hacen que cambie su proceder sobre Bárcenas.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que los acusados de delitos económicos rara vez llegan a juicio en prisión provisional. El plazo máximo para cualquier imputado es de 2 años en esta situación, prorrogables excepcionalmente otros dos. La Administración de Justicia se enfrenta, si opta por esta opción, a no recabar fianza alguna del imputado, que quedará inmediatamente en libertad si se alcanzan los cuatro años y no se ha celebrado el juicio. En la actualidad hay una excepción: Gerardo Díaz Ferrán. El juez Eloy Velasco prorrogó el pasado noviembre su prisión provisional otros dos años, de acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Las medidas cautelares

Para el juez. La prisión provisional y sin fianza es la medida más severa de cuantas puede imponer un juez a un imputado. Esa fue la decisión de Ruz en junio de 2013 y ante los seis recursos presentados por Gómez de Liaño. En el pasado, el juez alegó riesgo de destrucción de pruebas, pero la ley marca que ese argumento caduca a los seis meses, por lo que no ha sido utilizado en los últimos autos del juez al respecto. Algunas fuentes, de acuerdo a la última decisión de Ruz, se decantan por haber agotado el plazo de dos años de prisión provisional y entonces, de no haberse celebrado el juicio aún, dejar a Bárcenas en libertad bajo fianza.

Para la Sala. Los jueces de la Sección Cuarta consideran que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en prisión y siendo descartable el riesgo de fuga, cabe sustituir medida tan excepcional como la prisión por tres comparecencias semanales en el juzgado y el mantenimiento de la retirada del pasaporte, con prohibición de salir de España. Bárcenas también deberá fijar una residencia.

Para el establecimiento de los 200.000 euros de fianza, la Sala recurre al artículo 531 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este, la fianza se determina valorando la naturaleza del delito, el estado social y sin antecedentes del imputado y “las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de este para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial”.

Esos criterios tan amplios permiten que las fianzas fluctúen enormemente. Frente a los que consideran poco elevada la impuesta a Bárcenas, otras fuentes jurídicas apuntan a su conveniencia. En este sentido, señalan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional fija que la fianza debe tener un objetivo realista de ser satisfecha. Cuando se imponen desorbitadas, añaden, es porque los imputados tienen posibilidad de pagarlas, en ocasiones porque sus bienes no han sido embargados. Pero Bárcenas tiene todas sus propiedades y cuentas embargadas y deberá recurrir a su entorno.

Otras fuentes apuestan por haber hecho con Bárcenas lo que se adoptó con otros imputados: imponer una fianza muy alta e ir reduciéndola con el tiempo. Pasó con el presunto jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, o con el también imputado Pablo Crespo. Finalmente, ambos salieron de la cárcel al pagar fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.

El Partido Popular manejó cerca de un millón y medio de euros en efectivo entre los años 2003 y 2007 procedente de donaciones y que fue llevando a su banco en constantes visitas en las que el dinero se entregaba en metálico. Así queda acreditado en la documentación aportada al caso Gürtel y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Según los resguardos bancarios archivados por el partido de Rajoy, las visitas a las sucursales bancarias eran constantes. Los responsables de las cuentas del partido llegaron a hacer hasta cinco ingresos en un mismo día. Según se desprende de la documentación que maneja el juez Pablo Ruz, el PP no aclaraba en sus operaciones bancarias la procedencia del dinero que siempre se entregaba en metálico, sin que el banco opusiera resistencia o saltara alarma alguna.

Para sus movimientos de dinero en metálico, el PP visitaba principalmente una oficina de Banesto ubicada en la calle Génova, aunque también realizaba ingresos de donaciones en otras entidades como el Banco de Vitoria. 

En un presumible intento de ocultación, los de Rajoy troceaban las partidas en varias operaciones, evitando así una coincidencia entre los apuntes de Bárcenas y cada uno de los movimientos bancarios. Sin embargo, no resulta complicado establecer analogías entre lo que Bárcenas apuntaba en sus papeles y los "recibís" que el banco entregaba al PP. Basta con sumar las cantidades que se ingresaban en un solo día para llegar a la cifra exacta que Bárcenas apuntaba como "ingreso donaciones" en la misma fecha. 

El 9 de enero de 2007, Bárcenas tomaba nota en sus papeles de una salida de dinero de la caja B de 53.000 euros. La cifra coincide con la suma de tres ingresos realizados ese mismo día en la cuenta del PP: 20.000, 16.000 y 17.000 euros. La legislación vigente en enero de aquel año todavía permitía las donaciones anónimas de hasta 60.000 euros. Con ese marco legal, los populares no tenían más que dejarse caer por su oficina bancaria con bolsas cargadas de billetes para pasar a su cuenta corriente lo que les había llegado en sobres a la sede del partido.

La documentación bancaria aportada a la causa, y en poder de esta redacción, recoge más de 100 ingresos en efectivo realizados por el PP entre 2003 y 2007. La suma total de esas transacciones de dinero supera los 1,4 millones de euros. Se trata de ingresos que el PP hacía en su propia cuenta. Dicho de otro modo, los responsables de las finanzas del partido se encargaban de llevar al banco el dinero que previamente habían recogido en Génova de sus donantes anónimos.

Entre ese centenar de ingresos, solo en una ocasión el donante prefirió dar la cara y utilizar un cheque bancario como método de pago. Es la única vez en la que la transacción tiene nombre y apellidos y que junto a ella figura un DNI que registra al autor de la entrega de dinero. 

El resto de los ingresos no ofrecen más datos que las anotaciones manuales que la tesorería del PP realizaba sobre los resguardos bancarios. Quien guardaba en Génova, 13, toda esa documentación parecía darle importancia a no olvidar de dónde procedían las partidas de dinero que el PP segmentaba evitando dejar pistas sobre el origen real.

El análisis del tráfico de ingresos en la cuenta del PP ofrece otra conclusión. Los de Rajoy llevaban a su cuenta bancaria solo una parte del dinero que entraba en el circuito de contabilidad B que presuntamente coordinaba Luis Bárcenas. Según la documentación atribuida al extesorero, los populares utilizaban el dinero negro para gastos diversos del partido y para repartirlo en sobresueldos entre la cúpula. El cotejo de los papeles de Bárcenas con la documentación bancaria aportada a la causa ofrece la conclusión de que el PP solo ingresaba en su cuenta de donativos la parte sobrante del dinero recibido.

La estabilidad es cosa de dos, por lo que basta que uno perciba que no la hay para que ésta no exista. Y en este debate se halla inmerso el Gobierno de Andalucía, donde mientras su presidenta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, entiende que en estos momentos no la hay, sus socios de IU niegan que se esté produciendo esta circunstancia y se aferran a hechos como que este martes el Consejo de Gobierno haya aprobado un par de proyectos de ley. Sobre la inestabilidad se construye el relato. Otra cosa es a quién interesa romper; en este caso todos coinciden en que si conviene a alguien es a Susana Díaz, por su necesidad de ser revalidada por las urnas de cara y porque entiende que puede salir airosa, pese a el riesgo de ser la primera que se enfrentaría a las consecuencias del enfado de los ciudadanos -ya sea redireccionando el voto a Podemos u otras consecuencias- en el cargado calendario de comicios de 2015. Ya ha consultado a varios de los llamados barones y se ha reforzado en esta idea.

En este sentido, la posibilidad de un gesto político de IU -de la mayoría de la federación que no quiere romper el pacto- para devolverle esa confianza a los socios se antoja complicada. ¿Por qué? Porque los socialistas sólo podrían aceptar -y tampoco está garantizado- que renunciaran a ese referéndum entre sus militantes que aún no han convocado pero que se han comprometido a hacerlo si en junio no se ha cumplido un paquete legislativo. Para el PSOE-A es una losa que pesa demasiado para el buen clima en las relaciones entre ellos, y temen que se complique con las elecciones municipales de mayo.

Este martes, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha intentado dejar sin argumentos a sus socios restando importancia a este referéndum. "No hemos convocado ningún referéndum y tenemos intención de no convocarlo porque queremos que se cumplan las condiciones y no haya necesidad", ha recalcado. Igualmente, ha repetido lo que decía el lunes tras la reunión del comité de enlace de los dos partidos: "No podemos retirar lo que no hemos convocado. (...) Y si no lo hemos convocado y no hay intención de hacerlo porque queremos que se cumplan las normas ¿dónde está el problema?". Pero la única renuncia que parecen dispuestos a creerse en el PSOE-A es otra asamblea donde se diera marcha atrás a esta consulta.

La presidenta ha pulsado este martes la opinión de sus secretarios provinciales sobre los pros y los contras de una convocatoria -en principio el 22 de marzo- durante un almuerzo que se ha celebrado en la sede del partido y donde sólo ha faltado por motivos personales Teresa Jiménez (Granada). Los secretarios provinciales han ido saliendo de manera escalonada y en las pocas declaraciones que han hecho para la prensa han dicho que están con su líder y que ésta hará lo más conveniente para el interés de los andaluces. No se esperaba otra cosa que un cierre de filas en uno de los momentos de máxima homogeneidad dentro del partido, donde la masa crítica ha quedado neutralizada desde la llegada de Susana Díaz. Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha convocado también para este miércoles a primera hora a los líderes de la federación en cada provincia.

La cuestión es que las dos formaciones reconocen fuera de micrófonos que el adelanto electoral parece ya inevitable, pese a que la presidenta haya llamado a la "cordura" como si hubiera alguna posibilidad de superar esta crisis, o desde IU, el vicepresidente, Diego Valderas, haya manifestado que la situación es "reversible". El caso es que el PSOE-A ha perdido la confianza en IU, una situación que empezó a gestarse en paralelo a la escalada de Alberto Garzón hacia el liderazdo del partido a nivel nacional, con un discurso en el que ha optado por las críticas a este pacto con los "corruptos" en Andalucía en lugar de rentabilizar la gestión de gobierno de su partido en la comunidad autónoma más poblada del país. "No le pedimos a IU nada. No tenemos que decirle lo que hay que hacer. La confianza se ha quebrado por ese juego. No se le pueden poner adendas a un pacto firmado", apuntan fuentes del PSOE-A. 

El discurso de "lo mejor para Andalucía"

Horas antes de la reunión en la sede del PSOE-A, que ha empezado poco antes de las 15.30, Susana Díaz había reiterado que "en estos momentos no hay estabilidad y en estas condiciones, si las cosas no cambian, pues evidentemente habrá que tomar una decisión y será en los próximos días". Después de abandonar la reunión en San Vicente, se ha limitado a subrayar a los periodistas: "Sin novedades". La convocatoria de las elecciones autonómicas podría producirse en las próximas horas, previsiblemente en un Consejo de Gobierno esta semana o el lunes, como ha ocurrido en todas las convocatorias de comicios en Andalucía, donde nunca ha sido en uno ordinario.

Por otra parte, pese a que el PSOE-A había insistido en que esta reunión era para hablar de las elecciones municipales y no del adelanto electoral, lo cierto es que el tema ha centrado la cita. Lo han reconocido los asistentes a este encuentro, si bien en sus declaraciones a la prensa han sido muy escuetos y no se han salido del guión. El secretario provincial de Córdoba, Juan Pablo Durán, ha dicho que Susana Díaz les ha explicado "con más detalle en qué consisten las dificultades que hay con IU" y les ha hablado de "la desconfianza que evidentemente ha surgido". Mientras, José Luis Sánchez Teruel (Almería) ha insistido en que el adelanto electoral es competencia de la presidenta: "Tendremos que hacer siempre lo mejor para Andalucía, que es atender las necesidades de los andaluces". Y en términos parecidos se pronunciaba la secretaria provincial de Cádiz, Irene García: "Susana Díaz tiene todo el apoyo del partido para hacer lo que crea conveniente y cualquier decisión que adopte va a tener en cuenta lo mejor para Andalucía y para los andaluces". 

Toda la respuesta de Mariano Rajoy sobre la posible salida de la cárcel bajo fianza de Luis Bárcenas ha sido insistir en que "hace tiempo que no es del PP". El presidente del Gobierno ha evitado referirse al asunto a su entrada en el Congreso para someterse a la sesión de control aunque ha salido a relucir dentro del hemiciclo. Solo a la salida ha respondido brevemente a los periodistas aunque no sobre la pregunta que se le hacía sobre la constatación de la caja B del P para la Abogacía del Estado.

Con su escueta respuesta sobre Bárcenas, Rajoy ha puesto en práctica la que parece ser la consigna del PP y del Gobierno para no responder sobre los principales casos de corrupción: destacar que los señalados por la Justicia no siguen en el partido. Más allá de insistir en eso, los conservadores se han refugiado en una presunta indiferencia.

Otro de los mantras de los últimos meses es desear una Justicia más rápida para evitar que los casos se eternicen. Rajoy también lo ha repetido en esta ocasión y se ha permitido desear que el caso "se pueda cerrar a la mayor celeridad posible". El presidente ha aprovechado para subrayar las iniciativas puestas en marcha para atajar la corrupción, en referencia a la ley sobre la actividad de los partidos y al estatuto del alto cargo, que están a punto de ser aprobadas en el Parlamento.

Sánchez le reprocha el SMS de apoyo

Pero durante el Pleno, Rajoy no ha podido impedir que Sánchez le echara en cara el caso y la inminente salida de prisión del extesorero como fruto de un acuerdo. "Visto lo visto ayer, para escándalo de todos los españoles, con su mensaje a Bárcenas 'Luis, sé fuerte', lo clavó", le ha dicho Sánchez en el hemiciclo al recordar el mensaje de apoyo de Rajoy al extesorero cuando ya se sabía de su fortuna en Suiza y sobre el que nunca ha dado la menor explicación.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que su partido no tiene que tener "miedo ninguno" a la salida de prisión de Luis Bárcenas, y ha subrayado que lo que deben hacer los jueces es "tirar de la manta", juzgar y condenar a los culpables -si lo son-, y exigir que devuelvan el dinero.

En declaraciones en Telemadrid, Aguirre ha negado que el PP deba tener miedo a que su extesorero "tire de la manta" y cuente más casos de irregularidades dentro del partido, porque lo importante es que "se aclare, que se sepa la verdad cuanto antes".

Ha recordado que Bárcenas lleva mucho tiempo diciendo que tiene "bombas atómicas contra el PP", pero que aún no ha dado a conocer ninguna, por lo que le ha exigido que "explique de dónde sacó el dinero", que si su origen es ilícito "lo devuelva" y si es lícito "que pague los impuestos".

Aguirre ha dicho que le parece "fenomenal" que se tire de la manta y, de hecho, ha recordado que cuando ella exigió a su exconsejero de Deportes Alberto López Viejo (implicado en la trama Gürtel) que dimitiera y devolviera su escaño, éste le amenazó asegurando que tenía mucha información sobre la financiación del partido. "Y yo le dije: 'ya estás tardando en decirlo'", ha dicho.

"Lo que tienen que hacer los jueces es tirar de la manta y llegar hasta el final, al conocimiento de la verdad; que se sepa qué ha pasado, que se les juzgue, que se les condene si son culpables, que se les encarcele, pero que devuelvan lo que han robado, eso es muy importante. Ya sucede en otros países, y aquí habría que implantarlo", ha añadido.

Se ha quejado de nuevo de "moda" de que los jueces se "eternicen" en las instrucciones de los casos de corrupción, como el caso Gürtel, cuando las pruebas y testimonios deberían recogerse durante el propio juicio. "Seis años ya está bien", ha reiterado.

La Abogacía General del Estado da por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular. El organismo, que ejerce la acusación particular en el caso Gürtel, solicita 60 años y ocho meses años de prisión para Luis Bárcenas por 17 delitos fiscales y considera que el extesorero pudo beneficiarse de la contabilidad paralela del partido de Mariano Rajoy.

El organismo público, que defiende los intereses del Estado, da por "acreditada la llevanza por parte de Luis Bárcenas, prevaliéndose al efecto de sus cargos de gerente y tesorero del PP –puestos que ocupó desde 1990 hasta el 2009– junto con el imputado Álvaro de Lapuerta –quien fuera tesorero del PP hasta 2008– de una contabilidad paralela o 'caja B' –denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública– del referido partido político entre los años 1990 a 2008", según el escrito de acusación de la institución.

El abogado del Estado considera que Bárcenas pudo lucrarse de los recursos en negro del PP gracias a sus puestos al frente de las finanzas de la formación. "Durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente del PP, Luis Bárcenas, prevaliéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, pudiera ser que se apoderara de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas", reza ese escrito.

También constata la salida de fondos en B para financiar a Libertad Digital. "Dispuso de al menos 149.600 euros" para la compra de acciones del medio de comunicación, según el abogado del Estado que asegura que no se reintegraron en la contabilidad paralela del PP sino que fueron a parar al pago de un inmueble del matrimonio Bárcenas-Iglesias en Baqueira.

Además, señala que la investigación del caso puede llevar a "distracciones del dinero destinado por los donantes a la financiación del Partido Popular a lo largo del tiempo en que gestionó la contabilidad y su eventual ingreso en sus cuentas bancarias abiertas en Suiza".

Desvíos de dinero

El escrito señala que entre 2001 y 2002 el extesorero 'popular' también procedió a desviar fondos, esta vez "lícitos y declarados a la Hacienda Pública, de entidades en cuya gestión podría haber intervenido para usos propios como el pago de viajes y servicios turísticos organizados por la empresa Pasadena Viajes de Francisco Correa.

Además, "a fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad descrita anteriormente y poder aflorarlas desvinculándolas de dicho origen", Bárcenas utilizó, en "connivencia" con su esposa, Rosalía Iglesias, varios procedimientos de "facturación ficticia y "un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas".

De igual modo, el antiguo responsable de las finanzas 'populares' procedió a "aflorar fondos al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte", operativa que también utilizó Rosalía Iglesias para "aflorar recursos propios".

La Abogacía del Estado pide para Bárcenas 60 años y ocho meses de prisión por 17 delitos fiscales. El defensor de los intereses públicos cifra en 11,2 millones de euros la cantidad defraudada por el extesorero del PP y rechaza tener en cuenta la amnistía fiscal a la que se acogió a través de dos sociedades. Las penas que solicita el letrado son superiores a las de la Fiscalía, que pide 42 años de cárcel para el extesorero del PP por su papel en la trama Gürtel.

El organismo dirige su acusación contra cuatro autores de los delitos fiscales: Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, para la que pide cuatro años y dos meses de cárcel; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para el que reclama 11 años y medio; y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, para el que solicita otros 20 años.

Además, considera cooperadores necesarios de estos delitos a otras 16 personas, entre las que se encuentran los presuntos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; la esposa de López Viejo, Teresa Gabarra; y el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez.

Completan la lista de acusados por la Abogacía del Estado el contable de la red, José Luis Izquierdo; Isabel Jordán, Alicia Mínguez, Javier Nombela, Luis de Miguel, Antonio Villaverde, Jacobo Ortega y Jacobo Gordon.

Los coordinadores provinciales de IULV-CA han expresado este miércoles su apoyo unánime al coordinador regional, Antonio Maíllo, en su apuesta por la continuidad del pacto con el PSOE-A en la Junta para agotar la legislatura y han compartido su diagnóstico de que no existen "razones objetivas" para un posible adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía.

Así lo han mostrado en la reunión que han celebrado por espacio de tres horas en la sede regional de IULV-CA en Sevilla en la que han participado todos los coordinadores provinciales a excepción de Luis Segura, de Jaén, además del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez.

Según ha explicado a los periodistas el coordinador provincial de IULV-CA en Huelva, Pedro Jiménez, al término de la reunión, la reunión ha evidenciado el "apoyo unánime" al posicionamiento de Maíllo, que apuesta por la continuidad del pacto para agotar la legislatura porque no existen "razones objetivas" para un adelanto electoral.

Tras señalar que el asunto del posible convocatoria de un referéndum sobre la continuidad del pacto en junio "no se ha abordado" en la reunión porque "ya fue objeto de debate" en la Asamblea de diciembre, Jiménez ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que "se rompa" el pacto de gobierno "sin explicación", pero ha dejado claro en cualquier caso que en IULV-CA "estamos preparados para las elecciones y no tenemos ningún problema porque Maíllo es un líder solvente y fuerte que tiene el apoyo de toda la organización".

Los grupos de la oposición han clamado de forma unánime contra la "desproporcionada dureza" del nuevo Código Penal del Gobierno del PP, que, a su juicio, sigue beneficiando a "sus amigos" mientras que quiere que los presos "pobres" se "pudran" en las cárceles. "Con este Código Penal, Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP", han expresado.

La oposición ha mostrado su malestar por la prisión permanente revisable, la "restricción" de los derechos de manifestación y reunión o el "benigno" trato que dispensa a los corruptos. La financiación ilegal conllevará penas de cárcel si el miembro del partido recibe una donación superior a 500.000 euros o a 100.000 en caso de ser extranjero.

"Si repasa la lista de (Luis) Bárcenas, nadie ha dado más de 500.000 euros, es una desfachatez", ha exclamado el socialista Antoni Such, recordando que los corruptos trocean las comisiones ilegales para no superar los límites que marca la ley. "Es una desfachatez", ha remachado.

Los grupos han reprobado el fondo de la reforma, si bien han agradecido al portavoz en Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, su talante y esfuerzo en la tramitación parlamentaria pese al "desprecio" y la celeridad que el Gobierno ha dedicado a este proyecto.

"Las letradas han sido heroínas para intentar saber qué quería decir el ponente", han añadido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha puesto de relieve que 300 enmiendas han sido transaccionadas o aceptadas.

El diputado del PP Leopoldo Barreda ha calificado de "imprescindible" la reforma del Código Penal y ha apuntado que prevé penas de 5 años de prisión para "quienes formen parte de cualquier estructura de financiación ilegal desde el primer euro".

"Hay que tener mucha cara señores socialistas para descalificar ésta reforma porque en 2010 no hicieron nada y no me digan que no había corrupción", ha expresado Barreda, para señalar que su propuesta mantiene la responsabilidad penal de los partidos y prohíbe a los corruptos contratar con la Administración Pública.

"Un monumento a la chapuza"

Poco antes de que el PP denunciara la "destructiva e irresponsable" posición de los demás grupos, el diputado del PSOE Julio Villarrubia ha criticado el aumento "generalizado" de las penas, su "dureza desproporcionada" y que la devolución del dinero no sea un requisito inexcusable para dar la libertad condicional al corrupto.

CiU, por boca de Monsterrat Surroca, ha justificado el rechazo de su grupo en su "contundente" malestar con la prisión permanente revisable, la falta de consenso y la "atropellada" tramitación. "El problema no es incrementar las penas, sino dedicar el esfuerzo donde se necesita, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un ámbito de especial urgencia", ha dicho.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha tildado el "populista, autoritario, represivo y monumento a la chapuza" la reforma, en virtud de la cual "Bárcenas seguirá en la calle" mientras que quienes no son delincuentes de 'cuello blanco' "se pudren" en las cárceles. "Es un Código Penal vengativo con una cadena perpetua indeterminada pura y dura", ha remachado.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha puesto de relieve que el proyecto "no castiga explícitamente" conductas nuevas de corrupción política. "Con este Código Penal Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP, no se regulan cuestiones capitales como 'cajas B' o la tenencia de patrimonio no declarado", ha dicho.

Además, ha criticado el "desprecio y la afrenta" del Gobierno a esta reforma, que ha reactivado después de un año cuando ha querido presentar a Mariano Rajoy como el "Superman de la regeneración democrática".

Por su parte, el portavoz del PNV Emilio Olabarria ha advertido también de la "orientación conservadora" del texto, que establece una "nueva doctrina Parot", no valora el perdón pedido por terroristas desvinculados de la organización y "se endurece la excarcelación de enfermos graves".

El diputado de UPN Carlos Salvador ha advertido de que el Código Penal debe hacer compatible el principio de intervención mínima, la seguridad y el respeto a las libertades constitucionales, al tiempo que debe sancionar "de forma disuasoria, pero también justa" los delitos y permitir la reinserción social de los condenados.

"El PP mantiene la pseudoimpunidad"

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al "bipartidismo" de cambiar el Código Penal "a golpe de telediario, desde el oportunismo y la hipocresía" para conseguir rédito electoral.

A su juicio, lo cierto es que el "PP ha decidido mantener la pseudoimpunidad de la corrupción política" y reprimir "la disidencia y la pobreza" para tener el visto bueno de sus "votantes más racios". "Legislar para los suyos, les pasará factura. Es un absoluto disparate y lo mejor que podrían hacer es retirar la reforma", ha remachado.

Desde el BNG, la diputada Olaia Fernández Dávila ha criticado la penalización de las manifestaciones, mientras que ha abogado por derogar el artículo 315.3 contra los 'piquetes' de las huelgas y restaurar la persecución de los crímenes de lesa humanidad y genocidio para investigar también los acaecidos durante la dictadura franquista.

El parlamentario de ERC Joan Tardá ha afirmado también que la reforma deja claro que "la Justicia no es igual para todos y que la prisión es para los pobres". "Bárcenas y Matas ya salen, Botín no entró, la Infanta no entrará, Urdangarin todavía no ha entrado y los terroristas Vera y Barrionuevo estuvieron dos días en la cárcel. Ese es el resumen para todos", ha remachado.

La formación republicana ha afeado al Gobierno que solo propaga el 'Je suis Charlie' desde "los Prineos hacia el norte" pero en España "persigue la libertad de expresión" con las injurias en publicaciones contra la Corona o España o la quema de banderas, al tiempo que castiga como "resistencia pasiva una sentada en una entidad bancaria y tipifica la eutanasia o el aborto".

Por último, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha coincidido en que el PP impone "un derecho penal del amigo" para permitir que los "defraudadores o acusados de genocidio como el exministro Rodolfo Martín Villa sigan campando por las calles, mientras que a Arnaldo Otegi se le exige el cumplimiento íntegro de las penas". En este sentido, ha acusado al Gobierno de querer "reventar el proceso de paz".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha respondido este miércoles a las constataciones del juez Pablo Ruz, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que dan por acreditado que en el PP había una contabilidad paralela a la oficial. "Si hay una caja B, desde luego no es del PP", ha insistido. Para eludir su responsabilidad y la de Mariano Rajoy como máximos dirigentes del partido, Cospedal se ha acogido a que tanto Luis Bárcenas como el resto de imputados en el caso Gürtel, "ya no están en el PP". La misma excusa que había utilizado el presidente del Gobierno en el Congreso unas horas antes.

La noticia de la fianza impuesta a Bárcenas para salir de la cárcel ha dejado en el aire durante unas horas la rueda de prensa de Cospedal, que fue anunciada por Carlos Floriano el lunes. Hasta poco antes de la hora de la convocatoria, en Génova decían no saber si habría o no comparecencia de Cospedal. Una vez convocada y empezada, la mayoría de las preguntas formuladas han girado sobre el extesorero y el efecto que puede tener su salida de prisión. "¿Alguna pregunta más sobre la convención?, ha soltado Cospedal, molesta por la insistencia de los periodistas.

Aunque se ha negado a opinar sobre la decisión judicial de la fianza con que no tenía "nada que decir", Cospedal se ha aferrado a la condición de "partícipe a título lucrativo" del PP para refugiarse en que nadie en el partido sabía nada y, por tanto, no hay más responsabilidades pendientes de asumir: "Todas las personas que tienen una situación determinada ante la Justicia están fuera, eso es bastante responsabilidad asumida".

La figura del "partícipe a título lucrativo"

A la vez que ha usado la figura jurídica para escurrir el bulto, Cospedal ha dicho que el PP piensa recurrir en los tribunales porque no está de acuerdo con la condición de "partícipe a título lucrativo". "El PP no está conforme y va a recurrirlo, pero esa figura presupone no saber que se estaba cometiendo un delito", ha asegurado al mismo tiempo.

De nuevo, Cospedal ha querido situar todo lo relativo a los casos Gürtel y Bárcenas como algo del pasado y completamente ajeno al PP. También ha evitado contestar al hecho de que no sólo Bárcenas esté imputado por los hechos, sino también los otros dos extesoreros que le precedieron en el cargo: Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta. "El escrito de la Fiscalía habla de dos casos concretos como que podríamos ser partícipes en esos dos casos, que quiere decir que hipotéticamente podríamos habernos beneficiado sin conocer la existencia del delito", ha acertado a decir.

En lo que ha querido ser muy contundente es que la posible salida de la prisión de Bárcenas se deba a algún pacto oculto para evitar que el extesorero hable más de lo que lo ha hecho. Cospedal ha contraatacado y ha respondido al PSOE y a los partidos que se inclinan por esta hipótesis, que ha calificado de "vomitiva": "No es que haga un desmentido, es que es falso. Eso lo deben decir personas acostumbradas a tratar de influir en los tribunales pero eso no lo hace el PP".

Para reforzarlo, Cospedal ha presumido de haber sido siempre dura sobre Bárcenas: "Yo nunca he sido sospechosa en mis declaraciones sobre esta persona, ¿verdad que no? Lo desmiento rotundamente. ¡Hasta ahí podríamos llegar!".

El concejal de IU de Madrid (IUCM) Jorge García Castaño ha anunciado hoy su intención de abandonar la militancia en la coalición y renunciar a su acta de edil. Castaño, muy próximo a Tania Sánchez, asegura en un comunicado remitido a los medios que toma la decisión porque "ha llegado el momento de sumar todos los esfuerzos posibles para construir una candidatura de unidad popular".

"Desde hace años vengo trabajando en la construcción de una alternativa de unidad popular capaz de derrotar al Partido Popular, de ganar Madrid para sus gentes, y que contara con la solvencia para gobernar", asegura el comunicado. "Doy este paso porque, pese a los reiterados intentos de muchos compañeros y compañeras por que IUCM formara parte de esa alternativa, esto a día de hoy parece cada vez más difícil".

Castaño critica también duramente a la dirección federal de IU. "Se ha mostrado incapaz de realizar un proceso de refundación de la organización o de impulsar la constitución de un bloque social y político que ayudara y reforzara el cambio político", señala en el comunicado. El ya exedil de IU cree que esta inacción de la dirección federal se une "a la miopía partidista del aparato de IUCM, más preocupado por mantener el control de la organización que por conseguir el cambio en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid".

La semana pasada, la dirección de IU veía como, por tercera vez, IUCM desoía sus exigencias de que dimitieran de sus cargos institucionales el portavoz municipal, Ángel Pérez, y el autonómico, Gregorio Gordo. De fondo, la disputa por el control de IUCM entre la vieja mayoría y quienes se impusieron en las primarias abiertas del pasado mes de noviembre y que articulan su oposición alrededor de Tania Sánchez.

Estos motivos, asegura, son los que le han llevado a tomar "esta difícil decisión: renunciar a mi acta de concejal y abandonar la formación para poder seguir trabajando por una unidad popular capaz de alcanzar ese objetivo".

"Este paso lo doy desde el optimismo de que la unidad popular está más cerca que nunca. Creo que muchas de mis compañeros y compañeras están llamadas, con toda seguridad, a ser protagonistas del cambio político en este país, y con todas ellas espero reencontrarme pronto", concluye.

El juez Pablo Ruz ha acordado este jueves la puesta en libertad de Luis Bárcenas después de que fuera satisfecha la fianza impuesta por la Sala de lo Penal, de 200.000 euros, a través de cinco transferencias por valor de 110.000 euros y otros 90.000 depositados en metálico en una sucursal bancaria. El abogado Javier Gómez de Liaño recomendó que el dinero proviniera únicamente de familiares y que realizaran los pagos con DNI para evitar sospechas sobre su procedencia.

Una vez realizadas las transferencias –no se han permitido avales bancarios o de otro tipo–, el abogado Javier Gómez de Liaño ha acudido a la Audiencia Nacional para presentar los justificantes. A partir de ese momento, la secretaria judicial ha comprobado que los pagos alcanzaban la cantidad fijada y ha verificado la identidad de los autores de las transferencias. A las puertas de la prisión, Guillermo Bárcenas aseguró que los últimos 7.000 euros en transferencia han sido entregados esta misma mañana por una tía residente en Ponferrada. 

Según fuentes del tribunal, ha comparecido ante la secretaria judicial uno de sus hijos, que se erige en fiador. La funcionaria le ha explicado las responsabilidades en las que incurre. En el caso de que Bárcenas se fugara, todo el dinero de la fianza le sería reclamado a él.

Cumplidos estos trámites fijados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ruz ha dictado el auto de libertad, que ha sido enviado al juzgado de guardia de Colmenar Viejo por ser el más próximo a la prisión de Soto del Real. Este juzgado informará a su vez a la autoridad penitenciaria, que procederá a dejar en libertad a Bárcenas en las próximas horas.

En el auto de Ruz se fija la obligación de Bárcenas de presentarse al juzgado los lunes, miércoles y viernes. Ruz mantiene la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España y le obliga, como indicó la Sección Cuarta, a establecer un domicilio fijo.

Por otra parte, el juez ha accedido a ampliar el plazo de 72 horas que concedió a Bárcenas para que nombrara nuevo abogado, después de renunciar a su defensa Javier Gómez de Liaño. El extesorero del PP deberá comunicar al juzgado la identidad de su nuevo letrado defensor antes del miércoles próximo.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés del euro en el mínimo histórico del 0,05% y ha confirmado que presentará nuevas medidas de política monetaria.

"Nuevas medidas de política monetaria serán anunciadas por el presidente del BCE [Mario Draghi] en la rueda de prensa que comenzará a las 14.30 horas", indica el comunicado del banco central.

En esta línea, el BCE también ha dejado el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito en el -0,20% y el tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito en el 0,30%, donde también los situó en la reunión de septiembre.

La primera reunión de política monetaria de 2014 es la más importante en mucho tiempo, ya que los mercados descuentan que la institución presidida por Mario Draghi anuncie su esperado programa de compra de deuda pública, que podría alcanzar los 50.000 millones de euros mensuales.

Los analistas consultados creen que Draghi evitará decepcionar a los mercados y aprobará un importante programa de alivio cuantitativo, conocido como QE, cuyo importe, duración, activos a comprar y forma de hacerlo serán los factores que deberá conjugar para cumplir con las expectativas y contentar a los más críticos con esta medida.

Otro de los aspectos a destacar de la reunión es que el BCE estrena el nuevo sistema de rotación de votos en el Consejo de Gobierno como consecuencia de la entrada de Lituania en el euro y que hará que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no tenga derecho a voto en la primera reunión de política monetaria de 2015.

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en diciembre en el -0,2%, frente al alza del 0,3% del mes anterior, lo que representa el primer dato negativo del indicador desde octubre de 2009, cuando los precios bajaron una décima y la mayor caída de los precios desde septiembre de 2009, cuando la inflación de la eurozona se situó en el -0,3%.

Asimismo, la tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en noviembre por cuarto mes consecutivo en el 11,5%, lo que supone cuatro décimas menos del porcentaje registrado un año antes. La estadística volvió a colocar a España (23,9%) como el segundo país con peores cifras de toda la región, tras Grecia (25,7%).

Por su parte, según los últimos datos de la oficina estadística comunitaria Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro creció en el tercer trimestre del año un 0,2%, frente al 0,1% de los tres meses anteriores y el 0,3% del primer trimestre.

El Banco Central Europeo (BCE) realizará compras de activos públicos y privados por importe de 60.000 millones de euros al mes, según ha anunciado el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que ha señalado que dicho programa estará vigente al menos hasta septiembre de 2016.

Como consecuencia de este plan, el BCE inyectará en 19 meses unos 1,1 billones (equivalente al tamaño de la economía española), más de lo esperado por los analistas, para tratar de impulsar la economía europea.

El esperado programa de compra de deuda, que comenzará el próximo mes de marzo, estará en cualquier caso vigente "hasta que veamos un sostenido ajuste en la inflación, consistente con nuestro objetivo y con tasas inferiores pero cercanas al 2% a medio plazo", ha anunciado el italiano en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que decidió mantener los tipos de interés en el 0,05%.

Draghi, que ha señalado que este programa es "necesario" para la eurozona", ha precisado que el programa tendrá límites (no más del 33% de un emisor, y no más del 25% de una emisión), y que las compras de esos activos se articularán a través de los bancos centrales de cada país, lo que encaja con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, contraria a mutualizar esa deuda. El presidente del BCE ha reconocido que el programa impone límites a la mutualización de riesgos en respuesta a las "preocupaciones" de determinados países.

En el caso de Grecia, el presidente del BCE ha dicho que el programa no contempla "ninguna regla" específica para este país, ya que tiene "reglas generales que aplican a todo el mundo". Pero "obviamente hay ciertas condiciones bajo las que podemos comprar bonos griegos".

Draghi, que ha reconocido que no ha habido unanimidad total en el seno del BCE sobre si este era el momento adecuado para lanzar este programa (se ha aprobado por una "amplia mayoría", ha dicho), ha explicado que los riesgos estarán compartidos en la eurozona en el 20% de las compras, mientras que el 80% restante corresponderá a cada banco central nacional.

Draghi, que no ha querido comentar la reciente decisión del Banco Nacional de Suiza de desvincular la cotización de su divisa de la del euro, ha descartado que este plan incentive la creación de burbujas de activos, aunque ha señalado que "probablemente" se produzca "algún episodio local en ciertos mercados específicos donde los precios subirán rápido". En su comparecencia, de algo más de una hora, ha advertido de que sería un "error" que los países interpreten este programa de liquidez masiva como un incentivo para relajar su disciplina fiscal.

El efecto inmediato del anuncio ha sido un impulso al alza de las bolsas (el Ibex 35 sube en torno a un 1,5%), una aceleración en la depreciación del euro y una caída de las primas de riesgo, que en el caso del bono español se ha hundido al reducirse el diferencial con el bono alemán hasta niveles cercanos a los 90 puntos básicos.

Agentes de la Guardia Civil se han personado este mediodía en la sede del Gobierno regional de Madrid en el marco de la 'Operación Púnica' con un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han pedido a los funcionarios que les entreguen todos los contratos y las facturas que se hayan firmado con dos empresas del imputado Alejandro de Pedro Llorca en los últimos cinco años, Mativa Editorial y Eico Online. También quieren los contratos en ese periodo de tiempo con tres empresas de José Antonio Alonso, el excalde de Cartagena (Murcia). Ambos fueron detenidos en la primera fase de la Operación Púnica.

Según informaron fuentes de la investigación a eldiario.es, los agentes se han dirigido al Área de Contratación, la Oficina de Comunicación y la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM). Velasco podría haber firmado una solicitud por escrito para que la documentación le fuera remitida al Juzgado, pero ha preferido enviar a los agentes a pedirlas a la sede del Gobierno madrileño, una medida mucho más expeditiva.

José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de uno de esos organismos requeridos, ICM, declaró ante el juez Velasco el 29 de octubre pasado que fue Salvador Victoria, número dos del Gobierno de Ignacio González, quien le ordenó pedir a Indra saldar una dueda de 10.000 euros con De Pedro Llorca, según informó el 'El País'. Esa deuda respondería a trabajos por mejorar en la Red la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González y el propio Victoria. El consejero de Presidencia ha negado de forma "rotunda" y "tajante" haber ordenado dicho pago.

Los investigadores creen que Alejandro de Pedro Llorca -que fue detenido y estuvo en prisión preventiva dos meses- era uno de los conseguidores de la red desarticulada. La agencia ICM es un organismo público cuyo consejo de administración preside Salvador Victoria. La Comunidad de Madrid niega tajantemente que la consultora Eico Online Reputation Management SL, propiedad de De Pedro Llorca, se dedicara a mejorar la posición de los dirigentes del PP con dinero público: "Sería ilegal", señalaron fuentes del Gobierno regional que insisten en que los contratos con esa firma involucrada en la Púnica se limitaban a realizar el clipping de noticias (resumen de prensa) y el posicionamiento de las informaciones del Ejecutivo en la Red.

Sin embargo, en uno de los autos dictados por Velasco el pasado octubre ya consideraba "acreditado" que las empresas de De Pedro prestaban "servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto".

El exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa está imputado por un total de seis delitos como "cabeza de un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos". En el marco de la Operación Púnica fue detenido el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP en la Comunidad, Francisco Granados, quien continúa en situación de prisión provisional.

Las mismas fuentes explicaron que la Comunidad de Madrid les ha entregado en el acto solo una parte de la documentación requerida, comprometiéndose a remitir el resto a lo largo de la próxima semana. La resolución del juez da de plazo a la Comunidad de Madrid hasta el viernes de la semana que viene, 30 de enero. La documentación entregada a la UCO hoy jueves coincide con la que los funcionarios han encontrado de inmediato, explicaron las citadas fuentes.