La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, ha criticado este lunes que se pregunta de forma "tan insistente" sobre la situación de Tania Sánchez, candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, contra quien presentó una querella el PP la semana pasada por los contratos supuestamente irregulares de Rivas. "Se nos pregunta sobre Tania Sánchez porque todo vale para atacar a Podemos", ha señalado Bescansa en la rueda de prensa habitual tras la reunión de la ejecutiva del partido.

"Preguntar de una manera tan insistente por Tania Sánchez responde a la voluntad de atacar a Podemos", ha reiterado Bescansa en alusión a la relación que mantiene la diputada madrileña con el secretario general del partido, Pablo Iglesias.

La secretaria de Análisis Político y Social ha defendido a Tania Sánchez. "Confío personalmente en su honorabilidad y honestidad", ha asegurado, en una respuesta muy similar a las que ha dado Pablo Iglesias en las distintas ocasiones en las que le han preguntado por la situación de la diputada madrileña. La última, la semana pasada.

La presión sobre la candidata de IU a la Comunidad de Madrid ha ido en aumento en los últimos días. El pasado viernes, el PP de Madrid presentó una querella contra Sánchez y su familia, a quienes acusa de malversación de caudales y tráfico de influencias entre otros delitos. Al día siguiente, la diputada regional presentaba ante centenares de personas su candidatura y lanzaba la precampaña de las autonómicas. En el Palacio de la Prensa de Madrid, Sánchez conminó a sus seguidores: "Estoy dispuesta a tirar hacia adelante si vosotros tiráis".

Sánchez ha recibido desde su propio partido peticiones de dimisión. Su compañera en la Asamblea regional, pero rival interno en IU de Madrid, Libertad Martínez, pidió la semana pasada que diera un paso al lado y se retirara, pese a que la querella, interpuesta por el PP, todavía no ha sido admitida a trámite y pese a que sigue abierta la comisión de investigación que se constituyó en Rivas sobre el caso.

También se ha pronunciado el probable candidato de IU a las generales, Alberto Garzón. El diputado malagueño, que acudió el sábado a mostrar su apoyo expreso a Sánchez, aseguró a la prensa que en caso de ser imputada, la diputada "debería dimitir" en cumplimiento del código ético de la formación.

Víctor Gibanel, el ex jefe de Información de la Guardia Urbana de Barcelona que llevó a la justicia la retirada de los cinco minutos del documental 'Ciutat Morta' donde él aparece, actualmente es el jefe de la policía local de Gavà.

El Ayuntamiento ha emitido un comunicado ante los comentarios de indignación que ha levantado la emisión del documental asegurando que el trabajo de Gibanel en Gavà merece "una valoración altamente positiva". La alcaldesa socialista, Raquel Sánchez, dice que "no se desprende ninguna razón objetiva para cuestionar la labor de Víctor Gibanel como jefe de la Policía Municipal de Gavà" e indica que el trabajo lo está desarrollando "con máxima profesionalidad y confianza" .

Sin embargo, el Ayuntamiento de Gavà, ante las dudas que plantea el documental, considera que la administración de Justicia debería valorar la posibilidad de reabrir el caso si hay indicios o pruebas que sirvan para aclarar definitivamente los hechos del 4 de febrero del 2006, cuando el actual jefe de la policía local de Gavà era jefe de Información de la Guardia Urbana de Barcelona.

Gibanel es jefe de la Policía Local de Gavà desde principios del año pasado después de desarrollar toda su carrera profesional en la Guardia Urbana de Barcelona, donde comenzó a trabajar en 1984.

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha descartado hoy un proceso de convergencia con Podemos en la comunidad de cara a las próximas citas electorales y ha señalado que la formación de Pablo Iglesias "va con su ola" mientras IU "se quiere unir con quien se quiera unir".

Preguntado en rueda de prensa por la posibilidad de un acercamiento a Podemos por parte de IU, Maíllo ha sido tajante y ha recordado que el partido liderado por Iglesias "ya ha dicho que ellos van solos".

"Nosotros nos queremos unir con quien se quiera unir desde un proyecto claramente de izquierdas, porque somos gente de izquierdas", ha subrayado Maíllo, quien ha recordado que IU ya tiene en él un candidato para las elecciones andaluzas y no ha descartado "tirar para adelante si hubiera fuerzas políticas con las que se llega a un acuerdo".

Ha resaltado que, en todo caso, esos acuerdos serían con "fuerzas políticas que se mueven en el campo de la izquierda y que tienen clara la voluntad de convergencia honesta y sincera".

"IU va a ser activa y se va a presentar en todas las elecciones, sola o con más gente, y lo va a hacer para cambiar las realidades de ciudades y pueblos y para romper con la hegemonía del PP, que es dramática en las grandes capitales andaluzas", ha explicado el responsable regional de la coalición.

Maíllo ha dicho que se presentan además con una proposición "muy clara" que pasa por "la ecuación de a más IU y más representación hay más garantías de que se produzcan transformaciones en los modelos de ciudad al día siguiente de que la correlación de fuerzas que surja de las elecciones municipales lo hagan posible".

Ha explicado que a lo largo de enero y febrero se van a concretar las listas electorales y quienes las encabecen, además de una propuesta programática que se plasmará el 14 de febrero en un encuentro que se celebrará con la sociedad civil y con organizaciones sindicales y vecinales.

Maíllo ha llamado además a que la movilización que, como todos los años, convocará IU con motivo del Día de Andalucía el próximo 28 de febrero, sea en esta ocasión "el primer gran acto de la campaña electoral" de cara a las municipales de mayo y se celebre "en clave municipalista".

Un fuego cruzado entre los grandes laboratorios y los Gobiernos tiene a los enfermos de hepatitis C clamando por recibir el tratamiento que podría curarlos y que llega a cámara lenta. En España, tras un mes encerrados en la entrada de un hospital madrileño, están a punto de marchar a Bruselas para denunciar una situación que no es exclusiva.

La lucha enfrenta la búsqueda de rentabilidad por parte de los laboratorios que fabrican fármacos como Sovaldi, Olysio o Viekirax y el miedo de las Administraciones a extender esas medicinas y, por tanto, el gasto farmacéutico. Desde que Gilead sacó Sovaldi al mercado a 72.000 euros el tratamiento, todo ha sido una lucha por parte de los responsables sanitarios por evaluar su auténtica eficacia, reducir el precio y contener el desembolso.     

Los Estados temen que se les descuadren las cuentas. Y han reaccionado de manera diferente a esa realidad. Desde negar el monopolio a la farmacéutica, como India, a no financiar en absoluto el tratamiento, como Australia, pasando por un enorme abanico de restricciones a su dispensación o la compra masiva de estos antivirales con precios a la baja. En medio, millones de enfermos que por primera vez tienen la posibilidad de escapar de las consecuencias de una infección que puede resultar mortal. 

En Alemania, las prescripciones de Sovaldi han crecido a razón de 4.000 al mes –cuando los antivirales de la anterior generación tenían una media de 60–. Mientras, todavía se discute un precio para el reembolso de las medicinas que hacen los fondos que gestionan la sanidad. Una de estas entidades, AOK Niedersachsen, ha calculado que en 2014 la factura con Gilead podría llegar a 1.000 millones de euros.

En Reino Unido, el instituto encargado de las guías terapéuticas (NICE) respaldó el Sovaldi en agosto de 2014. El laboratorio allí le ha puesto un precio de 45.000 euros (para 12 semanas). En octubre, unos técnicos del Sistema Nacional de Salud (NHS) admitieron que podría ser "inabordable" llevar el sofosbuvir a 20.000 pacientes. Los 1.300 millones de euros les parecían "prohibitivos". En esta línea de contención, el mismo instituto no recomendó el uso generalizado de otro de los remedios de última generación: Olysio, de Janssen. Para proteger su parcela, la empresa ha admitido un programa para solo cobrar los tratamientos que demuestren que eliminan el virus seis meses después de aplicarse Olysio. Y pagar ellos mismos el test: 120 euros cada uno.

Este lunes, la Organización Médica Colegial (OMC) ha asegurado que hay "riesgo de colapso" del sistema sanitario por la política de precios "abusivos" que ponen los laboratorios a estos remedios. No está tan de acuerdo con esta postura uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), Mario Cortés, que no se cansa de repetir que "para rescatar Bankia o el almacén Castor –1.400 millones de euros– se ha encontrado dinero". La PLAFHC hará una concentración frente al Parlamento Europeo este 21 de enero en Bruselas para exigir "tratamientos para todos".

Los afectados y la OMC sí coinciden en que la solución al embudo de las medicinas para la hepatitis pasa "por un fondo" finalista que dedique dinero específico a garantizar el acceso a los tratamientos. La PLAFHC pedía 800 millones. Sin embargo, lejos de aceptar esta medida, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tras presidir su primer Consejo Interterritorial de Salud, se negó a admitir tal fondo porque, dijo, no se sabe a cuántos pacientes hay que recetárselo. "No tiene sentido", sentenció.

Algunos sistemas sí han tomado esta decisión. Israel, por ejemplo, discutió a finales de 2014 en un comité especial de salud qué tratamientos se financiarían públicamente durante este 2015. Un tercio del presupuesto dedicado a medicamentos irá específicamente a los nuevos fármacos contra la hepatitis C (sumarán 24 millones de euros). La lista redactada por el comité se convertirá en ley.

Mercados potenciales atractivos

Gilead ha desplegado una estrategia de negociación que funciona casi país por país. El laboratorio varía según la renta de los estados y el mercado potencial. Así, En Pakistán ha accedido a dejar su píldora en los 16,6 euros por unidad (frente a los 860 de EE UU). Para 24 semanas, el sistema paquistaní afrontará 1.394 euros. Las autoridades del país asiático calculan que hay 10 millones de enfermos de hepatitis C, un nicho muy grande donde colocar su producto.

Lo mismo ocurre en Egipto, donde también comercializa Sovaldi con un 99% de descuento. Pero es que el país africano ofrece un escenario de unas 165.000 nuevas infecciones al año. Es el Estado con una "mayor carga" de la enfermedad en el mundo, según el Centro de Control de Enfermedades.

Otros países no se han cortado tanto y, directamente, no han satisfecho las expectativas de las farmacéuticas. Con diferentes métodos, desde luego. Si hace una semana India se negó a conceder una patente a Gilead para que comercializara en exclusiva la píldora, Australia se ha negado a incluir el Sovaldi en la subvención pública. En septiembre se supo que su autoridad farmacéutica había rechazado financiar este producto. El Gobierno entendía que "tendría un alto impacto financiero en el presupuesto sanitario". Punto final.

El camino que une la síntesis de un fármaco que elimina el virus y los enfermos es de todo menos recto. Ante la posición de fuerza que ha desplegado la empresa Gilead con su Sovaldi y el anunciado Harvoni (que se aplica a más espectro de pacientes), la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado rápidamente el uso de una alternativa: Viekirax-Exviera del laboratorio AbbVie. El pasado 16 de enero, la compañía se congratulaba de poder así desembarcar en un mercado "de nueve millones" de afectados.

La UE perfila el futuro Consejo de Cooperación Reguladora (RCB, por sus siglas en inglés), una herramienta incluida en las negociaciones del polémico acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (el famoso TTIP) que, una vez se apruebe ese tratado, se encargará de coordinar las regulaciones públicas de la industria en Estados Unidos y el Viejo Continente y que, según los críticos con este acuerdo, abre la puerta a que los lobbies transnacionales influyan en la elaboración de las normas que puedan afectarles a uno y otro lado del Atlántico.

Firme partidaria del TTIP, el tratado de libre comercio que la Unión Europea negocia con Estados Unidos desde hace más de año y medio, España se alinea en la negociación con todos los demás países de la UE para sacar adelante el acuerdo sin que de momento haya disensiones (la primera grieta la puede abrir próximamente Syriza en Grecia). Pero una cosa es el interés de la UE y otra muy distinta, que coincida con los intereses de sus Estados miembros, como ha puesto de manifiesto esta crisis.

Mala gestión y servicio, descontrol sobre fondos públicos y decisiones de dudosa legalidad. El Tribunal de Cuentas acaba de publicar su informe fiscalizador sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 2013, un documento demoledor que critica con mucha dureza la gestión del organismo. El informe cuestiona incluso la legalidad de la externalización que el Fogasa hizo de la bolsa de expedientes por resolver a finales de 2013, una tarea que recayó en la empresa pública Tragsatec mediante una encomienda de gestión y que costó 3,5 millones de euros al Ministerio de Empleo. El Tribunal concluye que esta encomienda ha resultado "antieconómica" para los fondos públicos que gestiona el Fogasa, dependiente del departamento de Fátima Báñez.

El informe destaca que las actividades realizadas por Tragsatec se encuentran "muy alejadas" de la actividad administrativa propia del Fogasa, "lo que induce a considerar que no debió aceptarse, desde el punto de vista de la legalidad vigente, como encomendable la contratación y realización de la citada encomienda de gestión". No solo eso, el Tribunal asegura que hay indicios de que esta empresa se "extralimita" en sus funciones y de que sus trabajadores llevan a cabo tareas que vulneran "la legalidad vigente", como instruir expedientes.

Así, la labor de los trabajadores de Tragsatec "podría vulnerar" la Ley de Protección de Datos: tienen acceso a las aplicaciones informáticas de la Tesorería General de la Seguridad Social para consultar vidas laborales pese a que el modelo de solicitudes de las prestaciones del Fogasa no menciona la posibilidad de que los datos personales contenidos en ellas pueda ser cedidos a otras entidades distintas del organismo. La instrucción por parte de "personas no competentes para ello", dice el informe, supone un riesgo de que "no se cumplan todos los requisitos legales".

El Tribunal de Cuentas también pone en cuestión que Tragsatec haya cumplido con el trabajo encomendado. Entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, la empresa debía resolver 148.260 expedientes atrasados. Sin embargo, a 7 de abril de 2014, el número total de expedientes por resolver había aumentado un 11% (hasta 245.242) respecto a finales de 2013. "El número medio mensual de expedientes aprobados por el Fondo de Garantía Salarial en el ejercicio de 2013 sin la colaboración de la citada empresa pública fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los seis primeros meses del ejercicio 2014 cuando ya estaba actuando esta empresa pública", señala el informe.

Las dudas se extienden al coste que supone la externalización a Tragsatec, unos 21,78 euros por expediente resuelto. El Tribunal compara este importe con el que abonó el organismo a los funcionarios que se acogieron voluntariamente a instruir expedientes fuera de su horario laboral: 1,85 euros brutos de media por expediente. La diferencia del coste medio entre el primer caso y el segundo es del 1.077%. Según cálculos del Tribunal, si la ejecución de los expedientes hubiera sido realizada por el propio personal del Fogasa hubiera costado 274.281 euros frente a los 3.267.000 que ha supuesto la encomienda a Tragsatec. El informe añade, además, que el coste final será aún más elevado, puesto que hay que añadir otros gastos, como la formación de los empleados de la empresa pública.

Falta de control sobre fondos públicos

No es ni mucho menos la única crítica que el Tribunal de Cuentas hace al organismo que depende del Ministerio de Empleo. Su informe hace hincapié en la falta de personal, que supone "un importante riesgo de extravío de documentación, además de originar defectos y demoras en la tramitación" de la misma.

Esta falta de personal conlleva, además, un descontrol en los fondos públicos. En el caso de los letrados, que deben asistir a todos los juicios en los que el Fogasa es parte interesada para garantizar que las prestaciones que el organismo paga son las adecuadas y los casos se ajustan a la ley, su número es insuficiente para asistir a todos los casos en los que el organismo está implicado. En los ejercicios 2012 y 2013, los letrados solo acudieron a cerca de un 30% del total de juicios. De ellos, el 56% acabó con sentencia favorable al organismo, lo que a juicio del Tribunal denota que la asistencia a estos procesos "es un instrumento eficaz para una más eficiente gestión de los recursos públicos".

El informe detecta ausencia de datos de asistencia de letrados en varias provincias, lo que califica como "un riesgo en la gestión de fondos públicos, ya que la incomparecencia del organismo al juicio directo puede suponer, sin más, la aceptación de las pretensiones del trabajador por parte del juez". El Tribunal asume que la falta de letrados podría estar ocasionando el pago de "prestaciones fraudulentas" y una "escasa recuperación de deuda".

Un 300% más de expedientes por resolver

El Tribunal da algunas cifras sobre el estado del organismo. A 31 de diciembre de 2013, el Fogasa acumulaba 221.384 expedientes por resolver, un 67% más que a finales del año anterior. El impacto de la crisis ha sido decisivo en el aumento de la carga de trabajo: entre 2007 y 2013, el número de expedientes por resolver se incrementó un 295%, mientras que la plantilla creció un 0,07% en ese mismo periodo.

Esta saturación se ha notado en el plazo medio de tramitación de los expedientes, que fue de 201,5 días en 2013. Un plazo aún más elevado en las tres unidades más colapsadas: Barcelona (395 días de media), Madrid (379) y Valencia (354). El Tribunal detalla que esta situación no es consecuencia de un hecho concreto, sino de una tendencia que lleva años produciéndose y que denota "una falta de previsión del organismo, que debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestaciones".

El futuro de Tania Sánchez se juega en las próximas semanas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A esta instancia acudió el viernes el Partido Popular para presentar una querella contra la diputada madrileña por su condición de aforada. En ella se acusa a la candidata de IU a la Comunidad de Madrid de tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ahora, la Sala de lo Civil y Penal debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella previo informe de la Fiscalía.

De esa admisión a trámite depende el futuro político de Sánchez. El Código Ético de Izquierda Unida, aprobado en 2011, obliga a sus cargos "asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción". Y concreta: "Con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística". El documento se ratificó justo antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas y en pleno escándalo del caso Mercasevilla, que afectaba a altos cargos de IU en Sevilla.

Fuentes jurídicas dan por hecho que la admisión a trámite y, en ese caso, la más que probable citación por el juez instructor de Tania Sánchez se producirá antes de las elecciones autonómicas de mayo. Pero hasta entonces hay un recorrido jurídico que completar, cuyo siguiente paso puede darse esta misma semana.

El informe de la Fiscalía

Tras la presentación de la querella por parte del PP, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) procederá a asignar un número a las diligencias previas, una denominación ésta sin implicaciones acerca de una eventual admisión a trámite. Antes de adoptar esa decisión, la Sala solicitará un informe a la Fiscalía. Dicho informe no es preceptivo, ni vinculante, pero fuentes del TSJM dan por seguro que será solicitado por los jueces, como vienen haciendo sin excepción. La complejidad de la querella apunta a que no tardará menos de dos o tres semanas, según las fuentes jurídicas consultadas. Es poco frecuente que la Sala se pronuncie en contra del criterio de la Fiscalía sobre la admisión o no a trámite.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece su carácter jerárquico, por lo que el fiscal jefe de Madrid puede imponer su criterio. Al frente de la Fiscalía madrileña está Manuel Moix, quien en los últimos meses ha adoptado decisiones que han causado polémica. En el caso de Esperanza Aguirre, Moix pidió al juez que retirara la imputación por desobediencia, al no apreciar indicios de delito en la conducta de la presidenta del PP madrileño sino de una simple falta. El juez se sumó a ese criterio, pero la Audiencia Provincial corrigió a ambos.

Por otra parte, Moix solicitó retirar la imputación del destituido jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo, en contra del criterio de los familares de las cinco adolescentes fallecidas en el Madrid Arena, del resto de acusaciones y del propio juez del caso.

Asimismo, Manuel Moix presentó la querella contra el juez Elpidio José Silva por la instrucción del caso Blesa, que acabó con la condena de más de 17 años de inhabilitación al magistrado. El fiscal jefe optó por representar él mismo en el juicio a la Fiscalía y en su alegato final llegó a decir que si Silva seguía siendo ejerciendo, la justicía quedaría "desahuciada", en alusión al titulo del libro escrito por Silva y en el que se critica duramente al fiscal jefe.

Todavía está abierta otra causa contra Silva a iniciativa de Moix y que, de prosperar, supondría para Silva una pena de cárcel. Se trata de la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid por la filtración y publicación de los denominados correos de Blesa. La Fiscalía apoyó su denuncia únicamente en el testimonio de una antigua amante del juez, que admitió no haber visto nunca los correos y que acusaba a Silva de hacer magia negra. A propuesta de la Fiscalía, la mujer fue declarada testigo protegido y cobró 4.000 euros por tal condición. Desde hace meses no atiende a los requerimientos del tribunal, que no logra dar con su paradero y le ha retirado la condición de testigo protegido.

Decisión de la Sala sobre la admisión a trámite

Una vez la Fiscalía informe a la Sala de Lo Civil y Penal, ésta deberá adoptar una decisión sobre la querella contra Tania Sánchez. Para ello estudiará la querella del PP y el informe del Ministerio Público. En estos momentos, la Sala está compuesta únicamente por tres miembros: el presidente del TSJM, Francisco José Vieira, y los también magistrados Susana Polo y Jesús María Santos Vijande. El presidente del TSJM desde 2009 está considerado un magistrado conservador y moderado, mientras que Santos Vijande ocupa la plaza reservada a la propuesta de la Asamblea de Madrid, donde el PP goza de mayoría absoluta.

Por último, Susana Polo está afiliada a la progresista Jueces para la Democracia. Polo es la instructora de la causa contra Elpidio Silva por la filtración de los correos de Blesa. A pesar de que los testimonios recabados no han aportado nada nuevo a la causa y que la único testigo está desaparecida, no ha decidido aún archivar la causa. Durante la instrucción, ha seguido el criterio de la Fiscalía. Viera, Santos Vijande y Polo formarán el tribunal que decidirá por mayoría si admite o no a trámite la querella contra Tania Sánchez.

Citación como querellada

En el caso de que admitan a trámite la querella, el siguiente paso será designar un instructor para la causa, una cuestión que se resolverá por turno. Una vez nombrado el juez, éste comenzará a instruir. La primera diligencia que podría solicitar sería la remisión de toda la documentación del caso por parte del Ayuntamiento de Rivas y, más adelante, llamar a declarar a Sánchez. O puede citar directamente a la candidata de IU Madrid.

De producirse la citación, ésta será en calidad de querellada. En la práctica, esta figura no se diferencia en nada de la de imputada. Su denominación responde al hecho de que se haya presentado contra Sánchez una querella y no una denuncia. El Código Ético de IU de 2011, en todo caso, habla de "imputación y procesamiento". Con la presentación de la querella, el PP se erige en acusación popular y busca tener un papel activo en la causa que eventualmente se abra, designando abogado y procurador.

El concejal de IU en Madrid Jorge García Castaño defiende a Tania Sánchez y acusa: "Es una querella del aparato de IU y del PP; son las viejas élites políticas junto con los poderes fácticos". Su único fin, aseguran, es interferir en su candidatura a la Comunidad de Madrid. Sánchez ganó en primarias abiertas encabezar la lista electoral de IUCM el próximo 24 de mayo.

"Tania es la única persona capaz de representar la unidad popular y de unir a todos. Es la mejor posicionada para ganar la Comunidad de Madrid", añaden las mismas fuentes. "Vamos a llegar hasta el final. No nos va a parar el aparatillo de IU. No nos va a entretener nadie", zanja.

La propia Tania Sánchez aseguró el sábado en el acto de presentación de su candidatura: "Yo estoy dispuesta a tirar para adelante si vosotras estáis dipuestas. Vamos hasta el final, hasta el 24 de mayo. Hasta ganar y conquistar Sol".

Enfrente, el sector de IUCM rival de la candidata pide que dé un paso al lado y deje la candidatura. "La querella es un asunto personal suyo que tiene que resolver Tania Sánchez", afirma la diputada regional y miembro de la coordinación colegiada Libertad Martínez, quien asegura que el PP "ha puesto el listón muy bajo y se lo tendrá que aplicar a sí mismo".

Martínez, sin embargo, critica que los militantes de IU en Madrid llevan "tres meses viendo como día tras día todos los medios publican con información y documentación suficiente y solvente los problemas de Tania Sánchez". Y zanja: "Se ha creado la suficiente alarma como para que dañe a nuestra imagen. Debe quitarse de en medio".

Como ocurre con los imputados, Sánchez deberá acudir acompañada de un abogado. A diferencia de los testigos, imputados y querellados pueden negarse a declarar y no tienen obligación a decir verdad. De ser Sánchez citada por el juez instructor, lo normal es que abandone el TSJM en la misma situación que lo hizo al entrar. Su situación podría cambiar a lo largo de los meses que dure la instrucción. Los indicios que vaya recabando el juez pueden conducir al archivo de su causa o a dictar auto de procesamiento, el primer paso para la celebración del juicio oral. Las fuentes consultadas descartan que, de imponerse esta vía, el juicio se celebre en 2015.

Igualmente consideran poco probable que, en una causa tan compleja como la de Tania Sánchez, el instructor dicte un archivo inmediato, como ocurrió la pasada semana con la imputación del humorista Facu Díaz por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Al poco de salir del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez comenzó a dictar el auto de archivo, pero en este caso se trataba de una acusación muy diferente a la de Sánchez. Al juez le bastó para dictar el sobreseimiento definitivo escuchar la versión del imputado sobre la intención de su 'sketch' sobre la corrupción en el PP.

Cabe señalar que la condición de aforada de Tania Sánchez 'arrastra' al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al resto de los señalados en la querella, esto es, su hermano, su padre, dos funcionarias del Ayuntamiento y el actual regidor, Pedro del Cura.

Lunes 19 de enero. Pasadas las ocho de la tarde, el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, sale de la reunión del comité de enlace entre IU y PSOE para controlar y seguir el pacto de gobierno entre ambos partidos: "Nada que contar", afirma mientras pugna por zafarse de la nube de micrófonos. Ni niega ni afirma que exista ruptura alguna del pacto de gobierno entre ambas formaciones, o que se vaya a producir un adelanto electoral, pero con sendos simples, escuetos y, por tanto, enigmáticos monosílabos, "no", y "no".

El simple hecho de que Maíllo, hombre siempre accesible para los medios de comunicación, se aleje sin intentar calmar los ánimos, da idea de la tensión que se respira en la política andaluza en las últimas horas. Y del profundo enfado de los responsables de IU. No son exageraciones periodísticas. Pocas horas antes, al mediodía, tras haber iniciado la jornada anunciando su embarazo, la secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo saltar todas las alarmas sorprendiendo, incluso a los suyos, con una declaración: "Ahora mismo en Andalucía no existe estabilidad".

En el PSOE sostienen que IU se merece la difícil posición política en la que se encuentra. "Se han metido en ella ellos solitos", dicen antes de asegurar que lo que IU debería hacer es "retractarse" y abandonar la idea de someter el pacto de gobierno a un referéndum entre sus militantes.

De hecho, Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A, no se guardó ante las cámaras (como Maíllo) sus críticas a IU tras salir de la reunión del comité de enlace pocos minutos después del líder de IU: "El permanente cuestionamiento de la estabilidad pone al Gobierno andaluz en una situación delicada", un reproche que aseguró haber trasladado a IU durante la reunión.

El lunes, inacabable, terminaba así con la promesa de un martes igualmente tenso en el que la presidenta andaluza se reunirá primero con su gabinete en el habitual Consejo de Gobierno de los martes, y a continuación tanteará los ánimos del partido en su reunión prevista con los secretarios generales del PSOE en las ocho provincias andaluzas.

Oficialmente, si mañana no hay sorpresas, Díaz tiene por delante toda una semana, ya que el plazo máximo para convocar unas elecciones autonómicas para el 22 de marzo (la fecha que se baraja) o el 27 expira el martes 27 de enero. Ante los micrófonos, todos aseguran que no habrá sorpresas tras la reunión de los dirigentes provinciales, pero sin ellos nadie da nada por seguro. Así las cosas, ¿cómo se reparten las cartas en la mesa del adelanto electoral? ¿Quién gana con un adelanto?

Ventaja táctica del PSOE

El adelanto electoral le conviene a Susana Díaz. El que golpea primero golpea dos veces. Y las declaraciones de la presidenta de Andalucía este mediodía serán pocas palabras, pero son más que suficientes para convertir los nervios internos del PSOE andaluz y el runrún de elecciones anticipadas en una decisión que parece inminente.

De hecho, el argumento de la estabilidad ha sido recurrente a la hora de afrontar las múltiples desavenencias del Gobierno entre PSOE e IU, siendo uno de los últimos escollos fundamentales la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2015. Esa era, al menos hasta hace unas semanas, "la mejor señal de la estabilidad", según han estado explicando las dos fuerzas.

Pero los dos últimos desencuentros han cambiado el escenario: el anunciado viaje al Sahara del máximo representante de IU en el Gobierno andaluz, su vicepresidente Diego Valderas, y sobre todo, la Asamblea de militantes de la federación de izquierdas, emplazada a un referéndum para volver a respaldar el pacto si determinados puntos del acuerdo programático no se cumplen. Díaz ha visto muchas ganas de sacar los pies del plato a IU y de empezar a distinguirse de cara a un año electoral que se avecina complejo. Por eso a quien conviene un adelanto electoral es ahora a Susana Díaz.

El dilema de IU

A Izquierda Unida y a Antonio Maíllo un adelanto les dejaría sin cumplir algunos de sus principales caballos de batalla, como el establecimiento de una renta básica o la creación de un Banco de Tierras, entre otros. Por eso desde IU se han esforzado en las últimas horas en rebajar el tono y en insistir en que lo que hay que hacer es gestionar, y que se está sobredimensionando la crisis.

Sin embargo, con un Maíllo aún verde ante la opinión pública (en términos de conocimiento), si la baraja la rompe la presidenta, se quedarían sin ese primer golpe que les permitiría elaborar un discurso que pivotase en un "sabemos gobernar pero no admitimos todo", y hacer un guiño de coherencia a los suyos. Un guiño necesario para buscar argumentos frente al debate con un Podemos que amenaza con restarles electorado y dejarlos al margen. Siempre pueden echar la culpa al partido socialista por no cumplir lo pactado, pero deberían cuidarse de contar con un as en la manga para explicar un posible nuevo pacto. En cualquier caso, mientras agotar la legislatura les daría tiempo para sacar pecho de sus logros de gobierno entre los que destacan la Ley de la Vivienda, un adelanto evitaría de algún modo el efecto arrastre previsible para la fuerza de Iglesias tras unas elecciones nacionales.

El PP, con el pie cambiado

Juan Manuel Moreno Bonilla ha visto cómo la figura política de Susana Díaz se proyectaba en el exterior con mucha rapidez, mientras que él no ha logrado aún darse a conocer lo suficiente entre la población. El líder del partido mas votado en Andalucía en las últimas autonómicas ha pagado los vaivenes para la elección de líder del PP andaluz, y la pérdida de un capital político en votos que le costó obtener a Javier Arenas cuatro convocatorias electorales.

Las últimas encuestas no solo le dan como insuficientemente conocido por los andaluces, sino que no acaba de convencer por completo a sus propios votantes. Un adelanto evitaría que el PP-A se beneficiara de que esa recuperación que está vendiendo Mariano Rajoy la empiecen a notar los ciudadanos a finales de año y aprovecharse del efecto contagio.

Podemos, con la lengua fuera

Para la fuerza emergente, Podemos, el adelanto electoral les obligaría a acelerar sus procesos y nombrar candidato definitivo en Andalucía. Todo parece apuntar a Teresa Rodríguez, una rival interesante frente a Susana Díaz, aunque aún le podría salir competencia en unas hipotéticas primarias. Será el momento de que Podemos demuestre si su fuerza es netamente urbana, como parece, o es capaz de captar el voto rural, mayoritario en Andalucía.

De todos, pues, los que parecen tener más ases en la manga son la presidenta de la Junta y el PSOE. Aun así, no va a ser una plaza sencilla. Si se concreta el adelanto, los socialistas andaluces serán los primeros en medir el efecto Podemos en las urnas y en cuantificar el voto de castigo del ciudadano cansado y en crisis. Para Susana Díaz será su primera cita electoral como cabeza de cartel; una responsabilidad y mucho en juego. Y de fondo, los intereses que Díaz pueda tener en dar el salto a Madrid habiendo cumplido su empeño en pasar la reválida de las urnas en Andalucía. En este caso, tendrá que explicar su repetida promesa: "Andalucía es lo primero".

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha acusado este lunes al PSOE-A de crear "una inestabilidad que no existe" en el Gobierno de Andalucía de manera "objetiva". En este contexto, se ha mostrado convencido de que no habrá adelanto electoral en la comunidad autónoma, tal y como ha expresado en una entrevista en la SER. Se pronunciaba así después de que la presidenta, Susana Díaz, haya dicho que es "evidente" que la estabilidad "no existe en esos momentos", y si no hay hay, "tendrá que haber adelanto electoral".

Sin embargo, Antonio Maíllo no ve elementos de ruptura en estos momentos o de falta de lealtad por parte de su formación, por lo que no entiende "la construcción de una tensión que es pura subjetividad". Ha puesto el caso de que hay unos presupuestos autonómicos aprobados para este año, frente a lo que se construye una inestabilidad "supuesta" sobre un viaje a los campamentos saharauis en Tinduf, previsto por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y vetado por la presidenta, y "un supuesto referéndum no convocado". En este sentido, sobre lo primero cabe recordar que el vicepresidente ha abierto "un periodo de reflexión", y sobre lo segundo, es una decisión de la asamblea de diciembre de 2014 de IU convocar un referéndum sobre su continuidad si no se cumple un determinado paquete legislativo.

"No es justo ni razonable que se intente plantear una proyección por parte del socio de inestabilidad cuando no hay razones", ha insistido, para dejar claro que IU "no va a asumir una responsabilidad que no tiene". Ha abogado por hablar con "sosiego, serenidad y humildad". Para concluir diciendo que frente a la "sobreactuación" del "runrún" electoral, este martes se aprueban dos leyes en el Consejo de Gobierno, las de Memoria Democrática y Defensa de los Consumidores de Productos Hipotecarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus previsiones económicas para España, hasta un 2% este año, tres décimas más que en octubre, y ha mantenido sin cambios las del próximo año en el 1,8%.

El repunte español se produce en un contexto de revisión a la baja de los principales países de la zona euro, para la que en su conjunto se prevé un crecimiento del 1,2% en 2015 y del 1,4% en 2016, dos y tres décimas menos de lo anticipado, de acuerdo con el informe de 'Perspectivas Económicas Globales' presentado esta madrugada en Pekín.

"Son buenas noticias para España", ha señalado el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, cuando se le ha preguntado por las conclusiones del informe sobre nuestro país, aunque no ha tardado en matizar ese optimismo. El economista ha señalado que, aunque España tendrá un mayor crecimiento que Europa en 2015, "la tasa de paro está muy por encima del 20%, así que queda un largo camino por recorrero porque con el actual ritmo de crecimiento no bajará el paro de manera rápida".

Malas noticias para el conjunto de la zona euro

La mejora de las perspectivas para España contrasta con el empeoramiento de las previsiones para los principales países de eurozona. Este es el caso de Alemania, locomotora europea, que ve reducidas sus previsiones de crecimiento al 1,3% en 2015, dos décimas menos; y 1,5% en 2016, tres décimas por debajo de lo previsto en octubre.

Asimismo, Francia crecerá un 0,9% este año y un 1,3% en 2016, una y dos décimas menos de lo anticipado; e Italia, que vuelve a la senda positiva tras dos años de recesión, un 0,4% en 2015 y un 0,8% en 2016, aunque en ambos casos medio punto menos de lo previsto anteriormente.

La razón de este descenso en las perspectivas de la zona euro, de acuerdo con el FMI, se basa en la "debilidad de la inversión" a finales de 2014 y una inflación y perspectivas inflacionarias que siguen en retroceso.

Para este año, el organismo dirigido por Christine Lagarde "prevé que la actividad estará respaldada por el descenso de los precios del petróleo, una política monetaria más distendida (algo que los mercados financieros ya anticipan en general y que los tipos de interés reflejan), una orientación más neutral de la política fiscal y la reciente depreciación del euro".

No obstante, matizó que "estos factores quedarán compensados por el debilitamiento de las perspectivas de inversión -que en parte refleja el impacto del menor crecimiento de las economías de mercados emergentes en el sector exportador".

El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard está preocupado por el auge de Podemos. Así lo ha reconocido en la rueda de prensa posterior a la presentación del informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional celebrada esta madrugada.

"¿Cómo ve el auge de partidos como Podemos y sus propuestas para reestructurar la deuda europea?", ha preguntado un periodista a Blanchard. El economista jefe del FMI no ha esquivado el tema y ha señalado que "en España, como en otros muchos países, están apareciendo partidos que no quieren ser parte del euro y que tienen posiciones populistas y eso es algo sobre lo que tenemos que preocuparnos" (audio de la Cadena SER).

Las palabras de Blanchard han llegado después de que el responsable de los estudios del organismo internacional haya calificado como "buenas noticias para España" la mejora de las previsiones económicas para nuestro país en 2015 que augura el Fondo. Según los cálculos del FMI, España crecerá un 2% en 2015, tres décimas más de lo previsto en octubre. A pesar de ello, el organismo alerta sobre el elevado índice de paro.

La tasa de paro en España bajará de manera gradual durante los próximos cinco años, pero continuará siendo una de las más elevadas entre las economías desarrolladas durante la presenta década, puesto que superará el 21% al menos hasta 2019, para cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que el desempleo alcance el 21,49%, frente al 23,6% estimado para 2015.

En concreto, la institución internacional pronostica que la tasa de desempleo en España bajará desde el 23,6% estimado para 2015 al 22,8% en 2016, situándose en el 22,16% un año después y en el 21,82% en 2017, mientras que en 2019 la tasa de paro en España sería del 21,49%.

De confirmarse las expectativas de la OIT, la economía española cumpliría una década completa con el desempleo por encima del 20%, puesto que en 2010 la tasa de paro en el país ya se situó en el 20,23%, frente al 8,4% registrado en 2007, año en el que comenzaron las dificultades en el sector hipotecario y financiero que desembocaron en una crisis global.

Por otro lado, la OIT añade que los recortes salariales en países como España pueden haber contribuido a reducir los diferenciales en competitividad de costes en el seno de la zona euro, donde se aprecia una relativa convergencia de los costes laborales unitarios.

"Sin embargo, esto no siempre se ha traducido en una mejoría de la competitividad externa y una recolocación interna hacia los sectores más productivos", indica la institución.

De hecho, la OIT señala que en España, donde las exportaciones se han recuperado, el crecimiento de las empresas se enfrenta a dificultades relacionadas con la debilidad de la demanda doméstica, las restricciones en la concesión de crédito y la estricta regulación de los mercados de productos.

Ocho millones más de parados en el mundo hasta 2019

A nivel global, la OIT advierte de que las perspectivas laborales en el mundo empeorarán durante los próximos cinco años, hasta el punto de que el paro aumentará en tres millones de personas en 2015 y en ocho millones entre 2016 y 2019, lo que situará el total de desempleados en el mundo en unos 212 millones en 2019, frente a los 201 millones que había en 2014.

Así lo refleja la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe sobre 'Perspectivas Laborales y Sociales en el Mundo', en el que advierte que recuperar los niveles de paro y subempleo anteriores a la crisis será una "ardua tarea".

De hecho, el número de parados actual (201 millones en 2014) supera en 31 millones la cifra registrada antes del estallido de la crisis global, que ha provocado la destrucción de 61 millones de empleos hasta 2014.

La OIT calcula que, contando con las personas que se incorporarán al mercado laboral durante los próximos cinco años, se necesitarán crear 280 millones de nuevos empleos hasta 2019 para suplir la brecha de empleo generada con la crisis.

La organización avisa además de que los jóvenes continúan viéndose afectados por el paro "de manera desproporcionada". Así, en 2014, cerca de 74 millones de personas de entre 15 y 24 años buscaban trabajo, triplicando la tasa de paro juvenil la de los adultos.

Luis Bárcenas podrá salir de la cárcel de Soto del Real en la que entró el 27 de junio de 2013. Para ello el extesorero del PP tendrá que abonar una fianza de 200.000 euros, según la decisión adoptada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La decisión obliga a Bárcenas a comparecer en el juzgado tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) y le prohíbe salir de España.

Los magistrados han tenido en cuenta que la investigación de la pieza principal está concluida. En el momento procesal actual, según los jueces, con la investigación prácticamente agotada existen otras medidas cautelares que puedan mitigar el riesgo de fuga, como las citadas antes.

Los argumentos de los jueces de la Sala se enfrentan a los expuestos por Ruz el mes pasado para denegar la excarcelación del extesorero del PP. A la cabeza de los argumentos expuetos por la Sala se encuentra el auto de procesamiento de la denominada 'Primera Época', la pieza del caso Gürtel en la que Anticorrupción pide 42 años y medio de cárcel para Bárcenas.

El auto significa que la investigación está acabada, por lo que los jueces creen que hay otras medida alternativas a la prisión para evitar el riesgo de fuga del que alertaba Ruz. Además de presentarse tres veces a la semana en el Juzgado, a Bárcenas se le seguirá reteniendo el pasaporte y deberá tener un domicilio fijado. 

En su auto, la Sala recuerda que Bárcenas lleva 19 meses en prisión, "lo que debemos armonizar con el pleno arraigo del apelante en España y su carencia de antecedentes penales, lo que disminuye el riesgo de huida".

El último recurso presentado por Javier Gómez de Liaño apelaba a la decisión de las autoridades suizas de suspender la utilización de la documentación bancaria enviada a Ruz por un defecto en el trámite judicial. Como Ruz, la Sala rechaza este argumento y solo atiende a uno de los presentados por el ya exletrado de Bárcenas, el hecho de que se haya dictado auto de procesamiento.

Los 200.000 euros de fianza impuestos, asegura el auto, es una cantidad que "concilioa la natural y lógica pretensión de libertad con la garantía de evitar su fuga y la ocultación de posibles fuentes de prueba que no hayan sido todavía obtenidas". Además, es acorde y proporcionada con los intereses en liza y la situación de otros imputados, argumenta.

El juez ha archivado provisionalmente la causa contra Esperanza Aguirre por darse a la fuga después de que los agentes de movilidad le pidieran la documentación para multarla por estacionar su vehículo en plena Gran Vía de Madrid. El magistrado considera que "no está acreditada la desobediencia y las lesiones denunciadas" por los funcionarios.

La presidenta del PP madrileño arrolló la moto de un agente de movilidad que le pidió la documentación en Gran Vía porque su vehículo estaba aparcado en el carril bus. Los hechos se produjeron en el mes de abril.

Los agentes de movilidad denunciaron a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y relataron que derribó una de las motos al darse a la fuga pese a que le ordenó que no lo hiciera. "¿Bronquita y denuncia? Vais a por mí porque soy famosa, tienes la placa, denuncia al vehículo", les dijo la dirigente conservadora.

Aguirre aseguró ante el juez que su intención no era darse a la fuga después de que los agentes la mantuvieran retenida durante el tiempo en que le pusieron la multa sino que se marchó al no considerar preciso recoger el recibo de la sanción.

Los agentes persiguieron a Aguirre por el centro de la capital hasta que llegó a su domicilio, donde aparcó el coche dentro del garaje. Según el testimonio de la expresidenta ante el juez, se fue porque temía que le pudiese pasar algo al haber mucho público, y que no fue consciente de que los funcionarios la siguieron hasta su vivienda. Los policías que presenciaron los hechos avalaron la tesis de que Aguirre pudiera no ser consciente de las órdenes de alto que le dieron.

El juez considera que la "solución no puede ser otra que el sobreseimiento pues la denuncia ha sido rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias hacia la credibilidad de estos".

El magistrado no considera probadas las lesiones de uno de los agentes porque los policías que le tomaron declaración no apreciaron los daños y el informe forense señaló que no había "signos objetivos" que confirmaran la lesión de uno de los denunciantes.

En cuanto al delito de desobediencia, el juez lo rechaza al entender que "no está acreditado" que Esperanza Aguirre "se percatase de la orden de detención que se le daba" ya que los agentes no llevaban las señales sonoras sino solo las luminosas. Además, descarta que los daños en la motocicleta constituyan una infracción penal.

El auto del juez puede ser recurrido por las partes en un plazo de tres días. El juez Carlos Valle, que ha instruido la causa contra Aguirre, intentó en un principio dejarla en una falta al considerar que el acto protagonizado por la expresidenta regional era "cotidiano". Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó esa decisión por lo que la causa se instruyó como un delito. La Audiencia condenó a seis meses de cárcel a una mujer por un caso similar al de Aguirre.

Con todos sus bienes y cuentas embargados, tanto aquellos que proceden de ingresos regulares como los que podrían tener una procedencia ilícita, Luis Bárcenas tiene dos opciones de reunir el dinero de su fianza: a través de un improbable aval bancario o de un préstamo personal, procedente de familiares o amigos. Su todavía abogado, Javier Gómez de Liaño, dio por hecho esta mañana, al salir de la visita que realizó en la cárcel al extesorero del PP, que Bárcenas reunirá los 200.000 euros que le ha impuesto de fianza la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, se encuentra imputada en el caso Gürtel y en la pieza separada que investiga la financiación irregular del Partido Popular. Sus bienes, como los del tesorero, se encuentran embargados y ella ha pedido en tres ocasiones que le sean desbloqueados fondos para hacer frente a gastos básicos, como los recibos del hogar o la alimentación. Esas solicitudes han sido denegadas por el juez Ruz en decisiones confirmadas por la misma sección que este martes ha acordado la libertad bajo fianza de Bárcenas.

En el pasado, Iglesias pidió el desbloqueo de 5.000 euros del dinero que está bloqueado en cuentas suizas, pero tanto Ruz como la Sección Cuarta se negaron por las sospechas de que el matrimonio aún esconde dinero en el extranjero. El pago de los servicios del abogado de Bárcenas fue objeto de investigación, y se concluyó que el dinero procedía de la familia de Iglesias. Los otros imputados en el caso Gürtel que pasaron por prisión provisional y fueron objeto de embargo, Pablo Crespo y Francisco Correa, también recurrieron a su entorno para pagar sus fianzas.

El abogado Javier Gómez de Liaño, que hasta el próximo jueves ostentará la defensa legal de Luis Bárcenas, aseguró esta mañana: "Me ha dicho que va a salir con el mismo peso con el que entró". Gómez de Liaño abandonó ayer la defensa de Bárcenas por discrepancias con su defendido. Según el letrado, ese desencuentro culminó con la entrevista concedida por el extesorero al diario ABC. Ruz dio tres días a Bárcenas para encontrar nuevo abogado. Si al acabar ese plazo no designa nuevo defensor, le será asignado uno de oficio. Por eso hoy Gómez de Liaño pudo visitar a Bárcenas todavía como su abogado. "Me ha dado un abrazo", aseguró el letrado tras el encuentro.

En el capítulo de frases que dejó Gómez de Liaño para dar a entender que Bárcenas podrá reunir la fianza, el abogado manifestó que, además del peso, Bárcenas le dijo que mantendrá "el mismo pelo" cuando salga de la cárcel. "Lo importante para él es reunirse con su familia y recuperar el tiempo perdido. En eso está pensando hoy, lo hará mañana y quizás pasado", afirmó en el mismo sentido Gómez de Liaño. Es más, unos minutos después, el abogado afirmó que, "afortunadamente, ahora no hay ningún preso preventivo" en el caso Gürtel.

Al ser preguntado por La Sexta acerca de si puede dar marcha atrás en su decisión de abandonar la defensa del extesorero, Gómez de Liaño afirmó: "No recuerdo a lo largo de mi vida, que ya es extensa, haber retrocedido en una decisión fruto de una previa meditación y reflexión calculada y prudente. Pero no olvidemos una cosa: en esta vida, como en todas las profesiones, todos podemos ser útiles pero nadie es imprescindible".

    La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado este martes su confianza en que "todos recapacitemos y sepamos lo que es estar en un gobierno de nueve millones de personas, que es la esperanza para los ciudadanos" y ha insistido en que "si no es así, hablarán los andaluces".

   Díaz se ha pronunciado de este modo, a preguntas de los periodistas en la localidad onubense de Gibraleón, un día después de asegurar que la estabilidad que necesita el Gobierno autonómico "no existe en esos momentos" y advirtiese de que si no se logra esta estabilidad "tendrá que haber adelanto electoral".

   "Si estamos convencidos de que estamos viviendo un momento complicado de la vida de la gente, tenemos que poner toda nuestra energía en solucionar los problemas. Y si esto no es así hablarán los andaluces", ha reiterado Susana Díaz.

   En esta línea, la presidenta andaluza ha dejado claro que sabe lo que quiere y "es un gobierno fuerte y sólido en un momento difícil, donde lo peor de la crisis ha pasado, pero ahora hay que combatir el paro y la desigualdad", por lo que la región, a su juicio, "necesita un gobierno que se deje la piel por los ciudadanos. Estoy comprometida con Andalucía y me da igual lo que sea bueno para IU, PP o PSOE; ése es mi compromiso y lo que voy a hacer".

   En este sentido, ha afirmado que "en estos momentos no hay estabilidad y en estas condiciones, si las cosas no cambian, pues evidentemente habrá que tomar una decisión y será en los próximos días". Por tanto, ha abogado por "recapacitar todos sobre lo que necesita la comunidad, que es un gobierno fuerte y sólido para gestionar ahora esa posible recuperación y que la sienta la gente".

   Preguntada por la falta de esa estabilidad que tan necesaria considera, la presidenta andaluza ha insistido en que existe "cuando se le ha puesto fecha de caducidad a un gobierno, cuando se le ha dicho a un gobierno que es interino, y cuando se ha dicho el día antes de aprobar el presupuesto andaluz que en cuatro o cinco meses decidirán 4.000 militantes de IU" sobre el mismo. Por tanto, asegura que "antes de que decidan 4.000 militantes de IU, PSOE o PP, decidirán nueve millones de ciudadanos".

   Al respecto, ha enfatizado que no va a permitir que "Andalucía sea como Cataluña y que todos los días estemos en los periódicos por una pelea entre dos para ver a quién le va mejor en el ámbito electoral. Esto no va a pasar en Andalucía", que necesita, ha insistido, "un gobierno centrado en los problemas de la gente".

   "Yo pienso en los ciudadanos que lo están pasando muy mal y se preguntan si sus representantes tienen que estar en sus líos o tienen que estar en sus problemas", ha asegurado Díaz, no obstante, ha añadido que "la gente quiere que sus representantes estén en sus problemas y en estos momentos el Gobierno andaluz no tiene estabilidad y se le garantiza o hablarán los andaluces porque no voy a esperar cinco meses a que lo digan los dirigentes del PSOE o de IU".

"DESCALIFICACIONES DEL PP"

   De igual modo, ha asegurado que le llama la atención "la cascada de declaraciones en el día de hoy, fundamentalmente las descalificaciones del PP, que llevan 15 meses diciéndome que no me han elegido los andaluces y hace una semana me decían que convocara".

   Sin embargo, lamenta que ahora cuando ha anunciado que "antes de que este gobierno siga en una inestabilidad, le daría la voz a los ciudadanos, se han puesto nerviosos y se han puesto a temblar porque parecen que ellos sí prefieren pensar en sus intereses electorales y no en lo que necesitan los andaluces".

   En cuanto a la reunión convocada para esta tarde con los secretarios generales del PSOE de las ocho provincias, Díaz ha señalado que el encuentro estaba previsto hace dos semanas con motivo del cierre de proceso de listas a las municipales, aunque "evidentemente" se abordará la situación actual. No obstante, ha remarcado que cuando piensa en qué es bueno para Andalucía no le "va a importar lo que piense el PSOE sobre qué es bueno para el PSOE, ni para IU ni para el PP".

El Partido Popular está convencido de que la salida de Bárcenas de la cárcel no le supondrá un problema añadido en año electoral. Fuentes de la dirección del PP, consultadas por eldiario.es, aseguran que "si Bárcenas es inteligente no hablará". Según las mismas fuentes ,"el Bárcenas que sale de prisión no es el mismo que entró. Tendrá que ser muy cuidadoso".

La postura que los populares trasladan en conversaciones informales contrasta con la del todavía abogado del extesorero, Javier Gómez de Liaño. Según Liaño, el extesorero del PP "va a salir de prisión con el mismo peso con el que entró".

Frente a esta diferencia de criterios, la Izquierda Plural ha salido en el Congreso para insinuar la existencia de un "pacto político" para sacar a Bárcenas de la cárcel. El diputado José Luis Centella ha calificado de "raquítica" la fianza impuesta al extesorero y afirma que "hay un acuerdo no declarado sobre la trama Gürtel y sus consecuencias". Desde el mismo grupo parlamentario, Joan Coscubiela señala que el "Luis, sé fuerte" que Rajoy le escribió a Bárcenas por SMS "ha tenido su recompensa con su excarcelación".

En el grupo popular en el Congreso, mientras tanto, advierten de que la credibilidad de Bárcenas "está por los suelos". Su portavoz, Rafael Hernando, ha marcado distancias en sus declaraciones ante los medios afirmando que "la situación de este señor me es absolutamente indiferente".

Tras la Junta de Portavoces, el PSOE ha anunciado su intención de pedir la comparecencia de Rajoy para que responda por el escrito de la Fiscalía que señala a su partido como beneficiario lucrativo de la trama y da por hecho la existencia de una caja B en la formación que dirige. El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha calificado la decisión sobre Bárcenas de "salida inminente y salida indignante".

"Reivindicamos que la única forma de fomentar la utilización de las autopistas radiales es quitarles el peaje o bien que el resto de vías cuente con un peaje blando", señaló el consejero delegado de OHL Concesiones, Juan Osuna.

En su opinión, la extensión del pago por uso a toda la red podría "resolver de golpe" el problema de las radiales y el de la escasa utilización que presenta la importante red de carreteras con que cuenta España, en la que se ha realizado una "importante inversión publica".

"Es preciso reflexionar sobre ese patrimonio que ha costado tanto a todos los españoles y decidir lo que hay que hacer para que se utilice, además de resolver sus problemas financieros", añadió el directivo de OHL.

Respecto al plan de rescate en que actualmente trabaja el Gobierno para el conjunto de ocho vías de pago en concurso de acreedores, indicó que las concesionarias de las autopistas están a la espera de que el Ejecutivo cierre del acuerdo con los bancos para reestructurar la deuda de 3.400 millones de euros que actualmente suman.

"Se trata de problema complicado, en el que conviven distintos intereses, pero todas las partes (autopistas, Gobierno y banca) tenemos voluntad de alcanzar un acuerdo, sabiendo que todos perderemos algo para lograrlo", sintetizó Osuna.

No obstante, el directivo de la compañía del Grupo Villar Mir lamentó que, pese a la confianza que existe en que se logrará cerrar un acuerdo, "quedará el mal sabor de boca del daño que este problema ha hecho al mercado concesional español".

El plan en que trabaja Fomento pasa por reestructurar la deuda de las autopistas quebradas, aplicando una quita del 50%, y posteriormente integrarlas en una sociedad pública. OHL es titular del 100% de una de estas vías, la Eje Aeropuerto, la que une Madrid con el aeródromo de Barajas.

El secretario de Organización de IU, Miguel Reneses, trasladó al coordinador federal de la coalición, Cayo Lara, a través de una carta fechada el 7 de diciembre, su deseo de dejar la Secretaría de Organización por las "profundas diferencias estratégicas" que tiene con el "previsible" candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón. La nota se ha hecho pública este martes, con el coordinador de la coalición de viaje en Grecia, donde participará en la campaña electoral de Syriza.

"Quiero comunicarle que en la necesaria remodelación de la Dirección que debe producirse hasta las Elecciones Generales no deseo continuar en la Secretaría Ejecutiva Interna y Organización dadas las profundas diferencias estratégicas que tengo con el previsible candidato y no quiero tener responsabilidad en las consecuencias de la situación que estamos viviendo", reza la misiva, filtrada a la agencia Europa Press.

En declaraciones a dicha agencia, Reneses ha confirmado su voluntad de abandonar su responsabilidad después de las primarias, cuyo resultado se conocerá el 14 de febrero. El día 21 se reunirá el principal órgano de IU entre asambleas, el Consejo Político Federal, para ratificar la candidatura. Reneses cumple 60 años el día 24.

En la carta, Reneses también informó al coordinador federal de IU de que en marzo hará efectiva su solicitud de jubilación voluntaria, a la que puede optar por su dedicación a la función pública una vez cumplidos los 60 años y habiendo cotizado más de 35 años.

A este respecto, según sus declaraciones, agotará la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tras lo que dará por finalizada su labor institucional.

A la vez, Reneses ha manifestado su intención de continuar en los órganos de dirección de la coalición de los que forma parte, el Consejo y la Presidencia, hasta la próxima Asamblea, prevista para diciembre de 2016.

"No voy a abandonar la política; yo formo parte de los órganos de dirección y voy a seguir formando parte de ellos porque tengo experiencia, porque conozco la organización, porque puedo ayudar, porque puedo aportar y porque creo que en este periodo IU necesita mucha gente que la defienda", ha apostillado.

En su misiva, Reneses agradece a Lara el apoyo que le ha brindado "especialmente en este último periodo", marcado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. "Quiero agradecerte personal y políticamente la confianza que has tenido en mí en todos estos años a la que he correspondido con todas mis fuerzas y en todas mis actuaciones; pero especialmente en este último periodo, porque sabes que soy ajeno a nada que tenga que ver con la actitud de Moral Santín y el saqueo de Caja Madrid, mal que a alguno le pese", dice la carta.

Garzón avisó de que no era de su confianza

Reneses ha hecho pública esta carta después de que el aspirante a candidato de IU para las elecciones generales manifestara este domingo que si sale elegido en las primarias quiere una nueva dirección y que el actual secretario de Organización no es de su confianza.

Además, ha acusado a Garzón de tener "tics autoritarios", en una organización cuyo líder, ha recordado, es un coordinador federal, no un secretario general (como en el PSOE y en Podemos) ni un presidente, de manera que "prima lo colectivo", frente a los "liderazgos personales".

En este sentido, le ha reprochado que intente ejercer de coordinador federal y ha subrayado que una cosa es el candidato y otra el líder de la organización, que seguirá siendo Cayo Lara hasta 2016, según lo previsto.

"Cada vez que habla es para señalar a los que le sobran, y yo creo que en IU, frente a lo que él dice, no sobra nadie, porque en IU si de algo debemos sentirnos orgullosos es de la pluralidad", ha valorado Reneses.

Asimismo, ha criticado que Garzón, a su juicio, "vincula la dirección a ámbitos de confianza personal", al tiempo que ha defendido que "en la dirección no tienen que estar familiares y amiguetes", sino "dirigentes que sean representativos y que tengan capacidad para ejercerla, y también tiene que ser plural".

"Todos los dirigentes que yo conozco en IU son de la confianza de IU, no son de la confianza personal de nadie", ha agregado Reneses, quien ha afirmado que Garzón tiene un concepto de la formación que "no tiene nada que ver" con la IU que se ha venido construyendo hasta ahora.

"Yo me preocuparía por ver por qué, siendo él la referencia mediática de IU, incluso por exceso, desde las elecciones europeas, los resultados son los siguientes: las encuestas nos dan dos diputados, nos dicen que desaparecemos de algunas comunidades autónomas...", ha indicado. Igualmente, ha señalado que el resultado del proceso de convergencia que gestiona Garzón es "cero", más allá de la "confusión" en IU.

En cuanto a las diferencias estratégicas, ha dicho que se basan en que, al contrario de lo que ha escuchado decir a Garzón, el proyecto de IU y de Podemos no es el mismo. "Son proyectos distintos, el de IU es un proyecto transformador alternativo que se sitúa en la izquierda y que se dirige a la mayoría social trabajadora y no es un proyecto regeneracionista o radical-democrático como puede ser Podemos", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que él no cree que IU sea el "complemento de Podemos", sino que es "una organización soberana y autónoma que no es subsidiaria de nadie, no lo era antes del PSOE y no lo es ahora de Podemos". Además, ha afirmado que IU tiene que defender su espacio político tanto del PSOE como de Podemos, porque "no se está defendiendo".