La Fiscalía Anticorrupción considera que debe ser el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que conozca la querella presentada contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, aforado como diputado autonómico, por la gestión de la Fórmula Uno en Valencia al existir "sólidos indicios delictivos".

La delegación valenciana de la Fiscalía ha remitido un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV donde concluye que "de los hechos concretos relatados, apoyados en las diligencias practicadas, se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse" a Camps.

Para la fiscalía "se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

El escrito cita jurisprudencia, entre ella un auto del Tribunal Supremo relacionado con el asunto de los ERE en Andalucía, para advertir de que se cumplen los requisitos previstos.

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado este miércoles un acuerdo con ERC por el que se celebrarán elecciones anticipadas el 27 de septiembre de 2015. El acuerdo reafirma además el pacto de gobierno firmado en 2012 entre CiU y ERC e impulsará las "estructuras de estado" contenidas en él. Según ha explicado Mas, a las elecciones los partidos concurrirán con listas separadas pero con una hoja de ruta común. La fecha de las elecciones coincidirá con el primer aniversario de la firma del decreto de convocatoria del 9-N y la campaña comenzará el 11 de septiembre, Diada nacional de Catalunya.

Artur Mas ha comparecido después de una reunión de cerca de cinco horas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y representantes de las entidades independentistas, Carme Forcadell por la ANC, Muriel Casals por Òmnium Cultural y Josep Maria Vila d'Abadal por la Asociación de Municipios Independentistas. El acuerdo alcanzado no contempla que ERC entre a formar parte del Govern ni garantiza que apoye el proyecto presupuestario que está en trámite en el Parlament, pero Mas se ha mostrado optimista para que, "con la unidad rehecha", estos temas queden abiertos a negociación. En esa línea, Junqueras ha justificado en su comparencia la aprobación de los presupuestos, aunque ha prometido "presión social".

Otra de las implicaciones del acuerdo es "priorizar pactos" en las municipales, según ha explicado Mas. ERC asegura que ese será uno de los criterios más importantes en las municipales de mayo, aunque no el único. En cuanto a las "estructuras de Estado", el acuerdo contempla aprobar leyes como la de formación profesional, el Servicio de Ocupación y la de la administración electoral. Mas considera que el margen hasta el 27 de septiembre es suficiente para completar estas leyes y abre la puerta a que ERC proponga independientes para construir estas estructuras.

Según lo previsto, en el año 2015 los catalanes acudirán a las urnas para elegir los tres niveles de administración: las elecciones municipales en mayo, las autonómicas en septiembre y las generales que deberían celebrarse en el último trimestre del año. Además, será la tercera vez que los catalanes elegirán la composición del Parlament en 4 años.

El president ha remarcado que el acuerdo alcanzado "garantiza la continuación del proceso político de transición nacional" y pretende "llevarlo a la victoria". El último capítulo de la tortuosa negociación entre Artur Mas y Oriol Junqueras para el adelanto electoral ha tenido lugar esté miércoles en el Palau de la Generalitat. Aunque Mas había marcado el jueves como el día en el que desvelaría su decisión, finalmente ha decidido comparecer nada más acabar la reunión para comunicar el acuerdo.

El president ha comparecido flanqueado por la vicepresidenta Joana Ortega y en presencia de todos los consellers del Govern, y ha comenzado pidiendo perdón a los ciudadanos por las largas negociaciones, a las que ha calificado de "pesadilla". "Quiero trasladar disculpas porque estas últimas semanas no han sido las mejores, se ha agrietado el clima de acuerdo", ha asegurado Mas. Artur Mas había llegado al Palau poco después de las diez de la mañana y se ha reunido con la plana mayor de CDC. Sobre las tres de la tarde han llegado los tres representantes de las entidades, Forcadell, Casals y Vila d'Abadal, que han estado reunidos con Mas y Junqueras hasta casi las ocho de la tarde.

Ingrid Sartiau, 48 años y dos hijos, es una mujer de apellido afrancesado, aunque ella es una flamenca de la localidad de Kruibeke, no muy lejos de Amberes. El miércoles recibió una avalancha de llamadas de medios de comunicación y personas afines tras conseguir que el Tribunal Supremo admitiera a trámite una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos presentada por ella.

Su madre, Liliane Sartiau, que supuestamente mantuvo relaciones en 1965 con el entonces príncipe Juan Carlos en un hotel de la Costa del Sol, según un acta notarial firmada por la propia Liliane, tiene 81 años y se mantiene alejada de los focos. “Ella es consciente de todo y creo que hoy está muy contenta por mí”.

Sartiau ha aceptado atender a eldiario.es para una entrevista que responde al teléfono desde su casa en Bélgica.

¿Qué es lo que busca con la demanda?

Sencillamente, busco el reconocimiento de paternidad.

Si se reconoce la paternidad de Juan Carlos I, ¿reivindicará sus derechos sucesorios?

No, no me interesa.

¿Y alguna compensación económica?

Tampoco. Solo me interesa el reconocimiento.

¿Pedirá la comparecencia del rey Juan Carlos como testigo de llegar a celebrarse el juicio?

Sí. Absolutamente.

¿Por qué?

Porque creo que merece la pena hacerle venir para que conozca y reconozca a su hija. Voilà.

¿Ha hablado con alguien de la Casa Real?

No. Con nadie.

¿Ha recibido algún tipo de presión?

No. Ningún tipo de presión.

¿La han contactado para ofrecerle algún pacto o acuerdo y así evitar el juicio?

Nadie me ha contactado para tal propósito. Ni la Casa Real ni cualquier otra institución.

¿Por qué cree que no ha prosperado la demanda de [su supuesto hermanastro Albert] Solà?

¿La demanda de Alberto ha sido rechazada?

Sí. Y ustedes dos contrastaron su ADN en 2011, ¿no es verdad?

Así es. Hicimos un test a través de la KUL [Universidad Católica de Lovaina] que revelaba un 91% de probabilidades de descender del mismo padre. Qué raro.

¿Usted cree que Albert Solà es su hermanastro?

A ciencia cierta, eso no puedo saberlo. Sé lo que arrojó el test. Antes pensaba que sí, pero no lo sé. Todavía no sé por qué ha sido rechazada su demanda.

La Fiscalía dice que usted reconoció en una carta que presentaba la demanda por presiones de [su supuesto hermanastro Albert] Solà y de los medios. ¿Es verdad?

En cierto modo, sí. Mi objetivo siempre ha sido confirmar quién era mi padre, y no hacer de esta historia un asunto mundial ni descubrir quiénes son mis hermanos. Cuando me reuní por primera vez con Alberto, todos los medios de comunicación ya estaban detrás presionando.

Pero ¿también hubo presiones de Albert Solà?

Bueno, de alguna manera, creo que también. Creo que él ha utilizado la historia de la hija no reconocida en Bélgica para sacar partido del asunto.

¿El hecho de tener una madre biológica reconocida –a diferencia de Albert Solà, entregado en adopción– ha sido determinante?

Tiene lógica. No se sabe quién es la madre de Alberto. Y en mi caso, sí.

Usted dijo al diario Le Soir que no supo quién era su supuesto padre hasta hace 12 años y por casualidad…

Así es. Estábamos viendo la televisión, apareció Juan Carlos y ella dijo: ‘Mira, ahí está tu padre’. No presté atención.

Y hace tres años tuvo una discusión con su madre sobre esta cuestión.

Sí. Tuvimos una conversación de tú a tú porque ella siempre se guardó el secreto. Nunca quiso revelarlo a los medios ni hacer daño a la monarquía española.

¿Su madre es consciente de todo lo que pasa?

Sí, ella es consciente. Y creo que hoy está contenta por mí.

¿Qué opinión tiene de la monarquía española?

Para mí es una pregunta muy difícil. La monarquía en España tiene una historia muy compleja.

¿Es usted republicana?

¡Para nada! [ríe]. Soy completamente monárquica.

Todos los focos están sobre ellos. Son los cinco miembros del comité de expertos nacionales que el Ministerio de Sanidad ha nombrado para decidir cómo aplicar los fármacos de última generación contra la hepatitis C, y que deben resolver con criterios sanitarios la polémica que se ha generado sobre la aplicación selectiva de los nuevos tratamientos a los enfermos según su gravedad.

Aunque desde dentro de este grupo se reitera que se realiza un "trabajo científico" basado en "criterios médicos", los nombres de los 'sabios' de este órgano aparecen de manera habitual junto al de los laboratorios que están detrás de estos innovadores (y caros) fármacos: Gilead, Janssen, AbbVie... y otros grandes de la industria farmacéutica. Esto ha generado suspicacias en algunas plataformas de afectados, y colectivos en defensa de la sanidad pública han planteado dudas sobre posibles conflictos de intereses de estos profesionales.

El presidente del comité es el doctor Joan Rodés. Rodés pertenece a la fundación Pfizer, uno de los laboratorios más grandes del mundo. Esta compañía también entró en la carrera por sacar al mercado curas revolucionarias contra el virus de la hepatitis C, pero el laboratorio decidió retirar su filibuvir en 2013 cuando estaba a la mitad de la investigación. En esa misma fundación aparece otro de los expertos nombrados por Sanidad: Alfonso Moreno.

En este quinteto, la persona con más vínculos con los productores de estos carísimos productos es la jefa del servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, María Buti. Esta doctora fue elegida hace poco más de un mes para coordinar unas jornadas sobre Actualización en el manejo de las hepatitis virales crónicas preparadas por el laboratorio Gilead. Se celebraron el 13 de diciembre de 2014 en la ciudad catalana.

Esa elección parece natural viendo el currículo de la doctora. Esta especialista ha recibido honorarios de Gilead, de Janssen –el laboratorio que ha patentado el simeprevir que comercializa como Olysio–, de MSD y de Vertex, según informaba en mayo de 2014 la organización del 15º Taller Internacional de Farmacología Clínica del VIH y la terapia de la hepatitis celebrado en Washington (EEUU).

Unos meses más tarde, en septiembre, Buti participó en un encuentro llamado Hepatología en El Cairo II. Estaban financiadas por Gilead (que aseguraba "no haber intervenido en el contenido usado durante estas sesiones"). Respecto a la doctora española, la organización aclaraba que ha recibido financiación para investigación de Gilead, ingresos como consultora por parte de este laboratorio además de Roche o Novartis y haber estado en paneles de conferenciantes patrocinados por diferentes compañías farmacéuticas.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha cuestionado la independencia del comité por "conflictos de intereses". Y pide que sean "organismos públicos de evaluación de tecnologías" los que realicen un informe. Lo que ocurre es que tanto la investigación biomédica en España como los centros de investigación públicos, como el Instituto de Salud Carlos III, están cada vez más unidos –y necesitados– del dinero que aportan los laboratorios.

Sin ir más lejos, uno de los miembros del comité que apenas lleva trabajando tres días, Javier Crespo, aparece en no menos de ocho ensayos clínicos relacionados con la hepatitis C y que implican a estos y otros laboratorios: desde Gilead a Janssen pasando por Boehringer Ingelheim (el laboratorio alemán que en junio del año pasado se retiró de la pugna por los antivirales de la hepatitis y paralizó la marcha de su faldaprevir). Estos ensayos están publicitados. "Es normal que los laboratorios que desarrollan los fármacos colaboren con médicos", dice un doctor que prefiere no revelar su nombre.

La mezcla va en aumento. Tras la llegada del actual director del Instituto Carlos III, Antonio Andreu, este centro público se estrenó como colaborador de Gilead para asignar 600.000 euros a proyectos de investigación para el VIH y la hepatitis C. Andreu, que comenzó a colaborar con el instituto en 2002, también está en el comité de expertos.

En su momento, Joan Rodés, que coincide ahora con Andreu en el grupo que redacta el plan estratégico para la hepatitis, valoró de esta manera el acuerdo: "El partner privado ha tomado una decisión sabia. Nos tenemos que congratular que en España se hagan cosas así de bien hechas. Quiero dar las gracias a Gilead por su generosidad, por su visión de futuro y porque los investigadores seleccionados puedan desarrollar su trabajo con mayor tranquilidad de espíritu”.

Gasto en I+D+I

La industria farmacéutica en España es el sector que más dinero gasta en I+D+I: 996 millones en 2013 (el 20% del total industrial). El gasto público ronda el 1,2% del PIB: 12.000 millones. Pero el caso es que es fácil hallar a corporaciones farmacéuticas ligadas a la investigación y docencia médicas. La misma Pfizer pone imagen a una cátedra de investigación sobre psoriasis en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta institución creó en 2014 una cátedra Johnson & Johnson (la matriz de Janssen) sobre suturas y cicatrización.

El flujo de dinero y la interacción entre laboratorios farmacéuticos y médicos son un asunto polémico y que reclama esfuerzos de trasparencia. Tanto es así que el año pasado EEUU empezó a hacer públicos los pagos que las empresas que colaboran con la sanidad pública hacen a los médicos de acuerdo con una ley denominada de transparencia sobre pagos a doctores.

El portal de periodismo de investigación Propublica acumula una base de datos que cruza empresas y profesionales. Lleva contabilizados 4.000 millones de dólares abonados por 17 laboratorios en categorías como conferencias, viajes, estancias, regalos o consultoría.

La capacidad profesional de los escogidos por el ministro Alfonso Alonso está acreditada. Lo que ha llamado la atención es su relación con productores de medicinas. La ADSP contrapone una propuesta: "Que los profesionales más prestigiosos de los servicios públicos de salud de las diversas comunidades autónomas sean los componentes de la comisión", aunque eso tampoco aseguraría que no hubieran compartido cartel con algún laboratorio.

Pablo Iglesias ha lanzado a uno de sus principales colaboradores, Luis Alegre, para las primarias a los órganos de Podemos en la Comunidad de Madrid. Luis Alegre, que participó de la fundación del partido y que organizó la Asamblea Ciudadana del pasado otoño encabezará la candidatura 'Claro que Podemos' al proceso que concluye el próximo 14 de febrero, según ha informado en un comunicado. En frente, tendrá la candidatura 'Podemos Ganar Madrid', que determinará su lista con un proceso abierto. Entre los candidatos, según ha podido confirmar eldiario.es, está otra de las personas que partició en la génesis de Podemos y antiguo compañero de militancia de Alegre en Izquierda Anticapitalista, Miguel Urban.

ccguy: ¿Qué 10 medidas/leyes/ordenanzas del PP derogarías primero?

Que la crisis ha tenido consecuencias desiguales es ya una evidencia. En el caso de la evolución de los salarios, la asimetría es palpable. Desde 2007, los salarios de los trabajadores arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 2,03%. En el caso de las personas que ostentan mandos intermedios, esa pérdida llega al 7,8%. No ha sucedido así con los sueldos de los directivos, que han ganado un 1,64% de poder adquisitivo en términos reales en estos siete años, según un informe sobre evolución salarial elaborado por la compañía de Recursos Humanos Icsa Grupo y la escuela de negocios EADA.

El dato del salario de los empleados muestra, no obstante, una mejora respecto al año pasado. Si se elimina 2014, la evolución entre 2007 y 2013 arrojaba una pérdida de poder adquisitivo del 4,7%. Un aumento salarial cercano al 2% durante el año pasado y la bajada del IPC han permitido que el balance de estos años de crisis sea menos negativo y quede en el 2,03%.

En números absolutos, el sueldo medio de un trabajador era de 19.588 euros en 2007, frente a los 21.757 euros en 2014. Los mandos intermedios percibían de media 34.803 euros, un salario que siete años después es de 36.637 euros. En los dos casos, la ganancia nominal (sin contar la inflación) ronda los 2.000 euros. La evolución de los salarios de los directivos es más abultada: en 2007 el salario medio era de 68.705 euros y en 2014, de 78.840, es decir, 10.000 euros más.

Visto de otra forma, los sueldos de los directivos han crecido un 14,7%, los de los mandos intermedios un 5,27%, y los de los empleados, un 11,07%, porcentajes a los que hay que descontar la inflación para obtener su crecimiento real. Durante este periodo la inflación acumulada ha sido del 13,1%, de ahí que las subidas nominales de empleados y mandos medios se conviertan en pérdidas de poder adquisitivo, mientras que los directivos registran ganancias.

Hay diferencias por sectores: la banca, los seguros y la industria pagan los mejores sueldos en todas las categorías. Le sigue el sector servicios, mientras que el turismo y el comercio registran los peores salarios. Una persona empleada en este último segmento de actividad cobra de media 17.062 euros (el mismo nivel que había en 2008), mientras que una dedicada a la industria recibe 24.619.

El informe destaca que los directivos del sector financiero son los mejor pagados, es más, su retribución bruta ha crecido unos 4.500 euros en los dos últimos años y en 2014 llegaron a su máxima retribución histórica.

Pequeñas subidas salariales

La subida salarial media pactada en los convenios durante 2014 fue del 0,57%, según los últimos datos del Ministerio de Empleo. Se trata de una subida cinco centésimas superior que la que se registró en 2013, cuando fue del 0,52%. Estos datos están en línea con el pacto que patronal y sindicatos firmaron en 2012 y en el que se comprometieron a aplicar una política de moderación salarial a cambio de una contención de los beneficios y los precios.

El escenario ha cambiado por completo: los agentes sociales negocian ahora renovar ese acuerdo, que caduca en pocas semanas, y el escollo principal son los salarios. Los sindicatos defienden que ha llegado el momento de subir los sueldos para reactivar la economía y combatir la desigualdad, mientras que la patronal se aferra a la máxima de la moderación salarial.

Parecía un negocio con vitola medioambiental que, además, prometía rentabilidades de hasta el 12% anual por una inversión mínima de algo más de 3.000 euros. "Una empresa de silvicultura sostenible para la producción de madera de alto valor económico, la compensación de emisiones contaminantes mediante la absorción de CO₂ y la creación de una barrera verde frente a la desertización y el cambio climático en la península Ibérica".

El PP pretende convertir el delito de terrorismo en un cajón de sastre en el que cabe casi todo. Sus enmiendas presentadas en la reforma del Código Penal incluyen un listado de nuevas prácticas homologables con la definición que tradicionalmente se reservaba para bandas como ETA o los GRAPO. La nueva catalogación que quiere imponer el PP señala a los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno parlamentario al borde de ser definidos directamente como terrorismo. Lo hace de manera ambigua, vaga y excesivamente amplia. 

En la enmienda 874 redactada por el PP se puede leer: "Se considera terrorismo la comisión de cualquier delito grave" que pretenda "alterar gravemente o de cualquier otro modo la paz social". El tradicional sentido que se le ha dado en democracia al término “paz social” –el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal– comenzó a cambiar el día que Jorge Fernández Díaz tomó posesión de su cargo de ministro de Interior en enero de 2012. Su primera intervención como ministro estuvo dedicada casi en su 50 por ciento a explicar el objetivo de mantener la “paz social” en un momento de más que previsibles protestas sociales. La otra mitad de su intervención la ocupó casi por completo el terrorismo de ETA.

En otro punto de la propuesta, el PP dice que será terrorismo cualquier delito que persiga "influir o condicionar de modo ilícito la actuación de cualquier autoridad nacional o extranjera". En el articulado propuesto no hay referencia expresa a los escraches pero, según fuentes jurídicas, de aprobarse el nuevo Código Penal en los términos que pretende el PP, "parece evidente que se está abriendo la puerta a considerarlos como un delito de terrorismo, cuando en su desarrollo se produzca algún delito grave".

Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Autónoma, considera que "determinados escraches excesivamente agresivos los estarían convirtiendo en terrorismo en función de la reforma legal planteada". Según este profesor, las enmiendas del PP "usan términos extraordinariamente abstractos y luego esos términos los carga el diablo".

La enmienda 874 afirma que cualquier delito que persiga "alterar gravemente el funcionamiento de las estructuras básicas políticas" también será considerado terrorismo. Esta referencia recuerda al asedio al Parlament en 2011 o las convocatorias de Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012. Con el Código Penal vigente, el caso catalán fue juzgado y se estimó absolver a los acusados de los delitos de atentado contra las instituciones del Estado. Si las tesis del PP se imponen, un caso similar supondría con gran probabilidad la apertura de un proceso por terrorismo.

La deriva que ha impuesto el Partido Popular en sus leyes de orden público choca con la doctrina del Tribunal Constitucional que advierte del "efecto del desaliento". Según esta doctrina, también asumida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el riesgo de sancionar en exceso los delitos cometidos en ejercicio de derechos fundamentales puede acabar provocando el desaliento de la ciudadanía en el ejercicio normal de esos derechos. Dicho de otro modo, si los delitos cometidos durante una manifestación o en el ejercicio del derecho de expresión son penados en exceso, la ciudadanía acabará renunciando a manifestarse o a expresarse libremente por temor a sanciones.

Las propuestas del PP han sido apartadas del debate sobre el Código Penal a la espera de la negociación que se ha abierto entre los dos principales partidos. Fuentes del PSOE consultadas por eldiario.es advierten de que no están dispuestos a aceptar el "camino de criminalización" y "generalización del terrorismo" que pretenden los de Rajoy. En caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto y el PP insista en sus propuestas, el grupo mayoritario se verá obligado a aprobar estos cambios en solitario. Sería la primera vez en democracia que un partido en el Gobierno apruebe su política contra el terrorismo sin el concurso del principal partido de la oposición.

Cataluña ha perdido 3,5 millones de euros de financiación para la FP Básica. El Ministerio de Educación "no tiene constancia" de que la Generalitat esté implantando este nuevo programa educativo que contempla la LOMCE y debería haber empezado a funcionar este curso, según explicó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, tras la Conferencia Sectorial que reunió a Ministerio y Comunidades. Fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert añadieron después que "Cataluña no está demostrando que se esté aplicando la FPB en el primer trimestre del curso", por lo que han perdido la partida que el Consejo de Ministros había aprobado el pasado 18 de octubre.

El pacto entre Convergència y ERC para celebrar elecciones el 27 de septiembre conlleva el reestablecimiento del pacto de estabilidad del Govern roto a raíz del 9N, y por lo tanto el compromiso del segundo partido catalán de aprobar las cuentas de la Generalitat, según ha confirmado Oriol Junqueras.

Junqueras ha reconocido que las cuentas son "claramente insuficientes, porque no los decide el Parlament sino el Ministerio de Hacienda", y ha prometido trabajar para llegar a acuerdos que doten los presupuestos de una mayor "justicia social". También ha valorado que las cuentas, por ahora prorrogadas hasta su paso por el Parlament a principios de febrero, deberán incorpora las partidas necesarias para crear algunas de las llamadas estructuras de estado para facilitar la independencia, como la hacienda catalana. Como es habitual en él, el líder de ERC ha argumentado también que para conseguir esta justicia social hay conseguir la independencia de Catalunya.

Así se ha expresado el líder de ERC minutos después de que compareciera Artur Mas para explicar los detalles del acuerdo al que han llegado ambas formaciones. Era evidente hasta ahora la presión de ERC para anticipar las elecciones en los próximos meses, una posición distanciada de la de Mas, que solo se prestaba a convocar los comicios antes de las municipales en mayo si ERC se sumaba a una lista conjunta con cuadros de CDC y otras personalidades de la sociedad civil.

Al final, el acuerdo, en el que han participado las entidades independentistas ANC, Òmnium y AMI, deja las elecciones en otoño con listas separadas pero con una "hoja de ruta" conjunta. En este sentido, Junaqueras ha adelantado que se está hablando con otras formaciones -sin concretar- para que participen en este proceso, y que consistirá en algo "más que un solo punto" consensuado sobre la independencia.

El mundo musulmán, tanto en su rama mayoritaria suní como en la minoritaria chií, reaccionó negativamente a la publicación del último número del semanario satírico francés "Charlie Hebdo" por considerar ofensiva la caricatura del profeta Mahoma que publica en portada.

"Charlie Hebdo" volvió a los kioscos con una portada en la que se ve a Mahoma entristecido y derramando una lágrima mientras muestra el eslogan "Je Suis Charlie" (Yo soy Charlie), rematado por el titular "Está todo perdonado".

Al cumplirse una semana del atentado yihadista cometido por los hermanos Said y Cherif Kouachi, que asesinaron a doce personas en la sede y a las puertas de "Charlie Hebdo", la revista ha lanzado una tirada histórica que se agotó en pocos minutos y que se reproducirá durante dos semanas hasta alcanzar los cinco millones de ejemplares.

Sin embargo, en el mundo musulmán no parece haber sido bien entendida la amarga humorada con la que los supervivientes de la revista parecen, por un lado, perdonar a sus agresores, y, por otro, emiten un mensaje de acercamiento a los musulmanes.

El mufti de Jerusalén, la máxima autoridad musulmana de la ciudad santa, Mohamed Husein, lamentó la nueva portada de "Charlie Hebdo" y recalcó que este tipo de caricaturas "deben terminar".

En unas declaraciones por teléfono a Efe, el mufti manifestó que el islam "rechaza la personificación del profeta Mahoma".

"Rechazamos la violencia contra cualquier persona pero también insultar a nuestro profeta con dibujos que ponen palabras en su boca".

"Respetamos la vida humana y estamos en contra de cualquier forma de violencia contra las personas, pero estos dibujos deben acabar", concluyó.

La institución religiosa de Al Azhar, la más prestigiosa del islam suní y con sede en El Cairo, llamó a los musulmanes a "ignorar las caricaturas ofensivas" del profeta Mahoma que publica el semanario francés.

En un breve comunicado, Al Azhar, que condenó en su momento el atentado contra la revista satírica, criticó "esta imaginación enferma" que viola las restricciones morales y civilizadas.

Ayer, la institución egipcia "Dar al Iftá" o Casa de las Fetuas advirtió de que esta publicación supone "una provocación injustificada de los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo, que respetan y aman a su profeta".

Irán, el país de mayor influencia en el islam chií, calificó de "insultante" la portada de "Charlie Hebdo", según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Marzie Afjam.

"El respeto a las creencias y a lo sagrado de las religiones divinas es un principio aceptado y se espera que los líderes europeos respeten este principio", dijo Afjam en declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA.

Afjam apostilló que "el abuso de la libertad de expresión en Occidente no es aceptable y debe prevenirse", y agregó que "muchos pueblos están pagando por las erróneas políticas de Occidente".

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá (estrechamente vinculado a Irán) afirmó hoy que la nueva portada de "Charlie Hebdo" contribuye "a apoyar el terrorismo, el extremismo y a los terroristas".

"Ese trabajo es inaceptable y no se puede justificar bajo ninguna consideración", añadió el grupo libanés en un comunicado.

El texto considera que la representación de Mahoma a través de estas viñetas es una "gran provocación al sentimiento de más de 1.500 millones de musulmanes de todo el mundo".

El pasado 9 de enero, el líder de Hizbulá (grupo chií), Hasán Nasralá, condenó el atentado que causó 12 muertos en París y afirmó en un discurso que los grupos takfiríes (radicales suníes) "perjudicaron más al profeta (Mahoma) que las caricaturas hechas de él".

El Parlamento afgano condenó por "blasfemo" el nuevo número de "Charlie Hebdo".

En una resolución, la cámara baja de la Asamblea Nacional de Afganistán pidió al mundo occidental que evite cualquier tipo de "blasfemia" al amparo de la libertad de expresión, según el texto leído por un portavoz parlamentario, Salih Mohamed Saljoqi.

"Queremos que los líderes de los países occidentales eviten la publicación de materiales blasfemos, particularmente de caricaturas del profeta Mahoma", agregaron los diputados en dicho texto.

El Gobierno ha borrado las imágenes oficiales de las devoluciones en caliente que tuvieron lugar el pasado 13 de agosto en la valla de Melilla y que motivaron la imputación del coronel de la ciudad autónoma, según ha reconocido el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso eldiario.es. Como justificación, menciona "los plazos legalmente establecidos" para la conservación de grabaciones de las fuerzas de seguridad, que obligan a su destrucción en un plazo máximo de un mes. Pero obvia la otra pata de la normativa citada: se deben eliminar, indica la ley, "salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial", como el que lleva abierto en un juzgado de Melilla desde el 20 de agosto, siete días después de los hechos.

"Las imágenes captadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se conservan conforme a los plazos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. Por este motivo, las grabaciones solicitadas por su señoría ya no están disponibles", ha afirmado el Gobierno en respuesta a la petición del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que solicitó las imágenes oficiales captadas por las cámaras de la valla de Melilla los días 13 y 30 de agosto.

El Ejecutivo hace referencia al artículo octavo que explica las directrices sobre la conservación de las imágenes grabadas por cámaras de las fuerzas seguridad en lugares públicos. La legislación establece que "las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto", como es el caso.

Las imágenes se borraron, por tanto, a pesar de la existencia de un proceso judicial abierto sobre la actuación de la Guardia Civil, previsiblemente recogida en las grabaciones destruidas. Fuentes jurídicas cercanas a la causa deslizan a eldiario.es la posibilidad de que se trate de un delito de "obstrucción a la justicia" derivado de la "ocultación de pruebas" y aseguran que, en este sentido, "estudiarán si puede tener implicaciones legales". eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior pero rechazan hacer declaraciones más allá de la respuesta parlamentaria que justifica la destrucción de los vídeos apelando a una legislación que, sin embargo, incumplió.

Los hechos ocurridos el 13 de agosto en la frontera melillense están siendo investigados por el Juzgado de instrucción número 2 de Melilla. Los vídeos de ONG como Prodein o HRW sirvieron para demostrar las devoluciones en caliente perpetradas por la Guardia Civil aquel día y derivaron en la imputación del coronel de la ciudad autónoma. En un auto histórico, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa echó por tierra la teoría con la que el Gobierno justifica las devoluciones en caliente y acusó al jefe de la Guardia Civil de Melilla de supuesta prevaricación por ordenar estas prácticas a sabiendas de su irregularidad. Estas son algunas de las imágenes de aquel día difundidas por organizaciones sociales:

La querella, presentada por Prodein, Sos Racismo y Andalucía Acoge se admitió a trámite en primer lugar el 4 de agosto y recogía únicamente la posible omisión de auxilio de la Guardia Civil al observar de forma pasiva la entrada de los gendarmes marroquíes en zona de 'entre vallas' - territorio español- y agredían a los inmigrantes que trataban de superar la totalidad de la alambrada el pasado 18 de junio. Pero los hechos del 13 de agosto, cuando varias ONG captaron devoluciones en calientes y golpes de los agentes españoles a los inmigrantes, motivaron la ampliación de la causa a fecha del 20 agosto, tras la petición de las organizaciones personadas.

El caso del inmigrante apaleado se une a la causa

El proceso judicial continúa abierto, y el magistrado encargado parece dispuesto a continuar en la misma línea. Según ha podido saber eldiario.es, recientemente se ha sumado a la causa los sucesos ocurridos durante el intento de salto del 15 de octubre, cuando un inmigrante fue apaleado para lograr su descenso de la alambrada hasta caer aparentemente inconsciente de esta, aunque el Gobierno asegura que se hacía el dormido. Los agentes procedieron a su devolución inmediata y le trasladaron en volandas, atado de pies y manos, a la zona marroquí.

Estos hechos motivaron una dura carta de la excomisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, a su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, en las que calificó la actuación de la Guardia Civil de "malos tratos" y recordó que incumplía la legislación europea. Ahora serán investigados. Por su parte, la Fiscalía y la abogada del Estado en Melilla han solicitado el archivo de la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma.

Fuentes jurídicas personadas en la causa recuerdan que, aunque la querella que investiga los hechos del 13 de agosto, se presentó siete días después, el 14 del mismo mes, "el juez notificó a la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla la iniciación de las diligencias previas mediante oficio". Por tanto, concluyen las mismas, "la Comandancia ya sabía que se había puesto en marcha un procedimiento judicial desde el día siguiente de los hechos y aún así se decidió borrar las imágenes".

Inminente legalización de las expulsiones sumarias

Las devoluciones en caliente no son nuevas. Los Gobiernos del PP y del PSOE llevan efectuándolas desde hace 13 años, aunque la forma de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces, se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el ejecutivo solía limitarse a negarlas o ignorarlas. Hasta la tragedia de Ceuta. El Gobierno actual asumió la devolución de 23 personas tras la sucesión de imágenes difundidas y la atención mediática despertada.

Entonces, surgió una nueva justificación, nunca antes admitida pero que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: "España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión, incluido el cordón policial". A partir de aquí, esta teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y ante los objetivos de cada vez más periodistas.

En la actualidad, basándose en esta misma tesis, las expulsiones sumarias están pendientes de la aprobación de su legalización en España, a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que ha despertado una fuerte oposición en distintos ámbitos. ONG, Acnur, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión Europea, la Abogacía Española o la Iglesia han mostrado su rechazo a la reforma.

La reacción del Gobierno ante el adelanto electoral anunciado este miércoles por Artur Mas ha puesto de manifiesto la imposibilidad de que Ejecutivo central y Generalitat acerquen posturas. El primer cargo del Gobierno de Mariano Rajoy en manifestar su opinión ha sido el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que ha advertido a la Generalitat de Cataluña que el Gobierno recurrirá "antes y después" de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre toda norma catalana que exceda las competencias de esta autonomía para defender "el orden constitucional".

Ayllón ha declarado en Onda Cero que el Ejecutivo va a ser "muy contundente" ante "cualquier intento de vulnerar las competencias" gubernamentales después de que Mas anunciara su acuerdo con ERC para llevar "el proceso soberanista hasta la victoria" y de legislar en los próximos meses para montar "las estructuras de Estado" para Cataluña.

El secretario de Estado ha pedido no adelantar cuál será el resultado de esas elecciones aunque ha advertido que las autonómicas son los comicios que registran menor participación en Cataluña: "Una incongruencia con los discursos tan altisonantes que se hacen muchas veces". Para Ayllón, el 27S será para los catalanes una "oportunidad de tomar decisiones sobre lo que tienen que ser los próximos años" así como que se deje de hablar "todo el día de cosas que no llevan a ningún sitio".

Tres elecciones catalanas en cinco años

Que en 2015 se vaya a celebrar la tercera elección autonómica después de la de 2010 y 2012, solo muestra que Mas no es capaz de generar estabilidad política en Cataluña y así lo han subrayado tanto Ayllón como la ministra de Fomento, Ana Pastor. El secretario de Estado ha aprovechado para llamar la atención a los españoles de que "tienen que tener en cuenta que es muy importante tener gobierno estables para afrontar retos importantes, se llamen crisis económicas o constitucionales".

La ministra de Fomento, en otra entrevista en RNE, ha declarado que convocar el 27S no es "serio" por parte de Mas ni proporciona estabilidad a Cataluña. A su juicio, lo que necesita la comunidad es políticos que la gobiernen y no provoquen "incertidumbre". "En un país que está saliendo de la crisis, con la cantidad de problemas que tenemos que resolver y se están resolviendo, no me parece serio ni lo que los ciudadanos necesitan", ha dicho.

Pastor ha recordado que el Estado está invirtiendo, "con el dinero de todos los españoles" y a través del ministerio que dirige, 4.000 millones de euros en Cataluña, con los que se han puesto en marcha "obras importantísimas que llevaban muchísimos años paradas" y han logrado que "los servicios de transporte sean eficientes".

Camacho pide que despierte la Cataluña silenciosa

Desde Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado de "falso" el acuerdo entre CiU y Junqueras y ha resumido el adelanto electoral como una "muestra de desgobierno" por parte de Mas al tomar una decisión "en contra de la gran mayoría de catalanes que no son independentistas y que necesitan que se gobierne y se resuelvan los problemas reales".

La presidenta del PP catalán ha dicho que las elecciones servirán para "conseguir que la Cataluña silenciosa, de más de cinco millones de personas, se despierte y se dé cuenta de que tiene que mojarse y votar a los partidos que defienden la Constitución". Además, ha defendido que, si los partidos constitucionalistas logran la mayoría, deberían promover "un Gobierno de concentración para ser una verdadera alternativa". De esta forma, los catalanes no estarán "condenados a Gobiernos independentistas durante más de 35 años".

En esa situación, Sánchez Camacho ha apuntado que la fuerza más votada debería liderar el Gobierno de concentración, pero también que todos deberían tener "generosidad" y pensar que por encima de "diferencias ideológicas legítimas está el cumplimiento de la Constitución, la unidad de España y la convivencia". Según su análisis, las municipales de mayo van a determinar "lo que ocurra en el escenario nacional y también en el catalán", y CiU ya ha adelantado que buscará pactos con ERC, de manera que "en los ayuntamientos CiU no va a primar la política municipal, sino la política de la estelada, de la división y de la ruptura" y eso condicionará las autonómicas. 

Ángel Pérez y Gregorio Gordo continuarán como portavoces de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, respectivamente. La vieja guardia de IUCM desoye así a la dirección federal, que exigió el pasado mes de diciembre que ambos cesaran de sus funciones al detectar responsabilidades políticas en su papel en la gestión de la coalición en Caja Madrid y Bankia. El propio Cayo Lara ha expresado en público en múltiples ocasiones su convencimiento de que se iba a producir el relevo. La última, este mismo martes en una entrevista en Onda Madrid. Pérez le respondió un día después en la televisión pública y adelantó que no pensaba dimitir.

La decisión la han adoptado los grupos municipal y autonómico, tal y como decidió el pasado lunes una Ejecutiva regional a la que no asistieron los representantes del sector liderado por Tania Sánchez. En sendas reuniones celebradas esta misma mañana, los grupos han optado por mantener a sus portavoces en sus puestos. Ambos han anunciado su intención de no presentarse a la reelección en mayo.

La votación en la Asamblea de Madrid se ha saldado con seis votos a favor de la ratificación de Gregorio Gordo (que no ha participado en la reunión) y tres en contra. A favor de la continuidad ha votado el secretario de Organización de IU, Miguel Reneses, número dos de Cayo Lara a nivel federal, que ha incumplido así con el mandato de un órgano como la Presidencia federal y con las propias declaraciones de su jefe de filas. En contra se han posicionado Tania Sánchez, Mauricio Valiente y María Espinosa.

A la votación no han asistido otros tres diputados de IU, afines al sector de Ángel Pérez pero militantes del Partido Comunista de Madrid (PCM), que aprobó el año pasado una resolución que exigía la renuncia tanto de Pérez como de Gordo. Fuentes de la organización señalan que las tres ausencias no tienen que ver con este extremo. "Uno de ellos está en la factoría de Coca-Cola, otro en un atasco por tres accidentes de tráfico y el tercero había avisado de que no acudiría por problemas familiares".

En el grupo municipal, la votación se ha saldado con tres votos a favor de la continuidad de Pérez (que se ha abstenido), entre ellos el de Raquel López, militante del PCM. En contra se ha posicionado el concejal Jorge García Castaño. El último de los ediles, Ángel Lara, estaba presente pero no ha votado.

El humorista Facu Díaz declaró este jueves menos de diez minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Durante la declaración, Díaz se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de la abogada de Dignidad y Justicia, asociación que presentó la denuncia contra el presentador de 'La Tuerka News'. Al juez, Facu Díaz le dijo que "en ningún momento tenía intención de humillar a las víctimas sino que es un sketch que está situado en la semana de la Operación Púnica y pretendía denunciar la corrupción".

La declaración fue, en cualquier caso, más breve que los hechos que se produjeron a la salida de la Audiencia Nacional. Facu Díaz se acercó para atender a los medios de comunicación. A empujones, el 'reportero' de Telemadrid Cake Minuesa se situó junto a Díaz y comenzó a interpelarle mientras los medios de comunicación trataban de recabar la versión del imputado sobre la declaración. "Va a ser archivado seguramente hoy mismo y en eso confío", dijo Díaz antes de ser interrumpido por Minuesa.

"¿Vas a pedir perdón a las víctimas del terrorismo?". "¿Vas a hacer algún chascarrillo con esto?", insistía el 'reportero'. Facu Díaz contestó: "Seguramente. Mi trabajo es reírme de la actualidad y, como estoy comprobando en este momento, por lo menos en esta mañana, formo parte de la actualidad y no me importa reírme de mí mismo". "¿Reírte de los muertos está bien?", continuó interrumpiéndole el 'showman' de Telemadrid.

Díaz dijo que, como mucho, es culpable de no haber sido original al utilizar la estética de las capuchas en un comunicado, guisa de la que aparecía en el sketch que le ha valido la denuncia, con la sede del PP de fondo. E insistió en que no pretendía humillar a las víctimas, "como así lo ha entendido el juez y como así no lo entienda probablemente el señor que está saliendo a mi lado", dijo con ironía respecto a Minuesa.

A los pocos instantes de la declaración, el actor se volvió a acercar a Facu Díaz y le dijo que le iba a presentar a una víctima del terrorismo. Se trataba de Daniel Portero, presidente de la asociación que ha denunciado a Díaz. Se dieron la mano y comenzó un charla grabada por los medios presentes. Portero le pidió a Díaz "disculpas por haber interpuesto esta denuncia". "Se interpone por el honor de las víctimas. No hay ninguna intencionalidad política". A lo que Díaz contestó preguntando por qué entonces se incluía el nombre de un partido en ella. Portero dijo que las únicas personas que se han pasado del PP a otros partidos, en referencia a la alusión del 'sketch' en la que se basa la denuncia, son víctimas, como José Antonio Ortega Lara o Maite Pagazaurtundua.

Díaz invitó a Portero a continuar la conversación en otro momento y lugar más adecuado ante la indignación del 'reportero' de Telemadrid. Minuesa le reprochaba a Díaz que no tenga "ninguna sensibilidad con las víctimas" y le recordaba que ETA asesinó al padre de Portero. "Sigue así", continuó.

"Puedo entender que alguien se pueda sentir ofendido y nunca va a faltar mi solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de terrorismo y prefiero explicarme todas las veces que haga falta que acabar en una situación como esta que no es agradable para nadie", había dicho antes Díaz.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha archivado la denuncia contra el humorista Facu Díaz presentada por la asociación Dignidad y Justicia. Gómez Bermúdez consideró primero que había motivos para admitir a trámite la denuncia, citó como imputado a Díaz y, tras escuchar que no tenía intención de humillar a las víctimas del terrorismo con el sketch objeto de la causa, procedió a redactar el auto de archivo.

El juez Javier Gómez Bermúdez imputó a Díaz tras recibir una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que aseguró que el contenido del vídeo era "claramente ofensivo y humillante para las víctimas del terrorismo" por equiparar "en tono burlesco y de mofa" a la formación política con la organización terrorista.

En su auto, de apenas dos folios, Gómez Bermúdez concluye que, "con independencia de que guste o no [el vídeo], no desacredita, menosprecia o humilla a las víctimas del terrorismo, aunque para todas o algunas de dichas víctimas, comprensiblemente, la utilización del terrorismo para hacer una sátira o un espacio de humor pueda ser, subjetivamente, ofensivo, dado el dolor que han padecido y padecen como consecuencia de esa actividad criminal".

El juez dice que Díaz le ha explicado que si aparece sentado en una mesa, encapuchado, y con una foto de Francisco Granados, es porque esa semana se había producido la operación Púnica, en la que se detuvo al citado ex secretario general del PP en Madrid. La fotografía de Granados es, según el juez, "la única imagen o alusión personal directa que se hace en el programa".

Ante Gómez Bermúdez, Díaz "añadió que su intención era criticar, desde el humor y usando la sátira, la corrupción, en este caso del Partido Popular, y que ese es el hilo conductor de todo el espacio". El juez considera que esa explicación concuerda con el contenido del sketch; por ejemplo, cuando se entrevista a un supuesto dirigente del PP que dice: "Estaban haciendo la lista para las municipales, aquí en Madrid, y dijeron: coño, a ver si van a estar todos empapelados..., y sí".

La denuncia se basaba en que Díaz aludía a miembros del PP que se habían marchado a otras formaciones como UPyD o Vox. Dignidad y Justicia defiende que en esos casos se trata de víctimas del terrorismo, ignorando otros como el de Alejo Vidal-Quadras. Ante el magistrado, Díaz ha dicho que no aludía "ni directa, ni indirectamente" a víctimas del terrorismo.

"La idea motriz del programa era que el Partido Popular se disolvía porque se quedaba sin gran parte de sus miembros, al estar estos en prisión por casos de corrupción, de ahí que se diga que los que quedaban se irían a otras formaciones políticas de ideología próxima o que se disputan un espacio político similar", escribe el juez.

Facu Díaz también ha tenido que explicar el momento del sketch en el que se pide "el acercamiento de los presos y presas populares a Andorra o algún sitio donde se coma bien". Según Gómez Bermúdez, lo ha justificado "por la idea de Andorra como paraíso fiscal donde los corruptos ocultan su dinero, lo que es coherente con 'la entrega de las cuentas suizas' o 'la inmediata puesta en libertad de nuestro ideólogo Luis Bárcenas', persona imputada por los delitos relativos a la corrupción".

El juez prefiere no hacer "juicios valorativos sobre el buen o mal gusto de la escenografía usada o sobre el uso de algo tan terrible como el terrorismo para hacer un espacio de humor –lo que puede haber herido la sensibilidad de aquellos que lo han sufrido directamente con enorme dolor"–. "Lo cierto es que objetivamente el sketch no integra el tipo objetivo y subjetivo del artículo 578 del Código Penal", concluye.

El secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, ha presentado hoy su candidatura a secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Alegre ha explicado los dos motivos por los que Pablo Iglesias ha elegido a una persona de su máxima confianza para intentar controlar la organización en la región. Por un lado, mantener el "espíritu" del equipo humano que ganó la Asamblea Ciudadana y que él mismo organizó; por el otro, la constatación de que "en el ciclo electoral que se abre, Madrid va a ser absolutamente clave".

Iglesias ha confiado así la importante misión de construir la organización interna de Podemos en Madrid a Luis Alegre, a quien ya recurrió para organizar la asamblea que sirvió de congreso fundacional del partido el pasado otoño.

Alegre, sin embargo, se ha autodescartado para encabezar la futura lista para las elecciones de mayo. "Lo que me hace feliz es estudiar, escribir y dar clases. Y no quiero hacer nada que sea incompatible con esto", ha señalado en una rueda de prensa en la que estaba acompañado de otros dos miembros del Consejo Ciudadano Estatal, Sarah Bienzobas y Juan Manuel del Olmo. Alegre es profesor interino de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid: "Vivo de mi trabajo precario. No cobro ni un euro por mi trabajo en Podemos".

Bienzobas y Del Olmo le acompañarán en la candidatura, que todavía no se ha cerrado. Lo que sí ha confirmado Alegre es que esta será completa, es decir, con 34 nombres. En caso de ganar las primarias, la candidatura 'Claro que Podemos' copará todos los asientos del Consejo Ciudadano regional.

Alegre ha explicado que su intención es convertir Madrid en una "metáfora del cambio político en España" y ha señalado que de la región "no hay que echar a la casta, sino a la mafia", en alusión a los sucesivos gobiernos del PP.

El secretario de Participación Interna de Podemos tendrá enfrente la candidatura 'Podemos Ganar Madrid', que se formará el próximo sábado día 18. De momento, se ha postulado para encabezar la lista un antiguo compañero de militancia de Alegre en Izquierda Anticapitalista, Miguel Urban, quien también participó hace ahora un año en la gestación de Podemos.

El conflicto entre los trabajadores de Coca-Cola y la empresa se ha recrudecido, si cabe, aún más. Un despliegue policial de decenas de antidisturbios (había, al menos, diez vehículos) ha permitido la entrada de dos furgonetas con trabajadores externos a la planta de Fuenlabrada. La plantilla despedida y Comisiones Obreras denuncian que se trata de una estrategia de Coca-Cola para desmantelar la fábrica y evitar así el cumplimiento de la sentencia que declaró nulo su ERE, una práctica que sería ilegal. Los trabajadores se han concentrado alrededor del cordón policial y los antidisturbios han llevado a cabo cargas en las que han resultado heridas varias personas y otra ha sido detenida.

Los trabajadores que permanecen en el campamento a las puertas de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada han advertido un fuerte despliegue policial a primera hora de la mañana. Dos furgonetas blindadas conseguían entrar a la factoría, unos vehículos que, según denuncia la plantilla, transportan trabajadores externos que llevan a cabo labores para desmantelar la fábrica. No es la primera vez que CCOO denuncia un hecho parecido: a finales de octubre evidenciaron movimientos similares que denunciaron ante la Inspección de Trabajo, tal y como contó eldiario.es.

Varios representantes de los trabajadores han intentado entrar en la planta para comprobar qué estaba sucediendo, pero les han denegado la entrada. El sindicato se prepara para denunciar este hecho, ya que la sentencia que dictó la Audiencia Nacional dejaba claro que los representantes de la plantilla debían tener acceso a las instalaciones siempre que lo consideraran oportuno. De no ser así, decía, podrían tomarse medidas contra la empresa.

La policía cortó el acceso al tráfico en una de las entradas de la fábrica, mientras que en la otra situó un fuerte dispositivo policial de varias decenas de antidisturbios. Allí se concentraron un numeroso grupo de trabajadores al que se fueron sumando miembros de otros colectivos y representantes de varias formaciones políticas. La tensión fue creciendo y la policía cargó con dureza en varias ocasiones contra el grupo.

Entre las heridas se encontraba la concejala de IU en el Ayuntamiento de Getafe María Luisa Gollerizo, que ha tenido que ser trasladada al hospital, y la diputada de la misma formación en la Asamblea de Madrid Carmen Villares. Otros trabajadores han tenido que ser atendidos en el lugar, al que han llegado tres ambulancias. Asimismo, la policía ha detenido a uno de los trabajadores que se encontraba fuera del cordón policial.

Según varias fuentes, el despliegue policial no ha sido ordenado por la Delegación del Gobierno en Madrid, sino por el propio Ministerio del Interior. Los antidisturbios no tenían orden de cargar contra los trabajadores, un hecho que no ha evitado el tumulto. Izquierda Unida está a la espera de recibir el atestado policial y pedirá explicaciones al Ministro del Interior por lo ocurrido. "Lo que ha sucedido es completamente ilegal", señalaba la diputada de IU Ascensión de las Heras, que se encontraba en la concentración.

La Comisaría General de Información sigue el rastro en España de un posible colaborador de Amédy Coulibaly, el terrorista que asesinó a una policía en París y mató a otras cuatro personas en el asalto a un supermercado judío de la capital francesa. Coulibaly estuvo el 1 de enero en Madrid acompañando a su mujer, que habría volado desde Madrid a Turquía al día siguiente para acabar en Siria.

Según un informe de la policía, existe la posibilidad de que Coulibaly y su esposa hubieran recibido ayuda de un tercero estando en territorio español. Dicho informe está, por reparto, en poder del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien ha abierto diligencias para aclarar los hechos. La causa permanece secreta.

Coulibaly habría viajado el día 31 desde Francia a Madrid en coche junto a su mujer, Hayat Boumeddiene, y regresó solo a Francia el día 2. A ella se le presupone en estos momentos combatiendo en Siria junto al Daesh (Estado Islámico). Su marido confesó en un vídeo que actuaba a las órdenes de esta organización terrorista.

Al día siguiente del asalto de otros dos terroristas al semanario Charlie Hebdo, Coulibaly mató a una joven policía en prácticas e hirió a un barrendero de gravedad. Apenas 24 horas después asaltó un supermercado judío, asesinó a cuatro personas y se atrincheró con un grupo de rehenes hasta que fue abatido por el RAID, el grupo de élite de la policía francesa.