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EEUU levanta las restricciones para viajar a Cuba

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El Departamento del Tesoro de EEUU ha anunciado este jueves las enmiendas al programa de sanciones a Cuba, con las que busca suavizar las limitaciones al comercio y facilitar los viajes prometidos por el presidente estadounidense, Barack Obama, el pasado 17 de diciembre.

El Departamento del Tesoro y de Comercio ha hecho públicos los cambios a sus regulaciones de Control de Activos a Cuba y de Exportaciones a Cuba. Las nuevas regulaciones entrarán en vigor el viernes, tras la publicación de los cambios a la relajación de las normas que regulan las exportaciones, viajes e intercambios de divisas con Cuba.

Las enmiendas del Gobierno estadounidense rebajan los requisitos para los viajeros que entren en las 12 categorías ya fijadas por Washington, entre los que se encuentran visitas familiares, viajes oficiales gubernamentales, de organizaciones humanitarias, por intercambios profesionales, educativos, religiosos, culturales o deportivos, así como para coberturas periodísticas.

"Los viajeros autorizados podrán realizar transacciones con normalidad, incluidos los pagos de gastos cotidianos y la adquisición de bienes en Cuba para consumo personal" en la isla, informó el Departamento del Tesoro.

Los cambios permitirán utilizar tarjetas de crédito estadounidenses en Cuba, aumentará la cuantía de dinero que puede enviarse a la isla y, previsiblemente, importar los codiciados puros cubanos.

Los estadounidenses que viajen a la isla caribeña podrán también importar bienes hasta un valor de 400 dólares para uso personal, "incluyendo no más de 100 dólares de productos alcohólicos y de tabaco".

El límite de envío de remesas aumentará de los 500 a los 2.000 dólares y en algunos casos de proyectos humanitarios no habrá limitaciones.

Los ciudadanos de EEUU que tengan autorización para viajar a Cuba podrán llevar hasta 10.000 dólares como remesas familiares o como donaciones a organizaciones religiosas o por motivos educativos.

Asimismo, las nuevas enmiendas permitirán los intercambios comerciales de equipos de telecomunicaciones a Cuba, para facilitar las comunicaciones con Estados Unidos, el resto del mundo y dentro del país.

El envío de teléfonos móviles, televisores, computadoras y otros dispositivos estará autorizado desde el viernes.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró en un comunicado que estos cambios permitirán "que los estadounidenses provean más recursos para que el pueblo cubano sea menos dependiente de la economía controlada por el Estado, y ayudará a expandir las relaciones con el pueblo cubano".

Igualmente, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, indicó en un comunicado que las medidas anunciadas hoy "nos llevan un paso más cerca para reemplazar desfasadas políticas que no han estado funcionando y ponen en lugar otras que promueven libertad económica y política".

Las modificaciones son parte del histórico anuncio de Obama hecho el pasado 17 de diciembre para normalizar las relaciones diplomáticas, tras más de medio siglo de embargo y relaciones de enemistad con el régimen castrista en Cuba.

El acuerdo, que hoy se concreta con las nuevas guías para negocios y viajeros entre Cuba y Estados Unidos, fue fruto de 18 meses de negociaciones secretas facilitadas por la mediación del papa Francisco y Canadá.









"Por salvarme estoy dispuesto a irme a vivir donde sea", dice un enfermo de hepatitis C

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"Los consejeros de las comunidades autónomas han aprobado con nosotros una guía terapéutica por la que ya deberían estar administrando el medicamento. Si no lo están administrando, vamos a ver por qué es así. Estamos percibiendo diferencias entre autonomías. Lo importante es disponer de los datos para poner a todo el mundo a trabajar". Esas palabras de Alfonso Alonso en una entrevista concedida en Antena 3 ponen de manifiesto que realmente existen desigualdades entre las distintas áreas del país respecto al suministro de nuevos fármacos para la hepatitis C, cuya tasa de curación es superior al 90%.

En Andalucía, Susana Díaz se lanzó a asegurar a través de las redes sociales que "ningún enfermo de hepatitis C se quedará sin la medicación que necesita por causa económica". Además, "se prescribirá electrónicamente en los hospitales los medicamentos" a fin de agilizar el trámite para recibir tratamiento.

La afirmación de la presidenta de la Junta ha retumbado en todos los lugares del país. De hecho, afectados como María Arroyo, miembro de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) de Bizkaia, se plantea abandonar Bilbao para instalarse en Sevilla. Su madre, de 73 años, está enferma desde hace 30 a causa de una transfusión. "Al final, por tu vida o la de alguien a la que quieres haces lo que sea. Nosotros hemos mirado incluso para ir a Alemania. La situación se vuelve tan grave que ves que no puedes esperar más", reconoce. "La enfermedad avanza. Y avanza y avanza. Sientes una impotencia muy grande. Si tú me dices que en Sevilla van a dar el medicamento a todo el que lo necesite, pues nos vamos a Sevilla".

Su entusiasmo no lo comparte Amalia Canalejo, portavoz de la PLAFHC de Málaga, quien considera clave el hecho de que Díaz no haya mencionado de manera explícita el nombre del ansiado fármaco, Sovaldi. Para ella, la declaración de la presidenta esconde que se seguirán administrando los tratamientos convencionales. "Desconfiamos por completo", desvela.

Un fondo que no llega

Andalucía y Asturias han sido las comunidades autónomas que más han abogado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por la creación de un fondo para financiar los medicamentos de última generación. Un fondo que no puede ponerse en marcha de momento, según las explicaciones del ministro Alonso, porque el Gobierno no conoce la dimensión real del problema: la cantidad de personas que pueden necesitar estos tratamientos. Alonso sostiene que no hay un censo común de pacientes ni de infectados porque estos datos dependen de las distintas CCAA, que tienen las competencias en Sanidad. 

Sánchez Rubio, consejera andaluza, considera importante afrontar "de manera coordinada" la estrategia para el abordaje de la hepatitis C. Pero la realidad tiene matices. Navarra se configura como el claro ejemplo de comunidad que elaborará un plan propio –tomando en cuenta las conclusiones del CISNS–, que trasladará a sus propios hepatólogos.

Roberto Bermúdez de Castro, consejero del ramo en Aragón, considera que en su región "los enfermos de hepatitis C no tienen queja y el tratamiento se da habitualmente". "El acceso no está siendo problemático" en Castilla y León, según Antonio Sáez, consejero. El mismo argumento que utiliza José Ignacio Echániz, de Castilla-La Mancha. Todos ellos parecen obviar la realidad impuesta desde los nodos locales de la PLAFHC, que trabajan cada día por lo que consideran un derecho que les es arrebatado (organizan concentraciones, recogidas de firmas, charlas informativas).

"Nadie que necesite un tratamiento se quedará sin él", proclama Manuel Llombart, consejero de Sanidad de la Comunidad Valencia. Jerónimo Parejo, miembro de la PLAFHC en Valencia, asegura que tiene compañeros "con la medicación prescrita por los hepatólogos desde octubre" y que aún no la tienen. "Tenemos una nota de prensa de la Generalitat de 30 de diciembre que dice que se ha suministrado a 70 pacientes cuando en la Comunidad hay 100.000 diagnosticados y en torno al 40% estamos en situación de necesidad de tratamiento", indica.

Las cifras y la posibilidad de una mejor gestión en otro lugar despejan la incógnita: "Por salvarme, yo también estoy dispuesto a empadronarme o irme a vivir donde sea. Pero eso no lo van a permitir. Ninguna comunidad va querer sufragar el tratamiento de los enfermos de otras comunidades".

Igualar a la baja

"No creo que sea el problema que se dé tratamiento distinto en los distintos sitios sino que se están dando a la baja y no es cierto que dé tratamiento a todo el mundo. El problema es económico", sentencia Ramón Serna, portavoz de la Plataforma Pel Dret a la Salud.

La Comunidad de Madrid reitera sin cesar: "No habrá techo de gasto" para la asistencia. "Vamos a seguir las indicaciones de los hepatólogos". Un mensaje similar al que ofreció Rajoy el pasado sábado desde Toledo. Para Ramón, "el problema es que mienten. Mienten continuamente". "Al final consiguen desagravios. Y enfados entre comunidades, que tampoco los necesitamos", reflexiona María.

Los datos que maneja la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) para 2015 evidencian un descenso del 6,40% de los presupuestos sanitarios regionales. Las comunidades que destinarán menos cuantía por habitante son Andalucía (1.004,32 euros), C. Valenciana (1.106,78) y Cataluña (1.133,189).

"Yo no sé el sistema de sanidad pública dónde está, mires donde mires. Se me viene la moral abajo cuando hablamos de estas cosas. Qué tristeza", resume Amalia.








IU afronta el último intento por poner fin al caos de la coalición en Madrid

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La guerra abierta en Izquierda Unida de Madrid (IUCM) entre el sector de la candidata electa, Tania Sánchez, y el de la vieja guardia alineada con Ángel Pérez ha saltado a la dirección federal. El 'número dos' de Cayo Lara, Miguel Reneses, desautorizó este jueves a su coordinador y a los propios órganos de la coalición al votar a favor de la continuidad de Pérez y de Gregorio Gordo en sus respectivas portavocías. Ambos fueron señalados por su responsabilidad política en el papel de IU en la gestión de Caja Madrid y Bankia.

La votación ha roto definitivamente la federación madrileña, que da tumbos desde que el 1 de diciembre dimitiera su coordinador, Eddy Sánchez, tras el arrollador triunfo de Tania Sánchez y Mauricio Valiente en las primarias abiertas para elegir a los candidatos.

A las pocas horas, la dirección federal de IU convocaba de forma extraordinaria una Presidencia para el jueves de la semana que viene, donde se analizará el desplante. Es el mismo organismo que, por dos veces, ha exigido la renuncia de Pérez y Gordo. El pasado martes, el propio Cayo Lara señalaba en una entrevista la necesidad de que ambos renunciaran a su cargo, algo que fue rechazado al día siguiente por Pérez.

El resultado de la votación en los órganos institucionales estaba fuera de duda, dado que la vieja mayoría controla tanto el grupo municipal como el autonómico. Lo que no entraba en el guión era que el secretario de Organización federal, Miguel Reneses, se alineara con ella. Reneses fue señalado por la primera de las resoluciones federales que abordaba el asunto Caja Madrid-Bankia, aunque su referencia desapareció en la segunda.

La votación se ha producido 24 horas después de que un juzgado de Fuenlabrada (Madrid) abra juicio oral contra la vicealcaldesa de la localidad, Teresa Fernández (IU), por recurrir a empleados municipales para hacer obras en su casa, que comparte con Reneses. La dirección regional no ha tomado ninguna medida al respecto pese a que el código ético de IU obliga a dimitir a los cargos públicos en esa situación.

El pasado mes de diciembre, Miguel Reneses, Ángel Pérez y Gregorio Gordo se reunieron de forma discreta. También participó en el encuentro una de las colaboradoras más próximas a Pérez, Libertad Martínez.

A la votación en el grupo parlamentario de la Asamblea asistieron nueve de los 13 diputados, toda vez que Gregorio Gordo había optado por no participar, y se saldó con un 6-3. Entre los participantes, además de Reneses, estaba Antero Ruiz, quien fue expulsado del grupo parlamentario también por el papel de IU en Caja Madrid y Bankia, según documentación oficial registrada en la Asamblea de Madrid y que se puede consultar al final de esta información.

En el Ayuntamiento el resultado ha sido similar. Solo uno de los concejales de IU votó por cumplir las directrices federales. Tres lo hacían en contra. Otro no ha participado en la votación y Ángel Pérez se ha abstenido.

Ratificación de Tania Sánchez y querella del PP

La respuesta del sector de Tania Sánchez llegó poco después: "Entendemos que la decisión supone una gravísima ruptura con las decisiones de IU Federal en línea con las acciones recientes del núcleo que perdió las primarias de romper organizativa y políticamente con todas las decisiones previas de IU", señalaba un comunicado.

La tensión en el seno de IUCM ha subido a lo largo de la semana conforme se acercaba una de las fechas clave de este proceso. Este viernes, el Consejo Político Regional (principal órgano entre asambleas) debería ratificar las candidaturas de Tania Sánchez y Mauricio Valiente para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, respectivamente.

La convocatoria, decidida el lunes por una Ejecutiva en la que solo participaron los representantes de la vieja mayoría, intentaba desactivar el acto de confirmación que Sánchez y Valiente habían convocado para el sábado, ajeno a la dirección regional y que contaría con la presencia del previsible candidato de IU en las próximas generales, Alberto Garzón.

La otra intención era dar una verosimilitud de normalidad institucional. La apariencia se rompió este mismo jueves cuando la diputada regional Libertad Martínez exigió la dimisión de Tania Sánchez como candidata. Martínez repetió la petición poco después en una radio relacionada con Periodistadigital.com.

En dicha entrevista, Martínez asegura que, si el PP se querella contra Sánchez por los supuestos contratos irregulares de Rivas, la diputada de IU debería dimitir. Apenas unas horas después, el PP anunció en un comunicado de prensa que este viernes por la mañana presentarán una querella contra la candidata electa.

Precisamente una antigua querella que mezclaba a IUCM y al PP de Madrid desató la expulsión del diputado Antero Ruiz de los órganos internos y de sus cargos institucionales. Ruiz era secretario de Política Institucional cuando un consejero de Caja Madrid nombrado por IUCM pagó con una tarjeta 'black' un recurso judicial interpuesto por la propia IU en plena batalla judicial y política en el seno del PP por el control de la entidad en 2009. El recurso intentaba que los órganos de control de la entidad se mantuvieran controlados por el sector del PP afín a Miguel Blesa y a Esperanza Aguirre, como así ocurrió finalmente.

La querella del PP podría acabar con la carrera de Tania Sánchez. De admitirse a trámite y resultar imputada, la diputada regional estaría en una difícil situación, ya que el código ético de IU exige la dimisión de las personas en esta situación.

Consulta la documentación sobre la expulsión del diputado Antero Ruiz.








CCOO acusa a Empleo de actuar en connivencia con Coca-Cola en el conflicto con su plantilla

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Comisiones Obreras acusa al Servicio Público de Empleo (el SEPE, dependiente del Ministerio de Empleo) de actuar en connivencia con Coca-Cola en el conflicto que mantiene con su plantilla: el sindicato denuncia que el organismo dio de baja en la prestación de desempleo a los trabajadores el pasado 1 de diciembre, solo nueve días después de que la Audiencia Nacional ordenara a la empresa cumplir ya con la sentencia que declaró nulo su ERE y antes de que la plantilla haya sido reincorporada a sus puestos o haya comenzado a cobrar sus salarios.

CCOO ha enviado una carta a la directora del SEPE, Reyes Zatarain, en la que asegura que la actuación del organismo ha sido injustificada, "arbitraria y lesiva del derecho de la tutela judicial efectiva". Ambas partes se reunirán próximamente para tratar el asunto.

El 21 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó a Coca-Cola cumplir inmediatamente la sentencia, bien readmitiendo a los trabajadores en sus puestos, bien pagándoles los salarios pero sin reincorporarles hasta que el Supremo decida sobre el ERE. Nueve días después, el 1 de diciembre, el SEPE dio de baja a estos trabajadores como perceptores de una prestación por desempleo, sin que ninguna de esas dos circunstancias hubiera sucedido. Finalmente, la empresa optó por la primera opción pero en plantas diferentes a la de Fuenlabrada, una circunstancia que los afectados han recurrido ante la Audiencia y que, en todo caso, aún no se ha producido. Esto es, gran parte de la plantilla afectada (varias personas sí han aceptado la readmisión) no cobra actualmente ni prestaciones ni salarios.

En la carta dirigida a la directora del SEPE, a la que ha tenido acceso eldiario.es, CCOO asegura que la actuación del organismo supone una "decisión grave de enormes repercusiones sobre la capacidad económica de centenares de familias afectadas por un despido nulo y arbitrario", y subrayan que no existe ningún supuesto legal que justifique la suspensión de la prestación ni concurre ninguna circunstancia legal que la incompatibilice.

"Los trabajadores han tenido conocimiento extraoficial de la actuación realizada por el SEPE, es decir, no ha existido una comunicación formal e individualizada a los trabajadores afectados, sino una medida unilateral, previsiblemente a instancias de la propia empresa", afirma la misiva. Empleo asegura, sin embargo, que los trabajadores sí tuvieron notificación de este hecho.

"Al margen de cualquier garantía"

La acusación de Comisiones se basa en un informe jurídico que analiza tanto la norma procesal como la que regula las prestaciones por desempleo y que concluye que la decisión del SEPE se ha dictado "al margen de cualquier garantía de procedimiento legal que lo soporte" y que implica "un perjuicio gravísimo" para los trabajadores afectados. La plantilla, insiste, ha tenido conocimiento de esta circunstancia "solo a través de una comunicación oficiosa obtenida de las oficinas de empleo" por sus representantes.

Según el informe del sindicato, se desconoce cómo el SEPE conoce el listado de trabajadores que han promovido la ejecución de la sentencia, puesto que el organismo no es parte del proceso por despido. "Ello permite suponer que ha sido a instancia de la empresa en virtud de la cual se ha tomado dicha medida", subrayan. Fuentes de Empleo aseguran que la lista de trabajadores aparece en el auto de ejecución, del que tuvieron "comunicación legal".

Los servicios jurídicos concluyen que la norma no prevé que la mera declaración judicial de despido nulo por sentencia no firme o la petición de ejecutar una sentencia (como sucedió en este caso por parte de los trabajadores) sirva para suspender o extinguir la prestación por desempleo "de forma automatizada". "Ello pone en evidencia la falta de toda cobertura legal de la actuación llevada a cabo por el Servicio Público de Empleo Estatal a la hora de excluir y privar de la prestación precisamente a los trabajadores y trabajadoras que han ejercitado sus derechos legales ante la declaración de nulidad de su despido", señalan.

Aunque hay circunstancias que hacen que las prestaciones por desempleo sean incompatibles, CCOO asegura que no se dan en este caso, ya que ni los trabajadores están reincorporados de forma efectiva en sus puestos ni están percibiendo los salarios. De hecho, la empresa no ha cursado el alta de los trabajadores en la Seguridad Social, "lo que por otra parte es decisivo para constatar hasta qué punto el Servicio de Empleo dispone de elementos para llevar a cabo de forma unilateral la suspensión de la prestación por desempleo, cuando en ese momento los trabajadores no se encuentran cotizando en virtud de una prestación efectiva de servicios".

Fuentes de Empleo aseguran que la actuación del SEPE se ajusta a la norma, ya que desde la ejecución provisional de la sentencia la empresa está obligada o bien a readmitirles o bien a pagar sus salarios pero sin reincorporarles. "El auto de ejecución significa que la sentencia se aplica sí o sí y el SEPE tiene que actuar en consecuencia", dicen las mismas fuentes. Preguntadas por si el organismo no tiene que esperar a que la sentencia se cumpla de forma efectiva, aseguran que el SEPE "no es el organismo competente para vigilar el cumplimiento de la sentencia". Aseguran, además, que se trata de una decisión que busca causar el menor perjuicio a los trabajadores para evitar que tengan que devolver prestaciones en caso de que comiencen a percibir un salario. 








La vieja Europa y el nuevo blasfemo

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Entre los años 1740 y 1741 se representó en Francia una de las obras menores de Voltaire, la pieza teatral El fanatismo o Mahoma. El profeta. Parece ser que la obra  disfrutó de un éxito de público considerable pero que su representación fue finalmente prohibida por la presión de la Iglesia católica. Y es que, tras la parodia del profeta musulmán, podía fácilmente deducirse que la intención del autor era llevar a cabo una crítica general al fanatismo monoteísta y, en concreto, al de la propia Iglesia católica.

Han pasado muchos años desde 1741 pero el asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo no deja ninguna duda de las dificultades que encontraría hoy en día cualquier compañía teatral para representar esta obra de Voltaire en Francia, o en cualquier otro país europeo. Sin embargo, creo que conviene analizar con algo de detenimiento el paradigma del nuevo blasfemo y cuál es el alcance real de las nuevas amenazas a la libertad de expresión provenientes de la censura religiosa en los viejos Estados de Europa. Aunque algunos han querido trazar forzados paralelismos, poco tiene que ver la vieja problemática de la tipificación de la blasfemia con las amenazas a las que se enfrentan quienes, como los periodistas de Charlie Hebdo, integran al islam como objeto de crítica dentro de la más irreverente tradición de la libertad de expresión.

Ciertamente, la tipificación penal de la blasfemia ha sido una constante en los códigos penales de las viejas naciones europeas, un delito que tenía su fundamento en la propia confesionalidad que ha caracterizado en algún momento de su historia a la totalidad de los países europeos, por más que alguno se empeñe en que ese atavismo ha sido algo exclusivo del Estado español. En realidad, hasta el último tercio del siglo XX, la blasfemia no ha empezado a desaparecer de las distintas legislaciones penales europeas. A esta paulatina derogación contribuyeron mucho los grandes blasfemos, es decir, los artistas, esos nunca bien ponderados héroes de la libertad de expresión que, sobre todo a partir de la modernidad artística, se han erigido en profanadores naturales del tabú dentro de nuestras sociedades. Pero sin duda, ha sido también el propio hecho de que la secularización haya avanzando en unas naciones, las europeas, cada vez más plurales en lo religioso, lo que ha ido paulatinamente privando de razón de ser a la tipificación penal de la blasfemia.

Como dijera el juez de la Corte Suprema americana Felix Frankfurter, la pluralidad religiosa hace imposible una noción común de lo sagrado y, por lo tanto, priva de razón de ser a cualquier protección frente a lo sacrílego. Es por eso que, en un país radicalmente plural en lo religioso como Estados Unidos, la tipificación de la blasfemia fue declarada inconstitucional ya en 1953, con la emblemática sentencia 'Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson', que entendió que la película de Rossellini El milagro, en la cual se retrataba a la Virgen María como una campesina demente, estaba ampara por la Primera Enmienda de la Constitución.

El sobrevenido pluralismo religioso europeo ha tenido como consecuencia que el delito de blasfemia haya sido sustituido por nuevos tipos penales donde ya no es la religión del Estado el bien jurídico protegido, sino los sentimientos religiosos de los ciudadanos, independientemente de la religión que estos profesen. Esta nueva lógica a la que aludimos es la que subyace tras el artículo 525 del Código español y también tras la legislación penal irlandesa, alemana, inglesa o danesa, por poner solo algunos ejemplos paradigmáticos.

En cierta medida, proteger la paz social, evitando provocaciones obscenas a las comunidades religiosas, es el fin último de una legislación penal cuya aplicación judicial, no hay que olvidarlo, ha sido prácticamente testimonial y, en la mayoría de los países, inédita. En el entorno europeo solamente Grecia nos ofrece algún ejemplo reciente de condena por blasfemia, al amparo de un tipo penal en el que, en este caso, todavía subsiste un claro sesgo de confesionalidad en tanto que ofrece protección penal específica a la Iglesia ortodoxa griega.

Sin duda alguna, la escasa aplicación de estos tipos penales no impide denunciar su potencial represivo y su falta de adecuación a una idea genuinamente liberal de la libertad de expresión. En este sentido, el citado art. 525 debería derogarse. Un argumento de autoridad, en este caso, podría ser el del profesor de Columbia Jeremy Waldron, tal vez el más conocido defensor de la necesidad de tipificar penalmente el denominado 'discurso del odio', quien, sin embargo, ve incompatible con los presupuestos de la cultura liberal la protección penal frente a aquellos discursos que van dirigidos no contra lo que nosotros somos, sino contra lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos. Como diría el gran Bernard Shaw, una sociedad libre ha de asumir que las ideas o creencias se pueden maltratar sin rozar la piel de su autor.

En cualquier caso, la censura a los viejos blasfemos, a quienes se les aplicaba “el derecho de la moralidad” y que se situaban como outsiders de la comunidad política por mostrar su irreverencia a los dogmas de la religión propia de su país, tiene poco que ver con la censura que sufren los nuevos blasfemos de la postmodernidad, que estarían bien representados, entre otros, por los caricaturistas de la publicación danesa Jyllands-Posten, el escritor Salman Rushdie, el malogrado director de cine Theo Van Gogh o los humoristas de Charlie Hebdo.

Una diferencia clave entre unos y otros es que si bien los viejos blasfemos se situaban como outsiders al provocar contra los fundamentos religiosos y morales, en definitiva, contra el ethos cristiano de su comunidad, los nuevos blasfemos son verdaderos insiders de la comunidad política en la que viven. Es más, son expresión máxima de uno de los valores morales sobre los que se edifica esta comunidad como es la libertad de expresión. Es por este motivo que algún autor como Todorov, reflexionando sobre la cuestión de las caricaturas de Mahoma, insistía en su día en que era mucho más incómoda y más épica la situación del viejo blasfemo, quien desde la marginalidad de su comunidad política se atrevía a cuestionar la doctrina religiosa mayoritaria u oficial, que la del nuevo blasfemo, quien acomodado en los presupuestos culturales de su comunidad dirige su irreverencia frente a una minoría religiosa como el islam.

No sé si Todorov volvería a escribir hoy lo mismo, pero creo que el final que ha tenido la aventura irreverente de los humoristas de Charlie Hebdo deja claro que el nuevo blasfemo no es alguien carente de valentía o de épica. El nuevo blasfemo, al igual que el antiguo, se enfrenta también a una sanción de fundamento religioso por el ejercicio de su libertad de expresión; pero se trata de una sanción distinta, de una sanción, digamos, cruelmente postmoderna. Y esta sanción no tiene su origen en la moralidad estatal, con sus códigos represivos y sus órganos ejecutores, sino que su fuente es tremendamente difusa (fundamentalismo, Al Qaeda, EI…) pero su eficacia, ya lo hemos comprobado, puede ser dramáticamente certera y sin duda más severa que cualquier sanción que el Estado imponga a los ciudadanos por lo que estos dicen.

En este sentido, no debe pasarse por alto que en el asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo no solo hay un atentado contra la libertad de expresión sino también contra la propia idea de Estado, comprendido como ente que monopoliza el uso de la fuerza en un territorio y que actúa sometido a la Constitución y a las leyes. Como ha escrito el profesor Pérez Royo, el asesinato de los periodistas ha sido lo más parecido a la ejecución de una sentencia, en definitiva, a la aplicación a los ciudadanos de una idea particular de justicia que desafía el monopolio estatal para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es precisamente porque esta ejecución ha desafiado la propia idea de Estado, y de Estado de derecho, por lo que produce en todos nosotros un miedo singular, un miedo, podríamos decir, propiamente hobbesiano, el miedo de no vivir bajo un orden.

El asesinato de los humoristas de Charlie Hebdo es el último y el más dramático exponente de los tiempos ultramodernos que vive hoy la vieja Europa, enfrentada a desafíos líquidos, difusos, pero sin duda ciertos y de difícil solución. En este caso, valga por lo menos la experiencia acumulada para no hablar de tolerancia en vano, para no desdeñar las tareas de la libertad bajo la máscara tramposa del hedonismo hipercomprensivo y buenista. Pero, sobre todo, valga lo vivido para tener bien presente cuán mal consejero nuestro ha sido siempre el miedo a la hora de actuar. Je suis Charlie parece un buen punto de partida.


En 2014 aumentó el número de mujeres asesinadas por sus parejas que ya habían denunciado

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A pesar de que 2014 comenzara con un importante repunte de las muertes machistas, el número de mujeres víctimas de violencia de género apenas cambió en 2014 respecto al año anterior. 53 mujeres fueron asesinadas, una menos que las 54 de 2013, según los datos del Ministerio de Sanidad e Igualdad. Lo que sí ha cambiado, y a peor, es el número de asesinadas que había denunciado previamente a su agresor. El pasado año 17 habían acusado a las parejas o exparejas que acabaron matándolas, seis más que en 2013. También crecieron las víctimas que habían retirado la denuncia, al pasar de 1 a 3 en el último año.

Estos son algunos de los datos a 31 de diciembre de 2014, a falta de tres casos que continúan en investigación, y que de comprobarse cerrarían una cifra total ligeramente superior a la del año anterior. Las estadísticas también reflejan que nueve de las 10 víctimas que habían solicitado medidas de protección la obtuvieron, y que cinco del total de fallecidas ya no disponía de ninguna vigilancia para evitar una agresión. Solo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas. Los datos se completan con tres quebrantamientos de la protección por parte del agresor, que en un solo caso ocurrió con el consentimiento de la víctima.

Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, el porcentaje de órdenes de protección aceptadas en el tercer trimestre de 2014 es de un 56%, solo un 1% más con respecto al segundo. Esto supone un descenso de mujeres protegidas, ya que hace un año, en el último trimestre de 2013, se aceptaron el 60% de las peticiones.

La desprotección de las mujeres que denuncian un caso de violencia de género ha sido denunciado por agentes de la Guardia Civil, que aseguraron sufrir presiones por parte de sus superiores para que se redujesen las evaluaciones de alto riesgo para las víctimas. La razón: la falta de recursos, tanto materiales como humanos, para atender todos los casos. La petición de rebajar los avisos de riesgo reduciría la vigilancia sobre las mujeres que han solicitado protección hasta un nivel "medio" y "no apreciado". Es en esos grupos donde se registran el mayor número de asesinadas, según los datos del CGPJ.

Cambia la edad de víctimas y agresores

La estadística refleja algunos cambios sutiles. Por ejemplo, muestra diferencias en los grupos de edad que sufrieron más la violencia de género. Y es que la mayoría de víctimas (17) tenía entre 41 y 50 años, cuando en 2013 las más afectadas (18) fueron las mujeres de entre 31 y 40 años.

También ha cambiado la edad de los agresores. En 2013 la mayoría de asesinos (18) estaban entre los 31 y los 40 años. Y en 2014 el grupo mayoritario, con 15 casos, fue el de entre 41 y 50 años. De los 53 hombres que asesinaron a sus parejas el año pasado, 16 se suicidaron tras cometer el crimen, siete más que un año antes.

La relación que tenían las víctimas con su agresor es otra de las variables que cambia. De las asesinadas el año pasado, 35 lo fueron a manos de sus parejas y 18 estaban en proceso de ruptura o formalmente separadas. Los datos de 2013 señalan que las mujeres que mantenían una relación con su asesino fueron 31, mientras que 23 estaban alejadas de ellos.

Las víctimas colaterales de estos asesinatos, principalmente los niños, apenas cambian en la estadística. En 2014 hubo 41 menores que se quedaron huérfanos, uno menos que en 2013.

Cataluña, la comunidad con más asesinatos

Cataluña registró en 2014 el mayor número de víctimas de violencia de género, 12 asesinatos. Un ascenso preocupante con respecto a 2013, cuando hubo cuatro fallecidas. Esta comunidad autónoma supera así a Andalucía, que registró 10 crímenes de este tipo y que lideró la estadística un año antes con 11 muertas. El aspecto positivo está en otras siete comunidades (Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja) y en Ceuta, donde no hubo asesinatos machistas.

El Ministerio de Igualdad contabilizó hasta septiembre de 2014 (último dato disponible) 95.311 denuncias por violencia de género. En todo 2013 estas ascendieron a 124.893.


La Fiscalía belga dice que los terroristas abatidos "estaban preparados para atentar inminentemente"

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Bélgica, un país en el ojo del huracán por la conexión entre el yihadismo más violento y un centenar de ciudadanos nacionales –datos de la policía–, se sobresaltó este jueves tras conocer que una vasta operación antiterrorista estaba teniendo lugar en varios puntos del país, saldada con dos muertos únicamente del lado de los islamistas radicales. Estos estaban "preparados para atacar inminentemente", según la Fiscalía federal.

La Fiscalía belga ha ofrecido una rueda de prensa improvisada en la que ha explicado que la operación se desarrollaba en Verviers (cerca de Lieja, en la parte francófona, donde se produjeron los dos muertos), Hal-Vilvoorde (extrarradio de Bruselas, en Flandes), y los barrios bruselenses de Zaventem, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean y el propio centro de la capital. A última hora del jueves, la operación proseguía.

"Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que han regresado de luchar en la guerra de Siria y que estaban a punto de cometer atentados de envergadura en Bélgica", han señalado portavoces de la Fiscalía federal en neerlandés, francés e inglés. Apenas esta institución ha avanzado más datos "por el riesgo de arruinar la operación policial en curso", pero sí ha reconocido la muerte de dos supuestos yihadistas islámicos en Verviers.

Aunque otra rueda de prensa en la que avanzarán más detalles fue anunciada para el viernes 16 de enero por la mañana, el diario Le Soir revelaba citando fuentes gubernamentales que la operación policial arrancó hace dos semanas y que entre los objetivos de los islamistas radicales estaban edificios y personal de la policía federal. La Fiscalía sí ha informado de que la alerta terrorista queda elevada al nivel tres (de un total de cuatro) en los lugares donde se ha desarrollado la operación, y al nivel dos en aquellas zonas que permanecen tranquilas (como Flandes Oriental).

La Fiscalía ha explicado que los islamistas de Verviers –"una célula operacional"– abrieron fuego primero contra los agentes que rodeaban la casa, desencadenando un tiroteo alrededor de las seis de la tarde. Al principio se pensó que había tres muertos por unas declaraciones del alcalde de esta localidad, Marc Elsen, pero pronto la policía rebajó la cifra a dos, y la Fiscalía confirmó que un tercero ha sido detenido. "No ha habido ni víctimas ni heridos del lado de las autoridades y de los civiles", ha confirmado el Ministerio Fiscal.

También se pensó que existía algún tipo de relación entre los yihadistas de Verviers y los tres autores de los terribles atentados de París la semana pasada, vínculo que la policía ha descartado de acuerdo con las informaciones de varias cadenas de televisión belgas, entre ellas RTBF.

Para aumentar la psicosis, un hombre fue detenido a las cuatro de la tarde en la capital europea junto al metro Ribaucourt, en el deprimido barrio de Molenbeek-Saint-Jean. El hombre iba armado, aunque todavía no se ha precisado qué tipo de arma portaba, y gritaba "¡Alá-Akbar!" (Dios es grande) en árabe y francés.

La Fiscalía no ha informado de las operaciones en diferentes puntos de la región de Bruselas, dado que estas aún no han concluido.








"Pensar que toda la ciudadanía es sospechosa de terrorismo es un disparate"

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Rosa Aguilar, portavoz parlamentaria de Justicia del PSOE, forma parte de la delegación que negociará con el Gobierno la proposición de ley orgánica sobre medidas para combatir el terrorismo internacional. La diputada del PSOE acudió el pasado miércoles a la sede del Ministerio del Interior para escenificar el primer pacto de Estado que su partido pretende cerrar con el Gobierno de Mariano Rajoy. El primer gran pacto desde que Pedro Sánchez es secretario general.









Bárcenas: "Felizmente, Ruz estará fuera del caso en el mes de marzo"

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El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas está "feliz" por el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional que le mandó a prisión, Pablo Ruz, sea apartado del caso en el mes de marzo después de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera sacar a concurso la plaza que ocupaba de forma interina. 

En una entrevista concedida al diario ABC, el extesorero del PP, afirma que 'felizmente, Ruz estará fuera del caso en marzo", pero lamenta que "caigan todos, menos las fiscales". Durante la conversación, Bárcenas se declara especialmente crítico con las representantes del Ministerio Público, a las que acusa de ir "por libre" y de orquestar una "persecución" contra él. "¿Por qué no tengo el mismo tratamiento que Rato?", se pregunta.

El PP prefiere su silencio

Aunque el extesorero del PP centra sus ataques en las fiscales, reconoce que el PP y el Gobierno prefieren tenerle silenciado. "Les viene bien que siga aquí por motivos electorales", asegura en alusión a la dirección del PP, "y cuando hablan del caso Gürtel poder decir: 'Nosotros tenemos al tesorero en la cárcel".

En ese sentido, Bárcenas afirma sentirse una cabeza de turco: "El gerente depende del tesorero, y el tesorero del presidente y del secretario general. Sabían perfectamente las entregas en el mismo día en que se producían, quién era el empresario y cuánto aportaba". "Dieron instrucciones muy precisas de lo que tenían que hacer conmigo", concluye.

El extesorero, que niega que su fortuna en Suiza la "cogiera" del PP, mantiene que el origen de su dinero es lícito. "Demuéstrenme a mí el origen ilícito de mi fortuna. Que me digan de dónde me lo he llevado y cuándo y no me vengan con la acusación de que lo he cogido del partido sin más", afirma.

Sobre la posibilidad de un riesgo de fuga, argumento por el que lleva 19 meses en prisión, Bárcenas sostiene que es un "sinsentido". "Tengo todas las cuentas bloqueadas, los bienes embargados, en ningún momento he pesando en fugarme", asegura. Por ello, espera lograr la libertad provisional tras la vista oral que se celebra este viernes en la Audiencia Nacional a raíz de su recurso de apelación contra el auto por el que Ruz le ha negado por quinta vez la salida de prisión.








Detienen en Berlín a dos personas presuntamente ligadas al ISIS

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La policía alemana detuvo hoy en Berlín a dos turcos presuntamente ligados a la organización terrorista Estado Islámico y que están bajo sospecha de haber preparado un atentado en Siria.

Así lo informó hoy la policía que indicó que no hay indicios de que los dos detenidos estuvieran planificando un atentado en Alemania.

Los dos detenidos tienen 41 y 43 años y hay otras tres personas de su entorno que también están bajo sospecha.

La detención se produjo durante una operación en la que se registraron once viviendas, la mayoría de ellas en los barrios de Moabit y Wedding -ambos con mucha población musulmana- y en el que participaron 250 policías.

Uno de los detenidos fue identificado como Ismet D. y se le acusa de liderar un grupo de islamistas en el distrito berlinés de Tiergarten.

El grupo estaría formado ante todo por turcos y ciudadanos rusos procedentes de Chechenia.

Ismet D., que se ha autoproclamado emir, habría impartido clases de religión al grupo para radicalizar a sus miembros y prepararlos para la "guerra santa contra los infieles" en Siria.

A él y al otro acusado, identificado como Emin F., se les acusa de haber apoyado financiera y logísticamente a miembros del grupo en su desplazamiento hacia Siria.

La detención se produce un día después de que la policía belga diera muerte cerca de la frontera con Alemania a dos presuntos yihadistas y detuviera a un tercero y asegurase que había habido un peligro terrorista concreto.

Anoche, además, la policía alemana detuvo en Wolfsburgo (norte del país) a un presunto miembro de la organización terrorista Estado Islámico (EI).

El hombre, un alemán de origen tunecino, habría recibido formación militar en Siria entre mayo y agosto de 2014.


Repsol finaliza los sondeos en Canarias sin encontrar petróleo

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La compañía petrolera Repsol ha finalizado el sondeo exploratorio que inició el pasado 18 de noviembre a unos 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura para analizar la posible existencia de hidrocarburos sin encontrar petróleo. Tras el análisis de las muestras obtenidas, la empresa ha concluido que hay gas (desde metano hasta hexano), pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción.

En un comunicado difundido este viernes informa que los trabajos de perforación han confirmado que en el subsuelo de esta cuenca se han generado petróleo y gas, si bien los almacenes encontrados "están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas no explotables".

Repsol rechaza realizar nuevas actividades de investigación en la zona y renuncia, por lo tanto, a trabajar en el área denominada Chirimoya, para la que también tenía autorización.

Como adelantó Canarias Ahora el 2 de enero, el buque de posicionamiento dinámico Rowan Renaissance regresará a Angola para continuar con el programa de exploración de hidrocarburos que Repsol realiza en este país.

El pasado 11 de enero la compañía alcanzó la profundidad total de 3.093 metros (882 metros de lámina de agua y 2.211 metros de subsuelo) y completó la recolección de datos de las formaciones geológicas atravesadas.

Durante la próxima semana Repsol sellará el pozo "continuando con los protocolos de seguridad más estrictos, conforme se ha desarrollado el sondeo en su conjunto", ha destacado.

Según los datos facilitados por la petrolera, en el proyecto de investigación han trabajado unos 750 profesionales de más de 50 empresas. Desde el inicio de los sondeos, Repsol estimó para los mismos una posibilidad de éxito exploratorio de entre el 15% y el 20%. La compañía realizó el sondeo considerando "que un posible hallazgo reportaría importantes beneficios para la economía española", concluye.








Detenidas doce personas en la región de París por su relación con los atentados

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Al menos doce personas han sido detenidas en la noche del jueves al viernes en varios puntos de la región de París por su supuesta relación con los atentados perpetrados la semana pasada por los hermanos Kuachi y Amédy Coulibaly, que acabaron con la vida de 17 personas en la capital gala, ha informado la cadena de televisión Itele.

Las detenciones han tenido lugar en Montrouge, Châtenay-Malabry, Epinay-sur-Seine, Fleury-Mérogis y Grigny. Los arrestados son sospechosos de haber dado apoyo logístico a los terroristas. Los investigadores creen que estas personas facilitaron medios como vehículos y apartamentos a los autores de los ataques de París.

La cadena France Info ha señalado que las detenciones han sido realizadas por agentes del RAID, el cuerpo de élite de la Policía Nacional gala. Una fuente judicial consultada por este medio ha afirmado que los arrestados están acusados de dar "un posible apoyo logístico" a los terroristas, con armas y vehículos. 

 








Fuerteventura no se fia del anuncio de Repsol y cree que volverá en junio

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El Cabildo de Fuerteventura no se fía del anuncio realizado este viernes por la compañía petrolera Repsol en relación al abandono de los sondeos exploratorios frente a las costas de Canarias al no haber encontrado petróleo ni gas de calidad en los trabajos realizados.

La institución insular asegura en un comunicado que el Ministerio de Industria, liderado por el canario José Manuel Soria, "coordina los preparativos" para que la multinacional vuelva a perforar a partir del mes de junio, una vez superadas las próximas elecciones autonómicas de mayo.

De esta forma, la confirmación de las noticias ya apuntadas sobre la marcha de los barcos de Repsol durante los próximos 22 y 24 de enero, "responde a una estrategia electoral y comercial. Por un lado, el precio internacional del petróleo les hace ahora poco rentable su extracción a grandes profundidades como las de aquí, hasta que vuelva a subir el precio; Y por otra parte, la oposición mayoritaria de la sociedad canaria aconseja al PP y a Soria que, por cálculos electorales, se deben paralizar los trabajos y silenciar todo hasta que pasen las votaciones autonómicas del mes de mayo", explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.

Según la institución majorera, la información aportada a colectivos sociales e instituciones canarias de forma extraoficial por colaboradores que trabajan en el Ministerio de Industria aclaran que "se puede haber localizado una bolsa de gas importante cuya explotación sí sería rentable ahora para la multinacional petrolera". "Por eso quieren volver en verano, una vez pasadas las elecciones locales y, confían ellos, con más gobiernos de derechas en las instituciones canarias que les faciliten el trabajo, para ello se coordinarían con las regasificadoras que se están intentando instalar. No podemos permitirlo. Industria debe caducar las licencias ya para que Repsol no vuelva", ha afirmado Cabrera.

La actual concesión que tiene la multinacional petrolera es por un periodo de tiempo limitado (tres años) y obliga a realizar dos perforaciones distintas (Sandia-1X y Chirimoya-1X) y deja abierta la posibilidad de una tercera (Zanahoria-1) si así lo considera la multinacional petrolera. Con esta autorización del Ministerio de Industria, precisa eL Cabildo,  "la perforación del segundo pozo no es una posibilidad, es una obligación, si no perderían las autorizaciones y serían sancionados por el Gobierno".

Mario Cabrera ya adelantó en su momento que lo que realmente busca la multinacional petrolera con el beneplácito del PP, es "asegurarse una despensa petrolera en Canarias para dentro de un año o dos, cuando hayan subido los precios del petróleo en el mercado, cuando se gane más especulando en bolsa y cuando hayan pasado las elecciones generales".

Reitera que lo mejor que puede hacer la multinacional petrolera con las perforaciones petrolíferas en las costas de Fuerteventura y Lanzarote es "recoger los bártulos ya, levar anclas y mandarse a mudar lejos de Canarias para no volver. Que se vayan antes de que los echen los tribunales y la Comisión Europea. Y, por supuesto, que a este piche-gobierno del PP tramite ya la caducidad y anulación de las licencias para que Repsol no pueda mercadear con ellas en la bolsa internacional, vendiendo y revendiendo nuestro mar, volviendo a perforar cuando les plazca".








Izquierda Anticapitalista decide dejar de ser un partido político para integrarse en Podemos

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Izquierda Anticapitalista (IA) celebra este fin de semana su II Congreso, en el que la mayoría de la dirección propone un cambio de nombre y de forma jurídica para la formación, que dejaría de ser un partido político para transformarse en un movimiento, que siga "construyendo lealmente" Podemos.

Así lo ha explicado Raúl Camargo, miembro de la dirección, quien considera que la organización se encuentra en "un momento crucial para las aspiraciones de la mayoría social, de romper con las políticas de recortes" de los "partidos del régimen".

IA, que participó desde sus inicios en el lanzamiento de Podemos, quiere seguir contribuyendo "a la derrota del bipartidismo y sus amigos del IBEX 35", según explica en una nota de prensa.

En el Congreso, la dirección de IA planteará su transformación de partido en asociación y un cambio de nombre.

Su objetivo es "seguir construyendo Podemos y el empoderamiento de los de abajo" y constituir "el poder popular necesario para afianzar la posible victoria electoral que plantean las encuestas para este año", asegura Camargo.

Con su transformación de partido político a asociación, Izquierda Anticapitalista se adapta al marco que establecen los principios éticos de Podemos, aprobados en la asamblea de noviembre, que prohíbe a los cargos orgánicos del partido de Pablo Iglesias militar en cualquier otro partido.

De esta forma, ahora los miembros de Izquierda Anticapitalista podrían ocupar un cargo orgánico en Podemos, lo que podría afectar a dirigentes como Teresa Rodríguez, que se ha postulado para la Secretaría General del partido en Andalucía.

Otro caso similar es el de Miguel Urban, que ocupó el séptimo puesto de la lista de Podemos al Parlamento Europeo y que ahora ha anunciado su intención de presentarse a las primarias para la Secretaría General en Madrid, en las que competirá con uno de los hombres más cercanos a Pablo Iglesias, el profesor de Filosofía Luis Alegre, secretario de Participación Interna del Partido, que presentó ayer su candidatura.








Tania Sánchez y sus seguidores no acudirán hoy al Consejo Político que la ratificará como candidata

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Tania Sánchez y sus afines no acudirán esta tarde a la reunión del órgano de IU de Madrid (IUCM) que debía ratificar su candidatura para las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Fuentes de su entorno explican a eldiario.es que la actuación de ayer de parte de la organización, que desobedeció las resoluciones de los órganos federales y mantuvo en sus cargos institucionales a Ángel Pérez y Gregorio Gordo, "dinamita IU" y que su asistencia este viernes al Consejo Político Regional (CPR) sin esperar a la reunión de la semana que viene de la Presidencia federal "es echar gasolina". "Solo puede suponer elevar aún más la tensión", concluye.

El CPR de hoy tiene previsto ratificar la candidatura de Tania Sánchez y Mauricio Valiente, quienes se impusieron holgadamente en las primarias abiertas celebradas el pasado mes de noviembre. Ambos celebrarán mañana sábado un acto público en Madrid para lanzar la precampaña electoral que contará con la presencia de importantes dirigentes federales. Entre ellos, el diputado malagueño y previsible candidato de IU a las generales, Alberto Garzón.

En un acto de apoyo celebrado este viernes en el Ateneo de Madrid, Garzón ha querido mantenerse al margen de lo ocurrido ayer. "Es algo que nos disgusta a todos", ha señalado, "pero hay que esperar a que los órganos federales se pronuncien".

La dirección federal, por su parte, se ha dado una semana para decidir cómo actuar después del desafío que lanzó buena parte de IUCM ayer. Entre ellos, el número dos de la organización, Miguel Reneses, quien se sumó al sector de Ángel Pérez y Gregorio Gordo y votó a favor de que este mantuviera su cargo de portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid, pese a que la Presidencia federal se había posicionado en contra.

Desde la vieja mayoría de IU de Madrid siempre se ha sostenido que la dirección federal nunca ha pedido las dimisiones de Pérez y Gordo. Sin embargo, el propio secretario de la Presidencia de IU y secretario general del PCE, José Luis Centella, mandó ayer mismo una nota en la que ratificaba su interpretación de las dos resoluciones aprobadas al respecto.

En el comunicado enviado a la dirección regional en Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es, Centella asegura que los grupos municipal y autonómico de la federación madrileña "no han procedido conforme a lo aprobado por la Presidencia Federal y los actuales portavoces tampoco han facilitado su cumplimiento". Centella insiste: "me dirijo a vosotros y vosotras (…) para indicaros que sigue sin cumplirse la necesidad de cambiar los actuales portavoces de la Asamblea y Ayuntamiento de Madrid”.

Por si quedaban dudas, el dirigente zanja: "Los compañeros Gregorio Gordo y Ángel Pérez deben dar paso a otros compañeros o compañeras para el desempeño de la función de portavoces y evitar así que tenga que pronunciarse de nuevo la Presidencia Federal”.

Dicha reunión de la Presidencia federal se convocó ayer mismo de manera urgente para el próximo jueves, ya que Cayo Lara tiene un viaje a Grecia previsto para principios de la semana que viene. El coordinador federal de IU ha sido invitado a un acto de la campaña electoral de Syriza.

Querella contra Tania Sánchez

Más allá de sus conflictos internos, IU de Madrid afronta hoy una situación delicada después de que el PP haya interpuesto una querella contra Tania Sánchez y parte de su familia por los supuestos contratos irregulares de Rivas, la localidad donde la candidata electa inició su carrera política.

En un comunicado remitido hoy a los medios, Sánchez recuerda que "la semana pasada el portavoz municipal del PP en Rivas reconoció que no hubo irregularidades en los contratos" en el marco de la comisión de investigación que se desarrolla en el municipio madrileño al respecto. "Y hoy presenta una querella", acusa.

"El PP sabe que están en tiempo de descuento porque se aproxima el cambio político en Madrid", señala la nota, que añade que la querella es "un plan de emergencia". "En Génova saben que la primera derrota de Rajoy será en la Plaza de Sol", zanja.









La red desarticulada en Bélgica pretendía asesinar a policías de forma inminente

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La red yihadista desarticulada en Bélgica en las últimas horas tenía como objetivo cometer atentados terroristas de forma inminente que consistirían en matar a policías en la vía pública y en comisarías, según ha informado este viernes la Fiscalía.

En total, se ha detenido a trece personas en Bélgica y a dos en Francia. Otros dos yihadistas murieron este jueves en un tiroteo con la Policía en la localidad de Verviers, en el este del país. Algunos de los detenidos y muertos acababan de regresar de combatir en Siria, aunque la Fiscalía ha eludido precisar cuántos y tampoco ha desvelado su identidad o nacionalidad, salvo que los dos detenidos en Francia son belgas.

"El grupo estaba a punto de cometer atentados terroristas con el objetivo de matar a policías en la vía pública y en comisarías", ha dicho el portavoz de la Fiscalía.


En total, la Policía ha realizado desde el jueves por la tarde doce redadas en las localidades de Verviers, Berchem, Liedekerke y en varios barrios de Bruselas. En ellas se han encontrado cuatro fusiles Kalashnikov AK-47, otras armas de fuego, municiones y explosivos.

La Policía también ha descubierto material de comunicación –móviles, radios y walkie talkies–, documentos falsos, una "cantidad importante" de dinero, así como varios uniformes de Policía.

La Fiscalía ha explicado que las redadas se limitan a Bélgica y no forman parte de una operación más amplia contra el yihadismo en Europa. También ha afirmado que no hay ningún vínculo con los ataques terroristas en París contra la revista satírica 'Charlie Hebdo’.

"Hasta ahora no se han establecido conexiones con los hechos de París", ha dicho el portavoz, que ha desvelado que la operación para desarticular esta red se estaba preparando "desde hace varias semanas".








El doctor Montes y Alberto San Juan se postulan para la lista alternativa a la de Iglesias en Madrid

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La lista alternativa a la oficial para dirigir Podemos en la Comunidad de Madrid suma más nombres. Miguel Urban, precandidato para la Secretaría General del partido en la región, ha dado su apoyo público al doctor Luis Montes y al actor Alberto San Juan para integrar la lista que se opondrá a la liderada por Luis Alegre. 'Podemos Ganar Madrid', que se enfrenta a 'Claro que Podemos' –la candidatura oficial encabezada por Alegre– por el liderazgo de la formación, decidirá este domingo los 34 nombres que integrarán la lista.

Urban, que también se someterá este domingo a un proceso previo para ser elegido candidato, ha manifestado su apoyo en Twitter al doctor Montes, presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, para ocupar el área de Políticas Públicas y Libertades Civiles. Montes sufrió a mediados de la década pasada una persecución política protagonizada por el PP de Madrid, quien le llevó a los tribunales por, supuestamente, decenas de casos de eutanasia. Montes fue apartado de sus funciones en el hospital de Leganés Severo Ochoa, pero en 2008 fue absuelto por los tribunales.

Entre los nombres que podrían integrar la lista también está el del actor Alberto San Juan, quien se postula para Cultura y Patrimonio. San Juan codirige en Madrid el Teatro del Barrio, un proyecto alternativo cuyos espacios se han utilizado en el último año para diversos actos y presentación de Podemos y de otras iniciativas políticas.

Jaime Pastor, que al igual que Urban forma parte de Izquierda Anticapitalista, aspira a responsabilizarse de la relación civil con los colectivos sociales. La candidatura 'Podemos Ganar Madrid' también incluye a miembros de 'Sí Se Puede' que apoyaron la propuesta de organización de los eurodiputados Pablo Echenique y Teresa Rodríguez frente a la del equipo de Pablo Iglesias, como Diego Pacheco.

'Podemos Ganar Madrid' celebrará este domingo un proceso para elegir quién integrará definitivamente la candidatura. Urban ha defendido que se trata de elegir "de forma abierta y transparente la lista", incluida la persona que encabezará el proyecto. Entre los nombres que se postulan, algunos pueden ser propuestos por los simpatizantes, siempre y cuando cuenten con su autorización.

La decisión alcanzada este viernes en el seno de Izquierda Anticapitalista, que ha renunciado a seguir siendo un partido político, facilita el camino a Urban. Las normas de Podemos impiden a sus dirigentes formar parte de otros partidos. Izquierda Anticapitalista, que participó desde sus inicios en el surgimiento de Podemos, ha decidido que planteará su transformación de partido en asociación y un cambio de nombre para seguir "construyendo lealmente" el proyecto que lidera Iglesias.








El PP rechaza reducir la frontera de los 120.000 euros defraudados para que sea delito fiscal

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El PP se niega a bajar el límite a partir del que un fraude a las arcas públicas se considera delito fiscal. Esa frontera está situada en los 120.000 euros defraudados. Hasta esa cantidad, la irregularidad se considera una falta. Los conservadores han rechazado una enmienda del PSOE que apostaba por fijar la cuantía en los 50.000 euros.

Los conservadores han rechazado modificar la cantidad a partir de la que un fraude fiscal se tipifica como delito. Lo ha hecho al votar en contra de una enmienda presentada por los socialistas al proyecto de reforma del Código Penal en la que planteaban que se considerara el fraude constituyera un delito a partir de los 50.000 euros frente a los 120.000 euros que contempla actualmente la legislación.

El diputado Manuel de la Rocha, que ha defendido la medida, ha recordado que el PP ya se opuso a esa propuesta en 2010, cuando se negociaba la anterior reforma del Código Penal. Los socialistas decieron entonces renunciar a esa pretensión en aras de alcanzar el "consenso".

Desoye a los jueces

Los socialistas han vuelto a insistir al presentar esta iniciativa y han lamentado que el PP no aborde cambios en los delitos fiscales, que están "presentes" en la vida política española como en los casos de la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, el extesorero del PP Luis Bárcenas, Francisco Granados o Jordi Pujol.

De la Rocha ha apuntado que ese rechazo amplía la diferencia que la legislación establece para ricos y pobres. "Los ricos tienen que defraudar 120.000 al año pero el pobre o parado comete delito desde el primer euro", ha expresado.

El PP no solo rechaza una iniciativa planteada por el principal grupo de la oposición, sino que desoye a los jueces de instrucción, que hace poco más de un mes plantearon que se rebajara la cifra a partir de la que existe un delito fiscal. Los 45 jueces decanos firmaron un texto en el que establecieron 58 medidas para luchar contra la corrupción.

Además de instar al legislador a bajar el límite del delito fiscal, los magistrados plantearon aumentar los plazos de prescripción en los delitos relacionados con la corrupción, incrementar las penas del tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos", entre otras medidas.


El Gobierno de Bélgica recurre al Ejército para reforzar la seguridad

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El Gobierno de Bélgica ha planteado hoy poder solicitar al Ejército que efectúe "misiones específicas de vigilancia" para reforzar la seguridad en lugares concretos susceptibles de ser objetivo de atentados terroristas.

Esta medida forma parte de un total de 12 iniciativas presentadas hoy en un plan de lucha contra el radicalismo y el terrorismo, después de las operaciones efectuadas en varios lugares del país contra el aparato operativo y logístico de una célula de presuntos yihadistas que planeaban atentar de forma inminente contra la Policía en comisarías y vías públicas.

"Estamos decididos a trabajar de manera enérgica contra el terrorismo", dijo el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, en la presentación del plan, acompañado de varios ministros.

De acuerdo con Michel, el Ejército colaborará con los servicios policiales para "garantizar la protección y la seguridad en el país" de forma temporal y el número de militares que podrían participar en esta labor ascendería a unos 150.

Las medidas contenidas en el plan son de carácter penal, administrativo y protocolario, explicó el Gobierno belga.

Dos de las medidas destacadas son la ampliación de las posibilidades de retirada de la nacionalidad, y la retirada temporal del carné de identidad o del pasaporte, así como la negativa de entregar este último documento a un sospechoso de terrorismo, a fin de evitar su desplazamiento.

Además, el plan incluye la introducción en el código penal de una nueva "infracción terrorista", la relativa al desplazamiento al extranjero con fines terroristas.

Igualmente se ampliará la lista de infracciones, dando lugar a la utilización de métodos particulares de investigación, como la incitación al terrorismo, el reclutamiento y el entrenamiento de sospechosos de terrorismo.

Bélgica plantea igualmente activar el mecanismo previsto por la ley para identificar a personas implicadas en la financiación del terrorismo y cuyos activos serán congelados, y revisar la circular sobre "Combatientes Extranjeros" de septiembre pasado.

El texto relativo a la gestión de la información y las medidas de seguimiento de combatientes que se encuentran en Bélgica será adoptado, con el fin de conseguir una simplificación de las estructuras actuales y de una división más clara de las labores entre los diferentes servicios y una sistematización de la manera en que se llevan a cabo las vigilancias de seguimiento.

Otros puntos del plan antiterrorista establecen la optimización del intercambio de información entre las autoridades y las agencias administrativas y judiciales, y la aceleración de la revisión del plan de 2005 contra la radicalización, a fin de tener en cuenta las evoluciones recientes.

Para luchar contra la radicalización en las cárceles, el Gobierno quiere mejorar la formación del personal penitenciario y la colaboración con los consejeros y la comunidad musulmana para detectar mejor los detenidos radicalizados y aquellos que les incitan a la radicalización.

Por último, El Ejecutivo federal plantea reformar las estructuras de los servicios de inteligencia y de seguridad, así como la capacidad de análisis de la Seguridad del Estado.

A estas doce medidas pueden sumarse otras complementarias, pero Michel dijo que el Estado no iba a dar detalles de iniciativas adicionales, "por razones que cualquiera puede comprender".








La Fiscalía pide 42 años de cárcel para Bárcenas por su papel en la trama Gürtel

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La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años y 6 meses para el extesorero del PP Luis Bárcenas y 109 años y 10 meses para el presunto jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el juicio que celebrará en los próximos la Audiencia Nacional por la denominada 'Primera Época'.

Correa y Bárcenas se sentarán en el banquillo con otras 39 personas, casi la mitad antiguos cargos del PP. El que fuera guardián de la finanzas del partido se enfrentará a una condena por los siguientes delitos: dos de blanqueo, falsedad documental, apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, y estafa procesal en grado de tentativa. La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, puede ser condenada a 24 años y 1 mes de cárcel.

La petición de penas resulta demoledora para acusados que tuvieron altas responsabilidades en el Partido Popular. El exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, puede pasar 46 años en la cárcel si, tras el juicio, la Fiscalía mantiene su petición. Solo a la Comunidad de Madrid, López Viejo debería devolver un total de 430.228,64 euros. La mayor parte, por sobrecostes en facturas desde 2004 a 2008.

Las fiscales Anticorrupción Concha Nicolás y Concha Sabadell también hacen en su escrito el cálculo del beneficio a título lucrativo de Ana Mato y el Partido Popular, entre otros. La exministra de Sanidad se enfrenta a tener que devolver 28.468 euros, cantidad que resulta de sumar los regalos y viajes que le proporcionó presuntamente la trama Gürtel, más la mitad del importe de las fiestas infantiles organizadas en su casa cuando estaba casada con Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, para quien la Fiscalía pide 15 años y 4 meses de cárcel. Otro alcalde de una importante localidad madrileña, Majadahonda, se enfrenta a 50 años y 10 meses de cárcel por sus tratos con la trama cuando era regidor de Majadahonda.

El Partido Popular es, según las fiscales, beneficiario de 328.440 euros de la trama, entre lo obtenido por delegación en Pozuelo (111.864) y Majadahonda (216.576). El que fuera secretario de Organización del PP gallego y, a posteriori presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, está acusado de delitos que suman 85,5 años de cárcel.

El Ministerio Público cita a un centenar de testigos, entre ellos la secretaria general del PP madrileño y expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

La historia contable del PP en dos décadas también pasará por el banquillo. Bárcenas no es el único tesorero que se enfrenta a penas de cárcel. Sus predecesores Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís responderán a una petición fiscal de 3 y 8 años, respectivamente. Lapuerta por apropiación indebida y Sanchís por blanqueo, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. Por su parte, el contable de la trama, José Luis Izquierdo, deberá responder por delitos que suman 43 años y 8 meses de cárcel.

El 26 de noviembre, el juez Pablo Ruz dictó auto de procesamiento en procedimiento abreviado sobre la investigación que abarca el periodo entre 1999 y 2005. En esta pieza, Ruz investigó la operativa desarrollada por la trama en Madrid, Castilla y León y Málaga para conseguir adjudicaciones de forma irregular para sus empresas, creando un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.

Con sociedades creadas 'ex profeso' se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaban la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a autoridades y Hacienda esos beneficios. Bárcenas está acusado de intermediar con la trama a cambio de comisiones.








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