Hay quien piensa que la cinematografía italiana se reduce a La dolce vita y a ejemplos más recientes como Gomorra o La grande bellezza. Gianni Amelio es la demostración de que otro cine en el país de la bota es posible. Autor veterano, activo desde los años 70, cuando empezó dirigiendo notorios telefilmes para la RAI, su consagración vino de la mano de películas como Niños robados (1992), Lamerica (1994) o Así reían (1998).
España comenzó a crear empleo en septiembre de 2013, al menos según la serie ajustada de afiliados a la Seguridad Social. Desde entonces hay 375.000 afiliados más. ¿Son muchos? Este avance sitúa todavía el empleo en el nivel de otoño de 2012 y 2,8 millones por debajo del máximo previo a la crisis. Por tanto, es tímido en el mejor de los casos, y decepcionante en el peor.
Pero nadie podía asegurar que la recuperación habría de ser dinámica. Por un lado, España se ha colocado en el foco de muchas tormentas, alguna vez por razones que no le son imputables y las más de las veces por méritos propios. El pinchazo de una burbuja inmobiliaria colosal se unió a una crisis financiera global y ambas se encadenaron después a la crisis del euro. Y sabemos que el legado de las crisis es inmenso, especialmente el de las financieras, tal y como han documentado para los últimos ocho siglos los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff.
Por otro lado, España mantiene un mercado de trabajo disfuncional pese a las últimas reformas laborales, proclive a ajustar en cantidades (destruir empleos) y no en precios (modular salarios), sin suficiente flexibilidad interna para las empresas en dificultades, con una dualidad excesiva entre trabajadores fijos y temporales por un prolijo catálogo de contratos difícilmente justificable, con una pobre intermediación por parte de los servicios públicos de empleo o con políticas activas poco financiadas, muy poco evaluadas y nada transparentes. No es extraño que diversas instituciones internacionales, como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea, así como diversos analistas privados como BBVA Research, hayan vuelto a la carga reclamando medidas dirigidas a atenuar la dualidad y dinamizar la recuperación del empleo.
Por ambas razones, no debería esperarse una recuperación vigorosa del empleo. Ahora bien, ¿cuándo puede considerarse un dato “satisfactorio”? Yo utilizo una regla sencilla: 30.000 empleos al mes (30.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social según la serie ajustada de estacionalidad).
Este baremo supone expansiones del empleo del 0,6% en tasa trimestral (variaciones de tres meses sobre los tres previos), que se asocian a su vez a crecimientos del PIB alrededor del 0,5% trimestral o del 2% anual, que es lo que se espera que crezca la economía española en 2015 según el último panel de previsiones de Funcas. En términos anuales, esta referencia (360.000 empleos) es algo mayor a los casi 300.000 previstos por el gobierno en el vigente proyecto de presupuestos, si bien esta cifra ha de ser distinta porque se calcula con metodología EPA.
¿Es factible generar esta cifra de empleos mensuales de manera sostenida? Es imposible prever el futuro, pero podría considerarse un objetivo razonable siempre que se refuerce el crecimiento en la eurozona tras los decepcionantes avances de los últimos trimestres. Al fin y al cabo, el empleo ha crecido en 27.000 mensuales durante el último año, e incluso en 36.000 durante el primer semestre, indicando que la economía española es capaz de crear empleo con una cierta intensidad y al mismo ritmo en que lo destruía entre 2010 y el ecuador de 2013. Es cierto que la tendencia se ha frenado en los últimos meses, hasta los 17.000 mensuales entre agosto y octubre, pero no parece haber motivos para la inquietud, al menos por ahora.
Si extrapolamos hacia adelante los datos del primer semestre de 2014 (escenario optimista de evolución del empleo), de los últimos doce meses (escenario central) y de los últimos tres meses (escenario pesimista), vemos que la recuperación tardará todavía mucho tiempo en llegar. La horquilla va desde tres años más en el escenario optimista a siete en el pesimista, lo que es muy descorazonador. Mientras, el panorama en Europa no es más alentador: al ritmo de los últimos cuatro trimestres no se recuperará el empleo del año 2007 hasta dentro de cinco años. Por cierto, el punto de llegada para “dar por cerrada” la crisis del empleo no puede ser (ni va a ser) la cota de los 19 millones de afiliados registrados en la fase más álgida de la burbuja, en 2006 y 2007, sino probablemente una más cercana a los 18 millones, el umbral que promedió la afiliación entre 2003 y 2007.
El mantenimiento de un ritmo de creación de empleo en torno a los 30.000 mensuales no puede fiarse a la recuperación cíclica de la economía. Requerirá la introducción de reformas estructurales adicionales. Dichas reformas -que no deben circunscribirse solo al mercado laboral- son una necesidad nacional, no una imposición externa. Su adopción permitiría acelerar la recuperación del empleo y podría conllevar otros efectos positivos (sobre la formación, la productividad, la movilidad, la calidad del empleo e incluso sobre la desigualdad y la emancipación). Para ello es necesario que el gobierno se conciencie y haga más y mejor pedagogía sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas, y la ciudadanía debe entender que, si su diseño e implementación son adecuados, redundarán en su propio provecho.
En definitiva, la creación de empleo de los últimos trimestres no es más que el inicio de una recuperación que aún durará años y cuyo sostenimiento requiere adoptar una nueva batería de reformas. El gobierno puede mostrar una inclinación a vender como buenos sus datos, en especial si consigue rebasar los del principio de la legislatura. Para prevenirse contra su complacencia la ciudadanía debe valorar críticamente sus resultados en materia de creación de empleo. Para ello resulta útil contar con baremos de referencia. El que yo aplico para dar por bueno un dato es un aumento de 30.000 afiliados el mes según la serie ajustada. Otras cifras pueden ser igualmente válidas y todas son, a buen seguro, arbitrarias. Pero siguen siendo eficaces para juzgar rápido y sin errores manifiestos cómo de positivo o negativo es el dato del mes.
Por descontado, todo esto se refiere a la cantidad de empleo. La evaluación de la calidad o los salarios es ya harina de otro costal.
La existencia de una unidad secreta de la Policía Nacional que se dedique casi en exclusiva a investigar posibles trapos sucios de los dirigentes soberanistas, con el objetivo de perjudicar el avance del proceso soberanista, ha inquietado profundamente a los partidos políticos catalanes. Si se confirma la labor de este grupo de agentes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, debería asumir responsabilidades, valoraba la mayoría. Incluso dimitir, remachaban CiU o ERC.
Independentistas o no, todas las formaciones –CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, Ciutadans y la CUP– consideran que sería muy grave la utilización para fines políticos del Cuerpo Nacional de Policía. Solo el PP se mantuvo al margen de la información publicada en exclusiva por eldiario.es. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguraba que no le consta el mantenimiento de esta unidad policial. "No creo ni que sea verdad", zanjaba.
Pero los demás partidos, incluidos los que se encuentran lejos de avivar el proceso soberanista, se han mostrado alertados. Ciutadans ha pedido, de entrada, "cautela", en palabras de su líder, Albert Rivera, pero acto seguido ha dejado claro que la presencia de esta unidad "al margen de la ley" dentro de la Policía merecería "que se presenten dimisiones". Una reacción parecida al PSC, otra formación que pese a no ser independentista encontraría inaceptable que el Gobierno español empleara agentes de unidades como Asuntos Internos para sus intereses. "Si finalmente se corrobora que existen órdenes del Ministerio para perseguir a políticos catalanes, estaríamos ante algo intolerable", declaraba la socialista Esther Niubó.
Esta especie de policía política existe desde 2012, y estaría formada por agentes de Asuntos Internos y de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, creada esta última por Ignacio Cosidó al inicio del actual mandato y cuyos integrantes o funciones se desconocen. Según adelantó eldiario.es ayer, esta unidad actúa por iniciativa propia –algo para lo que no hay justificación legal– para descubrir supuestos delitos de corrupción en el entorno soberanista.
Desde que el 16 de noviembre de 2012, en plena campaña electoral catalana, El Mundo publicó un supuesto borrador de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sobre cuentas de Jordi Pujol y Artur Mas en Suiza, en varias ocasiones los partidos catalanes han acusado al Gobierno central de hacer guerra sucia con el objetivo de salpicar sin pruebas –y a través de los medios de comunicación– a los líderes políticos soberanistas con casos de corrupción.
En el caso del borrador, el propio comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, negó ante el juez en Barcelona que alguien de su unidad hubiera elaborado el documento. Otros escándalos de corrupción que han sacudido al entorno soberanista, como la evasión fiscal confesa del expresident Jordi Pujol, sí han sido ciertos. Pero algunos, aun habiendo indicios de delito, podrían tener su origen en investigaciones de esta unidad policial, como la investigación por blanqueo a Oleguer Pujol.
Sin embargo, el escándalo que mayor rechazo generó entre los cuadros del Govern de la Generalitat fue la publicación de una supuesta cuenta en Suiza del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que fue desmentida por el propio banco UBS horas después. Consellers como Francesc Homs, Santi Vila o Felip Puig y el diputado en el Congreso Pere Macias cargaron contra el ministro Jorge Fernández Díaz acusándole abiertamente de avivar una guerra sucia a base de filtraciones policiales.
El alcalde Xavier Trias pidió la dimisión del ministro Jorge Fernández Díaz inmediatamente después de que se le acusara de tener una cuenta en Suiza con base en una supuesta investigación policial. Las peticiones de cese también cayeron ayer, aunque con más prudencia. La Generalitat, ERC o Ciutadans dejaron constancia de que, si se demostrase la creación de esta unidad 'contraseparatista', el responsable de Interior debería abandonar su cargo.
Más contundente se muestra la CUP. Aunque fue el único partido que ayer no ofreció comparecencia pública, fuentes de la formación consideran que el ministro debería dimitir, "no solo por utilizar la Policía contra el proceso catalán, sino por muchos otros motivos, como la ley mordaza", en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Fernández Díaz ha sido objeto de numerosas exigencias de cese por parte de partidos catalanes. Además del uso para intereses propios de la Policía, formaciones como ERC también han pedido su dimisión por las presuntas agresiones a un aficionado del Barça por parte de la Policía en la final de la Copa del Rey en Valencia o por los 15 migrantes que murieron ahogados intentando entrar en España tras recibir disparos de balas de goma por parte de la Guardia Civil.
Paralelamente, ERC anunció ayer que pedirá la comparecencia en el Congreso de Fernández Díaz y de Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional, para que den explicaciones del caso.
Jordi Sendra es senador de CiU y portavoz de Interior de este grupo en la Cámara Alta. La información desvelada por eldiario.es que apunta a la existencia de una unidad secreta de la Policía con el encargo de rastrear información sensible de políticos independentistas no le coge por sorpresa. El político catalán se muestra indignado al confirmar algo que venían sospechando desde hace tiempo.
¿Hasta qué punto les ha sorprendido saber que el Ministerio del Interior está utilizando a un grupo de "policía secreta" para controlar los movimientos de CiU y de dirigentes catalanes que apuestan por el independentismo?
Sorprender, la verdad es que no nos ha sorprendido demasiado. Hace mucho tiempo que venimos sospechando que una parte del Ministerio de Interior tiene vida propia que no está dentro de los procedimientos legales. Lo denunciamos hace años. La primera vez, después de que apareciera aquel famoso informe de la UDEF de 2012, que no tenía autor y que vinculaba a Artur Mas con cuentas en Suiza. Después ha aparecido otro, esta vez relacionando a Xavier Trias, en el que se le acusa también de tener grandes cantidades de dinero en Suiza. Cuando se ha demostrado que no era cierto y que no hay nada de eso, nos salen por peteneras. A día de hoy aún estamos esperando una rectificación.
¿Cree que Rajoy tiene conocimiento de estas prácticas?
Pienso que sí. Yo no entendería que el ministro actuara por su cuenta sin el visto bueno y sin la certificación del presidente del Gobierno. Cuando los líderes del PP avanzan noticias y saben más que los ciudadanos, más que los propios representantes parlamentarios y políticos, es que la información es compartida por todos ellos. Es decir, que lo sabe el ministro, lo saben los líderes del PP y, por supuesto, lo sabe el propio presidente.
¿Piensa que hay juego sucio por parte del Gobierno con Cataluña?
Es para pensarlo. El Gobierno y el Ministerio del Interior están utilizando todas las herramientas que tienen a su alcance, sean o no legales, para combatir el soberanismo en Cataluña, y esta información que sale ahora hace que nos ratifiquemos más en nuestras sospechas. No tengo duda de que hay juego sucio. Si hay dos informes contra dirigentes de Convergència que salen del mismo cuerpo policial y ahora aparece lo que ha publicado eldiario.es, quiere decir que hay guerra sucia.
He pedido este lunes a la Unión Europea que se involucre en el proceso catalán, en referencia a esta guerra sucia del Estado, porque queremos que se investigue para garantizar que se cumplen unas mínimas reglas democráticas.
¿Qué respuesta va a dar CiU ante estas informaciones?
La semana que viene plantearemos en el Senado una moción, consecuencia de una interpelación, en la que además de preguntar por los informes de la UDEF, de los que como digo se sigue sin conocer sus autores, hablaremos y preguntaremos al ministro del Interior por este cuerpo secreto que trabaja en las cloacas del Estado.
Nos parece impresentable que todas estas informaciones hayan comenzado a aparecer cuando se anuncia el proceso de consulta para que los ciudadanos puedan votar. Nosotros no hemos dejado de preguntar de dónde salen esos informes pero el ministro no parece tener ningún interés por saberlo y, menos, por decirlo.
¿Van a pedir la dimisión de Fernández Díaz?
Sí. Pediremos en el Parlamento la dimisión del ministro la semana que viene, como ya la ha pedido el conseller de la Presidencia desde Barcelona.
¿Usted tiene la sensación de estar siendo vigilado o controlado?
Sí, me siento vigilado. Tengo esa sensación en base a estas informaciones que están apareciendo. Creo que estamos vigilados, lo que me parece intolerable. Es intolerable que estemos en un Estado de derecho y que alguien, por sus ideas, pueda ser vigilado sin conocimiento de un juez.
¿Están dispuestos a acudir a los tribunales para denunciar estas prácticas?
Nosotros, en principio, utilizaremos todos los mecanismos parlamentarios permitidos, al margen de que aquellos que están siendo difamados presenten las querellas individuales pertinentes, si lo creen oportuno. Pero, como grupo, nuestro deber primero es utilizar todos los mecanismos parlamentarios que estén a nuestro alcance. Lo que me gustaría dejar claro es que todo esto no pasa por casualidad.
Cerca de 30 personas ha conseguido entrar hoy a Melilla en un intento colectivo de salto a la valla que se ha registrado por la zona del paso fronterizo de Barrio Chino. Según Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, unas 600 personas han participado en la tentativa.
La Guardia Civil ha llevado a cabo un fuerte despliegue de seguridad en el perímetro fronterizo, en el que también ha participado el helicóptero para la vigilancia de la frontera desde las seis de la mañana. El paso de Barrio Chino ha llegado a cerrarse
Finalmente, pasadas las siete de la mañana, un grupo de inmigrantes ha logrado alcanzar la valla y sobrepasar todos los obstáculos, adentrándose en Melilla a la carrera en dirección al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que sigue saturado.
Se desconoce si se han producido heridos entre quienes han accedido a la ciudad autónoma y aquellos que no han podido hacerlo. Tras el intento de salto, la mayor parte del grupo ha regresado hacia el monte Gurugú.
El último intento de entrada se registró el pasado viernes, cuando 10 inmigrantes consiguieron entrar a Melilla de forma clandestina de un pequeño grupo de 16 que se aproximó por los cortados de Agudú, la zona más al norte de la valla.
Noviembre es tradicionalmente uno de los meses en los que el paro registrado sube y la afiliación a la Seguridad Social baja. Este año, sin embargo, ha sucedido exactamente lo contrario: el paro ha descendido en 14.688 personas -y deja la cifra absoluta en 4.512.116 desempleados- y la Seguridad Social ha ganado 5.232 afiliados. Es el segundo año consecutivo en el que el paro registrado desciende en noviembre (el año pasado lo hizo en 2.475 personas), y el mejor dato de la serie histórica para este mes.
La estadística del Ministerio de Empleo no muestra la evolución de la población activa (en búsqueda de trabajo), sino la de las personas inscritas en las oficinas de empleo. Precisamente, la diferencia entre la reducción del paro y la subida de la afiliación que se ha producido en noviembre podría deberse a que una parte de la bajada del desempleo es debida a una pérdida de inscritos en el paro, mientras que la otra sí correspondería a creación de empleo. No obstante, si se eliminan de los datos el efecto estacional, los datos son aún más abultados: el paro baja en 51.308 personas y la afiliación crece en 95.040 personas.
Como en meses anteriores, la mejora se concentra en los hombres. La reducción del desempleo se produce solo en el paro registrado masculino, que cae en 16.017. Sin embargo, el paro femenino se incrementa en 1.329 personas. Por otro lado, mientras que la afiliación crece en 7.165 hombres, baja en 1.932 mujeres. Estas cifras contribuyen a que la cifra de paradas (2.391.906) siga siendo mayor que la de parados (2.120.212) y que haya más hombres afiliados (8.955.851) que mujeres (7.739.901).
El paro se ha reducido en tres sectores -agricultura, industria y construcción-, mientras que en el sector servicios, sube. La Seguridad Social muestra que los sectores donde se ha creado más empleo son la educación, la administración pública, el comercio, y la construcción. La hostelería, por el contrario, es el segmento donde más se ha reducido el empleo.
El número de contratos nuevos que se han registrado ha bajado respecto a octubre: el mes pasado se hicieron 1.385.351 contratos, un 18,6% menos que en octubre. La bajada es mayor entre los indefinidos (que caen un 21,03%) que entre los temporales (un 18,3% menos). En términos interanuales, sin embargo, los estables suben un 25,05%, mientras que los eventuales lo hacen un 10,5%.
Lo que no cambia es la composición de la contratación: los indefinidos representan el 8,5% de todos los nuevos contratos hechos, un porcentaje muy similar al de los últimos años.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para potenciar la contratación a tiempo parcial surten efecto: los temporales a tiempo parcial representan el 30% de todos los nuevos contratos (423.515 del total de 1.385.351). Se trata de un tipo de relación laboral que crece un 8,6% en el último año. Entre los indefinidos, los que tienen una jornada parcial crecen un 26% en el último año, un ritmo muy parecido al de los que tienen jornada completa, que suben un 28,3%.
Las personas que cobran una prestación por desempleo siguen cayendo: en octubre (el dato va con un mes de retraso) había 2.446.687 beneficiarios, un 11,4% menos que un año antes. También desciende la tasa de cobertura del sistema, que se encuentra en el 57,3%, tres puntos por debajo de lo que estaba en octubre de 2013, cuando llegaba al 60,5%.
Baja, además, el gasto medio por beneficiario, que ahora es de 801,9 euros, lo que supone 62 euros menos que el mismo mes del anterior, una bajada que denota una caída en la cuantía de las prestaciones por desempleo.
El juez Pablo Ruz se ha vuelto incómodo para el PP tras los avances que ha hecho en el último año en la instrucción de las dos macrocausas que afectan al partido de Mariano Rajoy: el caso Gürtel y la investigación de la financiación ilegal a partir de los 'papeles de Bárcenas'.
Ante la posibilidad de que el mandato de Ruz no sea prorrogado por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) controlado por los conservadores, el Gobierno resta importancia a la posibilidad de que el magistrado salga del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en las próximas fechas gracias a la convocatoria de plazas, entre la que se encuentra este juzgado en el que trabaja como sustituto desde hace años.
"No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel", ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un desayuno organizado por Europa Press.
El CGPJ podría convocar plazas para cubrir más de 300 puestos vacantes. Entre esas convocatorias, el Poder Judicial podría incluir el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que Ruz sustituye al juez titular, Miguel Carmona, a quien el Gobierno envió a Reino Unido como juez de enlace tras haber ocupado un puesto como vocal en el organismo de gobierno de los jueces. El CGPJ ha prorrogado durante todo ese tiempo la comisión de servicios por la que Ruz tiene un puesto en la Audiencia.
La salida de Ruz dilataría aún más en el tiempo las investigaciones que afectan al PP y que el magistrado ha acelerado recientemente. El último movimiento, el cierre de la instrucción de una pieza del caso Gürtel, provocó la dimisión de Ana Mato por haber sido beneficiaria "a título lucrativo" de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa. Ese mismo auto apunta a que el PP se benefició de más de 300.000 euros por las actuaciones de la trama.
En el PP han surgido ya críticas directas a la actuación del magistrado. María Dolores de Cospedal ha negado durante una entrevista en Telecinco la existencia de los indicios en los que Ruz se sustenta para concluir que el PP se enriqueció gracias a la trama y se financió ilegalmente, y ha cuestionado que la investigación tenga una base sólida.
"Está tan cogido por los pelos que no es de recibo. Ruz dice que eso sería así si creemos lo que dice Bárcenas, y yo no lo creo. Primero hay que creer a un mentiroso compulsivo y corrupto", ha expresado la secretaria general del PP.
La número dos de la organización no ha querido opinar sobre si el CGPJ debe relevar al juez o mantenerlo al frente del caso porque, asegura, cree en la independencia del poder judicial. Pero sí ha señalado que la investigación "está prácticamente terminada" y que el juez debe ser "el que corresponda legalmente".
Rajoy también tuvo que responder el lunes sobre este asunto y se amparó en la independencia judicial. "No corresponde al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, tomar decisiones sobre ese asunto y, por tanto, yo no tengo nada que decir, sea cual sea la decisión que se tome, precisamente por respeto a la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces", afirmó.
Esta postura del presidente del Gobierno contrasta con la actitud que mantuvo ante el reparto de la instrucción de los 'papeles de Bárcenas', que inicialmente iba a recaer sobre el juez Javier Gómez Bermúdez, incómodo para los intereses del PP. Rajoy llamó personalmente al CGPJ para interesarse por este asunto.
España sale de la lista de países con ébola y lo hace sin ministra de Sanidad y sin haber cerrado –o publicado– unas conclusiones sobre cómo pudo contraer el virus la auxiliar Teresa Romero y los fallos en el tratamiento de este caso. Han pasado 42 días desde el alta de Romero (la única enferma desde la muerte de los misioneros que fueron repatriados en verano) y no se han registrado nuevos contagios. La sanitaria de Médicos Sin Fronteras ingresada en observación el 21 de noviembre continúa sin síntomas: han trascurrido 12 días desde que se pinchó con una aguja que había estado en contacto con material contaminado en Malí.
Así que, según han ido cubriéndose los plazos para el personal relacionado con la atención de Romero, la ausencia de virus ha traspasado el umbral indicado por la Organización Mundial de la Salud. Si la médico de la ONG pasa la cuarentena sin desarrollar la enfermedad debería salir del hospital madrileño Carlos III el 12 de diciembre.
Al apagarse la crisis sanitaria, los Gobiernos central y madrileño han ido escondiendo el resto de aspectos que vinieron adjuntos con del virus. España queda declarada libre de ébola sin un titular de Sanidad en ejercicio. La ex ministra Ana Mato dimitió la semana pasada por su vinculación judicial con el caso Gürtel (nada que ver con la gestión del ébola). Salió del Ejecutivo el miércoles 26 de noviembre y desde entonces no ha habido sustituto. Síntoma de lo apartada que había quedado Mato de las labores propias de su cartera. Un orillamiento que comenzó, precisamente, cuando el presidente Mariano Rajoy puso al frente del comité especial a la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría. La misma que ha recogido las competencias sanitarias hasta que se nombre nuevo ministro.
Por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, la gestión directa del ébola, que correspondió a sus servicios sanitarios, no ha dejado resaca. El consejero Javier Rodríguez capeó el temporal de sus declaraciones en las que acusó a Romero de mentir y de ser la responsable probable del contagio. Lo hizo al día siguiente de ingresar la auxiliar y con sólo unas horas de supuesta investigación sobre las vías de infección.
Una investigación que, casi dos meses después, sigue sin conclusiones. El Ministerio de Sanidad remite reiteradamente al comité especial sobre el ébola para cualquier asunto relacionado con el virus. Es decir, a Soraya Saénz de Santamaría. En el alero están de qué manera llegó la enfermedad al organismo de Teresa Romero, la responsabilidad de Sanidad a la hora de preparar técnica, teórica y prácticamente a los profesionales que debieron enfrentarse al ébola y cómo se trató el caso de la enferma desde que avisó sobre sus síntomas hasta que terminó en el Carlos III.
El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha rechazado hoy dimitir de este cargo porque considera que tiene que ejercer una "responsabilidad política" en el grupo parlamentario para la que ha sido elegido por "una decisión colectiva".
"Una cosa es lo que personalmente me apetecería (...) y otra cosa muy distinta es que estoy en una responsabilidad política en este grupo parlamentario por una decisión colectiva", ha comentado sobre la posibilidad de que dimita en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
Gordo ha comentado que si la dirección regional considera que "lo mejor que puede ocurrir es que deje de ser portavoz" él estará "absolutamente encantado" de hacerlo y se pondría a disposición de los nuevos candidatos y la organización.
Precisamente el coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, que ayer dimitió de su cargo tras una "etapa difícil" y llena de "conflictos", no respondió sobre si habrá cambios en la portavocía de la Asamblea de Madrid porque no puede decirle a nadie lo que tiene que hacer.
La candidata de Izquierda Unida para la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, ha enmarcado la publicación de supuestas irregularidades en su etapa en el Ayuntamiento de Rivas a una campaña contra ella y su organización ante la posibilidad de que se produzca un cambio en el Gobierno autonómico. "No tengo nada que ocultar y y estoy tranquila", aseguró este lunes en una entrevista en Carne Cruda.
"El PP no va a parar hasta mayo de buscar vueltas y vueltas y hará todo lo posible para que esto acabe en un proceso judicial", zanjó la actual diputada regional. Sánchez aseguró que "hay un nerviosismo importante" en el PP porque ve que "pierde las elecciones frente a movimientos que no ofrecemos una alternancia, sino una alternativa".
Sánchez calificó de "brutal, burdo y farragoso" el contenido de las informaciones publicadas durante la última semana de la campaña de las primarias de IU de Madrid. En ellas, se acusaba al hermano de Sánchez de haber contratado con el Ayuntamiento cuando su padre y ella misma formaban parte del Gobierno local. Hoy mismo, El País publica que entre 2002 y 2008 le fueron adjudicados por el Consistorio 14 contratos por un valor total de 1,2 millones.
La candidata reiteró que "nunca ha ido un solo euro a nada distinto" de lo contratado y anunció que, llegado el caso, daría un paso al lado. "Hay que seguir corriendo porque se abre el espacio a un cambio en Madrid. Si yo no llego al final, habrá otra gente que pase por el camino que hacemos. Si soy un problema porque hay sospechas y no hay confianza, me retiraré", aseguró durante la entrevista que le hizo Javier Gallego.
La diputada regional también respondió sobre las relaciones entre IU y Podemos. Sánchez ha vaticinado que el partido de Pablo Iglesias no "hundirá" al suyo. "Son proyectos distintos y cada semana que pasa se nota más", aseguró. "Otra cosa es que yo entiendo que son complementarios y necesarios para una transformación social, pero si este país aborda una transformación sin IU, saldrá mal".
Sobre las elecciones generales, Sánchez dijo no tener claro si IU y Podemos deberían intentar ir juntos. "Hay una mayoría de gente fuera de las dos organizaciones que cree que votaría una cosa u otra y que le va a molestar mucho tomar esa decisión. También hay una gente que cree que se pierden fuerzas haciendo eso. Yo creo que no. Nunca se multiplica restando; si restas divides".
La candidata de IU para las elecciones de mayo del año que viene aplaudió el proceso de primarias que ha puesto en marcha su federación y consideró que la organización sale de ellas "muy reforzada" y que "haber conseguido que 8.000 personas de la Comunidad de Madrid se inscribieran me parece que habla muy bien de cómo estamos". Sobre su papel en el futuro, Sánchez dio por cumplida "la primera parte, recuperar la ilusión" y se emplazó a "recuperar Madrid", aunque reconició: "Me queda un camino por delante para recomponer algunas cosas que se han dicho".
El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha anunciado que el club ha decidido dar de baja al Frente Atlético como peña y no permitir su presencia como tal en el estadio Vicente Calderón. Una decisión que se toma tras el enfrentamiento entre los ultras del equipo rojiblanco y miembros de Riazor Blues que acabaron el domingo con la muerte del seguidor del Deportivo Francisco Javier Romero, Jimmy.
En declaraciones a Cuatro, Gil Marín ha explicado que la decisión que ha adoptado el club es la de "expulsar al Frente Atlético como peña. Una cosa es expulsar y otra disolver, nosotros no podemos disolver. Todos aquellos que no entienden que las normas del deporte están unidas con la convivencia no tienen cabida".
En otra entrevista en La Sexta, Gil Marín ha revelado que el club siempre ha expulsado de su estadio a aquellas personas de las que le ha advertido la policía. Además, ha dicho que se imagina que entre los ultras "hay gente con antecedentes penales", y ha añadido que "hoy en día es muy difícil no tener antecedentes penales". Para finalizar, ha asegurado que "si alguien ha cometido algún tipo de acto de xenofobia, racismo o violencia, el club tiene la orden de expulsarlo de por vida".
Por otro lado, el club ha aclarado en un comunicado que todos sus socios abonados "que poseen un abono ubicado en la Grada Joven situada en el Fondo Sur" del estadio "podrán seguir ocupando su localidad con total normalidad".
De esta manera, el Atlético no toma medidas contra los miembros de su peña ultra de forma individual, a excepción de 15 personas. Se trata de siete socios abonados, un socio no abonado y siete personas más que no están vinculadas al equipo madrileño. Los socios serán expulsados y los no socios nunca podrán adquirir este estatus, según el comunicado.
Según fuentes del Atlético de Madrid, el club no tiene capacidad para expulsar a todos los miembros de la peña ultra porque desconocen quiénes son los miembros de la misma. "En el carné no pone el nombre y apellidos y la peña a la que pertenecen los socios", aseguran desde el equipo madrileño. Además, recuerdan que los miembros del grupo no podrán disponer desde ahora de un espacio en el Calderón para guardar tambores y banderas.
El club también ha anunciado que antes del final de esta temporada decidirá qué hacer con "la grada joven o grada de animación" del estadio Vicente Calderón.
El Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones (Conferencia Episcopal) ha emitido un comunicado junto a Cáritas, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos Españoles (CONFER) en el que exige la "retirada inmediata" de la reforma de la Ley de Extranjería que legalizará la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
Las entidades de la Iglesia expresan su "enérgico rechazo" de esta iniciativa introducida "a última hora" en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que, tal y como explican, "pretende legitimar las expulsiones sumarias" en la frontera sur y "criminaliza la pobreza y la movilización social". La iniciativa fue aprobada en el dictamen de la ponencia la semana pasada y llegará al pleno en los próximos días.
Para estas entidades, "la aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de 'frontera' sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes", preocupación que, recuerdan, comparten la Comisión Europea y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
"Entendemos que viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas", dice la Iglesia.
Según detallan, las expulsiones sumarias vulneran además de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos; normativa como la directiva de Retorno o el Código de Fronteras Schengen, que establecen la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada en la que se indiquen los motivos exactos de la misma, así como el derecho a recurrir dicha resolución de forma informada y asesorada.
Por otra parte, recuerdan que la Ley Orgánica de Extranjería "ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España por puestos no habilitados y que conllevan una serie de garantías para las personas migrantes, como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete" y, "aunque insuficiente, la posibilidad de solicitar asilo y refugio e identificar potenciales víctimas de trata".
"Como ha señalado la Comisión Episcopal de Migraciones en el VII Congreso de Migraciones en el Vaticano, y ha afirmado recientemente el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo, 'Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes'", destaca la Iglesia.
Por todo ello, solicitan que se retire la disposición adicional "y se busque un consenso político en materia de inmigración". "España debe liderar ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea desenfocada", afirman.
Además, piden "diálogo para buscar vías de acceso regulares para quienes no las encuentran nunca y no se vean empujados a dar un salto desesperado" y "solidaridad con quienes buscan la protección del asilo y el refugio huyendo de conflictos, persecuciones y los efectos de una política de cooperación internacional centrada exclusivamente en un modelo económico de crecimiento que propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos de sus países de origen".
Alfonso Alonso, hasta ahora portavoz el Partido Popular en el Congreso, ha sido el escogido por el presidente Mariano Rajoy para sustituir en la cartera de Sanidad a Ana Mato, que presentó su dimisión el 26 de noviembre después de que el juez Pablo Ruz la señalara como "beneficiaria" de la trama corrupta Gürtel. Seis días ha tardado el presidente en encontrar al sucesor de su vieja compañera de partido. Fuera de cualquier apuesta, Alonso es una de las caras nuevas que Rajoy colocó en primera línea tras la victoria electoral de 2011.
Alonso fue alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007. Se ha sentado detrás de Rajoy en cada pleno del Congreso en su papel de portavoz parlamentario durante tres años. Ahora se hará cargo de un Ministerio que ha andado errático desde que el caso del contagio de ébola en España dejó a Ana Mato apartada de la gestión de la crisis y tocada en su posición gubernamental. Así, Alonso se encontrará sobre la mesa asuntos como la reforma de la ley de Protección de la Infancia para limitar el derecho al aborto de las menores, la distribución de los medicamentos de última generación contra la hepatitis C o la investigación sobre el contagio de ébola.
El aborto ha sido materia de Justicia durante la legislatura. Pero, tras retirar el proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón, los retoques legales para que las menores estén obligadas a presentar un consentimiento a la hora de interrumpir su embarazo se están intentando tramitar mediante la ley de la infancia. El Consejo de Estado consideró que este movimiento no era posible al tratarse de una ley orgánica. Tendrá que idear algo para satisfacer los deseos de su jefe, que busca apaciguar a su electorado más conservador.
Además, Sanidad tiene todavía pendiente completar la cartera de servicios sanitarios comunes que financia el Estado y que ha sido uno de los principales caladeros en los que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha entrado a recortar gasto público para cuadrar las exigencias de Bruselas. Un movimiento que inició su antecesora con el decreto que fulminó la sanidad universal y sobre el que Alonso opinó en abril de 2012 que los inmigrantes utilizaban la sanidad como un "coladero" y un "fraude". Y sentenció entonces: "Cuando decimos que la Sanidad es universal en España no es para el universo mundo sino para los españoles y los residentes". Al poco de ser nombrado portavoz en el Congreso, Alonso ya expresó en una entrevista en el diario Público: "A lo mejor hay cosas que no se pueden pagar desde la sanidad pública".
La suya ha sido una línea perfectamente adherida a los postulados de Ana Mato. El que será ministro defendió sin muchas dudas la gestión ministerial sobre el ébola. "Ha reaccionado desde el principio y se organizó muy rápido", alabó Alonso. A partir de este momento deberá terminar la anunciada y investigación sobre los cauces de contagio de la enfermedad y la gestión del caso desde el diagnóstico tardío de Teresa Romero a la inculpación de la enferma como causante de la infección por parte de su compañero de partido, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodriguez.
800.000 personas en España están pendientes de la revolución farmacológica que se está viviendo en el tratamiento de la hepatitis C. Las medicinas de última generación son capaces de curar más del 80% de los casos de infección. Pero son muy caras. Así que Sanidad ha elaborado unos protocolos de dispensación que, a grandes rasgos, copian los criterios para aplicar la pastilla Sovaldi a pacientes casi terminales. Para el grueso de pacientes, reconoce el valor de este molécula pero subraya que existen terapias alternativas.
El problema es que Sovaldi, de gran eficacia, es muy caro. Y el Ministerio de Sanidad dibujó un techo de gasto para esa medicina tras negociar un precio más ajustado con el laboratorio dueño de la patente. Pero los especialistas ya tienen el visto bueno para aplicarlo y son ellos los que tienen la última palabra. Por si sirve de guía, Alonso ha declarado en alguna ocasión: "Prefiero ahorrar en medicinas que ahorrar en médicos".
Alfonso Alonso llegó a la primera línea de la política casi sin querer. En 1999, después de que José Ángel Cuerda hubiese ocupado la Alcaldía de Vitoria desde las primeras elecciones, se impuso al PNV y logró el Ayuntamiento de la capital vasca para los populares. La primera gran ciudad vasca (y única por ahora) que ha gobernado la derecha constitucionalista.
Pronto, ya con el bastón de mando, aparcó la bisoñez y demostró una gran cintura política. Sustentó su gobierno en acuerdos presupuestarios con el PSOE, en la época en la que les unía el frente contra la violencia de ETA, y se convirtió en una de las imágenes de un Partido Popular más centrado que sus colegas madrileños. Al más puro estilo de Alberto Ruiz Gallardón, pero a lo vasco. Era la época de Aznar en las Azores y del acento californiano del expresidente, pero la gomina del PP nacional no alcanzó a la opinión pública local. Aunque sí a la gestión.
Alfonso Alonso se encontró con la Alcaldía vitoriana en sus primeras elecciones casi por incomparecencia de los rivales. El PNV planificó una campaña nefasta que hundió a su candidata y el PSOE estaba enfangado en el sambenito de “paro, corrupción y despilfarro”. Pero Alonso supo convertir la ocasión en oportunidad y logró revalidar en 2003 su mandato durante cuatro años más. Logró la imagen de alcalde moderado, solo la imagen, y ocupó el centro ideológico de una ciudad moderada.
Y así llegó hasta sus terceras elecciones, en 2007, donde cayó derrotado por el socialista Patxi Lazcoz gracias, por un lado, a la ola de zapaterismo que por aquel entonces barrió la península y, en parte, por una gestión plagada de irregularidades, escándalos urbanísticos y muestras de prepotencia.
Alguna de sus actuaciones como alcalde de Vitoria está hoy, siete años después, todavía en entredicho. Por ejemplo, el juez Ruz tiene documentación remitida por los socialistas para investigar un contrato que la empresa Sufi, involucrada en la Gürtel, firmó con el Ayuntamiento bajo su mandato. Y el Tribunal de Cuentas del Reino analiza el alquiler de una lonja por parte del Ayuntamiento a un conocido empresario local por un precio absolutamente desmesurado… y firmado una vez perdidas las elecciones por Alonso y con el actual alcalde, Javier Maroto, también del PP, como mano derecha. Y, entre otras cosas que logró, lo hizo porque expulsó a la oposición de la Mesa de Contratación municipal en un ejercicio de poca transparencia.
Además, como un pequeño monarca, actúo pensando en su propio beneficio por encima del de la ciudad, algo común en muchos alcaldes, solo que esta vez tuvo consecuencias para las arcas públicas. Inauguró unos viales antes de tiempo para que la foto entrase en periodo electoral, pero la jugarreta la aprovechó la empresa para dar la obra por finalizada. Culminarla de verdad, esta vez sin foto, costó 2,4 millones de euros más.
Alonso se fue de Vitoria a Madrid con su imagen deteriorada en lo local. Sus salidas de tono, el ambiente festivo que le rodeaba, el trato de favor a los cercanos… dejaron mella. Pero todos, absolutamente todos los que trataron con él en su ciudad natal, sabían que él se fue porque el corral se le había quedado pequeño y aspiraba a un sillón más cómodo. Lo ha conseguido.
Cuando nadie en el PP quería hablar, Alfonso Alonso era el único que no se libraba de las preguntas de los periodistas. Su obligada rueda de prensa de los martes tras la junta de portavoces le situó en muchas ocasiones en el incómodo lugar de ser el único a tiro de micrófono cuando en Génova preferían apostar por el silencio o el plasma.
Esa exposición del nuevo ministro de Sanidad es lo que ha llevado a Alonso a opinar de casi todo: Sobre Ana Mato: "Pedimos a una mujer que pague por lo que hizo su marido". Entrevista en Cope el 7 de febrero de 2013.
Tras la dimisión de su antecesora: "Nosotros sí tenemos la decencia de darle las gracias a Ana Mato por su sentido de la responsabilidad". 27 de noviembre de 2014.
Sobre la universalidad de la sanidad: "Lo que no puede ser España es un coladero. Cuando decimos que la sanidad en España es universal no es para el universo mundo, es para los españoles y los que residen aquí". Entrevista en 'Las Mañanas de TVE' en abril de 2012.
Sobre Sanidad: "Hay cosas que no se pueden pagar o no se pueden pagar íntegramente desde la sanidad pública".
Entrevista en Público en diciembre de 2011. Sobre el despido de Luis Bárcenas: "Esa pregunta excede la capacidad de lo que puede saber el portavoz del grupo parlamentario". 19 de febrero de 2013.
Tras la petición de primarias de Cristina Cifuentes: "Cuando uno milita en un partido, lo razonable es conocer las normas y si se tienen dudas se leen los estatutos".
Sobre las tarjetas black de Caja Madrid: "Se habla de las tarjetas opacas porque el Gobierno del PP ha investigado".
Antonio Miguel Carmona (Madrid, 1963) consiguió el aval de casi la mitad de los militantes del PSOE en Madrid para ser candidato a la alcaldía de la capital. La renuncia de Jaime Lissavetzy a repetir como cabeza de lista, el apoyo de la mayoría de los dirigentes locales y su buena sintonía con Pedro Sánchez le allanaron el camino.
El futuro del juez Pablo Ruz y, con él, el de la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular se juega en los próximos días. De una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) depende que el magistrado siga en la Audiencia Nacional hasta junio o la abandone a finales de este mes. Las condiciones que rodean a su posible renovación dividen a la carrera judicial, con independencia de la valoración profesional que sus miembros tengan del magistrado. El Gobierno ya ha enmarcado la salida de Ruz dentro de la normalidad, pero la relevancia de los casos que instruye levanta suspicacias sobre los verdaderos motivos de un Poder Judicial de mayoría conservadora.
La continuidad de Pablo Ruz depende, en primer lugar, de su deseo de prolongar seis meses más su estancia en la Audiencia Nacional, el máximo al que puede aspirar. Este martes, Ruz no se había dirigido al CGPJ para pedir la ampliación de la prórroga, pero aún tiene tiempo. Es la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces quien tomará la decisión final y esta tiene todavía tres fechas de diciembre para reunirse. La más próxima, el próximo martes.
El juez Pablo Ruz podría presentar antes del 9 de diciembre su solicitud y hacer que el CGPJ se retrate. O esperar a que el Poder Judicial tome una decisión sobre las 308 plazas que tiene pendiente de sacar a concurso, incluida la de Ruz. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de octubre la creación de 282 nuevas plazas de jueces. Esto no significa que la Justicia española se vaya a ver aliviada por una entrada masiva de magistrados, sino que un número idéntico al señalado va a dejar de vivir en una situación de provisionalidad. Se trata de jueces que salieron de la escuela y ocupan plazas de refuerzo o adscripción territorial desde entonces. La adjudicación de esas plazas es considerada improrrogable por las asociaciones que representan a los jueces.
La patata caliente de la renovación de Ruz al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional es el motivo que viene retrasando la convocatoria de esas 282 plazas por el CGPJ durante todo el mes de noviembre, según fuentes judiciales consultadas. Sin embargo, a Ruz no le afecta la convocatoria de esas plazas sino la de otro cupo que quiere aprovechar para sacar el CGPJ: las 38 que afectan a juzgados donde ejercen magistrados en comisión de servicio. Ruz es en realidad titular de un Juzgado de Móstoles que nunca ha pisado por su destino provisional en la Audiencia Nacional.
En el caso de que el CGPJ opte por convocar las 320 plazas, la de Ruz en la Audiencia Nacional entraría en ellas. Y aquí es donde surgen voces que consideran que la complejidad y relevancia de las investigaciones que sigue Ruz deberían dejarle al margen de tal convocatoria. Otras, sin embargo, creen que se discriminaría a otros magistrados que también tienen que acabar el trabajo que comenzaron en sus juzgados provisionales. Esas mismas voces alegan, incluso, que sacar a Ruz de esa convocatoria constituiría “una decisión política”. Algo similar a lo que piensan aquellos que sospechan que los vocales conservadores del CGPJ tienen instrucciones claras del Gobierno para acabar con la trayectoria de Ruz en la Audiencia Nacional.
Del desencuentro alrededor de la cuestión da cuenta que las asociaciones de jueces no hagan pública su postura al respecto, principalmente porque no la tienen: no hay consenso en ellas sobre la cuestión. Hay jueces que reconocen la trayectoria de Ruz en la Audiencia Nacional, pero creen que pesa más la necesidad de sacar todas las plazas y no hacer distinciones que el hecho de que no pueda rematar investigaciones tan relevantes como las que aún instruye.
De entre los criterios que pesarán para la adjudicación de esas plazas prevalecerá el de antigüedad. Por eso Ruz no tiene opciones de adquirir la plaza en propiedad. Muchos otros jueces acumulan mucha más antigüedad que Ruz, que cumple 40 años en septiembre. Por otra parte, cabe la posibilidad de que el propio juez opte por no volver a Móstoles y se presente, dentro de la gran convocatoria, a una plaza para la que sí tenga opciones de ocupar, fuera de la Audiencia Nacional.
Los defensores de convocar la plaza de Ruz alegan que con la adjudicación de la plaza por concurso se elimina la situación de provisionalidad que mantenía el magistrado, obligado a ser renovado cada seis meses durante los últimos cuatro años. Sin embargo, el juez que lo sustituya deberá volver a examinarse a los de 18 meses. Es el plazo que queda para que se jubile el propietario actual de la plaza, el magistrado Miguel Carmona, quien nunca ha ocupado su puesto en la Audiencia Nacional porque cuando lo ganó era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Al acabar su mandato, buscó un destino en el extranjero. El Gobierno creó una plaza nueva en Londres y allí pasa sus últimos meses en activo. El supuesto sustituto de Ruz ganará el puesto provisionalmente por escalafón, lo que apunta a que cuando se convoque la plaza en propiedad, dentro de 18 meses, también será ese magistrado el que quede en primer lugar.
¿Conviene al Gobierno que Ruz salga del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional? Si se atienden a las declaraciones de algunos de los responsables del Partido Popular, parece que sí. La misma secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la decisión de señalar al PP como responsable a título lucrativo en la pieza central del caso Gürtel “está cogida por los pelos”. Se trata de la misma figura que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato la pasada semana. Ruz repite auto tras auto que existen indicios suficientes de que el partido en el Gobierno se financió con donaciones irregulares de empresarios que recibían adjudicaciones de la Administración. Es el juez que mantiene imputados a los tres responsables de las cuentas del partido en los últimos treinta años.
Sin embargo, la salida de Pablo Ruz abre la puerta a que llegue a su puesto un juez que el PP pueda considerar más perjudicial para sus intereses. El Gobierno no puede controlar el nombramiento porque al tratarse de un concurso, solo el escalafón decidirá quién ocupa la silla de Pablo Ruz. El mismo Elpidio José Silva confesaba en privado su plan de optar a esa plaza antes de que fuera condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial.
El juez ya ha concluido la instrucción de la pieza central del caso Gürtel y tampoco hay consenso respecto a la relevancia que tendrán los próximos meses en la instrucción del caso sobre la presunta financiación irregular del PP. Ruz se ha encontrado con la imposibilidad de imputar al Partido Popular financiación irregular, a pesar de la fortaleza de los indicios existentes, porque simplemente ese delito no existe a día de hoy en el Código Penal. Por otra parte, los sobresueldos que habrían cobrado sus dirigentes constituirían un delito fiscal ya prescrito. Por último, la Intervención del Estado considera imposible acreditar que las donaciones eran finalistas y que, por tanto, se produjo cohecho.
Así las cosas, Ruz dio un nuevo impulso al caso recientemente con la imputación de Ángel Acebes por apropiación indebida en grado de omisión, pero ante la debilidad de los indicios ha tenido que levantar la acusación en Gürtel y parece próximo a hacerlo en la de los papeles de Bárcenas. Restarían el pago en negro de la sede del PP, la pieza referida a AENA, la de Jerez de la Frontera o, entre algunas mas, el presunto soborno para financiar una campaña electoral de Cospedal, que según fuentes de la acusación, podría estar próxima a viajar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha por los indicios existentes contra cargos aforados del partido.
La decisión final está en manos de la Comisión Permanente del CGPJ, compuesta hasta el pasado sábado por dos vocales a propuesta del PSOE, otros dos que presentó el PP, una de CiU y el presidente, Carlos Lesmes, elegido por el Gobierno. La renuncia de la vocal Merçe Pigem provocará que se incorpore su sustituto Antonio Rodríguez-Buylla, del Partido Popular. Si solo los progresistas votaran a favor de Ruz, quedarían en minoría de 4 a 2.
Cuatro años de recortes, una tasa de reposición que ha oscilado entre el 10% y el 30% y la supresión de la jubilación anticipada, entre otras medidas, han dejado una plantilla docente más pequeña, envejecida y peor pagada. El sistema tiene 25.000 profesores menos, según el censo, que han perdido entre 17.000 y 21.000 euros en este periodo, asegura CSIF. Son algunas de las conclusiones que extraen CCOO y CSIF en sendos informes presentados el martes sobre la situación de la educación en general y el profesorado en particular.
CCOO calcula que el sistema necesitaría la incorporación inmediata de 45.000 maestros menores de 30 años para compensar el desfase entre juventud y veteranía en el cuerpo docente. La estadística dice que de los 472.617 profesores que había en el curso 2012/13, el último del que hay datos, uno de cada tres tenía más de 50 años, según cifras del Ministerio de Educación. En el polo opuesto, sólo el 5% bajaba de los 30. Hace siete años eran, porcentualmente, el doble.
Observando la evolución del profesorado por grupos de edad un dato explica el envejecimiento del cuerpo docente. En el curso 2005/06 el grupo más numeroso entre los profesores eran los que tenían entre 40 y 49 años, que suponían un 35% de la plantilla en España (excluidas Valencia y Galicia, de las que no hay datos por edades). Siete años más tarde este colectivo ha perdido presencia en favor del siguiente, los que están entre 50 y 59 años, que pasan a ser el mayoritario y suponen un 31,33% de las actuales plantillas (en 2005 eran el 25,85%). En paralelo, los ahora cuarentones han bajado a de aquel 35% al 30,6%.
Esta evolución implica que la ratio maestros jóvenes/mayores se encuentra lejos del ideal que recomienda la OCDE, que en el documento Education Indicators in Focus, de marzo, señala que es un problema global: "Sólo unos pocos países han conseguido corregir la distribución de edad hacia una situación más óptima". Para la OCDE esta "situación más óptima" es que la relación entre profesores mayores de 50 y menores de 30 sea de 2 a 1. Dos veteranos por cada joven (una ratio de 0,5). En España esta relación ha pasado del 0,36 del curso 2005 (tres mayores, un joven) al 0,17 del 2012/13 (seis a uno). De aquí saca CCOO su dato: harían falta 45.000 menores de 30 de la noche a la mañana para que la ratio respondiera al ideal de la OCDE (2 a 1).
Además, el envejecimiento de las plantillas se da en paralelo a un aumento del alumnado en la escuela pública, lo que unido a la subida de las ratios de alumno por aula se traduce en clases masificadas, con más alumnos (sobre todo en las grandes ciudades). El sistema ha ganado 800.000 alumnos en los últimos siete años (de 4,6 millones a 5,4).
Ha ganado alumnos y perdido profesores. La cifra concreta respecto a los docentes desaparecidos del sistema como consecuencia de la práctica eliminación de la reposición de profesores jubilados varía según la fuente. CSIF ofrece dos datos en su informe: según las cifras que aparecen en la web del Ministerio de Educación hay 19.601 profesores menos desde 2010 (de 496.407 a 476.806).
Sin embargo, el censo del colectivo profesional de cara a las elecciones sindicales de esta semana arroja una caída de 24.182 docentes en el mismo periodo. Los recortes se han llevado por delante desdobles, profesores de apoyo, etc. ¿El resultado? Una precarización de las condiciones laborales de los docentes.
CCOO valora que el profesorado mayor "tiene acumulada una cualidad de gran valor, que es la experiencia", pero matiza que "en unas condiciones de trabajo tan adversas y sin una formación continua adecuada, esta ventaja inicial no es suficiente para corregir el efecto negativo que la falta de información produce sobre la capacidad de innovación del sistema". "La brecha entre la edad del alumnado y los maestros existe y no es buena", afirma Francisco García, de CCOO.
Adrián Vivas, de CSIF, explica que el problema puede surgir cuando la administración habla de introducir métodos educativos innovadores, implantar el bilingüismo o programas tecnológicos en el sistema educativo. "Pero el ministerio no cree en lo que dice y reduce la partida destinada a formación del profesorado" (ha caído un 93% en cuatro años).
"La edad no significa necesariamente ser mejor o peor profesor", matiza María Antonia Casanova, directora del Instituto Superior de Promoción Educativa. "Depende de las ganas de seguir perfeccionándose de ese docente", añade. Aunque admite que "ahora el profesorado tiene que salir con nuevas competencias y metodologías adquiridas. Por lo menos para ciertas enseñanzas tendrán que estar mejor preparados en atención a la diversidad, a las personas, idiomas, ciertas competencias del siglo XXI".
José Antonio Martínez, director y profesor retirado, coincide en que generalizar es complicado, pero también admite que la merma en las condiciones laborales hace mella. "Cuando estás casi al final de tu carrera laboral y vuelves a las condiciones del inicio, desmotiva mucho. La profesión cansa y es cierto que la gente está con ganas de retirarse", afirma.
Un maestro medio de Primaria con 15 años de servicio ha perdido 17.163 euros netos (286,06 euros al mes) en los cuatro años últimos como fruto de las rebajas en los salarios, supresión de la paga extra y la congelación de las nóminas, según cálculos de CSIF basados en datos del BOE que son "incontestables", en palabras de Mario Gutiérrez, secretario de Coordinación Autonómica de CSIF. Para un profesor de Secundaria la pérdida se cifra en 21.465 euros (357,76 euros al mes).
Pero el salario no es lo único que se ha deteriorado para los profesores. El aumento de las jornadas lectivas, las ratios de alumnos por aula un 20% (hasta 42 estudiantes se pueden juntar en una clase de Bachillerato), la eliminación de los apoyos y refuerzos han supuesto una merma en las condiciones de trabajo de los profesores, sostienen los sindicatos. También se ha registrado un aumento de la conflictividad provocado por la crisis, "la desestructuración de las familias" y la masificación de las aulas. El 86% de los profesores afirma haber sufrido alguna agresión a lo largo de su vida laboral (la mayoría verbales) y sólo un 14% declara que su estado anímico es "normal", según datos de ANPE.
