El hombre de la fotografía que encabeza esta crónica es Rachid -nombre ficticio-. Viste una camiseta sin mangas, dejando al descubierto las ronchas, bien visibles, de su hombro derecho, sus brazos y su cuello. Son las picaduras de las chinches que desde este verano campan a sus anchas por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia, a pesar de los supuestos intentos de fumigación. "La situación es insostenible, hay mucha gente afectada", sostiene Rachid, en un notable español, en coversación con eldiario.es.

Desde la Policía Nacional reconocen la existencia de una plaga, pero acto seguido añaden que es un problema ya pasado, porque "tras cuatro procesos de desinfección ya no les consta que haya ningún contratiempo con las chinches". Sin embargo, desde el interior del CIE de Zapadores (Valencia), la perspectiva es bien distinta. "Es verdad que han venido alguna vez, pero no ha servido para nada, echan un poco de lejía y ya. Estos bichos están por todos los lados, en las celdas, en las ropas y hasta ha llegado a la misma comida", asegura Rachid desde el teléfono del centro.

La primera desinfección se llevó a cabo en el mes de octubre, desalojando a los 120 internos, hombres y mujeres, que permanecían en el CIE de Valencia. Se les trasladó a Barcelona, Madrid, o a otros, que corrieron peor suerte, se les acabó deportando. Tres semanas después, el centro volvió a abrir. Las administraciones entendieron que se había puesto punto y final al problema con las chinches. Los nuevos internos, sin embargo, mantienen la denuncia. Aseguran que la presencia de estos insectos es constante, mientras la Policía reitera que las fumigaciones progresivas en distintas partes de las instalaciones han conseguido erradicar el problema.

"Es mentira, aquí no se ha resuelto nada. Todo sigue igual que cuando yo entré hace quince días. El problema es que cuando salgamos a la calle vamos a poder pasar las chinches a nuestros seres queridos", enfatiza Rachid, a lo que añade: "Aquí no nos tratan bien, pedimos soluciones a los funcionarios, a la Policía pero nos responden de malas formas. Yo soy de los pocos que hablan español, y a mís compañeros no les puedo traducir lo que les contestan los funcionarios porque es muy fuerte".

Junto con otros quince compañeros, Rachid se puso en huelga de hambre para denunciar la situación, que la 'Campaña por el cierre de los CIE' ya ha judicializado al entender que se han vulnerado los derechos a la salud, la dignidad y la integridad de las personas internas. “Ese juzgado debería estar velando por el buen hacer, y en cambio continúa con su ineficacia judicial”, apunta la portavoz Ana Fornés.

En su escrito, solicitan que el juzgado garantice “cuanto antes y de forma efectiva” los derechos fundamentales en cuanto a la integridad física y la salud de las personas internas en el CIE de Valencia. Al mismo tiempo, exponen que “ante la imposibilidad de que la Administración facilite unas condiciones de habitabilidad salubres, se clausure definitivamente”.

Cuando comenzó la desazón de Rachid tras las picaduras de las chinches, los médicos le suministraron unas pastillas. Sin embargo, explica que, por desconfianza, decidió no tomarlas. “Por si acaso”, reconoce. Ahora, está sano, pero "ahogado", dice, por la incertidumbre de no saber cuál va a ser el futuro. “No quiero volver a Argelia”, sentencia.

Hace quince años decidió dejar Argelia para venir a España en busca de unas condiciones de vida más propicias. Ha conseguido formar una familia -su mujer y su hija-. Reconoce tener antecedentes por robo pero señala que en la actualidad estaba trabajando en el negocio de su suegro. Lleva más de 15 días en el CIE de Valencia, a la espera de su expulsión, el supuesto fin de estos centros. Con cierto nerviosismo, reconoce que además de la incertidumbre que atraviesa su cuerpo ante una hipotética deportación, tiene que procurar, día tras día, que los insectos no se ceben con él.

En el módulo de las mujeres, las chinches también han marcado su territorio, aunque los efectos son menores, según cuenta una interna a eldiario.es que prefiere no desvelar su identidiad.

“Los inmigrantes, además de estar privados de su libertad en los CIE por una falta administrativa, tienen que sufrir las picaduras de los insectos porque las autoridades valencianas son incapaces de solventar el problema”, denuncian desde la Campaña por el Cierre de los CIE. Esta plataforma ha conseguido reunir a unas 200 personas en una manifestación convocada frente a las puertas del centro.

En el CIE de Valencia se acumulan varios casos de abusos contra los internos. Según recuerda el colectivo, un agente de la Policía está imputado por un supuesto delito de lesiones tras agredir a cinco argelinos. Días atrás acudió a declarar mientras las supuestas víctimas ya habían sido deportadas a su países de origen. Insultos, vejaciones y agresiones físicas caracterizan, dicen las organizaciones sociales, el trato que dispensan los agentes a los inmigrantes allí recluidos.

El tercer y último mandato de Rafael Correa en Ecuador camina por un sendero de espinas cada vez más intrincado. Al divorcio social que provocó la orden de extraer petróleo de la reserva biológica del Yasuní, se une ahora su decisión de acelerar una reforma constitucional que permita "la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular", entre ellos la presidencia de la República.

La crema catalana es un postre en dos partes. Primero, la cuchara quiebra el azúcar caramelizado que opera como superficie de lo que viene a ser la segunda parte: una piscina de crema pastelera en la que caen los cristales del techo. El libro del periodista e historiador Rafael Burgos comparte nombre pero no dulzura con el postre. De hecho, puede que una etiqueta avisando de una posible indigestión no le hubiese venido nada mal.

Crema catalana (Icaria editorial, 2014) recorre el complicado entramado de la corrupción catalana, enlazando a empresas con políticos, directivos y demás actores de la comedieta representada desde hace décadas y que tanto dinero le ha robado a la ciudadanía. Rafael Burgos explica que la idea de escribir el libro le surgió después de: “Leer en un medio alternativo acerca de la concesión de la nacionalidad española a Hussein Salem, el que fuera mano derecha del presidente de Egipto Hosni Mubarak. Detrás de este personaje había negocios oscuros relacionados con oleoductos y concesiones de gas a Unión Fenosa. De esto hace años, pero fue como un aldabonazo que me impulsó a recopilar información sobre casos de este estilo en Cataluña”.

Pese a la cantidad de datos -nombres, fechas, cantidades, relaciones- que se puede encontrar en sus páginas, su lectura se hace amena gracias a la fina ironía con la que se va guiando al lector a través de los hilos de esa tela de araña infinita. Si no, sería como intentar descifrar un jeroglífico: “La mayoría de información la podemos encontrar. Eso sí, camuflada en artículos pequeños, prensa especializada, BOE o DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). El problema es el tiempo que debes dedicar a ello. Sin olvidar el tener una visión lo suficientemente amplia de todos los casos como para poder atar cabos”. Y matiza: “La información es poder y en determinados ámbitos hay noticias que no se quiere que lleguen al gran público”.

El trabajo del periodista en relación con la cuestión catalana (y su corrupción) va más allá del volumen publicado como, por ejemplo, en la serie de vídeos titulada La Barcelona Indigna[que en un principio iba a ser el título del libro]: “En muchas presentaciones me acompaña el documentalista Albert Sanfeliu, quien prepara para enero el estreno del documental Corrupció: l’organisme nociu, en el que intervienen Itziar González o Carlos Jiménez Villarejo, entre otros”.

Además, Burgos capitanea la Ruta de la corrupción, organizada junto a Via Barcelona: “Recorremos el centro de la ciudad deteniéndonos frente a los despachos de bufetes de abogados, sedes de partidos, la Diputació de Barcelona, distribuidoras de la industria textil o grandes almacenes y multinacionales. Casi nunca acabamos el recorrido. La gente pregunta y, sobre todo, comenta. Noto mucho cabreo y hartazgo. La ciudadanía ha dicho hasta aquí hemos llegado”.

Ejemplos como el de la censura del libro Biografía de El Corte Inglés de Javier Cuartas por parte de sus protagonistas, hacen pensar en las posibles represalias que podría sufrir el periodista. Sin embargo, Burgos cree que: “Los libros, al fin y al cabo, tampoco los lee mucha gente y cualquier intento de evitar la aparición de un libro puede provocar el efecto contrario. Si no sales en los grandes medios, no existes. Además, en el capítulo del libro que se titula La voz de su amo, analizo el papel del Grupo Z, el Grupo Godó y el Grupo Prisa. Puedes imaginarte en dónde no me entrevistarán”.

¿Cómo se podría salir de este lodo de políticos corruptos y estafa al ciudadano generalizada? ¿Influiría la independencia de Cataluña (si se diese) en este sentido? “Una ley de transparencia más ambiciosa y valiente ayudaría. Una justicia con medios y despolitizada, también. Sin olvidarnos de la pedagogía. Evitar comentarios del tipo ‘yo haría lo mismo si tuviese la oportunidad’. Ahí los periodistas tenemos mucho por hacer. Ganarnos la credibilidad con información veraz no estaría mal. Todo esto es básico para despertar conciencias. Y, por supuesto, implicarse en lo que pasa en nuestro entorno más próximo, sin dejar de lado el voto. Con él podemos estar dando carta blanca a corruptos. Respecto a la independencia de Cataluña, creo que no hay avance nacional sin avance social. Van paralelos”.

La cuestión catalana y la irreverencia en los libros

Rafael Burgos no es el único que se ha atrevido a indagar en “la cuestión catalana” desde alguno de sus múltiples puntos de vista. El tema da para rellenar cientos de páginas e incluso sin perder el tono humorístico.

Catalanes todos, de Javier Pérez Andújar: en 2002 el autor publicó el ensayo Catalanes todos o las 15 visitas de Franco a Cataluña. Doce años después, lo ha convertido en una novela hilarante que ahora saca al mercado la editorial Tusquets. El franquismo, la transición o la independencia reconstruidos en una historia que, pese a estar contada con humor, no deja de lado la verdad.

Jo només il·lumino la catalana terra, de Valero Sanmartí: recopilación de artículos satíricos del escritor acerca de la Cataluña actual. Filias y fobias de la idiosincrasia catalana sacudidas con un buen puñado de mala leche y falta de miedo a la reacción de los lectores. La modernidad barcelonesa o el independentismo son algunos de los temas a los que descuartiza sin compasión.

¿Independencia?, de Josep Busquet y José Ángel Ares: la discusión sobre el separatismo y la conversación interminable en torno al futuro de la comunidad plasmados en un cómic cuyo subtítulo lo explica todo: “Historietas de humor para un momento crucial de nuestra historia”.

La rebelión catalana, de Antonio Baños: de nuevo la ironía para tratar un tema al que tantas vueltas se le ha dado y que sigue sin resolverse (y no precisamente por culpa de sus principales afectados). Escrito desde la perspectiva de un catalán que nunca fue nacionalista pero al que las circunstancias y el comportamiento de la clase política le han llevado a inclinarse por la secesión.

Los yuppies de Pujol llegan a la cima, de Josep María Cortes: el arribismo político analizado a través de sus protagonistas y desde el punto de vista de un periodista que ha seguido de cerca la evolución del panorama. Vilarrubí, Piqué y Mas son algunos de los nombres que aparecen en el libro vinculados al “Molt Honorable” y a las esferas del poder catalán.

La investigación tecnológica se reparte hoy entre los centros dedicados de grandes empresas, los trabajos en universidades y las aportaciones de algunas startups. Los Bell Labs pertenecen a la primera categoría, pero a lo largo del tiempo han ido pasando por las manos de varias empresas, sin que los laboratorios se hayan despiezado con las ventas y las compras.

Su fundación se remonta a 1925, cuando las instalaciones abren sus puertas con el nombre de Bell Telephone Laboratories. Alexander Graham Bell había comprado una participación en la compañía Western Electric, asociada con AT&T (por entonces aún conocida como la American Telephone and Telegraph Company), y ambas entidades juntaron recursos para poner en marcha el centro de investigación, ya después de que el propio Bell hubiera fallecido.

Hoy pertenecen a Alcatel-Lucent, que organizó recientemente una visita con motivo de su evento anual Technology Symposium. Por los pasillos de Bell Labs han pasado gente como Claude Shannon, uno de los padres de la teoría de la información, el Nobel de Física Clinton Davisson o Russell Ohl, que patentó la primera célula fotovoltaica.

No es de extrañar que al entrar en las instalaciones haya una exposición con las invenciones que a lo largo de los años han ido saliendo de los laboratorios. Una de ellas es un teléfono touch-tone, el primero que sustituía la marcación rotatoria por teclas. En los años 40 se crearon varias unidades de este tipo, pero no funcionaban adecuadamente. El problema era que cuando se movía el aparato de un sitio a otro, en la casa o la oficina, las teclas dejaban de hacer contacto. Sería en 1963 cuando se introdujesen comercialmente, y ya perfeccionado su funcionamiento, la versión actualizada de estos teléfonos, aunque la tecnología se fue adoptando lentamente con el paso de las décadas.

La mayoría de los inventos que han surgido de los Bell Labs están enfocados a las comunicaciones. Esto fue así desde el principio, con la llegada de los equipos de comunicación de voz inalámbrica. En los laboratorios se redujo el tamaño de estos aparatos para que cupieran en un avión, de manera que los pilotos pudieran comunicarse con otros aviones, con tierra e incluso con el copiloto, pues entre ellos no se oían a causa del ruido. Un aparato de transmisiones conectado a unos cascos y un micrófono constituyó parte del equipamiento en los aviones estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial.

Después les llegó el turno a los coches. Con los aviones la comunicación inalámbrica era más sencilla, porque las ondas de radio no encontraban obstáculos en su recorrido hasta el suelo o de un vehículo a otro. Pero los coches circulaban por ciudades atestadas de edificios. De Bell Labs surgió un sistema en 1946 que constituyó el primer servicio de comunicación por radio para los coches Nueva York.

Pese a la novedad, al principio solo 24 personas podían hacer una llamada desde su coche. Solo existían se podían usar dos canales de radio, que transmitían a toda la ciudad. Un poco más tarde, a uno de los investigadores del laboratorio se le ocurrió que cada uno de los canales transmitiera solo a corta distancia, para que se pudiera usar el mismo en distintas partes de la ciudad.

Pero tal vez el invento procedente de Bell Labs que más trascendencia ha tenido es el transistor, desarrollado en 1947 por John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley. Hoy en día este dispositivo es la base de la mayoría de aparatos electrónicos, como también lo ha sido durante la segunda mitad del siglo XX. Sus tres inventores recibieron el Premio Nobel de Física por su trabajo en 1956.

Aquel mismo año se tiende el primer cable de teléfono submarino, el TAT-1. En el siglo XIX ya se habían tendido algunos cables submarinos de telégrafos, pero un cable de teléfono requería un salto tecnológico mayor. Hasta el momento, desde 1927, las llamadas telefónicas que cruzaban el Atlántico se hacían a través de ondas de radio. De Bell Labs surgió la tecnología para establecer esta infraestructura, que estuvo en uso 22 años.

Los satélites de telecomunicaciones también le deben sus comienzos a los laboratorios Bell. El Telstar 1 fue el primero de su clase en ponerse en órbita. De manera que en 1962 se transmitieron por primera vez imágenes de televisión y llamadas a través del espacio. Su función era la de un repetidor de señal, que recibía datos y enviaba datos a frecuencias de 6 y 4 GHz.

El cine también le debe parte de su idiosincrasia a los Bell Labs, de donde salió en 1926 el sistema de grabación y reproducción de sonido con imágenes en movimiento. Esta tecnología se impuso a otras que en ese momento también se encontraban en desarrollo, justo en una etapa en la que la industria del cine estaba deseosa por introducir el sonido. Un año después los laboratorios llevaron a cabo la primera transmisión a larga distancia de imagen y sonido, entre Washington y Nueva York. Se trataba de un prototipo de televisión muy primitiva, de 128 líneas de resolución. Pese a todo, un grupo de periodistas pudo ver y comunicarse con el Secretario de Comercio de Estados Unidos Herbert Hoover (que después sería presidente del país), el que apareció en la pantalla.

Los Bell Labs, a día de hoy

La propietaria de los laboratorios Alcatel-Lucent ha decidido darles un impulso renovado en los últimos años. Ahora la investigación está más centrada en el negocio de la compañía, las telecomunicaciones, aunque este siempre ha sido su campo principal de experimentación. Entre los trabajos que actualmente tienen lugar en Bell Labs está la vectorización del cobre, orientada a incrementar la velocidad de transmisión de datos para aprovechar el cableado existente en muchas partes del mundo.

El empleo de software para mejorar la capacidad de las redes, tanto de fibra como de cobre e inalámbricas, es otra de las áreas de investigación. El software-defined networking (SDN) está enfocado a balancear las cargas de tráfico de forma más eficaz, según las características de la demanda. Se trata de que la propia red analice el comportamiento de los usuarios para conocer sus necesidades y cubrirlas de la forma más equilibrada.

Tania Sánchez y Mauricio Valiente han ganado en las primarias abiertas celebradas este domingo para elegir a los candidatos de IU de Madrid a las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene. La candidatura 'Recuperar la ilusión' ha logrado una holgada victoria frente a la oficialista, representada por José Antonio Moreno y Raquel López. En tercer lugar, casi sin opciones desde el principio, la opción de Julián Sánchez-Vizcaíno y Lali Vaquero.

El triunfo de Sánchez y Valiente frente a la opción de quienes han controlado la federación madrileña de IU desde los años 90 abre un nuevo tiempo en una organización tocada por su papel en la gestión de Caja Madrid y Bankia y asediada por la irrupción de Podemos, que tiene en Madrid su principal foco de seguidores. Ambos se han impuesto además en las dos urnas, la de militantes y la de simpatizantes.

Tania Sánchez se ha impuesto con 1.730 votos de militantes y 3.371 de simpatizantes, un total de 5.101, según el recuento oficial remitido por la organización. Por detrás ha quedado José Antonio Moreno (1.254, 1.972 y un total de 3.226 votos) y Julián Sánchez-Vizcaino (315, 384 y 699 en total). Sánchez ha logrado así un 56,5% de los votos, Moreno un 35,7% y Sánchez-Vizcaíno un 7,7%.

#Victoria por 71% en las #PrimariasIUCM para #RecuperarMadrid@Ainhat@mvalienteots@sara_en_madrid@PacoLavadoGpic.twitter.com/zOV6HiF5sn

— RECUPERARMADRID (@YONOVOTEMARIANO) diciembre 1, 2014

La ya candidata de IUCM a la Comunidad de Madrid ha asegurado que los dos candidatos a los que se enfrentaba le han llamado para felicitarla por su triunfo. Sánchez ha insistido en que su candidatura "tenía y tiene una voluntad: construir la alternativa al PP en Madrid". La diputada regional ha pedido a los tres centenares de enfervorecidos simpatizantes que han llenado la sede de IU en Carabanchel que IU no se encierre "nunca más en sus sedes". "Debe abrir las ventanas y entregarse a métodos democráticos. No queríamos simpatizantes para que nos votaran hoy; queremos simpatizantes para que nos acompañen desde aquí hasta ganar las elecciones en 2015", ha zanjado.

Mauricio Valiente, por su parte, ha logrado 601 votos entre los militantes y 1.274 entre los simpatizantes, 1.875 en total. Detrás de él han quedado Raquel López (357 y 697, un total de 1.054) y Lali Vaquero (117, 129, un total de 246). Valiente ha recordado que la apuesta de IU de Madrid es participar en Ganemos: "A partir de ahora en todos los barrios y distritos de Madrid con Ganemos. Retroceder ni para coger impulso", ha concluido. Valiente ha conseguido un 59% de los votos emitidos, según la información oficial remitida por la organización.

Los resultados se han conocido pasadas las 23.45 de este domingo, pero el ambiente en el cuartel general de la candidatura de Sánchez y Valiente, en Carabanchel, era de euforia desde prácticamente el cierre de las urnas a las 21.00. La llegada de los primeros resultados confirmaban las buenas sensaciones recabadas a lo largo del día: los dos diputados regionales han arrasado con porcentajes muy altos en el cómputo global, es decir, sumando militantes y afiliados.

La contundencia del resultado abre un nuevo tiempo en la segunda federación en número de militantes de Izquierda Unida. Aunque sobre el papel las primarias sirven solo para elegir a los candidatos a las elecciones de mayo del año que viene, el enfrentamiento entre dos formas de concebir la organización, la militancia, la participación y su relación con agentes políticos externos se ha saldado con un apoyo muy holgado a quienes abogan por abrir IUCM.

Los problemas del censo

Más de 13.000 personas estaban llamadas a votar este domingo en toda la Comunidad de Madrid para elegir a los candidatos a la presidencia regional y a los distintos ayuntamientos, aunque centenares de ellos lo han hecho con problemas por las muchas impugnaciones que se han producido sobre el censo de simpatizantes, que prácticamente duplicaba al de militantes.

Además, el censo completo de simpatizantes de la localidad de Torrejón de Ardoz, 632 personas, fue impugnado la semana pasada. Hoy, la incidencia no estaba resuelta, por lo que muchas personas que se han acercado a cumplir con su derecho lo han hecho sin saber si su voto será contabilizado.

La candidatura de Julián Sánchez-Vizcaíno y Lali Vaquero ha anunciado su intención de denunciar judicialmente las incidencias en las que se han visto implicados sus simpatizantes, que no han podido votar en muchos lugares. Solo en Parla, según ha denunciado Sánchez-Vizcaíno a eldiario.es, 60 personas no han podido depositar sus papeletas. La candidatura no pretende impugnar todo el proceso. "Reconoceremos los resultados si procede, pero no perderemos nuestros derechos", ha asegurado el candidato.

El censo de simpatizantes ha sido precisamente el detonante de los principales problemas entre candidaturas. Una circular de la organización, firmada por la secretaría de Área Interna y el de Organización pero que no había sido aprobada por ningún organismo, advertía de la infiltración de "simpatizantes de otros partidos, especialmente de Podemos" y animaba a los militantes a denunciar su presencia el propio día de la votación. El reglamento, aprobado por consenso, estipulaba que los afiliados a otras organizaciones no podían participar en las primarias, aunque no decía nada de los simpatizantes.

Los reproches por el censo de simpatizantes y la escalda verbal de la última semana tras la publicación de supuestas irregularidades de una de las candidatas, Tania Sánchez, ponen de relieve la importancia de estas primarias. Más allá de la elección, el proceso servirá para determinar los apoyos con los que cuentan los representantes de los dos grupos en los que está dividida IU de Madrid y que se antojan irreconciliables.

Además, tras estas primarias termina el periodido de gracia concedido por la dirección federal de IU a la dirección de Madrid para que señale las responsabilidades políticas de los excoordinadores regionales por el papel de la federación en la gestión de Caja Madrid y Bankia. Entre los señalados, los actuales portavoces municipal y autonómico, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, y el 'número dos' de Cayo Lara, Miguel Reneses.

La Policía mantiene operativo desde 2012 un grupo de agentes dedicados casi en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el objetivo de contrarrestar la ofensiva política que busca la independencia. Este grupo de policías usurpa las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, principalmente la UDEF, y no está identificado en el organigrama del Cuerpo.

El Ministerio del Interior niega su existencia, aunque sus integrantes se reparten en dos estructuras conocidas: la Unidad de Asuntos Internos, que debería ceñirse a investigar conductas delictivas de otros policías, y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, creada por Ignacio Cosidó al comienzo de la legislatura y de la que desconocen número de integrantes o funciones más allá de una confusa definición genérica.

Esta suerte de policía política ha provocado durante meses rumores en el seno de la Cuerpo, que no pasaban de ahí por el secretismo con el que se maneja el grupo. Algunas informaciones en medios de comunicación se han referido a él, pero han sido desmentidas oficialmente desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Ahora, eldiario.es ha tenido acceso una oferta interna de la Dirección de la Policía para cubrir una de las vacantes. Formalmente, se trata de una oferta para inspectores que quieran incorporarse a la Unidad de Asuntos Internos, pero las características que se reclaman en la misma tienen que ver muy poco con las requeridas tradicionalmente para un policía que investiga a policías.

Según recoge el documento, se valorará “positivamente” en los inspectores aspirantes “tener conocimientos y/o experiencia” en la investigación de delitos relacionados con el “crimen organizado, delincuencia económica y fiscal, blanqueo de capitales, etc…” A pesar de la lógica discreción con la que trabaja la Unidad de Asuntos Internos para no ser descubierta por los policías investigados, su participación en casos de entidad termina saliendo a la luz. Ocurrió en el ‘caso Faisán’, en la investigación de un grupo de policías en la ‘Operación Emperador’ o, más recientemente, en el crimen de Cala Cortina, por el que seis agentes han sido detenidos en Cartagena acusados de matar a golpes a un hombre. En ninguno de estos casos se investigó blanqueo de capitales, ni los hechos se aproximan siquiera a la delincuencia económica, según se define ésta judicialmente.

La segunda condición que puntúa para la obtención de la plaza es haber trabajado en grupos de investigación, ya sea Judicial o de Información, es decir, contra la delincuencia especializada o el terrorismo. Y la tercera, el conocimiento de idiomas, con una mención expresa a las “lenguas cooficiales de España”. Llama la atención esta última ya que dos de las tres comunidades autónomas con lengua cooficial, Euskadi y Catalunya, tienen un escaso número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en ellas, ya que las competencias en materia de seguridad están transferidas a la Ertzaintza y los Mossos, respectivamente. Por tanto, es un caladero escaso para una unidad que investiga a policías.

Solo un reducido número de cargos de Interior conocen al detalle el trabajo y el número de policías destinados en el grupo ‘contra-separatista’, pero fuentes policiales apuntan a una treintena de agentes destinados en la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. A estos se suma un grupo integrado en Asuntos Internos dedicado a cuestiones operativas, o lo que es lo mismo, a trabajar en la calle. Este segundo grupo de agentes habría sido creado en el seno de Asuntos Internos en 2012 y trabajaría desde entonces al margen de las dos brigadas que siempre han compuesto la Unidad. La Dirección de la Policía dejó de facilitar a los sindicatos el número de agentes destinados en Asuntos Internos justo ese año. Hasta ese momento, eran 160 policías. Desde entonces, se desconoce la cifra.

Ambas unidades que prestan agentes al grupo secreto pertenecen a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), al frente de la cual está el comisario Eugenio Pino, el hombre fuerte de la Policía con el Partido Popular. Las fuentes policiales conocedoras del grupo antiseparatismo atribuyen la idea y su dirección al comisario. De la total confianza de Fernández Díaz, en el Cuerpo y el Ministerio del Interior son sobradamente conocidas dos de las fijaciones de Pino: la Guardia Civil –con la que mantiene un enfrentamiento soterrado por cuestiones competenciales- y la cuestión catalana. Igualmente es el responsable de la “militarización” de la Policía, con medidas como el cambio de insignas en los uniformes, la imposición de un cántico castrense de homenaje a los caídos en los actos oficiales o la regularización del saludo a los mandos.

Debate en Anticorrupción

A pesar del secretismo con el que trabaja el grupo ‘anti-independentista’, su labor ha dejado rastro. Ocurrió con el informe que la Policía entregó el pasado 22 de mayo a la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas actividades irregulares de Oleguer Pujol, el menor de la familia. Según ha podido saber esta redacción, el hecho de que el documento estuviera firmado por Asuntos Internos provocó extrañeza y forzó un debate en el seno de la Fiscalía especial, que se resolvió a favor de utilizar la información, siempre después de que sus técnicos en materia tributaria consideraran que podían conducir a hechos delictivos. Quien firmara el documento, zanjó Anticorrupción, era una cuestión interna de la Policía.

La Fiscalía abrió diligencias y puso los datos en manos de los agentes de la UDEF adscritos a ella. Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos, Guanyem Barcelona y otros grupos sociales en la parte que se refería a Oleguer Pujol. La Dirección de la Policía justifica la participación de Asuntos Internos porque esta Unidad habría encontrado los datos sobre Oleguer Pujol por azar durante otra investigación. Según esta versión, se los entragaron a la Fiscalía y a la UDEF, sin apenas trabajarlos. Sin embargo, a día de hoy, la detallada información suministrada por Asuntos Internos todavía constituye el tronco de la investigación por blanqueo de capitales y delito fiscal contra Oleguer Pujol.

El ‘modus operandi’ del grupo secreto pasa por entregar el resultado de sus averiguaciones a las unidades policiales que deberían haberse encargado de las mismas y así borrar su intervención antes de que los datos lleguen al juzgado. En otros casos, la ocasión política o las pocas posibilidades de que un juez utilice esa información, ha provocado que acaben en los medios de comunicación. El artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que sus miembros deben "actuar, en el cumplimiento en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad". 

Pero la noticia que ha puesto el foco sobre las actividades de Asuntos Internos ha sido la detención del Pequeño Nicolás. Como él mismo ha explicado, fueron agentes que se identificaron como miembros de esta Unidad los que procedieron a su arresto, sin que en los hechos que se le atribuyen esté mezclado miembro alguno del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando se interrogó al ministro del Interior por esta circunstancia, Jorge Fernández Díaz salió al paso declarando que el hecho de que el muchacho hiciera “atribuciones” sobre sí mismo vinculadas a las “altas instituciones del Estado y la Seguridad del Estado” hacían de Asuntos Internos la unidad “más idónea” para su arresto.

Esta afirmación del ministro causó perplejidad en la propia Policía. Una orden interna dictada el pasado año, la 28/2013, establece que corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía [CNP] y de los funcionarios destinados en el centro directivo”. El Pequeño Nicolás no es policía, ni funcionario adscrito al Cuerpo. Los delitos por los que está imputado –estafa, falsificación y usurpación de funciones públicas- deberían haber sido investigados por la Brigada de Policía Judicial de Madrid, según responsables policiales.

En perjuicio de la UDEF

Las fuentes consultadas para esta información vinculan la creciente actividad del grupo en detrimento de la UDEF a los problemas de Interior para controlar esta última unidad. Los agentes del grupo secreto están todos destinados en la Dirección Adjunta Operativa, ya sean de Asuntos Internos o de la Unidad de Planificación, y por tanto, solo responden ante Pino. Los problemas para someter a la UDEF han costado el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial en lo que va de legislatura. Ante la polémica política y mediática que ocasionaron estos cambios, Interior cambió de estrategia y pasó a presionar directamente a los policías encargados de los casos Gürtel y Bárcenas. Fue el caso de los interrogatorios a los que se han visto sometidos los policías que investigan al Partido Popular en las citadas causas.

Después se optó por poner a un comisario de la confianza de la actual cúpula policial como jefe directo de esos policías, pero una información de eldiario.es desbarató la maniobra. La noticia fue publicada cuando el nuevo jefe de la Brigada Anticorrupción ya había acudido en dos jornadas diferentes a su nuevo puesto. Interior aprovechó que había dejado sin firmar la orden para que Fernández Díaz negara en el Congreso que ese relevo se hubiera producido.

La aceleración que ha vivido el proceso soberanista en Catalunya durante los últimos años ha corrido paralela a las noticias sobre presuntos casos de corrupción vinculados a destacados políticos nacionalistas o sus entornos. En algunas de ellas existen indicios sólidos que se investigan en la Audiencia Nacional –Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Oleguer- o en un Juzgado de Barcelona, caso del legado sin declarar durante tres décadas que confesó Jordi Pujol i Soley. Otras, sin embargo, no pasaron del medio de comunicación elegido para la filtración: es el caso de las supuestas cuentas en Suiza del padre de Artur Mas o el propio Pujol i Soley, o más recientemente, de otro depósito bancario atribuido al alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Sus publicaciones coincidían con citas electorales en Catalunya o con momentos álgidos del proceso independentista.

Precisamente, las primeras informaciones que fuentes policiales vinculan al grupo contra-separtista son las del supuesto borrador de la UDEF sobre las cuentas de Jordi Pujol y el padre de Mas y otros referentes a la corrupción en el seno de Convergencia Democrática de Catalunya. La información sobre el primer borrador fue publicada por el diario El Mundo el 16 de noviembre de 2012, a nueve días de las elecciones autonómicas catalanas. El Ministerio del Interior –como ha asegurado que hace con la filtración sobre Trias- abrió una investigación interna que no llegó a ninguna conclusión. El comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, declaró ante un juez de Barcelona que ese papel no había salido de su unidad.

El viaje a Barcelona

Dos semanas antes, el 29 de octubre, dos comisarios de la Policía fueron a Barcelona para intentar convencer a los fiscales Anticorrupción de Catalunya de que había que registrar lo antes posible la sede de CDC en el marco del caso Palau. Los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez Ulled declinaron el ofrecimiento porque consideraron muy endebles los supuestos nuevos indicios que les presentaron los policías sobre la financiación irregular del partido, con fuentes de escasa fiabilidad.

Pero lo que más sorprendió a los fiscales fue qué dos policías habían intentado convencerlos, ya que ninguno de los dos tenían competencias con el caso Palau. José Luis Olivera fue jefe de la UDEF desde su creación en tiempos del Gobierno socialista y hasta pocos meses después de que el PP llegara a La Moncloa. En el momento de la reunión, Olivera dirigía –y lo sigue haciendo- el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), sin atribuciones operativas y, por tanto, sin vinculación con la investigación.

Olivera está considerado en la actualidad un policía muy próximo al ministro del Interior y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, y es el máximo candidato a dirigir el macroorganismo que resultará de fusionar el CICO y otro centro similar que analiza el fenómeno terrorista (CNCA).

El otro comisario era Marcelino Martín Blas-Aranda, el “Marcelino” que bajó a saludar al ‘Pequeño Nicolás’ tras su detención, según relata el muchacho. Martín Blas-Aranda es un policía que sonaba para altos cometidos en la nueva Policía que planeaba poner en marcha el PP desde meses antes de ganar las elecciones. Se trata de la auténtica mano derecha del Eugenio Pino. Pero, ¿qué hacía el jefe de Asuntos Internos hablando de corrupción con los fiscales de Catalunya? Según explicó Interior tras la queja del Consejo Fiscal, Olivera conocía a los fiscales de su paso por la UDEF e hizo de introductor de Martín Blas-Aranda. El jefe de Asuntos Internos quería anunciarles un nuevo grupo dentro de la Unidad dedicado a recuperar casos perdidos por la Policía por la dejadez de sus agentes. Nunca más hubo noticias de ese grupo, ni fuera, ni dentro de la Policía. Olivera y Martín fueron condecorados con la Medalla Roja al Mérito Policial unos meses después, un reconocimiento pensionado.

Las fuentes consultadas por esta redacción atribuyen igualmente al grupo contra-separatista la información de unos borradores sin membrete que, poco después del atribuido a la UDEF, comenzaron a circular por varios medios de comunicación. En esos borradores se narraban gravísimos hechos vinculados a Jordi Pujol y otros políticos de CDC, como Artur Mas o Felip Puig. También apuntaban delitos económicos de los responsables de importantes medios de comunicación catalanes y la connivencia de empresarios con los políticos convergentes en temas de corrupción. Incluso se ponía en boca de un confidente la supuesta dependencia que Jordi Pujol tenía de una bruja llamada Adelina. Más de un año y medio después, y con el impulso del caso Pujol Ferrusola, alguna de esas informaciones han sido ampliadas por la UDEF y se encuentran a disposición de la Audiencia Nacional. Otras muchas continúan sin ser judicializadas.

La confidente que provocó la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación a Jordi Pujol Ferrusola, su examante Victoria Álvarez, había recibido previamente una visita de dos policías en Barcelona. Eso ocurrió en diciembre después de que ella comentara a finales de noviembre a Jorge Moragas, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, lo que sabía sobre los negocios turbios del hijo mayor del expresident. Los dos policías aseguran Álvarez, según declaró ésta ante el juez Pablo Ruz, que eran policías de la UDYCO, unidad distinta a la UDEF y que no investiga casos de corrupción. En uno de los SMS que publicó eldiario.es, el jefe de Gabinete de Rajoy dijo a Álvarez: "Si dieses una entrevista, y lo contases todo, salvarías a España".

Tres días antes de la última Diada, elconfidencial.com publicó “un informe de Inteligencia” en el que se aseguraba que Artur Mas supervisaba personalmente el cobro de comisiones a través de cuatro empresas públicas. Las cifras de las mordidas oscilaban entre el 4 y el 6% de las adjudicaciones concedidas, asegura el informe, del que se decía que estaba en poder del Gobierno.

La reciente dimisión de Mercè Pigem, la vocal del Poder Judicial a la que sorprendieron con 9.500 euros en efectivo en la frontera con Andorra, presumiblemente llevará hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces a un imputado, acusado de un delito de falsedad de documento público. Se trata de Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, un jurista conservador que fue propuesto por el PP y votado por el Senado como primer suplente en los nombramientos de esta cámara para el Poder Judicial por el turno de juristas, el mismo por el que fue elegida Pigem.

Álvarez-Buylla es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid y se enfrenta –junto al secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds Martínez– a un proceso penal que actualmente está llevando el juzgado número 30 de instrucción de Madrid. La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra ambos por manipular el estatuto del Colegio de Procuradores.

Según la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el texto que los procuradores madrileños aprobaron en una junta general no coincide con el que, días después, fue inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La segunda versión, dice la querella, modificó un artículo que afecta a las cuotas que los procuradores tienen que pagar al Colegio.

Según la Asociación para la Defensa del Procurador, la nueva redacción añadió un párrafo sobre el texto que había aprobado la junta general, estableciendo una especie de cuotas variables que dependen de lo que gane cada procurador. Este cambio ha elevado en gran medida estas cuotas, que anualmente suponen alrededor de cuatro millones de euros. Desde que ese nuevo estatuto está en vigor, varios procuradores han sido también expulsados del colegio por negarse a pagar.

La querella fue presentada el 14 de junio de 2013 y, en un primer momento, fue sobreseída por el juzgado número 30 de instrucción. Sin embargo, la Asociación para la Defensa del Procurador recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Madrid falló a su favor. Hace unos meses, el 20 de marzo, la Audiencia Provincial ordenó en un auto la reapertura de la investigación y "la declaración de los querellados en calidad de imputados", a pesar de que la Fiscalía se oponía.

El auto es muy contundente y en él la Audiencia Provincial llega a asegurar que "los hechos imputados en la querella revisten los caracteres de un delito de falsedad en documento público previsto y penado en el artículo 390.3" del Código Penal. Dicho artículo conlleva penas de tres a seis años de prisión.

Si el imputado Antonio María Álvarez-Buylla acaba finalmente como nuevo vocal del Poder Judicial, su caso pasaría al Tribunal Supremo porque se convertiría en aforado.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este lunes que aunque a nadie le hubiera gustado ver al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, en la actual situación, en la que es inminente su entrada en prisión, "al final se demuestra que la Justicia llega a todas las personas".

Fabra se ha manifestado en estos términos tras inaugurar el ciclo de desayunos 'Hoy desayunamos con...' organizado por el Casino Antiguo de Castellón, con una conferencia bajo el título 'Participación ciudadana, transferencia y ejemplaridad como pilares de la regeneración de la Democracia Española', al ser preguntado al respecto.

Según ha señalado el jefe del Ejecutivo valenciano, la situación en que se encuentra Carlos Fabra supone para él "sentimientos contrapuestos, al igual que me imagino que a todos los que estamos aquí" porque "le conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que ha trabajado y lo que ha hecho por la ciudad de Castellón y por la provincia".

"A nadie nos hubiera gustado verlo en esta situación, pero al final se demuestra que la Justicia llega a todas las personas", ha apuntado Fabra, quien ha aclarado que "una de las cuestiones que se había comentado mucho es que se pensaba que a los políticos en general, y a los que han sido referentes políticos, nunca les iba a ser aplicada la Justicia y, en este caso, se ve que la Justicia es igual para todos".

"Garantía"

"Eso también es una garantía para la propia democracia y hacer ver que aquellas situaciones que son inadecuadas o delictivas, las haga quien la haga, al final la Justicia llega y cae el peso de la ley sobre las mismas", ha añadido.

El presidente de la Generalitat ha insistido en que "más allá de otras consideraciones de sentimientos y de haber compartido con Carlos muchos momentos de la historia reciente de la ciudad y de la provincia, está el hecho de que, al final, la Justicia también llega a todas las personas".

ERC solicitará la comparecencia en el Congreso "en abierto" del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que den explicaciones sobre la existencia de una unidad secreta en el Cuerpo Nacional de Policía que se dedica a buscar casos de corrupción vinculados a políticos independentistas con el objetivo de mermar el proceso soberanista catalán. La portavoz de ERC, Anna Simó, así lo ha anunciado en rueda de prensa.

Simó se ha sumado a la valoración del portavoz del Govern, Francesc Homs, al dejar claro que si esta información, publicada en exclusiva por eldiario.es, se confirma, el ministro debería asumir responsabilidades y dimitir. "Esta unidad escapa al control judicial", ha valorado Simó, y por ello considera que es necesario esclarecer si "su utilización ha sido política".

ERC ha dicho que, si existe, la unidad sería ilegal y ha considerado irónico que lo haya podido impulsar Fernández siendo miembro del PP catalán, partido que en Catalunya tiene el eslógan antisoberanista 'Los catalanes somos gente legal': "La gente legal no puede hacer cosas ilegales", ha ironizado. Los republicanos consideran que el Estado debe combatir el fraude, pero a partir de unos indicios y con un amparo legal, pero creen que esta unidad va "por libre" con el único objetivo de desgastar a los políticos catalanes.

Esta unidad secreta encargada de investigar posibles vínculos de dirigentes catalanes con casos de corrupción se creó en 2012 con agentes de Asuntos Internos y de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, ambas bajo el mando de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que ocupa el comisario Eugenio Pino. En su actividad usurpan funciones como las de la UDEF, al buscar delitos de fraude o evasión fiscal, pero hasta ahora el ministro ha negado su existencia.

Simó ha relacionado esta información con el último caso de irregularidades que salpica a CiU, la detención de la exvocal del CGPJ a propuesta de los convergentes, Mercè Pigem, entrando a España desde Andorra con 9.600 euros en efectivo. "Ahora que están mirando con lupa a todos los catalanes con responsabilidades políticas o judiciales, no debemos ponérselo fácil", ha proclamado, para luego añadir: "Todos debemos tener la ropa interior y exterior limpia".

ICV-EUiA: "La persecución política es condenable"

La coordinadora de ICV-EUiA, Dolors Camats, también se ha referido la existencia de este grupo de agentes que desde 2012 actúa para destapar corruptelas de políticos independentistas. "La persecución del fraude fiscal y del delito es legítima y necesaria en democracia, y un Estado de derecho tiene mecanismos para hacerlo; lo que no es legítimo y sí condenable son las unidades de persecución política, que se persiga a alguien en función de lo que piensa o defiende", ha declarado.

Camats ha dejado claro que desconoce "si esta unidad existe" y ha reiterado que, de ser así, sería condenable, al tratarse de una persecución como lo puede ser "la detención de sindicalistas durante una huelga general".

Podemos quiere hacer una demostración de fuerza en la calle donde se pueda visualizar lo que ellos creen que es un gran apoyo por parte de la sociedad. Para ello han anunciado una manifestación para el próximo 31 de enero a la que convocan "a la mayoría social y a la gente" con la intención de visualizar "qué gente quiere hoy apostar por el proyecto de Podemos", según ha anunciado esta mañana el secretario de Relaciones con los Movimientos Sociales, Rafael Mayoral.

"Se está poniendo en cuestión nuestro proyecto. Queremos que la gente exprese su apoyo al proyecto Podemos", ha asegurado Mayoral en una rueda de prensa. La intención es convocar "una gran movilización en Madrid donde la gente que se siente identificada con el proyecto de Podemos tengamos la oportunidad de encontrarnos y de poner esa propuesta política encima de la mesa", ha reiterado Mayoral, miembro de la ejecutiva de Podemos.

Podemos no ha ofrecido más datos en la comparecencia de hoy. Mayoral ha asegurado que el partido que dirige Pablo Iglesias continúa trabajando para concretar la convocatoria.

De momento, no tiene eslogan, pero sí intención: demostrar que Podemos es más que aquellos que copan la atención mediática: "Podemos se identifica únicamente con la gente que salimos en los medios. Creemos que hay importantes sectores de la población que apuestan por este proyecto y queremos que haya un espacio donde puedan demostrarlo", ha explicado Mayoral.

El partido de Pablo Iglesias confirma así un cambio de estrategia que se ha planteado en la dirección y que pasa por reducir drásticamente la presencia de sus líderes en los grandes medios. El secretario general acudió tras su triunfo en la Asamblea ciudadana a sendas entrevistas en La Sexta y en la cadena Ser. Desde entonces, Iglesias ha rehuido los platós de televisión y solo compareció para presentar el documento económico realizado por los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro.

El hueco dejado por los principales líderes de Podemos lo han ocupado otros dirigentes como la eurodiputada Teresa Rodríguez o el destacado militante de Izquierda Anticapitalista Miguel Urban.

Iglesias volverá a la televisión este viernes, en concreto al canal 24 Horas de TVE, donde será entrevistado por la noche, según han confirmado fuentes del partido. El Comité de Informativos de la televisión pública ha denunciado de forma reiterada la ausencia de Iglesias, y en general de Podemos, en sus programas más representativos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este lunes que no hará más cambios en su Ejecutivo que el relevo pendiente en el ministerio de Sanidad tras la salida de Ana Mato.

Rajoy ha despejado dudas sobre la posibilidad de una remodelación más amplia de su Gabinete en la conferencia de prensa que ha ofrecido junto al presidente francés, François Hollande, al término de la cumbre bilateral que se ha celebrado en París.

En una comparecencia en la que ha estado acompañado por siete de su ministros que han participado también en la cumbre hispano-francesa, Rajoy ha sido preguntado por la posibilidad de que barajara hacer varios cambios en su Gobierno para intentar un impulso político ante lo que resta de legislatura.

Hollande ha bromeado con Rajoy diciéndole "adelante, adelante", para que contestara a esa pregunta en presencia de sus ministros, y el presidente del Gobierno ha dicho que su respuesta era "obvia" no sólo por el hecho de que estuvieran presentes varios miembros de su Gobierno.

"La razón más importante es que estoy muy contento del trabajo, el esfuerzo y los resultados que consiguen los ministros que he nombrado en su momento", ha subrayado.

Por ello, ha precisado que ese impulso político por el que se le preguntaba se va a quedar reducido a la sustitución de la ministra de Sanidad.Un relevo que ha dicho que se concretará "en el día -ha explicado- en el que se lo señalé a todos ustedes".

La previsión es que el nuevo ministro o ministra de Sanidad jure o prometa su cargo ante el Rey el próximo miércoles, día 3 de diciembre.

La de Aranjuez (Madrid) ha sido la cárcel que ha elegido el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra. Lo ha hecho este lunes, último día que tenía de plazo para entrar en presidio después de que le fuera comunicado su ingreso por el juez una vez rechazado el indulto que había pedido al Gobierno central.

Carlos Fabra ya había anunciado que no quería ingresar en ninguna prisión de Castellón, pero no se sabía todavía qué centro penitenciario había escogido para cumplir la condena a cuatro años de cárcel por fraude fiscal.

El que fue en su momento el hombre más poderoso de Castellón fue condenado dentro del llamado 'caso Naranjax', y además de los cuatro años de cárcel el tribunal le impuso una multa de 693.000 euros y le obliga a abonar esa misma cantidad en función del dinero defraudado a Hacienda.

No obstante, el ingreso de Carlos Fabra en prisión se produce después de casi once años  de instrucción, por la que pasaron hasta nueve jueces por el juzgado de la localidad de Nules, encargado de la investigación. Finalmente Fabra fue condenado el 25 de noviembre de 2013 y ha entrado en prisión más de un año después de la sentencia.

Nadie detectó lo que se estaba larvando. Así que el Atlético de Madrid-Deportivo de la Coruña fue declarado partido de bajo riesgo. "El dispositivo fue el adecuado", ha asegurado este lunes el Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. Todo basado en que el encuentro no se calificó de especial preocupación. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha admitido que los violentos escaparon al control previo de movimientos que la policía hace de estos grupos: "Tenían una intención deliberada de eludir el control", ha justificado el secretario de Estado.

Así que como ni la Federación Española de Fútbol ni la Liga Profesional apuntaron a este encuentro como peligroso y la Comisión Estatal contra la Violencia no lo declaró de alto riesgo, la suerte estaba echada: no hubo refuerzo en el sistema de ventas de entradas, ni el control exhaustivo para el acceso que obliga a que los grupos de seguidores sean "acompañados por encargados que al efecto disponga el club o la sociedad anónima deportiva del equipo visitante", como recoge el Reglamento de la Ley contra la violencia en el desporte. La comisión está compuesta por miembros del Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la fuerzas de seguridad, la Federación Española de fútbol, las ligas profesionales, las Comunidades Autónomas y la carrera Fiscal.

Y justo han sido por esos resquicios por donde se filtró el choque de aficiones. El secretario Martínez ha apuntado que se investiga una partida de entradas que escaparon al circuito normal de venta y que podría haber acabado en manos de los ultras gallegos. También que el grupo de Riazor Blues contrató su viaje en una ciudad distinta a A Coruña (en Lugo) para escabullirse. En este sentido, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha reconocido que si lo hubieran sabido "no habrían llegado a Madrid".

La cúpula de Interior y Deportes que se encarga de vigilar la violencia en el entorno deportivo se ha reunido 24 horas después de que una reyerta entre ultras del Deportivo y el Atlético acabara con uno de los implicados muerto. La autopsia ha revelado que la muerte fue causada por sendos golpes en la cabeza y el cuerpo que le partió el bazo. Además, 12 riazor blues, 6 frente atléticos, 2 bukaneros del Rayo Vallecano y un alkor-hooligan han sido arrestados "de momento" ha aclarado el secretario de Estado. El partido se trató como de bajo riesgo porque "los dos grupos ultra no se habían enfrentado en seis años" y porque las amenazas y citas para pelearse pasaron desapercibidas, han justificado tanto Cardenal como Martínez y el propio director de la Policía. Y eso que el presidente del Deportivo, Tino Fernández, dijo que habían dado alerta sobre un autobús de los Riazor Blues que iría a Madrid. Cosidó sólo ha admitido sospechas vagas sobre alguna expedición radical a Madrid.

Gradas cerradas parcialmente

Cardenal ha contado que prevé establecer medidas para poder cerrar gradas o incluso estadios ante casos de "violencia verbal". El presidente del consejo le ha pedido a los árbitros de fútbol que reflejen en las actas estos episodios porque, dice, que no llegan a controlar todos los brotes. Se ha quejado de que no hay un registro exhaustivo de los insultos racistas y xenófobos que se vivien en los campos.

El secretario de Estado ha aseguado que "se nos ha propuesto elaborar un listado de los grupos ultras para expulsarnos de nuestros estadios y de sus aledaños y ponernos un plazo de tiempo para llevarlo a cabo". Ante la duda de por qué no hay un registro sobre estos violentos ya funcionando Miguel Cardenal ha respondido: "Listas, hay muchas".

La suerte está echada para el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. Su pésima gestión en el caso de abusos sexuales de Granada, actuando tarde y siendo dejado en evidencia tanto por las víctimas como por el mismísimo papa Francisco, ha decretado el final de su carrera eclesiástica, que se hará efectiva, según fuentes eclesiales, después de Navidad. El Papa llamó a Daniel en dos ocasiones, una el 10 de agosto, para pedirle perdón, y otra el 10 de octubre, para animarle a denunciar al comprobar que las sanciones del prelado eran netamente insuficientes.

La Santa Sede, descontenta de cómo se están realizando los procedimientos, ya tiene prácticamente nombrado a su sucesor, mientras que monseñor Martínez está "quemando sus naves" e intentando que el cese se convierta en un "traslado". Esto es, que no sea prematuramente jubilado (tiene 57 años, y la edad canónica para dejar sus funciones son los 75), sino enviado a otra diócesis o a algún dicasterio romano. Fuentes cercanas aseguran que el prelado no quiere abandonar Granada derrotado, pero que aceptaría de buen grado un cargo en Tierra Santa (es un experto en estudios bíblicos).

Lo que parece claro es que la estrategia de defensa –postración ante el altar de la catedral incluida–, auspiciada por expertos en derecho y comunicación de Comunión y Liberación (el movimiento neoconservador al que pertenece), ha servido de poco al arzobispo, que ayer mismo se negaba a hablar ante los medios con esta críptica expresión literal: "No tengo nada que decir, ya lo comprendéis. Todo lo que tenía que decir está dicho. Pido para que todos lleguemos al cielo, todos los hombres, sin excepción".

Sanciones para el 10% de la diócesis

Sea como fuere, lo cierto es que, paralelamente a la investigación judicial, Roma ha iniciado una investigación canónica, que apunta a fuertes sanciones para los sacerdotes implicados, que son bastantes más de los tres en principio detenidos. Al menos una decena de presbíteros de Granada –el 10% de la diócesis– podrían ser sancionados en un proceso sin precedentes en la historia reciente de nuestro país.

Tal y como informaba en su número de esta semana la revista Vida Nueva, el arzobispo de Granada ha quedado desautorizado a los ojos del Papa. Fuentes vaticanas, añade la publicación, consideran "poco habitual" que fueran dos jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia, y no del de Granada, quienes interrogaran tanto a la joven víctima como a sus familiares. "No se suele prescindir de que el obispo tenga la primera palabra en la investigación previa. Pero aquí vinieron de fuera". Esta decisión estaba motivada porque uno de los imputados ejercía como vicario judicial en la archidiócesis andaluza.

Es la Congregación para la Doctrina de la Fe la que está llevando las riendas de la investigación, a través de la comisión de graves delitos, o Sección Disciplinar, formada por una docena de sacerdotes de diversas nacionalidades. Entre ellos hay uno español, que está siguiendo desde el principio el desarrollo de los acontecimientos. La cronología publicada por eldiario.es, demuestra la tibieza y lentitud con la que el arzobispo de Granada trabajó para atajar los abusos y sancionar a los responsables. Esta tardanza podría haber motivado que los implicados, miembros del llamado 'clan de los Romanones', pudieran haberse desecho de pruebas y preparado su defensa con una antelación inusual en este tipo de delitos.

Un tribunal de expertos

El responsable de la investigación es el mexicano Pedro Miguel Funes, quien lleva desde 2001 ocupándose de la pederastia. Por encima está el promotor de justicia, el "fiscal" de Doctrina de la Fe, Robert J. Geisinger, nombrado por Francisco en septiembre y hasta entonces procurador general de la Compañía de Jesús. El anterior procurador general de los jesuitas, Robert W. Oliver, fue designado por Bergoglio como secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada para estudiar cómo evitar los abusos y mejorar el trato a las víctimas. Esta es la comisión de la que el Papa habría invitado a formar parte al joven granadino.

Según algunas fuentes eclesiásticas, sería el propio Geisinger quien habría cogido las riendas del caso de Granada después de que Francisco pidiera al cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que comenzara a investigar. Lo hizo tras recibir la carta en la que la víctima le desvelaba su sufrimiento y aportaba las identidades de sus supuestos abusadores. Un primer informe de lo acaecido le habría sido entregado al Papa a finales de verano, antes de que llamara por teléfono por segunda vez al muchacho.

Una vez concluida la investigación previa, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidirá si comienza un proceso canónico y dónde se lleva a cabo. En Roma no se da por descontando que el juicio vaya a tener lugar en la diócesis donde se ha cometido el delito, como es habitual. El haber echado mano de una instancia judicial externa en la fase inicial, como eran los dos jueces valencianos, arroja dudas sobre la posibilidad de que el eventual proceso tenga lugar en Granada.

"En el derecho eclesiástico no se le hacen descuentos a nadie. Si un obispo no ofrece confianza, se puede acudir a otro tribunal", señala una fuente vaticana. Otro eclesiástico con experiencia en estos casos, y que pide igualmente mantener el anonimato, asegura que siempre se intenta "evitar el escándalo", lo que podría llevar a que el proceso sea en Roma.

El juicio concluiría con una sentencia, tras la cual las partes podrían apelar. El recurso sería estudiado por un nuevo organismo, el grupo de siete cardenales y obispos creado por Francisco a principios de noviembre para agilizar las apelaciones en los casos de abusos.

La primera reacción de los clubes afectados, con el cadáver del ultra del Deportivo de La Coruña caliente, resume la postura de los dirigentes del fútbol al respecto de los violentos que dicen defender sus colores: “Esto no tiene nada que ver con el fútbol. No tenemos nada que ver con los hechos. El fútbol es el fútbol y no tiene nada que ver con este incidente que se ha producido lejos del estadio y lejos de lo que es un partido de fútbol", resumió el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La conclusión del directivo fue muy futbolística. “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”, como dijo el entrenador de su equipo Diego Pablo Simeone, tras penetrar con sus tacos el muslo del internacional del Athletic Club, Julen Guerrero, en su etapa de jugador. Son los códigos bélicos, las consignas totalitarias las que rigen la gestión de las aficiones en los equipos. No en vano, muchos directivos consideran una ventaja tener una facción ultra que acompañe incondicionalmente al equipo sin importar que sean violentos, despiadados, malhablados o simplemente, asesinos en potencia. Así lo demuestran estudios como el de la Universidad de Firat en Turquía que deja claro que “los administradores de los clubes creen que el comportamiento agresivo de sus aficionados va en beneficio propio”. Y así lo creen entrenadores como José Mourinho, recientemente enfrentado a los hinchas del Chelsea por reclamar de manera marcial lo que ya pidió del Bernabéu: “Más ruido y más apoyo”.

Los portavoces de Ultras Sur, la facción salvaje del Real Madrid, han hecho público su acuerdo con los dirigentes cada vez que se les ha preguntado: libertad y facilidades para entradas y viajes siempre y cuando no se produzcan situaciones delictivas dentro del campo. Un acuerdo que se remonta al episodio de 1998 en el que una portería atada a su valla acabó en el suelo. “Al estadio se viene con las familias”, enfatizó el pasado domingo Cerezo.

Y a animar, piensa Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) que ha tratado por todos los medios de generar ambiente y animación en el frío y cada vez más lleno de turistas y vips estadio Santiago Bernabéu. Un speaker, una grada joven con posibilidad de ver el partido de pie, tres himnos y hasta abonos a precios irrisorios para jóvenes que ni siquiera son socios del club. El Real Madrid lo ha intentado todo para que su gente sea animosa y los Ultras Sur han chantajeado con ese aspecto para seguir gozando de prebendas: “Este estadio sin los ultras, es un cementerio”, gritaron durante la pasada temporada hacia el palco la sección de ultras a la que se le retiró el carné tras unos incidentes en una versión pequeña en el metro de los sucedido el domingo en el Manzanares. Esos violentos fueron expulsados, los más pacificados, pero de ideología igual de derechista y faltona siguen en la grada.

“No es lo mismo un estadio grande y vacío que un estadio pequeño y lleno”, afirma Miguel Ángel Gómez Ruano, de la Universidad Politécnica de Madrid. Este especialista en sociología del deporte ha estudiado la influencia de jugar en casa o fuera en los resultados deportivos. La conclusión es que el ambiente tiene cada vez menos influencia en los jugadores y el árbitro. “La media de victorias en casa frente a las conseguidas fuera está en un 60%. No hay más que ver cómo han cambiado los resultados en las quinielas”, explica. “Los árbitros y los jugadores son mucho más profesionales que hace años”, añade. Se refiere a los años 80, cuando los equipos ganaban ligas ganando en casa y empatando fuera en condiciones casi infernales en los años álgidos del hooliganismo. “El miedo escénico”, lo llamó Jorge Valdano, protagonista de las grandes remontadas del Real Madrid respecto a los resultados adversos en campo contrario.

Nostalgia de la tribu

Si ya han pasado los años en los que se podía amedrentar a un árbitro y los jugadores son capaces de soportar la presión, ¿Por qué esa obsesión en seguir apoyando a los radicales? Para ganar, porque el negocio es cada vez más grande y los empresarios dueños de los clubes tienen cada vez más miedo a la aleatoriedad de los resultados deportivos frente a la previsibilidad de los resultados económicos. Y porque las aficiones forman parte de un show que obtiene el 30% de sus ingresos de la explotación comercial de los estadios. "Los ultras son actores de un espectáculo que se desarrolla en paralelo al terreno de juego: una obra de teatro de sonidos, canciones, banderas, colores, masas en movimiento etc… Un show pacífico, que sin embargo, con frecuencia se vuelve agresiva, violenta y destructiva frente a las aficiones contrarias y la policía. Y el vandalismo se convierte en rutinario, inherente al ritual del domingo y las luchas de clases, razas o idelogías encuentra en los estadios el lugar perfecto para dispararse", advierte la profesora Emanuela Lavari, de la Universidad Pontificia Salesiana.

Que la violencia encuentre refugio en el fútbol es responsabilidad del fútbol. De aquellos que por ganar permiten que sus hinchadas gritar salvajadas del tipo: "Juanito como mola, tu tumba en Fuengirola" o "y va morir y va a morir el hijo de Mijatovic". El propio Valdano, que encontró en los 80 las palabras exactas para describir el ambiente necesario para ganar un partido, encontró en una reciente entrevista en Canal Plus una explicación a la capacidad del fútbol para propagarse entre la gente: "En una sociedad tan individualista como la nuestra, hay una nostalgia de la tribu que el fútbol compensa como mucha eficacia". Una nostalgia de tribu que en muchas ocasiones lleva a la tribu de las cavernas.

La empresa química Ercros prepara el cierre de sus fábricas de cloro de Flix (Tarragona) y Palos de la Frontera (Huelva), que en conjunto emplean a unas 130 personas, y analiza la viabilidad de la de Vilaseca I (también en Tarragona), de cuyo negocio de producción de cloro dependen más de cien empleos directos. La clave está en las millonarias inversiones que necesita hacer la empresa para adaptar esas plantas, que actualmente utilizan electrolizadores de mercurio, un metal pesado, a las exigencias medioambientales de la UE a finales de 2017 y que, en buena medida, no está dispuesta a realizar. A ello se suma el impacto de la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy.

Así se desprende de un correo electrónico remitido en marzo por el director general económico-financiero de Ercros, Pedro Rodríguez, a un directivo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), uno de los principales acreedores de la empresa, en respuesta a "un par de dudas" sobre los resultados de una auditoría interna a la que ha tenido acceso diario.es, junto con el citado email, a través del buzón Filtrala, que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia.

En ese correo, fechado el 4 de marzo, Rodríguez explica a Francisco Presencio, del Área de Financiación Corporativa y Reestructuraciones del ICO, que en el caso del negocio de cloro en Flix, que actualmente supone unos 80 empleos directos, Ercros contempla "el cierre de la actividad. De hecho en el ERE de 2013 se intentó acometer el cierre completo de la instalación, pero ante la oposición de los sindicatos y de la Generalitat finalmente se optó por mantener una pequeña electrolisis (similar a la de Palos) que deberá finalmente cerrar en 2017".

La inversión que requeriría la planta para adaptarse a las normas de la UE es de unos 15 millones de euros, que Ercros sólo abordaría con ayudas públicas: "No se descarta una posible financiación por parte de la Generalitat para el cambio de tecnología", dice Rodríguez.

Respecto a Palos de la Frontera, ubicada en el polo químico de Huelva (fue una de las primeras fábricas en instalarse allí) y con unos 50 empleados, Rodríguez explica que "es una planta pequeña que Ercros prevé cerrar o, si es posible, vender con anterioridad a dicha fecha. Actualmente Ercros no contempla invertir para cambiar su tecnología". La inversión en este caso sería de unos 13 millones de euros.

Fuentes próximas a Ercros explican que la situación actual de ambas plantas no ha cambiado desde entonces y que se buscan soluciones para ellas "con el mínimo impacto en empleo". Hay casi tres años y medio por delante y es un plazo "muy largo", añaden. El cierre es "el peor escenario".

En sus últimas cuentas anuales, la empresa ya explicaba que "está estudiando la viabilidad de afrontar el cambio de tecnología" en Flix, Palos y el resto de Vilaseca I, "valorando el coste de la inversión requerida y las incertidumbres que pesan sobre estas instalaciones, y que son determinantes para su competitividad a corto plazo".

El ICO se interesó por la situación de esas plantas en el marco del proceso de refinanciación de deuda que Ercros cerró el pasado 31 de octubre, cuando logró de Banco Popular, BBVA, Catalunya Banc, Santander, HSBC Bank, de Sabadell, Caixabank y Crédit Agricole líneas de financiación de circulante por importe de 102,15 millones de euros, mediante la renovación de una línea de crédito de la que ya disponía desde 2011 y que venció en septiembre. Por su parte, el ICO le renovó un préstamo de 10 millones por un plazo de cinco años amortizable anualmente.

Las mismas fuentes recuerdan que el ERE de Palos, hace ya cuatro años, "ya acordaba el cierre completo" de la planta, pero finalmente la empresa buscó una alternativa para que siguiera abierta. Hay "conversaciones de la mano de la Junta" de Andalucía para vender al mejor postor la planta y la salina de 1.200 hectáreas que la acompaña, ubicada en las marismas de la margen derecha del río Odiel, y que proporciona la materia prima (sal común) a la planta de electrólisis.

En cuanto a Flix, con más de un siglo de historia (es la más antigua de Ercros), el cierre sólo afectaría a la actividad de producción de cloro (hay otros 50 empleados en la fábrica de fosfato bicálcico, utilizado para alimentación animal). En este caso la opción es captar empresas que puedan instalarse en el recinto, que tiene unos 300.000 metros cuadrados de superficie.

¿Descontaminación a medias?

Algunas fuentes temen que, con el previsible cierre, Ercros se olvide de las tareas de descontaminación del pantano y los suelos de Flix, algo que niegan fuentes próximas a la empresa. Aseguran que se está procediendo a la limpieza del pantano (el 60% ya está completado) y de los suelos (el mes pasado se puso en marcha una nueva planta de descontaminación). En caso de un cese de actividad, se haría exactamente igual que con otros terrenos vendidos en el pasado. "No es una complicación adicional", señalan.

También pesa la incertidumbre sobre la planta de Villaseca I (Tarragona), con más de 100 empleados y tres cuartas partes de su producción de cloro sin adaptar a la normativa europea (la única del grupo que lo ha hecho en su totalidad es la de Sabiñánigo, Huesca). "La conversión de esta instalación a una tecnología de electrolizadores libres de mercurio está condicionada al compromiso de cloro de Bayer para los años siguientes a 2017 que se está negociando en la actualidad", explica el director financiero de la empresa en su correo.

Villaseca tiene dos grandes consumidores, más o menos el 50% de la producción cada uno: la propia Ercros y la empresa alemana, con la que ha firmado recientemente un contrato de suministro hasta 2018. Bayer "todavía no ha tomado ninguna decisión" más allá de esa fecha, aseguran fuentes próximas a Ercros. El coste de la conversión de esta planta sería de entre 60 y 70 millones.

Pérdidas de 311 millones

Estas fábricas producen cloro, sosa e hidrógeno a partir de sal. El resultado es hipoclorito, que se utiliza para producir lejía o PVC. Sobre ellas pesa una incertidumbre añadida: el incremento de la factura eléctrica, que supone entre el 30% y el 40% de sus costes de producción, como consecuencia del nuevo sistema de interrumpibilidad (subvenciones de la luz a cambio de la posibilidad de sufrir cortes) que puso en marcha el mes pasado el Ministerio de Industria.

"Aún no se sabe qué precio fijará el nuevo sistema para remunerar esta rentabilidad, pero se prevé que sea a un nivel parecido al actual dado que tiene un impacto muy relevante en la competitividad de toda la industria electrointensiva", dice Rodríguez en su email. El problema es que el sistema de subastas a la baja ideado por José Manuel Soria está propiciando un recorte drástico de las ayudas. En sus cuentas de 2013, el grupo ya incluyó la reforma energética como uno de los principales riesgos para su actividad.

El negocio del cloro supone en torno al 65% de la actividad de Ercros, una empresa centenaria que cotiza en bolsa (ningún accionista supera el 3%) y cuyo valor bursátil no llega a los 50 millones de euros. Desde 2007 (su último ejercicio en beneficios fue 2006), Ercros ha perdido más de 311 millones de euros y ha visto reducirse su facturación un 26%. Muy expuesta a España (el mercado local supone el 53% de sus ventas, 332 millones anuales), la crisis, que ha reducido al mínimo los márgenes del sector químico, ha propiciado que su plantilla pase de los 1.819 empleados de 2009 a los cerca de 1.500 actuales. Su principal competidor en España es la belga Solvay.

Nuevo intento de las entidades sociales por frenar la legalización de las devoluciones en caliente a pie de valla. En un escrito, 129 organizaciones han pedido este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emita un informe preceptivo sobre la enmienda presentada por el PP a la Ley de Seguridad Ciudadana que da cobertura legal a este tipo de expulsiones. Ahora la pelota está en el tejado del órgano de gobierno de los jueces. Si creen que la reclamación tiene fundamento, podrían solicitar el acceso a la enmienda, paralizando así su tramitación parlamentaria.

Las organizaciones entienden que al ser una enmienda que lesiona derechos fundamentales, incompatible con la Constitución y el derecho internacional, debe contar con una valoración previa del CGPJ. Para cimentar su petición, las entidades firmantes recurren al artículo 561.1 de la LOPJ que estipula que las leyes que afecten a la tutela judicial de derechos fundamentales deberá someterse al informe del órgano judicial. En el escrito, también solicitan una audiencia con el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para tratar más a fondo el asunto.

"Se ha presentado una enmienda que no modifica la Ley de Seguridad. Se ha utilizado esta ley para modificar en verdad la de Extranjería por la puerta de atrás. Por tanto, la enmienda no debería haberse aprobado sin haber contado antes con informes preceptivos, que no son vinculantes, pero que son importantes", asegura Cristina Manzanedo, portavoz de las entidades firmantes. En los próximos días, volverán a presentar un escrito de características similares, esta vez, ante el Consejo de Estado y el ministerio fiscal para "visibilizar el problema de procedimiento en el que ha incurrido el Gobierno", dice Manzanedo.

Existe una doctrina jurisprudencial muy asentada en la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca del alcance de la omisión de los informes preceptivos no vinculantes durante el proceso de elaboración de las normas", explican los participantes en el texto, para incidir en que "el carácter constitucional y consultivo del CGPJ están fuera de duda" por lo que le son de aplicación todos los argumentos que respaldan que se consulte forzosamente al Consejo de Estado.

No sería la primera vez que un texto sale del Congreso en plena tramitación para que los jueces puedan plasmar en un escrito si la nueva ley está acorde con lo fijado en el ordenamiento jurídico. Según el escrito, allá por 1996, se detuvo el recorrido parlamentario de la Proposición de Ley Orgánica reguladora de la tutela cautelar penal presentada por el PNV para que el CGPJ presentara un informe sobre la iniciativa. De esta forma, se consiguió que no se abriera el plazo de enmiendas hasta que no fuera recibida en la Cámara el informe.

Existe un segundo precedente. Durante la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero de 2000, fue el propio Consejo General del Poder Judicial el que reclamó su competencia para emitir un informe. Esto generó que el Consejo de Ministros tuviera que aprobar una segunda vez el Proyecto tras incorpora al texto alguna de las aportaciones realizadas por el organismo de los jueces.

Qué dice la enmienda presentada por el Grupo Popular

En concreto, lo que dice esa enmienda presentada por el Grupo Popular a última hora, que modifica la Ley de Extranjería, es lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". La redacción da a entender que la Guardia Civil podrá expulsar a los inmigrantes que salten la valla sin que exista un control judicial previo.

Las 129 entidades sociales no están solas en su lucha por demostrar la ilegalidad de la enmienda y la falta de informes consultivos previos. Organismos, como la ONU, juristas, partidos políticos e incluso la mismísima Unión Europea ya han advertido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que la reforma no solo viola la Constitución Española, sino también va en contra de tratados internacionales como la convención de Ginebra o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Más o menos los mismos organismos que este martes secundaron el texto ante el CGPJ, fueron los mismos que ya presentaron un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir la retirada de la reforma de la Ley de Seguridad, y en concreto, la enmienda del PP que permitiría que, sin identificar y sin asistencia jurídica, la Guardia Civil pueda entregar a los gendarmes marroquíes a los inmigrantes que ya hayan pisado suelo español. Sus iniciativas no se han limitado exclusivamente a la redacción de estos dos escritos, también han optado por convocar varias concentraciones en protesta.

En el listado de las 129 entidades que firman la petición al CGPJ se encuentran entidades sociales procedentes Lde toda España. Entre ellas, se encuentra la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Confederación General del Trabajo (CGT), un círculo de Podemos, Médicos del Mundo o SOS Racismo.

Hace unos meses, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ya criticó duramente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida coloquialmente como Ley Mordaza- al encontrarle tachas de inconstitucionalidad en relación con las retenciones en caso de que las personas se nieguen a identificarse ante la Policía, la instalaciones de controles en lugares públicos y la denegación del pasaporte en caso de declararse estados de alarma, excepción y sitio. Luego el Gobierno matizó algunas partes del texto. Si bien, esa consulta por parte del CGPJ fue antes de aprobar la controvertida enmienda.

El Gobierno, por su parte, ha defendido una y otra vez que las devoluciones en caliente se ajustan a la legislación nacional e internacional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió que "se ajustan a toda la legalidad" y justificó la futura reforma con un nuevo argumento: como la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (1986) -que recoge la obligación de controlar las fronteras-, es anterior a la Ley de Extranjería (2000) -que incluye el derecho del inmigrante a una expulsión con garantías-, primaría la primera sobre la segunda. En cambio, las ONG creen que es todo lo contrario.

Hay biografías literarias que son como parásitos, se transforman en seres complejos y fascinantes a costa de su huésped, al que dejan exhausto. El resultado no siempre es negativo, a veces se dan casos de simbiosis afortunadas. Creo que es el caso de Soy yo, Édichka (Marbot, 2014), las memorias norteamericanas con las que Eduard Limónov se hizo famoso en Francia. Es imposible leer su texto sin pensar constantemente en Limónov (Anagrama, 2013), la exitosa biografía en la que Emmanuel Carrère convierte al poeta y activista ruso en un personaje novelesco.

El juego de espejos entre la novela autobiográfica y la biografía novelada transforma el texto de Limónov. Soy yo, Édichka es un diario de su vida en Manhattan en los setenta en los años inmediatamente anteriores al triunfo de Ronald Reagan y la expansión global de Wall Street. Nueva York era una ciudad peligrosa, deteriorada y sucia cuyo Ayuntamiento tuvo que recurrir a un préstamo federal para evitar la bancarrota. Limónov llegó allí procedente de Járkov –la ciudad ucraniana donde creció y se convirtió en un delincuente juvenil– y Moscú, donde había sobrevivido en el underground literario vendiendo sus propios poemas.

Soy yo, Édichka es un relato neoyorquino de la vida bohemia y el exceso situado en algún lugar entre Céline y Bukowski. Limónov vive en la habitación de un hotel degradado de la zona financiera, bebe, se busca la vida para obtener subsidios del gobierno, pasa de un trabajo no cualificado en otro, bebe, se enfrenta a la disidencia rusa oficial y entra en contacto con los comunistas estadounidenses, tiene una serie de encuentros heterosexuales (miserables) y homosexuales (gloriosos), bebe, deambula de noche por las peores zonas de Manhattan, bebe y a veces se fuma algún porro.

El Limónov de Carrère contra el Limónov de Limónov

Lo que ocurre es que tras leer la biografía de Carrère, las historias de hoteles mugrientos, galones de vodka y sexo descrito con una minuciosidad más clínica que erótica resultan un poco insípidas. Palidecen frente al personaje de Limónov: un poeta nacionalista y neobolchevique nostálgico de la Gran Rusia pero comprometido con la democracia que crea una especie de milicias comunitaristas repletas de punks y skinheads. El Limónov de Carrère es un bárbaro, un titán contracultural. El Eduard Limónov de Soy yo Édichka es un inmigrante con mal de amores, dificultades de integración y un serio problema con la bebida.

Aunque, por otro lado, lo que pierde Soy yo, Édichka en intensidad y sordidez, lo gana en costumbrismo. En alguna ocasión, Fredric Jameson explicaba que la Unión Soviética había funcionado simbólicamente como una especie de pantalla donde Occidente había proyectado sus propias pesadillas. Nuestra imagen de la burocracia rusa era, en el fondo, una especie de espejo de la vida en el interior de las grandes empresas capitalistas.

Eduard Limónov realiza constantemente la operación inversa. Reencuentra en Nueva York una destilación de la corrupción y la falsedad que quería dejar atrás en la Unión Soviética. Soy yo, Édichka se convierte así en algo más modesto pero interesante, el relato de la vida cotidiana de un emigrante judío ruso, derrotado por el desplazamiento cultural y las falsas promesas del capitalismo:

“Un sentimiento que identifiqué como odio de clase penetraba cada vez más profundamente en mi interior. Ni siquiera odiaba tanto a nuestros clientes como a sus personajes, no, básicamente odiaba a toda esa clase de caballeros canosos y bien cuidados. (…) Sobre todo odio este sistema, lo entendí cuando intenté comprender mis sentimientos, el sistema que corrompe a las personas desde su nacimiento. No distinguía entre la URSS y América. No me avergonzaba mi actitud, que el odio se encendiera en mí por una causa tan comprensible y personal: por el engaño de mi mujer. Odiaba el mundo que transformaba a tiernas chicas rusas que escribían versos en seres jodidos por la bebida y las drogas, que hacían de putas para unos millonarios que les exprimían el alma”.