El denominado control de poblaciones de animales está sirviendo para que la caza comercial continúe su negocio en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). Bajo el paragüas del oficialmente llamado Plan de Acción Selectiva, se siguen organizando monterías en las fincas que componen ese espacio con máxima protección medioambiental. El plan que admite la caza se justifica por una "superpoblación" de venados y jabalíes, justo las dos piezas cinegéticas estrella de las monterías.

Esta disposición se une a la polémica generada por la nueva ley de parques nacionales, que el 12 de noviembre el PP aprobó sólo con sus votos y que incluye una cuestionada disposición: una prórroga para que los dueños de los cotos que están dentro de esas joyas ecológicas puedan seguir cazando allí hasta 2020. En realidad la enmienda presentada por el Partido Popular disponía una extensión sine die o compensaciones económicas, pero al final se rebajaron las ventajas para los terratenientes.

En el caso de Monfragüe el filón económico es más modesto, y no está relacionado con los derechos de caza sino con permisos amparados en el exceso de animales en la zona. El plan para 2014 firmado en septiembre por el director técnico del parque, Ángel Rodríguez Martín, establece que "en las fincas privadas, en general, es necesaria una reducción anual importante que sólo puede llevarse a cabo con acciones cinegéticas de control con el fin de eliminar la mayor cantidad posible de jabalí, eliminación de buena parte de ciervos hembra para equilibrar la proporción y de ciervos macho manifiestamente selectivos con el fin de mejorar la calidad de la especie en general".

Los cazadores tienen hasta el 31 de diciembre para completar sus jornadas, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es. Así que no se está perdiendo tiempo. El pasado 28 y 29 de noviembre se cazó en Jaraicejo y Las Cansinas. Para el 7 de diciembre se ha organizado una montería en el entorno de Ventaquemada, y el lunes 8 los rifles buscarán venados y jabalíes en Maluéñez de Arriba. En todas estas cacerías los puestos se han comercializado.

La Consejería de Medio Ambiente no ha contestado las preguntas de este diario acerca del control que ejerce sobre la actividad cinegética en Monfragüe. Sin embargo, en diciembre de 2013, emitió un comunicado en el que decía: "Según estipula la legislación vigente, no se realizan monterías sino acciones de control biológico motivadas por los problemas de tuberculosis que está afectando a parte de la cabaña ganadera". Para este 2014, la jornada del 7 diciembre está anunciada por la empresa organizadora, Caza Planeta, dentro de su calendario de monterías. La del día siguiente está a cargo de la sociedad Monterías de Extremadura y publicitada así: "Gran montería en el Parque Nacional de Monfragüe".

"Trato de favor a los propietarios"

Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura, cuenta que estas cacerías "son un trato de favor a los propietarios" ya que, para él, "la superpoblación es sólo una excusa". Y argumenta que la Junta permite que se abatan venados machos –el trofeo apreciado por los cazadores y que ejerce de reclamo para las monterías–. "No se controla que se vendan puestos en estas acciones promovidas desde el Gobierno". De hecho, algunos de esos puestos asignados a particulares cotizaban a 200 euros en la reventa online horas antes de celebrarse la "gran montería realizada por la Junta de Extremadura en Jaraicejo".  

La ley que convirtió este entorno en parque nacional, "prohíbe la caza con fines comerciales o deportivos estableciendo la posibilidad de que la administración gestora del Parque Nacional, de acuerdo con el PRUG, programe y organice en materia de control de poblaciones o de erradicación de especies exóticas", reconoce el Plan de Acciones. Y luego especifica que lo recomendable es que estas "acciones de control biológico" sean "realizadas, preferiblemente, en días laborables". La jornada proyectada por Monterías de Extremadura en Mauluéñez subraya que será "el próximo lunes 8 de diciembre en el puente".

Allí se han habilitado 35 puestos "a 400 euros" cada uno. Se trata de una finca "con dos terceras partes dentro del parque dedicada exclusivamente para la caza". Según el análisis del promotor, el terreno "está muy preparado para la montería con multitud de caminos y cortaderos limpios". Consiguen, dicen, "retener a una gran cantidad de venados". Calculan que "la probabilidad de cazar un ciervo o un jabalí es del 154,29%".

En Ventaquemada se cazará en domingo. La montería es de 60 puestos a 350 euros cada uno. Allí, según las normas establecidas por la empresa, los cazadores tienen el cupo máximo de dos venados y la prohibición expresa de "tirar a ciervas, varetos [ciervos de un año] y horquillones [ciervos con sólo dos puntas en su cornamenta]". El año pasado, en esa batida se mataron 65 ciervos machos, según el ranking de las mejores jornadas de 2013.

La Federación Nacional de Caza, en un análisis sobre caza y espacios protegidos, reseñaba que la actividad cinegética en las fincas privadas de Monfragüe se producía en 3.000 hectáreas, de las 18.300 totales del parque, con la intención, decían, de hacer "batidas selectivas para ciervas, jabalí y algún que otro macho de ciervo manifiestamente defectuoso". En sus conclusiones pedían cupos anuales para "mantener el equilibrio de las poblaciones y además generar beneficios económicos en estas zonas", argumentando que los gestores del parque creen "compatible la caza dentro de este espacio".

Han dejado de escucharse los ecos del ruido de bombas sobre Gaza, pero los lamentos de los palestinos siguen oyéndose poco. La agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA) declaró el jueves el estado de emergencia en la franja, donde las lluvias son más dañinas, como lo es el frío, porque la destrucción sembrada por la operación que Israel ejecutó el pasado verano acabó con viviendas e infraestructuras. Los bombardeos de Israel mataron a más de 2.200 palestinos. "El bloqueo mata mucho más", asegura Manu Pineda, el activista malagueño que pasó julio y agosto bajo las bombas, como escudo humano, ayudando a evacuar a los heridos, a veces localizando a los muertos bajo los escombros. "El objetivo es que esto no se olvide", resalta. El sábado se celebró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, declarado por la ONU. 2014 es el Año Internacional de la misma causa.

Rodrigo Rato se ha defendido de las acusaciones del informe de los peritos del Banco de España que asegura que maquilló las cuentas de Bankia. El exministro ha explicado que los directivos de la entidad financiera que fue rescatada con dinero público no actuaban "por solitario" sino que estaban controlados por organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "No teníamos la intención de engañar a nadie y las circunstancias lo hacían imposible", ha afirmado.

"No estábamos actuando por solitario, estábamos controlados", ha dicho Rato en una entrevista en Onda Cero. El expresidente de Bankia se ha escudado en que el Banco de España envió una carta a cada una de las entidades que pasaron a formar parte de Bankia tras la fusión en la que detallaba "partida por partida" cuáles eran las "provisiones" a las que tenía que hacer frente.

Además, ha sostenido que esa carta, firmada por el director general de inspección, manifestaba que las cuentas eran "coherentes con la situación de la entidad". "Pueden haber dicho cosas que no son coincidentes con lo que dicen estos señores en el informe", ha añadido.

"No teníamos la intención de engañar a nadie", ha expresado el exvicepresidente económico de José María Aznar, que ha defendido que "las circunstancias lo hacían imposible" por el control al que estaba sometida la entidad financiera con motivo de su fusión.

Rato también se ha referido a las tarjetas black de Caja Madrid cuya existencia reveló eldiario.es. El informe de los peritos remitido a la Audiencia Nacional dice que tanto él como Miguel Blesa las ocultaron porque sabían que sería un "escándalo". El expresidente de Bankia ha dicho que esas visas "estaban en el circuito normal".

"De negras, nada", ha añadido antes de argumentar que no podían serlo porque "se ha difundido" cada uno de los gastos. El juez Andreu solicitó a Bankia los extractos de los plásticos negros. Esos gastos iban se cargaban en cuentas de "errores del servidor informático" o de "gastos de representación".

"En los dos años que estuve de presidente de Caja Madrid no recibí ninguna notificación de que tuviéramos problema" con la cuantificación de esas tarjetas negras, ha explicado Rato, que también ha recordado que la Agencia Tributaria conocía su existencia y no puso ningún reparo.

El mundo que nos rodea está vivo, se queja, genera sonidos. Sonidos que no podemos escuchar pero que están ahí. Sonidos de corrientes ocultas. Sonidos de señales electromagnéticas. En estos momentos hay decenas de ondas cruzando desde una punta a otra de tu habitación. Chocan contigo, van a parar a tu teléfono móvil, lo conectan con tu televisor y con tu ordenador.

Paseas por la calle y ocurre lo mismo, pero, al contrario de lo que podría parecer, esas ondas no son mudas. ¿Quieres saber cómo suenan? Es una mezcla de pitidos, de ruido que recuerda a un transistor buscando señal, de viento, de cacharro estropeado. Escucha:

Es posible que te resulte molesto, indescriptible e inútil, pero hay quien no piensa lo mismo. Su nombre es Frank Swain y él sí puede escuchar el wifi, a pesar de sus problemas auditivos. Para él los sonidos lejanos de la red inalámbrica son como pequeños “clics”, mientras que la señal de su 'router' le suena a melodía. Ha pasado muchos años de su vida investigando nuevas técnicas para mejorar las capacidades humanas y cree que ha llegado la hora de aumentar las suyas propias.

Lo hace gracias aPhantom Terrains, una plataforma creada por Daniel Jones, artista e ingeniero de 'software' que dice tener la intención de “explorar nuevas vías en las que el sonido y la tecnología puedan iluminar nuestra comprensión del mundo”. Jones desarrolló un 'software' capaz de captar las señales inalámbricas y plasmarlas en forma de sonido en tiempo real.

Fue un proceso gradual “y bastante experimental”, basado en explorar las propiedades de esas redes habitualmente ocultas a la vista: desde los datos que identifican al 'router' hasta el país de fabricación o su nivel de seguridad. Todo queda registrado y pasa a ser un sonido más gracias a la representación que el propio Jones hace, una especie de “traducción” de esas propiedades. Una forma de mapear la “sonificación”, como la llama el artista.

Interpretar la realidad

Su objetivo es determinar si realmente es posible conocer un poco mejor el mundo que nos rodea escuchando cada decibelio, incluso los que habitualmente están fuera de nuestro alcance. Dice Swain que cuando una persona utiliza audífonos – como él – puede decidir cuándo amplificar el sonido o suprimirlo. Es una forma de escuchar una“interpretación del mundo que te rodea”, comenta a HojaDeRouter.com. Swain decidió ver hasta dónde podía llevar esa interpretación especialmente porque el wifi es algo que está en todas partes.

Para utilizar la plataforma en su día a día, Swain no necesita más que un iPhone 'hackeado' y unos audífonos. Ese iPhone, conectado a la Red, se encarga de recopilar todos los datos, y gracias al 'software' creado por Jones esos datos se convierten en el sonido que Swain escucha por los audífonos.

Además, incorporan una tecnología que posibilita que el ruido de ese wifi se entremezcle con el sonido ambiente para que Swain se acostumbre a escucharlo y lo normalice. El propio Swain explica a este medio que esta es una buena forma de explorar lo que la audición realmente significa para alguien que usa audífonos. ¿Qué decidirá esa persona que sea parte de su paisaje auditivo? ¿Qué excluirá? Por supuesto, tiene la opción de quedarse en silencio siempre que lo desee.

Aumentar las capacidades y los sentidos

Para Swain, lo más importante es desafiar las ideas que habitualmente la gente tiene acerca de la pérdida de audición. Quiere que se dejen de ver los audífonos como una prótesis y comiencen a verlos como una mejora. ¿Por qué conformarse con ser igual de capaz que todos los demás?“¿Por qué no puedo intentar escuchar mejor que ellos?”, se pregunta.

Al final cualquiera podría utilizar esta tecnología, aunque lo más adecuado sería que lo hicieran personas como Frank Swain y que sirviera especialmente para investigar qué efectos puede tener escuchar esas “señales” de forma diaria para alguien con deficiencia auditiva. “¿Podría llegar a generar un sentido adicional?”, se pregunta Jones.

Sin embargo, no cree que sea algo que se vaya a generalizar en un futuro próximo. Es muy probable que la mayor parte de los usuarios lo vean como algo molesto y poco útil. Ese es uno de los principales retos y dificultades de la herramienta: tal vez para algunos solo genera ruido y no información relevante.

“¿Cómo podemos utilizar la información de los sonidos que nos llegan de las redes?”. Daniel Jones cree que aunque a nivel particular y desde ese punto de vista no sea un elemento necesario, sí que puede serlo para entender la infraestructura de ondas y redes que recorren nuestras ciudades.

Swain lo deja claro: “no pretendemos que este proyecto sea realmente útil para otras personas”. Con que lo sea para él, y para saciar su curiosidad sobre los límites de su audición y cómo superarlos, es suficiente.

¿Qué es lo que escucha Swain? Lo define como un mundo secreto. Siente que puede estar más cerca de la ciudad que cualquier otra persona. Puede sentir una parte de ella. Una parte que otros no pueden experimentar. “Es un mundo privado entre las máquinas y yo”.

Por cierto, el wifi no solo puede ser escuchado: también puede verse. Para eso ambos trabajaron desde el principio con Stefanie Posavec, un ilustrador de datos que crea visualizaciones de los paisajes generados gracias a las conexiones inalámbricas y que fueron muy útiles para esa “sonificación”.

Daniel Jones cree que ‘Phantom Terrains’ enseña mucho acerca de las complejas relaciones entre las personas y las diferentes infraestructuras del terreno urbano. Lugares que pueden ser muy ruidosos para el oído también pueden ser muy tranquilos en términos de datos y de wifi. El metro es un lugar de “paz y serenidad” para quien escucha las ondas, ya que hay muy pocas señales inalámbricas en él.

Las aplicaciones, para Jones, aún están por descubrir pero podrían ser muchas sobre todo para el ámbito de las infraestructuras de redes inalámbricas. Incluso él ha detectado un problema en su 'router' al escuchar la señal de wifi que generaba. ¿Por qué no podría ayudarnos a resolver otros problemas importantes? Si las señales invisibles que nos rodean empiezan a chirriar, tal vez deberíamos tenerlo en cuenta.

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Las imágenes utilizadas para este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Frank Swain, IsaacMao, Daniel Jones y Phantomterrains.com

Salvamento Marítimo ha localizado una patera con 28 personas, entre ellas una menor, que permanecía desaparecida desde aproximadamente las siete de la mañana de este jueves. “Los rescatados informan de que el mar se ha llevado a algunos de sus compañeros durante la travesía”, explican desde la institución humanitaria. El colectivo Caminando Fronteras sospecha estas alcanzan 29 personas, entre ellas ocho bebés.

Una mujer embarazada y un bebé han sido trasladados de forma urgente en helicóptero a Almería por requerir una evacuación inmediata, según Salvamento Marítimo. El resto de personas han sido trasladadas en la embarcación Salvamar Denebola, pero la urgencia de la evacuación de la mujer embarazada y el menor obligó a emplear el Helimer 211 de Salvamento Marítimo para llegar cuanto antes a un hospital almeriense. La desesperación de los familiares de las personas que viajaban en la patera aún no ha cesado: se desconoce los nombres de las personas que han sido rescatadas y los de aquellas que, en su caso, se han quedado en el mar.

“No paramos de recibir llamadas, están muy preocupados. Un hombre ha podido perder a sus tres hijos”, describe angustiada Helena Maleno, activista del colectivo Caminando Fronteras, quien dio el aviso a Salvamento Marítimo de la existencia de la patera desaparecida. Desde el colectivo están prácticamente seguros de que se trata de la patera en la que viajaban en un principio 48 personas y 9 menores. "No tenemos constancia de que hubiese más embarcaciones. Esta era verde, como la que han localizado", explica Maleno. “No perdemos las esperanzas pero en la última comunicación tan solo gritaban”, explicaba este jueves a eldiario.es

Las labores de búsqueda se activaron a primera mañana de este jueves, según informa Salvamento Marítimo. Dos embarcaciones y el helicóptero Helimer 211 de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil rastreó la zona de rescate española, establecida a nivel internacional. El centro de coordinación nacional de Salvamento Marítimo solicitó autorización a Marruecos para buscar también en la zona SAR alauí, petición que aceptó.

La patera, desaparecida hasta este viernes, ha sido localizada por la embarcación Salvamar Denebola, tras el aviso de un buque que había observado la barca en la viajaban decenas de personas en complicadas condiciones desde hace dos días.

La justicia ha vuelto archivar la causa de Consuelo Baudín contra la policía por la agresión que sufrió en el desenlace de la marcha minera en verano de 2012. La mujer, de 56 años, recibió el impacto de una pelota en la espalda, que la dejó un mes y medio en cuidados intensivos. Aunque Baudín afirma haber visto a un antidisturbios sacar su arma y presentó dos testigos que señalan a la policía, el juzgado de instrucción número 29 de Madrid concluye que el impactó que recibió "no debió partir de la policía" y ha acordado el sobreseimiento provisional del caso.

Consuelo Baudín ha recibido la decisión del juez con rabia, aunque admite que ya se lo esperaba. "Desde el principio el juzgado ha querido cerrar este caso", opina. La causa permanece abierta gracias a la insistencia de Consuelo y de su abogado, que recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid después de que el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid archivase la causa por primera vez. El juez admitió que los hechos son "constitutivos de infracción penal" pero, como no podía identificar a los agentes en el vídeo, procedió a archivo del caso. La Audiencia Nacional exigió al juzgado la reapertura del caso el pasado marzo.

"Muriéndose por dentro"

El 11 de julio de 2012, Consuelo Baudín fue sola al Paseo de la Castellana. Quería recibir y aplaudir la entrada de la 'marcha negra' a la capital, los cientos de mineros que en dos grandes columnas llegaron a Madrid para protestar por la retirada de más del 60% de las ayudas al sector del carbón. "Estaba al lado de un grupo de personas con las manos en alto, y vi cómo un policía sacaba su arma. Me di la vuelta y entonces sentí el impacto en la espalda", relató a eldiario.es. A partir de ahí, vagos recuerdos y mucho dolor. El parte del personal del Samur que la atendió anotó: "Refiere estar muriéndose por dentro".

[Agresión a Consuelo Baudín a partir del minuto 1:31 donde se la ve con un vestido].

Ahora la resolución del juzgado, a la que ha tenido acceso eldiario.es, apunta que el vídeo que aportó la acusación no demuestra que el disparo partiese de la policía. "El momento posterior, que se corresponde con el vídeo aportado por la acusación particular donde no se aprecia que los manifestantes agredan a la policía, por lo que no había motivo para que la policía repeliera agresión alguna".

Consuelo resopla. "La declaración de la policía, que acepta el juez, es indignante. Nos dicen que tienen unos protocolos y que no disparan sin motivo. Pues claro. Lo que aquí denunciamos es una irregularidad que se sale de los protocolos", denuncia.

La resolución apunta que "ha sido determinante la declaración testifical prestado por Javier Nogueroles". Nogueroles, jefe de la UIP en la capital en el momento de la agresión, acudió a declarar desde Melilla donde está destinado en la actualidad, como 'número dos' de la Jefatura Superior de la ciudad autónoma.

El juzgado número 29 recoge también la versión de Nogueroles, de que "a los policías también les tiraron pelotas de hierro que imitaban a las de goma de la policía", y señala que "no puede concretarse quién realizó el impacto que alcanzó a la denunciante".

Baudín no confía en las declaraciones de la policía ni en los informes de sus peritos, por lo quiere presentar un contrainforme elaborado por peritos particulares. "Que me va a costar 1.500 euros", lamenta. La mujer insiste en que no va a dar marcha atrás: "Voy a llegar hasta el final, hasta Estrasburgo si hace falta, pero esto no se queda así. No es solo por mí, que estuve a punto de morir, es por el resto de la gente. No nos pueden tratar así cuando salimos a la calle a protestar".

El Consejo Ciudadano de Podemos aprobó el pasado sábado un documento que servirá de guía para que las asambleas locales aborden la estrategia de pactos preelectorales en las elecciones municipales de mayo de 2015. El texto reitera las líneas rojas que el partido de Pablo Iglesias no pasará a la hora de apoyar candidaturas ciudadanas y advierte a sus incipientes nódulos locales de que analicen caso a caso cada iniciativa y no ofrezcan su cobertura solo en función del nombre. El documento cita expresamente a Ganemos y a las Mareas, como se denominan en Galicia.

“No es un no a Ganemos”, ha asegurado un portavoz de Podemos a eldiario.es. “Cada asamblea local decidirá”. “La diversidad de tejidos organizativos y realidades sociales en el nivel local hace difícil establecer criterios válidos para todos los casos”, señala el documento aprobado el pasado 29 de noviembre por el Consejo Ciudadano, el principal órgano entre asambleas de Podemos, aunque añade: “Este documento evita hablar de requisitos o condiciones vinculantes para todos”.

Sí reitera las directrices ya conocidas: primarias abiertas para todas las posiciones de la lista y preferencia por las agrupaciones de electores. Pero advierte del riesgo de apoyar candidaturas solo por su nombre sin estudiar si cumple los requisitos aprobados por el partido. “Bastaría con que se produjese un sólo caso de corrupción en el Ganemos/Marea de un municipio, para que todos los demás tuviesen que dar explicaciones sobre el caso, aun cuando no mantengan ninguna vinculación orgánica ni política con esa agrupación”, señala el texto.

Ya durante el encuentro de Vistalegre el equipo que lideraba Pablo Iglesias y que fue finalmente elegido para dirigir Podemos hacía estas mismas advertencias. Entonces fue Íñigo Errejón quien defendió ante las miles de personas que llenaban el recinto que no todos los Ganemos tendrían la aprobación y apoyo de Podemos.

La referencia a Ganemos no es gratuita. El proyecto nacido en Barcelona bajo la marca 'Guanyem' se ha extendido por toda España aunque la relación entre ellos no va más allá de la coincidencia del nombre. El miedo expreso de Podemos es que se utilice la marca 'Ganemos' para “dar continuidad a la vieja política”. “En ocasiones no será fácil distinguir las iniciativas municipales de unidad popular de otras fórmulas que, con apariencia de nueva política, reproduzcan viejas prácticas”, alerta en otro momento.

Podemos llama a evitar “la creación de nuevas marcas comunes a varios territorios [...] podría dar a entender que existen proyectos políticos unitarios donde realmente sólo existe un nombre común”, y advierte que esto “podría terminar generando el mismo coste que tratamos de evitar renunciando a concurrir con papeleta propia”. El partido de Pablo Iglesias ha renunciado a concurrir a las municipales con su propia marca para no mancharla con posibles escándalos ante la imposibilidad material de controlar los procesos de elaboración de listas en los más de 8.000 ayuntamientos.

El partido que dirige Pablo Iglesias insiste también en su preferencia por las agrupaciones de electores, uno de los principales escollos para que cuajen los Ganemos. Sin ir más lejos, Guanyem Barcelona ya ha decidido que concurrirá a las municipales como coalición o como partido político, no como agrupación. Uno de los portavoces de Guanyem Barcelona es Jaume Asens, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos.

Podemos reconoce que optar por las agrupaciones limitaría sus posibilidades de entrar en las Diputaciones Provinciales, “un coste que entendemos que es asumible”, asegura el documento, “especialmente si tenemos en cuenta que las diputaciones que poseen mayor capacidad de gestión de recursos –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y los cabildos insulares– están sometidas a regímenes propios y, por tanto, es posible concurrir directamente al proceso electoral a través de agrupaciones de electores provinciales”.

El documento se ha aprobado después de que dos iniciativas Ganemos ya hayan sido rechazadas por Podemos. La primera ocurrió en Málaga, que se ha partido en dos. La segunda, en Asturias, donde Xuacu Rodríguez, miembro del Consejo Ciudadano del partido, propone apadrinar candidaturas municipales bajo la marcha 'Somos Asturias'.

El salto autonómico

Otra de las cuestiones que plantea el documento para no apoyar de forma generalizada las candidaturas con la denominación común de Ganemos/Mareas es que algunos ya se han planteado formular candidaturas a las elecciones autonómicas, comicios a los que Podemos sí concurrirá con su propia marca y en solitario.

El texto apela a los seguidores de Podemos a “centrar todos nuestros esfuerzos en aquellos comicios, los autonómicos y generales, en los que Podemos sí presentará candidaturas propias”. Y alerta: “Bastaría con que dos Ganemos/Marea/etc. propusiesen la formación de un partido a nivel autonómico o estatal, para que todas las iniciativas municipalistas del mismo nombre se viesen obligadas a vincularse o desvincularse públicamente en un contexto informativo no necesariamente amable”.

Esta limitación veta la presencia de Podemos en las iniciativas autonómicas como Ganemos Región de Murcia. Y entra de lleno en el debate que se está produciendo en otros proyectos, como Ganemos Madrid, donde se discute si se debería dar o no el salto.

Un portavoz de Ganemos Madrid ha asegurado a eldiario.es que “no hay nada decidido” al respecto y que el debate se trasladará al Plenario que se celebrará el próximo 20 de diciembre, aunque no se tomará ninguna decisión al respecto. También se debatirá qué fórmula jurídica se elige.

“Sería irresponsable lanzar un proyecto autonómico desde Ganemos Madrid sin tener en cuenta otros procesos municipales de la región. Estamos haciendo un mapeo de lo que está ocurriendo en otros sitios y, cuando lo concluyamos, haremos un encuentro entre todos para ver qué hacemos”, ha señalado el mismo portavoz.

El informe de los peritos del Banco de España con el maquillaje de las cuentas de Bankia para salir a bolsa servirá para que la acusación popular, ejercida por UPyD, pida la imputación de los responsables de los organismos supervisores que permitieron a Rodrigo Rato y su equipo consumar el engaño. En su solicitud al juez, la formación magenta incluirá dos nombres: Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Julio Segura, los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), nombrados por el Gobierno socialista.

“Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración, o al menos la omisión, del Banco de España”, declaró hoy el abogado de UPyD y responsable de Regeneración Democrática en el partido, Andrés Herzog. El letrado valoró muy positivamente el contenido del informe, con una salvedad, la escasa responsabilidad que los dos peritos, nombrados por el Banco de España, atribuyen al organismo en el que trabajan.

Herzog dijo que la responsabilidad del Banco de España y la CNMV emana de la “politización” en la que el PP y el PSOE han sumido esos organismos. Por ejemplo, se preguntó por qué en tiempos de Zapatero no se valoró que Bankia saliera a bolsa con una ayuda del Estado, a través del FROB, y se optó por captar a pequeños inversores. Y él mismo contestó: “Era una estrategia incompatible con el discurso de Zapatero de que España tenía el sistema financiero más solvente y se prefirió engañar a miles de personas”, añadió.

De las afirmaciones recogidas en las 410 páginas de informe aparece otra responsabilidad clara, a juicio de UPyD: la auditora Deloitte, de cuyo socio responsable para Bankia, Francisco Celma, el partido pedirá que declare como imputado. La auditora avaló las cuentas de la entidad, que se han demostrado falseadas.

Además de las imputaciones de MAFO y Segura, la acusación popular quiere que vuelva a declarar Rodrigo Rato, quien pasó por el juzgado hace ya más de dos años. Preguntado acerca de las cartas del Banco de España que Rato ha dicho tener en su poder avalando su estrategia, Herzog preguntó “a qué está esperando” para ponerlas a disposición del juez Fernando Andreu, después de tanto tiempo de instrucción. “Lo tenía que haber aportado el primer día”, aseguró, para añadir que presentar un supuesto aval del supervisor es “muy pobre argumento” para intentar orillar su responsabilidad.

En cuanto a las tarjetas 'black’, UPyD cree que es el momento de imputar y citar a declarar a todos los usuarios de las tarjetas, una vez conocido el contenido del informe de los peritos.

La "responsabilidad política" de Goirigolzarri

Herzog también se refirió a las alusiones que el informe hace del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Considera que el reproche “no es comparable” al que se puede hacer a Rato, pero destacó que “encubrió, disimuló y dulcificó la gestión” de su predecesor, por lo que debería declarar, al menos, como testigo. “Le pusieron ahí las cajas de ahorro, pero le mantiene ahí el propio Estado a través del FROB”, dijo de Goirigolzarri. Durante su mandato, Bankia ha colaborado lo justo con la investigación, y solo a requerimiento del juez, se quejó. En principio, la de Goirigolzarri sería “responsabilidad política”, al igual que la tienen la exministra de Economía Elena Salgado y el actual titular de la cartera, Luis de Guindos. A pesar de ello, UPyD no descarta que, según avance la instrucción, esa responsabilidad política mute en otra de tipo penal.

La próxima cita en el juzgado tendrá lugar del 12 de enero. Esa y las cuatro jornadas siguientes, los dos peritos tendrán que defender su informe de los ataques que los abogados de los imputados realicen en forma de preguntas. Nuevas declaraciones de testigos –entre ellos, los administradores de las empresas financiadas por Bankia que compraron acciones– y diligencias varias podrían retrasar el juicio oral hasta la segunda mitad de 2015, según el cálculo del abogado de UPyD.

Desde ayer, dijo Herzog, “hay fundadas esperanzas de que los afectados recuperen su dinero”. “Ya no es una quimera, es realmente factible”, aseguró. El abogado prevé una “avalancha” de nuevos perjudicados que acudirán a los tribunales con el informe de los peritos en la mano, sin perjuicio de los que lo utilicen en la vía civil.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros para cargar contra el PSOE por haber lanzado una propuesta "inconcreta" de reforma de la Constitución. La número dos de Mariano Rajoy en el Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones que para cambiar la Carta Magna es necesario saber qué se quiere hacer y con qué consenso se cuenta. A su juicio, los socialistas no han tenido en cuenta ninguna de estas cuestiones. 

En la víspera del aniversario del texto constitucional, Sáenz de Santamaría ha elogiado la Constitución al asegurar que permitió que en España haya un "Estado de derecho". En relación a la propuesta de reformarla, el Gobierno evita dar una respuesta concreta y aprovecha para atacar al PSOE: "No ha sido capaz de poner una propuesta encima de la mesa", ha afirmado. 

Además, ha ridiculizado el texto que registró Pedro Sánchez este miércoles para pedir la creación de una subcomisión constitucional que empiece a estudiar esa posible reforma: "Es un párrafo", ha expresado. "Con un párrafo no se modifica la Constitución", ha añadido.

El líder del PSOE registró esa petición, que viene acompañada de una exposición de motivos de cuatro páginas en la que plantea que se completen los derechos y libertades recogidos en la Carta Magna, la eliminación de privilegios como los aforamientos y la revisión del modelos de organización territorial con una perspectiva federal. 

"Creo que esto es un asunto lo suficientemente serio como para que nazca con una posición mucho más clara", ha continuado la vicepresidenta, que ha emplazado a los socialistas a tener "los pies en el suelo". "Hacer discursos es más o menos fácil, aunque tienes que ser coherente; pero para la reforma se necesita más que un discurso, se necesitan propuestas", ha asegurado Sáenz de Santamaría, que considera que los socialistas no han podido establecer una "definición" en sus "propias filas". 

Además, ha acusado a Sánchez de haber propuesto únicamente "derogar" el artículo 135, que el PSOE modificó con el apoyo del PP en en el verano de 2011. "Hay voluntades de pacto que no tienen y otras que rectifican tiempo después", ha señalado tras reprochar a los socialistas que hayan cerrado la puerta a llegar a un consenso sobre las medidas de regeneración democrática que ha presentando Rajoy. Sánchez se negó durante el debate en el Congreso: "Abandone toda esperanza", le dijo al presidente: "No son de fiar". 

La vicepresidenta también se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la reducción del número de diputados en el Parlamento de Castilla-La Mancha que aprobó María Dolores de Cospedal. "Es una medida que nosotros propugnábamos", ha señalado en relación a las propuestas del PP en materia de "austeridad".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha indicado este viernes que percibe un "excelente clima" en el seno de la Unión Europea para adoptar cambios legislativos que ayuden a lograr que la tributación de las multinacionales se haga en el territorio donde ejercen actividad y generan beneficios.

"El Gobierno español va a ser muy activo y proactivo en esta materia para promover ese cambio", ha asegurado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntado por la opinión del Ejecutivo respecto a la 'tasa Google', con la que el Gobierno británico pretende evitar que las grandes compañías utilicen sus complejas estructuras internacionales para tributar por lo que ganan en Reino Unido.

Montoro ha asegurado que el Gobierno español "está en ello, lo estamos desde hace tiempo", pero ha matizado que cualquier cambio en este sentido debe ser adoptado en el seno de la Unión Europea.

El ministro de Hacienda ha recordado que, tal y como explicó recientemente en el Congreso de Diputados con motivo de una interpelación, el Gobierno español participa "activamente" con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el procedimiento conocido como Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, por sus siglas en inglés), que se orienta a lograr que estas multinacionales tributen en los países donde se desarrolla su actividad.

"Es una materia que llevará el presidente de Gobierno (Mariano Rajoy) al próximo Consejo Europeo, no solo sumándose, sino haciendo aportaciones propias para poder dar ese paso, que es muy importante", ha asegurado Montoro.

El Ministro ha matizado que "desgraciadamente" este comportamiento es "bastante antiguo". "Ahora hay que dar el paso con un cambio legislativo en el ámbito del impuesto de sociedades", ha manifestado Montoro, quien ha apostillado que esta actuación debe hacerse de forma "coordinada" con todos países miembros de la Unión Europea.

El ministro británico de Finanzas, George Osborne, anunció el miércoles la introducción de un nuevo impuesto que gravará en un 25% los beneficios generados por la actividad en territorio británico de las multinacionales que "artificialmente" llevan fuera del país y que popularmente ya se conoce como 'tasa Google'.

Con esta medida, el Gobierno británico pretende poner coto a las prácticas de optimización fiscal llevadas a cabo por empresas como Starbucks, Amazon o Google, que aprovechan complejas estructuras y acuerdos fiscales con otros países como Irlanda o Luxemburgo para reducir su factura fiscal.

Dos años después de su última edición, el Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), celebrado esta semana en Madrid, ha refrendado la tendencia del sector: la clave es la economía digital y sus ingredientes principales, nuestros datos. Ese es el petróleo, el nuevo maná que buscan casi todos los expositores que se han dado cita en la Feria a la que han acudido más de 4.000 visitantes. Además de los famosos wearables –aparatos tecnológicos para la ropa y el cuerpo- el hype son los social media: las empresas que gestionan las cifras que dictaminan cómo nos comportamos.

“Sí, este año abundan las empresas de marketing digital. Esto es porque todo el mundo busca clientes, y lo que quieren es conseguir una mayor personalización de sus usuarios para maximizar sus ventas”, reconoce a este diario Santiago Muñoz, ejecutivo de ventas de la empresa española Pragsis, encargada de gestión de big data, y que tiene entre sus clientes a empresas como ONO. En el mismo sentido se expresa Manuel Gómez, de 44Screens Spain, una empresa que desarrolla productos de realidad aumentada: “Además, ahora están entrando en marketing digital sectores que antes no estaban como sanidad, farmacia o cultura. Se ha abierto el marco de los contenidos digitales”.

Durante la feria se han podido conocer diferentes herramientas que ya se utilizan para el análisis de datos. “Y es verdad que algunas asustan”, como reconoce Daniel Rubio, manager de Hydra Social Media.  Entre ellas, por ejemplo, la clickstream, que capta el recorrido que haces en una web a través de los clicks, y que ha sido utilizada por ONO para saber qué buscan exactamente sus usuarios. “Esto maximiza mucho los ratios de conversión”, señala Santiago Muñoz. También existen los motores de recomendación mediante los cuales las webs aprenden lo que hace el usuario y puede servir para que, por ejemplo, un periódico online sepa si el lector entra siempre en las noticias nacionales y sean estas las que se le ofrezcan nada más abrir la página.

La venta cruzada se utiliza para recomendar al usuario compras que hicieron usuarios anteriores. Se suele usar en tiendas online de ropa ya que le puede indicar a un cliente que un determinado vestido otro cliente lo ha combinado con unos determinados zapatos. Es una forma de maximizar ventas y fidelizar al comprador.

No se pueden obviar tampoco los canales de comunicación. Entre ellos el llamado real marketing monitoring que dicta en tiempo real las reacciones de los consumidores a una campaña online o el instore analytics, que monitoriza el comportamiento del cliente en tiempo real.

Precisamente, una de las presencias más interesantes en este Foro fue la de Urs Cete, director ejecutivo del área de inversión en digital media del Grupo Bertelsmann. Este grupo mediático ha invertido recientemente en varios proyectos de análisis de datos como la catalana Whisbi, que está cambiando los usos de la atención al cliente y Traity, una red que tiene más de 4,5 millones de usuarios y que ayuda a valorar la reputación de otros usuarios teniendo como base la confianza. Otros son la también catalana Marfeel, que optimiza la lectura y la conversión de anuncios, y Nonabox, que comercializa productos para bebés. Y este es, para él, el futuro de la economía digital.

“Desde luego todo esto es un moda, pero que viene para quedarse y ahora mismo es una oportunidad de negocio bastante grande. Es evidente que los datos en sí mismo no valen nada, pero, como hace Jeff Bezos [dueño de Amazon], es mejor guardarlos, por si acaso sí se convierten en una nueva moneda”, añade Muñoz.

La privacidad: "Tú eliges hasta dónde"

No obstante, como siempre que se habla de datos del usuario, también se habla de privacidad. ¿Hasta qué punto una empresa puede controlarnos tanto? “Es verdad que ahora se está apostando mucho por esto, y hay que tener cuidado porque entras en juego con la privacidad. Es una línea fina”, admite Muñoz. Para otros, el verdadero asunto es cómo el usuario utiliza las herramientas tecnológicas, desde las redes sociales hasta cada vez que entra en una página web.

“A ti te conocen hasta donde tú quieres. Yo creo que cada uno es responsable”, sostiene Daniel Rubio, de Hydra, empresa que ha trabajado en la estrategia digital de Starbucks y del Instituto de Empresa (IE). Eso sí, reconoce que empieza a haber herramientas que pueden resultar bastante sorprendentes, “pero también se han mostrado cosas muy interesantes y útiles”.

De hecho, en esta feria también ha habido cabida para otros temas como el periodismo online, seminario en el que participaron Ignacio Escolar, director de eldiario.es; Borja Bergareche, director de innovación editorial del grupo Vocento; Montserrat Domínguez, directora editorial de El Huffington Post y Gastón Roitberg, editor de La Nación.

Curiosamente, en este debate también cobraron mucha importancia los datos. Domínguez manifestó que en las redacciones es necesario que haya analistas de datos para poder distribuir mejor los contenidos. Y ninguno se olvidó de las redes sociales, el nuevo “régimen parlamentario”, según Escolar, y por donde están entrando los lectores en la actualidad. Como reconoció Bergareche, hasta un 20% de su audiencia entra por Facebook.

La televisión del futuro con más implicaciones en la red, herramientas tecnológicas para los trabajos, realidad virtual o nuevas iniciativas en el sector editorial fueron también otros asuntos que se abordaron en este FICOD al que, no obstante, quizá le faltó un punto de internacionalización para ver qué se cuece fuera de nuestras fronteras. Lo que quedó claro es la tendencia de las empresas: todos quieren tus datos.

La plaza que ocupa el juez Ruz en la Audiencia Nacional sale a concurso. Como adelantó eldiario.es este jueves, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobará el próximo día 9 la convocatoria de nuevos puestos para sustituir a los jueces sustitutos que desempeñan sus labores en comisión de servicios. Por cuestiones de antigüedad, Ruz no cuenta con ninguna posibilidad de ganar esa plaza si se presentara al concurso, por lo que su salida del juzgado tiene fecha marcada: entre febrero y marzo del próximo año.

La decisión que adoptará el Consejo, impulsada por su presidente, Carlos Lesmes, impide a Ruz solicitar la prórroga para continuar en su juzgado hasta finales de junio.

Sabedor de la polémica que puede generar la caída de Pablo Ruz, el CGPJ ha diseñado una fórmula para evitar las críticas. A través de una nota de prensa, el Consejo informa de que Ruz podría seguir en su juzgado si lo solicita pero solo como juez de apoyo a las órdenes de quien gane el concurso para quedarse con su plaza.

Según la nota de prensa facilitada por el CGPJ la propuesta de acuerdo contempla que a partir de ese momento "los magistrados que se ocupen de causas de especial relevancia puedan solicitar continuar en sus destinos como jueces de refuerzo hasta finalizar estos procedimientos, para lo que se les concedería una nueva comisión de servicio".

En el caso de Ruz, las causas de especial relevancia en el fin de la fase de instrucción son Gürtel y Papeles de Bárcenas. Si el magistrado accede a convertirse en juez de refuerzo su solicitud deberá enviarla a la comisión permanente del CGPJ, el mismo organismo que el próximo martes decide sacar su plaza a concurso.

La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que del presidente, Carlos Lesmes. Esta mayoría, además, se verá reforzada en la próxima sesión tras la salida de Mercè Pigem, la vocal a propuesta de CiU que abandonó la semana pasada el organismo tras conocerse que había entrado en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.

La decisión de sacar la plaza de Ruz a concurso se toma sin atender a la petición de los vocales progresistas que han solicitado que el debate tenga lugar en el pleno del CGPJ (órgano más amplio) y no en la comisión permanente. Según fuentes del Consejo, la solicitud de los vocales progresistas no ha llegado a tiempo para ser incluida en el orden del día de la permanente por lo que no podrá ser debatida a tiempo para causar efecto alguno.

El instructor del expediente informativo abierto por la Universidad de Málaga (UMA) al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, argumenta su decisión de suspenderle provisionalmente de sus funciones por dos "faltas disciplinarias" derivadas de "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato como investigador y de "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia".

Así lo refleja el expediente elevado a la rectora de la UMA, de nueve páginas de extensión y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor, Enrique Guerra, llega a señalar que el responsable del proyecto de investigación, Alberto Montero, —también objeto de expediente disciplinario— aporta como prueba del trabajo de Errejón un pen-drive en el que "existen ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo, momento en que fue contratado Errejón", por lo que considera "necesario y conveniente" que este extremo sea valorado por especialistas del Servicio Central de Informática de la UMA.

En relación al lugar físico desde donde Errejón ha realizado los trabajos del proyecto de investigación, se destaca en el expediente que la cláusula 5º del contrato firmado contempla la posibilidad de ejecutar trabajos en un "lugar distinto" al centro de trabajo habitual, —la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA— "sin que ello desvirtúe la naturaleza del presente contrato, ya que dichos trabajos serán necesarios e imprescindibles para el proyecto de investigación".

El propio Errejón comunicó al instructor, según recoge el informe, que habitualmente desarrolla su trabajo en Madrid, "en virtud de un permiso verbal del director del proyecto de investigación". En concreto, detalló que suele trabajar en su domicilio, en bibliotecas públicas y en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

El director del proyecto justificó por su parte ante el instructor que Errejón desarrollase sus trabajos desde Madrid por "el acceso a bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga, especialmente en lo que a datos no digitalizados sobre censos de vivienda se refiere, y por la posibilidad de contactar directamente con actores implicados en la defensa del derecho a la vivienda".

Si bien, el instructor del expediente considera que si la presencia de Errejón en Madrid durante toda la vigencia del contrato hubiera sido "necesaria e imprescindible" para el proyecto como consecuencia de la ubicación de las bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga y de la necesidad de contactar con colectivos, "esta circunstancia debería haber sido prevista en la convocatoria del preceptivo concurso, haciendo constar el correspondiente lugar de trabajo en Madrid".

No basta la autorización verbal

Al hilo de ello, añade que, en el caso de que esta circunstancia hubiera sido "sobrevenida", el cambio de adscripción del lugar de trabajo de Errejón, "el cual se ha producido de hecho, no puede resolverse con una mera autorización del investigador principal y responsable del proyecto, toda vez que el lugar de trabajo es un elemento básico de la convocatoria y del contrato de trabajo suscrito".

"Quien suscribe entiende que no puede modificarse mediante una simple autorización del investigador principal uno o algunos de los elementos esenciales de un acto administrativo y contractual dictado por el órgano competente para ello, que en este caso concreto es la vicerrectora de Investigación y Transferencia por delegación de la rectora de esta universidad", apunta el instructor.

En el caso de que se produzcan unas circunstancias sobrevenidas que determinen la necesidad de cambiar un elemento básico del contrato como es la ubicación del lugar del trabajo, el instructor señala que hay que actuar de acuerdo con el Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad de Málaga.

Respecto a la incompatibilidad, el instructor apunta que la ley de incompatibilidades establece que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de incompatibilidad y que quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad pública deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.

En este punto, señala que Errejón le comunicó que recibía otra remuneración económica de pagador distinto a la UMA, en concepto de honorarios por la emisión de dos informes relacionados con las pasadas elecciones europeas, por importe total aproximado de 6.000 euros, y que no había solicitado a la universidad autorización para poder compatibilizar el desarrollo del contrato con otro tipo de actividades remuneradas, extremo que ha sido ratificado por la vicerrectora de Investigación y Transferencia.

Posible expediente al director del proyecto

El instructor propone además la incoación de un expediente disciplinario al director del proyecto de investigación por considerar que pudieran ser susceptibles de calificarse como "faltas disciplinarias" el haber permitido que Errejón no haya desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas establecidas en el contrato, y su "inobservancia" de lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad de Málaga.

Tras la apertura de este procedimiento disciplinario, y una vez que se escuche al responsable de la Secretaría Política de Podemos y al profesor colaborador de la UMA, si se demuestran los hechos denunciados, se adoptarán las correspondientes sanciones.

Errejón, contratado hasta el 16 de diciembre como investigador externo, cuenta con diez días para presentar alegaciones contra la resolución de la UMA de suspensión de empleo y sueldo.

En el caso de la incoación del expediente disciplinario, el responsable de la Secretaría Política de Podemos y el profesor colaborador de la UMA disponen de un mes para presentar un recurso de reposición ante la rectora o bien ante la vía contencioso-administrativa.

El contrato como investigador de Errejón para el desarrollo del proyecto denominado 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', que financia la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros.

Desde que saltó la polémica han sido muchos los que se han pronunciado al respecto. Entre ellos, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien dijo que a Errejón se le tiene que aplicar "la misma vara de medir" que al resto de políticos en relación con el uso de los recursos públicos, por lo que si se demuestra que el cumplimiento del contrato no ha sido correcto, "tendrá que devolver el dinero como cualquier otra entidad en una situación similar".

Por su parte, el profesor que dirige este proyecto de investigación, al igual que otros responsables de Podemos, defendió que esta polémica responde a "una ofensiva de grupos políticos temerosos del ascenso" de dicha formación.

Tras una reunión de seguimiento del proyecto, que debe concluir en junio de 2015, la Consejería de Fomento y Vivienda cifró el pasado 25 de noviembre en un 53 por ciento su grado de ejecución.

El Ministerio del Interior podrá realizar escuchas de las comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad sin pedir autorización previa de un juez, como es necesario en la actualidad, "en casos de urgencia".

Esta novedad figura en el capítulo de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado hoy el Gobierno y al que ha tenido acceso Efe.

El Gobierno quiere que el ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, puedan acordar "la medida de investigación pertinente" consistente en la intervención, pero "comunicándolo inmediatamente" al juez y, en todo caso, "dentro del plazo máximo de 24 horas".

De cualquier forma, el ministro o el secretario de Estado deben hacer constar "las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado", según el artículo 588 bis d 4 del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia en el caso de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.

La previsión es que el ministro de Interior pueda ordenar interceptar este tipo de comunicaciones "cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención".

En todo caso, el juez competente tendrá que resolver si revoca o confirma tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.

Además de las intervenciones telefónicas y telemáticas, el ministro del Interior podrá también acordar la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica sin autorización previa de la autoridad judicial.

El proyecto de Justicia establece que la intervención de las comunicaciones esté siempre relacionada con la investigación de delitos concretos y prohíbe las "intervenciones prospectivas sobre la conducta de una persona o grupo".

Es decir, prohíbe el control indiscriminado de las comunicaciones como es práctica habitual de algunos servicios secretos de inteligencia.

En este sentido, la reforma también contempla que los "terminales o sistemas de comunicación" que sean objetos de intervención "han de ser aquellos ocasional o habitualmente utilizados" por la persona investigada.

Esta medida, por tanto, tampoco ampara la intervención de aparatos telefónicos en masa, como por ejemplo, todas las cabinas telefónicas de un municipio para captar una llamada que se sospecha que se va a producir a través de una de ellas, como ha ocurrido en alguna operación antiterrorista llevada a cabo en el País Vasco.

El 36 aniversario de la Constitución se cumple este sábado en pleno debate sobre qué hacer con ella. Unos partidos quieren retocarla, otros propugnan partir de cero y afrontar un verdadero proceso constituyente y también hay quienes la consideran inservible porque no se reflejan en ella. Frente a todos, el PP defiende que está plenamente vigente y no es necesario cambiarla.

PP: ¿Qué se quiere hacer, para qué y con quién?

"Hemos vivido con ella 30 años y espero que vivamos muchos más" decía Mariano Rajoy en 2008 en su elogio a la ley fundamental. Aun así, admitía que la defensa del texto era compatible con someterlo a reformas. "Alguna habrá que hacer", reconocía el entonces líder de la oposición. Se refería fundamentalmente a su disposición a hablar de una reforma del Senado y a cambiar el título 57, que antepone al hombre frente a la mujer en cuanto a la herencia de la Corona. Pese a estar dispuestos a estos retoques, el actual Gobierno y su partido siempre se han negado a reformarla solo para esos dos aspectos.

El último portazo de los conservadores a los intentos del PSOE de reformar la Carta Magna ha quedado claro con la negativa del PP a que se abra una subcomisión en el Parlamento para debatirla. Mariano Rajoy ya le había contestado que no unas horas antes, cuando Pedro Sánchez le había llamado por teléfono para contarle sus intenciones. Aun así, el socialista registraba este jueves en el Congreso la petición.

Hacia un Estado federal

La voluntad del PSOE de reformar la Carta Magna y apostar por un Estado federal quedaron consignados en julio de 2013 en la llamada Declaración de Granada. En las trece páginas del documento, los socialistas enuncian sus propuestas para incorporar el mapa autonómico, delimitar las competencias del Estado y de las CCAA, incorporar los hechos diferenciales y singularidades y modificar el sistema de financiación.

Las intenciones de los socialistas pasan también por que el texto recoja la sanidad y la protección social como derechos fundamentales y asegure otros servicios básicos como la educación y las pensiones. Además, pretenden cambiar el control de los estatutos de autonomía para impedir que el Tribunal Constitucional pueda anular parte de un estatuto ya aprobado por los ciudadanos en las urnas, como sucedió con el catalán. Convertir el Senado en una verdadera cámara de representación autonómica y no dejarlo, como ahora, en una de segunda lectura es otra de las ideas que comparten la mayoría, pero que lleva años sin pasar de mera propuesta.

La mayor novedad desde que difundieron el documento es la marcha atrás en cuanto al artículo 135, que reformaron de forma exprés PSOE y PP para blindar el techo de gasto en agosto de 2011. Sánchez no lo considera una derogación en sí sino un retoque para dar prioridad a los servicios públicos en vez de al pago de la deuda.

Partidarios de un proceso constituyente

Cada vez son más las formaciones que no ven suficiente someter el texto a reformas sino que reclaman empezar de nuevo y no partir de lo acordado en 1978. Partidarios de un nuevo proceso a partir de unas elecciones que den lugar a una Asamblea Constituyente que después redacte una nueva Constitución para someterla a votación en un referéndum.

Este modelo, defendido por partidos como IU, ICV, Podemos, Equo, Compromís, BNG y Amaiur, pretende no circunscribir la discusión del texto a los partidos sino abrirla a todos los ciudadanos para que participen y se sientan más identificados con la Ley Fundamental.

Entre las ideas que estas formaciones tienen claras, figura un modelo federal que reconozca que el Estado español es plurinacional. Por lo tanto, todas las singularidades sean culturales, institucionales o lingüísticas deberían quedar reflejadas. También, una redacción clara que especifique que servicios básicos como la educación, la sanidad, pensiones y la atención social son un derecho fundamental de los ciudadanos.

Inútil para nacionalistas e independentistas

Los partidos de corte nacionalista ven con buenos ojos que se abra el debate aunque reconocen que sus planes superan la mera reforma y han dejado de sentirse representados por la Constitución por sus aspiraciones soberanistas. CiU y PNV reclaman que la ley reconozca a Cataluña y Euskadi como naciones como punto de partida para discutir otras cuestiones y no aceptan ningún cambio que no pase antes por ello.

Los representantes de CiU, PNV y ERC llevan desde 2010 sin acudir a la recepción que organiza el Congreso. La sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó partes del Estatut de Cataluña provocó el plante, que se ha mantenido hasta ahora. La voluntad de independizarse completamente en el caso de los partidos catalanes considera insuficiente la propuesta socialista de llegar antes a un acuerdo sobre la arquitectura territorial en la Constitución y después refrendarla en una votación. En el caso del PNV también son claros: no pasan por ninguna reforma que no consagre a Euskadi como nación. 

UPyD: Competencias estatales contra la desigualdad

Para los de Rosa Díez, la Constitución del 78 no logró cerrar el modelo territorial español y, como consecuencia, se han producido problemas de desigualdad y de buena convivencia. Partidarios de reformar la Carta Magna para llegar a un Estado federal fuerte, en UPyD consideran imprescindible que varias competencias autonómicas vuelvan al Gobierno central para garantizar la igualdad de todos los españoles. Entre ellas, citan las de educación, sanidad, justicia, medio ambiente, representación internacional, defensa, protección civil y recursos naturales.

Su modelo pasa por eliminar todas las alusiones a los derechos históricos de las comunidades y suprimir la distinción entre nacionalidades y regiones además de elevar a dos tercios la mayoría necesaria en las Cámaras para reformar los Estatutos de Autonomía. Entre sus aspiraciones, también está la de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad y acabar con las Diputaciones. 

Agentes de la Policía Nacional de Granada han pedido declarar como testigos protegidos alegando que la participación de dos abogados defensores en las mismas movilizaciones que los activistas a los que representan podría poner en peligro el anonimato de los agentes y comprometer su trabajo.

Nacieron, crecieron, se reprodujeron (masivamente) y... ¿cuál es el siguiente paso? Los MOOC (Masive Online Open Course, cursos online, masivos y abiertos) llegaron para revolucionar la educación superior con la premisa de que cualquiera —con acceso regular a internet— podría formarse de manera gratuita en las más prestigiosas universidades del mundo.

Era un caramelo goloso y en pocos años sufrieron un boom notable. Se multiplicó la oferta. Existen MOOC de todas las materias imaginables. Los usuarios se cuentan por millones sólo en España, que abrazó el fenómeno con entusiasmo: uno de cada tres MOOC de los 770 que a día de hoy ofrece Open Education Europa, el portal web de la Comisión Europea, pertenece a nuestro país. Se llegó a decir que eran el futuro de la educación.

Pero a la vez que se desarrollaban fueron asomando sus carencias y surgieron las críticas. Demasiados abandonos (se calcula que el 90% de los que se inscriben en un curso no llegan a terminarlo), que tengan en algunos casos un carácter mercantilista (su objetivo sería captar alumnos, aunque sean virtuales), un modelo de negocio inviable para los centros, la imposibilidad de certificar la adquisición de conocimientos (para esto se han planteado soluciones) o la simplicidad de los métodos pedagógicos en la mayoría de los cursos fueron algunos de los elementos rechazados desde ciertos sectores.

Los primeros estudios académicos que se realizaron sobre su impacto también revelaron que, lejos de incidir en la democratización de la educación superior como se pretendía, la inmensa mayoría de los que siguen estos cursos son personas con formación previa y cierto nivel socioeconómico.

Ahora, tres años después de su implantación en España, los MOOC buscan su sitio en la universidad.

¿Una moda pasajera?

El fenómeno se ha deshinchado un poco, a decir de algunos como Jordi Adell, profesor del Área de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat Jaume I. "El boom de los MOOC estuvo muy relacionado con la burbuja financiera derivada de los préstamos a estudiantes universitarios en Estados Unidos (donde nacieron estos cursos). Los MOOC se presentaron como la posibilidad de industrializar una actividad esencialmente artesanal: la formación superior. Tras el entusiasmo inicial, auspiciado por varias universidades de élite y cierta prensa, parece que el optimismo ha dado paso a otra percepción: pocos estudiantes terminan los MOOC –los que tienen mayor formación–, y algunos experimentos con estudios reglados no han resultado tan positivos como se esperaba", explica.

Quizá por eso algunos trabajan en rediseñar los cursos, averiguar qué se ha hecho bien, qué no tanto y ver cómo pueden evolucionar. En ello están en el proyecto europeo ECO (Elearning, Communication and Open-Data), por el que 11 universidades europeas lideradas por la UNED buscan "diseñar los MOOC del siglo XXI, adaptados a las necesidades de una ciudadanía europea moderna que reclama un aprendizaje digital y móvil, para poder estudiar en cada momento y en cada lugar, no solo en los soportes que hay en casa".

"El MOOC está buscando el modelo", concede Sara Osuna, coordinadora del proyecto ECO, aunque niega que el fenómeno "se esté desinflando". "Está evolucionando, implantándose. No viene a resolver los problemas que ya teníamos, viene a aportar una nueva forma de educar más acorde con las formas de pensamiento, de vida o de actuación que tiene la ciudadanía de nuestro tiempo", argumenta.

Grosso modo, hasta ahora se vienen haciendo dos tipos de cursos. Los llamados xMOOC "son ejemplos de una pedagogía instructivista, de hace décadas, centrada casi exclusivamente en la transmisión de información y la adquisición de conocimiento declarativo o procedimental simple", explica Adell. "Pedagógicamente no han aportado gran cosa", añade. Apenas son unos vídeos y otros materiales que el estudiante debe afrontar por su cuenta.

Por eso Osuna y el ECO apuestan por la otra vertiente, los cMOOC, conectivistas, que "cambian estructuralmente todos los preconceptos de la enseñanza virtual. El rol del profesorado ya no es dirigir al estudiante, entre otras cosas porque puede tener 5.000 alumnos. Lo que hace es dinamizar el debate, resaltar las cosas buenas que aportan los alumnos. Éstos también cambian su rol, ya no sólo reciben; aportan y se responsabilizan de construir su propio conocimiento", explica. Adell coincide en que éstos "son experimentos didácticos muy interesantes sobre auto-organización, redes sociales y desarrollo del propio entorno personal de aprendizaje".

"Si los estudiantes pueden aportar conocimiento, entonces también pueden valer para evaluar a otros. Esta es la evolución", continúa Osuna. Aprendizaje auto-dirigido, auto-regulado, compartido y auto-evaluado incluso. Sin embargo, lamenta Adell, estos cursos "son una minoría frente a los xMOOC".

SPOC, la tercera vía

Entre unos y otros, en centros como la Universitat Oberta de Catalunya apuestan por los llamados LOOC o SPOC (small personalized online course) como el futuro de este tipo de cursos. "La diferencia es como ponerse en una clase de 25 personas o una de 500, puedes dar más calidad", explica Albert Sangrà, director de la catedra Unesco de la UOC. Sangrà podría encuadrarse entre los críticos con los MOOC. "No conozco ninguna universidad que se precie de que le dé igual que los alumnos no terminen", sostiene, y afirma que es necesario observar su evolución "para que sean útiles para el aprendizaje de las personas".

¿Qué papel va a quedar entonces para los MOOC en las universidades? "Deberían preocuparse por dar una respuesta adecuada al movimiento de Educación Abierta y de Recursos Educativos Abiertos, que posee el potencial para generar un significativo cambio educativo en las universidades, tanto en los roles docentes, la planificación de sus espacios físicos como en sus presupuestos económicos, los servicios que ofrecen a sus estudiantes y en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje", reflexiona en un artículo Jesús Valverde Berrocoso, de la Universidad de Extremadura.

"¿Son extensión universitaria? ¿Son libre difusión del conocimiento que generan las universidades con fondos públicos? ¿Son puro marketing para atraer alumnos a sus titulaciones regladas?", se pregunta Adell. Él tiene sus propias respuestas: "Las universidades se han dado cuenta que los MOOC no van a cambiar casi nada de la educación superior. Quizá su sitio sea entre el marketing y una visión de la universidad pública comprometida con la libre difusión del conocimiento", augura.

Osuna, de la UNED, rechaza el sanbenito de instrumentos de marketing. Al menos en su caso. "Somos la segunda universidad de Europa por estudiantes, partimos de una presencia fuerte y no necesitamos más a priori. La UNED como institución pública apuesta por otras formas de acceso a la enseñanza", afirma.

En lo que sí coinciden todos es que el día que pierdan la gratuidad —si es que llega ese día— dejarán de ser MOOC. "Es una apuesta por otro modelo educativo, mientras se piense así por supuesto tienen que ser gratis, lo único que no puede asumir la institución es la certificación, pero no es obligatorio que nadie la pida, de hecho se sale del modelo", apunta Osuna. "Si se paga por un MOOC dejarán de ser masivos y los alumnos empezarán a exigir servicios, por ejemplo la atención de los profesores", añade Adell. "Y eso se llama e-learning y hace años que está inventado".

Durante la última semana de las primarias de Izquierda Unidad de Madrid, la candidata que finalmente se alzó con la victoria, Tania Sánchez, fue objeto de varias informaciones que apuntaban a actos supuestamente irregulares en su etapa como concejala del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Las acusaciones apuntaban a diversos tratos de favor del Consistorio hacia la familia Sánchez, en especial hacia su hermano. Este es un resumen de las denuncias publicadas y de las explicaciones ofrecidas tanto por el Consistorio como por los afectados.

Los contratos

El segundo frente contra Tania Sánchez se refiere a nueve contratos firmados entre el Ayuntamiento de Rivas y una cooperativa en la que participaba su hermano, Héctor Sánchez. Estas adjudicaciones serán revisadas en una comisión de investigación que aprobó el Consistorio ripense por unanimidad este mismo jueves a propuesta de IU, que cuenta con la mayoría absoluta. Estará presidida por la oposición y se retransmitirá por Internet.

El propio Ayuntamiento ha puesto a disposición de los medios de comunicación toda la información pública relativa a la tramitación de estos documentos. De su análisis se desprenden varias conclusiones:

De los nueve contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas a la cooperativa Aúpa, solo uno se produjo cuando Tania Sánchez era concejala. La diputada regional entró en el Gobierno local tras las elecciones de mayo de 2007 en el área de Cultura. El contrato fue promovido por la Concejalía de Juventud e Infancia, que en aquel momento ocupaba el actual alcalde, Pedro del Cura. El proceso de este contrato, el 123/08, fue ordinario y abierto.

El contrato fue adjudicado finalmente en octubre de 2008 por un total de 136.851 euros, IVA incluido. En los pliegos del concurso se señalaba que, de ellos, un mínimo de 113.212 euros debían ir destinados a pagar sueldos. En caso de prórroga del contrato, esta cantidad debería verse incrementada en el mismo porcentaje en que lo hiciera el total.

La Mesa de Contratación que celebró el acto de apertura de las plicas, donde las empresas presentan las ofertas, estaba presidida por el entonces concejal del PSOE Guillermo Magadán como concejal delegado de Hacienda, según el acta. IU gobernaba entonces sin mayoría absoluta.

El trámite se realizó el 8 de octubre de 2008 y solo la cooperativa Aúpa se presentó al concurso. La Mesa de Contratación aseguró entonces: “Se califica la documentación positivamente, admitiéndose todas las proposiciones”, sin que figure ninguna incidencia.

IU gobierna Rivas desde 1991 pero solo en la actual legislatura lo ha hecho con mayoría absoluta; hasta entonces, siempre lo ha hecho con el apoyo de otros partidos.

La adjudicación a Aúpa, el 15 de octubre, fue aprobada por otra Mesa de Contratación presidida por el concejal de IU Marcos Sanz.

El 21 de octubre, la Junta de Gobierno de Rivas ratificó "por unanimidad" la adjudicación del contrato a Aúpa, tal y como consta en el certificado que ha aportado el Ayuntamiento. El acuerdo lo firmó el entonces alcalde, José Masa. En esa reunión, de acuerdo con documentos publicados por Abc, estaba presente Tania Sánchez, si bien la diputada regional de IU afirmó en una entrevista en Carne Cruda: "No tengo recuerdo de haber estado en el momento de esa aprobación".

El Ayuntamiento de Rivas ha presentado un informe jurídico solicitado ex profeso a la Secretaría Técnica municipal y que firman la secretaria del Consistorio, el jefe de Contratación y el jefe de Asesoría Jurídica, para el caso de que no se hubiera abstenido de participar en la deliberación. Ocupa 19 páginas.

En él, recurriendo a legislación vigente en aquella época y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se asegura: "Si la intervención del interesado no fuera decisiva, por ser el resto de votos favorables suficientes para la adopción del acuerdo, el acto se considera válido". Y añade: "El Supremo salva la anulación del acto cuando el interés personal no ha sido incompatible con la defensa del intereses (sic) del municipio y que el acuerdo aun siendo definitivo en vía administrativa, venía ya marcado en la parte material y sustantiva por lo acordado por otro órgano interviniente con anterioridad". Y concluye: "El acuerdo mantiene su eficacia si, al tomarse por unanimidad, la eliminación de quien debió abstenerse no hubiera alterado el resultado de la votación".

Este contrato, el 123/08, fue el último que recibió la cooperativa Aúpa del Ayuntamiento de Rivas.

Antes, la sociedad fue adjudicataria de otros ocho contratos. En total, la cooperativa de Héctor Sánchez recibió adjudicaciones por valor de 1,2 millones de euros entre 2002 y 2008, lo que representa un 13,3% de los 9,02 millones que gastó la Concejalía de Juventud e Infancia en contratos en el mismo periodo, según los datos aportados por el Ayuntamiento. En esos años, fue adjudicataria de nueve contratos, pero su oferta fue rechazada en otras 19 ocasiones, siempre según el Consistorio.

En la documentación que ha puesto el Consistorio a disposición de los medios se comprueba que el mecanismo que se siguió para adjudicar el contrato de 2008 es muy similar a los anteriores. En varias de las mesas de contratación figuran, bien en el momento de la apertura de la plica o de la adjudicación definitiva, miembros del PP o del PSOE, así como funcionarios del Ayuntamiento. En ninguno de los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es a través del Ayuntamiento, aparece incidencia alguna sobre los asistentes.

En varias de las actas de la Mesa de Contratación también figura como asistente Raúl Sánchez, concejal del Consistorio durante varias épocas y en distintas áreas y padre de Héctor Sánchez y de Tania Sánchez. No obstante, Raúl Sánchez no figura como asistente en ninguna de las Mesas de Contratación que aprobaban las adjudicaciones, sino en las que se abrían las plicas, es decir, las ofertas de las distintas empresas.

Los funcionarios

Las informaciones sobre los contratos supuestamente irregulares en Rivas comenzaron con dos que, en realidad, afectan más a algunos de los funcionarios que los tramitaron que a los miembros del equipo de Gobierno.

El primero de los casos, publicado por Vozpopuli, desvela una irregularidad en la prórroga de los contratos que, desde finales de los años 90, el Ayuntamiento de Rivas suscribió con una empresa para las clases de tenis municipales. Uno de los funcionarios que estampó su firma en uno de los trámites de concesión de la prórroga del contrato había sido socio de la empresa adjudicataria.

Tras lograr la plaza en el Ayuntamiento, en 2005, el funcionario vendió su participación pero continuó figurando como apoderado de la empresa hasta noviembre de 2008. Según el Ayuntamiento, se trata de un error de la sociedad, que no informó al registro de la salida del exsocio del accionariado de la empresa.

En 2008 se prorrogó dicho contrato, con Tania Sánchez como concejala y responsable del área de la que dependía la adjudicación. En una entrevista con eldiario.es, la diputada defendió que ella no intervino en el proceso en ningún momento y que el funcionario en cuestión lo hizo de forma accidental.

El segundo caso es similar. Un funcionario participó en la tramitación de un contrato con un club de baloncesto con el que tenía relación. Según Vozpopuli, Tania Sánchez "dio su visto bueno en septiembre de 2009, como responsable del área, a la contratación de un servicio anual de monitores de basket por un importe que rondó los 12.000 euros". La adjudicación, a la que la diputada dio el visto bueno, venía avalada por un técnico municipal que en aquel momento era gerente del club de baloncesto que logró el contrato, según la información.

El Ayuntamiento anunció el jueves la apertura de sendos expedientes informativos a los funcionarios municipales para, según explicó el propio alcalde, determinar qué ocurrió. "Si hay alguna mala praxis se le tiene que abrir la correspondiente sanción, pero si no la hay, que esos funcionarios puedan defenderse", aseguró Del Cura.

Los pisos

Tania Sánchez y su familia han sido señalados por varios medios de comunicación por vivir en pisos con distintos grados de protección. "Tania Sánchez recibió un piso de protección que vendió al portavoz de IU en Rivas", señalaba La Razón el pasado 25 de noviembre.

La diputada regional no "recibió" un piso de protección en Rivas. Junto a otras personas, creó una cooperativa a través de la cual accedió a suelo protegido y promocionó viviendas, según explicó en una entrevista en eldiario.es. Es decir, no fue el Ayuntamiento quien promocionó, construyó o financió los pisos, sino que fue por iniciativa privada.

En cuanto a la protección, en Madrid existen dos modelos, la Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y la Viviendas con Protección Pública Libre (VPPL), el aplicado a la vivienda de Sánchez. La diferencia entre ambas radica en el tamaño (un máximo de 110 o de 150 metros cuadrados) y el nivel máximo de renta que los compradores pueden tener (5,5 o 7,5 veces el IPREM). Este sistema de protección ha sido ampliamente utilizado en el desarrollo urbanístico de la Comunidad de Madrid. La calificación la otorga el Gobierno regional.

La diputada entró a vivir en la casa en 2003 y pagó por ella 99.000 euros, según La Razón. En 2010 vendió el inmueble al actual portavoz municipal del Ayuntamiento de Rivas por 150.000. Como el precio de un piso con protección está tasado durante 20 años, según la legislación madrileña, para venderlo la hoy diputada regional tuvo que avisar por escrito a la Comunidad de Madrid y dar un tiempo a que la Administración pudiera ejercer el derecho de retracto. Pasado el periodo, Sánchez procedió a la venta por el precio tasado.

La Razón también publicó que el padre de Tania Sánchez, Raúl Sánchez, era propietario de un piso de protección en el barrio de Vicálvaro de Madrid. La información era falsa. Días después tuvo que rectificar porque era de otra persona con el mismo nombre.

Por último, Abc aseguró en otra información que el hermano de Tania Sánchez, Héctor Sánchez, fue adjudicatario de un piso protegido en Rivas, esta vez sí promocionado por la Empresa Municipal de la Vivienda. La noticia asegura que la adjudicación se produjo en abril de 2007, cuando Tania Sánchez era concejala municipal, pero las elecciones que le permitieron entrar al Gobierno local se produjeron en mayo de ese mismo año.

Según datos oficiales, en Rivas el 50% del parque de viviendas tiene algún nivel de protección. Y el 20% de los jóvenes de la localidad vive en casas de la EMV.

España es el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años. Se trata de un hecho que han respaldado ya varios informes, a los que ahora se suma otro: el último publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que constata que la diferencia entre los que más ingresan y los que menos ha aumentado un 20% desde 2009. El organismo explica que la pérdida de trabajo y los cambios en la distribución de los salarios son responsables del 90% del aumento de la desigualdad en los últimos años.

Dos poderes del Estado, ejecutivo y judicial, caminan estos días de la mano en la persecución de un mismo objetivo: que el juez Ruz abandone el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde el Partido Popular ha encontrado sus mayores problemas a costa de los casos Gürtel y Bárcenas. Según ha podido saber eldiario.es, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha comprometido personalmente con el ministro de Justicia para poner fin a la era Ruz en la Audiencia.

Rafael Catalá lo ha contado ya en su entorno más íntimo y ha trasladado el mensaje a Moncloa: "El CGPJ me ha dicho que Ruz no seguirá en la Audiencia". Esa es la frase que las fuentes consultadas atribuyen al sustituto de Gallardón al frente de Justicia.

Los compromisos adquiridos por Lesmes con el Gobierno vulneran cualquier principio de separación de poderes y explican la frase pronunciada por el ministro esta semana en un desayuno informativo: "No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel".

La conversación entre Catalá y Lesmes se produjo antes de que Ruz dictase el auto que obligó al cese de Ana Mato. La decisión del magistrado de sentar a la exministra en el banquillo por el lucro obtenido de la Gürtel cayó como un jarro de agua fría en el entorno de Rajoy.

La dimisión de Mato ha complicado a Lesmes su objetivo de deshacerse de Ruz sin ruido mediático. Eso es lo que explica la decisión que el próximo martes adoptará la mayoría conservadora del CGPJ. Según informó el viernes por la tarde el Consejo en nota de prensa, la plaza de Ruz saldrá a concurso y el magistrado podrá quedarse un par de meses más, mientras se resuelve el concurso para sustituirle.

Además, según el Consejo, el instructor de Gürtel y de los papeles de Bárcenas podría pedir permiso para seguir durante un plazo indefinido para cerrar ambas causas como juez de apoyo.

Lo sorprendente del movimiento de Lesmes es que abre un concurso para cubrir una plaza que ya tiene dueño. El titular del juzgado número 5 de la Audiencia es el magistrado Miguel Carmona, a quien el Gobierno tentó con éxito con un puesto en la embajada de Londres para apartarlo de las causas que analizan las cuentas del PP en los últimos años. Carmona no se jubila hasta 2016, por lo que su plaza no precisa sustituto hasta esa fecha. Lo que ahora se hace es abrir el proceso para nombrar un juez suplente para sustituir a otro juez suplente.

Presiones a Ruz para que no insista

Pablo Ruz ha recibido mensajes en las últimas semanas para que levante el pie y se deje expulsar del juzgado que tiene en jaque al Gobierno y al Partido Popular. Según fuentes jurídicas, Ángel Juanes (vicepresidente del Consejo) y Fernando Grande-Marlaska han sido algunos de los que han aconsejado a Ruz que dé un paso atrás.

Fuentes cercanas al magistrado señalan sin embargo que Ruz mantenía a principios de semana su intención de solicitar la prórroga que le habría mantenido en el puesto hasta finales de junio. Ahora esa posibilidad ha quedado bloqueada por la decisión del CGPJ de sacar su plaza a concurso.

La duda a partir de ahora reside en si Ruz está dispuesto a mantener el pulso y pedir al Consejo que le mantenga al frente de Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo. Ruz todavía no ha tomado una decisión al respecto.