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Fútbol y poder en tiempos de Ceaucescu

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Corneliu Porumboiu es una de las puntas de lanza de la nueva hornada de cine rumano que, en la última década, ha destacado en los principales festivales cinematográficos. Además de tres largometrajes de ficción, el autor de 12:08, al este de Bucarest ha realizado un experimento: El segundo juego, una no-película sobre un no-partido de fútbol. Se trata de un documento mínimo, árido, surgido de la memoria personal y familiar. El resultado, de improbable estreno en las salas comerciales españolas, ha podido verse en el festival L’Alternativa. Hasta el día 8 de diciembre, puede visionarse por tiempo limitado a través de la plataforma online’Filmin.

Porumboiu nació en 1975. Se crió, por tanto, durante el gobierno de Nicolae Ceaucescu. Al comenzar la película, un rótulo revela un recuerdo de su infancia: “Yo tenía 7 años. El teléfono sonó. Un hombre me dijo que tenía que convencer a mi padre para que dejara de ser árbitro. Me dijo que, si fracasaba, un día él volvería a casa en un ataúd”. Tras ese texto introductorio, al espectador le espera la retransmisión televisiva real de un viejo derby futbolístico entre los dos equipos del régimen: el Steaua de Bucarest, vinculado al Ejército, y el Dinamo de Bucarest, vinculado a la Policía secreta.

El encuentro se celebra bajo una intensa nevada, en diciembre de 1988, un año y unos pocos días antes del violento final del dictador. Algunos aficionados reconocerán con dificultad, a causa de las condiciones meteorológicas y de la modestia del equipo de filmación, a algunos de los mejores exponentes del balompié rumano: Gica Hagi, Dan Petrescu, Ioan Lupescu… Tras la caída de Ceaucescu, todos ellos emigraron de manera casi inmediata hacia las principales ligas europeas.

Con el partido, comienza la charla que Porumboiu mantiene con su padre, que arbitró el encuentro, 25 años después. La película ofrece eso: fútbol y una charla moderna que lo acompaña. Nada más, y nada menos. El audiocomentario elevado a la categoría de experimento. El mismo entrevistado, si es que la palabra “entrevista” puede aplicarse, cree que a nadie le importa el pasado. El desinterés de uno contrasta con el interés del otro: el primer largometraje del cineasta ironizaba sobre la Rumanía socialista, sobre el olvido y la falsificación de la memoria. No es una preocupación excepcional: varios hitos del nuevo cine rumano se ambientan durante la dictadura.

Porumboiu padre, Adrian, explica cosas interesantes, especialmente en unos primeros minutos que sitúan al público contemporáneo en el contexto de la época. Ejército y policía vigilaban a los árbitros para chantajearlos y que favoreciesen a sus respectivos equipos. Algunos jueces de línea ejercían de informantes. Es un ejemplo de la parte más grotesca de un Estado represivo: el uso de recursos en beneficio de dos clubes de fútbol. El deporte de élite, habitualmente usado con fines propagandísticos, se convierte además en escenario de rencillas entre poderes.

Una no-película de cosas no dichas

El director apuesta por sugerir. No ha escogido como telón de fondo para su charla el sainete producido en 1987, en una final de Copa, con un gol anulado por fuera de juego, con un equipo que se retiró en gesto de protesta… y al que se le dio el título unas horas después. Quizá usar ese partido, al que aluden Corneliu y Adrian en un momento de su conversación, hubiese sido demasiado obvio: una denuncia explícita de las arbitrariedades. Y sus imágenes, demasiado llamativas, desviarían la atención de la conversación.

El derby de diciembre de 1988, en cambio, es papel pintado, bello y monótono. Y ese despliegue atlético en condiciones difíciles, un esfuerzo casi sin sentido, se convierte en simbólico. Los dos equipos, los dos brazos armados del poder político, se dejan la piel en un campo nevado que se embarra. Uno y otro se anulan: empatan a cero, mientras un país les observa. Corneliu reivindica la plasticidad de unas imágenes que, a causa de la baja calidad de la grabación y lo tupido de la nevada, tienen un aspecto muy particular. Adrian afirma despectivamente que el campo parece una granja, y sólo admira el esfuerzo de los jugadores.

A menudo, aparecen unos silencios que el cinesta no intenta evitar. Y afloran maneras de pensar que pueden retratar una época: el árbitro apenas acepta un error, se escuda en la ley de la ventaja. Casualmente o no, deja jugar a los peones de la Policía y el Ejército. Su política de intervención mínima choca en un contexto totalitario. Sus explicaciones tienen aires de disculpa: eran otros tiempos, antes todo era diferente. Adrian Porumboiu prefiere hablar de fútbol que de política, no quiere recordar. Y su ansia de olvido parece común a muchos supervivientes de dictaduras, recientes y no tan recientes.









IU de Rivas acepta investigar los contratos con el hermano de Tania Sánchez

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El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, propondrá el jueves a los partidos de la oposición la creación de una comisión de investigación que analice las supuestas irregularidades en los contratos que firmó el Ayuntamiento con el hermano de la diputada regional de IU y candidata a las próximas elecciones autonómicas Tania Sánchez. La coalición rechazó esta misma medida la semana pasada, cuando la propuso la oposición.

Del Cura llevará la propuesta a la Junta de Portavoces del Consistorio, donde están representados los tres grupos de la oposición (PP, PSOE y CDR), según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento. En el mismo organismo, el alcalde de IU “se dará cuenta a los ediles de toda la información recabada y de la conclusión del expediente y de los informes solicitados, y se entregará la documentación relativa a dichos contratos”, según la nota.

El 27 de noviembre PP y PSOE pidió la creación de una comisión de investigación en el Pleno del Ayuntamiento. Entonces, la mayoría de IU rechazó la medida. En su lugar, el grupo mayoritario propuso convocar la Comisión Informativa especial de Vigilancia de la Contratación, donde también está representada la oposición. Entonces también se informó de la apertura de un expediente informativo y de la solicitud de un informe al Departamento de Contratación sobre los procedimientos de adjudicación.

Entre otros, se han cuestionado los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas a la cooperativa del hermano de Tania Sánchez entre 2002 y 2008 por valor de 1,2 millones de euros, siendo su padre concejal, según ha publicado El País. La diputada regional fue concejala entre 2007 y 2011.

Asimismo, se ha puesto en duda otros contratos adjudicados en la etapa de Tania Sánchez como concejal a la cooperativa de su hermano y a empresas vinculadas a trabajadores del Ayuntamiento.

Tania Sánchez ha negado en reiteradas ocasiones que haya intervenido en la tramitación de dichos contratos. Además, ha defendido su legalidad y la transparencia del procedimiento de adjudicación y ha achacado la filtración de las supuestas irregularidades a un intento de interferir en las primarias que celebró IU para elegir a sus candidatos y en el “miedo” del PP “ante una posibilidad de cambio en Madrid”.

En una entrevista con eldiario.es, la diputada aseguró que “es un poco llamativo hablar de corrupción cuando en ningún caso se habla de que un solo euro de dinero público se haya destinado a nada distinto que a gestionar servicios públicos”. También ha declarado que si llega un momento en el que haya “un problema porque hay sospechas y no hay confianza” se retirará de la carrera electoral.








El secretario de Estado de Comercio prometió gestiones a Nicolás para ascender a policías municipales

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La relación entre el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y Francisco Nicolás Gómez Iglesias iba más allá de selfies o reuniones en el despacho del Ministerio de Economía. Según cuenta el diario El Mundo, el joven reclamaba a Legaz que mediase con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para colocar a personas de su confianza en puestos de responsabilidad en la Policía Municipal.

En concreto, el diario de Unidad Editorial publica un correo electrónico enviado por Francisco Nicolás al secretario de Estado de Comercio el 5 de enero de 2012 en el que le solicita que "haga lo que esté en su mano" para ascender al cabo de la Policía Municipal de Madrid que le acompañó tiempo después en su visita a Ribadeo con un vehículo oficial.

Francisco Nicolás copia en el email el currículum de su candidato y se permite sugerir que debería ocupar los puestos de Coordinador General de Seguridad y Emergencias o Director de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de la capital, a cuyos titulares en aquel momento critica: "resulta actualmente peligroso tenerle en este puesto controlando la seguridad de Ana (Botella) y teniendo conocimiento de todo lo que hace en cada momento".

En su correo a García-Legaz, el joven explica al secretario de Estado la manera en la que debe presentar a su candidato: "lo que hay que vender de él es que es una persona con una fuerte personalidad y carácter (...), afiliado al Partido Popular desde hace muchos años, con unos buenos principios y ha estudiado en el Tajamar, Colegio del Opus Dei, como sabes". Francisco Nicolás remata su petición con la siguiente frase: "espero hagas todo lo que esté en tu mano y podamos hacer algo bueno en el beneficio de todos y sobre todo en el de Ana".

La petición del 'pequeño Nicolás' no tardó en recibir respuesta. Lejos de no atender al correo, el secretario de Estado de Comercio contestó al joven la misma noche del día 5, víspera del día de reyes: "No he podido hablar con Ana. Mañana hablo con ella".

Según explica El Mundo, el cabo de la Policía Municipal para el que Francisco Nicolás solicitaba un ascenso no logró ninguno de los puestos que el joven sugirió para él. Sin embargo, a finales de 2013 se incorporó a la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid en la que es cabo jefe de turno y cuenta con despacho. Tanto la Secretaría de Estado como el consistorio de la capital han negado que se produjeran gestiones en el sentido mencionado en el correo.








La preocupación por la corrupción bate su récord histórico

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El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja claramente la preocupación que sienten los españoles por la corrupción. Según la encuesta, la percepción sobre la falta de honradez en la vida pública se ha disparado y ha batido su récord. Un 63,9% de los encuestados por el CIS la sitúan como uno de los principales problemas, frente al 42,7% de octubre, aunque sigue siendo el segundo problema tras el paro. Los datos de este barómetro muestran un aumento de 21 puntos.

El trabajo de campo del barómetro del CIS se realizó entre el 4 y el 12 de noviembre, apenas unos días después de que estallara la operación Púnica, con más de una treintena de detenidos, entre ellos varios alcaldes y conocidos cargos públicos como Francisco Granados, pero antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicara en el Congreso sus medidas contra la corrupción.

La anterior encuesta, la de octubre, ya mostró una bajada en cuanto a la inquietud de los españoles por la falta de empleo. Entonces, la corrupción preocupaba a un 42,7% mientras que un 73,5% señalaba la falta de trabajo como el problema más importante.

Los españoles que consideran que la situación económica es mala o muy mala suman un 75,8% mientras que un escaso 0,1% la juzga muy buena y un 0,7%, simplemente buena. Solo un 10,6% cree que la economía ha mejorado en el último año, pero un 46,1% la ve igual.








Rivas aprueba por unanimidad investigar los contratos con el hermano de Tania Sánchez

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El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado por unanimidad crear una comisión de investigación sobre los contratos que el Consistorio adjudicó a una cooperativa participada por la diputada regional de IU Tania Sánchez, que fue concejal del municipio madrileño. La comisión, que arrancará el próximo 9 de diciembre, estará presidida por la oposición y será retransmitida por Internet, según ha anunciado hoy el alcalde, Pedro del Cura, en una rueda de prensa.

El alcalde ha puesto además a disposición de los medios de comunicación la información referida a los contratos entre el Ayuntamiento y la cooperativa Aúpa. Entre 2002 y 2008, la sociedad recibió nueve adjudicaciones, según la información facilitada por el Consistorio. Según el alcalde, en otras 19 ocasiones Aúpa no logró los contratos para los que concurrió.

Del Cura ha informado también de que el departamento de Recursos Humanos de Rivas ha abierto sendos expedientes informativos a los funcionarios municipales que tuvieron relación con los contratos adjudicados a Aúpa. "Lo hacemos para conceder a todas las partes implicadas las máximas garantías", ha explicado en la rueda de prensa el portavoz del Gobierno municipal, Curro Corrales.

El alcalde de IU ha acusado al PP de orquestar una campaña contra su formación y contra el que es el principal exponente de sy política municipal. "El PP lleva 23 años tratando, sin éxito, de vencer a IU en las urnas para gobernar en Rivas y ahora ve una oportunidad sembrando dudas sobre nuestra gestión", ha señalado en la rueda de prensa. "Estamos empezando a sufrir los efectos de la campaña más larga y sucia que nunca haya conocido la Comunidad de Madrid", ha insistido Del Cura, que ha defendido a la futura candidata de IU a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, quien en su opinión "simboliza un cambio para Madrid que tiene mucho que ver con el modelo de gestión que ha gobernado Rivas en los últimos 23 años y que se ha basado en la promoción de los servicios públicos como garantía del mantenimiento de los derechos ciudadanos básicos: sanidad, educación, vivienda y empleo públicos y de calidad".








Bankia maquilló sus cuentas para su salida a bolsa

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Los peritos del Banco de España han determinado, en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que las cuentas anuales que Bankia aprobó a principios de 2012, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, y las que reformuló en mayo de ese año, tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente ejecutivo de la entidad, "no expresaban la imagen fiel" del banco.

El informe, que ha sido entregado por dos peritos del regulador y puesto a disposición de las partes del 'caso Bankia', señala que tanto en las cuentas de Rato, que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, como en las de Goirigolzarri, que recogían unas pérdidas de 2.979 millones, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".

El informe también es demoledor con las cuentas anuales de Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, correspondientes al primer trimestre de 2011, que retrataban la situación de la entidad antes de la salida a bolsa de julio de 2011. Tampoco cumplían la normativa del Banco de España "debido a la existencia de errores contables".

También se plantea sin muchas ambigüedades que la información que se facilitó al mercado antes de la salida a bolsa fuera incompleta o manipulada. Por tanto, se abren nuevas posibilidades para que las personas que compraron acciones de la entidad y que después perdieron todo casi su valor entablen acciones judiciales para recuperar ese dinero.

Los estados financieros de BFA incluidos en el folleto de emisión "no expresaban la imagen fiel de la entidad". "Tampoco los estados financieros de Bankia expresaban su imagen fiel. Unos meses después de la OPS [Oferta Pública de Suscripción], las cuentas se reformularon para contabilizar saneamientos adicionales de activos y préstamos inmobiliarios que al menos en parte correspondían a fechas anteriores a la salida a bolsa".

El informe concreta que los autores no podían alegar desconocimiento sobre esa información, "porque Bankia tenía la información necesaria, o estaba a su alcance conseguirla, para establecer la correcta valoración de los activos".

Compras sospechosas

Los peritos critican la existencia de "compras inexplicables, realizadas por acreditados con riesgos refinanciados y retrasos generalizados en el pago de sus cuotas. Se han detectado ventas inmediatas tras la salida a bolsa que ponen en duda el interés real de algunos inversores".

"El precio fijado, 3,75 € por acción, que suponía un descuento sobre el valor contable del 74%, volvió inviable a BFA, al romper el grupo fiscal y dañar la recuperabilidad de sus cuantiosos activos fiscales y al causar una gran pérdida del valor de su participación en Bankia, en perjuicio de sus accionistas y acreedores, principalmente los tenedores de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, así como el propio FROB".

"En cuanto a la inversión crediticia, se dice que no hubo un inventario integrado de riesgos hasta el verano de 2011. Es una justificación peculiar, puesto que ello no había impedido el primer ajuste a la combinación de negocios y además imprecisa, pues no aclara si el conocimiento del ajuste fue anterior o posterior a la salida a bolsa en 20 de julio de 2011. Se indica que había unos riesgos procedentes de Caja Madrid que contaban con toda la información necesaria por lo que no se entiende la falta de registro de su deterioro".

Además, "las cuentas anuales individuales y consolidadas de Banco Financiero y de Ahorros y de Bankia desde la constitución del Sistema Integrado de Protección (SlP), 31 de diciembre de 2010 hasta las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011, incluidas las cuentas reformuladas el 25 y 28 de mayo por los nuevos gestores que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el Grupo BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados", dicen las conclusiones.

Los peritos recuerdan que el auditor, Deloitte, "no indica ningún tipo de salvedad, indicando que" las cuentas "cumplen con la normativa del Banco de España, cuando la situación financiera consolidada y los resultados consolidados no se adecuan a las citadas normas".

En relación con la fusión de las siete entidades que formaron Bankia, los peritos señalan que el Sistema Integral de Protección de activos (SIP) "se transformó en poco tiempo en una fusión de pleno derecho, pero los planes de negocio que justificaban la operación fallaron desde el principio, debido al deterioro del marco económico, los cambios normativos y la debilidad de las entidades integradas".








Las cuentas de Banco de Valencia también falseaban su realidad

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Las cuentas del Banco de Valencia a cierre de 2010 ya no expresaban la imagen fiel de la entidad, que durante años había declarado beneficios recurrentes y siguió haciéndolo hasta mediados de 2011.

Ésta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por dos peritos designados por el Banco de España para el instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu, sobre el Banco de Valencia, que en noviembre de 2011 tuvo que ser intervenido y posteriormente vendido a La Caixa.

El Banco de Valencia pertenecía al grupo BFA -cabecera de Bankia- en el que consolidaba por integración global puesto que era el accionista de control y tuvo que asumir un deterioro de 498 millones tras la intervención.

El Banco de Valencia se integraba en Bancaja, una de las fundadoras de BFA-Bankia, desde hacía 16 años por lo que "su deterioro tenía que ser conocido necesariamente por los miembros del consejo de administración de BFA y Bankia originarios de Bancaja", añaden los peritos.

Además recuerdan que estos consejeros, entre ellos el ex presidente del Partido Popular de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, ocupaban la presidencia y vicepresidencia de Banco de Valencia.

Los peritos destacan que a cierre de junio de 2011, el patrimonio neto del Banco de Valencia ascendía a 1.282 millones, sin embargo la entidad declaró posteriormente, en el cierre del ejercicio, unas pérdidas consolidadas antes de impuestos de 1.298 y 922 millones en términos netos por saneamiento de préstamos y activos inmobiliarios.

De ese modo su patrimonio neto se redujo a 368 millones, pero los expertos indican que los deterioros que provocaron esa situación no se generaron en la segunda mitad de 2011, sino que venían de años anteriores.

Por eso llegan a la conclusión de que los estados financieros del Banco de Valencia a cierre de 2010 ya no expresaban la imagen real de la entidad, que llevaba años cotizando en bolsa y a la que el Estado le tuvo que inyectar 4.500 millones de euros antes de subastarla.


Ignacio González destituye a Javier Rodríguez como consejero de Sanidad de Madrid

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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido este mediodía al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, al que sustituirá el médico cirujano Javier Maldonado, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

González ha mantenido una reunión con el consejero a las 12.45 horas, después del Consejo de Gobierno, en la que le ha solicitado su cese, que ha sido aceptado inmediatamente por el hasta ahora máximo responsable de la Sanidad madrileña.

En el encuentro, el presidente ha agradecido "el extraordinario trabajo y dedicación" de Rodríguez al frente de la consejería, así como "su magnífica gestión" desde que fue nombrado para el cargo el pasado 27 de enero, después de la salida de Javier Fernández-Lasquetty tras fracasar su proyecto de externalización de varios hospitales públicos.

La oposición y parte de la comunidad médica habían pedido de manera insistente la dimisión de Rodríguez tras su gestión de la crisis del ébola en España, donde se constataron numerosos errores en el protocolo de actuación en el primer caso de contagio en el país, el de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Sin embargo, en ese momento, González no apartó a Javier Rodríguez de su puesto.

Ayer, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid volvió a protagonizar unas polémicas declaraciones. Aseguró que, si él "lo hubiese hecho mal", Teresa Romero "no estaría hablando". Rodríguez añadió que, si su gestión frente a la crisis del ébola no hubiese sido la correcta, "España seguiría teniendo esta enfermedad".

Teresa Romero, la sanitaria que contrajo el ébola en el hospital Carlos III de Madrid, presentó una querella contra Rodríguez por vulnerar su honor. El titular de la cartera de la sanidad madrileña afirmó que Romero había estado mintiendo sobre su estado de salud y asumió como cierta la teoría de que el contagio se produjo porque la auxiliar había cometido un fallo.

"Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse el traje. Si lo hubiese dicho antes, habríamos ahorrado mucho trabajo", apuntó Javier Rodríguez. Aún se desconocen las causas por las que Romero contrajo el virus.

En otra de las declaraciones que indignaron a los profesionales sanitarios –que habían denunciado que no estaban preparados para hacer frente al ébola–, el consejero afirmó que "para explicar cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster". Cuando varias voces reclamaron su dimisión, Rodríguez dijo en una entrevista radiofónica: "No tengo ningún apego al cargo. Soy médico y afortunadamente tengo la vida resuelta". "Si tengo que dimitir, dimitiré", afirmó, pero no lo hizo.

Nuevo consejero

El recién nombrado consejero de Sanidad, Javier Maldonado González, era hasta hoy viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es medico cirujano y llegó al departamento regional procedente del hospital Ramón y Cajal, donde ocupó el cargo de gerente. También fue director médico del hospital La Paz de Madrid.

Maldonado tomará posesión de su cargo mañana viernes, después del acto en conmemoración del Día de la Constitución, que la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno celebran en la Real Casa de Correos.









El Gobierno aprueba este viernes limitar la instrucción de causas a entre seis y 18 meses

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo fundamental es limitar a seis meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 meses los más complejos para agilizar así la justicia.

Catalá ha explicado que estos plazos tendrán un margen de flexibilidad y ha dicho que no considera imprescindible aumentar la plantilla en los juzgados para aplicarlos porque, a su juicio, se puede lograr una mayor eficiencia con otras medidas como la informatización o las mejoras en los procedimientos.

"Igual que los plazos de los recursos obligan a los ciudadanos, igual que la administración tiene unos plazos para resolver los procedimientos administrativos, también el orden jurisdiccional es razonable que tenga unos plazos para resolver los procesos", ha dicho Catalá en rueda de prensa tras participar en el Consejo de Justicia de la UE.

"La propuesta que mañana (por este viernes) presentaremos al Consejo de Ministros lo que plantea es fijar unas referencias: que las instrucciones de menor complejidad tengan un plazo de 6 meses y las de mayor complejidad tengan un plazo de 18 meses, como regla general", ha explicado el ministro de Justicia. "Esas reglas podrán ampliarse cuando así lo considere el órgano instructor y también la fiscalía informe favorablemente", ha agregado.

Según ha explicado Catalá, la definición de los plazos "se ha trabajado con fiscales, con jueces y con catedráticos y todo el mundo entiende que es razonable incorporar esas referencias". El objetivo es agilizar los procedimientos porque "una justicia lenta es una justicia de menos calidad", ha alegado.

La reforma que plantea el Gobierno "va a permitir agilizar los tiempos sin necesariamente incrementar las plantillas". "Ese binomio de agilidad=más plantilla, no estoy de acuerdo en absoluto. Se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden mejorar los procedimientos, se pueden incorporar nuevas tecnologías, se pueden simplificar modelos organizativos" o mejorar la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la fiscalía las investigaciones, ha defendido el ministro de Justicia. No obstante, ha dejado claro que el Gobierno creará nuevas plazas cuando sea necesario.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea también la simplificación de la tramitación procesal. "Los macroprocesos dejarán de estar conectados entre sí y se instruirá una causa por cada uno de los delitos, y no esa complejidad que en ocasiones hemos conocido", ha explicado Catalá.








El Gobierno tendrá que explicar al Congreso los vínculos que mantenía con el 'pequeño Nicolás'

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El Gobierno tendrá que dar explicaciones en el Congreso, al menos por escrito, sobre el rocambolesco caso del 'pequeño Nicolás'. El PSOE ha registrado este jueves una batería de preguntas escritas, que se suman a las que ya registró la semana pasada la Izquierda Plural. Los socialistas quieren saber qué actividades realizaba el 'pequeño Nicolás' para la Administración General del Estado. También quieren que el Gobierno aclare sí el joven se ha reunido con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en qué fechas y si hay registros de entrada que acrediten sus visitas a dependencias públicas.

El autor de las preguntas es el diputado por Jaén, Felipe Jesús Sicilia, portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso.

El PSOE pide conocer "si quedan registradas las visitas de personas que no trabajen en la Secretaría de Estado de Comercio; cuánto tiempo se conservan los registros de las visitas y de cuántas se tiene constancia que el 'pequeño Nicolás' acudiera a las dependencias del Ministerio". Asimismo, quieren saber si Francisco Nicolás recibió "algún tipo de remuneración" por los supuestos trabajos realizados.

Además, quieren que se especifiquen las fechas de las reuniones que mantuvo con García-Legaz  y si otros cargos de su departamento se reunieron también con él y con qué frecuencia.

Sobre este caso ya se había interesado la semana pasada la Izquierda Plural al registrar en el Congreso su propia batería de preguntas. Pero el grupo de Cayo Lara ha ido más allá y exige también la comparecencia en Comisión de García-Legaz y la de la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo para el que Francisco Nicolás asegura que trabajaba.

La respuesta del Gobierno a estas afirmaciones ha sido ordenar a la Abogacía General del Estado presentar una querella contra Nicolás. En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, solicitaba ser tenida como parte en las investigaciones que se están llevado a cabo contra este personaje por estafa, usurpación de funciones y falsedad documental.

A pesar de haber estado durante días insistiendo en que lo contado por Francisco Nicolás eran "fabulaciones" y "fantasías", el caso ha terminado incomodando sobremanera al Gobierno. Hasta el punto de que fue el propio ministro de Defensa, Pedró Morenés, el que anunció que había solicitado la intervención de la Abogacía del Estado para frenar lo que consideran "un  disparate".

La semana que viene la Mesa del Congreso tendrá que calificar las iniciativas de los dos grupos. Pero no se esperan sorpresas. Salvo las preguntas escritas, que seguirán su trámite, las comparecencias de García-Legaz y de Sáenz de Santamaría serán rechazadas por el PP.








El ébola se lleva por delante a los políticos marcados por su "extraordinaria" gestión

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El 6 de octubre de 2014 España confirmó el primer contagio de ébola en el mundo fuera de África. En la rueda de prensa organizada para informar al país estaban presentes los máximos reponsables sanitarios al cargo: la ministra Ana Mato y el consejero madrileño Javier Rodríguez. Presentes pero silentes ya que ninguno dio explicaciones mientras hablaban sus subordinados. Dos meses después, los dirigentes que manejaron el caso y cuya gestión mereció, según el presidente Mariano Rajoy, la felicitación internacional, no están ya en sus puestos. "Mis colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien", expresó Rajoy el 8 de octubre al salir de una cumbre europea en Milán.

Aspectos periféricos o bien alejados del manejo de la crisis del ébola –el lucro obtenido de la trama Gürtel y la incontinencia verbal– han sevido para que sus jefes los hayan sacado de sus equipos sin mencionar siquiera sus acciones de aquellas semanas. Y esa distancia ha actuado como cortafuegos respecto a la responsabilidad de los presidentes central y autonómico.

El consejero Javier Rodríguez no ha tardado en darle una excusa al presidente madrileño Ignacio González, para deshacerse de él. Y eso que González se aventuró a calificar de "extraordinaria" la gestión de este asunto. Si sus acusaciones contra la enferma Teresa Romero le pusieron al borde del precipio político –pidió disculpas– el análisis final que él mismo ha hecho sobre su gestión del caso le ha dado el empujón: "Si lo hubiese hecho mal", Teresa Romero "no estaría hablando". 24 horas después ha dejado su puesto en Sanidad.

Rodríguez estuvo a la cabeza del sistema sanitario que ha atendido a los infectados por el virus del ébola. Pero no en las decisiones médicas, evidentemente. De su coordinación dependieron la preparación de los profesionales, la dotación de material aislante para manejar a los pacientes e, incluso, seguir adelante con el desmantelamiento del hospital Carlos III como centro de infecciosos para convertirlo en internamiento de enfermos crónicos. De su labor pendía que se tuviera una unidad similar operativa antes de cerrar el ala en la que terminaron por ingresar los misioneros repatriados a toda prisa desde África, Teresa Romero y los contactos de ésta. La Consejería de Sanidad fue la encargada de habilitar a toda prisa el Carlos III en agosto ante la inminente llegada de enfermos.

Más tarde, con el ébola ya en el organismo de Romero, Rodríguez admitió que un médico la interrogara en medio de su proceso febril y compareciera ante los medios para informar del famoso toque de cara con el que se argumentó la responsabilidad de la sanitaria en el contagio. El consejero la acusó de mentirosa.

La otra pata de la coordinación sobre el ébola estaba en el Gobierno central. Desde la decisión de repatriar a los misioneros enfermos, designar un centro de destino para ellos en España y contener una posible expansión de virus por el territorio nacional. A pesar de que Mariano Rajoy apoyó a Ana Mato, "si no no sería ministra", dijo, en cuatro días, (el 10 de octubre) la relevó al frente de la crisis para situar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Aun con las aireadas congratulaciones de sus colegas de la Unión Europea, la acción de la entonces titular de Sanidad en España no fue suficiente para mantenerla como cabeza visible en un asunto de su primerísima competencia. El caso Gürtel le dio a Rajoy la chispa perfecta para prender la pira de la ministra y dejarla arder sin mencionar siquiera su trabajo relacionado con el virus.

Sustitutos útiles

Así las cosas, el presidente del Gobierno ha hallado la manera de meter en el Ejecutivo a un hombre con facilidad de palabra para vender los logros gubernamentales en el periodo pre-electoral. Y la vicepresidenta se ha rodeado en el Gabinete de otro fiel a su causa. Nadie echa de menos a Ana Mato.

En Madrid, a seis meses de las elecciones autonómicas, la legislatura está vencida. El Gobierno del PP madrileño va a necesitar tres consejeros de Sanidad para completarla. Si Javier Fernández-Lasquetty salió disparado en enero de este año por el fracaso de su proyecto de privatizar la gestión médica de seis hospitales –otra buena porción de su plan de entrada de contratistas en la labores de la consejería sí se ha llevado a cabo–, Javier Rodriguez aterrizó con el propósito de apaciguar a los profesionales sanitarios que se habían revuelto contra las privatizaciones. Arremeter contra una de esas profesioanales y su manera de trabajar no ha parecido la mejor estrategia.

Para llegar hasta mayo de 2015, González ha designado como sucesor al viceconsejero Javier Maldonado. Maldonado sustituyó a Patricia Flores que había sido imputada por una querella contra las primeras fases de externalización de hospitales en manos de contratistas. Maldonado llegó a la consejería desde la gerencia del hospital madrileño, Ramón y Cajal. Antes, fue director médico de La Paz (el hospital desde donde se coordina actualmente el Carlos III). Allí lo había llevado el gerente Rafael Pérez-Santamarina. Ambos llegaron a ese centro tras perder las elecciones generales de 2004 el Partido Popular. Los dos provenían del Ministerio de Sanidad que dirigía Ana Pastor. Pérez-Santamarina era secretario general de Sanidad y Maldonado su jefe de Gabinete.








Rato y Blesa ocultaron las 'tarjetas black' porque sabían que sería un "escándalo"

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El informe de los peritos del Banco de España sobre el ‘caso Bankia’ complica el futuro judicial de Miguel Blesa y Rodrigo Rato en varios frentes, incluido el de las 'tarjetas black'. Sobre la utilización de estos plásticos, los peritos del supervisor son rotundos: "La voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados es clara y la motivación para hacerlo también, teniendo en cuenta el escándalo producido al conocerse los hechos".

Los peritos Antonio González Ruiz y Víctor Sánchez Nogueras concluyen que desde Caja Madrid y Bankia "se incumplió con la obligación de declarar los gastos" a la Administración Tributaria, a la auditoría interna, a la externa y al experto independiente, el despacho Garrigues. Desde la dirección de las entidades, tampoco se aludió a la existencia de las tarjetas en el folleto de salida a Bolsa, ni en las sucesivas memorias anuales de Caja Madrid, BFA y Bankia, ni en los informes de gobierno corporativo, ni se informó a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ni se incluyeron en la publicación individualizada de las remuneraciones de consejeros y miembros del comité de dirección que se realizó el 30 de diciembre de 2011.

El juez Andreu, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, aguardaba el informe de los peritos para decidir sobre la posible imputación de los usuarios de las tarjetas. De momento, por su despacho solo han pasado Rato, Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj. Ahora, los peritos aseguran que los gastos de las tarjetas suponen un incumplimiento de la Ley 4/2003 de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.

"El concepto de estos gastos no encaja como asistencias, abono de una cantidad a tanto alzado por la concurrencia efectiva a las reuniones de órganos de gobierno, ni como indemnizaciones, compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa justificación documental", reza el informe de los peritos, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Los peritos consideran, sin género de duda, que las tarjetas eran una retribución encubierta de Caja Madrid cuando la Ley 1/2011 de la CAM establece que los miembros de los órganos de gobierno "no podrán tener simultáneamente percepciones de la Caja de Ahorros y de la entidad bancaria central -en este caso BFA- o de cualquiera de las cajas que se integren en un Sistema Integrado de Protección de Activos (SIP). Si los hubiera, deberían cederse a la caja. Esta obligación estuvo expresa en la nota de retribuciones de la memoria 2011, pero se incumplió.

"Es clara la voluntad de ocultación de la existencia de las tarjetas analizadas y sus gastos asociados, al haber incumplido repetidamente todos los requerimientos de información y obvio que implicarían el incumplimiento de la normativa fiscal, si se comprueba finalmente que hubo omisión de su declaración, registro y tributación", aseguran los peritos. Sin embargo, los usuarios están lejos de que el incumplimiento de esa normativa fiscal les acerque al delito, al no sobrepasar en ningún caso los 120.000 euros en los que la ley establece el umbral de la defraudación.

Tenían conocimientos de sobra

En la línea de lo expresado por el FROB, los peritos afirman que "no es preciso una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo, siendo que los usuarios pertenecían a la dirección de la entidad o a sus órganos de gobierno y habían tenido responsabilidades y experiencia en puestos de esta índole".

Los peritos no dejan pasar la oportunidad para hacer una consideración sobre el uso de las tarjetas. "No fue equivalente, ni siquiera parecido", dicen, "la cuantía y los gastos de su naturaleza" de consejeros como Virgilio Zapatero, del que señalan devolvió por propia iniciativa 11.212 euros, a otros, como Matías Amat, quien siguió utilizando la tarjeta durante ocho meses después de cesar como director de participadas, gastando en ese plazo 15.876 euros.








Bankia salvó su salida a bolsa gracias a empresas participadas y grandes clientes en apuros

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El informe pericial del Banco de España remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluye que la fijación del precio de la oferta pública de suscripción (ops) con la que Bankia salió a bolsa en julio de 2011 "no fue un modelo de concurrencia" y que existen "serias dudas" sobre los motivos que llevaron a determinados inversores próximos a la entidad a participar en esa operación

Con esa ops, que dejó pillados a cientos de miles de pequeños inversores, la Bankia entonces presidida por Rodrigo Rato captó 3.092 millones de euros. Ese montante es precisamente, "el perjuicio directo causado a los inversores", según responden los peritos a preguntas la Fiscalía en el apéndice de uno de los informes.

En el momentáneo 'éxito' de la operación de salida al parqué tuvo mucho que ver la participación de sociedades dependientes de la propia entidad o participadas por ella, que tuvieron un peso muy significativo en las órdenes de compra de los inversores institucionales y permitieron sacar adelante una operación en que el Gobierno español y el Banco de España veían un ejercicio crucial para la imagen del país en el exterior. 

Así, sociedades dependientes de Bankia presentaron órdenes de compra por importe de 76 millones de euros, equivalentes al 6,15% de las órdenes de los inversores institucionales, mientras que la aseguradora Mapfre, de la que BFA (matriz de Bankia) tenía un 15% del capital "y por tanto con influencia significativa en su gestión" (el propio Rato era miembro de su consejo de administración) presentó órdenes de compra por 281 millones. Iberdrola, otra participada por Bankia, que entonces tenía un 5% de la eléctrica, invirtió 55 millones y ACS (accionista destacado de la propia Iberdrola), otros 25 millones.

"Sin estas ofertas las acciones ofertadas se hubieran reducido a 284 M de acciones, no alcanzando el mínimo requerido" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), señalan los peritos, que subrayan que el regulador bursátil "había fijado unos requisitos muy exigentes" para asegurar que el precio de salida "se estableciera con rigor técnico y la suficiente transparencia": un free float (acciones que cotizan libremente en el mercado) mínimo del 25% con al menos un 40% de la colocación en no menos de 100 inversores institucionales.

El informe expone "serias dudas" sobre los motivos que llevaron a determinados inversores a depositar y luego retirar a toda velocidad su dinero en Bankia. Entre ellos, una entidad como la Cámara de Comercio de Madrid, entonces presidida por Arturo Fernández, a su vez, consejero del banco. "Vendió su inversión, 12 millones, a los dos días de la salida a bolsa", subrayan los peritos.

El informe recoge órdenes de compra de acciones de Bankia realizadas por empresas del sector inmobiliario en una situación financiera delicada de las que la entidad era acreedora. 16 grupos, todos ellos ligados al ladrillo, y "todos con riesgos refinanciados, por lo que no se entiende que compraran acciones, teniendo problemas en el servicio de su deuda" y que invirtieron un total de 17,48 millones de euros, entre ellos, el grupo Aldesa (5 millones de euros).

Aunque Bankia no facilitó a los peritos los NIF de los inversores, "como se había solicitado, lo que dificultó el análisis de la información", los técnicos del supervisor detectaron "órdenes incomprensibles realizadas por acreditados con operaciones refinanciadas y retrasos generalizadas en el pago de las cuotas", como la inmobiliaria alcarreña Hercesa.

"Aunque la revisión ha sido somera, por referirse sólo a una pequeña parte de los inversores del tramo institucional, se ha podido verificar que varios, acreditados de la entidad con riesgos refinanciados calificados subestándar, como Áreas de Construcción y Promoción Level SL, Avintia y Construcciones SL, Ferrocarril e Intermediación y Patrimonios SL y Teyco SL, vendieron rápidamente sus acciones".

"Estos casos de ventas inmediatas plantean serias dudas sobre los motivos de la suscripción", señalan los peritos.
Para llevar a buen puerto la salida a bolsa, convertida en una cuestión de Estado, fue fundamental el concurso de, entre otros gigantes empresariales, competidores de Bankia como el Santander (con 156 millones invertidos) y CaixaBank (100 millones). En total, los bancos españoles invirtieron 469 millones y los extranjeros, 21 millones.








Errejón asegura que la Universidad de Málaga solo le reprocha un "error administrativo"

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El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que la Universidad de Málaga (UMA) sólo le reprocha un "error administrativo" y que el expediente disciplinario abierto por esta institución refleja que "no hay ningún problema" con su contrato como investigador ya que, según él, "se ha acreditado que está al día".

En declaraciones a los medios, Errejón ha respondido de esta forma después de que se conociera este jueves por la mañana que la UMA le había suspendido cautelarmente de empleo y sueldo tras abrirle un expediente disciplinario —al igual que a su tutor, el profesor Alberto Moreno— para investigar el desarrollo de ambos en un trabajo financiado por el centro universitario.

"Al final de todo el recorrido", ha defendido Errejón en alusión a este expediente disciplinario, "la universidad ha dicho que no hay ningún problema y que lo que falta es un papel". El documento que le faltaba era el que le habilitaría para realizar otras actividades remuneradas.

"En el país de Rato, Bankia y Bárcenas, resulta que faltaba un papel donde se comunicara que iba a prestar otros servicios", ha añadido el dirigente de Podemos, que ha precisado que el error fue no dejar constancia por escrito de que habría parte de su investigación que no la desarrollaría de forma presencial.

Errejón ha dicho que respeta la investigación que realice la UMA y ha criticado las "presiones" y los "ataques personales" que sufre Podemos. "Pero el problema de la casta no se llama Podemos, se llama falta de confianza de la ciudadanía", ha advertido.








Dimite la secretaria general de Sanidad tras la llegada de Alfonso Alonso al ministerio

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La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha presentado la dimisión de su cargo para retornar a su actividad profesional, médico, tras los recientes cambios producidos en el departamento de Sanidad.

"He trasladado al ministro mi deseo de retornar a Galicia y a mi actividad profesional, concluyendo mi responsabilidad como secretaria general de Sanidad y Consumo, habiendo quedado liberada de mi compromiso tras los últimos cambios", ha explicado Farjas en una carta dirigida al nuevo ministro, Alfonso Alonso, que ha sustituido a la anterior titular, Ana Mato.









Bankia cae un 6% en Bolsa y anuncia alegaciones al informe del Banco de España

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Bankia ha asegurado que analizará el dictamen elaborado por dos peritos del Banco de España que hoy han entregado al juez instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu, y tras su estudio, "efectuará las alegaciones y propondrá las pruebas que a su derecho y mejor defensa convengan".

Bankia ha hecho esta consideración en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que en dicho informe pericial se ponga de manifiesto que las cuentas de Bankia y su matriz BFA de 2011, el último completo de Rodrigo Rato en la presidencia del grupo, así como las reformuladas por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, no reflejaban "la imagen fiel de estas entidades".

Tras conocerse la conclusiones de dicho informe, Bankia ha explicado que en el día de hoy se le han notificado los documentos que integran el dictamen realizado por los dos peritos designados por Andreu, en el marco de las diligencias previas que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Dichas diligencias están en fase de instrucción, según ha recordado Bankia.

Caída del 6% en bolsa

Los títulos de Bankia cerraron la sesión bursátil con una caída de casi el 6% tras conocerse el informe de los peritos del Banco de España en el que se señala que las cuentas anuales de 2011 que se aprobaron en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, y las que reformuló en mayo de ese año, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, "no expresaban la imagen fiel" del banco.

En concreto, los títulos de la entidad nacionalizada fueron el segundo peor valor del Ibex 35 -en una jornada bajista en la que el selectivo se dejó un 2,35%- y perdieron un 5,994%, hasta los 1,333 euros.








Una advertencia del FMI fue "decisiva" para precipitar la caída de Bankia

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El 25 de abril de 2012, justo dos semanas antes de la intervención y del multimillonario rescate de Bankia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se descolgaba con un informe sobre el sector bancario en el que, sin citar a la entidad entonces todavía presidida por su antiguo director gerente, Rodrigo Rato, lanzaba un torpedo directo a su línea de flotación: "Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es esencial que estos bancos, y en particular el de mayor tamaño, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar su gestión y su gobierno corporativo", decía al referirse a las entidades en apuros del sistema financiero español.

Esa recomendación del FMI "fue decisiva, precipitando la crisis de Bankia", según concluye el informe de los peritos del Banco de España remitido al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en el que los técnicos del supervisor se extrañan por aquella advertencia del organismo internacional, cuyo máximo responsable (desde junio de 2004 hasta su espantada en noviembre de 2007) había sido, precisamente, el propio Rato.

El tono de los técnicos del supervisor es muy crítico con el organismo que ya entonces encabezaba su actual directora gerente, la francesa Christine Lagarde. "Es sorprendente que el FMI fuera capaz de apreciar un aspecto tan complejo como la gobernanza y que hiciera esta recomendación a una entidad de reciente constitución presidida por quien fue Vicepresidente y Ministro de Economía del Gobierno de España durante 8 años y posteriormente Director Gerente del propio FMI", indican.

No obstante, el informe señala que "la gobernanza se considera uno de los factores que explican la crisis del grupo", ya que presentaba "algunas deficiencias" de las que algunas "se fueron corrigiendo paulatinamente", mientras otras, como "la parquedad de las actas de los órganos de gobierno" o las "luchas de poder, más o menos explícitas, pero comprensibles en cualquier proceso de integración", se podrían considerar "comunes a la generalidad de las entidades".

De hecho, al analizar el proceso previo a la salida a bolsa de Bankia, los propios peritos del supervisor lamentan que, "desgraciadamente", las actas de los consejos de administración "son extraordinariamente parcas, no permitiendo conocer la profundidad con que las alternativas existentes se analizaron" a la hora de preparar esa operación, a la postre ruinosa. Y consideran también "significativo que no hubiera un mínimo debate sobre las consecuencias de la rebaja del precio de salida [a bolsa] a 3,75" entre los miembros del consejo. "En general se carecía de tiempo material para un análisis previo de la documentación" que se presentaba a los consejeros de la etapa de Rato, añaden.

Sin embargo, los técnicos creen que otras deficiencias del gobierno corporativo de la Bankia de Rato "podían explicarse por la premura con que todo el proceso se desarrolló" y "por la vertiginosa sucesión de los acontecimientos, el deterioro del marco económico español e internacional y las importantes modificaciones legislativas en materia de provisiones y requisitos de solvencia, que es obvio resultaron obstáculos monumentales".

Así, el informe considera que la recomendación que formuló el FMI, antesala de la caída de Rato, "no es en sí misma relevante".

"Es ciertamente una obviedad, al ser aplicable a cualquier empresa, financiera o no. Por lo demás, no consta detalle de las medidas, ni justificación, ni explicación del razonamiento por el cual el FMI llegó a semejante conclusión". "Lo significativo fue la urgencia con que se requería la medida y el hecho de su filtración, algo realmente sin precedentes".








El informe del Banco de España muestra a Rato el camino a prisión por su responsabilidad en la crisis

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Agonizaba el mes de febrero de 2013 cuando el juez Fernando Andreu ordenó a dos peritos del Banco de España que elaboraran el informe que marcaría el devenir del 'caso Bankia', y con él, el posible esclarecimiento de los motivos del crack financiero y la crisis de la economía española. El resultado es demoledor, según coinciden distintas fuentes del caso. Y las consecuencias, nefastas para los responsables del agujero en una entidad sistémica. Su presidente en el momento del rescate, Rodrigo Rato, está imputado por seis delitos. El informe de los peritos apuntala todos ellos y muestra otros nuevos, como el de la estafa recogida en el artículo 282 bis. Solo con él podría sumar a los anteriores seis años de condena.

El informe de los peritos concluye que Bankia maquilló sus cuentas antes y después de ser rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público, el agujero por el que se escapó una parte del futuro de los españoles. Esa huida hacia adelante, la salida a bolsa en julio de 2011, se concreta en el artículo referido, dedicado a los administradores de las sociedades emisoras de valores que falseen la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión, con el objeto de captar inversores. En el caso de que un tribunal considere que la gran estafa del 'caso Bankia' es “de notoria gravedad”, sus responsables pueden ser castigados con la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Este jueves, la euforia era indisimulada entre los abogados de las acusaciones. "Es una bomba", aseguraba uno de ellos. Han pasado dos años y medio de interminables declaraciones de imputados, defendidos por los abogados más caros de España, que redirigían responsabilidades hasta conducir el caso a un callejón sin salida. Pero desde ayer, las acusaciones tienen en su poder más de 400 folios de prueba acusatoria, un informe pericial del Banco de España que tendrá un peso determinante en el juicio oral, destacan expertos penalistas.

Uno de esos expertos considera que el falseamiento recogido en el artículo 282.bis se puede repetir en el caso de Rato y el resto de la cúpula de Bankia tantas veces como informes remitieron a otras tantas instituciones, como la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Economía. A ellos se deben sumar los delitos inicialmente imputados al exvicepresidente del Gobierno en el caso Bankia: apropiación indebida, falseamiento de cuentas, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. Estas imputaciones se afianzan en las 400 páginas del informe, según los abogados de las acusaciones particular y popular.

De igual forma ocurre con la presunta responsabilidad de Rato en el uso de las ‘tarjetas black’. “La voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados es clara y la motivación para hacerlo también, teniendo en cuenta el escándalo producido al conocerse los hechos", dejan por escrito los peritos.

Los delitos de apropiación indebida y societario que el juez atribuye a Rato y Blesa, y por los que les ha impuesto fianzas de responsabilidad civil millonarias, pueden ampliarse a otro fiscal. En el caso de los usuarios, los gastos sin declarar no alcanzan los 120.000 euros de umbral que establece la ley. Sin embargo, entre todos superan esa cifra anualmente y los administradores de la entidad serían responsables del delito fiscal. El juez Fernando Andreu aguardaba la recepción del informe del Banco de España para tomar nuevas decisiones en la pieza separada que mantiene abierta por los plásticos opacos. Ninguna de las acusaciones consultadas se atreve, por el momento, a hacer un cálculo ajustado de una petición de condena, pero en el estado actual de la investigación, los cálculos más conservadores apuntan a más de diez años.

La responsabilidad de Deloitte

Pero si el informe resulta altamente perjudicial para los responsables de Bankia no lo es menos para los supervisores, la CNMV, el Banco de España y, sobre todo, coinciden los expertos, la auditora Deloitte. Los peritos son claros al respecto: “debería haber detectados los errores contables”. Y no lo hizo. La auditora es responsable de dar el visto bueno para que Bankia saliera a bolsa, con el consiguiente daño para los inversores. Entre otros, la auditora sería responsable de ese delito de falsificación de la información para la salida a bolsa, penado hasta con seis años, en concepto de cooperadora necesaria. “Es importante que Deloitte aparezca señalada, que el 'pool' de indemnizadores se amplíe. En el caso de condena, contribuirá a que los accionistas recuperen su dinero: es solvente”, aseguraba este jueves uno de los penalistas consultados.

El informe de los peritos deberá ser ratificado en sede judicial por ambos. Declararán como testigos y podrán ser interrogados por juez, fiscal y el resto de las partes, incluidos los caros abogados de los imputados, que intentarán rebatir las afirmaciones recogidas en el extenso informe.








El Poder Judicial sacará a concurso la plaza de Ruz en la Audiencia Nacional

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Pablo Ruz tiene los días contados en la Audiencia Nacional. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobará el próximo día 9 la convocatoria de nuevas plazas para sustituir a los jueces sustitutos que trabajan en "comisión de servicios". En el listado de plazas que oferta el Poder Judicial se incluirá la de Pablo Ruz, lo que impedirá que el magistrado pida la prórroga que le podría mantener al frente de casos como Gürtel o Bárcenas hasta el próximo mes de junio.

Fuentes del Consejo, consultadas por eldiario.es, confirman que la decisión está tomada. En el órgano de gobierno de los jueces se han visto muy presionados por el escándalo que en la opinión pública pueda generar el cese efectivo de Ruz al frente de las dos causas que tienen al PP y al Gobierno contra las cuerdas. Para minimizar los riesgos de esa polémica, el CGPJ tiene previsto aprovechar las semanas que se tarda en la resolución de los nuevos concursos para permitir al magistrado saliente ir cerrando las causas pendientes. Sin embargo, según fuentes del CGPJ a partir del próximo martes "la situación de Ruz será de máxima interinidad".

La última decisión de Ruz ha provocado una crisis en el Gobierno de Rajoy, obligado a cesar a Ana Mato tras saberse que debería sentarse en el banquillo para responder por los regalos que le llegaron desde la trama Gürtel. En el PP, el malestar con el magistrado es máximo. Fuentes de la dirección del partido acusan a Ruz en privado de haber elegido el día de publicación de su auto con la intención de dejar a Rajoy en una situación insostenible. Rajoy decidió destituir a Ana Mato, porque al día siguiente de la publicación del auto de Ruz debía comparecer en el Congreso para hablar de corrupción.

El sexto juez

Ruz es el sexto juez que tiene alguna relación con las tramas de Gürtel y de los papeles de Bárcenas. El primero, Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial. Posteriormente, el caso cayó en manos del juez Pedreira (TSJM), presionado al límite hasta que decidió desimputar a Luis Bárcenas a pesar de que Suiza no había enviado aún las comisiones rogatorias solicitadas para conocer sus cuentas en el extranjero. El caso Gürtel pasó brevemente por el Tribunal Supremo y estuvo en manos del juez Francisco Monterde, hasta que Bárcenas dimitió como senador y perdió su aforamiento.

De nuevo en la Audiencia Nacional, el caso cayó en manos de Pablo Ruz que cubrió el puesto en comisión de servicios. Gómez Bermúdez solicitó la jurisdición sobre la querella presentada por IU sobre la financiación del PP pero no lo consiguió.

Entonces, el temor en el PP se instaló sobre la posibilidad de que el titular de la plaza que Ruz ocupaba como sustituto solicitase su sillón. El nombre del titular del número 5 es Miguel Carmona, a quien el Gobierno tentó con todo lo posible para alejarle de su juzgado. Primero con una plaza en el Tribunal de La Haya –pero el Gobierno presentó la solicitud fuera de plazo– y después fue nombrado por el Consejo de Ministros como asesor judicial en la embajada de Londres para que no pusiese sus manos sobre el caso Gürtel.








Rajoy pide que ministros y dirigentes den la cara para vender el producto PP

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A pesar de lo reticente que es Mariano Rajoy a conceder entrevistas y someterse a ruedas de prensa sin límite de preguntas, los miembros del Ejecutivo y del partido han recibido la consigna de ocupar todo el espacio posible en los medios de comunicación. En el Gobierno cunde la preocupación porque la situación económica mejora, pero los ciudadanos no parecen creérselo a juzgar por los resultados del CIS. Este martes, en el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente ordenó a los suyos que se esforzaran en vender los logros del Gobierno en todo tipo de actos públicos, pero sobre todo, en los programas de televisión.

La petición de Rajoy para que los conservadores multipliquen su presencia pública se tradujo en la orden de "hablar más y ocupar todos los espacios". Llega en un momento en que los líderes de Podemos han optado por la estrategia contraria. La nueva formación ha dado marcha atrás en las últimas semanas en su apuesta por la sobreexposición de sus fundadores en tertulias y programas de televisión.

Las habilidades de Alonso

Hasta ahora, Rajoy ha procurado rodearse de ministros con un perfil más técnico que político, una cualidad que sólo esgrimían Alberto Ruiz-Gallardón y, en menor medida, los dos ministros más amigos de Rajoy, José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández Díaz. El fichaje de Alfonso Alonso ha sido interpretado como un intento de reforzar este flanco en el último año de legislatura.

Sin conocimientos de Sanidad, el Gobierno se ha apresurado a destacar su perfil como un político "muy vinculado a la defensa de los servicios sociales", aunque sus verdaderas bazas son su capacidad para comunicar bien y no esconderse. El mismo Rajoy le ha reconocido que su confianza en él podía haberle colocado en cualquier otro Ministerio.

Dos días después de la reunión de la cúpula, el PP anunciaba la presencia de Cospedal este sábado en 'La Sexta Noche' aunque lo desvincula de la petición de Rajoy. Fuentes del PP explican que la petición de que la secretaria general acudiera al programa se hizo antes del verano y que se cerró una fecha hace ya meses que luego no pudo cumplirse por problemas de agenda.

Aun así, Cospedal reconoce que la situación obedece a un "momento especial" en que los conservadores están obligados a tomar la iniciativa en esta materia. Junto a la recuperación económica, el mensaje clave que es necesario colocar es que la lucha contra la corrupción en las propias filas va en serio. La causa no es otra que la proximidad de las elecciones municipales y regionales y el miedo, sobre todo entre los barones autonómicos, a que casos como Gürtel, los papeles de Bárcenas y la Operación Púnica les pasen factura.

Tertulianos multiusos

En el PP niegan que estén buscando entre sus diputados y cargos del partido caras nuevas que vendan mejor el producto y mantienen que esa apuesta no es una novedad, aunque vayan a redoblarse los esfuerzos. Sus responsables de comunicación insisten en que siempre han enviado gente a todo tipo de programas, dependiendo de la especialidad de cada uno. "Como partido estamos saliendo en todos los programas porque se está yendo a todo, otra cosa es que muchos vayan para hablar de un asunto concreto del que son especialistas", aclara su portavoz, que admite la dificultad de encontrar nuevas voces "que sepan hablar de todo".

Así, los más habituales hasta ahora han sido Rafael Hernando, Dolors Montserrat, Agustín Conde, Macarena Montesinos, Iñaki Oyarzábal y Arenales Serrano, entre otros. También las caras más jóvenes, como es el caso de Borja Sémper o Pablo Casado, que a pesar de no tener una larga experiencia sí son capaces de salir airosos en debates frente a otros invitados. Encontrar entre las propias filas quienes aunen soltura, capacidad de comunicación y peso político suficientes, se ha revelado como una misión complicada hasta ahora.








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