Los árboles andaluces del caso de los ERE fraudulentos son tan abundantes que no dejan ver la inmensidad del bosque de corrupción tejido desde la Junta y que tiene ramificaciones en toda España. Desde que en marzo la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, diera un nuevo impulso a la investigación del caso, imputara a personalidades del PSOE como la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, y haya estrechado el cerco sobre el presidente andaluz y del PSOE, José Antonio Griñán, da la sensación de que el caso está circunscrito exclusivamente al sur. Es cierto que tras seis meses de baja, la jueza Alaya, convertida en heroína del PP, regresó en marzo a su puesto con energías renovadas y el 20 de marzo dio curso a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para detener a 22 personas en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.
Pero la jueza fue aún más lejos, al judicializar la investigación que la Guardia Civil inició en 2011 sobre las empresas aseguradoras que se beneficiaron de los ERE fraudulentos, que constituyen la trama catalana de los ERE, esencialmente Vitalia y el grupo de aseguradoras vinculado al desaparecido banco catalán Eurobank, controlado por el oscuro financiero Eduardo Pascual Arxé, y cuya quiebra investiga el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ocupado, desde que Baltasar Garzón fuera inhabilitado, por el juez Pablo Ruz.
Y las investigaciones de la UCO siguen en Barcelona con el beneplácito de Alaya, aunque la iniciativa, apuntan fuentes de la investigación, la está llevando en todo momento la unidad especializada del instituto armado. Efectivos de la UCO están haciendo sentir su presencia en los últimos días en el despacho barcelonés del abogado Eduardo Bajet, hombre deconfianza de Eduardo Pascual, y al que muchos de los implicados señalan como cerebro financiero de los productos que las aseguradoras del extinto grupo Eurobank colocaban a la Junta de Andalucía.
Fuentes judiciales apuntan que a partir de hoy o de los próximos días, los investigadores de la Guardia Civil podrían tener que dar cuenta al magistrado que designe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque Alaya tiene previsto inhibirse en favor del tribunal autonómico coincidiendo con la comparecencia de Mariano Rajoy por el caso Bárcenas.
Los agentes de la Guardia Civil no han coincidido sin embargo con Bajet que, de forma oportuna, lleva varios días en Venezuela. Cuando este diario contactó con el despacho de Bajet para preguntar por el paradero del abogado, la única respuesta que obtuvo fue: “El señor Bajet está fuera de España”.
Alaya está convencia de que las aseguradoras vinculadas a Pascual como Vitalia o Excel Life, se apropiaron de forma irregurlar de más de20 millones de euros que la Junta de Andalucía tenía destinados a subvencionar expedientes de regulación de empleo. Los responsables de la investigación, con Alaya a la cabeza, están convencidos que los expedientes con los que las aseguradoras de Pascual obtuvieron el dinero del Gobierno andaluz eran falsos.
El 23 de marzo Alaya ordenó el ingreso en prisión de Pascual y de su principal colaboradora, María Vaqué, por recibir comisiones de los ERE fraudulentos, a través de la aseguradora Vitalia.
Ruz se encontraba entonces en el centro de la polémica por su enfrentamiento con el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que, tras admitir a trámite una querella de IU contra elextesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros, se consideró competente para investigar la financiación del partido del Gobierno. Competencia que se la atribuía también Ruz, porque es el instructor del caso Gürtel.
Al Tribunal Superior
En aquel momento parecía más que evidente que el Gobierno del PP quería que los papeles de Bárcenas fueran investigados por Ruz –el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dirigió al Consejo General del Poder Judicial para pedir que el caso quedara en manos del sustituto de Garzón–. Pero el Gobierno podría estar ya arrepintiéndose de convertir a Ruz en su juez favorito, en especial a la vista de la evolución de la instrucción del caso Bárcenas.
Alaya, como Ruz, podría hacer que el PP se arrepienta de haber ensalzado su figura si sigue investigando la rama catalana de los ERE. A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus tribulaciones judiciales en una cuestión transversal que instruía hasta marzo, precisamente, el juez Ruz.
Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar que sus únicos responsables eran los administradores quele sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las personas quehabían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleoaplicados en el mercado de abastos de la capital andaluza.
En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el juez Ruz, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso,Vicente Martínez-Pujalte, como su hermano Jesús.
La operación impulsada por Alaya se ha saldado, de momento, con el ingreso en prisión de siete personas. Varias de ellas no eran sorpresa alguna, a la luz del informe elaborado por los propios técnicos de la UCO, que cifran el dinero desviado de la partida de la Junta de Andalucía para expedientes de regulación de empleo en 50 millones de euros: el exdirectorgeneral de la Junta, Javier Guerrero, que ya había pasado siete meses en prisión por haber autorizado la salida de los fondos, y el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas. Mucho más sorprendente resultó el encarcelamiento dePascual y de su mano derecha, María Vaqué.
Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo, rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis, con cargo a la partida 31L, fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según lainvestigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
