La vicepresidenta del Gobierno ha confirmado este viernes que la protección de la que gozará el rey cuando deje formalmente de serlo necesitará la aprobación de una ley orgánica. Es decir, que el trámite no será tan exprés como si se hiciera a través de una proposición de ley del grupo parlamentario porque requiere los informes de los órganos consultivos, lo que suele requerir unos meses. Soraya Sáenz de Santamaría no ha adelantado ni qué plazos se marca el Gobierno para que la ley esté aprobada ni cuál será el contenido de sus artículos aunque ha subrayado que ya se ha elaborado "lo importante en cuanto al contenido y la forma".
Preguntada por el tiempo que el actual monarca puede estar sin un estatuto de protección especial, la número dos del Ejecutivo ha insistido en que el rey Juan Carlos goza de inviolabilidad para todos sus actos gracias a la Constitución y que "no tiene responsabilidad alguna por el ejercicio de su cargo con independencia del futuro aforamiento porque no implica recuperar la responsabilidad para las actuaciones anteriores". De esta forma, la vicepresidenta ha recordado que el rey no será juzgado por cualquier delito que haya podido cometer en el pasado.
El tiempo transcurrido desde que Juan Carlos I deje de ser rey el día 18 hasta que la norma se apruebe no parece preocupar al Gobierno. La vicepresidenta se ha limitado a decir que informará a los medios. El privilegio que comporta tener que ser juzgado por el Tribunal Supremo y no por una instancia inferior lo disfrutan en España unos 10.000 cargos entre políticos y judiciales. Recientemente, el Gobierno ha querido extender esta protección especial a los príncipes de Asturias y a la reina Sofía.
La fórmula escogida en abril para extender el privilegio a los príncipes y a la reina fue la de incorporarlo al anteproyecto de ley sobre el poder judicial. La vicepresidenta ha calificado de "llamativo" que, dado el "amplio número de aforados del país, esta medida no se hubiera hecho antes por parte de los anteriores gobiernos.
Pide a CiU que recapacite sobre su abstención en la votación
La polémica por la negativa de CiU a votar a favor en el próximo Pleno del Congreso en el que se aprobará la ley de abdicación ha llevado a la portavoz del Gobierno a pedir a CiU y a Josep Antoni Duran Lleida "reflexión y no mezclar debates". Así, ha trasladado al portavoz de la coalición nacionalista que los partidos que son "de Gobierno no pueden ni deben" quedarse al margen en momentos históricos.
Aunque ha descartado que este nuevo obstáculo en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat se traduzca en un empeoramiento de las relaciones entre ambas instituciones que no desea, Sáenz de Santamaría no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar que siguen aprobando ayudas económicas destinadas a Cataluña.
La acusación por parte de Duran de que los catalanes reciben un "trato injusto de España" ha molestado a la número dos de Rajoy, que enseguida ha sacado a colación la última partida económica aprobada con destino a Cataluña. "Podría hacerlo todos los viernes, pero voy a poner un ejemplo de transferencia aprobada este viernes como es la de 11 millones de euros para la rebaja de tarifas y peajes".
