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El Consejo de Ministros acaba de dar el visto bueno a la reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el privilegio que hasta ahora tenía la Iglesia para inmatricular bienes a su nombre con la sola certificación del obispo y sin necesidad de poseer título de dominio sobre el bien. La reforma, si bien borra ese privilegio, lo haría a partir de la aprobación de la nueva ley de manera que, sin carácter retroactivo, estaría consolidando las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta ahora, entre las que destaca como ejemplo de más valor la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Así se desprende del texto que dio a conocer el Consejo de Ministros y en el que se explica que, de ahora en adelante, "los criterios para las inmatriculaciones de la Iglesia Católica se equiparan con los del procedimiento generalizado". En ese sentido, el texto explica que, "al integrar y coordinar todos los datos y sistemas de inmatriculación de bienes, se actualiza también la especial situación de la Iglesia Católica en este punto. Se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación".
Es decir, se eliminarán los artículos de la actual Ley Hipotecaria, provenientes de la época franquista, por los que se otorgaba categoría de administración pública a la Iglesia católica y que posibilitó que, con la sola firma del obispo, fuera suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público no registrado hasta la fecha. Así, la Iglesia se hizo con la Mezquita-Catedral en 2006 por solo 30 euros y, según los datos que maneja el colectivo Europa Laica, suman más de 5.000 bienes los inmatriculados por la Iglesia en todo el país entre 1998 y 2007, bienes a los que no afectaría esta reforma de la Ley Hipotecaria y quedarían inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia.
"Ahora más que nunca hay que denunciar este atropello"
Desde la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que desde hace unos meses ha abierto el debate en torno al privilegio de la Iglesia para inmatricular bienes y que pide la titularidad pública para este monumento mundialmente reconocido y Patrimonio de la Humanidad, "se veía venir esta operación política" que, en realidad, deja en manos de la Iglesia miles de bienes sobre los que ella misma ha certificado su propiedad.
El profesor de Derecho Civil y miembro de la plataforma, Antonio Manuel Rodríguez, explica que, si bien la reforma propuesta por el Gobierno elimina el privilegio de la Iglesia de ahora en adelante, también "está consolidando las inmatriculaciones ya hechas" que ahora habría que "atacar de una en una" para intentar deshacerlas. Y advierte: "Quien hace la ley, hace la trampa" por lo que insta a la ciudadanía a que, "ahora, más fuerte que nunca, debemos denunciar este atropello. Las inmatriculaciones hechas hasta ahora siguen siendo irregulares e igual de inconstitucionales".
En su opinión, el cambio en la Ley Hipotecaria "reconoce que era inconstitucional" ese privilegio que mantenía la Iglesia gracias a los artículos de la época franquista que le otorgaban capacidades de la función pública y por encima de cualquier otra confesión religiosa. "Esta reforma desautoriza a todos cuantos decían que las inmatriculaciones era legales, porque se reconoce que existía un privilegio que es inconstitucional".
No obstante, el Gobierno otorga un año más a la Iglesia para que inmatricule bienes a su nombre antes de que entre en vigor la eliminación de su privilegio. La reforma presentada por el Ejecutivo da doce meses de plazo desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor estos cambios, a los que habrá que añadir los meses de trámite que aún le queda a la futura ley. Por tanto, la Iglesia tendrá tiempo aún para seguir llevando a cabo la práctica de las inmatriculaciones de bienes.
Justo esta semana se conocía que el debate sobre las inmatriculaciones y la titularidad de la Mezquita-Catedral llegaría al Senado, al presentar Izquierda Unida una pregunta en esta cámara dirigida al Gobierno para conocer si se había planteado "suprimir el anacrónico privilegio que se otorgaa los obispos de la Iglesia Católica de actuar como fedatarios públicos para emitir certificaciones de dominio sobre bienes inmobiliarios para adueñarse de ellos mediante su inmatriculación en el Registro de la Propiedad", según consta en la cuestión. Asimismo, sobre la Mezquita-Catedral, IU pregunta si "¿tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida para reclamar la titularidad públicade este monumento que es de los cordobeses, de los andaluces, de los españolesy de la humanidad?".
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