El Gobierno ha planteado una reforma de la ley del Poder Judicial que divide a los jueces. La asociación Francisco de Vitoria critica la "instrucción colegiada" por la que tres magistrados en vez de uno asumirán la instrucción de las macrocausas y Jueces para la Democracia alerta de la "jerarquización" que supone que el Tribunal Supremo dicte jurisprudencia vinculante sobre todos los asuntos del ordenamiento jurídico. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera "adecuados" muchos de estos cambios, aunque se muestra cauta hasta que se desarrollen los criterios.
Las asociaciones críticas cargan contra la "politización" de la Justicia. En concreto, se muestran en contra de que sea el politizado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que elija a los presidentes de los tribunales de primera instancia. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, alerta de que puedan producirse "injerencias" en la independencia judicial.
¿Investigaciones más ágiles?
Alberto Ruiz Gallardón justificó que tres jueces dirijan las instrucciones de los casos más complejos, como el caso Gürtel, en la "corresponsabilidad" y aceleración de las investigaciones. La APM considera que puede tener "beneficios para que haya una mayor fuerza laboral para el reparto de funciones". No obstante, su portavoz, Pablo Llarena, señala que "el problema puede ser el criterio de la primacía entre jueces" y que habrá que analizar cómo se desarrolla la propuesta.
Para la Asociación Francisco de Vitoria, es "una manera de controlar a los descontrolados y entorpecer las causas ya que es difícil la unidad de criterio en las resoluciones judiciales". "Es incierto que promueva la agilidad porque ponerse de acuerdo tres jueces va a ser el camarote de los hermanos Marx", expresa Marcelino Sexmero: "La medida no tiene sentido y la justificación de que se agiliza el proceso es denigrante". Esta asociación cree que Gallardón "demuestra que desconfía de los jueces de instrucción".
Según Jueces para la Democracia, "más allá de cuántos sean los jueces de instrucción, lo fundamental es que los criterios impidan que haya instrumentalización de la investigación".
"Jerarquización" a través del Supremo
Hasta ahora el Tribunal Supremo solo podía dictar jurisprudencia sobre delitos penados con más de cinco años de prisión. El Gobierno amplía la capacidad del alto tribunal, que podrá pronunciarse sobre cualquier asunto recogido en el ordenamiento jurídico. La APM recuerda que sobre esos delitos menores se pronuncian ahora las audiencias provinciales y "puede haber 52 criterios": "La unificación de criterio aporta seguridad jurídica".
Jueces para la Democracia tacha la ampliación de un "signo más de la jerarquización" del sistema judicial. "Gallardón pretende imponer lo que diga el Supremo sin tener en cuenta la realidad social", según Bosch, que advierte de que la normativa impide al juez de instancia investigar un delito si no es conforme a lo que ha dictado el Supremo anteriormente: "Otra cosa es que el Supremo valore lo que ha hecho el juez de una instancia inferior", matiza.
La Francisco de Vitoria ve problemas en que se establezca por ley "la obligatoriedad de que un tribunal inferior siga la jurisprudencia que no está sentada de manera clara y contundente": "Supone un acicate para la apertura de expedientes sancionadores", expresa Sexmero.
¿Criba para el ascenso de los jueces?
El Gobierno plantea una "oposición de segundo nivel" para la especialización de los jueces y favorecer el ascenso de aquellos que la hayan superado. Ese trámite ya existe para algunas ramas del ordenamiento, como los casos de lo social o lo contencioso-administrativo. "El Derecho está altamente tecnificado y cada disciplina requiere conocimientos específicos. Que la judicatura se adapte a esa especialización es adecuado", señala Llarena (APM), que también valora que "la gente de valía, que no puede mejorar por edad, pueda ascender a través de la oposición y el conocimiento".
"La ampliación de la especialización es buena si los criterios son objetivos", señala Jueces para la Democracia. La Francisco de Vitoria tiene dudas. Aunque considera que el enunciado es positivo, duda de que "la generalización pueda ser efectiva". Si se trata de una "oposición pura y dura como es la de acceso, no hay problema", explica Sexmero, "pero si es un concurso de méritos, que ya sabemos cómo funcionan en este país", puede servir para llenar la judicatura de "privilegios".
Exceso de aforamiento
La concesión del privilegio del aforamiento a la reina y a los príncipes no gusta a los jueces de la asociación progresista: "En un país con exceso de aforamiento, ampliarlo cuando hay investigaciones que afectan a la Casa Real no tiene sentido", expresa Bosch: "Tenía sentido cuando no existía el Estado de derecho, pero no ahora con la independencia de los organismos judiciales garantizada".
Otra de las críticas al proyecto es que "pretende silenciar a los jueces con la prohibición de que las asociaciones opinen sobre procesos en marcha o sobre el Gobierno". "Gallardón quiere militarizar la judicatura", sentencia Bosch. La Francisco de Vitoria critica que se planteara la eliminación de subvenciones a las asociaciones de jueces: "Que se las quiten a todos, incluidos los partidos políticos. Si solo somos nosotros es una merma de la existencia del asociacionismo judicial y a las críticas al Gobierno de turno. Por tanto, un ataque directo a la democracia", concluye Sexmero.
