"Tanto la legislación ambiental, de aguas y tratamiento de residuos, como la tecnología minera han experimentado grandes avances", afirma María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas. Una postura enfrentada a la de Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción: "La experiencia de la minería a cielo abierto ha sido catastrófica y demuestra, que pese a tener condicionantes ambientales restrictivos, es muy difícil de controlar". Para el alcalde Aznalcóllar, Agapito Ramírez (IU), la noticia ha sido recibida como "un bombazo extraordinario". Sean cuáles sean las posturas, lo cierto es que la carga simbólica del mayor desastre ecológico de Andalucía planea sobre el último anuncio de La Junta de Andalucía de reabrir la mina de Aznalcóllar.
¿Quien contamina paga?
Antonio Ávila, consejero de Economía, Empleo e Innovación de la Junta y Susana Díaz, consejera de la Presidencia, afirmaron el pasado jueves que podrá optar a la explotación de la mina cualquier empresa, menos "las que mantengan deudas con Andalucía", un condicionante que apunta directamente a Boliden Apirsa, grupo empresarial al que la Junta reclama los daños por la rotura de la balsa y la inversión en la recuperación ambiental de la zona: unos 90 millones de euros.
Todavía hoy, el Gobierno andaluz no ha conseguido que "quien contamina, pague", ya que el caso ha vuelto al Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla y prácticamente se encuentra en el mismo punto que hace 15 años. El grupo socialista defenderá este miércoles en el Pleno extraordinario del Parlamento una proposicón no de Ley en la que se insta a la Junta a articular los procedimientos administrativos necesarios para la reapertura de la mina. Un concurso que se realizará "atendiendo a los parámetros de máxima seguridad y de sostenibilidad económica, social y medioambiental". A falta de la publicación de los pliegos, Ávila anunció que el concurso se resolverá el próximo otoño y se daría la licitación a partir de 2014.
15 años del desastre ecológico
Proyectada en los años 70, en 1995 la explotación de la corta de Aznalcóllar pasó a manos de Boliden Apirsa. Una empresa que, como después quedó probado, realizó una explotación con un alto riesgo, ya que su proyecto minero contaba una balsa de residuos con capacidad para unos 40 millones de toneladas. La empresa sueco-canadiense realizó reformas en los muros de esta balsa de residuos para verter los de la corta de los Frailes, que suponía una explotación de otros 40 millones de toneladas. Es decir, el doble de lodos que la balsa podía recoger. El vertido de lodo tóxico, más de siete millones de toneladas, afectó a unas 4.600 hectáreas del entorno natural del río Agrio y el río Guadiamar, afluentes del Guadalquivir y área de influencia de Doñana.
Al desastre ecológico, se unió el económico. Agapito Ramírez (IU), que trabajó como operador de planta en la mina durante más de 20 años, recuerda que antes de la catástrofe de 1998, en la mina trabajaban "450 personas fijas y más de 700 eventuales", con lo que la "decisión política" de cerrar la mina constituyó "un palo muy duro" para el municipio de Aznalcóllar y el conjunto de localidades del Corredor de la Plata.
Hacia una minería sostenible
Según datos de la Junta, desde que se produjo el vertido tóxico de 1998, Andalucía ha sido escenario de una "renovación minera". Hay nuevos complejos, como Cobre Las Cruces (en la localidad sevillana de Gerena) y Aguas Teñidas (Almonaster la Real, Huelva), que se ajustan a unos condicionamientos ambientales muy rectrictivos.
Manuel Toscano, profesor del departamento de Geología de la Universidad de Huelva, explica algunos de estos procedimientos: "Antes, los lodos se vertían en una balsa con agua. Ahora, se retira la balsa y al lodo se le añaden una serie de aditivos por los que se convierte en una especie de cemento. Es decir, son balsas de lodo seco que tienen mucha menos peligrosidad de deslizamiento", apunta. "Esas mismas balsas sirven para sostener las galerías, por lo que funcionan como mecanismos de seguridad minera", añade.
"A raíz de la rotura de la balsa, los mecanismos de control ambientales sobre los vertidos y el agua son muchísimo más exigentes", explica María José Asensio. "La minería es con diferencia la actividad más intervenida en la actualidad". Según Asensio, "existen herramientas muy poderosas para que la administración pueda controlar las explotaciones. Por ejemplo, antes de aprobar el proyecto, la empresa tiene que presentar un plan de restauración prespuestado y realizar un ingreso de ese dinero como aval", sostiene.
Una medida que acabaría con lo que los ecologistas han denunciado como "el neocolonialismo minero", y que fue lo que ocurrió con Boliden Apirsa que, tras esquilmar los recursos mineros de Aznalcóllar y producirse el vertido, desmanteló la explotación y no se hizo responsable de ningún plan de viabilidad posterior. "Andalucía tiene un pasivo minero, instalaciones antiguas, muy grande. El impulso de estos proyectos permite que estas infraestructuras, una vez se finalice la actividad, se queden en mejores condiciones incluso que las originarias", cuenta Asensio. "No hay que demonizar una actividad con grandes posibilidades en la comunidad por el pasado. Precisamente estaremos más vigilantes, si cabe", concluye.
80 millones de Tonelas de mineral en reserva
Otra de las razones en las que la Junta apoya su decisión es que el complejo minero no parte de cero. En Aznalcóllar hay unas reservas por explotar de entre 30 y 35 millones de toneladas de mineral complejo. Además, se cree que a mayor profundidad podría haber en torno a otros 45 millones de toneladas. Es decir, el antiguo complejo de Aznalcóllar, de casi 950 hectáreas de superficie, cuenta con unas reservas constatadas y recursos probables de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata). La mayor infraestructura,la corta minera, ya está construida. La Corta de Los Frailes está inundada y requeriría inversión para su desagüe, tratamiento de esas aguas y su posterior eliminación a través de una autorización de vertidos.
"Existen dos tipos de proyectos mineros: los nuevos, en los que las empresas pueden pasar de 3 a 8 años investigando, realizando sondeos para estudiar si hay posibilidades de extraer mineral y si es rentable, como fue el caso de Cobre las Cruces; o los antiguos, en donde la información anterior te permite prever cuánto mineral hay, qué tecnología necesitas, y en el que el proceso es mucho más rápido, este sería el caso de Aznalcóllar ", explica María José Asensio.
Los ecologistas no creen en la minería sostenible
Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, se muestra tajante: "No estamos de acuerdo con la reapertura. La experiencia demuestra los efectos contaminantes que estas prácticas mineras causan", explica. "En Cobre Las Cruces se ha demostrado que hay una extracción ilegal de agua de un millón de metros cúbicos desde que se abrió", cuenta. "La realidad es que hay tres cargos imputados por inyectar arsénico en el acuífero", sostiene. "Sin conocer el proyecto, es difícil de analizar y se necesitan más datos. Todavía hay grandes incógnitas. No sabemos cómo se va a hacer. Por ejemplo, qué se va a hacer con los lodos tóxicos que se depositaron allí tras recogerlos después del vertido, qué cota se va a explotar", sostiene. Según Albarreal, "los sistemas de seguridad de los acuíferos son díficilmente controlables, aunque nosotros estaremos vigilantes", concluye.
Desde la organización ecologista WWF denuncian la progresiva "burbuja minera" que se está produciendo en Andalucía, ya que a Cobre las Cruces, Aguas Teñidas y Lomero Poyatos (en el Cerro del Andévalo, en Huelva), se une la concesión a través de concursos de "parcelas de investigación" a distintas multinacionales o los trabajos de preparación de EMED Tartessus en Río Tinto. Una reactivación del sector que el Gobierno andaluz achaca a "renovación de las prácticas mineras" en un momento en el que "ha aumentado la demanda de metales y se ha producido un resurgimiento de la minería metálica, aumentando los precios del material".
