La reforma laboral fue una imposición de la troika. Verdad o mentira este mantra ha servido de escudo protector para el duro recorte en derechos laborales acometido por el Gobierno de Mariano Rajoy. En cualquier caso, sus resultados han ido más allá que las de los países prescriptores de esta receta, ya que según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el nivel de protección laboral que ofrece España a sus trabajadores está por debajo de la media de este conocido club de países ricos.
El organismo presentó ayer mismo un amplio estudio sobre las previsiones de empleo para 2013, en el que presta especial atención a las medidas regulatorias adoptadas en cada país y en cómo afecta al nivel de protección de los trabajadores en caso de despido. Para ello, utiliza un indicador que rastrea varios elementos, como el tipo y cuantía de indemnización, el preaviso o la posibilidad de recurrir el despido judicialmente entre otros factores. La escala va de 0 a 6 (cero despido libre y 6 un alto grado de protección). La media para los países desarrollados está en el 2,29 y España, tras la aplicación de la reforma laboral, se ha quedado este año a las puertas: 2,28.
Alemania, por ejemplo, ofrece un grado de protección a sus trabajadores del 2,98, muy por encima de la media. Otros países del norte de Europa que se presupone han sido muy serios con los ajustes a acometer en España, también tienen niveles de protección más altos. Holanda se sitúa en el 2,94 y Luxemburgo en 2,74. Los vecinos franceses mantien una legislación muy protectora con los despidos, del 2,82 según este termómetro en línea con la de Italia.
Los que bajan "la media" son los países de tradición anglosajona próximos al despido como Estados Unidos, que apenas supera el 1 en el nivel de dificultad para despedir o Reino Unido que tiene un 1,6. En el lado contrario, un país híper proteccionista como China superaría ampliamente la barrera del 3 hasta un 3,22.
Detrás de estos fríos números se esconde la dificultad que la legsilación laboral pone al empresario a la hora de despedir. El informe que acompaña las estadísticas advierte de la necesidad de conjugar con mucho equilibrio la protección laboral con el colchón de los subsidios y la orientación para buscar otro empleo. La organización entiende que en algunos casos un exceso de rigidez puede estancar un mercado laboral pero, también, que una liberalización muy brusca del despido supone, en épocas de crisis como la actual, que se recurra masivamente al despido. En el informe, los expertos señalan como la regulación laboral puede amortiguar el impacto en el empleo en una recesión como esta.
Los cambios introducidos en la reforma laboral han logrado que el nivel de protección de los empleados en España con la reforma se haya reducido respecto a 2008 (primer año de la crisis pero también el que ofrece la OCDE para comparar en términos homogéneos), desde más de un 2,66 de protección al 2,28 actual. Otros países, como Alemania, han pasado por la crisis sin mover su nivel de protección que, repetimos, es mucho más alto que el español (lo era en 2008 según este indicador y también lo es en 2013 al mantenerse igual).
En cualquier caso, hay que resaltar que el indicador es un agregado de las restricciones del despido individual y colectivo en contratos indefinidos. Para este segundo, la organización solo suma aquellos elementos que lo dificultan (que suponen un coste añadido) frente al despido en individual. En España, por ejemplo, para realizar un ERE hay que cumplir una serie de condiciones (un porcentaje de la plantilla, algo que con dificultad se puede hacer en las pymes). Este detalles es el que sube el grado de protección del total de los despidos.
Y, es que, es precisamente, en la libertad para ejercer el despido individual donde las condiciones en España se han vuelto mucho más laxas que para el resto de los países. Así, en protección individual al despido España compite con Irlanda en libertad para despedir dentro del euro. Un grado de protección tan bajo ya habría que buscarlo en Europa o en Reino Unido o en los países del Este.
El estudio también se fija en la protección de los trabajadores temporales y en las restricciones impuestas a las empresas de trabajo temporal. España si tiene un nivel más alto que el resto de los países en este apartado (3,17 frente a un 2 de media) pese a la baja indemnización que tiene los empleados con este tipo de contratos. Cabe destacar que en los países más liberales, este tipo de relaciones laborales se saldan casi que con un "hasta luego". Además, según este termómetro, la legislación española es mucho más estricta que el resto a la hora de utilizar ETT.
El informe dedica un amplio espacio a las bondades de estrechar la dualidad del mercado (el uso de diferentes tipos de contratos) y asegura que reducir la brecha entre los trabajadores indefinidos y los temporales tiene una vertienente positiva en el mercado de trabajo. Con todo, analiza la posibilidad de utilizar un contrato único en España y advierte de los peligros de una herramienta así. La OCDE cree que las empresas siempre tendrán necesidad de tener contratos temporales para situaciones determinadas, y que un contrato único no resuelve situaciones de desigualdad como las generadas por el acceso al crédito y la vivienda algo que, en su opinión, está especilamente determinado por la edad.
