El organigrama de la Agencia Tributaria está saltando por los aires. El descabezamiento del organismo, hace cinco meses tras cesar a su entonces directora, Beatriz de Viana, por el escándalo en la confusión de los DNI de la infanta, no hizo más que abrir la espita de la tensión que se vive en el puente de mando de la entidad.
Ayer se conocía la dimisión del que se puede considerar el segundo de a bordo del organismo, Luis Jones, director del Departamento de Inspección. La dimisión de Jones ponía la guinda a la polémica de semanas anteriores por el cese de una inspectora que había impuesto una dura sanción a la multinacional cementera Cemex, y la posterior renuncia del jefe de esta, Ignacio Ucelay.
Los motivos de la dimisión de Jones están relacionados con esta cadena de destituciones pero se enraizan también en conflictos personales anteriores. El director de Inspección, que se deja ver habitualmente en compañía de Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda y a la postre responsable de la Agencia Tributaria, había presentado su dimisión ya hace semanas, según relatan fuentes de la organización a este diario. Sin embargo, según las mismas fuentes, Jones esperaba el momento propicio para anunciar su relevo hasta que se disipara la polémica sobre la inspección de Cemex.
Pero, precisamente, la gota que colmó el vaso y precipitó los acontecimientos fue el nombramiento del sustituto de Ucelay, el nuevo jefe de inspección de la oficina de grandes contribuyentes. El nombramiento que le propuso el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, fue una línea roja para Jones, que presentó su renuncia.
Jones mandó una misiva anunciando su dimisión al Ministerio de Hacienda, pero también a sus compañeros inspectores. En el comunicado, el inspector vincula su dimisión exclusivamente a la política de nombramientos. Con todo, en el correo enviado a los compañeros, Jones es más explícito y recalca "las notables diferencias que han surgido con el titular de dicha Dirección General en los últimos meses en relación con diversos asuntos que, en mi opinión, constituyen ámbitos esenciales de decisión del Departamento de Inspección, y que se han resuelto en contra de nuestro criterio". Una carta así, en el que un alto cargo airea sus diferencias, no es nada habitual.
Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que, aunque el caso Cemex y su posterior cadena de ceses y dimisiones han servido de catalizador a la salida de Jones, esta ya se había fraguado antes por su mala relación con Menéndez. La versión oficial del Ministerio es que no hay ningún tipo de vinculación entre ambas operaciones. Fuentes internas valoran la gestión de Menéndez en otras labores propias de la inspección tributaria.
La Oficina contra el Fraude
La mala relación con Menéndez se remonta al poco de la llegada del Gobierno del Partido Popular. Jones fue ascendido a su cargo que le colocaba de facto como segundo de Beatriz de Viana y apenas un par de meses después se producen los sonados ceses de la la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), una unidad que se puede considerar de élite dentro de la Agencia, donde se trabaja con Anticorrupción para desbaratar grandes tramas. El relevo de la cúpula de ONIF se relacionó con Gürtel y puso ya en el punto de mira a Santiago Menéndez, nombrado jefe de la unidad, y a Pilar Valiente, su segunda espada (relacionada en el pasado con el caso Gescartera).
Jones había pasado con anterioridad por ONIF y vio con desagrado el nuevo equipo que se forjó Menéndez, que en ese momento estaba por debajo de él en el escalafón de mando, y así se lo hizo saber. Sin embargo, el destino quiso que apenas un año después el Consejo de Ministros nombrara a Menéndez director de la AEAT y con ello, superior del mismo Jones.
Santiago Menéndez, sobrino del ministro de Educación de UCD Aurelio Menéndez y fundador del prestigioso despacho de abogados Uría y Menéndez, cuenta con la confianza directa del Gobierno y del ministro del ramo, Cristóbal Montoro.
Lo cierto es que hay pocas cosas claras en este conflicto salvo que las formas con las que se están gestionando, unidas a los sonados casos de fraude en los que tiene que participar la Agencia Tributaria, están evidenciando la nula capacidad del Ejecutivo de controlar la rebelión dentro del organismo.
Es habitual que con un cambio de Gobierno, el nuevo director de la entidad reestructure la misma y se multipliquen los ceses de los cargos de confianza. Pero la salida de Beatriz de Viana ha amplificado este efecto ya que en apenas dos años se han producido más de 300 ceses al haber dos responsables diferentes del fisco. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado llama la atención sobre que muchos de estos cargos eran puestos de confianza que realizaban labores técnicas, como las de la inspectora cesada por el caso Cemex, lo que da lugar a situaciones como la actual.
La destitución de la inspectora, que aplicó un criterio de inspección duro contra la multinacional mexicana, un estilo que no encaja con la norma no escrita de la delegación central (donde se apuesta por perseguir el fraude pero sin sancionar a las grandes empresas para que no se vayan de España), ha abierto la caja de los truenos en el corazón de Hacienda y pone de manifiesto su incapacidad de embridar la rebelión interna. La multa hubiera alcanzado los 450 millones de euros más la regularización de los tributos, cuando lo acostumbrado es solo aflorar lo defraudado sin sanción.
