Cada vez son más las organizaciones que critican la ayuda social basada en la caridad. El argumento es que crea una relación desigual y no implica necesariamente la puesta en cuestión de un sistema que se muestra incapaz de asegurar a la población sus derechos básicos. Frente a la caridad contraponen la solidaridad. Un modelo de cooperación en el cual quien recibe ayuda se convierte en protagonista de la solución a su problema. Y, además, en el que resulta fundamental la denuncia y la movilización contra los recortes que las administraciones llevan a cabo con la excusa de la crisis.
De hecho, son muchos los expertos en salud mental que se han interesado por los efectos positivos que tiene para las personas que necesitan ayuda implicarse y luchar desde estas redes de solidaridad. Durante el último Congreso Catalán de Salud Mental, celebrado el pasado verano en Barcelona, los profesionales se reunieron con activistas para tratar el tema. Los expertos lo denominan el "efecto ayuda".
Se trata del "beneficio que reporta sentirse útil por haber ayudado a otros, algo conocido por todos los que han ejercido el voluntariado: apoyar y sentirse apoyado es la mejor receta para resistir emocionalmente, y mucho más si la ayuda se inserta en un marco de respuesta política global, como, por ejemplo, a través de una plataforma reivindicativa", explica Manuel Gómez-Beneyto, catedrático honorario de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y excoordinador científico de la Estrategia Nacional de Salud Mental. "Es la única forma de recuperar la dignidad social y la autoestima".
La Red de Solidaridad Popular
Así le sucedió a Marcos Lavín Ybáñez, vecino de Guarnizo, una localidad cántabra de casi 6.000 habitantes situada a 12 kilómetros de Santander. Marcos tiene 40 años y vive de alquiler con su mujer, que es ama de casa, y su hijo de 13 años. El chaval tiene una minusvalía como resultado de una operación que le realizaron cuando aún no tenía un año. Todos los meses viajan a Barcelona para hacerle una revisión. Y tienen contratado a un abogado que les lleva la denuncia por negligencia médica… "Son muchos gastos", dice. Marcos llevaba más de diez años fijo en una empresa de cables, como carretillero en el almacén. Pero la compañía empezó a dejar de pagarle parte del sueldo. "Luego vino el ERE, el paro… Cuando se me acabó pasaron unos meses hasta que empecé a cobrar la ayuda de los 400 euros".
Marcos habla con tono serio, sin dramatismo, de que necesitaba comida y por eso se acercó a la Red de Solidaridad Popular de Maliaño (una localidad más grande, a unos tres kilómetros de Guarnizo). "Estaba mal, pero enseguida ves que hay más gente igual que tú y te animas. Ayudando a la gente te sientes mejor".
La Red de Solidaridad Popular nació hace siete meses. Está conformada por organizaciones políticas de izquierdas y movimientos sociales de distinta índole (ecologistas, colectivos de personas migrantes, asociaciones de vecinos o locales). El objetivo común, define Ismael González, su coordinador, es "denunciar los recortes y dar una respuesta a los problemas concretos detrás de las cifras de paro y pobreza: amigos, compañeros y familiares que no llegan a fin de mes o no tienen para mantener una alimentación digna".
Hay cuatro programas básicos –soberanía alimentaria, apoyo a la educación pública, apoyo a la sanidad pública y orientación jurídica ante la represión– que ponen en marcha distintas iniciativas. Por ejemplo, en Parla y Fuenlabrada se han creado armarios de ropa organizada por sexo y talla. En Fuenlabrada, además, planean montar pronto cooperativas de autoempleo. En Rivas-Vaciamadrid se han organizado mercadillos de libros y material escolar, y la semana que viene empiezan a funcionar clases de apoyo para los vecinos árabes. Actualmente hay 15 proyectos repartidos entre Madrid, Murcia, Valencia, Cantabria, Alicante, Zaragoza, Granada y Badajoz. Pronto echará a andar también la Red de Barcelona.
En total, Ismael calcula que participan activamente en la Red unas 530 personas, muchas de las cuales no se habían implicado hasta ahora y que se acercaron buscando una solución a sus problemas de alimentación, laborales… "Trabajamos con metodologías participativas para que las personas se incorporen a las asambleas y se sumen al trabajo. Nosotros no resolvemos los problemas de nadie, sino que entre todos resolvemos los problemas de todos. 'Yo recibo, yo doy', es la idea", aclara. "Es un proceso más lento, no es tan visible, pero da muy buenos resultados".
Marcos es un buen ejemplo. Ahora en la Red de Maliaño participan ocho familias: "Cada uno hace lo que puede. Yo estoy con el banco de alimentos: la gente nos va dejando cosas y todas las semanas hacemos las bolsas para repartir. Cuando se acerca la gente hablamos con ellos y vemos qué necesitan. Y les explicamos que, si aceptan la ayuda, se tienen que sumar, estar dispuestos a echar una mano en lo que haga falta y puedan".
Tareas sobran. A principios de verano un hombre les cedió unas tierras que no utilizaba. Entre todos las prepararon y plantaron un huerto. De ahí sacan verduras para comer y los excedentes los reparten. "Hemos hecho unos vales de cinco euros. La gente los compra y les damos unas lechugas o lo que haya, y con ese dinero financiamos el proyecto. Y si sobra algo, compramos la comida que nos falte", cuenta Marcos, entusiasmado con el nuevo proyecto.
Dar también ayuda
De procesos similares de recuperación de la dignidad individual y colectiva es testigo cada día Aurelio Ruiz. Tras una larga vida de trabajo y compromiso social, a sus 61 años está jubilado y ahora dedica gran parte de su tiempo a la Red de Solidaridad de Fuenlabrada, una de las primeras en crearse, a principios de año. Se reúnen en los bajos de la biblioteca del barrio del Arroyo. Funcionan en grupos de trabajo que abarcan temas de alimentación, asesoría jurídica, orientación laboral, desahucios… y, desde hace poco, en colaboración con la marea blanca, intentan resolver las necesidades sanitarias de personas a las que han quitado la tarjeta sanitaria, poniéndolas en contacto con médicos dispuestos a atenderlos.
Aurelio ve una evolución vertiginosa en el estado de ánimo de las personas que se acercan a la asamblea buscando ayuda y empiezan a participar: "Al principio la gente llega en una situación penosa, pero cuando se ponen a trabajar y a hablar con otros que están igual se animan enseguida. Es una maravilla. El otro día uno me decía: 'Ya no me acuerdo de si he comido hoy o no, pero quiero estar aquí'. Eso vale más que todo".
Así lo ha vivido Yesenia Cruz Rodríguez. Nació en San Salvador hace 41 años y se vino hace casi 20 con su marido español. Se instalaron en Xinzo de Limia, en Orense. Tras separarse, en 2004 vino a trabajar a Madrid con sus hermanos Vanessa y Roberto. "Él se dedicaba colocar planchas de pladur, y en la época del boom el banco daba dinero a diestro y siniestro, así que se compró coche y piso, y yo me vine a vivir con él. Sólo queríamos tener una casa familiar para no andar tirados. Quién se iba a imaginar que esto se iba a venir abajo así", exclama esta salvadoreña-española.
Roberto se quedó sin empleo y en marzo del año pasado llegó la amenaza de desahucio. "Yo ya estaba recogiendo todo en cajas, nerviosa perdida. Era un momento muy difícil: no teníamos adónde ir", recuerda Yesenia. Su hermano se metió en internet y así dio con la Asamblea de Vivienda de Puente de Vallecas tres días antes del desahucio. Fue a la reunión, explicó su caso y la gente se volcó. "Tuvimos un apoyo increíble. Creo que fue el primer desahucio que paramos", rememora orgullosa.
Frustrado por no encontrar trabajo, Roberto se volvió a su tierra y Yesenia se quedó en el piso hasta este 31 de octubre, cuando finalmente se ejecutó el desahucio. "Estaba cansada, lo veía todo muy negro y pensé que no valía la pena seguir luchando", reflexiona sin perder un ápice de la energía que mantiene en todo momento de la conversación. Ahora vive de alquiler con su hija en un piso compartido y, aunque se ha quedado en el paro tras un ERE en la empresa de hostelería con la que trabajaba en el aeropuerto, confía en sí misma y en su futuro: "Por los 900 euros que cobraba seguro que encontraré algo pronto". Y resume así su experiencia: "Para mí el trabajo en la asamblea ha sido como una inyección de vida. Ya estoy desahuciada, pero sigo yendo a las reuniones y colaboro en lo que puedo".
"Yesi es la jefa, está en todo", dice de ella Sara López, de 34 años, compañera en la Asamblea de Vivienda de Puente de Vallecas, que se formó hace dos años dentro de la asamblea del 15M del barrio. "Muchas asambleas de barrio del 15M incorporan este espacio que cubre problemas relacionados con alquileres, con particulares o empresas públicas que no cubre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que trabaja en origen con las deudas hipotecarias", cuenta Sara. Hace un mes la Asamblea de Vallecas decidió integrarse en la PAH, sobre todo, "para pelear por las ocupaciones, ya que la PAH aprobó en su último encuentro estatal el proyecto de obra social, que es la recuperación de edificios que están en manos de la Sarev, el banco malo".
En Vallecas, de las 20 personas que participan habitualmente, la mayoría son mujeres de origen latinoamericano, casadas y con hijos, "lo cual incorpora dinámicas muchas veces racistas o clasistas" que hacen aún más importante la labor de acompañamiento por parte de los miembros de aquí. "Pelean como nadie, son unas heroínas", agrega con admiración Sara.
Como Marcos, Aurelio o la propia Yesenia, Sara define como espectacular la reacción de personas que llegan a veces incluso llorando a una primera asamblea y "salen convencidas de la necesidad de pelear y con la cabeza alta". Para ella, esto tiene que ver con varios factores.
En primer lugar, con que rápidamente el resto de la asamblea les hace ver que "esto ha sido una estafa masiva, que hay unos culpables y que, por tanto, ellos no son culpables sino víctimas".
En segundo lugar, con la constatación, a través de la explicación de los casos exitosos de la asamblea, de que el proceso de lucha es eficaz, de forma que la persona que viene nueva percibe que "los demás estaban en una situación similar y poco a poco, después de una lucha larga, han conseguido cosas". Por último, con esa dinámica de apoyo mutuo con contenido político, "que significa que aquí te tienes que implicar en los procesos de los demás. Esto no es una ONG", concluye en línea con Ismael, de la RSP.
Crisis y salud mental
A pesar de los evidentes beneficios del trabajo en estas redes solidarias para las personas que acuden a ellas, los problemas de salud mental en muchos casos persisten. "La amenaza de desahucio genera un nivel elevadísimo de angustia, de tristeza, de vergüenza y de desesperanza que se asocia al consumo excesivo de alcohol y a una elevada probabilidad de cometer suicidio, particularmente en las personas más vulnerables", explica Gómez-Beneyto. Por eso, la PAH suele contar con el apoyo de psiquiatras o psicólogos que están pendientes de los afectados.
El paro es, según Gómez-Beneyto, "además de un problema socioeconómico colectivo e individual, un problema de salud pública de primer orden, por su asociación con los trastornos mentales y con el suicidio. Entre el paro, el endeudamiento, los desahucios y los trastornos mentales existe una relación causal circular progresiva que conduce a la pobreza y a la exclusión social. De esta manera, la brecha socioeconómica entre los más ricos y los más pobres aumenta, y esta desigualdad creciente es en sí misma causa añadida de malestar psicológico".
Para atender a personas con estos problemas que no tienen acceso a la sanidad pública y no pueden pagar una consulta privada se gestó, en los primeros meses de 2013, la iniciativa Psicología Solidaria, en el Centro Social Autogestionado Tabacalera. Antonio Ceverino es médico especialista en psiquiatría y psicoanalista, y es uno de los alrededor de 30 terapeutas que atienden a otros tantos pacientes en terapia individual o en grupos, sin contar a los profesionales que los apoyan. "Fundamentalmente tratamos a desempleados, inmigrantes que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria –a veces también nos apoyamos en YoSíSanidadUniversal para tratar de reincorporarlos al sistema–, ciudadanos empobrecidos, desahuciados…", detalla Ceverino. Y de los dos sexos: "Si tradicionalmente las mujeres consultaban con más frecuencia por dificultades psicológicas en los servicios de salud mental, en las consultas directamente relacionadas con los efectos del desempleo y la pobreza hay casi más hombres que mujeres".
Su relato coincide con el retrato del paciente tipo que nos da Gómez-Beneyto: "El paro aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno mental en ambos sexos, pero más en los hombres, en los que desempeñan trabajos manuales, en los casados, en los inmigrantes y en los que carecen de apoyo social, y este riesgo aumenta con la duración del paro. Pero también el empleo precario aumenta el riesgo de depresión, así como la percepción del riesgo de perder el empleo, sobre todo en el caso de adultos mayores de 55 años. Por otra parte, no hay que perder de vista que padecer un trastorno mental aumenta el riesgo de desempleo y su duración".
Como en la RSP o en la PAH, para quienes acuden a Psicología Solidaria la atención recibida no sale gratis. Aquí la moneda de pago es el tiempo: los pacientes deben dedicar el mismo tiempo recibido en terapia a distintos proyectos sociales que se gestionan desde un banco de tiempo, como ayudar con la página web de Tabacalera, en la biblioteca o en la guardería del centro social.
Para Antonio, el Banco de Tiempo es una parte fundamental del proyecto "porque tiene verdaderos efectos terapéuticos que se añaden a los del tratamiento: esa posibilidad de sentirse útil haciendo algo con otros, salir de la soledad del síntoma, tejer redes". Una vez más, aquí también se critica la caridad y se defiende la horizontalidad, que implica compartir lo que se sabe, así como la transparencia y la autogestión. "Nuestro proyecto se parece más a las experiencias de trueque e intercambio", aclara Antonio. Aunque dice que es pronto para sacar conclusiones, asegura que los efectos terapéuticos son bastante rápidos, "quizás porque el proyecto tiene una incidencia importante en la resignificación del malestar del sujeto y le ayuda a recuperar la dignidad y a sacarlo del aislamiento y del sentimiento de indignidad y culpa en el que se encontraba sumido".
Asimismo, el proyecto de Psicología Solidaria implica también la reivindicación de unos servicios públicos de calidad y la visibilización de estas personas afectadas de lleno por la crisis y los recortes frente al "intento del Gobierno de invisibilizarlos al tratarlos como meros enfermos". "Nos interesa mucho dejar claro que no se trata de una iniciativa asistencial, o terapéutica, entre otras cosas porque rechazamos la medicalización del sufrimiento de la gente, y porque no consideramos que ese sufrimiento deba ser etiquetado como una enfermedad a tratar. En ese sentido, más que un proyecto propiamente sanitario, es una iniciativa social, que utiliza la atención y el apoyo psicológico como una herramienta más para ayudar a ciudadanos castigados por el desempleo y la pobreza", remata Ceverino.
Marcos, Yesenia, Aurelio, Ismael, Sara, Antonio y Manuel coinciden en que el futuro ideal sería aquel en el que el Estado garantizara los derechos básicos de los ciudadanos y estas organizaciones tuvieran que desaparecer. Sin embargo, las perspectivas para todos son más bien pesimistas. Como denuncia Gómez-Beneyto, "las causas de la crisis son políticas y, por lo tanto, las soluciones también han de ser políticas. No es una crisis económica de la que tengamos que salir apretándonos el cinturón, es un asalto del movimiento neoliberal a los componentes del Estado de bienestar –básicamente educación y sanidad–, en los que ve un nicho de negocio.
El resultado de los recortes y de la privatización es la transferencia de capital público a manos privadas y la instalación de una dinámica de mercado que no hará más que agravar la desigualdad y reducir la capacidad del sistema público para responder a la demanda". Si las consecuencias de esta crisis que todos estos entrevistados llaman estafa no son ya más graves, es, según el psiquiatra, porque hasta ahora la población ha contado con los ahorros de otros tiempos, las prestaciones sociales y unas sólidas redes familiares. "Pero esta protección se desgastará a largo plazo, y entonces veremos la verdadera dimensión del problema".
