"Ustedes presentaron un recurso al Constitucional por esta ley. ¿Qué ha cambiado para que ahora no urja tanto cambiar esta norma?", se preguntó el domingo Gádor Joya en el escenario en el que confluía la Marcha por la Vida en pleno centro de Madrid. La portavoz de la Plataforma Derecho a Vivir, que organizaba concentraciones simultáneas en 46 ciudades españolas para pedir al Gobierno "aborto cero", lanzó un mensaje directo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: "Que se derogue la ley del aborto ya, sin plazos, sin juegos de palabras y sin cálculos políticos".
El ministro parece haber recogido el guante de los antiabortistas. El exalcalde de Madrid, que gastó entonces fama de moderado, ha asumido de lleno su papel de defensor de las posiciones más radicales en temas de salud reproductiva. Y aunque el Gobierno parece haber frenado todos estos meses la pasión reformista del flamante titular de Justicia, puede que ahora le deje algo de aire, a sabiendas de que la oposición frontal de estos grupos erosiona la relación con el sector más conservador de los votantes del PP. De hecho, la relación con el ministro se había tensado hasta tal punto que la asociación Hazte Oír publicó hace unas semanas un artículo enumerando y documentando con vídeos las ocasiones en las que Gallardón se comprometió a sacar adelante la ley y los plazos que ha "sistemáticamente incumplido".
Así que el ministro salió a apaciguar los ánimos y asegurar que el Consejo de Ministros verá la reforma de la ley del aborto de forma "inminente". De hecho, varias fuentes afirman que podría suceder este viernes o el próximo. Tiene sentido si el Gobierno quiere forzar que la nueva ley entre en el Congreso antes de las vacaciones navideñas.
Hace tres semanas no había anteproyecto
Gallardón ha asegurado que la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo es un proyecto de ley "complejo", que está "extraordinariamente avanzado". Estas declaraciones chocan frontalmente con las explicaciones que dio en el Ministerio a los grupos feministas con los que se reunieron hace tres semanas después de un año de solicitudes constantes. Allí les explicaron que seguían consultando a especialistas (aunque no especificaron a cuáles) y que no tenían ni siquiera un anteproyecto de ley.
Con todo, y a sabiendas de que el tema ha generado encendidas discusiones en el seno del Gobierno, Gallardón se ha cuidado de tener que retractarse. Ha matizado que cree que "es más prudente que acertemos plenamente en la redacción del proyecto, que no anticipar unos plazos", por si acaso la cosa se retrasase aún más. "Las fechas exactas dependerán de los últimos estudios y correcciones que estamos haciendo sobre el proyecto, pero es inminente la presentación del mismo".
Pero para que quede claro a los grupos antiabortistas, ha asegurado que "no hay absolutamente ninguna duda" de que el texto se presentará en el actual periodo de sesiones. Pero la duda no se reduce a la fecha de presentación del proyecto, sino a su verdadero alcance. Si bien en el PP dan por descontado que se eliminarán los plazos, tal y como anunció el ministro en varias ocasiones, no está claro si reivindicaciones de las plataformas autodenominadas provida tendrán cabida en la nueva ley. Por ejemplo, la que pide prohibir el aborto en caso de malformaciones graves. Gádor Joya lo planteó sin ambages en la presentación de la manifestación del pasado fin de semana. Su grupo está a favor de no plantear "categorías de niños por sus enfermedades" y de que la salud mental de la madre no pueda ponerse por encima de la del embrión.
