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Varios detenidos en una redada en un cibercafé de Copenhague

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La Policía danesa ha detenido hoy a varias personas en una redada en un cibercafé en Copenhague vinculada con la investigación de dos ataques terroristas que causaron tres muertos y cinco heridos en las últimas horas, según los medios.

La televisión pública danesa DR cita a una fuente policial que confirma la operación, aunque las autoridades no han querido dar detalles sobre los motivos o el número de detenidos.

El tabloide "Ekstra Bladet" habla de cuatro personas detenidas en una operación en la que intervinieron entre quince y veinte agentes y que se desarrolló en un cibercafé en el barrio multicultural de Nørrebro, junto a cuya estación de tren principal fue abatido esta madrugada el sospechoso de los atentados terroristas.

Aunque se da por hecho que el presunto atacante actuó solo, la policía mantiene abiertas varias operaciones en distintas partes de la ciudad para recabar pruebas y realizar registros, con el fin de determinar los movimientos del sospechoso en las ocho horas que pasaron entre los dos tiroteos.

De momento, a falta de conocer su identidad, ha descrito al presunto autor de ambos ataques como "un joven de 22 años, nacido en Dinamarca", y con antecedentes policiales por violencia y delitos relacionados con tenencia ilícita de armas y pertenencia a bandas criminales.

Previamente, los agentes lo identificaron como una persona que ya estaba bajo el radar de los servicios de inteligencia. "No podemos decir nada sobre el motivo. Pero posiblemente el hombre actuó inspirado por los ataques de París y los de organizaciones extremistas", ha dicho en rueda de prensa el jefe de los servicios de inteligencia, Jens Madsen.

El complejo de Mjølnerparken, situado en el mismo barrio y con una alta proporción de población inmigrante, ha sido objeto esta mañana de varias redadas. El sospechoso se bajó ahí del taxi que tomó tras huir del escenario del primer tiroteo, un centro cultural donde se celebraba el debate "Arte, blasfemia y libertad de expresión".

Allí murió un cineasta danés de 55 años y tres agentes resultaron heridos de levedad, mientras que en el ataque de esta madrugada a una sinagoga falleció un miembro de la comunidad judía y otros dos policías fueron heridos en la pierna y en el brazo.









Un congreso sobre toros con un presupuesto público secreto

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La presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, lo anunció a bombo y platillo al hacer públicos los presupuestos para 2015 en Cultura: Albacete acogerá este año el I Congreso Internacional de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural. Un evento con 29 ponentes, además de una corrida de toros (Diego Ventura, Enrique Ponce, El Juli, El Fandi, Miguel Ángel Perera y José Garrido), un concierto con música de pasodobles taurinos, una exposición de moda taurina y grabados de Goya y una jornada gastronómica, apoyado por la Junta, pero en el que también han puesto su granito de arena el Ministerio de Educación y Cultura, la concejalía de festejos del Ayuntamiento de Albacete y la Diputación de Albacete. Todas las instituciones públicas.

Sin embargo, a día de hoy –se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo– nadie sabe nada del gasto público del evento. En la rueda de prensa para su presentación en el Ministerio de Cultura este viernes, el subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Benzo, señaló a pregunta directa de eldiario.es que no podía dar ninguna cifra porque “sería irreal”, y añadió toreando que “se ha organizado desde la máxima austeridad. Es un congreso austero, barato y económico, pero prefiero decir la cifra cuando termine”.

La Consejería de Cultura en la Junta de Castilla La Mancha tampoco ha ofrecido ninguna información, pese a la insistencia de este diario, y a que el congreso está organizado por la institución castellano-manchega Fundación Cultura y Deporte. En el consistorio albaceteño sólo saben que habrá una exposición y conferencias en el Teatro Circo, pero nada sobre la cantidad que se ha aportado. Partidos como el PSOE o PACMA, que además tiene prevista una concentración cuando se celebre, también resaltan que la información es nula. Opacidad en tiempos de leyes de transparencia.

La partida para este congreso tampoco aparece desgajada en la Ley de Presupuestos de Castilla La Mancha para Cultura. El dato, 28,3 millones de euros, sólo es global, aunque sí se ha hecho público que de la partida para la Televisión de Castilla La Mancha, saldrán 900.000 euros para las retransmisiones de corridas de toros.

Cospedal: apoyo ferviente a los toros

Desde que Cospedal llegó a la presidencia de la comunidad autónoma, uno de los puntales de su política ha sido el apoyo a la tauromaquia. Se ha propuesto que el fervor taurino no decaiga: fue la comunidad con más festejos en 2011 y 2012. Marcial Marín, consejero de Educación y Cultura, resaltó el viernes precisamente que uno de los objetivos de este gobierno es la defensa de la tauromaquia como “patrimonio cultural para que la Unesco lo reconozca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

De hecho, en 2014 se creó la Mesa de la Tauromaquia, de la que Cospedal es presidenta, con el fin de “proponer e impulsar actuaciones de fomento, estudio, divulgación y protección de la cultura y tradiciones taurinas; proponer medidas para acercar la tauromaquia y sus valores al conjunto de la sociedad; servir de foro de comunicación para impulsar las relaciones entre los sectores relacionados con la tauromaquia, y entre estos y la Administración y, finalmente, actuar como órgano de consulta, asesoramiento e informe de la Administración”, según la información que publicó el DOCM.

Su vicepresidente es el propio Marcial Marín; y la Secretaría está en manos del director general de Cultura, Francisco Javier Morales. En ella participan en total 25 personas, pero en ningún documento público aparece cuál es su coste. “Nosotros hemos pedido información, pero no nos han dado ninguna. Y son 25 personas que algo se estarán llevando”, afirma el coordinador de PACMA en Castilla-La Mancha, Javier Navarro.

Lo único que han conseguido saber este partido es que el Ayuntamiento de Albacete subvencionó su Escuela de Tauromaquia con 74.000 euros anuales. Además, la empresa Taurino Manchega, que tiene la concesión de la plaza de toros albaceteña “ha obligado a que el consistorio le mejore el pliegue de condiciones, y es una empresa que debe 300.000 euros. La tauromaquia aquí va por subvenciones y amiguismos”, denuncia Navarro.

Política estatal “ambiciosa” con la tauromaquia

Todo ello se inserta además en la política estatal en referencia a los toros. En noviembre de 2013 fueron declarados Patrimonio Cultural y un mes más tarde se creó el I Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, PENTAURO, aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos. De hecho, el viernes, Fernando Benzo insistió en que el Gobierno del PP tiene “una política taurina ambiciosa como nadie hasta ahora la había hecho”.

Desde entonces, las críticas arrecian desde diferentes partes. Por un lado persiste la crítica de los aficionados que denuncian que el IVA de las corridas se mantiene en el 21% y que es el sector cultural menos subvencionado. También que, pese a ello, es uno de los sectores que más dinero aporta al Estado: 970 millones en festejos taurinos en 2009, según las últimas cifras del informe de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL). Por otro, continúan las denuncias ante el Parlamento Europeo por las subvenciones que los toros perciben de la Unión Europea a través de la PAC. El año pasado fueron 26 millones de euros para la ganadería de toros de lidia.

Y, mientras, un congreso está a punto de celebrarse con dinero público del que nadie dice su cantidad y ni siquiera está en los documentos oficiales, más allá de las notas publicitarias al respecto.


La Comunidad de Madrid exige el pago retroactivo de decenas de trasteros que llevaba años sin cobrar

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El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente del Gobierno de Ignacio González, ha caído en la cuenta de que había vendido decenas de cuartos trasteros que nunca había cobrado y, quince años después, quiere ajustar cuentas con los propietarios, a los que ha reclamado el pago con carácter retroactivo.

El pasado 26 de enero, uno de los afectados recibió una carta firmada por la subdirectora general de Administración e Inspección de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Rosalía Escuder Cornellá, para informarle de su situación. 

En la misiva, remitida por la Subsección de Contratación, Entregas y Renuncias del Ivima el pasado 10 de diciembre, Escuder informa al afectado de que su vivienda "cuenta con un trastero como anejo inseparable" y "se ha comprobado que el valor de dicho cuarto trastero no ha sido abonado por usted". "Le comunicamos que se va a proceder a incluir la superficie del citado trastero en la de la vivienda, lo que variará la valoración de la misma con el consecuente incremento de los recibos de amortización que se generen a partir de este momento".

El cobro, según explica Escuder en su misiva, va a ser además retroactivo: "Asimismo, se producirá la correspondiente actualización por las cantidades dejadas de abonar durante el tiempo del contrato hasta el total abono de las cantidades debidas", dice la carta de la subdirectora de Inspección, que concluye informando de que "próximamente" se citará al propietario "para la firma del correspondiente Anexo al contrato de compraventa de la vivienda, en el que figuren los datos relativos al trastero".

Inscrito en las escrituras

"Es como poner una multa por exceso de velocidad a un coche que va subido en una grúa", se queja uno de los afectados, que dice que hay decenas de vecinos en su situación y no se explica que el Ivima ignorase hasta ahora esta circunstancia, teniendo en cuenta que en las escrituras de propiedad de su vivienda, ubicada en el barrio obrero de Villaverde (en la zona sur de Madrid), puede leerse que esta "tiene como anejo inseparable" un cuarto trastero.

Este afectado asegura que el asesor jurídico que le ha proporcionado su aseguradora tiene "clarísimo" el caso: "Ellos escrituraron, el trastero está registrado y el asunto está cerrado. Además, ¿qué valor le van a dar al trastero? Aquí alguien ha metido la pata y ahora quiere cobrar, y nosotros no tenemos la culpa".

Preguntado por este asunto, un portavoz de la Consejería de Transportes, Infraestructura y Vivienda de Madrid, de la que depende el Ivima y cuyo máximo responsable es Pablo Cavero, señala que hay 39 propietarios de viviendas en esta situación, que adquirieron su vivienda pública por el sistema de propiedad diferida (con financiación propia del Ivima). A esos vecinos "no se les estaba pasando el recibo del trastero por un error administrativo del Ivima" detectado en una auditoría de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

No obstante, tras señalar que este asunto "todavía no está decidido" por parte del consejo de administración del Ivima, este portavoz asegura que el cobro de los trasteros no se va a realizar con carácter retroactivo (por las cantidades dejadas de abonar hasta ahora), un aspecto sobre el que los afectados todavía no han recibido notificación, más allá de la misiva. El recargo, según este portavoz, supondrá "entre tres y cuatro euros más al mes" en las cuotas de los afectados.








El alcalde de Leganés denuncia escuchas ilegales

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La sombra de la sospecha del espionaje sobrevuela de nuevo la Comunidad de Madrid. El alcalde de Leganés, Jesús Gómez Ruiz (PP), ha denunciado escuchas ilegales así como la filtración de documentación personal que, según sostiene, solo ha podido conseguirse mediante la interceptación ilegal de sus comunicaciones.

El cruce de acciones legales entre el alcalde de la localidad madrileña y los representantes del partido independiente Unión por Leganés (ULEG) ha derivado en una denuncia por parte del dirigente conservador, que considera que está siendo espiado.

Las sospechas de Gómez Ruiz comenzaron en octubre cuando los concejales de ULEG presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional contra él por la compra en 2004 de 17 acciones de Libertad Digital, que no había reflejado inicialmente en la declaración de bienes que presentó en el Ayuntamiento.

Los documentos salen de la Puerta del Sol

El escrito presentado en el juzgado de Pablo Ruz iba acompañado de los documentos con los que Gómez Ruiz suscribió la adquisición de los títulos por un valor de 1.870 euros: los fax intercambiados con la entidad para confirmar la compra, el impreso de solicitud de las acciones y la transferencia que acredita el pago.

“La señalada documentación, de carácter evidentemente personal, solo ha podido ser obtenida o mediante un robo o mediante una interceptación o examen del aparato emisor de fax utilizado” para enviar la documentación. Ese fax lo envió desde  la que entonces era su oficina en el Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde trabajaba en ese momento a las órdenes de Esperanza Aguirre. 

El alcalde denuncia, además, escuchas y grabaciones ilegales a partir de una denuncia que los concejales independientes presentaron ante la Fiscalía en la que aseguraban que Gómez Ruiz tiene una cuenta en Suiza. “Estaríamos encantados de corroborar en sede judicial que tenemos conocimiento de que hay grabaciones y transcripciones de conversaciones en las que el alcalde reconoce la existencia de esas cuentas e incluso de haberlas confesado a muy altos cargos del PP de Madrid y del Gobierno regional”, rezaba el escrito.

El alcalde de Leganés presentó una denuncia por vulneración del derecho al honor después de que el concejal de ULEG asegurara que tiene cuentas en el país helvético. Gómez Ruiz niega tener dinero en el extranjero.

Sospechas de intervención de las conversaciones

“Con independencia de la falsedad de la acusación vertida contra mí, el hecho de que alguien haya grabado y en su caso manipulado o diga que ha grabado mis conversaciones y haya difundido supuestas conversaciones mías quizás interviniendo mis conversaciones telefónicas o instalando dispositivos para grabarme a mí o a otra persona es una agresión contra mi intimidad de relevancia penal”, dice el alcalde en una denuncia que ha interpuesto contra los concejales independientes.

El escrito presentado ante el juzgado recientemente solicita también la imputación de Enrique Rioboo, responsable del Canal 33 y de un periódico local, que se puso en contacto con el alcalde para decirle que había tenido acceso a documentación que acreditaba su posesión de cuentas en el país helvético.

"Lo que le tiene que importar es si es real o no esa información", explica a eldiario.es Carlos Delgado, uno de los concejales denunciados, que sostiene que todo lo que han dicho está sustentando por documentación. El portavoz independiente tacha de "cortina de humo" la reacción del alcalde y niega que haya sido su grupo el que ha obtenido los documentos, sino que se los han hecho llegar. 

"Le diremos al juez de dónde sale la información"

"Si el juez nos llama para decirnos de dónde viene la información, se lo diremos", expresa Delgado, que insiste en que ULEG no ha grabado ni obtenido la documentación directamente. "Tenemos conocimiento de la existencia de esas grabaciones", concluye el concejal.

El último punto que Gómez Ruiz quiere que investigue un juez es la apropiación de un documento depositado en el Registro de la Propiedad sobre la adquisición de una parcela en Toledo y que el partido ULEG ha utilizado también para emprender acciones legales contra el regidor.

Gómez Ruiz solicita que se diriman las responsabilidades penales correspondientes ya que el documento lo consiguió en el Registro la empresa Reporter Mic S.L., editora de Estrella Digital. “Este individuo –dice el escrito en referencia al concejal independiente- lo tuvo que obtener de la citada mercantil, no se sabe aún mediante qué procedimiento”.








El Tribunal de Cuentas carga contra las universidades en plena guerra entre los rectores y el Gobierno

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Duro ataque del Tribunal de Cuentas a la universidad. En pleno enfrentamiento del Ministerio de Educación con las universidades por los últimos cambios normativos, el órgano de control ha publicado un informe en el que acusa a los centros públicos –a todos en el mismo saco, en genérico– de haber creado entidades con el fin "deliberado" de eludir los controles internos, de estar sobredimensionadas en cuanto a sus plantillas, no controlar adecuadamente su actividad, no ser transparentes en su gestión y tener un gran déficit. El tribunal recomienda a los centros públicos que refuercen sus controles internos y creen la figura del interventor.

Los rectores agrupados en la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) no entraron a analizar el informe de manera oficial. Algunos de los que se han pronunciado, como los rectores de las universidades de Salamanca, Valladolid o León han afirmado cumplir con la normativa. De manera más oficiosa, el texto ha caído bastante mal en buena parte de la comunidad universitaria, que lo ve como un ataque a la universidad.

"El tribunal se mete en ciertos aspectos de los que no sé si sabe mucho. Algunos puntos suenan a la misma letra y la misma música" que los cambios normativos que ha aprobado y prepara el Gobierno. Así resume el sentir de muchos Ramón Sans, responsable de Universidad de FETE-UGT y exvicerrector de la Universidad Politécnica de Catalunya. El consejo del Tribunal está compuesto por 12 miembros, siete de ellos propuestos por el PP y cinco por el PSOE, uno de acuerdo con IU.

El informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2012, fiscaliza la actividad de 51 universidades públicas, 47 presenciales, dos no presenciales (la UNED y la Oberta de Catalunya) y otras dos especiales como la Internacional Menéndez Pelayo y la Internacional de Andalucía. Y aparece justo en medio de una gran confrontación entre el Ministerio de Educación y las universidades, que han decidido que desoirán durante tres cursos el decreto con el que el departamento que dirige José Ignacio Wert modificará la estructura de los grados.

Sin mucha precisión

El Tribunal de Cuentas dice haber detectado "la existencia de, al menos, 574 entidades dependientes o vinculadas a la Universidad Pública, en su mayor parte fundaciones o sociedades". Y afirma que los centros "no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan" ni de "las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes".

Por eso, concluye que la creación de estas entidades "no siempre ha respondido a nuevas necesidades o la racionalización de la gestión, sino que responde, en ocasiones, a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión" para "poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones". Sin embargo, toda la precisión de la que hace gala el informe a la hora de contabilizar los centros desaparece para concretar cuántos casos corresponden a maniobras elusivas de control, más allá de ese "en ocasiones".

Un poco más preciso, aunque no mucho, es el Tribunal cuando afirma que "en la mayoría de los supuestos" se observan "deficiencias" en la vigilancia de estos entes al quedar exentos "de cualquier control ejercido por las universidades". "En el mejor de los casos son objeto de un informe de auditoría de cuentas y sin que las cuentas de varias de esas entidades sean rendidas adecuadamente", sostiene el informe.

Por ello, el Tribunal recomienda que se contabilicen las entidades dependendientes y se refuerce su control y se plantee la creación de la figura del interventor. Sans no acaba de ver clara esta propuesta. "Si todo funcionase, las universidades tienen un interventor muy importante, que es el Consejo Social", explica. Este órgano reúne a representantes de todos los sectores sociales de cada Comunidad Autónoma, desde los Gobiernos regionales hasta la propia universidad, pasando por empresarios y sindicatos, y entre sus funciones está la de fiscalizar las cuentas. "Si pones un interventor, quita los Consejos Sociales", sostiene Sans.

"Reducir órganos colegiados"

Algo parecido sucede con la recomendación del Tribunal de Cuentas de "simplificar y reducir los oganos colegiados", como el Consejo de Gobierno, las Juntas de centro o los Consejos de Departamento. "No sé si el Tribunal sabe mucho de lo que habla", explica Sans. "Estos órganos no cuestan dinero porque están formados por gente de la propia universidad que no cobra por estar en ellos", añade. Profesores, estudiantes, personal de administración y servicio componen estos órganos decisorios, cada uno a su nivel.

El Tribunal también señala que las universidades públicas tienen un déficit de 620 millones de euros. "Esto es un hecho", admite Sans. "Pero el déficit puede venir porque se gasta mucho o porque se ingresa poco", matiza. "Quizá el déficit no es por un despilfarro enorme sino porque se aprueban cosas que no deberían aprobarse —tantos grados y máster—. Si queremos hacer una universidad pública de calidad, con investigación de calidad, habrá que financiarla. La investigación es cara, sobre todo la básica que no tiene retorno a corto o medio plazo", argumenta. Un informe de CC OO señalaba recientemente que la universidad pública ha perdido 1.500 millones de euros de inversión de las administraciones en los últimos cuatro años.








La expulsión de Tomás Gómez pone en alerta a la dirección del PSOE valenciano

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La dirección de los socialistas valencianos se ha quedado en estado de shock tras conocer la decisión de Pedro Sánchez de librarse de Tomás Gómez. La sospecha de corrupción que rodea a Gómez ha acabado con la carrera del político madrileño pero en Ferraz se han esforzado en desarrollar el argumentario de que todo era por las encuestas. El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig ha declarado sentir "desazón" por la patada a Tomás Gómez. Tiene motivos de sobra: sus encuestas son devastadoras y, en cuanto a sospechas de corrupción, aún tiene la casa sin barrer.

Las relaciones entre Ferraz y Blanquerías (sede del PSPV) no atraviesan sus mejores momentos y se ha llegado a especular con la posibilidad, desmentida por Ferraz, de que tras la disolución de la federación madrileña el siguiente turno sea para Valencia. Aunque esa sangre no llegue al río, todos en el PSOE dan por hecha la distancia entre Ximo Puig y Pedro Sánchez. Ese alejamiento tiene una dificultad añadida: Ximo Puig es el secretario de regeneración democrática de la Ejecutiva socialista.

En noviembre del pasado año Sánchez anuló por sorpresa su presencia en un acto electoral en Alicante para apoyar a Gabriel Echevarri como candidato a la alcaldía. Echevarri, además de hombre de confianza de Puig, es el delfín político de Ángel Franco, histórico socialista valenciano al que un informe policial señala como la persona que ofrecía su agenda de contactos para que el empresario Enrique Ortiz hiciese negocios. Pedro Sánchez se libró de aquel acto del mismo modo que meses después Susana Díaz se libraría de coincidir con él: gracias a una oportuna gripe.

En Valencia se preguntan ahora qué hará Pedro Sánchez con personas como Agustín Navarro, candidato a la alcaldía de Benidorm e imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. A pocos meses de las elecciones, tras la caída de Tomás Gómez en Madrid, el pánico se ha trasladado a Valencia.

Otro peso sobre el currículum de Ximo Puig es su actitud ante la corrupción en los casos en los que el PSOE era acusación. Tras su llegada a la dirección del PSPV, Puig levantó el pie del acelerador en la pelea judicial contra los corruptos. El PSOE valenciano dijo a su abogado en Gürtel que ya no contaban con dinero para seguir costeando su minuta. Como consecuencia de esa actitud, este viernes se conocía el escrito de acusación contra el gobierno de Camps que deja en evidencia a los del PSOE. Mientras el fiscal pedía 8 años de cárcel para los consejeros de Camps, la acusación socialista solo reclamaba 4.

No es el único error judicial de los socialistas valencianos. En el caso Nóos, el PSOE se olvidó de pedir la imputación de Camps y Rita Barberá. Tan sonado fue el olvido que se ganaron la recriminación del juez Castro que les recordó que si ellos no imputaban, él tampoco podía hacerlo. Conclusión: buenas noticias para Camps y Barberá.

En el Caso Cooperación (presunto robo de dinero destinado a niños violados en África) el PSOE valenciano no compareció en los interrogatorios a Rafael Blasco y finalmente fue expulsado de la causa por inacción. Blasco está casado con la hermana de Cipriá Ciscar, histórico socialista valenciano. 

Está por ver si los socialistas también tiran a la basura sus posibilidades de aclarar jurídicamente quién se llevó el dinero público que se derrochó para organizar los grandes premios de Fórmula 1.

Farolillo rojo

Además de las distancias antes señaladas, la dirección del PSOE valenciano teme que Tomás Gómez les deje por herencia el "farolillo rojo" de las expectativas electorales. Las encuestas que Ferraz y Blanquerías manejan sobre los intereses del PSOE en Valencia señalan que pese a una derrota del PP, el PSOE tendrá muy difícil contar con opciones de gobierno.

Por todo lo anterior, Ximo Puig confesaba esta semana su "desazón" y pedía "diálogo" para superar la crisis en la que Sánchez se ha enfrentado contra Gómez, tradicional aliado de Susana Díaz al igual que el valenciano. No está cerrado si Sánchez intentará barrer la parte valenciana de su casa o, por el contrario, la limpieza en Madrid le ha dejado sin fuerzas para más.








Las sentencias judiciales han limitado la aplicación de la reforma laboral

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Han pasado tres años desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral, tiempo suficiente para que los tribunales hayan moldeado una norma que contenía varios aspectos polémicos. Aunque el Tribunal Constitucional avaló la reforma, el Supremo cercenó uno de sus preceptos centrales y defendió la vigencia de los convenios incluso después de que caduquen. No obstante, más allá de estas sentencias, los tribunales han emitido otros pronunciamientos que han marcado el paso de la norma, por ejemplo, en cuanto a la forma de llevar a cabo los despidos colectivos o sobre el contrato de emprendedores.

Despidos

La reforma amplió las causas por las que las empresas podían llevar a cabo despidos objetivos, como la bajada de la facturación. "Se pretendía hacer más sencillo y que de alguna forma los tribunales no entraran a valorar esas causas económicas", explica el abogado laborarista Ernest Hernández. Sin embargo, varias sentencias del Tribunal Supremo han subrayado que los tribunales pueden pronunciarse sobre las causas económicas y valorar su proporcionalidad.

"Los tribunales están aplicando en la medida de lo posible el principio de razonabilidad. No dicen si la medida es mejor o peor sino si se ajusta a la reestructuración organizativa. Están aplicando la tutela judicial efectiva, la proporcionalidad, pero no sustituyendo al empresario", dice el catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo, que considera que esta interpretación, mayoritaria aunque con alguna sentencia en sentido opuesto, sí supone un importante varapalo a la reforma.

La reforma eliminó el control previo de los expedientes de regulación de empleo. Desde entonces, los despidos colectivos se ejecutan sin autorización previa y es después cuando pueden ser llevados ante los tribunales. Los juzgados han puesto freno a la ejecución de un ERE bajo dos premisas: tiene que haber habido buena voluntad negociadora por las dos partes y la empresa debe haber aportado toda la documentación a los trabajadores.

"Están también vigilando si las empresas forman o no grupos laborales, es decir, si comparten plantillas, recursos, etcétera. Y exigen que presenten las cuentas de todas las partes de ese grupo porque se considera que los trabajadores deben tener toda la información para poder defenderse. Además, es muy importante que la parte social haya pedido toda la documentación para, llegado el caso, acreditar después ante los tribunales que te la han denegado", señala Hernández.

En ese sentido, Eduardo Rojo destaca la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo en junio el ERE de Coca-Cola. La Sala de lo Social entendió que la empresa no había llevado a cabo adecuadamente la fusión de sus embotelladoras. Consideró, por tanto, que la empresa tuvo un "comportamiento antijurídico" que no pudo aprovechar en su beneficio a la hora de hacer el despido colectivo.

El abogado subraya que hay un factor que ha desincentivado a los trabajadores a acudir a los tribunales si su despido ha sido improcedente: la eliminación de los salarios de tramitación, es decir, del sueldo que un trabajador genera desde que es despedido hasta que un tribunal declara la improcedencia de su despido. "Ya no hay penalización para las empresas por despedir sin causa. Si la antigüedad del trabajador es pequeña, no merece la pena recurrir, es muy poco dinero el que se gana. Además, los juicios de despido se están llegando a señalar para un año después", se queja Hernández.

Contrato de emprendedores

Una de las medidas estrella de la reforma laboral fue el contrato de emprendedores, indefinido aunque con un año de prueba. Varias sentencias lo declararon ilegal, al considerar que el periodo de prueba es excesivo. La primera data de finales de 2013 y se basó en la Carta Social Europea para declararlo ilegal, por excesivo.

Aunque el Tribunal Constitucional lo ha considerado válido, la normativa europea puede seguir amparando sentencias que lo declaren ilegal. "Los juzgados tienen una base para hacerlo, que es la Carta Social Europea y la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, pero hay un freno jurídico importante que es el pronunciamiento del Constitucional", dice Rojo.

Ultraactividad

Otro de los ejes de la nueva norma fueron los cambios en la negociación colectiva, especialmente el final de la llamada 'ultraactividad', que permitía que los convenios colectivos se prorrogaran una vez caducaran y hasta que se renovaran o se sustituyeran por otro. El Supremo se ha pronunciado recientemente sobre este asunto: aunque los convenios decaigan, las condiciones laborales no lo hacen porque se consideran parte del contrato de trabajo.

Con esta sentencia resolvía el caso de una empresa de Islas Baleares que pretendía dejar de aplicar el convenio una vez caducado y pagar a sus trabajadores el salario mínimo. Para los sindicatos, el dictamen del Supremo confirma "el valor normativo" de los convenios. "Prevalece la negociación colectiva frente a las medidas impuestas por la reforma laboral", sostiene UGT.

En la sentencia, no obstante, el Alto Tribunal señala que los convenios "pierden vigencia" y que esas condiciones laborales podrán ser modificadas individualmente a los trabajadores si la empresa así lo considera, tal y como reforzó la reforma laboral. "Ello podrá dar lugar ciertamente a problemas de doble escala salarial, de discriminación, y otros que no podemos abordar en este momento", concluye el Supremo. El catedrático Eduardo Rojo explica que la sentencia expone así una hipótesis que está por cumplir y que resolverá si más adelante algún caso llega al Alto Tribunal.








Los retrasos del Gobierno en la reducción de jornales revientan las condiciones laborales del campo

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El pasado 22 de diciembre, la ministra de Trabajo anunció que su Gobierno bajaría el número de jornales mínimo para acogerse al subsidio agrario. A día de hoy, el decreto aún no se ha aprobado. Oficialmente, en un año como este en el que la campaña de aceituna es un 60% inferior a la anterior, se necesitan 35 jornadas de trabajo. La rebaja dejaría en 20 el requisito mínimo para asegurarse 426 euros, durante 6 meses, de la renta agraria. Pero aún, quien lo solicite, debe acreditar 35. Una cifra casi imposible ahora que la aceituna, la principal campaña agrícola de Andalucía ha finalizado. En un año bueno se estima que proporciona unos 23 millones de jornales. Este año no generará ni la mitad. Lo que cierra las espectativas de los eventuales del campo andaluz que no ven alternativas laborales, en un horizonte próximo, para lograr los jornales mínimos que les aseguren el subsidio.

La desesperación fomenta rocambolescos intercambios para reunir esas peonadas mínimas. Juana y Pilar –no son sus nombres reales, una denuncia real les acarrearía problemas futuros- son dos de las jornaleras que han accedido a contar su experiencia a eldiario.es/Andalucía. La primera ha reunido los 35 jornales. Ahora mismo vive de los exiguos ahorros a la espera de solicitar, cuando corresponda, la renta agraria y aguardando cualquier empleo temporal que pueda cubrir sus gastos y los de su hija.

De esas peonadas, 28 las ha pagado íntegramente: su parte y la del empresario. La única opción de trabajo que encontró. “O esto o no le puedo dar de comer a mi hija”. Así de sencillo. Firmó un contrato convencional, con 60 días de trabajo y jornales de acuerdo a convenio. Pero“sabía perfectamente lo que hacía, no puedo decir que me engañaran”. Por su cuenta corrían los desplazamientos hasta el tajo, el pago de averías de la maquinaria utilizada y combustible para la maquinaria y la cotización a la seguridad social.

El trato incluye trabajo a destajo y 16 pesetas –no es un error, pesetas no céntimos de euro- por kilo de aceituna recogida. “Algunos días, cuando ajustabas la cuenta, habías trabajado por 7 u 8 euros”, relata Pilar. Otras veces, “da vergüenza decirlo, ni siquiera habías ganado para pagar el bocadillo de chóped que llevabas al trabajo”, señala Juana, “si no llega a ser por mis padres…”. Cuando se les pregunta por qué aceptan esas condiciones recurren a dos de las frases que les decía el patrón cuando protestaban: “Si no te conviene, hay gente por todos lados” o “los moros y los bolivianos no se quejan”.

Por las peonadas mínimas

“Hay quien ha trabajado sólo por juntar las peonadas mínimas para conseguir el subsidio, sin cobrar el jornal”, lo explica el secretario de la federación agroalimentaria de UGT-Jaén, Antonio Marcos. Insiste en que no es la generalidad, pero "años malos, como este" son más propicios porque hay más trabajadores en el mercado y menos empleo. Los sindicatos son conscientes de las irregularidades. Año tras año advierten y denuncian lo que los trabajadores les relatan. Pero los jornaleros no se atreven a denunciar o se desdicen ante la inspección de trabajo “por miedo”, justifica. “Si denuncian, económicamente les compensa poco y además tienen problemas para trabajar, no en esa empresa, en cualquiera en un radio de 50 kilómetros”.

Por eso las denuncias se quedan en testimonios, en voces que piden protección. Esperan no repetir en esa empresa aunque no saben qué ocurrirá el año próximo. “A lo mejor tengo que volver a recurrir a ellos”, señala Pilar. Ella sólo ha conseguido 20 peonadas. “Al ajustar cuentas no me podía pagar más”, relata. Ahora aparece una nueva duda: la aprobación del decreto que rebaja el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Águeda y Juan –son sus nombres reales- son un matrimonio de jornaleros de Jódar. En la última campaña han trabajado durante 21 días. El año pasado superaron los 40 jornales en la aceituna y después se fueron a la campaña de fresa, pero este año “está todo fatal”. Sus padres les dan de comer a ellos y a sus dos hijos y con la ayuda de los hermanos van haciendo frente a la hipoteca. Su esperanza es que, mientras encuentran algo, la reducción de peonadas les garantice el subsidio durante seis meses.

Desde que Báñez anunciara la rebaja en vísperas de la Navidad no ha habido nuevas precisiones. A comienzos de febrero, la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró que se aprobará “en este consejo de ministros [por el viernes 6 de febrero] o en el siguiente o en el siguiente” y garantizó que tendrá carácter retroactivo. El PSOE tiene prevista una interpelación en el Senado para exigir a Báñez que acelere del decreto. Mientras tanto, unos 130.000 trabajadores eventuales del campo, entre Andalucía y Extremadura, aguardan una respuesta.



Teresa Rodríguez: una activista veterana entrando en primera línea

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Pasan las doce del mediodía y Teresa Rodríguez lleva ya tres cafés en el cuerpo, por lo que cuando llega a la cafetería de la Alameda de Hércules (Sevilla) concertada, no pide un cuarto. Ni siquiera un vaso de agua. La acompaña una periodista de Le Monde que le está haciendo un seguimiento para un reportaje. Hace poco más de un mes eran las cámaras de TV5 las que la registraban en el mitin que dio en Sevilla con Pablo Iglesias. "En Francia hay mucho interés por Podemos, porque no tenemos un fenómeno parecido, no entendemos por qué no hay indignados", explica la periodista.

Es viernes 13 y se acaban de publicar los resultados del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa), que le dan a Podemos un 14,9% de votos en las inminentes elecciones autonómicas. Ella es la candidata de Podemos, pese a que no fuera la opción preferida por Pablo Iglesias para este primer reto del partido tras las elecciones europeas. No había mucho margen, y el partido trabaja contrarreloj en la construcción de su programa y en el discurso de su candidata. Ella no oculta ciertas diferencias con el fundador de Podemos, como cuando insiste en la necesidad de "dar más protagonismo a los círculos" y que sean "verdaderos órganos de participación". Recela de las estructuras verticales, pone sus condiciones pero se siente respaldada y está convencida del proyecto.

El Egopa ni siquiera ha incluido su nombre a la hora de preguntar por el grado de conocimiento y la valoración de los líderes políticos andaluces, porque aún no estaba elegida. Y puede que para los grandes medios de comunicación Teresa Rodríguez fuera poco conocida hasta que se convirtió en eurodiputada. Pero no es nueva en la política, pese a que nunca se haya visto en un escaparate como éste. Equilibra espontaneidad y contención, permitiéndose 2 ó 3 segundos para contestar y no meter la pata. Sabe que está en primera línea. Frunce el ceño cuando se le pregunta por el equipo, por las injerencias de la dirección nacional a la hora de elaborar las listas, mientras derrocha pasión cuando habla de qué pretenden conseguir para Andalucía. 

La más joven de los candidatos a la presidencia entre los partidos con opciones de tener más escaños (nació en 1981 en Rota, Cádiz) lleva militando en distintas organizaciones desde cría. Con apenas 18 años -todavía no había tenido ocasión ni de votar- fue en las listas de IU para las elecciones autonómicas de 2000. Luego concurriría a las elecciones municipales con Izquierda Anticapitalista para sacar un puñado de votos. Hasta que llegó Podemos. En paralelo, ha participado en movimientos estudiantiles, feministas, pacifistas, pro derechos humanos... "Soy militante", comenta en un momento de la conversación. Y no es que le venga de familia, pese a que recuerda que su padre militó en el PSA. Simplemente, un día sintió que quería "hacer algo para mejorar las cosas", conmovida entre otras muchas cosas con las imágenes en televisión de hambrunas en los 90. "Cuando somos pequeños todos somos más sensibles a las injusticias".

Su empeño pasa por poder presentar un programa que vaya "muy a lo concreto" para combatir precisamente esta crítica que habitualmente se le hace a Podemos. Deja claro, sin embargo, lo injusto de esta visión cuando otros partidos han prometido el pleno empleo de cara a citas con las urnas, "por poner un ejemplo". Los fuertes de su programa serán, según recalca, el cambio del modelo productivo, por un lado, "pero de verdad", y la lucha contra la corrupción mediante transparencia y participación, por otro. Está entusiasmada con ello: "Tenemos un equipo de 30 economistas trabajando en el programa (...). Y para nuestro mecanismo de transparencia, hay ideas muy buenas, y resulta tan barato... Es tan fácil de hacer, si se quiere, que va a sorprender". Pero no cuenta más. "Se está ultimando".

Estudió Filología Árabe en la Universidad de Sevilla, en una promoción de la que salieron dos licenciados. De eso no iba a comer mucho, por lo que se preparó oposiciones. Hasta que ocupó el escaño en la eurocámara, daba clases de Lengua y Literatura en un instituto de Cádiz, lidiando con la chavalería en plena ebullición de hormonas. "No es para tanto", afirma, pese a que no lo echa de menos en estos momentos en los que se enfrenta a su mayor reto en la política y a las contradicciones propias de una militante de izquierdas por vocación y convicción balanceándose en los difíciles juegos de equilibrios en los que se mueve Podemos. "Lo que decimos es que el debate no está ahora en la derecha o la izquierda. Pero claro que soy de izquierdas". Y clava la oscuridad de sus ojos para despejar dudas que precisamente ella no despierta. Es más, insiste en que es "la misma" y que nadie está moderando su discurso ni poniendo coto a una naturalidad que la llevó en ese mitin con Pablo Iglesias a cantar por Carlos Cano o a marcarse una chirigota. Ella misma ha escrito coplas de carnavales callejeros.

"Soy de pueblo"

Le va la ironía. En cambio, tuerce el gesto cuando se refiere a las jugadas de una sobreexposición mediática a las que en todo caso resta importancia. Desde la entrevista que le hizo Interviú con el titular "Me encanta el sexo" hasta la secuencia de fotografías que circula por internet con el "Teresa Rodríguez ya no es tan perrifláutica" (por su progresivo cambio de imagen), pasando por esa otra que muestra a una mujer que se le parece, desnuda en la playa con un "Podemos", y que se puede comprobar que no es ella.

"Soy de pueblo", subraya con orgullo, pese a que últimamente vaya poco por Rota, porque desde hace meses ha sido un no parar entre Bruselas, Madrid y, más recientemente, Sevilla, con la candidatura. En Bruselas se ha aficionado mucho al flamenco por la morriña y se reconoce como una gran amante de la música de Semana Santa. "Es una música que va mucho a la boca del estómago", cuenta. Eso sí, pese a tanto viaje, saca tiempo para coordinarse con su pareja -"mi compañero", lo refiere las veces que lo menciona- y coincidir con él cuando está con los niños. "La Tere", la llaman los niños, a los que ella les prepara magdalenas cuando puede. Porque le gusta la cocina. Ya lo mostró en Youtube cuando se grabó haciendo un guisote para hablar de encuestas. "¡La cocina no estaba tan desordenada!", exclama cuando oye los comentarios sobre el vídeo. Que tampoco grabó con un "carísimo iphone 6, como han dicho algnos". Y enseña su teléfono móvil: un android normalito y con la pantalla partida.

El tiempo se le consume más rápido que nunca, pese a que sabe lo que es llevarse un par de semanas sin dormir. Ve poco la televisión y ni se acuerda de la última vez que fue al cine. La novela que tiene aparcada es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, porque su mesilla de noche la copan ahora propuestas de programa para el 22M y trabajos pendientes del Parlamento Europeo, que dejará en unos días. Haciendo un poco de memoria, cree haber dejado Juego de tronos en la segunda temporada. Pero en general le cuesta hablar de aficiones de este tipo cuando lo que le mueve la sangre es el activismo. "Cuando eres militante es porque te gusta", reitera. Sólo se permite una licencia para confesar que echa en falta el baloncesto, porque solía echar sus canastas con "un grupo de puretas" de un club de Cádiz. Pero el partido está ahora en otro lado.








"Con Catalá tenemos muy poquito que negociar. Lo que tiene que hacer es derogar las tasas"

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José Muelas es decano del Colegio de Abogados de Cartagena y uno de los más destacados promotores de la denominada "Brigada Tuitera" que ha emprendido una feroz batalla en las redes sociales contra las tasas judiciales impuestas por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El grupo está integrado por abogados, jueces, fiscales, procuradores y catedráticos - y ciudadanos que se han ido uniendo-  que iniciaron sus primeras cargas en la red en noviembre de 2013 con el hashtag #justiciasintasas. Ahora son ya más de 8.000 los activistas que exigen al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que derogue las tasas judiciales. Como resultado de la presión, el ministro ha anunciado una reforma.

Para el que aún no lo sepa, ¿qué es la Brigada Tuitera?

Si nos ponemos técnicos, lo definiríamos como una acción micropolítica que se concentra en unos objetivos muy concretos: Justicia sin tasas, independiente del poder político, y Justicia con medios porque sin medios es imposible llevar adelante su labor.

¿Hay algún partido político detrás de ustedes?

No, en absoluto. En la Brigada Tuitera hay gente de todos los partidos políticos y gente que no pertenece a ninguno. Con defender estas tres cuestiones que acabo de citar cualquiera puede formar parte de la brigada y trabajar por estos objetivos con nosotros.

Su campo de acción principalmente es Twitter. ¿Consideran un éxito que el ministro Catalá se haya dado por aludido?

El ministro sabe que estamos ahí, en las redes sociales que son la plaza del pueblo, el ágora. Pero no solo ahí. El activismo de clic está bien pero esa coordinación en las redes sociales la llevamos también a otros ámbitos en acciones muy concretas.

¿En qué situación se encuentran las tasas?

Las tasas están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Esperamos que antes o después el tribunal declare su inconstitucionalidad porque saben que tienen una ley inconstitucional. El problema es que el Constitucional tiene su propia agenda y uno nunca sabe cuándo puede resolver puesto que tiene pendientes asuntos desde 2004. ¡De hace más de diez años!

Ahora se aproximan las elecciones y nosotros le decimos al ministro que o deroga las tasas o nosotros con los votos  evitaremos que siga en el Gobierno. Y eso es lo que vamos a hacer.

El ministro ha anunciado que va a revisarlas.

Sí, eso ha dicho, pero no las reforma. Lleva cinco meses anunciando que las va a quitar para personas físicas en primera instancia. Y también en segunda instancia, que es brutal porque son 800 euros fijos por interponer un recurso de apelación. Ya veremos. Pero las pymes, que son el 99,8% de las empresas de España, se van a quedar con tasas y esto es terrible. A un aleman o a un ciudadano de otro país europeo le dices que tiene que pagar esa cantidad y se lleva las manos a la cabeza. El problema es que en España la distancia entre las palabras y los hechos ya se mide en mentiras.

También denuncian falta de independencia judicial vinculando esta carencia de alguna forma a la proliferación de casos de corrupción.

Sí, claro. El informe Greco dice que una de las causas por las que hay corrupción en España es por la falta de independencia entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Y lo que  recomienda el informe a España es que separe con mucha más claridad el poder judicial de las manipulaciones que puede hacer el resto de los poderes sobre él. El PP llevaba en su programa un aumento de la división de poderes. Aseguró que ocho de los jueces del CGPJ serían elegidos por los jueces de entre los propios jueces. Y la primera acción de Gallardón en relación con la ley orgánica de la ley del Poder Judicial fue hacer justamente todo lo contrario contraviniendo lo prometido por el PP.

¿Usted cree que con una Justicia más rápida y con mayores medios se evitarían muchos casos de corrupción política?

Creo que sí. Cualquier persona, sea o no un político, tiene derecho a que si es acusado injustamente de algo, su caso sea cerrado inmediatamente y no se acabe con su vida por un pleito que puede durar diez años. Y la ciudadanía tiene también derecho a que si un gobernante es acusado de un delito de corrupción y se comprueba que es verdad, que inmediatamente sea removido de su cargo. En los dos casos eso exige justicia rápida. Una justicia que no sea rápida solo sirve para instrumentalizarla y para que se vea esta especie de folletín bochornoso que estamos viendo ahora. Una justicia que sea capaz de dar solución en un plazo muy breve de tiempo eliminaría la corrupción en España. Pero para eso hacen falta medios.

Modernizar la Justicia es la gran asignatura pendiente de todos los Gobiernos, no es algo nuevo.

Sí, por supuesto. Sabemos que la Justicia en España ha sido el hermano pobre de todos los ministerios y no solo durante este último gobierno del PP. Los anteriores gobiernos han tenido en sus manos la inversión para resolver este problema pero no lo han hecho.

¿Han notado algún cambio de talante entre Gallardón y Catalá?

A Gallardón se le conocían malas palabras y malas acciones. Según dijo Andrés de la Oliva, ilustre procesalista de España, "a Catalá no se le conoce una mala palabra pero tampoco una buena acción". Esta definición servía hasta que el nuevo ministro aprobó proyectos como la ley mordaza en equipo con el ministro de Interior. O el Código Penal con la cadena perpetúa incorporada en la ley de Enjuiciamiento Criminal en la que, además, se introdujo un sistema absolutamente inconstitucional de escuchas telefónicas. Ahora que lo han quitado, Catalá quiere vender como un éxito suyo un problema que él mismo creó. ¡Por Dios, pero si lo puso usted! Por eso digo que ahora no se le conoce una mala palabra pero sí le conocemos malas acciones.

Se han reunido ustedes con todos los grupos parlamentarios para ver el apoyo que tiene su exigencia de derogar las tasas. ¿También con el PP?

Hemos hablado con todos los grupos salvo con el PP porque el PP defiende las tasas. En los demás grupos no solo hay unanimidad absoluta en la necesidad de que se deroguen las tasas, es que además nos ayudan presentando iniciativas en el Parlamento. Incluso Podemos en Bruselas.

¿Y con Catalá no se han reunido para hablar de todo esto?

Con Catalá es que tenemos muy poquito que negociar. El ministro lo que tiene que hacer de una vez es derogar la ley de tasas. Lleva meses prometiendo y no dando, pero si cobrándolas.

Gallardón aseguró que el dinero de las tasas se destinaría a la justicia gratuita. Ustedes lo ponen en duda.

Es difícil poner un adjetivo para calificar eso. Todo el preámbulo de la ley de tasas se centra en afirmar que esto de las tasas va a servir para mejorar el sistema de justicia gratuita. Pero no es verdad. Era una excusa, una mentira, como se ha visto ahora. Porque en el artículo once de la ley de tasas utilizan la palabra “vincular” que no es lo mismo desde el punto de vista técnico que “afectar”, que significa destinar ese dinero a algo concreto. ¿Por qué emplean ese truco y esa mentira? Con la deliberada voluntad de engañar. Incumplir y vulnerar la ley de tasas debe tener algún tipo de castigo. En estos momentos hay un amplísimo número de abogados que están estudiando ver cómo se salta esa trampita de haber escrito la palabra "vincular" y no la de "afectar" y las consecuencias que pudiera tener todo esto.

¿Y qué le parece la respuesta que ha dado el ministro –o el Gobierno- al diputado de Compromís, Joan Baldoví, diciendo que no sabe dónde han ido a parar los más de 500 millones recaudados por las tasas?

Me parece una respuesta realmente torpe, es una barbaridad porque al menos tiene que saber que ese dinero está en la caja común. Lo que no puede decir es que se ha perdido. Al menos tendría que haber dicho que está en la caja común y que lo que no sabe es a qué se ha aplicado. Pero responder eso demuestra la bajísima calidad y el poco respeto que tienen hacia algunas cosas.

¿Qué pasos cree que va a dar el ministro con respecto a las tasas?

Mi impresión es que va a buscar un efecto electoral con una tramitación parlamentaria durante los siguientes meses mientras sigue cobrando las tasas judiciales. Y nosotros seguiremos utilizando todas las herramientas que tenemos para seguir denunciando ese uso político. El ministro solo puede elegir entre irse quitando él las tasas y tratando de recuperar algunos votos, o irse con la vergüenza de haber mantenido la ley y que las quiten otros.

¿A la Brigada Tuitera le espera entonces larga vida?

¡Sí! No vamos a licenciar a la tropa. Vamos a seguir movilizándonos. Porque son objetivos muy importantes los que nos hemos propuesto y hasta que no los logremos aquí nadie se licencia de la Brigada.








Jordi Évole: "En España gobernará quien tenga la valentía de poner las urnas en Catalunya"

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Jordi Évole (Cornellà de Llobregat, 1974) nos recibe en la sala de máquinas de Salvados, en las afueras de Barcelona. Tras 10 temporadas desde su estreno en 2008, con el programa especial Salvados por la campaña, Évole se ha convertido en uno de los periodistas más populares del país. Algunos todavía se lo miran con una media sonrisa por sus inicios como el follonero de Buenafuente; aunque la mayoría de sus seguidores hace tiempo que percibieron que, tras su mirada pícara, se escondían las preguntas más audaces, y a la vez, más normales de la televisión. Hablamos con él sobre el año político que se abre en España y sobre la necesidad de preservar un periodismo libre pese a las crecientes presiones que acechan el oficio.

Esta noche se ha emitido el Salvados en el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, habla, entre otras cosas, sobre la Ley Mordaza. ¿Qué opinión te merece?

No me gusta ninguna ley que pretenda recortar las libertades de los ciudadanos. En un momento de conflictividad social evidente como el que estamos viviendo no es la mejor idea cohibir a la gente que quiere salir a la calle a protestar. Me parece un desastre, vamos.

Otro ministro, José Ignacio Wert, dice que haces preguntas trampa...

Hace un mes que intento hablar con él y no hay manera. Estamos preparando un programa de educación, el tercero que haremos en Salvados, y no contesta a los mensajes. Un día me respondió su hijo, que fue muy amable, y me dijo que algún día me explicaría porque no habla conmigo.

Un ex amigo del ministro Wert, el extesorero del PP Luis Bárcenas, todavía no ha aparecido en Salvados. ¿Qué le preguntarías?

Sinceramente, nos gustaría mucho que saliera en el programa, pero no creo que lo acabemos consiguiendo. Principalmente porque no pagamos a nadie para salir en Salvados. Si depende de él, y viendo los precedentes, es posible que acepte entrevistas de los programas que paguen mejor. Ahora, si lo tenemos, que lo seguiremos intentando, le preguntaría porque si sabe tantas cosas sobre el PP no las explica. Este "estiraré de la manta", pero no terminar nunca de estirar del todo, no me genera mucha confianza.

De quién sí hemos visto lo que había debajo de la manta es del ex presidente Pujol. ¿El periodismo falló con él?

Todos en Catalunya nos engañamos un poco. Últimamente, e incluyo mi entrevista, no le hacíamos preguntas incómodas. Era como ir a ver una especie de abuelo colectivo, al que habíamos visto inaugurar escuelas, carreteras, residencias de ancianos... Casi nos hacía gracia ir a verlo y no solíamos molestarle mucho. De hecho, cuando veíamos informaciones en contra de su legado, de su patrimonio o de su familia se tendía a creer que era un ataque al proceso soberanista. Y mira, al final no era así. Es importante no sacralizar a ningún político. Ningún mandatario debe tener la sensación de impunidad que, desgraciadamente, han tenido muchos dirigentes de este país.

Salvados puede hablar de todo o también choca con presiones?

Nosotros hacemos un programa que a menudo no gusta a nuestros directivos, ni a los anunciantes de La Sexta. Pero debemos aprovechar la fuerza que tenemos, debido a la gente que nos mira, para explorar dónde están esos límites. Tratamos de hacerlo a cada programa. Hasta ahora hemos podido publicar todo lo que queríamos aunque no fuera del gusto de nuestros jefes. El éxito te da libertad y fuerza.

¿Tienes la sensación de que, a veces, Salvados aprovecha el trabajo de otros profesionales y medios con menos recursos?

Por supuesto. Pero siempre intentamos mencionar o explicar de dónde viene nuestra fuente. Incluso en casos excepcionales, como en el programa dedicado al metro de Valencia, comenzamos la emisión con el testimonio del periodista que había hecho el documental0 Responsables, que aún no se ha estrenado. Esperamos que Salvados les haya servido para tener más recursos. Pienso que la información no es patrimonio de nadie. De hecho, si la compartiéramos más seríamos capaces de hacer mejor el escrutinio del poder. No soy un periodista al que le guste competir por las exclusivas.

¿Tienes previsto dedicar un programa sobre la crisis del periodismo o la precariedad laboral que entraña?

A mí, personalmente, sí me gustaría hacer este programa. Pero puede caer en el error de ser un poco endogámico. No creo que sea del interés general, muchos ciudadanos que nos miran no son periodistas y les interesa más otros temas. En todo caso podría ser una sección dentro de un programa dedicado a esta nueva clase social que ha emergido: el precariado.

Aunque después de la construcción es el segundo sector más castigado... ¿Qué diagnóstico haces del oficio?

Definiría la situación del periodismo como una especie de esquizofrenia. Por un lado es un momento de oro para hacer periodismo, con un interés enorme por parte de la ciudadanía. Pero en cambio tenemos unas empresas periodísticas en una situación muy delicada, con pérdidas, créditos, deudas... Y eso hace que muchas veces en las empresas manden más los acreedores que los editores.

Sobre Jordi Évole cuelgan etiquetas como que eres un periodista camuflado de humorista. ¿Te sientes refleajado?

Me gustan las mezclas. El mismo Salvados ha acabado siendo una suma de muchas influencias. Algunas del mundo del humor, sobre todo a raíz de mi etapa con Andreu Buenafuente; y otras del mundo del periodismo o el documental. Al final, esta mezcla hace que salga algo más o menos nuevo. Todas las trajes que me han puesto, de si soy más o menos periodista o humorista, me vienen grandes. Por eso he tenido que ir haciéndome el traje a mi medida.

De niño tu posición preferida en el campo era el de extremo izquierdo. ¿Políticamente como te defines?

No sé... Depende del tema. No creo que nadie se ponga las manos en la cabeza si digo que siempre he votado a la izquierda. Pero también soy una persona muy de buscar el consenso.

Hay quien cree que por tener una opción ideológica marcada te invalida para hacer un buen periodismo.

No creo en la objetividad. Todos venimos de nuestras casas, con una mochila cargada de prejuicios e influencias, de una ideología. En lo que sí creo es en la honestidad. En permitir que la realidad nos sorprenda e incorporar y dejar intactas aquellas reflexiones con las que no estemos de acuerdo.

Cuando un periodista se enfrenta a un personaje con el que puede tener cierta coincidencia ideológica, puede caer en el amiguismo. ¿Te pasa?

No te lo sabría decir. También pienso que, en ocasiones, podemos caer en el error de ser más críticos de lo que realmente sería necesario con alguien de quien se pueda sospechar afinidad. Quizás me ha pasado. Esto te lo deberían responder los espectadores.

De los nombres propios de la nueva política quién te llega más: ¿Pablo Iglesias, Ada Colau o el diputado de la CUP David Fernández?

Tengo una relación buena con los tres. He tenido la suerte de conocerlos antes de que fueran políticos. Han aparecido en paralelo a Salvados y antes de que se dedicaran a la política ya nos enviabamos mensajes. Esto permite tener una relación diferente con los políticos de toda la vida, pero al mismo tiempo hay que evitar caer en el compadreo.

Las formaciones emergentes, que aspiran a irrumpir en el escenario político, ¿Crees que pecan en ocasiones de repetir las lógicas más clásicas? En Podemos o Guanyem, desde el primer momento, ha habido liderazgos que han condicionado la democracia interna de los partidos...

A mí que una formación tenga un líder no me parece mal. A veces está bien que el elector tenga claro al menos una cabeza visible. Pienso que los liderazgos son buenos para dinamizar los partidos. Hubiera sido muy difícil la existencia de un Podemos sin Pablo Iglesias. O de un Guanyem, ahora Barcelona en Comú, sin Ada Colau. Una buen cabeza visible -y con tirón, para decirlo en términos coloquiales- es necesario para sacar adelante un proyecto en nacimiento.

¿Qué te dice la nariz sobre las posibilidades de cambio este 2015, con elecciones en Barcelona, Catalunya y en el Estado?

Será un año muy entretenido. No me gustaría estar en la piel de un director de un centro de encuestas. Ahora mismo detectar lo que se está cociendo en la sociedad debe ser la profesión más difícil de este país.

¿Como vives el proceso soberanista?

El proceso tiene una cosa muy buena para el entretenimiento: es como un culebrón. Van apareciendo personajes nuevos que entran y salen, nuevas tramas... La primera trama viene de lejos, de una manifestación espectacular en Barcelona en 2012. En medio aparecen elementos que hacen que te enganches aún más. Hay catalanes enganchadísimos a este culebrón. Ahora quizás pasa por unos capítulos más aburridos, pero seguro que pronto volverán a aparecer nuevas intrigas y nuevos capítulos que no sabes muy bien cómo terminarán. TV3 podría hacer un culebrón al respecto.

Crees que lo está haciendo?

Quizás sí. Pero no en horario de culebrón.

¿Se informa de forma más parcial desde Madrid o desde Catalunya sobre el proceso soberanista?

Desde los dos lugares hay esta tendencia. Pero depende de cada medio. Pero sí creo que algún medio catalán empata con algún medio de Madrid.

¿Como cuál?

No te diré nombres. Es un tema que se utiliza desde un lado y otro de una forma descarada.

Tú que has recorrido tanto España, ¿Crees que desde Catalunya se informa de una España más intransigente de lo que realmente es?

A veces sí, otras no. Desde aquí a menudo se cae en destacar lo más cutre de España. Hasta que un día entrevistas a David Trueba y dices, "ostras, este hombre es cojonudo, yo quiero ser del país de David Trueba". Y esto también sucede a la inversa. A mí un día un taxista de Madrid me dijo: "los catalanes sois de puta madre. Os recojo en el aeropuerto, hablo mucho con vosotros y pienso que sois cojonudos, no veo las cosas que leo en la prensa o que dicen los políticos". Muchas veces el conflicto Catalunya-España está más mediatizado y politizado que la relación real que existe entre la gente. Por suerte, la gente es más inteligente que nuestros políticos e incluso que los periodistas, entre los que me incluyo. La sociedad tiende a relativizar un poco más esta hoguera constante en la que están inmersas Catalunya y España.

Los resultados electorales, sin embargo, no siempre lo reflejan. En España el PP tiene una mayoría absoluta importante.

Sí, pero porque el PSOE de Zapatero, en medio de una crisis enorme, se fue hundiendo. No creo que el PP tenga la mayoría absoluta gracias a Catalunya. El auge de Podemos, por ejemplo, que tiene un discurso muy diferente al del PP sobre Catalunya, no parece que genere un rechazo enorme entre la ciudadanía española. No creo que la catalanofobia dé tan buenos resultados como algunos piensan. Los ciudadanos son mucho más inteligentes y saben cuando los políticos están alimentando fobias. Y si lo hacen de la forma descarada que lo ha hecho el PP pienso que se les acaba viendo mucho el plumero. Te pongo un ejemplo: En 2008, el gobierno de Zapatero estaba negociando abiertamente con ETA, que era el demonio. El proceso catalán no tenía tanta presencia y, en cambio, el vasco estaba en boca de todos. Se le dijo de todo por aquellas negociaciones, se hicieron campañas mediáticas contra él y sin embargo ganó las elecciones. Hubo una mayoría de españoles que le apoyaron y no vieron mal el diálogo. Muchas veces existe la creencia de que la confrontación hace ganar votos y quizás sea al revés.

¿Mas y Rajoy no hablan porque no se entienden o porque no les interesa entenderse?

Les va muy bien no hablar de cara a sus respectivas galerías. Pero al final les puede acabar saliendo muy mal la jugada. Tanto a uno como al otro.

¿Estás a favor del derecho a decidir?

Soy muy partidario del derecho a decidir, pero a decidirlo todo. No sólo la cuestión territorial. A mí me hubiera gustado opinar si quería que un gobierno hiciera recortes en sanidad o educación. Ninguno de estos recortes venían en el programa electoral de los partidos que los aplicaron y los tuvimos que asumir sin poder opinar al respecto. Hay que votarlo todo: El conflicto territorial, por supuesto, y también el resto de cuestiones. Sólo así saldremos de dudas. Me da la sensación que en España gobernará quien tenga la valentía de poner las urnas en Catalunya. Es decir, estoy seguro de que en tendrá gobierno para años aquel partido de ámbito estatal que se atreva a poner las urnas para que los catalanes puedan decidir su futuro. Si lo hace, se ganará, además, la legitimidad de los catalanes y se podrá abrir un proceso con propuestas contrapuestas. Pero se necesita valentía. Y en este momento en España hacen falta políticos con valentía.

El PSOE defendía el derecho a la autodeterminación en los años 70. Pero con el tiempo se le ha olvidado… Puede haber catalanes que piensen que si Podemos llega al poder no acabe impulsando el referéndum que dice que propondrá.

Si, se puede dudar. Pero si nos ponemos así entraremos en contradicciones constantemente. Tampoco Mas era independentista y ahora lo es como el que más...

Mas y también miles de catalanes que se han ilusionado con la idea de un país nuevo. ¿Tú como lo vives?

En el programa de Salvados dedicado al 9-N, Lluís Llach hizo una reflexión que me parece relevante. Él decía que en Catalunya la ilusión se ha traducido en independentismo y en el resto del Estado en Podemos. Ahora lo que tenemos que ver es hasta qué punto en Catalunya hay más gente que se entusiasma con la independencia o con formaciones como Podemos. Esto lo veremos, sobre todo, el próximo 27 de septiembre en las elecciones catalanas, las municipales no creo que nos sirvan para resolver esta duda. Lo que está claro es que hay una ciudadanía muy harta de lo que ha visto en los últimos años.

En aquella entrevista con Llach le hacías escoger entre una Catalunya independiente gobernada por CiU y una España gobernada por Podemos. Tú qué prefierirías: ¿vivir en la España del PP o en una Catalunya independiente bajo una coalición de izquierdas?

Yo es que no soy muy de separaciones. Creo que el sistema democrático que tenemos permite que cuando gobierna una formación con mayoría absoluta, como la que tiene ahora el PP, se pueda hacer una oposición razonable y cambiar ese gobierno. Y esto también pasa en Catalunya. Por mi forma de entender la vida y la sociedad preferiría que las fuerzas progresistas pudieran gobernar en España y en Catalunya. Y sobre todo, que el Gobierno fuera estrictamente tolerante para que el pueblo catalán no se sienta discriminado.

En Catalunya no tiene las mismas influencias un niño que nace en Vic que uno de Hospitalet. ¿En tu caso, hasta qué punto te condiciona la mirada el hecho de haber nacido en Cornellà?

Somos la suma de muchas influencias. En Cornellà podríamos encontrar hijos de padres inmigrantes que son independentistas. No sé si encontraríamos muchos, pero sí los hay. Quiero decir que a cada uno le afecta de una manera diferente. Para mí ha sido una riqueza haber nacido en Cornellà, un lugar con enorme mezcla. Mi madre es granadina y mi padre extremeño y todavía viven en Cornellà, y yo vivo muy cerca. Siempre me ha gustado más la mezcla que la pureza. Me gustaba ir a la bodega de abajo de casa, donde todos eran del Madrid, y defender al Barça. La cultura de barrio influye mucho. Y, en concreto, la cultura de barrio de Cornellà ayuda a ser más pillo. Lo más parecido que conozco a una patria es Cornellà.

Volviendo a Llach, quién te gusta más él o Serrat?

Los quiero mucho a los dos. Pienso que deberían ser declarados Patrimonio de la Humanidad.

¿Y quién es más útil para tejer puentes de diálogo?

Como me dijo Llach: "¡Que mala que eres!". Pienso que ambos son útiles para comprender y hacernos entender. Con Llach, desde aquel día, ha quedado una relación muy bonita. Es la única persona que me envía mensajes de voz. En lugar de escribirme, me habla y me cuenta cosas. Y yo hago lo mismo con él.








El ministro alemán de Finanzas tacha de irresponsable al gobierno de Tsipras

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El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se mostró hoy "muy escéptico" acerca de que se pueda llegar a un acuerdo con Grecia en el Eurogrupo y agregó que sentía mucho que los griegos hayan elegido a un gobierno "que se comporta de manera bastante irresponsable".

"Lo siento por los griegos. Han elegido un gobierno que de momento se comporta de manera bastante irresponsable", dijo Schäuble en declaraciones que difundió hoy la emisora alemana "Deutschlandfunk".

Según Schäuble, Grecia estaba en un buen camino para resolver la crisis hasta que llegó el nuevo gobierno presidido por Alexis Tsipras.

El ministro alemán insistió en que, para seguir recibiendo ayuda de los otros países de la eurozona, Grecia tiene que mostrar cómo en el futuro va a asegurar los medios suficientes para financiar sus propias pretensiones

De momento, según Schäuble, no hay nada que indique que el gobierno de Tsipras vaya a presentar una propuesta al respecto.

Grecia y el Eurogrupo están bajo presión para llegar a un acuerdo pues el programa de ayuda vigente vence a finales de este mes después de lo cual los griegos podrían quedar en situación de insolvencia.








El Eurogrupo y Grecia buscarán hoy algún acuerdo sobre el futuro del rescate y la deuda

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Los países de la eurozona y Grecia buscarán este lunes algún tipo de acuerdo sobre el futuro del rescate y la deuda helena, aunque las expectativas de alcanzar un compromiso son bajas porque las posiciones políticas están muy alejadas. "No tengo ninguna previsión sobre cuál será el resultado", admite un alto funcionario del Eurogrupo.

Mientras que los Gobiernos de la eurozona y la Comisión quieren que el nuevo Gobierno griego pida una prórroga del actual rescate con sus correspondientes ajustes, el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, lo rechaza. Solicita en su lugar un "programa puente" que le permita revertir las medidas que considera antisociales y aligerar la carga de la deuda.

El Eurogrupo de este lunes era el plazo máximo que se había marcado Bruselas para lograr algún acuerdo con Grecia, ya que el programa expira el 28 de febrero y cualquier extensión debe ser ratificada por varios parlamentos nacionales, entre ellos el alemán o el irlandés. Pero ninguna de las dos partes muestra urgencia para encontrar una solución.

Tras el fiasco del anterior Eurogrupo del 11 de febrero, Tsipras acabó aceptando durante la cumbre del día siguiente reanudar el diálogo técnico con la antigua troika, que ha sido rebautizada como "las instituciones" porque los griegos no la quieren como interlocutor de las negociaciones. Representantes del Gobierno heleno se reunieron el viernes con la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar el "terreno común" entre el actual rescate y el plan de Atenas. Los resultados de este diálogo técnico serán la base de las negociaciones de este lunes.

Desde el Eurogrupo se señala que las condiciones de los rescates, incluido el de Grecia, se han ido modificando y adaptando en cada revisión trimestral según la situación económica y ello se puede hacer también en el marco de la prórroga. El programa de ajuste "no es un libro sagrado que se firma al principio y en el que nunca se cambia ni una palabra, pero la teología se mantiene y también una gran parte", según destacan las fuentes consultadas.

En todo caso, el Eurogrupo admite que no habrá prórroga si Grecia se niega a pedirla. "No es crucial prolongarlo. También se puede acordar que se iniciarán las discusiones para un nuevo programa. Es una posibilidad real que no excluyo", apunta el alto funcionario.

Si no hay acuerdo, a partir del 28 de febrero Grecia dejará de tener financiación de la UE, de la que le quedaba por recibir 1.800 millones de euros del rescate y 1.900 millones de beneficios de la deuda helena que compró el BCE, así como una reserva de 11.000 millones para la banca que no se ha utilizado. Pero todavía contaría con fondos del FMI, cuyo rescate continúa hasta el primer trimestre de 2016.

El Eurogrupo asegura no conocer en detalle las necesidades de financiación de Grecia para este año porque no tiene datos de los ingresos tributarios de diciembre y enero, que según apuntan los analistas han caído considerablemente por la incertidumbre de las elecciones. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó hace unas semanas que Atenas necesita al menos 10.000 millones de aquí a agosto y que sólo la UE está dispuesta a concederle financiación. La cifra que podría haber aumentado considerablemente por el enfrentamiento entre Bruselas y Atenas. Otras fuentes señalan que Grecia sólo tiene dinero para financiarse hasta marzo.

El tira y afloja entre el nuevo Gobierno griego y sus socios europeos podría prolongarse hasta que Atenas encuentre problemas de financiación. La otra clave está en la actitud que adopte el Banco Central Europeo (BCE), que ya ha decidido dejar de aceptar la deuda griega como garantía en sus operaciones de liquidez y ha abocado a las entidades helenas a financiarse con la línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) facilitada por su banco central nacional.

Esta línea de liquidez de emergencia no está supeditada a que Grecia siga en un programa de rescate, según han explicado fuentes del BCE. Sin embargo, el consejo de gobierno del BCE la revisa cada semana y puede revocarla en cualquier momento por una mayoría de dos tercios, como ya hizo con Irlanda y con Chipre para obligar a los dos países a pedir el rescate.








Un juzgado de Madrid abre diligencias contra Monedero por sus cobros de Venezuela

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El escándalo que persigue a Monedero por sus cobros de Venezuela ha terminado por hacerse hueco en los tribunales. El juez del número 45 de Madrid ha decidido abrir diligencias previas contra Monedero tras la denuncia presentada por Manos Limpias.

La acusación contra el número 3 de Podemos le vincula con presuntos delitos de "falsedad en documento público", "delito societario" y "delito fiscal". La acusación de Manos Limpias está a la espera de recibir la providencia en la que magistrado acepta investigar la causa. 

Juan Carlos Monedero lleva más de 15 días oculto y alejado de los medios de comunicación tras saberse que cobró 425.000 euros por la realización de supuestos informes para Venezuela sobre los que Podemos no ha ofrecido más detalles. 

El escándalo Monedero se intensificó tras saberse que el político de Podemos presentó el 6 de febrero una declaración complementaria y abonó 200.000 euros para ponerse al día con Hacienda. 








Las autoridades italianas rescatan a más de 2.100 inmigrantes en el Canal de Sicilia

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Las autoridades italianas han rescatado en el Canal de Sicilia en este fin de semana a más de 2.100 inmigrantes que intentaban alcanzar las costas meridionales de Italia procedentes del Norte de África, según recuentos publicados por medios locales.

Los servicios de la Marina Militar, la Guardia Costiera y la Guardia di Finanza socorrieron a esas personas que viajaban en al menos diez embarcaciones, que presuntamenta partieron de las costas de Libia.

En el recuento de los rescates de este domingo hechos por varios medios italianos, a falta de una confirmación oficial de las cifras definitivas, se da cuenta de que todas las personas que viajaban en las embarcaciones procedentes de Libia fueron rescatadas.

Un total de 520 personas fueron socorridas por la nave "Orione" de la Marina Militar, 186 fueron llevadas a bordo del mercante "Sestri Star", 89 al mercante "Gaz Concorde", 269 a otro identificado como "Superlady" y otras cincuenta al remolcador "Asso 30".

Además, otras 900 personas habrían sido rescatadas por diversos medios del servicio de guardacostas y de patrullas de la Guardia di Finanza, aunque no existe todavía confirmación oficial ni de las cifras ni de adónde se les traslada.

El servicio italiano de guardacostas había informado previamente de que se había localizado al menos a diez embarcaciones neumáticas a unas cien millas al sur de la isla de Lampedusa. Hacia la zona se desplazaron mercantes, remolcadores y naves de la Guardia di Finanza, la Marina y la Capitanía.

184 personas, rescatadas por el dispositivo europeo Tritón

El sábado, otras seis embarcaciones fueron rescatadas con unas seiscientas personas a bordo. A bordo de la nave "Peluso" de la Guardia Costiera, que tenía previsto llegar al puerto de Porto Empedocle este domingo, iban un total de 390 personas, entre ellas algunas mujeres embarazadas.

Otras 184 personas, según medios italianos, fueron trasladadas a bordo de un buque islandés perteneciente al dispositivo europeo 'Triton' de vigilancia de las costas de esta zona del Mediterráneo.  El pasado 1 de noviembre el operativo italiano "Mare Nostrum" fue sustituido por "Triton", que cuenta con menos embarcaciones y además no puede acercarse a las costas libias.

La operación de la agencia europea Frontex ha sido criticada por su escasa capacidad para salar vidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, tras la muerte de 300 personas cerca de las costas italianas esta semana pasada.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, escribió en la red social twitter que las fuerzas armadas de ese país colaboran con las italianas "en una gran operación conjunta de salvamento de inmigrantes en numerosas embarcaciones procedentes de Libia".

Además durante las últimas horas además, según informaron medios italianos, desembarcaron en el puerto siciliano de Pozzallo otras 280 personas rescatadas al sur de esa isla cuando intentaban alcanzar las costas italianas.

Ataque en uno de los rescates

En una de las operaciones de rescate de inmigrantes se produjo un ataque desde una embarcación rápida que se aproximó a un equipo de socorro de la Guardia Costiera, según agregó en un comunicado el ministro italiano de Infraestructuras y Transportes, Maurizio Lupi.

"En la tragedia de los inmigrantes y de la acción de socorro de nuestra Guardia Costiera hoy sucedió un hecho alarmante, que da muestra de un salto de calidad en el horrendo tráfico de mujeres, hombres y niños en el Mediterráneo", explicó el ministro.

"Por la tarde, mientras la tripulación de una nave de la Guardia Costiera rescataba a inmigrantes desde una barcaza frente a las costas libias se acercó una nave rápida con cuatro personas a bordo armadas con kalásnikov que amenazaron a los marineros italianos para recuperar la embarcación vacía y llevársela para poderla reutilizar", aseguró Lupi.



Rajoy se aferra al "estancamiento" de Podemos y dilata la elección de candidatos hasta marzo

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Los que han asistido este lunes al Comité Ejecutivo del PP han estado reunidos bajo la presidencia de Mariano Rajoy menos de una hora. La cita no ha servido para que ninguno de los candidatos que quedan por nombrar saliera más tranquilo de lo que ha entrado, ya que el presidente se ha referido al mes de marzo como plazo tope y no ha demostrado ninguna inquietud por acabar con el nerviosismo de los suyos.

Dentro de la reunión, Rajoy ha tratado de insuflar optimismo a su partido, anticiparles las líneas de su discurso en el Debate Sobre el Estado de la Nación e insistir en que la recuperación económica va calando en la opinión pública. Según ha explicado después en rueda de prensa Carlos Floriano, Gobierno y partido son conscientes de que no han revertido la decepción de muchos de sus votantes, pero trabajan para dar la vuelta a la situación.

Aún así, el presidente ha presumido de que el PP sigue siendo primera fuerza y ha explicado que el partido de Pablo Iglesias sigue como segunda aunque "se va desinflando" en las encuestas, por lo que está frenando su ascenso.

La falta de respuesta sobre los candidatos que faltan por nombrar ha provocado multitud de preguntas a Floriano, que ha insistido en que su partido presentará "a los mejores candidatos" y no ha admitido que en algunos casos, el objetivo puede ser aguantar para ser sustituido después de la derrota que anticipan las encuestas.

La consigna oficial es que el PP no tiene prisa ni se deja influir por lo que pasa en el resto de partidos. El presidente se ha referido en su discurso a su interés en "cerrar lo importante" y a no dejarse llevar por los movimientos de los rivales. Pero los afectados no han podido disimular sus nervios desde hace ya meses. En el caso de la Comunidad de Madrid, tanto Ignacio González como Esperanza Aguirre han negado estar nerviosos. "Lo están ustedes más", ha asegurado el presidente autonómico.

"La pelota no está en mi tejado", ha dicho Aguirre a la entrada de la reunión para repetir a la salida que el presidente había asegurado que siempre confirma las candidaturas más tarde. "Él ha dicho que siempre los ha nombrado en marzo, así que será en marzo", se ha conformado la aspirante a la alcaldía.

Tampoco ha tenido más suerte el valenciano Alberto Fabra, que ha dicho "llevarlo bien y tranquilo" a su llegada, pero ha preferido salir por el garaje cuando ha terminado la reunión.

Floriano no ha despejado la incógnita sobre Juan José Imbroda, recientemente imputado por prevaricación. El presidente de Melilla no parece correr peligro para su confirmación ya que Floriano ha subrayado que "no todas las imputaciones son iguales" y que la frontera para que el partido aparte a un imputado sigue siendo "la apertura del juicio oral".








Los usuarios de las tarjetas 'black' declaran que los gastos personales llegaron con Blesa

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La mayoría de los exconsejeros de Caja Madrid que declararon este lunes por las tarjetas ‘black’ coincidieron ante el juez en afirmar que el concepto de uso del plástico cambió con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid. Si con Jaime Terceiro al frente de la Caja su uso se limitaba a gastos de representación, en la época de Blesa se extendió a gastos personales como parte de su retribución, aseguraron los exconsejeros, según fuentes presentes en los interrogatorios.

Esa extensión en el concepto del uso de las ‘black’ hizo que los imputados no terminaran de aclarar si gastaban, en la época de Blesa y Rato, en concepto de gastos de representación, retributivo, o por los dos. Antes de Miguel Blesa, a los consejeros se les pedía moderación. Con Blesa, se fijó un límite mensual y anual. Dentro de él, cabía todo, vinieron a declarar.

Nueve imputados contestaron al juez, al fiscal y a sus abogados negándose a responder a las acusaciones. Todos, a excepción de Gerardo Díaz Ferrán, quien llegó esposado en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del Real. El expresidente de la CEOE se acogió a su derecho a no declarar.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón solicitó una fianza civil para seis de los diez imputados que declararon. Solo Rodolfo Benito, Juan José Azcona, Guillermo Marcos Guerrero y Gonzalo Martín Pascual no deberán enfrentarse a la petición de pago que resolverá el juez Fernando Andreu. Los cuatro dieron explicaciones que convencieron, por el momento, al fiscal Luzón de que habían gastado en concepto de representación. Esto implicaría que aun así deban responder por un posible delito de administración desleal para el que el fiscal evitó este lunes solicitar fianza civil, una posibilidad que Luzón no descartó para el futuro.

La ronda se abrió con el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, quien se quedó solo en su defensa del gasto en el cajero automático. El antiguo miembro de Izquierda Unida gastó un total de 456.522 euros, la cifra más alta de cuantas se analizaron este lunes en la Audiencia Nacional. De ella, 360.000 euros corresponden a retiradas en efectivo de los cajeros.

Moral Santín defendió que tenía el pin y que estaba autorizado a retirar dinero. Por el contrario, la versión del resto de los imputados se repartió entre que no tenían autorización para sacar dinero del cajero, que no podían porque no tenían pin, o que ni siquiera lo intentaron.

El exresponsable de IU –fue expulsado de la formación– dijo que el reparto de las tarjetas correspondía al presidente de Caja Madrid y que se realizaba en función del cargo y la dedicación. La suya, aseguró Moral Santín, consistía en una gran dedicación. Por tanto, era normal que gastara, incluso, en reparar en el taller su vehículo. Al mismo tiempo, Moral Santín manifestó que el plástico entraba dentro del “paquete retributivo”, compuesto por la tarjeta, el seguro médico, las dietas y una línea de crédito especial.

El juez Fernando Andreu le preguntó a él y a otros exconsejeros cómo era posible que la tarjeta fuera parte de sus retribuciones y hubiera ocasiones en las que él y el resto de los consejeros no alcanzaran el límite. Según las citadas fuentes, Moral Santín no acertó a dar una explicación clara. En cualquier caso, admitió que se pasó del límite en dos ocasiones.

Moral Santín fue uno de los consejeros que señaló a Ángel Montero como la persona encargada de entregarle la tarjeta y darle instrucciones sobre su uso. Se trata del secretario del Consejo de Administración en los tiempos de Terceiro, sustituido por Enrique de la Torre al poco de llegar Blesa a la presidencia.

"Black a efectos fiscales"

Otro de los imputados, Pedro Bedia, aseguró que había recibido llamadas advirtiéndole que estaba usando poco la tarjeta. Bedia afirmó en todo momento que su contacto para las tarjetas era Enrique de la Torre, el secretario del Consejo que escribió a Blesa el correo electrónico que publicó eldiario.es en diciembre de 2013 y que permitió aflorar la trama de las tarjetas , “black a efectos fiscales”, según aseguraba el propio De la Torre.

Otra de las cuestiones que se repitió durante los interrogatorios fue el uso de la tarjeta después de abandonar el cargo de consejeros. José María Arteta, propuesto para el cargo por el PSOE, aseguró que fue Manuel Fernández Norniella, mano derecha de Rato, quien le dijo que podía utilizar el plástico hasta tres meses después del cese. Algunos de los consejeros aseguraron que habían intentado enviar justificantes de los gastos a Caja Madrid y que se los habían rechazado.

Los diez exconsejeros que declararon hoy son parte de los 27 que el juez ha citado esta semana en calidad de imputados. Otros 52 están igualmente imputados pero no han sido de momento llamados a declarar. El juez Fernando Andreu se centra, por el momento, en los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia. El fiscal detecta en todos ellos un posible delito de administración desleal, pero Andreu sopesa imputarles otro de apropiación indebida, castigado con hasta seis años de prisión en el Código Penal.

En total, todos gastaron al menos 15,2 millones de euros con las tarjetas 'black', sin que la entidad ni los consejeros y directivos declararan a Hacienda los correspondientes importes. Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj están imputados por administración desleal y apropiación indebida, como responsables del reparto y uso de todas las tarjetas. Rato ha hecho frente a una fianza de 3 millones de euros, mientras que Blesa ha sido embargado al no poder hacer frente a la impuesta, de 16 millones.








Génova espera que el PP valenciano "devuelva" el dinero si hay financiación ilegal

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La dirección estatal del PP parece que no pondría la mano en el fuego por la gestión de Camps en el partido a nivel regional. Así, después de que la Fiscalía haya pedido una condena de hasta casi 8 años de cárcel para cada uno de los miembros de la cúpula del partido por la presunta financiación irregular de las campañas de 2007 y 2008, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha pedido "se aclaren las cosas" y que"si hay que devolver dinero, que se devuelva".

El presunto delito electoral, enmarcado dentro de la tramz 'Gürtel' podría haber supuesto la donación irregular de hasta 3,5 millones de euros para financiar la campaña electoral autonómica de 2007 y de las Generales en 2008, elecciones que marcaron el récord de votos de un partido en la historia de la democracia en la Comunitat Valenciana.

"Espero que esas cuestiones se aclaren cuanto antes", ha sido la respuesta de Floriano ante las varias preguntas sobre el asunto. El número tres del PP no ha querido profundizar en si el partido debe dar más explicaciones, si con la responsabilidad de los dirigentes imputados es suficiente.

"En el PP de Valencia toda la gente ha ido abandonado sus responsabilidades en el ámbito político. Que se determinen responsabilidades y que se devuelva el dinero si es que se tiene que devolver, que es algo que preocupa mucho a los ciudadanos", ha insistido.

La gerente en cuestión

Floriano ha sido preguntado por el caso de la gerente del PPCV, Cristina Ibáñez, imputada por el caso Gürtel desde el año 2011 y cuyo cargo no es público, sino que depende del partido y es éste el que la puede despedir si lo considera necesario.

El dirigente 'popular' ha asegurado que los servicios jurídicos de la formación en Madrid están estudiando su situación. "Cuando tomen decisiones, lo comunicaremos", ha añadido.








Aznar presenta su centro universitario privado en el que un máster costará 18.000 euros

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Rodeado de empresarios, exministros y algunos miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, el presidente madrileño, Ignacio González, la alcaldesa Ana Botella y Esperanza Aguirre, el expresidente Jose María Aznar ha presentado este lunes en la Casa de Ámerica su nuevo proyecto: un centro de enseñanza universitaria superior en el que hacer un máster de Liderazgo, Gobierno y Gestión Pública costará a cada alumno 18.000 euros.

El Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) que acaba de fundar está adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene como objetivos "el estudio de conocimientos especializados sobre las políticas públicas, el funcionamiento institucional y las relaciones internacionales".

Aunque durante su discurso de presentación Aznar ha reconocido que es una iniciativa "cuyo impulso asumo personalmente", tampoco lo hace "en solitario". De hecho, en el Consejo Académico y Social figuran destacados empresaarios del IBEX 35, como Borja Prado (Endesa), Manuel Pizarro (El Corte Inglés), César Alierta (Telefónica), Ángel Ron (Banco Popular), Javier Benjumea (Abengoa), María Dolores Dancausa (Bankinter), Antonio Huertas (Mapfre) y Antonio Brufau (Repsol), algunos de los cuales se dejaron ver en la presentación del centro. 

El máster de Liderazgo, Gobierno y Gestión Pública para estudiantes se iniciará en septiembre de este mismo año y finalizará en junio de 2016. El centro seleccionará un máximo de 45 alumnos que deberán haber cursado una licenciatura o grado y deberá asimismo tener también un buen conocimiento del inglés.

Los alumnos tendrá la posibilidad además de realizar visitas guiadas a las instituciones europeas con sede en Bruselas, así como a diversas instituciones internacionales y norteamericanas en Nueva York y Washington.

Una de las materias que los alumnos estudiarán "exhaustivamente" serán "los fundamentos teóricos del gobierno, la teoría de la democracia, los problemas de gobernanza, y las amenazas del populismo y del nacionalismo", según ha indicado Aznar en su discurso.

Aznar ha advertido, además, que su iniciativa "no tiene su origen en el clima social del momento ni pretende influir sobre él en el corto plazo". Aunque a continuación ha añadido: "Debo decir que el clima del momento hace que esta iniciativa cobre una importancia mayor cada día" .

Asimismo, ha afirmado que su centro de estudios será "abierto, centrado, con ideario pero sin ideología, no ensimismado en sí mismo y en el que podrán participar todos los que no muestren hostilidad abierta a nuestro ideario".

Aznar estuvo arropado durante la presentación del proyecto por el premio Nobel Mario Vargas Llosa -que también forma parte del Consejo-, que tomó la palabra a continuación del presidente de Faes para alertar sobre el divorcio que hay entre el mundo universitario y la sociedad, pero más específicamente en el mundo estudiantil. Un divorcio del que culpó al descrédito de la política ante los casos de corrupción, no solo en Latinoámerica sino en Europa.








Rajoy, ante la negociación con Grecia: "No aceptaremos ninguna quita de nuestra deuda"

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El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha advertido este lunes al Gobierno griego que los compromisos hay que cumplirlos y que no se puede cambiar las reglas del juego cada vez que hay un cambio en el Gobierno. Dicho esto, ha afirmado rotundo: "No aceptaremos ninguna quita de nuestra deuda".

Así se ha pronunciado Rajoy durante la reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional del PP que reúne a la plana mayor del partido, donde ha asegurado que prestar dinero a "cambio de nada" es algo que no se puede hacer, según han informado a Europa Press fuentes 'populares' asistentes a ese encuentro.

El presidente del Gobierno ha relatado a los suyos el escenario económico por el que está atravesando Grecia. Así, ha señalado que el país heleno cuenta con una "descomunal" tasa de paro y ha añadido que no tiene ingresos para pagar su gasto público. Es más, ha dicho que en este momento no tiene quién le preste, su deuda es del 175% del PIB y no crece económicamente.

Rajoy ha recordado que España tiene prestados 7.000 millones y avalados hasta 18.000 millones. Y esa deuda, ha proseguido, se empieza a pagar dentro de 30 años y los intereses dentro de 10 años. Incluso ha aprovechado para recordar con cierta ironía la frase que pronunció en su día la ministra de Economía socialista Elena Salgado asegurando que la ayuda a Grecia iba a ser un "magnífico negocio" para España.

A renglón seguido, el presidente del Gobierno ha recordado a los dirigentes del PP que el ministro de Economía, Luis de Guindos, asistía este lunes a la reunión del Eurogrupo, en la que defendería la posición de que el Ejecutivo español no aceptará "ninguna quita" de la deuda, han indicado las fuentes consultadas.

De Guindos: "Hay que cumplir las reglas"

Al llegar a Bruselas Luis de Guindos se ha mostrado "optimista" sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con Grecia sobre el futuro de rescate y la deuda. Eso sí, ha resaltado que la "línea roja" de España es "que los préstamos hay que devolverlos en su integridad".

"El Gobierno español ha sido muy claro: para nosotros hay una línea roja que no se puede pasar y es que los préstamos hay que devolverlos en su integridad. Eso es un tema importantísimo que yo creo que esta aceptado prácticamente por todos", ha subrayado el ministro de Economía.

España tiene una exposición a Grecia de 26.000 millones de euros. "Hay que cumplir las reglas", ha insistido, porque "las reglas son importantes para todos".


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