Las encuestas cuestionan que la decisión de Susana Díaz de adelantar las elecciones en Andalucía vaya a permitir su objetivo de gobernar con estabilidad. La presidenta regional convocó los comicios para el próximo 22 de marzo aduciendo que el Gobierno de coalición con IU ya no era estable. Sin embargo, los sondeos sitúan ahora al PSOE-A en una situación de mayoría pero no suficiente para gobernar en solitario, por lo que tendría que llegar de nuevo a pactos. Los socialistas confían en poder remontar los resultados que arrojan las encuestas.

Los sondeos publicados este fin de semana por El Mundo y ABC dan la victoria al PSOE-A, pero sin una mayoría suficiente para que Susana Díaz gobierne sin apoyos. El primero señala que los socialistas lograrían un 34,7% de los votos (entre 43 y 45 escaños), mientras que el PP se quedaría en el 30,2% (entre 39 y 42 escaños). Podemos irrumpiría con un 15,6% (17-19 escaños), mientras que IU lograría el 8,2% (5-7) y UPyD un 3,5% (0-1).

ABC da mejores resultados tanto a PSOE como a PP y en detrimento de IU y Podemos. Según ese sondeo, Díaz alcanzaría el 36,4% de los votos (entre 43 y 46 escaños); el PP, el 32,7 (39-42); y Podemos, un 13,5 (15-17); e IU sacaría el 7,1% de los sufragios.

En este escenario, los socialistas tendrían que pactar con otras fuerzas para poder gobernar, aunque confían en que, en los dos meses que quedan para los comicios, la presidenta logre "una mayoría suficiente" para llegar a San Telmo "sin necesitar a los demás". "El PSOE siempre ha conseguido mejores resultados en las urnas de lo que pronosticaban las encuestas", dice una fuente cercana a la dirigente andaluza.

Los estudios que maneja el PSOE sí que le dan un resultado para gobernar en solitario, aunque no la mayoría absoluta. Aun así, el PSOE-A no se cierra a ningún acuerdo de futuro, según fuentes de la formación.

El PSOE se muestra aún más confiado en que Podemos e IU se verán obligados a apoyar sin dudas a la fuerza mayoritaria y no dar el poder al PP. Sobre la posibilidad de que el enfado de la coalición de izquierdas, a quien Díaz acusa de dar "inestabilidad" al Gobierno, le lleve a dar el apoyo a los conservadores, un dirigente del PSOE andaluz lo descarta: "Es una decisión soberana de IU, pero ellos sabrán. Cuando intentaron asfixiar al Gobierno de Chaves lo pagaron durante 20 años en las urnas".

A pesar de los pronósticos, varios dirigentes socialistas explican que el adelanto ha sido acertado porque sorprenderá a Podemos sin apenas estructura, mientras que hacer los comicios más adelante podría permitir al partido de Pablo Iglesias obtener más votos.

El responsable de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, ha admitido que la formación no tiene "expectativas" de acceder al Gobierno en Andalucía. "Andalucía no es una comunidad autónoma en la que tengamos expectativas de acceder al Gobierno en estas elecciones", ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER. "Hay varias comunidades en las que sí queremos tener mayoría, ser la primera fuerza y, a ser posible, con mayoría absoluta", ha expresado: "En Andalucía no es probable que seamos la primera fuerza, algo que no es así en Valencia, Asturias o Madrid".

Después ha rectificado al asegurar que pueden dar la "sorpresa" y que salen "a ganar". Además, en la rueda de prensa que Podemos ha ofrecido tras la reunión de la dirección, Alegre no ha descartado pactar con el PSOE en Andalucía si asume un plan anticorrupción. "Tendrían que dar un giro de 180 grados si quieren llegar a un acuerdo con nosotros", ha asegurado el dirigente de Podemos, que ha añadido que su partido "no va a facilitar Gobiernos del PP".

El secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, ha fiado hoy un posible pacto poselectoral con el PSOE en Andalucía a que este asuma un compromiso de "lucha implacable contra la corrupción", aunque ha advertido de que, hoy por hoy, "tendrían que dar un giro de 180 grados si quieren llegar a un acuerdo con nosotros".

Las encuestas sitúan a Podemos como tercera fuerza en el Parlamento andaluz tras las elecciones del próximo 22 de marzo, lo que daría al partido de Pablo Iglesias la llave para determinar quién gobierna en la región. Hoy mismo, el propio Luis Alegre ha reconocido en la cadena Ser que Podemos no parte como favorito para dichos comicios.

Alegre, que concurre al proceso interno para dirigir Podemos en la Comunidad de Madrid, ha insistido en que su partido "no va a facilitar Gobiernos del PP" en ninguna comunidad. Ahora bien, ha advertido de que Podemos "no es sectario" y que "cualquier partido que decida sumarse al cambio será bienvenido".

Eso sí, ha asegurado, tendrían que asumir "un compromiso implacable en la lucha contra la corrupción". Alegre ha añadido que Podemos no pactará con ningún partido que "no esté dispuesto a establecer las garantías necesarias y suficientes para que toda la ciudadanía pueda saber qué se hace y qué se ha hecho en los últimos años con cada euro de dinero público".

Alegre también ha respondido sobre la posible candidata de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. "Me parece una extraordinaria candidata. Es joven y fresca y ha hecho un trabajo extraordinario en Europa". El dirigente, no obstante, ha recordado que "hay muchos candidatos y muchas candidatas posibles" y que la elección se hará por primarias.

Berlín no aceptará ningún cambio unilateral en el programa de rescate de Grecia, ha indicado el ministro alemán de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, en una entrevista con Reuters.

"Queremos que Grecia continúe por este 'exitoso' camino por el interés de Grecia y los griegos, pero no aceptaremos cambios unilaterales en el programa", ha dicho este lunes en una cumbre sobre la zona euro organizada por la agencia.

El Gobierno alemán tampoco ve por ahora motivos para desviarse de los mecanismos establecidos para el control de los préstamos otorgados a Grecia, a pesar del rechazo de Atenas a la troika formada el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En rueda de prensa en Berlín, la viceportavoz de la Cancillería, Cristhiane Wirtz, se ha referido a una información que publican hoy el diario económico alemán "Handelsblatt" y el diario El País según el cual el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, estaría dispuesto a disolver la troika y a buscar una "alternativa" para Grecia.

Según el diario germano, el Gobierno alemán también aceptaría "reformar" el actual mecanismo y, por ejemplo, suspender los viajes a Atenas de los representantes de la troika, considerados humillantes por el país, pero siempre que el nuevo Gobierno griego asuma los compromisos de ahorro y reformas acordados con los acreedores.

"No vemos motivo alguno ahora mismo para desviarse de los instrumentos establecidos", insistió Witz.

Por parte del ministerio de Finanzas, su portavoz Marianne Kothé añadió que tales instrumentos y mecanismos son "vinculantes", de acuerdo con lo establecido en los contratos suscritos y aceptados por todas las partes implicadas.

El "Handelsblatt" sostiene, además, que Juncker está dispuesto a hacer concesiones al nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, ya que comprende, por ejemplo, su voluntad de elevar el salario mínimo, aunque en ningún caso aceptaría una quita de la deuda.

Frialdad entre Alemania y Grecia

Tsipras realiza hoy su primer viaje al extranjero, con Chipre como destino, y después visitará Italia y Francia.

Wirtz confirmó que no está en la agenda de la canciller una visita del primer ministro griego, con quien, recordó, coincidirá el próximo 12 de febrero en la cumbre europea que se celebrará en Bruselas.

No hay cerrada por el momento una reunión bilateral en la capital belga, aunque "tampoco se descarta" que pueda producirse, indicó la portavoz.

La portavoz de Finanzas indicó que tras la victoria electoral de Syriza y la formación del nuevo gobierno el ministro alemán Wolfgang Schäuble, había enviado la correspondiente carta de felicitación a su nuevo homólogo, Yanis Varufakis, y le expresó sus deseos de buena cooperación.

Eso no implica una "invitación explícita" a visitar Berlín, aunque sí un "deseo" de un pronto encuentro, dijo la portavoz sin concretar el formato.

Bryan Cranston ha reaparecido como Walter White para un anuncio emitido durante la Super Bowl, lo que es sinónimo de decenas de millones de espectadores. El autor se ha enfundado en el mono amarillo, incluida la máscara antigas, y aparece como el inesperado dependiente de una farmacia. Y utiliza la famosa frase "Say my name", de la quinta temporada de Breaking Bad.

La clienta pregunta por el encargado habitual, Greg, y White responde: "Soy un poco como Greg. Los dos tenemos más de 50 años, teníamos antes un Pontiac Aztec, ambos tenemos mucha experiencia en drogas... productos farmacéuticos" (la palabra 'drugs' sirve para ambas cosas).

Gobierno y PSOE firmarán esta tarde en la Moncloa el acuerdo en materia antiterrorista cuyo cierre se ha demorado en las últimos días por la inclusión de la prisión permanente revisable. El acto consistirá en una firma con una declaración institucional tanto del presidente del Gobierno como del líder del PSOE, Pedro Sánchez, según aclara Moncloa. Por este motivo no está previsto que los periodistas puedan preguntar a ambos.

La principal traba que ha impedido hasta ahora llegar a un pacto ha sido la cuestión de la prisión permanente. Gobierno y oposición estuvieron a punto de llegar a un acuerdo la semana pasada, después de haberse cruzado documentos y de que el Ejecutivo se mostrara dispuesto a retirar la expresión "prisión permanente revisable". Según el PSOE, era una línea roja que no estaban dispuestos a traspasar, pese a que este castigo sí forma parte del nuevo Código Penal. En su lugar, los socialistas preferían una expresión equivalente pero menos clara y proponían "la máxima pena".

El anuncio de la firma del acuerdo ha llegado solo unas horas después de que Carlos Floriano, vicesecretario del PP, pidiera a los socialistas "máxima solemnidad" en la escenificación del acuerdo. Floriano ha reclamado este lunes que la firma del acuerdo tenga relevancia "porque así lo exige la sociedad europea".

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firman su primer pacto de Estado. PP y PSOE han llegado al cuarto acuerdo para la lucha contra el terrorismo para incluir una actualización contra los nuevos métodos de actuación, como el yihadismo. El texto incluye la "discrepancia" de los socialistas respecto a la introducción de la prisión permanente revisable y el compromiso de los conservadores de mantener vigente el acuerdo aunque una reforma del Código Penal haga desaparecer esa condena.

En un acto institucional en el que el presidente del Gobierno y el líder del PSOE no han admitido preguntas, se ha escenificado la firma del pacto. Ambos dirigentes han destacado la importancia de la "unidad" en la lucha contra el terror. "Hoy mostramos al mundo entero esa unidad y consenso", ha dicho Rajoy. Igualmente, Sanchez ha destacado que ambos partidos han "antepuesto la necesaria unidad" a otros intereses.

El contenido del acuerdo, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge la discrepancia del PSOE en cuanto a la prisión permanente revisable para los casos de terrorismo con resultado de muerte. Aunque la aprobación en solitario del Código Penal por parte del PP introduce esa pena máxima, los conservadores se han avenido a aceptar el deseo del PSOE de que ese marco legal pueda cambiarse sin que varíe el pacto contra el terrorismo.

Tras el intercambio de borradores, el texto recoge la siguiente redacción respecto a esa divergencia: "En todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal".

La fórmula del pacto es una Proposición de Ley Orgánica que se registrará este martes en el Congreso para su posterior debate. Aunque el presidente y el jefe de la oposición han pedido al resto de las fuerzas parlamentarias que secunden el acuerdo, varios grupos han anticipado ya su rechazo. El PNV, por ejemplo, ha manifestado su oposición dado que PP y PSOE no han contado con los demás partidos antes de la firma en La Moncloa.

El acuerdo recoge nuevas formas de terrorismo, como la de los lobos solitarios, ya que el delito se castigará "con independencia de que se realice o no en el seno de un grupo u organización terrorista". El nuevo Código Penal tipicará también como delito el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella. Asimismo, contempla nuevas conductas como la "captación" y "adiestramiento" de terroristas, incluido el "adiestramiento pasivo", y el "uso de las redes de comunicación, tecnología o información" para atentar.

El presidente del Gobierno ha querido insistir en la importancia de la unión entre socialistas y conservadores: "Somos una sola fuerza cuando se trata de defender lo que más queremos". "El terrorismo se transforma pero la unidad se mantiene", ha agregado. El líder del PSOE ha destacado que "suma una vez más fuerzas contra el terrorismo, que representa una amenaza directa". "Los últimos 27 años, el PSOE siempre ha antepuesto la necesaria unidad ante el terrorismo que cualquier interés partidista", ha subrayado.

A las citas electorales de los próximos meses Rajoy acaba de sumar una: el debate sobre el estado de la nación para los próximos 24 y 25 de febrero. Con la elección de la fecha, Rajoy se adelanta a las elecciones andaluzas para sacarse de encima un debate sobre el que ya no sobrevolará un posible fracaso electoral para el PP. 

Rajoy ha comunicado a Pedro Sánchez su decisión en la reunión que ambos han mantenido en Moncloa para cerrar el pacto antiterrorista. Según fuentes socialistas, el líder de la oposición se ha dado por enterado y ha aprobado la fecha elegida. 

El año pasado el debate del estado de la nación se celebró la última semana de febrero. Según fuentes del PP, en Moncloa barajaron la posibilidad de convocarlo a mediados de marzo para distanciarlo de otros plenos. Pero el inesperado anuncio de Susana Díaz de adelanto electoral en Andalucía para el 22 de marzo ha precipitado su convocatoria para esas mismas fechas.

En el PP consideran que celebrar el debate ahora es lo más "razonable" teniendo en cuenta que la primera semana de marzo no hay plenos y que tampoco habrá sesiones la semana antes de la campaña electoral andaluza, que como todas tendrá una duración de quince días.

Tras estos comicios, "se nos echa la Semana Santa encima. No es lógico retrasarlo tanto", argumenta un miembro de la dirección del Grupo Popular, en donde ya preparan la cita parlamentaria a la que dan gran importancia.

También trabaja en ella el PSOE en donde saben que Pedro Sánchez se la juega al ser su primer gran reto como jefe de la oposición frente a Rajoy, justo en un momento en el que su liderazgo está siendo cuestionado por destacados barones de su propio partido. Incluso el hecho de haber cerrado con el presidente del Gobierno su primer gran pacto de Estado contra el terrorismo no ha sido bien recibido por algunos diputados de su grupo. En su propia bancada hay voces críticas a las que no ha gustado que asuma la cadena perpetua revisable. Tampoco ven "razonable" que se pacte con Rajoy mientras sigue sin dar explicaciones convincentes sobre la corrupción y continúa bajo la sombra de Bárcenas.

El resto de los grupos lamentan que tampoco se haya contado con ellos para fijar la fecha de un debate tan relevante. Para el diputado de ICV, Joan Coscubiela, con ello siguen demostrando que tanto el PP como el PSOE "quieren alargar el bipartidismo hasta los últimos estertores". "De las fechas de debate del estado de la nación nosotros nos enteramos siempre por la prensa", afirma, queja en la que coinciden otros portavoces parlamentarios consultados.

“Nosotros queremos que en el debate se hable sobre la gente y de las medidas que hay que tomar para que los ciudadanos se sientan de verdad afectados por esa recuperación", dice Coscubiela.

El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, alerta de que Rajoy subirá a la tribuna de oradores "vendiendo" de nuevo la "supuesta recuperación económica que solo ven ellos, porque es ficticia". "Las reformas que ha hecho el Gobierno solo han servido para empeorar la vida de la ciudadanía", recalca Baldoví.

No obstante, ningún grupo dejará pasar por alto el caso Bárcenas y la supuesta financiación irregular del PP. Este escándalo, que persigue machaconamente a Rajoy desde hace varios años, volverá a golpear al presidente con toda su crudeza. Prácticamente todos los grupos le exigirán que dé explicaciones sobre las acusaciones que sigue vertiendo contra él su extesorero que se pasea ahora por la calle sin parar de hablar. Los portavoces le pedirán de una manera u otra que asuma "sus responsabilidades políticas".

El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, no duda de que su jefa de filas, Rosa Díez, exigirá directamente la dimisión de Rajoy por este caso, como lleva reclamándole insistentemente. 

Las universidades españolas no van a aplicar los grados de tres años hasta septiembre de 2017. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha aprobado en votación este lunes aplicar una moratoria a la reforma que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, por la que el Gobierno pretende que los centros públicos tengan la posibilidad de cambiar el actual sistema de grados de cuatro años más un quinto (optativo) de Máster por otro de tres años de carrera y dos de Máster. “Es importante hacer un análisis con profundidad”, señaló el presidente de la CRUE, Manuel López Pérez, en rueda de prensa tras la reunión, diciendo sin decirlo que la reforma es precipitada y no se ha estudiado con detalle.

La comunidad educativa en amplia mayoría había rechazado este Real Decreto por diferentes motivos, unos por considerar que encarecería los estudios –un año de Máster es notablemente más caro que uno de grado y con esta norma se abre la puerta a duplicar su duración–, otros, como los rectores, porque creen que es prematuro volver a cambiar el sistema sólo cuatro años y medio después de haber decidido adoptar los grados de cuatro años siguiendo el plan Bolonia europeo y sin haber evaluado su funcionamiento.

El Gobierno había argumentado que con esta medida se buscaba la convergencia con el resto de Europa, donde predomina la fórmula del 3+2, y que supondría un ahorro para las familias de 150 millones de euros al eliminar un año obligatorio de carrera. “El ahorro para las universidades sería cinco o seis veces mayor”, concedió López. “Pero que los grados sean de tres o cuatro no es una cuestión del ahorro económico sino de la calidad, de la empleabilidad que va a tener el estudiante, del tiempo que se va a dedicar a las prácticas… No compartimos que sea en función de una situación financiera”, añadió. Respecto a la convergencia con Europa, señaló que algunos sistemas “se están planteando” si los grados de tres años son adecuados, y que las grandes universidades de prestigio de EE UU tienen carreras de cuatro.

Votada por una gran mayoría

El pleno de la CRUE ha aprobado la moratoria, que aplicarán a priori todas las universidades, por 57 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra. Dado que el decreto da libertad a las universidades para cambiar los grados de cuatro a tres años, las universidades han decidido utilizar esa libertad para “mantener la cohesión del sistema” y no aplicar los cambios todavía. La ANECA, la agencia que acredita y verifica los grados universitarios, se encuentra en pleno proceso de evaluación de los nuevos grados de cuatro años. “Hemos decidido darnos dos años para estudiar esto”, ha señalado el presidente de la CRUE, Manuel López Pérez.

El objetivo de los rectores es que el sistema mantenga una uniformidad y el mismo grado no se ofrezca con una duración de tres años en una universidad y de cuatro en la de enfrente. O en la de la comunidad autónoma colindante, ha explicado López. El rector ha admitido que algunas universidades han planteado la opción de crear grados de tres que será estudiado, pero siempre con el objetivo evitar la diversidad.

La CRUE es consciente de que es año electoral en la mayoría de las Comunidades, por lo que entiende que es especialmente relevante mantener la cohesión. “No parece que sea oportuno que sea el tiempo de implantar nuevos grados, ni que esté este tema en el candelero electoral”, manifestó López.

Miguel Urban y Luis Montes reciben a eldiario.es en uno de los epicentros de la génesis de Podemos, el madrileño barrio de Lavapiés. La librería La Marabunta se sitúa muy cerca del Teatro del Barrio, donde Pablo Iglesias lanzó la iniciativa hace ahora un año, y del que fue el primer local de lo que entonces no era ni el esbozo de un partido. Urban, número siete de la candidatura de Podemos a las europeas, se ha postulado para dirigir el partido en la Comunidad Madrid; Montes aspira a liderar el área de Sanidad.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha impulsado un proyecto de Real Decreto por el que se rebajan los requisitos para poder ser destinado en las Consejerías y Oficinas de Turismo de España en el exterior, en una maniobra que, según fuentes conocedoras del proyecto, puede abrir la puerta a la colocación discrecional, en pleno año electoral, de altos cargos del Gobierno en destinos tan apetecibles como Nueva York, Singapur y Londres, por citar tres ejemplos.

El teléfono de Omar echa humo desde el sábado. Las familias de varios de sus amigos, todos de Guinea Conakry, como él, no dejan de llamar para averiguar si tiene noticias suyas. "Pero no puedo decirles nada", explica apesadumbrado: "No sé nada. He intentado llamar a algunos de los amigos varias veces pero los teléfonos no funcionan". Y eso es mala señal, le parece a Omar. Este joven guineano de 27 años salió en la medianoche del jueves al viernes desde uno de los campamentos de Nador hacia la costa marroquí para intentar subir a la patera que naufragó pocas horas después junto a Melilla. La embarcación se había llenado de pasajeros, así que tuvo que quedarse en tierra. Salvó la vida pero perdió la pista a los nueve amigos que sí embarcaron.

El Real Decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros concluye más de tres años de cambios en la Universidad impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta última reforma, por la que se permite a los centros que propongan carreras de sólo tres cursos de duración pero másters de dos en vez de uno, cierra el círculo de un proceso que, para la oposición política, los sindicatos y la inmensa mayoría de la oposición educativa empuja a la educación superior universitaria a una deriva "elitista" que está empujando a muchos estudiantes fuera de los campus.

El Gobierno de Madrid se ha ahorrado, al menos de momento, que la Guardia Civil registre varias de sus sedes con una orden judicial. El pasado jueves por la tarde, la Comunidad de Madrid enviaba los últimos documentos que restaban por aportar a los investigadores del 'caso Púnica', que una semana antes se habían presentado en tres organismos dependientes del Ejecutivo autonómico solicitando contratos y facturas con cinco empresas de la trama.

La presión en el seno de Izquierda Unidad de Madrid sigue en aumento y las válvulas para que se libere cada vez son menos. El anuncio de su candidato al Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, de que defenderá que la coalición concurra a las municipales como parte del "partido instrumental" que se ha pactado entre Ganemos Madrid y Podemos, ha provocado la reacción airada de quienes ven en este modelo de confluencia la inminente disolución de IU.

El pacto contra el terrorismo internacional que acaban de cerrar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha logrado las críticas y el rechazo prácticamente unánime de los demás grupos de la oposición. De hecho, la proposición de la ley orgánica, que se llevará al pleno del Congreso el próximo día 10 para su admisión a trámite, solo llevará la rúbrica del PP y del PSOE. 

El enfado por las formas de cerrar el acuerdo entre populares y socialistas ha sido generalizado. Rosa Díez no ha dudado en acusar a ambos partidos de "oscurantismo bipartidista". A su juicio, "se consuma el chanchullo que intentaron desde el primer momento". "No dicen la verdad ni al médico", ha ironizado la portavoz de UPyD.

Además, ha lamentado que "el Gobierno ni siquiera se ha dignado en hacer acuse de recibo de nuestro documento de aportaciones que le remitimos la semana pasada". La dirigente de la formación magenta ha insistido en que "sin financiación, el acuerdo es pura propaganda y genera dudas con la recién reformada ley de Justicia Universal". "La redacción que conocemos - ha añadido Díez- puede rebajar de facto el tratamiento de los delitos de terrorismo y aleja la posibilidad de que sean considerados delitos de lesa humanidad, competencia de la Corte de Roma".

Tampoco ha gustado el pacto en CiU y ni en el PNV. Los nacionalista catalanes, no obstante, van a esperar a estudiar bien la proposición de ley definitiva para pronunciarse oficialmente dado que el portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, está de viaje fuera de España. Sin embargo, días atrás Durán ya criticó "la torpeza" que estaban demostrando los dos partidos mayoritarios en las negociaciones de la propuesta.

En el PNV el rechazo sí que es total e inequívoco. No firmarán la proposición de ley y tampoco ven en estos momentos motivos para apoyarla cuando se vote. Fundamentalmente porque no consideran  "coherente" que el Gobierno de Rajoy pretenda que se "adhieran" a un nuevo pacto antiterrorista cuando Rajoy no ha respondido a los llamamientos del lehendakari Urkullu para abordar "el fin ordenado de ETA que reclama la sociedad vasca". Los peneuvistas, además, ponen como "línea roja" la prisión permanente revisable y no van a apoyar en ninguno de los casos un texto que la avale.

Desde la Izquierda Plural se reitera que la propuesta del Gobierno y del PSOE ha sido "precocinada" desde el principio sin contar con nadie. El diputado de ICV, Joan Coscubiela, ha anunciado que no apoyarán "ningún pacto que suponga la limitación de las libertades cívicas y que conlleva directa o indirectamente la prisión permanente revisable".

A su juicio, el acuerdo entre Rajoy y Sánchez solo demuestran que el PP y el PSOE tienen un "nulo sentido de Estado".  "Tienen un nulo sentido de Estado porque si lo tuvieran habrían hecho un proceso de negociación con todos los grupos de la Cámara". Para Coscubiela la lucha "contra todo tipo de terrorismo requiere de un consenso social y político que es exactamente lo contrario que los pactos entre PSOE y PP hacen a espaldas de la sociedad".

No obstante, el portavoz de ICV ha dejado claro que la coalición de izquierdas comparte "la necesidad de mejorar las políticas de seguridad", y también "la necesidad de adaptar las leyes a comportamientos terroristas que suponen actuaciones diferentes a las que el terrorismo nos tenía acostumbrados y requieren nuevas respuestas".

Joan Tardá, en nombre de ERC, ha sentenciado que "la libertad se gana con más libertad y no poniéndola bajo vigilancia". El diputado republicano cree que es "una vergüenza que solo se haya tratado este asunto desde el Ministerio del Interior" cuando, en su opinión, habría que haberlo abordado desde otras vertientes. Por ejemplo, haciendo hincapié en la necesidad de dotar de un fondo para la integración y la educación de los inmigrantes que llegan a nuestro país. "El PP, con el visto bueno del PSOE, ha usado el miedo al yihadismo para justificar la cadena perpetua", ha sentenciado Tardá.

Hay un destino goloso como pocos en la Administración, el de consejero de turismo en una embajada: entre 10.000 y 20.000 euros al mes –el sueldo depende del destino– en Nueva York, en Londres, en Miami o en Singapur. Hasta ahora, esos altos cargos estaban reservados para funcionarios con experiencia previa en la administración pública del sector turístico. La mayoría de ellos venían del viejo cuerpo de Técnicos de Información y Turismo y eran eso: técnicos; funcionarios de larga carrera que habían pasado por una dura oposición y que estaban especializados en el desarrollo y promoción exterior de la primera industria española, el turismo. Pronto dejará de ser así. Al Gobierno ya no le sirven estos técnicos que serán sustituidos por políticos. Es fácil adivinar de qué partido serán.

El PSOE es consciente de que la firma del pacto antiterrorista con el Gobierno de Mariano Rajoy tiene un punto polémico: que los atentados con resultado de muerte estén castigados con la máxima pena privativa de libertad que, con el Código Penal que va a aprobar el PP en solitario, será la prisión permanente revisable. Los socialistas quieren dejar claro que están absolutamente en contra de ese nuevo marco legal y han anunciado este mismo lunes que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la reforma del texto en cuanto se apruebe.

La dirección socialista está "orgullosa" del pacto que el secretario general ha firmado con el presidente esta tarde y está convencida de que los ciudadanos entienden que se haya alcanzado, a pesar de que al menos mientras Rajoy esté en La Moncloa supondrá que a los terroristas acusados de asesinato se les impondrá como pena la prisión permanente revisable. "La ciudadanía es consciente del peligro", afirman fuentes socialistas.

Los socialistas aseguran que en las negociaciones que se han prolongado durante varias semanas han logrado que desapareciera la mención explícita a la prisión permanente revisable y luego al articulado del nuevo Código Penal en el que figura ese precepto legal. Además, aseguran que el pacto rubricado este lunes incluye la "discrepancia" de los socialistas con esa condena, que consideran inconstitucional, y celebran que el acuerdo se mantendrá, aunque un gobierno del PSOE la derogue.

El PSOE explica que la alusión a la máxima pena no se podía eludir y hacer referencia a un número determinado de años por los asesinatos terroristas dado que sería contradictorio con que otros delitos, también con resultado de muerte, sí se castigaran con la prisión permanente revisable que el PP ha incluido en el Código Penal.

"Lo vamos a explicar para que todo el mundo lo entienda", han asegurado fuentes de la dirección ante la posibilidad de que esta decisión castigue electoralmente al PSOE. Esas mismas fuentes consideran que la ciudadanía "entiende" que PP y PSOE pacten en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo. "De esto no haremos un elemento de confrontación a pesar de las profundas diferencias en lo relativo a la prisión permanente revisable", han expresado esas mismas fuentes que han subrayado que ambos partidos daban "mayor importancia a la unidad política contra el terrorismo".

El PSOE se ha desmarcado de la decisión de que Rajoy y Sánchez firmaran el pacto en una comparecencia sin preguntas y han señalado que se ha tratado de una "imposición" de Moncloa que no han podido discutir por ser los "invitados". 

En tan solo una semana de trabajo, en que ha anunciado varias medidas económicas y ha mantenido algunos desacuerdos con Europa, el nuevo Gobierno griego ha logrado que la mayoría de los ciudadanos, incluso desde fuera de las filas de Syriza, apruebe su gestión.

Una encuesta realizada por el instituto demoscópico Public Issue para el diario Avgi, cercano a Syriza, otorga al Gobierno el 67% de aprobación y a Tsipras el 70% de apoyo, aunque lo más llamativo es que uno de cada tres votantes de la conservadora Nueva Democracia reconoce la buena disposición del nuevo Ejecutivo.

En el primer Consejo de Ministros con Alexis Tsipras al frente, el Gobierno anunció sus próximos pasos: la paralización del programa de privatizaciones de las eléctricas, de los puertos y los aeropuertos, el aumento del salario mínimo a 751 euros y la readmisión de funcionarios despedidos inconstitucionalmente, medidas con que concretaba algunas de sus promesas electorales.

"Quieren hacer cambios y creo que están en la buena dirección. Con los tres últimos Gobiernos no ha cambiado nada para la gente. Al menos ahora tenemos esperanza", asegura Mijalis en su tienda de compra venta de oro en el centro de Atenas.

Esta semana el Gobierno también sentó las bases de las negociaciones con la troika de acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) en las reuniones con las primeras autoridades europeas que han visitado Atenas. Pero no fue hasta el encuentro con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, cuando el Ejecutivo heleno sirvió su plato fuerte de la mano del ministro de Finanzas, Yanis Varufakis.

"No tenemos intención de trabajar con una comisión (la troika) que no tiene razón de existir, incluso desde la perspectiva del Parlamento Europeo", dijo Varufakis, en su comparecencia con Dijsselbloem.

Estas palabras, que solo ratificaban la postura que Syriza defendió en sus tiempos en la oposición, encendieron las alarmas en Europa y provocaron la reacción de varios de sus líderes que reclamaron a Grecia "el cumplimiento de sus obligaciones".

"No me parece bien el tono tan duro de las visitas europeas hacia Grecia, un país que es tan hospitalario", afirma Fotis, portero de un edificio de oficinas, que votó por Syriza porque veía necesario un cambio, aunque teme que en unos meses Europa retire su respaldo a Grecia una vez que el Gobierno ponga en marcha su plan gubernamental.

"Nadie va a recibir a Tsipras y Varufakis con besos y abrazos, pero deben negociar, lo tienen que hacer. Si no luchan ahora, ¿cuando?. De otro modo no hay futuro", señala Mijalis.

Este joven emprendedor se muestra confiado en que las negociaciones con los prestamistas concluirán con éxito. "Todo el mundo nos quiere en Europa, porque de lo contrario puede haber un efecto dominó en España, Italia y Portugal", destaca.

Aliki, de 21 años, que ha dejado los estudios para trabajar en una tienda de electrónica, dice confiar en Tsipras aunque reconoce que es muy pronto para valorar su gestión. "Solo ha pasado una semana, es muy pronto, pero creo que las cosas pueden cambiar en Grecia", asegura.

La esperanza es la palabra más repetida entre los griegos. "Muchas cosas dependen del Parlamento, pero esperamos algo de Tsipras. Tenemos esperanza", comenta Jalud, un pakistaní que trabaja en una tienda de envío de dinero.

Otro sondeo del instituto demoscópico Metron Analisis para el diario Parapolitiká muestra que la coalición entre Syiriza y el partido de derecha nacionalista Griegos Independientes cuenta con una aceptación del 56%, frente a un 35% que no la aprueba.

Muchos griegos califican como "necesaria" esta extraña coalición, que en los últimos días centra gran parte de las conversaciones. Así la ve Yorgos, un cafetero ateniense que opina que ha contribuido a crear "un Gobierno fuerte". Piensa que la crisis no es solo "un problema griego", sino que es más evidente en Grecia, aunque afecta a "todo el sur de Europa, incluida España".

"Solo hace falta echar un vistazo aquí, en el centro de Atenas, para ver cuántos comercios están vacíos. ¿Cuánto más se puede asfixiar a la gente?", se pregunta este pequeño empresario, que defiende el pago de la deuda, eso sí, subordinado al crecimiento.

El Partido Comunista de Madrid (PCM) decidió este lunes romper sus relaciones con Izquierda Unida de Madrid (IUCM) mientras no se remodele la dirección, no se retome el proceso de confluencia con Ganemos y no dimitan los portavoces municipal y autonómico, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, según una resolución de la Ejecutiva del partido en Madrid. El PCM insta además a sus militantes a no acudir a ningún órgano de dirección de IUCM mientras dure la ruptura.

"El Partido Comunista de Madrid no reconoce a la actual dirección de IUCM ni acudirá a los órganos que la misma convoque mientras no se ejecuten los acuerdos federales en el ámbito de la convergencia y de la dimisión de los portavoces del Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid", señala la resolución aprobada este lunes.

El documento acusa a la actual coordinación colegiada de IUCM de "marcar unas líneas que entran en completa contradicción con lo aprobado por IU y PCE", lo que ha llevado al "desánimo en la militancia y el ahondamiento en una fractura política cada vez más grave".

El PCM resuelve que su ruptura con IUCM no supone hacerlo con la dirección federal: "Nos reclamamos parte de Izquierda Unida Federal", asegura el texto, que concluye: "Exigimos la inmediata destitución de los portavoces, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, así como del diputado Antero Ruiz o, en su defecto, su traslación al Grupo Mixto".

Rafael Catalá ha asegurado que la cadena perpetua revisable cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española. El ministro de Justicia ha insistido este martes en que esta reforma del código penal que se recoge en el pacto antiterrorista firmado entre el Gobierno y los socialistas obedece a "un sentir social muy extendido en España". Catalá ha defendido que la pena máxima "es aceptada" por los españoles porque "consideran que la respuesta debe ser contundente".

El titular de Justicia ha dudado además de que el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el PSOE vaya a ninguna parte. "Ya lo avanzaron en los debates, cuando se apruebe, ya veremos si se admite a trámite y si trae causa", ha dicho después de señalar que esta reforma legislativa cuenta con el aval del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal.

En el mismo sentido se ha expresado Jorge Fernández Díaz, que ha dicho que es una respuesta que obedece a un "llamamiento de Naciones Unidas a todo el mundo" y que en la UE "se ha hecho lo mismo". "Es difícil de entender que se nos llame y que en España no seamos capaces de ponernos de acuerdo"", ha zanjado el titular de Interior.

Ambos ministros, que este martes se reunían en el Congreso con los diputados del grupo parlamentario del PP, han presumido de que este cambio supone "tener las herramientas jurídicas necesarias" para luchar mejor contra el terrorismo yihadista y de que España. "Me atrevo a decir una cosa ... y la digo: España se sitúa así a la vanguardia mundial", ha presumido Fernández Díaz.

El titular de Interior ha sido preguntado por la difícil situación del PSOE para explicar las bondades de un acuerdo cuyo punto principal ha anunciado que recurrirá. "Todo pacto es una transacción. Era público que el PSOE se oponía. Y ahí está el arte de la política, en hacerlo compatible".

En el mismo sentido se había expresado poco antes Rafael Hernando, nada más registrar en el Congreso la proposición de ley. "España se coloca a la cabeza en materia legislativa porque es una legislación pionera y novedosa", ha afirmado Rafael Hernando, que también ha recordado que obedece a una promesa del PP en su programa electoral. 

El portavoz del PP en el Congreso ha avanzado que el acuerdo contará con más apoyos aunque no hayan suscrito el pacto junto al PP y al PSOE. De momento, se cuenta con el de tres diputados del grupo Mixto (CC, Foro Asturias y UPN). El dirigente no ha querido ser más explícito, con la excusa de que "a los grupos no les gusta que avance su posición".