Hannot Sansinenea se ha convertido en el secretario general de Podemos en San Sebastián, tras obtener el 61,11% de los votos en el proceso constituyente para los órganos municipales del partido liderado por Pablo Iglesias. Donostiarra de 40 años, Sansinenea ha liderado la candidatura ‘Claro que Podemos’ en la capital guipuzcoana, la única avalada por Iglesias en Euskadi. De hecho, Juan Carlos Monedero estuvo en un acto para apoyarle. De padre vasco y madre catalana, es autónomo y socio de una pyme de diseño y serigrafía. Está en Podemos desde sus primeras reuniones en febrero de este año y fue una de las personas que participó en la primera asamblea que se convocó en Gipuzkoa. En la presentación de su candidatura admite que la política le ha interesado desde siempre, aunque nunca ha militado. Pero ahora ha visto una “oportunidad única de cambiar las cosas desde dentro”. 

¿Qué ofrece Podemos en Donostia que no ofrezcan otras alternativas políticas de la ciudad?

Seguramente la organización. El hecho de que en Podemos pueda participar cualquiera que quiera inscribiéndose y votando. Porque en realidad nosotros somos un órgano interno y luego siempre las decisiones importantes que haya que tomar serán siempre refrendadas por la Asamblea Municipal, que son todos los inscritos. Yo creo que en relación a esto, no hay un partido que todavía lo haga. Igual alguno lo está copiando o lo que sea, pero es algo nuevo.

¿Cuáles son los ejes principales que vais a llevar a cabo a partir de ahora?

El principal que creemos que es ampliarnos, abrirnos a los barrios, tener más círculos. Y la segunda parte sería reunirnos con los agentes y movimientos sociales para ver un poco la realidad. Y de todo ello hacer un análisis y crear un programa. Nosotros estamos empezando con todo esto, entonces cada uno tiene su idea, pero hay que contrastarla con gente que lleva años enfrentándose a los problemas de la ciudad y hay que saber realmente cuales son y sobre ello hacer un análisis nuestro. No podemos llegar y decir unas cosas, aunque tengamos una idea, sin antes contrastarla con estos agentes sociales.

¿Por el momento tenéis alguna propuesta para Donostia?

Ahora mismo son muy genéricas, porque estamos empezando. En realidad hasta que no hagamos ese análisis no vamos a poder tener una propuesta. Sería un poco arrogante empezar a hacer propuestas de cosas cuando acabamos de formarnos. Creemos que es muy importante conocer la realidad y se verá cuando empecemos a trabajar. Y ese es el trabajo que nos va a tocar hacer ahora.

Una de las grandes dudas que tienen los ciudadanos es si os vais a presentar a las próximas elecciones municipales.

En principio, ya se decidió en la ‘Asamblea Sí se puede’ que no nos presentamos como Podemos. Y si hubiese alguna candidatura de entidad popular que cumpliese los requisitos que nosotros creemos que tiene que cumplir, es decir, que sea realmente una candidatura que venga desde abajo y que no haya partidos detrás, pues nosotros podríamos sumarnos a ella. Esto también lo deberíamos de analizar, pero en este momento en concreto no creemos que haya ninguna candidatura que cumpla esos requisitos. No quiere decir que no nos vayamos a presentar porque todavía queda tiempo y podría ser que surgiese algo. Pero en principio a día de hoy, 2 de enero, no contemplamos presentarnos porque no creemos que haya ninguna candidatura a la que nos podamos sumar o dar apoyo.

¿Creéis que el hecho de ser la única candidatura vasca avalada por Pablo Iglesias, que además recibió hace unas semanas el apoyo de Juan Carlos Monedero en un mitin, os ha ayudado a conseguir la Secretaría General?

Nosotros le estamos agradecidos a Juan Carlos por haber venido a apoyar nuestra candidatura ‘Claro que Podemos’, que está dentro de una serie de candidaturas que defendemos un mismo modelo para la organización de Podemos y que compartimos análisis y maneras de hacer. ¿Ha podido ayudar su presencia? por lo menos ha tenido eco mediático. Por ese lado, algo nos ha podido ayudar. Pero también es verdad que nosotros hemos hecho mucho trabajo de calle, hemos estado en mesas informativas, etc. No solo ha sido el acto de Monedero, llevamos un mes a tope con esto, pero igual esta es la parte que se ha visto más públicamente. Ha habido mucho trabajo y estoy muy agradecido a todos los que han participado, tanto de la candidatura como de gente que nos ha apoyado y que creo que eso también nos ha ayudado.

La asociación de defensa del automovilista Dvuelta ha denunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha manipulado las estadísticas de siniestralidad para anunciar un descenso de los fallecidos en 2014.

En un comunicado al que aporta las pruebas de la supuesta manipulación, Dvuelta asegura que, según la estadística que la DGT va eliminando de su registro público, son 1.137 las personas que perdieron la vida en 2014, tres más que en 2013 y seis más de lo anunciado por el Ministerio del Interior, del que depende la DGT.

Dvuelta explica que su Departamento de Seguridad Vial ha comprobado que, desde finales de verano, la DGT ha ido modificando, de manera paulatina, las estadísticas que publica en su página web.

La publicación de estas estadísticas fue suspendida durante semanas sin motivo conocido y los datos sólo pueden analizarse globalmente si se descarga la información antes de que desaparezca.

El análisis que Dvuelta ha realizado de esa información detecta que en los meses de mayo y julio se han detraído de la estadística oficial no menos de seis fallecidos en accidente de carretera.

Esta alteración no es un porcentaje significativo sobre el total de los más de 1.100 muertos que la siniestralidad vial se cobró en 2014, pero sí una cantidad cualitativamente relevante por cuanto supone la diferencia entre menos y más muertos que en 2013, añade Dvuelta, que indica que se trata, además, del final de 10 años de descensos de mortalidad vial.

A continuación, prosigue esta asociación, se pueden examinar los datos de siniestralidad que la DGT colgó en su web el 15 de septiembre de 2014.

Según la información ofrecida en tal fecha, que Dvuelta incluye en el comunicado, en mayo se registraron 79 fallecidos en carretera, mientras que en julio la cifra fue de 110 muertos.

El último cuadro de la DGT (cuando el cierre de la estadística estaba muy próximo), también mostrado en el comunicado, informa de que los fallecidos en mayo y septiembre fueron dos y cuatro menos, respectivamente, que los anunciados tres meses antes.

Dvuelta asegura que el sistema de recogida de datos de accidentes de tráfico manejado por la Guardia Civil de Tráfico (conocido como ARENA) no permite tales márgenes de error, por cuanto los datos no provienen de una muestra estadística (como sí sucede cuando se tratan los datos definitivos), sino, físicamente, de todos y cada uno de los siniestros registrados.

De hecho, la leyenda "datos provisionales" hace mención a la posibilidad de que, dentro de las 24 horas siguientes a la producción del siniestro, algún herido pueda fallecer.

Lo que carece de toda lógica, según esta organización, es que seis fallecidos "provisionales" en los meses de mayo y en julio desaparezcan de la estadística en el mes de diciembre.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha valorado este sábado la ausencia de imputados en el grupo popular en las Corts, tras la renuncia este viernes de sus actas por parte de Ricardo Costa y Yolanda García, sumando así las renuncias 11 y 12 de diputados imputados y concenadas. Fabra ha recalcado que esta situación "pone de manifiesto el compromiso con la ejemplaridad por parte del Partido Popular".

"Yo tenía un compromiso al principio de esta legislatura y no era nada fácil, era hacer que la gente no nos apuntara sobre el número de imputados que podía haber en el grupo popular; a día de hoy ya no queda ninguno vinculado a la trama Gürtel y creo que eso pone de manifiesto el trabajo que estamos haciendo", ha indicado Fabra a los medios.

En todo caso, ha apuntado que "aquí nunca hay que bajar la guardia, porque estamos en unos momentos en que la gente nos pide, sobre todo, ser muy estrictos y muy rigurosos luchando contra uno de los principales problemas que tiene la sociedad, que es esa corrupción que existe generalizada y especialmente en los partidos políticos", que hay que "zanjar de raíz" como él ha pretendido durante los últimos tres años y medio.

Según ha recalcado, ese esfuerzo realizado desde el PPCV "pone de manifiesto el compromiso con la ejemplaridad por parte del PP". "Y en aquello que no podamos hacer desde el partido lo que vamos a hacer es ayudar a la justicia a resolver todos los casos, porque no tenemos nada que esconder, y lo que queremos es trasladarle a la sociedad que el PP es un partido que lucha como el que más contra la corrupción; y desde luego nadie va a poner en duda la honorabilidad de la gente del partido", ha insistido Fabra.

Contradicciones

No obstante Fabra ha obviado que Felipe del Baño se mantiene como diputado pese a estar imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, y además la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Francisco Camps, el antecesor de Fabra al frente de la Generalitat, por la compra de Valmor, empresa comprada con dinero público y que soporta las deudas de la Fórmula-1.

Además Alberto Fabra con esta declaración de "ejemplaridad" ha contradicho la versión de Ricardo Costa quien aseguraba que su renuncia al acta de diputado no tenía nada que ver con su imputación en la trama 'Gürtel', y que su decisión estaba "premeditada".

"Alguno se puede quedar mudo"

Preguntado sobre las críticas de la oposición ante las renuncias, al considerar que no han sido forzadas por el partido, sino que han sido fruto de decisiones personales, Fabra ha manifestado: "de la oposición he escuchado muchas cosas durante estos tres años y medio, un tercio de las preguntas que me han hecho en las sesiones de control iban vinculadas a los imputados y ahora posiblemente alguno se puede quedar mudo".

Ha reiterado que el partido ha hecho "lo que tenía que hacer" y ha puesto de manifiesto "el esfuerzo y el trabajo de cientos de miles de personas en el PP que lo único que buscan es la vocación de servicio, poder ayudar a los demás a recuperar una situación muy complicada en la que nos ha puesto la crisis a todos".

Además, ha realizado un ejercicio "de ejemplaridad, de dejar fuera a aquellas personas que podían tener algunos procesos judiciales y, sobre todo, centrarnos en lo que también preocupa a la gente, que es la recuperación económica".

En este sentido, ha subrayado el presidente del PPCV que "hoy estamos mejor que hace tres años y medio" y eso "pone de manifiesto el esfuerzo, no solo en cuanto a eliminar la corrupción o aquellas conductas reprochables dentro de los partidos políticos, especialmente el nuestro", sino en la resolución de una situación "muy complicada" por la crisis.

Orihuela

Por otra parte, Fabra ha señalado respecto a la suspensión de militancia de la presidenta del PP de Orihuela y la apertura de expedientes a esta y a cinco concejales más tras ausentarse del pleno municipal del 22 de diciembre y no votar una moción presentada para que los partidos políticos no incluyan en sus listas electorales a imputados, que se trata de "una cuestión del Comité de Derechos y Garantías".

"Hubo una situación analizada por el Comité de Derechos y Garantías y eso ha provocado la suspensión cautelar; en ese sentido, se procederá según marquen los estatutos, pero lo que queda claro es que cuando hay una directriz marcada desde el partido, sobre todo en la línea de la ejemplaridad, poniendo de manifiesto esa lucha que estamos haciendo para eliminar cualquier conducta reprobable, no se puede mantener ningún tipo de conducta distinta a la que marca el partido", ha indicado.

Así, ha concluido: "aquellas personas que no estén en la línea de lo que marca la sociedad y lo que estamos diciendo desde el partido, y es apartar a todas aquellas personas que puedan estar bajo un proceso judicial, creo que en estos momentos no tienen cabida dentro del PP".

El nuevo año trae consigo la reapertura judicial de los hilos de la trama Gürtel en Andalucía. El pasado mes de marzo trascendió que empresas de Francisco Correa participaron en el expediente de contrataciones hechas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la promoción de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid de 2004 (Fitur). Según la detallada documentación remitida ahora anónimamente al juez Ruz, a la que ha tenido acceso eldiarioandalucía, el Consistorio liderado entonces por la popular María José García Pelayo, hoy día también alcaldesa, falsificó supuestamente el expediente de contratación con posterioridad a la celebración de la Feria y no llevó a cabo ningún procedimiento para la contratación de dos empresas de la trama Gürtel, Special Events y Down Town.

Esto se comprueba, según el informante anónimo, con los metadatos de los documentos (su huella digital en los ordenadores donde se hizo la elaboración de los mismos). El procedimiento de contratación negociado sin publicidad es el único que no requiere ningún anuncio y, por tanto, los documentos se pueden montar a posteriori. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya alertó de estas operaciones respecto a la fabricación de los pliegos, ofertas de las empresas y demás documentos que las empresas de Correa tenían que haber presentado al procedimiento de contratación y que se habrían elaborado con posterioridad a la prestación del servicio. Según avanzó recientemente La Sexta, la Policía concluye en unos de sus informes que el Ayuntamiento presuntamente manipuló documentos de los expedientes referidos a las adjudicaciones a las empresas de Correa.

El expediente jerezano, que forma una pieza separada del caso Gürtel, saltó a la luz la pasada primavera cuando la UDEF alertaba de que aquellos procesos de adjudicación estaban plagados de irregularidades. Hace apenas unos días, según adelantó Vozpópuli, el juez Ruz recibió la información anónima y ya la ha unido a la que estaba abierta. Se trata de una serie de documentos digitales que, una vez firmados, se incluyeron en el expediente de las contrataciones del Ayuntamiento de Jerez para aquella edición de Fitur pero después de que finalizara la feria.

Negociado sin publicidad y 'fabricación' a posteriori

Después de que en marzo trascendiera que la alcaldesa de Jerez, en calidad de presidenta del órgano municipal Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), adjudicó los trabajos sin concurso, la documentación anónima vendría a demostrar que los documentos contractuales fueron creados con posterioridad a la celebración de Fitur y que no hubo ningún procedimiento de contratación para contratar a las empresas de Correa. Ni siquiera el procedimiento negociado sin publicidad que aparece en el expediente, ya que los documentos se elaboraron después de la celebración del evento, para intentar dar una apariencia de legalidad.

Según la información que ya maneja el juez Ruz, que ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado un nuevo informe, el procedimiento de contratación que tendría que haberse utilizado era el concurso abierto pero, ante los precios inflados por las comisiones, en un concurso nunca hubieran resultado adjudicatarias dichas empresas, sobre todo ante la empresa jerezana que venía organizándolo, que era más barata. La finalidad de la supuesta manipulación fue contratar de forma directa.

El anónimo aporta explicaciones de cómo comprobar la fabricación del expediente a través de los documentos que lo componen. Por ejemplo, en el documento denominado 'Informe del Secretario', la fecha que figura dentro del texto del documento es 8 de enero de 2004, pero en los metadatos aparece que realmente se creó el 3 de febrero de 2004, guardado el 25 de febrero de 2004, tras doce revisiones, e impreso el 12 de febrero de 2004. Por ello, en el punto quinto de este documento dice que "será aprobado por el presidente, pero siendo competencia del Consejo deberá someterse a la ratificación del mismo", sin justificar porqué debía aprobarlo la presidenta (García Pelayo), no teniendo competencia ya que era del Consejo.

El caso es que el 3 de febrero ya se sabía que no se había llevado a cabo ningún procedimiento de contratación con anterioridad al evento y el Consejo no podía 'fabricar' a posteriori sin haberse celebrado. Pero una resolución de la presidenta sí se podía 'fabricar' a posteriori. Este informe también valida la tramitación de urgencia del expediente para justificar que se hiciera por procedimiento negociado sin publicidad, cuando debía hacerse por concurso. Tal y como dijo la Intervención General del Estado, según cita el informe de la UDEF, no pudo haber urgencia ante la organización de Fitur, que tiene carácter anual y cuyas fechas se conocen con mucha antelación.

En todo este proceso de adjudicaciones, como ya informó eldiarioes, hay una pieza clave que es Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas. "Desempeña un papel fundamental en la planificación, desarrollo y adjudicación de los distintos contratos a empresas del Grupo Correa (Special Events SL y Down Town Consulting SL)", decía el el informe policial que trascendió en marzo. La UDEF añadía que "la documentación administrativa elaborada para presentarse a la adjudicación del concurso negociado sin publicidad, llevado a cabo por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, fue confeccionada una vez ejecutados los trabajos que lo motivan y pasado un tiempo de su finalización".

La Intervención concluyó que no se justifica que las adjudicaciones se hubieran producido a dedo "vulnerando los principios de contratación pública; en concreto, los de publicidad, objetividad y transparencia". Las irregularidades detectadas alertaban además de que "muchos de los documentos administrativos tienen defectos formales, no consta la fecha ni quién los firma, siendo destacable como prácticamente ninguno y en especial los que afectan a notificaciones, a los adjudicatarios o escritos presentados por estos, carecen del correspondiente sello o membrete del registro público, que garantice la fecha y la veracidad de su contenido".

La conexión jerezana

El trabajo que Cuberos consiguió para la Gürtel consistía en el montaje del estand de Jerez en Fitur, así como en la organización de varios eventos ecuestres, uno en el madrileño Parque del Retiro y otro en la Plaza Mayor de la misma ciudad. En su extenso informe, la Policía señaló que las gestiones de Cuberos "no se efectúan de forma desinteresada, sino que dicha persona recibe elevadas cantidades de dinero por tales trabajos".

Dentro de estas conexiones entre la cúpula popular andaluza y Jerez de la Frontera también se encuentra el jerezano Aurelio Romero, que hace aproximadamente un año dejaba su puesto de tesorero del PP en Andalucía con la entrada de Moreno Bonilla y que también aparece en las famosas listas de Luis Bárcenas como perceptores de distintas cantidades de dinero.

Romero, además de concejal, diputado provincial, autonómico y nacional, ejerció el cargo de tesorero del PP-A durante años a las órdenes de Arenas, compatibilizándolo con sus cargos de concejal y, sobre todo, de estratega de las campañas electorales de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, incluído sus ingresos y gastos.

La reforma del Código Penal que está tramitando el Gobierno del PP de forma exprés en el Congreso de los Diputados ha logrado levantar también ampollas en el sector sanitario. Estos profesionales denuncian la "inseguridad jurídica" en la que les deja el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el "claro retroceso" que supone en la lucha contra las agresiones que sufren en el ejercicio de su profesión. Ante esta situación, los médicos han escrito una larga carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le exponen sus quejas y aportan diversas recomendaciones para que se las traslade al Gobierno.

No obstante, en la carta a la Defensora del Pueblo, reconocen que "la situación podemos decir que ha mejorado y que se ha acotado al fenómeno, poniéndole cerco, por lo que se ha experimentado en el número de agresiones una curva descendente muy evidente".

Según los datos registrados por el Observatorio Nacional de Agresiones referentes a 2013, el mayor número de agresiones –un 89%– ocurre en el sector público y se da especialmente en Atención Primaria (68%). En el ámbito hospitalario se cifran en un 18%, de los cuales el 65% se produce en consulta o internamiento y el 22% en urgencias.

Aunque los datos son esperanzadores, los profesionales de este sector creen que "el camino a recorrer es todavía largo". "Hay carencias y necesidades que deben de ser cubiertas para una mayor eficacia en la lucha contra las agresiones", le hacen saber a la Defensora del Pueblo.

Una de las mayores preocupaciones que mantienen es que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones pasan a tener respuesta por la vía administrativa, lo que, a juicio de la Organización Médica Colegial (OMC), "va a consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales" a los sanitarios. Y esta es una de las cosas que creen que debería cambiar. En este sentido, piden la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que las agresiones verbales sean juzgadas por jueces y magistrados de carrera y no por jueces de paz. 

Un caso que no olvidan es el de un paciente que roció con alcohol a un médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para después prenderle fuego. El agresor aseguraba que el facultativo "le había destrozado la vida" al diagnosticarle un cáncer que él creía que no tenía. La Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario al considerar que sufría una anomalía psíquica. La condena, sin embargo, fue sustituida posteriormente por otra de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 3.060 euros con prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros. Asimismo, dejaba al acusado bajo el cuidado y vigilancia de su familia.

Pero la preocupación viene de lejos. El asesinato en 2009 de la doctora María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de salud de Moratalla (Murcia) hizo saltar todas las alarmas. El autor del crimen fue un jubilado que disparó cinco tiros contra la doctora y también contra el conductor de una ambulancia, que pudo salvarse.

El caso más reciente es el de Violeta Guarido Rivera, de 29 años, psicóloga clínica del centro psiquiátrico privado San Juan de Dios de Palencia, que en mayo falleció tras ser apuñalada en su despacho por una paciente con un cuchillo de cocina.

El médico como "autoridad pública"

En junio de este año la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, se comprometió con las comunidades autónomas a promover el reconocimiento de los profesionales del Sistema Nacional de Salud como "autoridad pública", lo que supone que cualquier agresión puede ser sancionada y penada de la misma manera que si se efectúa contra los agentes de la seguridad del Estado.

Esta promesa de Mato no ha conseguido tranquilizar a los profesionales del sector, que exigen que se les considere "sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia grave" en caso de sufrir ataques, intimidaciones o coacciones.

La OMC considera también que el actual marco normativo no mantiene "unificación de criterios" en los diferentes territorios judiciales y está caracterizado por la "fragmentación y el personalismo", lo que, a juicio de la OMC, provoca en los profesionales "inseguridad jurídica". Por ello, la organización médica cree necesario un tratamiento unitario a nivel nacional.

Otra de las recomendaciones que los médicos hacen en la carta a Becerril es que se incremente la prevención de estas situaciones de riesgo con una mayor formación a los profesionales para que sepan "cómo salir de situaciones límite". La propia OMC anuncia estar dispuesta a emprender un plan formativo a nivel nacional "para enseñar a los profesionales cómo afrontar situaciones violentas y complicadas".

Además, creen necesario autorizar que los miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado puedan acompañar al médico en visitas domiciliarias en las que se prevea un riesgo de agresión; que los hospitales y centros de Salud estén dotados con mecanismos materiales necesarios para recabar auxilio y ayuda externa, y que cuenten asimismo con un protocolo de huida del médico o del sanitario cuando se encuentre en situación de peligro.

El escrito está firmado por el presidente de la corporación, Juan José Rodríguez Sendín, que insiste en denunciar que los médicos contemplan el nuevo texto del Código Penal con "preocupación y decepción". Una preocupación que no solo se limita a las agresiones que sufren los médicos, enfermeras o trabajadores pertenecientes a la sanidad pública. La OMC denuncia también la desprotección que hay entre los profesionales que trabajan en el sector privado.

Asociaciones de pilotos de toda Europa han lanzado una campaña de firmas en la UE para exigir que, a la hora de comprar un billete aéreo, el usuario sea informado por la agencia de viajes o el portal de ventas de si los pilotos que van a manejar el avión en el que volará son profesionales con su habilitación completa o se trata de estudiantes que vuelan en proceso de formación y por tanto no cobran.

En esta fórmula sofisticada de subempleo, el piloto en prácticas no solo no cobra por volar sino que paga a la aerolínea que la contrata y a otros intermediarios cantidades promedio de unos 60.000 euros por realizar hasta 1.000 horas en vuelos comerciales con pasajeros.

La campaña de firmas ha sido lanzada por la asociación gala de pilotos SNPL France ALPA, utilizando Avaaz como plataforma. A ella se ha adherido la Asociación Europea de Pilotos ECA, que agrupa a 37 organizaciones europeas, entre otras el sindicato español Sepla. El eslogan de la iniciativa reclama que “los pilotos no deben pagar por volar”. (“Pilots must not pay to fly”).

El objetivo principal de la campaña consiste en exigir a las autoridades de Aviación Civil de la Unión Europea que prohíban la práctica denominada 'line training' (entrenamiento en línea), a la que fuentes cercanas al lanzamiento de la iniciativa califican como “una de las fórmulas más sofisticadas y peligrosas de subempleo”.

La UE no responde

A la vista de que, hasta la fecha, Bruselas se niega a poner coto a esta práctica y da la callada por respuesta, las asociaciones de pilotos exigen que, al menos, la Unión Europea declare obligatorio que, a través de las agencias de viaje tanto físicas como en la red y en las páginas oficiales de las aerolíneas, “se informe con claridad a los pasajeros de si los pilotos que manejarán su avión tienen su título de habilitación completo, o simplemente son estudiantes en prácticas”.

En el texto que los colectivos de pilotos han pasado a la firma por todo el continente se afirma que “la práctica de ‘pagar por volar’, plantea graves preocupaciones a la hora de determinar la efectiva responsabilidad de los pilotos durante el vuelo. En circunstancias normales, a los pilotos se les paga para encargarse de la seguridad y la buena marcha del trayecto. Cuando el estudiante-piloto paga por volar se invierte la situación y se reduce o cancela el aval de responsabilidad del piloto, causando un impacto implícito sobre la seguridad del vuelo”.

Ante la falta de respuesta de las autoridades de la UE para legislar contra la práctica de ‘pagar por volar’, los pilotos reclaman que se exija a las aerolíneas que realizan estas prácticas "que revelen este hecho de la manera más visible posible en los procesos de venta de sus billetes para tener a los pasajeros informados con claridad de que están vendiendo horas de vuelo a sus pilotos”. Que sepan, en suma, que “a los mandos de un aparato que transporta 150 almas” se encuentra un estudiante en prácticas.

Con nombre propio

En el texto elaborado para justificar la campaña de firmas se menciona por su nombre a varias aerolíneas que utilizan la práctica del ‘entrenamiento en línea’ en Europa. Se trata de Astraeus Airline, Wizzair y Strategic Airline, con fuerte presencia en vuelos continentales.

En España el sindicato de pilotos Sepla denunció hace un año que Swiftair “convierte las cabinas de sus aviones en escuelas de vuelo” al utilizar “de manera habitual la modalidad de entrenamiento en línea" por lo que se ha convertido en “el paradigma del concepto de pagar por volar” en nuestro país. En el pasado verano de 2014 Swiftair fue protagonista del último accidente de un aparato con pasajeros de la aviación civil española.

Prohibido en EEUU

En el texto de denuncia que está circulando por Europa se hace constar que la Agencia Federal de Aviación Americana (FAA), la máxima autoridad aeronáutica de Estados Unidos, ha prohibido recientemente este tipo de actividad en las aerolíneas de su país. Justifica la medida porque “genera inseguridad en los vuelos y limita la responsabilidad de los pilotos en las operaciones de vuelo”. De este modo, un negocio que inventaron y explotan empresas de EEUU, ahora solo se desarrolla principalmente en Europa y Asia.

Eaglejet Internacional, líder mundial de esta actividad con sede en Miami (EEUU), afirma en su página web que los estudiantes tienen la opción de elegir sus prácticas “con experiencia de piloto de vuelo de una aerolínea del mundo real”. Aunque solo al final de proceso de contratación del programa de “entrenamiento en línea” el aspirante averiguará cuál será la aerolínea en la que realizará sus prácticas, la empresa deja claro que puede ser una compañía europea incluida entre las 424 operadoras que están asociadas a sus programas.

Del contenido de la página web de Eaglejet se desprende la estrecha colaboración de la estadounidense con algunas importantes compañías de nivel mundial. La firma de Miami es “proveedor de entrenamiento” de una de las mayores alianzas globales de compañías aéreas del mundo; Sky Team, liderada por Air France-KLM.

En el área del sitio de Eaglejet donde se comunican las tarifas que deberá abonar el aspirante a piloto por tripular aviones en línea con pasajeros de la familia de los birreactores Airbus 320 se asegura que el precio “está supeditado a las cantidades que fije la compañía aérea”.

Al estilo de los sistemas de promoción estadounidenses, en la página se recogen ‘testimonios’ de jóvenes aspirantes que, desde la más palmaria inexperiencia, han logrado convertirse en pilotos entrenándose a los mandos de aviones comerciales en línea con pasajeros… a base de tirar de talonario. “Nunca había tenido una posición de aviador profesional. Poseía un cierto conocimiento del negocio de la venta de aviones, pero en absoluto experiencia en el manejo de un avión. Entré en el programa de Eaglejet pagando 800 horas de vuelo con un certificado de instructor caducado”, relata uno de esos pilotos, identificado como Anthony Williams.

Antes de que Jorge Fernández Díaz deje de ser ministro del Interior, la localidad donde vive su madre y él acude a tomar aguas termales tendrá un cuartel de la Guardia Civil. La inauguración en la primavera de este año parece garantizada por el “carácter extraordinario” que ha concedido la dirección del Instituto Armado a la convocatoria de plazas para dotar al futuro cuartel de Fitero, en Navarra. El pasado 24 de diciembre, el subdirector general de Personal, teniente general Pedro Vázquez, firmó una resolución para convocar de urgencia las plazas para dos guardias civiles y un cabo, dentro de los 15 efectivos con el que contará el nuevo destino de la Guardia Civil.

La elección de Fitero (2.000 habitantes) como destino de un nuevo cuartel de la Guardia Civil resultó polémica desde que trascendió la decisión del Ministerio del Interior. Los habitantes de Fitero tienen una dotación de la Benemérita a tres kilómetros, en Cintruénigo, y otra a seis, en Corella. La concentración de guardias civiles por habitante será mucho más elevada, por tanto, que en otras zonas rurales de España. En 2014, Interior solo aprobó la creación de dos cuarteles: el de Fitero y otro en la provincia de Sevilla.

A esto se debe unir la vinculación del máximo responsable del Ministerio con la localidad navarra. Allí nació su padre, allí vive su madre y allí se desplazan él y sus hermanos para descansar en periodos estivales. Fuentes del Instituto Armado mostraron su extrañeza por el “carácter extraordinario” de la convocatoria de unas plazas de este tipo, en la especialidad de seguridad ciudadana. Una convocatoria ordinaria habría supuesto un procedimiento más largo.

Precisamente la seguridad ciudadana fue el motivo que esgrimió el ministro para destinar a Fitero un cuartel de la Benemérita. La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, se interesó por esta decisión de Interior en una batería de preguntas parlamentarias. Interior respondió que la delincuencia había crecido un 89% en esta localidad navarra entre 2009 y 2013. Aun así, se sitúa en 33 infracciones penales por cada mil habitantes, lejos todavía de los 46,1 de media, porcentaje que ha hecho expresar a Fernández Díaz reiteradamente que España es “un país seguro”.

Esta y otras contradicciones fueron puestas de manifiesto en su momento por Barkos. Interior había contestado a la diputada que solo hay dos cuarteles de la Guardia Civil en 250 kilómetros cuadrados, los de Cintruénigo y Corella. Barkos se preguntó “qué cinta métrica” había utilizado el Ministerio para hacer ese cálculo, ya que en 12 kilómetros a la redonda de Fitero, existen los dos citados cuarteles.

La Guardia Civil salió de la localidad de navarra en 1991, en tiempos de Luis Roldán como director general, por no resultar operativo el cuartel. La decisión de cerrarlo provocó malestar entre los vecinos, que se manifestaron “con orgullo y coraje”, según la descripción del propio Fernández Díaz cuando acudió en marzo a colocar la primera piedra del cuartel. La convocatoria dejó la foto del ministro del Interior y la presidenta navarra, Yolanda Barcina, entre otras autoridades, mientras el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González, bendecía el acto.

Escrache al ministro en el balneario

El cuartel de la Guardia Civil costará 1,1 millones y se edifica sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento, gobernado por Unión del Pueblo Navarro (UPN), que tiene los 11 concejales de la Corporación. El solar iba a ser destinado en un principio a construir un centro de salud que cubriera especialidades inexistentes en la localidad. Según denunció el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, la dotación para el centro de salud desapareció de los presupuestos municipales coincidiendo “casualmente” con la petición de Interior para construir el cuartel.

“Hace un par de años, el ministro sufrió un escrache cuando estaba tomando unos bañitos en el balneario. Una cuadrilla de jubilados le recriminaron de forma bastante directa y cercana lo que estaba pasando con los recortes de pensiones. No fue del gusto del ministro. ¿Acaso el señor ministro quiere un cuartel de la Guardia Civil para pasear tranquilamente por la calle y tomar los baños sin ser molestado por nadie?”, se preguntó Cuadra durante la presentación de un proposición no de ley para la retirada del proyecto.

Fernández Díaz había esgrimido que con el cuartel llegarían nuevas inversiones a la zona. “Este prodigio de pensamiento político profundo”, según Cuadra, no se da en las dos localidades próximas a Fitero que tienen cuartel y aún una tasa mayor de paro.

Dejémonos de listas petardas con lo mejor del año. Ni hablar de recomendaciones para resolver regalos de última hora. Estemos por lo que estamos. Traemos algunos cómics horneados recientemente, una selección un tanto azarosa de los títulos que hemos ido leyendo, todos de valor, para persuadir al lector de que los haga suyos adquiriéndolos en librerías o sustrayéndolos en grandes superficies, que al fin y al cabo para eso están. Para leerlos, queremos decir.

Un boxeador decadente

El entremés, por su brevedad y su aspecto goloso, lo asume a la perfección Versus (Entrecomics), una somera adaptación -sin crédito- de Un buen bistec, el cuento de Jack London acerca de un púgil escalando sus horas bajas.

Para llevarlo a la esfera visual, Luis Bustos ha eludido tanto el contar diáfano del escritor estadounidense como el manido tratamiento escatológico con que a menudo se glosa el boxeo desde Europa, y a cambio ha optado por localizar la épica (el fin de la épica a que apela el relato) en un despliegue gráfico de tenor mitológico, una pequeña odisea que se aposenta en algún lugar indeterminado y sentimental entre, por ejemplo, Elia Kazan y Will Eisner.

Pero el experimento es mucho más curioso: Bustos también alterna dinámicas formales del cómic de superhéroes y a lo largo de la velada va llevando el material a su terreno íntivo, resolviéndose el combate en su favor a medida que va poniendo en juego sus recursos técnicos más urgentes, los que delatan este tebeo cuadrilátero y de peso ligero como una obra honesta y bien reglada que tal vez no llegue a noquearnos pero que siempre (porque lo leeremos más veces) nos va a ganar por puntos y determinación.

Techno-thriller con influencias del videojuego

Muy lejos en concepto e intenciones, Logout (Norma Editorial) es un tecno-thriller en torno a una gran corporación del videojuego. Es también un policíaco dialéctico, de consecuencias más que de vicisitudes, que abraza todos los tópicos y modos arcaicos de que es capaz para dejar claro de dónde viene y así dilucidar hacia dónde se dirige.

Son los recursos de la ciencia-ficción: hablar de nuestro futuro pasado para formular así nuestro presente, que en este caso, y como no podía ser de otra manera tratándose del primer guión del novelista y poeta Sergi Puertas, se configura como una alegoría funesta que en lo gráfico, tarea a cargo del dibujante uruguayo Pier Brito, cita muy claramente a referentes del género de la altura de Juan Giménez.

Ambos autores despliegan una distopía a lo Terry Gilliam, sin concesiones, igual de ambiciosa en escenografía pero sin los cascabeles del cineasta, para contarnos la historia de un tipo que trabaja de beta tester en una empresa que vende aventuras virtuales.

Tras una auténtica inmersión en la que, como parte del juego, no dejaremos de sentirnos extraviados en algunos pasajes, Logout nos apeará en la conclusión de que estamos devaluando la realidad mientras operamos en su reverso de redes virtuales, y allí determinaremos que el colapso, como sospechábamos, no es tecnológico porque el colapso es nuestro y siempre lo ha sido.

La adaptación de un clásico francés

Para paliar esa alienación en la medida de lo posible, nada mejor que volver a Las cosas de la vida (Fulgencio Pimentel), la mítica serie de Gerard Lauzier (1932-2008) que por vez primera nos llega en edición integral. Kilo y medio de historietas surtidas, cosecha francesa de hace más de treinta años, donde se desguaza el error evolutivo que es la especie humana con armas de antropólogo cabronías.

Incisivo como adamantium operando en mantequilla, lúcido hasta la cólera y con brillantes accesos de enajenación, Lauzier bate las conductas de derechas e izquierdas, de burgueses y proletarios y de hombres y mujeres para unificar una sátira global y definitiva que certifica que la mediocridad es cosa de todos, que la mezquindad tiene los mismos picos por arriba que por abajo y que solo y acaso en la polaridad de los sexos se dan los elementos diferenciales, la discordia esencial que nos balancea, nos equilibra y nos sacude la existencia.

El volumen, que se abre con un revelador trazado biográfico de Lauzier donde Marie-Ange Guillaume vierte datos magníficos (como que su carrera en el cómic vino incitada por Henri Girard, el novelista autor de El salario del miedo) contiene todas las páginas que el autor entregó en su día a revistas periódicas y que leídas hoy de corrido no sólo mantienen el tipo sino que cobran pleno sentido, configurando una enorme y enloquecida comedia de costumbres a leer de rodillas. A ser posible sobre un lecho de cristales rotos.

Lo último de los caballeros extraordinarios

De vuelta en la esfera de la ficción, de la que la realidad no es más que reflejo, Dossier Negro(Planeta Agostini) se presenta como el último arco publicado en nuestro país de “La liga de los caballeros extraordinarios”, la serie escrita por Alan Moore en torno a una supuesta agencia de seguridad británica formada en su primera alineación conocida por iconos de la literatura como el capitán Nemo o míster Hyde pasando por Mina Harker, Allan Quatermain o el hombre invisible Hawley Griffin.

Lejos ya sus inicios victorianos, esta estrambótica liga de la justicia está en la actualidad disgregada, pero este Dossier negro nos va a ir desvelando toda su historia anterior desclasificando documentos derivados, informaciones satélite, piezas insólitas y descubrimientos apócrifos –como la realidad misma- que magnifican la saga, localizándola ahora en la Guerra Fría de los años 50 y formulándola como leve trama de espionaje en la que Moore y el dibujante Kevin O’Neill, adepto a las viejas técnicas de grabado con arrebatos satíricos, vertebran su fascinante y juguetón tejido de laberintos y galerías secretas que recorren el alma de la ficción popular que nos precede y nos configura.

Entre los secretos desvelados destaca la mención a los “Zwielicht-Helden”, la unidad alemana que pudo haber tenido en nómina al doctor Mabuse, a Caligari, a la autómata María y a su artífice el doctor Rotwang.

O la formación francesa “Les hommes mysterieux”, que habría contado entre sus filas con Fantomas, el Nictálope, Arsene Lupin o Robur el conquistador entre otros, ampliando así un imaginario colectivo que en sus citas y referencias cruzadas (Verne, Lovecraft, Shakespeare, Cervantes, Stevenson, Maupassant, Stoker, H. G. Wells, Maurice Leblanc, Michael Moorcock y un larguísimo etcétera en cada viñeta) fortalece la complicidad de un lector que culminará su viaje bañándose en el Mundo Llameante que se abre en las últimas páginas, alegre como unas pascuas y vestido únicamente con las gafas anaglíficas que incluye el libro.

Viajes en el tiempo

Y cerramos en una línea semejante de ensoñación espacio-temporal, la que Albert Monteys maneja en El pasado es ahora, historieta de viajes en el tiempo y especulación científica que inaugura ¡Universo!, una serie de relatos autoconclusivos de ciencia-ficción cuya virtud más notable en esta primera entrega es la tonal, la solvencia de Monteys para, sin abandonar la sátira, templar su registro humorístico habitual y evolucionar como pedro por su casa entre la melancolía del futuro -tan grata al género- y la fábula moral a lo Bradbury o la metáfora extrañada y admonitoria propia de un Rod Serling, maestros con los que comparte fluidez y hechizo.

¡Universo!, que promete periodicidad bimestral, puede descargarse a cambio de la voluntad en la plataforma de cómic digital Panel Syndicate, y la novedad se encuentra también en esa concepción técnica del proyecto, que en su formato apaisado con destino a tabletas y pantallas aroma el tebeo, en paradoja, de viejo e irresistible serial de quiosco.

Estos días hemos asistido a la ceremonia del gran acuerdo social por el que tras largas negociaciones el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido una nueva ayuda a los parados que llevaban más de seis meses sin cobrar una prestación. El auxilio consistirá en 426 euros mensuales durante seis meses a los desempleados que reúnan determinadas condiciones. La ayuda beneficiará a unas 450.000 personas durante seis meses y tendrá un coste de unos 1.200 millones de euros.

En España hay 5,4 millones de parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) o 4,5 millones, según el paro registrado por la Seguridad Social, pero sólo 2,4 millones reciben prestaciones. Así que en el mejor de los casos hay más de dos millones de trabajadores sin empleo que carecen de la más mínima ayuda. La subvención concedida ahora sólo alcanzará a un 25% de este colectivo y dejará a 1,5 millones de personas desprotegidas.

La primera constatación de estas cifras es la lentitud del Gobierno en la concesión de esta última ayuda y la facilidad con que se otorgaron las cuantiosas subvenciones públicas a la banca durante los primeros años de la crisis. Entre 2009 y 2012, los bancos españoles recibieron 88.138 millones de euros de ayudas directas en forma de recapitalizaciones y adquisiciones de activos dañados por parte del Estado español y de la Unión Europea, según la Comisión Europea. De este volumen ya se dan por perdidos más de 51.000 millones.

Las entidades financieras recibieron también importantes ayudas indirectas. Así solamente en 2012, lograron en forma de avales y otras medidas de liquidez más de 75.000 millones de euros. Además los bancos consiguieron otro tipo de soportes como avales del Estado por un total de 31.000 millones para que pudieran convertir activos bancarios de baja solvencia, los denominados créditos fiscales (DTA por sus siglas en inglés), en capital de máxima calidad.

A estos apoyos hay que añadir la financiación privilegiada otorgada por el Banco Central Europa (BCE) a la banca europea, en diciembre de 2011 y febrero de 2012, por un volumen total de un billón de euros al 1% de interés y un plazo de tres años. Las entidades españolas fueron las principales beneficiarias de esta financiación privilegiada del BCE. Durante la mayor parte de 2012, la banca española recibió un promedio de 300.000 millones de euros de la entidad que preside en Mario Draghi, que invirtieron sobre todo en deuda pública, obteniendo un beneficio de más de 12.000 millones de euros.

Aunque las partidas de ayudas son de naturaleza distinta y no se pueden sumar simplemente, lo cierto es que el volumen total de recursos públicos directos e indirectos empleados para salvar al sector financiero es mareante. Es cierto que las subvenciones a los parados han llegado a superar los 30.000 millones anuales en 2010 y 2011. Pero en los presupuestos de 2015 se prevé un recorte de las prestaciones del 15% hasta reducirlas a 25.000 millones de euros, cuando el número de desempleados previsto por el propio Gobierno se reducirá sólo en el 8% hasta quedar en 5,2 millones. Cuando se trató de ayudas a la banca no hubo nunca límites ni reticencias.

Esta disparidad de trato está en la raíz de que España sea el país europeo en el que más ha crecido la desigualdad durante la crisis, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo, (OCDE).

Pero la diferencia más sustancial es que mientras la banca ya ha salido de la crisis, millones de parados se han convertido en excluidos sociales crónicos. En los nueve primeros meses de este año, la banca ha declarado unos beneficios de 7.450 millones, el 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Por el contrario para varios millones de parados su situación es peor que nunca, pues ahora se encuentren sin trabajo, sin reservas y sin protección pública.

Umbra significa ‘sombra’ en italiano, nombre al que responde la operación por el caso de presunta corrupción urbanística más importante del municipio de Murcia y en el que están imputadas una treintena de personas. Entre ellas, el alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, el exconcejal de urbanismo Fernando Berberena, el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, la práctica totalidad de los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo, empresarios como Jesús Samper –presidente del Real Murcia-, figuras de reconocido prestigio social como el exconsejero de Cultura del Gobierno regional y ahora presidente del Real Casino de Murcia, Juan Antonio Megías, abogados urbanistas y un ingeniero italiano, Renato de Nocce, presente en muchas de las operaciones realizadas en la última década en materia urbanística en el término municipal de Murcia, y cuyo país de origen inspiraría el nombre que se dio a esta causa judicial.

El 5 de octubre de 2010 dio comienzo la Operación Umbra con los registros efectuados por la UCO de la Guardia Civil en las dependencias municipales de la Gerencia de Urbanismo de la capital regional, y en diversos despachos profesionales y viviendas de Murcia y Madrid.

Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre 9.959.946 metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.

La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.

El primer convenio, conocido como Nueva Condomina (17-7-2001) fue promovido por Sport Management and Project y el Real Murcia SAD. Lo firmó Jesús Samper, dueño del Real Murcia desde 1999, para construir 4.000 viviendas y un centro comercial a cambio de levantar un nuevo estadio de futbol para la ciudad. La presunta malversación se estima entre 106,5 y 92,7 millones de euros.

El segundo convenio (7-10-2005) fue impulsado por empresarios locales propietarios de suelo –AgrumExport, Ageco, Euroland e Inveralrahu- en una zona aledaña a Nueva Condomina, y acordó la rehabilitación del Real Casino de Murcia –monumento declarado BIC, situado en el centro de la capital y objeto de miles de visitas turísticas- además de la construcción de 18 polideportivos, a cambio de la posibilidad de construir 2.000 viviendas. Las obras del Casino se valoraron en 10 millones de euros, mientras que con los 6 millones que se recibieran en metálico se construirían las instalaciones deportivas. En este caso se pudo producir una malversación de unos 282,7 millones de euros.

El tercero de los convenios (3-7-2006) acordó la rehabilitación del Teatro Circo de Murcia, segundo teatro de la ciudad, que estaba en estado prácticamente de ruina. Fue promovido por Urbamur 2003 SL, Visionaria SL y Obralia del Sureste SL. La presunta malversación se estima en 49,5 millones de euros.

A estos tres hay que añadir tres convenios más: uno firmado con el empresario Manuel Nicolás García (27-6-2006), promovido por Nicolás y Bienert SL y con una malversación estimada en 35,5 millones de euros; otro con varias empresas (7-7-2006) promovido por Lo Navarro de Murcia SA, Profusa, Mirallevant SL y Actividades e Inversiones Futuras 3000, con una presunta malversación que se estima en 61,7 millones de euros; y el último (10-7-2006) acordado con las empresas Urbamur, Castillo de Larache SL, Fadesa Inmobiliaria SL, Desarrollos Urbanos SL, Mediterráneo Hispagroup SA, Tricinter Albamur SL y Andrés Muñoz Cánovas, que pudo dar lugar a una malversación estimada en 138,2 millones de euros.

Un largo proceso de instrucción

Pasado el tiempo, y durante la instrucción, se ha sabido que existe un protocolo privado anterior a la firma del convenio Nueva Condomina entre Jesús Samper y el alcalde de Murcia, que aseguraba la viabilidad del proyecto al empresario madrileño antes de su tramitación; que, coincidiendo con la aprobación del convenio del Teatro Circo, el exconcejal de Urbanismo habría recibido diversos regalos, entre ellos relojes de alta gama y obras de arte por importe superior a 85.000 euros, y que además existen fotografías del mismo en el yate del promotor Ramón Salvador acompañado del ingeniero italiano Renato de Nocce, jugando al dominó y de travesía; y que este ingeniero, además de cobrar dos millones de euros por las obras de rehabilitación del Casino, habría emitido facturas falsas a una empresa sin haber realizado ésta trabajo alguno conocido ni tener trabajadores.

El 28 de diciembre, una vez levantado el secreto que pesaba sobre la investigación del patrimonio del alcalde de Murcia, se ha conocido que Miguel Ángel Cámara y su familia han pasado de tener 57.435 euros en el banco en el año 2002 a disponer de 554.698 euros a finales de 2011, incremento que también pudo deberse al ingreso en sus cuentas del dinero resultante de la venta de unos terrenos del suegro de Cámara a las empresas Titobio y Programa 2010, vinculadas respectivamente a dos implicados en el caso: Joaquín Peñalver –exjefe de Planeamiento urbanístico-, y el promotor Ramón Salvador. Por otra parte, y además de estos importantes depósitos bancarios, el alcalde de Murcia posee cuatro viviendas y cuatro plazas de garaje, y estuvo dos años sin sacar dinero ni por ventanilla ni por cajeros automáticos, según el auto del juez instructor.

En los últimos días se ha levantado también el secreto del sumario sobre un registro llevado a cabo en la sede de Construcciones Villegas, empresa que llevó adelante las obras de restauración del Casino de Murcia, a la búsqueda de pruebas que demuestren el pago de comisiones de por lo menos 200.000 euros a políticos locales.

Las diligencias continúan abiertas a la espera de las conclusiones del fiscal Juan Pablo Lozano y del juez Castillejos, que tiene que determinar la naturaleza de los delitos cometidos –si es que se ha cometido alguno por parte de los imputados-, y fijar la fecha de un juicio que va a poner sobre la mesa toda la gestión del urbanismo en Murcia por parte del Partido Popular, una gestión que tiene sobre sí la sombra de la sospecha y que ha sido dirigida desde el Ayuntamiento bajo el control de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, durante 20 años de mayoría absoluta.

La nueva historia de Pedro Almodóvar ya tiene título. El cineasta ha anunciado que su próxima película llevará por título "Silencio" y será un filme que supondrá una vuelta al cine de grandes protagonistas femeninas, un drama que golpeará al espectador. 

Así ha descrito el proyecto el productor Agustían Almodóvar. De momento, la película está en "una fase preliminar" y en un mes o dos se informará ampliamente de todo, según el fundador junto a su hermano Pedro Almodóvar de la productora El Deseo en 1986.

Pedro Almodóvar ha avanzado algunos detalles sobre su próximo largometraje en una entrevista al Financial Times con motivo del estreno en Londres del musical "Mujeres al borde de un ataque de nervios". "El guión está terminado y lo filmaremos en abril", afirma el director de cine, quien apunta que, en estos momentos, está centrado en el "casting", que es "complicado" porque lo que ha escrito no funciona con sus "actores amigos".

El título es "Silencio" porque es el elemento central que desencadena las peores cosas que le suceden a la principal protagonista femenina, resalta Almodóvar.

En la entrevista revela que le ofrecieron dirigir "Brokeback Mountain", pero tuvo "muchas dudas". "Pensando sobre ello no sé si cometí un error o no", confiesa antes de indicar que rechazó el proyecto, a pesar de que le prometieron "total libertad artística", porque era una historia "muy física".

En 2014 ha sido un año negro para la familia Pujol y 2015 no se augura mejor. Mientras el 2013 llevó al hijo del ex presidente de la Generalitat que había seguido los caminos del padre en la política, Oriol Pujol, ante el Tribunal Superior de la Justicia de Catalunya por tráfico de influencias, en 2014 otros cinco hermanos, así como Jordi Pujol y Marta Ferrusola, fueron imputados ante la Audiencia Nacional.

El último año pasará a la historia como el de la caída en desgracia del que fue el primer President de la Generalitat después de la dictadura y durante 23 años. Tras confesar, el 25 de julio pasado, que durante 34 años ocultó dinero en el extranjero, ha perdido su condición de "Molt Honorable", la pensión vitalicia, de viudedad para su esposa, la oficina de trabajo y los tres trabajadores que tenía asignados. Ha disuelto la Fundación Centro de Estudios Jordi Pujol y ha visto como alguien derribaba una estatua suya erigida en un parque de Premià de Dalt, localidad donde la familia tiene algunas residencias.

La imagen de hombre íntegro, preocupado sólo por Catalunya y desinteresado por las cuestiones de dinero también cayó por los suelos aquel 25 de julio. Después de la efervescencia del enfado y la estupefacción iniciales, parece que las aguas bajan más tranquilas. No ayudó a calmarlas, sin embargo, su agresiva comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales, el 26 de septiembre. En 2015 a la familia le esperan diversas comparecencias ante los tribunales y, si no hay adelanto electoral, ante una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya.

Jordi Pujol Ferrusola

El primogénito de los Pujol Ferrusola es el que lleva más tiempo en el punto de mira y cuyos negocios acapararon más atención mediática. Ya en 2012 su expareja Victoria Álvarez acusa a la familia Pujol de trasladar dinero a Andorra oculto en bolsas de basura en el maletero del coche de Jordi Pujol Ferrusola. En abril de 2013, se da a conocer la respuesta un informe de la Agencia Tributaria que señala que Pujol Ferrusola movió más de 32 millones de euros en trece países a través de 118 operaciones entre los años 2004 y 2012. Los movimientos tuvieron como salida o destino Suiza, Andorra, Islas Caimán, Luxemburgo, Liechtenstein, Gabón, Croacia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Uruguay.

En 2014 llegan las imputaciones. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pide datos a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la compra de seis vehículos de alta gama supuestamente realizada por Jordi Pujol Ferrusola e imputa por blanqueo a su exmujer, Mercè Gironés. El 29 de julio, un mes después que Jordi Pujol padre hiciera público que había tenido dinero sin declarar en Andorra, Ruz cita a declarar como imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública a Pujol Ferrusola y Mercè Gironés y cursa una comisión rogatoria a Andorra en la que pide información sobre sus cuentas bancarias.

Interrogado el 15 de septiembre durante cinco horas, Pujol Ferrusola negó que los ingresos investigados respondieran a comisiones y defendió en todo momento que las 17 empresas que le pagaron 8 millones de euros entre 2005 y 2010 lo hicieron a cambio de diferentes trabajos realizados y nunca como mordidas o comisiones. Sin embargo, un informe de la Policía Nacional asegura que los empresarios interrogados no dicen lo mismo. La investigación sigue en marcha.

Oriol Pujol Ferrusola

El hasta entonces diputado y miembro de la dirección de Convergència Oriol Pujol abandonó definitivamente sus cargos en julio, tras 16 meses imputado por soborno y tráfico de influencias en el caso ITV. Se lo acusa de corrupción en la adjudicación de estaciones de inspecciones de vehículos, una mancha que lo aparta de ser uno de los herederos de Artur Mas en la delantera del partido fundado por su padre.

El caso siguió creciendo y en diciembre la Fiscalía Anticorrupción pidió ampliar la imputación de Pujol por un nuevo delito de soborno y por un delito de falsedad documental en una subtrama de deslocalización de multinacionales japonesas. En concreto se le acusa de haber facilitado a un empresario amigo el acceso al president Artur Mas para que intercediera en el negocio. El 26 de enero comparecerá ante el tribunal para prestar declaración una vez más.

Oleguer Pujol Ferrusola

En octubre la policía detuvo a Oleguer Pujol durante el registro simultáneo de varias oficinas y viviendas en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla. El más joven de los hijos del expresident de la Generalitat fue trasladado tras 8 horas de inspección policial a la comisaría de La Verneda para tomarle declaración, a lo que él se negó aduciendo a su derecho a declarar ante el juez. Poco después salió en libertad como imputado por supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Durante el registro fue asimismo detenido su socio Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, que también ha resultado imputado.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional cree que Oleguer, al que consideran el cerebro financiero de los Pujol, es el encargado de manejar la complicada estructura económica de la familia. Los informes policiales aseguran que la empresa que dirige junto a su socio, Drago Capital, gestiona en la península Ibérica los fondos de Drago Real Estate Partner, una firma radicada en el paraíso fiscal de la isla Guernsey. Según lo mismos informes, ambas estarían estrechamente relacionadas con Mare Nostrum Capital, también con sede en la isla de Guernsey. Un laberinto financiero que la policía económica apunta que podría utilizar para ocultar y blanquear dinero procedente de la evasión fiscal.

El matrimonio Pujol Ferrusola, Pere, Marta y Mireia

Algunos analistas políticos interpretaron la confesión de Pujol como una forma de desviar hacia él la atención mediática que se había centrado en sus hijos. Pocos días antes de que su abogado enviara la carta donde explicaba sus razones para confesar ahora lo que había escondido durante 34 años, su esposa y cuatro de sus hijos transfirieron unos cuatro millones de euros de la Banca Privada de Andorra al Banco de Madrid y realizaron declaraciones tributarias complementarias. El Mundo informó de ello de inmediato.

Pero si Jordi Pujol quería apartar sus hijos del foco periodístico, judicial y político, la jugada le ha salido mal. Además de las comparecencias de toda la familia en la Comisión de Investigación del Parlamento, la magistrada que instruye su caso, lo ha imputado a él, a Marta Ferrusola y a tres de los hijos que trasladaron el dinero de Andorra a Madrid: Pere, Marta y Mireia. El cuarto hijo que regularizó dinero andorrano, Oleguer, no ha sido imputado en este caso, porque ya lo está en otro que sigue su curso en la Audiencia Nacional. La juez los investiga por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales.

A raiz de la confesión de Pujol padre, el Parlament creó una comisión que investigará el fondo de aquella autoinculpación. Si bien es cierto que la comisión de investigación ha ampliado su foco y que tratará otros temas aparte de los vinculados a su confesión y a los negocios turbios de su familia. De hecho, la comisión tiene un nombre genérico que lo abarca todo: "Comisión de investigación sobre fraude y evasión fiscales y corrupción política". Pero, si nada lo detiene, el propio Pujol deberá comparecer el 23 de febrero, el mismo día que lo hagan su esposa y su hijo mayor.

Una semana antes habrá comparecido su cuñado, Francesc Cabana, que, entre otras cosas, deberá explicar cómo es que si los millones que Jordi Pujol tenía en el extranjero eran fruto de la herencia de su padre (así lo explicó el expresident) ni él ni su hermana, Maria Pujol, sabían nada de ellos. Los días 2 y 9 de marzo, deberán presentarse a la comisión los otros seis hijos de la pareja Pujol-Ferrusola: Oleguer, Oriol, Pere, Josep, Marta y Mireia. Y la semana siguiente están citados la ex-mujer de su hijo mayor y su ex-consuegro. Ninguno de ellos puede negarse a hacerlo. Si lo pretende, la carta de convocatoria que les envía el Parlament ya les advierte de que su actitud tendrá "consecuencias jurídicas".

La campaña electoral griega ya ha comenzado... en Alemania. No es sólo que al poco de conocerse la convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia, el ministro alemán de Hacienda, Wolfgang Schäuble, anunciara que el vencedor tendría que continuar con la política del  anterior Gobierno. Ahora hay una amenaza directa y clara. En este juego del 'chicken game' (veamos quién se aparta primero para evitar un choque frontal), Berlín tiene prisa por encender las luces y pisar el acelerador.

Este fin de semana, Der Spiegel informa que el Gobierno de Merkel considera que es casi inevitable la salida de Grecia de la eurozona en el caso de una victoria de Syriza en las urnas. No se trata de dar la voz de alarma, más bien de lo contrario. No pasa nada. Los griegos no tienen capacidad de presión. Según la información de la revista, que cita fuentes (anónimas) del Gobierno, Merkel y Schäuble creen que la eurozona podrá afrontar sin problemas una hipótesis que siempre se ha considerado catastrófica, tanto para los griegos como para algunos países de la periferia europea.

"El peligro de contagio es limitado porque Portugal e Irlanda están ya rehabilitadas", dicen esas fuentes. Además, sostienen que la eurozona cuenta con mecanismos, como el ESM, preparados para solventar posibles problemas financieros de algunos estados de la eurozona. 

Es un mensaje a los votantes griegos para dejarles claro que su decisión ante las urnas es irrelevante, o que si se atreven a desafiar a Merkel, el castigo será terrible. Hemos llegado a un punto en la construcción de la muy democrática Europa en el que la cita de las urnas es en el mejor de los casos un evento intrascendente con el que no hay que molestar a los dueños del imperio.

Hay políticos alemanes que no necesitan esconderse tras el anonimato. "El tiempo en que teníamos que rescatar a Grecia se ha acabado. No hay ninguna posibilidad de que haya más chantajes. Grecia ya no tiene una importancia sistémica para el euro", dijo el miércoles Michael Fuchs, número dos del grupo parlamentario del partido de Merkel. Si un Gobierno de Syriza se niega a continuar con la austeridad, dijo Fuchs, "la troika deberá cortar el crédito a Grecia". Mira quién habla de chantajes.

No hay que llamarse a engaño. La soberanía de Grecia es un concepto discutible desde que tuvo que ser intervenida y rescatada por la troika. Pero no estamos en la Edad Media ni en la Segunda Guerra Mundial. El país no ha sido invadido por un imperio –esa es al menos la versión oficial– y los ciudadanos tienen derecho a elegir su Gobierno y su destino. Como mínimo, cuentan con los mismos derechos que Merkel asigna a los ucranianos en su conflicto con la Rusia de Putin. 

Todos sabemos que legalmente ningún país puede ser expulsado de la eurozona. Estas amenazas se basan en la idea de que si Grecia hace reclamaciones intolerables, Alemania enviará a su milicia armada para sofocar la rebelión o castigar a los insurgentes, que no es otra que el BCE. Cortar los fondos que dan liquidez a los bancos griegos, y que impiden que caigan en la insolvencia, sería el arma definitiva que hundiría el sistema financiero y dejaría a Atenas sin más opción que nacionalizar los bancos, borrar de los libros la deuda externa, abandonar la eurozona y recuperar la dracma.  

El problema para Merkel no es que Syriza haya adoptado una posición radical con la que esté dispuesta a hundir la eurozona con tal de conseguir sus propósitos. Tampoco pretende sacar al país de la eurozona, entre otras cosas porque desde hace tiempo los griegos afirman en los sondeos, con porcentajes superiores al 60%, que no están, lógicamente, a favor de esa salida que sólo puede ser traumática. 

Alexis Tsipras propone cambiar los términos de una política que ha hundido a Grecia en una depresión. Un país con una deuda por valor del 175% del PIB está hundido en un agujero del que no puede salir, tampoco con la triste recuperación anunciada por el Gobierno de Samaras que no es tal en un país con un 25% de paro y un 37% de personas viviendo bajo el umbral de pobreza. La renegociación de esa deuda es imprescindible, como bien sabe el FMI, porque nadie puede devolver cantidades superiores al 100% en estas circunstancias económicas. Rescatar a un país en bancarrota siempre pasa por reducir una parte muy importante de esa deuda, a menos que se haya decidido que ese país debe asumir esa carga para salvaguardar así la reputación financiera de sus vecinos.

Yanis Varoufakis lo explica muy bien en esta entrevista en la que recuerda de dónde procede la auténtica amenaza contra Syriza, o contra Grecia a partir del 25 de enero. No vendrá de los mercados, porque –por si es necesario recordarlo– el país está en bancarrota. "No, la amenaza a un Gobierno de Syriza viene del BCE, de la UE y de Berlín. Hay muchas posibilidades de que días después de las elecciones nuestros socios europeos, desafiando los principios más básicos de la democracia y de la lógica, amenacen al nuevo Gobierno de Atenas con el cierre del sistema bancario griego a menos que se incline ante su voluntad. Eso es mucho, mucho peor que ser aterrorizado por los mercados. Los inversores tienen todo el derecho a pedir altos tipos de interés a cambio de su dinero. Los gobiernos democráticos y los responsables no electos de los bancos centrales no tienen ningún derecho a amenazar a un Gobierno recién elegido con un Armagedón si se atreve a pedir una renegociación de un acuerdo insostenible con la UE, el BCE y el FMI".

Quizá al final sea mejor un mal acuerdo que no satisfaga por completo a griegos y alemanes que un buen pleito para el que ni la eurozona ni la moribunda economía de Grecia estén preparados. Lo que no es tolerable es una guerra de religión con la que Berlín pretenda imponer a los ciudadanos griegos (y españoles, italianos y franceses) la continuación de la teología de la austeridad cueste lo que cueste. Si las únicas urnas que cuentan son las alemanas, ¿para qué vale la democracia en el resto de países?

El Gobierno israelí tiene la intención de denunciar a los principales líderes palestinos por crímenes de guerra y terrorismo ante tribunales extranjeros e internacionales, si Palestina inicia procesos similares contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), informa hoy el diario Yediot Aharonot. "Podemos presentar las demandas respaldadas con pruebas, documentación y testimonios mañana mismo por la mañana", dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia en declaraciones al diario.

La iniciativa israelí responde a la decisión hace unos días del presidente palestino, Mahmud Abbas, de pedir la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma que regula la actividad del CPI, tras fracasar una petición al Consejo de Seguridad para obligar a Israel a poner fin a la ocupación en 2017.

Ello puede abrir el camino a la presentación por los palestinos de incontables denuncias contra gobernantes y altos mandos israelíes por violación de derechos humanos y crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió el jueves de que en ese caso quien debe estar preocupado es Abbas, por haber formado gobierno con una organización como Hamas, tipificada como terrorista en varios países.

Según el medio, tanto la Fiscalía Militar como el Ministerio de Defensa de Israel están preparados con el material incriminador por el asesinato de cientos de israelíes en atentados perpetrados por palestinos de Cisjordania y Gaza. 

Israel ha pedido a la comunidad internacional que no acepte la adhesión de Palestina con el argumento de que no es un Estado y de que está aliada políticamente con Hamas.

Castigos contra la Autoridad Nacional Palestina

El jueves, en una reunión con sus principales asesores políticos y jurídicos, Netanyahu adoptó la primeras medidas de castigo contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por las peticiones de adhesión a una veintena de tratados internacionales firmadas por Abás un día antes. Entre ellas destaca la congelación de las transferencias mensuales del dinero que este país recoge para la ANP en impuestos y tasas de aduanas, en este momento a unos 500 millones de shékels (unos 106 millones de euros o 127 millones de dólares).

Los asesores advirtieron de que este dinero no puede ser congelado eternamente porque pertenece legalmente a los palestinos, y porque podría causar un daño mayor a Israel si los organismos de la ANP, entre ellos los de seguridad, dejan de funcionar.

El negociador jefe palestino, Saeb Erekat, expresó en ese sentido que "Israel responde una vez más a nuestros pasos legales con más castigos ilegales colectivos", según un comunicado. "Israel recurre a la piratería contra el derecho internacional. El dinero no es caridad israelí al pueblo palestino, se están reservando un dinero que es nuestro legalmente", subrayó.

Otra medida que Israel estudia en caso de que los palestinos presenten demandas ante el CPI es la de apelar al Congreso de EEUU para que cese su ayuda anual de 400 millones de dólares a la ANP.

Los expertos coinciden en señalar que durante el año que acaba de entrar ambas partes librarán su conflicto en foros políticos e instancias judiciales internacionales, y que ello puede arrastrar la zona a una ola de violencia mucho mayor que la de 2014.

El año pasado fue el más violento desde la Segunda Intifada (2000-2005), con medio centenar de palestinos y una docena de israelíes muertos en Cisjordania e Israel. A ellos hay que sumar los 2.200 palestinos y 70 israelíes que vieron truncadas sus vidas durante la guerra de Gaza el pasado verano.

La responsable de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, ha reprochado a Podemos que no vaya a presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo con sus siglas cuando, según ha remarcado, los de Pablo Iglesias presumen de ser el partido que "viene de las bases".

"Es una cosa increíble que un partido que dice que nace de las bases no se presente allí donde se hace la política más de base, la de más proximidad. Ésa es la auténtica política para los ciudadanos", ha manifestado Batet en una entrevista con Europa Press.

A su juicio, resulta "sorprendente" que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, proclame la necesidad de "dar la voz" a los ciudadanos pero, sin embargo, "no se fía de ellos". "Dice que no quiere concurrir a las municipales porque no podría controlar a la gente que se presentara con sus siglas, lo cual demuestra una gran desconfianza hacia los ciudadanos. Y gobernar sin confiar en los ciudadanos es muy negativo", ha argumentado.

Aparte, la dirección del PSOE considera que Podemos ha tocado techo electoral a tenor de las últimas encuestas y que los socialistas son los que pueden tener un mayor margen de crecimiento ante los comicios municipales y autonómicos previstos en mayo y los generales de noviembre. "Las encuestas dicen muchas cosas, algunas contrarias, pero todo parece indicar que el apoyo a Podemos empieza a descender", ha señalado, en declaraciones a EFE, el secretario de Organización del PSOE, César Luena.

El análisis de la ejecutiva socialista parte de la base de que "el mapa demoscópico está muy revuelto", pero, según Luena, "es el PSOE el que, poco a poco, se va recuperando e iniciando una recuperación gradual".

Además de que Podemos podría haber alcanzado su tope, el PSOE barrunta que "el PP se hunde electoralmente como consecuencia de su gestión y de su incumplimiento radical de su programa día a día desde que llegó al Gobierno". 

No se pronuncian sobre posibles alianzas

Aunque no ha querido pronunciarse sobre posibles pactos electorales -"las alianzas se hablan después de las elecciones en cada municipio y en cada comunidad", ha dicho-, Meritxell Batet sí ha remarcado que los socialistas tratarán de 'echar' al PP de las instituciones porque consideran que "no es bueno que gobierne".

Tampoco ha concretado si, llegado el caso, se aliarían con Podemos para tratar de evitar que el PP no gobierne en aquellos municipios o comunidades donde no tenga mayoría absoluta. "Nuestro objetivo es que se apliquen las políticas que llevamos en el programa porque que son las mejores para los ciudadanos", ha señalado Batet.

En todo caso, ha aprovechado para apuntar que, al contrario de lo que le ocurre al PSOE, le cuesta "un poco" definir la ideología que defiende el partido que lidera Pablo Iglesias -" a veces son de extrema izquierda, otras de izquierda y otras socialdemócratas"-, al igual que las propuestas económicas que ha puesto encima de la mesa y que, en su opinión, son "muy antiguas" y "para nada son aplicables en estos momentos".

Sánchez y Díaz, liderazgos "complementarios"

En relación con cuestiones internas del partido, Batet ha dejado claro que tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como la presidenta andaluza, Susana Díez, son "referentes" dentro del partido y que sus liderazgos, cada uno en su ámbito, son "perfectamente complementarios".

Eso sí, ha querido dejar claro que es el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien marca todas la líneas estratégicas y de contenido, aunque, eso sí, ha subrayado que los socialistas también prestan "toda la atención" cuando la que habla es Díaz.

"Susana Díez ejerce el cargo institucional más importante que hay en estos momentos para PSOE, la Presidencia de una comunidad grande, junto con el presidente asturiano, y eso le da una relevancia y trascendencia que a mi me parece que hay que valorar", ha indicado Batet, quien ha defendido que la jefa del Ejecutivo andaluz opinar e intervenga en todas las cuestiones que afectan a España "porque Andalucía forma parte de España".

"Es absolutamente normal y adecuado que ejerza ese papel de líder que le corresponde, y eso no es incompatible con el papel que ejerce Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. No hay ningún problema de incompatibilidad en este sentido", ha insistido.

Podemos considera que IULV-CA está "presa y rehén" del PSOE-A por el pacto de gobierno que ambas fuerzas mantienen en el Ejecutivo andaluz y, por tanto, descarta cualquier tipo de pacto 'a priori' con la federación que en Andalucía dirige Antonio Maíllo de cara a las elecciones autonómicas.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Organización de Podemos, el andaluz Sergio Pascual, ha señalado que hablar ahora mismo de cualquier acuerdo con IULV-CA es "política-ficción" en tanto en cuanto "es muy difícil que pactemos con partidos que se niegan a hacer comisiones de investigación sobre corrupción", pese a que IU tiene previsto hacerlo después de haber sido aprobado en su asamblea de balance de legislatura.

Se ha referido así al hecho de que el Grupo Parlamentario de IULV-CA haya rechazado las últimas peticiones de crear comisiones de investigación en la Cámara andaluza, por ejemplo, respecto a Invercaria, Bahía Competitiva o a los cursos de formación para el empleo.

"Que cada uno se mire a sí mismo y saque conclusiones, pero está claro que hay partidos que son presos de sus propias coaliciones y no pueden acometer una tarea esencial como es proceder a la limpieza democrática y a poner luz y taquígrafos en la administración pública", ha señalado Pascual para insistir en que IULV-CA es "presa" del PSOE-A.

Según el secretario de Organización de Podemos, "quizás si no formara parte" del Gobierno andaluz ahora estaría "diciendo otras cosas" que, seguramente, estarían más en sintonía con lo que defiende su partido político.

Por eso, Pascual rechaza de plano cualquier acuerdo previo con IULV-CA en las próximas elecciones autonómicas y, sobre la posibilidad de hacerlo a 'posteriori' en función de los resultados en las urnas, se limita a decir que "serán los programas los que habrá que analizar".

Con todo, está convencido de que no hará falta ni siquiera debatirlo porque Podemos, que se va a presentar en solitario con su marca, "va a tener el respaldo de la mayoría social de Andalucía y no vamos a tener que andar con pactos con nadie".

El presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del PP, Alfonso Rus, ha comparado la estrategia electoral de Podemos con la usada por el PP para ganar las elecciones en 2011: "Podemos lo regala todo antes de entrar y hay gente que se lo cree, como se creyó que el PP crearía empleo al día siguiente".

De esta forma se expresa el dirigente 'popular' en una entrevista en el diario Levante-EMV, confirmando una vez más su propia estrategia electoral. Así cabe recordar que en un mitin del PP Rus dijo a su audiencia que "donde no gobernamos hay que crear la ilusión de gobernar", y se puso como ejemplo de lo que él hizo para conseguir la alcaldía de su ciudad: "Dije: traeré la playa a Xàtiva. ¡Y se lo creyeron! ¡Si yo mando, traeré la playa! Y van y se lo creen todo. ¡Serán burros! Y me votaron".

Ademas también son detacables las declaraciones que hizo Rus en un almuerzo con periodistas en la Navidad previa a la victoria electoral de Mariano Rajoy, cuando llegó a decir que "si la gente supiera lo que va a hacer Rajoy nadie le votaría".

En la misma entrevista Rus alerta del fenómeno de Podemos, por el éxito de esta estrategia: "Pablo Iglesias es el mesías y tenemos que convivir con esto. El político que diga que Podemos es una barbaridad se equivoca. El descontento de la gente con los políticos es una realidad.

Dardos a Fabra

Los dardos de Alfonso Rus al President de la Generalitat, Alberto Fabra, son constantes a lo largo de la entrevista. Así el apoyo del mandatario a la candidatura de Fabra es más que tibio, y aunque afirma que es la "primera opción", no niega que se contemplen otras. Además pone como cuestión fundamental que la designación del candidato se consulte a los barones valencianos, que son el propio Rus en la provincia de Valencia, el vicepresidente José Císcar en Alicante, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; recuerda así que el poder de los barones fue el que impidió que fructificara la recogida de firmas para apoyar la candidatura de Fabra.

En otros temas Rus se ha mostrado escéptico con el nivel de reivindicación de una mejor financiación para la Comunitat Valenciana, recordando que le pidió estar presente en la entrevista con Montoro y Fabra no accedió. También critica que el President no quiera la acumulación de cargos como compatibilizar la presidencia provincial del partido con la de la de una diputación, o la de alcalde con diputado (Rus lo es todo: presidente provincial de Valencia y de la Diputación, diputado autonómico y alcalde de Xàtiva), y recuerda a Fabra que él también es presidente del PP de la Comunitat Valenciana y de la Generalitat, y fue alcalde de Castellón y diputado autonómico.

Por otro lado Alfonso Rus también se ha mostrado resentido con que Fabra no le apoyara en su interés por llegar a ser presidente del Valencia CF, a la vez que ha defendido la creación de una televisión pública apoyada desde la diputación tras cerrar Fabra Canal 9.

Corrupción

En la cuestión de la corrupción Rus se ha mostrado ambiguo y esquivo. Así del mismo modo que continúa defendiendo su doctrina de que "un imputado no es un condenado", poniendo así en duda las "líneas rojas" de Alberto Fabra, también ha visto bien la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la salida de su reconocido amigo Rafael Blasco, condenado en el caso 'Cooperación' y con el que se mostró comprensivo en su momento.

Por otro lado ha echado mano del "yo no sabía nada" o del "conmigo no ha habido ningún escándalo" para esquivar sus implicaciones en posibles corruptelas, obviando uno de los últimos escándalos surgidos y que le han salpicado como los contratos de renovación de iluminación en los ayuntamientos.

También ha intentado Rus evitar hablar de 'Gürtel' asegurando que la trama "estaba en Madrid", obviando que han dimitido hasta 8 diputados que están implicados en ella. Además sobre la implicación de Francisco Camps destaca que fueron "tres trajes". Sobre las medidas de transparencia también ha soslayado críticas al decir que "aquí se ha pasado de que en Navidad te regalaban un jamón a ahora que no te pueden regalar ni un puro".

El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, que dimitió de su cargo el pasado día 18 de diciembre por "razones personales" tras sus desencuentros con el Ministerio de Justicia, ha vuelto a su plaza de fiscal de sala del Tribunal Supremo, según han informado este domingo a Efe fuentes fiscales.

En el comunicado en el que anunció su dimisión, Torres-Dulce expresó su deseo de ir al Tribunal Constitucional, pero oficialmente ha reingresado en la plaza de fiscal de sala adscrito al Supremo que desempeñaba cuando fue nombrado fiscal general del Estado en 2012.

Aunque el reingreso al servicio activo en la carrera fiscal de Torres-Dulce se ha publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden del Ministerio de Justicia especifica que el fiscal se reincorpora a la Fiscalía con efectos del 22 de diciembre tras cesar en su situación de servicios especiales como fiscal general.

La orden del BOE no fue firmada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sino que por delegación lo hizo el 23 de diciembre el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díez.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dimitió en diciembre por "razones personales" tras sus "desencuentros" con el Ministerio de Justicia en defensa de la independencia de la actuación de la Fiscalía, que ha mantenido durante su mandato en casos de máxima trascendencia política.

Precisamente su sucesora, Consuelo Madrigal, comparecerá el jueves día 8 ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para recibir el visto bueno de las Cortes a su nombramiento.

Una encuesta para insuflar autoconfianza al PP valenciano y que a la vez ofrece un guiño a Ciudadanos, así se muestra el sondeo interno de los 'populares' filtrado al diario ABC y en el que, pese a perder la mayoría absoluta lo estabiliza como fuerza más votada con más diputados que PSPV y Podemos juntos.

En cifras el PP obtendría 42 diputados (ahora tiene 55), mientras que en segundo lugar empatarían el PSPV y Podemos con 20 (los socialistas actualmente tienen 33 y Podemos ninguno), a más distancia quedaría Compromís con una horquilla entre 8-11 diputados (ahora cuentan con 6). La sorpresa sería la irrupción por primera vez de Ciudadanos, ya que el partido de Albert Rivera conseguiría entre 5 y 7 escaños, mientras que la encuesta del PP borra del mapa por primera vez a Esquerra Unida (que ahora tiene 5 diputados) y se volvería a mantener fuera del parlamento UPyD.

Esta filtración del PP es la segunda en tres meses ya que a mediados de octubre filtro otro sondeo con resultados más que parecidos, con una presvisión para el PP de 41-43 escaños, el PSPV 22-23, Podemos 18-20 y Compromís 10; no obstante esta previsión resultaba más pesimista para los conservadores puesto que quien cerraba las Corts era Esquerra Unida con 5-6 diputados, mientras que ahora este espacio se otorga a Ciudadanos, una formación que ya ha empezado a flirtear con el electorado de derechas y regionalista valenciano.

Estas encuestas interesadas contrastan con las cifras ofrecidas en medios como El País que el 9 d'Octubre ofreció su clásico sondeo en el que se mostró a un PP muy lejos de poder gobernar, con 32 escaños, mientras que el PSPV contaría con 29, Podemos 17, Compromís 14 y EU 7, una geometría que colocaría a los socialistas en la centralidad de un tripartito con Compromís y EU que todavía no necesitaría a Podemos, o una gran coalición que en público rechaza el PSPV.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado este domingo que su formación interpondrá una querella contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad en la Audiencia Nacional si "en cinco días el próximo Consejo de Ministros no asegura el medicamento para todos los pacientes de hepatitis C que lo necesiten".

Tomás Gómez ha hecho este anuncio a las puertas del hospital universitario madrileño La Princesa, donde ha acudido acompañado de militantes y del portavoz de Sanidad en la Asamblea, José Manuel Freire, tras mantener un encuentro con profesionales sanitarios.

Según ha concretado Gómez, el PSM planteará acciones judiciales contra el Gobierno de España por "prevaricación y por haber dado unas instrucciones que limitan el acceso de medicamentos a muchas personas a las que hacen falta" y también contra la Comunidad de Madrid porque "hay pacientes que tienen prescrita su medicación y no se les ha facilitado".

Concretamente, fuentes del partido han señalado a Efe que las medidas contra el Ejecutivo Nacional harían referencia a posibles delitos de prevaricación y denegación de socorro al restringir el tratamiento solo a los casos más graves.

En el caso del Ejecutivo madrileño las acciones se justifican en que la medicación no está llegando a los enfermos que ya tienen el tratamiento prescrito, por lo que el PSM entiende que la Comunidad es responsable de establecer un procedimiento que somete a criterio económico una medicación determinada por criterio médico.

En referencia a la decisión de ir a los tribunales en el caso de que no se garantice el acceso a los medicamentos, Tomás Gómez ha dicho que el judicial "es el único lenguaje que entienden, por lo tanto es en el que les vamos a hablar".

Al dirigirse a los periodistas, el secretario general del PSM ha recordado la oposición ciudadana y el proceso judicial que permitieron en Madrid hace un año "ganar la batalla al intento de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública madrileña", y ha dicho que ahora en el caso de los enfermos de hepatitis C "hay otra batalla que ganar".

Además de las medidas judiciales, Gómez ha avanzado que emprenderán acciones de denuncia política "tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado, como en el Parlamento regional", que irán igualmente acompañadas por otras iniciativas a pie de calle.

Acudirán a la manifestación del sábado

En este sentido, Gómez ha confirmado que su formación acudirá a la manifestación convocada por los enfermos de hepatitis C para el próximo sábado a menos que el Gobierno "haga lo que tiene que hacer un Gobierno decente, que es salvar vidas", ha apuntado.

"Tienen una oportunidad de zanjar este tema el viernes", ha recalcado el socialista, quien ha señalado que si el Gobierno adopta la decisión de garantizar los medicamentos en el próximo Consejo de Ministros no habrá querella y la protesta del sábado se podría convertir en "un encuentro de celebración".

Mientras, en el Hospital Doce de Octubre de Madrid continúa el encierro protagonizado por integrantes de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C, que cumplen hoy el día 18 de protesta a la espera de una solución para su problema.