El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha protagonizado este domingo su primer momento estelar desde que está en su nuevo cargo. Durante la clausura en Sevilla de un acto sobre el salario social, Hernando ha criticado que Podemos "se presenta como Don Limpio" pero realmente "cuando les pasas el algodón está lleno de suciedad, por no decir de caca".

En el acto, en el que ha estado acompañado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que "hay algunos que pintan la España en negro, una España sin futuro, llena de desastres, pero España es algo bien distinto gracias a los cambios introducidos por el Gobierno".

"Nosotros no somos los de Podemos, somos los de hacemos, los que creemos en la gente, en los españoles, en nuestra capacidad productiva, en nuestros jóvenes", ha dicho el dirigente popular, quien ha criticado que "ahora vienen unos adanes nuevos que quieren destruirlo todo, que dicen que no hay nada que les valga", en referencia a Podemos.

Estos últimos, "en cuanto se han constituido en partido y la gente ha empezado a fijarse en qué dicen o hacen, y que alardeaban de que contestaban a los periodistas y hablaban de todo, ya no van a ningún sitio, quieren preguntas amañadas, discursos a su medida y que nadie les pregunten por qué cobran becas de forma ilegal".

Contra Errejón

Al hilo de ello, ha dicho que el Gobierno aumentará las becas, "pero no la de Iñigo Errejón", punto en el que ha solicitado a éste último que "devuelva por favor el dinero que se ha llevado de Andalucía, porque es una vergüenza que aquí hayan sido despedidos 4.500 profesores mientras había un señor en Madrid cobrando una beca absolutamente ilegal, riéndose del conjunto de los andaluces, porque ni pisaba Andalucía".

Todo ello, además, "compatibilizándolo con su sueldo en Podemos", lo que a juicio de Hernando es "una vergüenza", por lo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que "le pida que devuelva el dinero al conjunto de los andaluces".

El nuevo portavoz del PP ha destacado que gracias a las reformas acometidas "la España en la que vivimos es una España que está bastante mejor que la que nos encontramos hace tres años", cuando "nos encontramos un país que tenía una enorme crisis económica, social y territorial, donde había algunos que creían que la mejor forma de seguir adelante era destruyendo el país".

"Se había llegado a cuestionar el futuro de Europa y la posibilidad de que existiera una Europa a dos velocidades, donde España estaba en el furgón de cola; éramos el enfermo de Europa, pero las cosas han cambiado en este tiempo gracias a las reformas, como la laboral o la del sistema financiero" llevadas a cabo "por ministros andaluces".

"Pedro Sánchez es marxista, pero de los de Groucho"

"Llevábamos 68 meses perdiendo afiliación a la Seguridad Social, pero ahora llevamos 11 meses seguidos creando afiliación", lo cual "permite mantener nuestro sistema de pensiones" y "es posible ahora porque han cambiado las cosas y empieza a haber confianza en España", ha añadido Hernando.

En relación a Cataluña, el portavoz ha lamentado que "algunos, en vez de luchar contra la crisis, lo que pretendían era romper la Constitución y romper España, y todo ello al grito de que el resto de los españoles nos roba", lo cual "no solo es mentira, sino es que doloroso para los españoles".

Frente a ese "desafío" se ha actuado "con serenidad, legalidad y las leyes", lo que ha llevado a que en Cataluña "vuelven a ser más los que quieren que sigamos juntos que los que quieren destruir España". "Hay quien quiere destruir España, todavía, y también los que quieren destruir el sistema, pero son todos al final parte de lo mismo, aquellos que cuestionan la Constitución".

Y en esa última parte "se encuentra Pedro Sánchez, que tiene una característica fundamental, pues es capaz de tener unos principios y si a la gente no les gusta, al día siguiente tener otros distintos". "Es marxista pero de los de Groucho", ha ironizado.

Susana Díaz, "de viaje y preocupada por las fotos"

Por último, Hernando ha lamentado que, "desgraciadamente, no en toda España las cosas han sido igual, pues hay comunidades que están aprovechando las oportunidades mucho mejor que otras", como Andalucía, pues en Murcia hay 9,5 puntos menos de paro que en Andalucía y en Extremadura 7,5 puntos menos, lo que "tiene que ver con la gestión interna" de la región.

A su juicio, "es doloroso ver que, mientras Juanma Moreno le está proponiendo un pacto por el empleo" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "para sacar adelante esta comunidad", Díaz "está sencillamente de viaje, de aquí para allá, preocupada por las fotos, pero muy poco preocupada por los andaluces y sus problemas".

Pero "esto tiene que cambiar", ha afirmado Hernando, que ha apostado por "restituir lo que debió de ser desde un principio, que quien gana las elecciones tiene que gobernar", pues en Andalucía "se han hecho pactos de la izquierda para que no gobernara el PP, y las consecuencias son las que son".

IU propondrá finalmente una comisión de investigación sobre la corrupción en el Parlamento de Andalucía y en junio -justo tras las elecciones municipales- someterá a un referéndum entre su militancia la continuidad o no del pacto con el PSOE-A, si la evaluación que hace la dirección regional del cumplimiento de los compromisos legislativos es negativa. Éste es el mandato de la asamblea de balance de estos dos años en el Gobierno de Andalucía, que ha tenido lugar este domingo en Bormujos (Sevilla) y a la que han asistido unos 600 militantes y simpatizantes. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, encargado de presentar el documento de conclusiones de las tres comisiones que han estado toda la mañana evaluando el pacto, ha asumido este sentir cada vez más creciente en la formación. 

"Sin miedo", ha dicho en defensa de estas dos propuestas que han cogido por sorpresa a las corrientes más críticas de la coalición de izquierdas que, con en torno a un 25% de fuerza, llevaban días presionando para conseguirlo y habían dado por sentado que no iban a ser escuchadas. Incluso desde la CUT habían barajado este domingo dejar el cónclave porque no se había aprobado votar estos asuntos en lo que creían una encerrona del PCA, la fuerza mayoritaria, para abortar este debate.

De este modo, el líder de IU ha anunciado la petición de un pleno extraordinario sobre la corrupción en enero, una propuesta similar a la que ya había salido desde el PP-A, pero ha insistido en que ellos no van a seguir el juego de la oposición. La diferencia ha prometido explicarla, igual que el contenido de la comisión de investigación, dado que hasta ahora se habían hablado que fuera sobre el fraude de formación, pero este domingo Antonio Maíllo se ha referido a otros escándalos, y a "todas esas corruptelas del pasado". Quiere, eso sí, que no sea como la del caso ERE y que salgan "responsabilidades políticas" y un marco normativo para combatir la corrupción. Esa comisión de investigación quiere que se proponga, si el marco lo permite, en el pleno extraordinario.

Sobre el referéndum lo ha condicionado al balance que se haga en junio del cumplimiento del pacto en cuanto a los compromisos legislativos. En concreto, ha citado como claves las siguientes normas: banca pública, de la que ya se ha aprobado el anteproyecto de ley; Ley de Agricultura, todavía en redacción y donde debería incluirse el banco de tierras; reforma de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género; renta básica, de la que ya hay conclusiones de grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía, pero no se ha hecho una ley; y decreto de garantía de suministros vitales, en el que la Junta de Andalucía tendría margen en el caso del agua, pero la energía eléctrica sólo podría propiciar un debate a escala nacional. Este último no está en el pacto.

En todo caso, pese a que Antonio Maíllo ha recogido el guante lanzado por los más críticos dentro de IU, no ha conseguido unanimidad en la votación del documento con las propuestas -hay otras pero éstas dos son las principales- que ha tenido lugar poco antes de las 15.00 horas: 295 votos a favor, 67 en contra y 21 abstenciones. Esa falta de un respaldo mayor se explica porque ha decepcionado a los que querían votar ruptura con el pacto ya. 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no considera que el ciberataque contra Sony Pictures, del que Washington acusa a Corea del Norte, es un acto de vandalismo y no de guerra, según dijo en una entrevista al programa "State of the Union", de CNN, que se emite hoy.

"No, no creo que sea un acto de guerra, creo que es un acto de cibervandalismo que ha sido muy costoso, que nos tomamos muy en serio", apunta Obama según los extractos adelantados por la cadena.

Con estas declaraciones, el presidente rebaja el tono de la postura oficial de la Casa Blanca frente al ciberataque, que ha costado la retirada de los cines de la película "The Interview", una comedia sobre un complot ficticio para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un cuyo estreno estaba previsto para el día 24 de diciembre. 

Ahora, Obama y sus asesores sopesan como responder al ataque "proporcionalmente", mientras Corea sigue negando cualquier implicación y, bajo "graves consecuencias" pero sin éxito, ha propuesto a Estados Unidos una investigación conjunta sobre lo ocurrido. 

"Si sentamos un precedente en el que un dictador en otro país puede alterar a través un ciberataque la cadena de distribución de una empresa o de sus productos, y como consecuencia empezamos a censurarnos nosotros mismos, eso es un problema", dijo Obama, cuyo gobierno mantiene las acusaciones. 

Lista de países que patrocinan el terrorismo

En la misma entrevista, Barack Obama señala que su Gobierno está considerando volver a incluir a Corea del Norte en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo, documento del que salió en el año 2008 como parte de una acuerdo para lograr que abandonara su programa nuclear.  "Llevaremos a cabo una revisión a través de un proceso que ya está en marcha", ha dicho. 

El presidente explica que es un proceso sistematizado que analiza las acciones de los países y, basándose en esos hechos, "tomaremos esas determinaciones en el futuro", ya que "no tomamos esas decisiones basándonos en las noticias del día".

"El origen de la sismicidad acontecida durante los meses de septiembre y octubre de 2013 en el entorno del almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a la cuesta norte de la provincia de Castelló está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas que se llevaron a cabo en dicho almacén durante el periodo del 2 al 17 de septiembre, coincidiendo con el comienzo de la serie sísmica con un fuerte incremento en el volumen inyectado del día 4 al 5 del mismo mes". De esta forma o expresa el informe del Instituto Geológico y Minero (IGM) según ha desvelado el diputado de EUPV-Los Verdes, Ricardo Sixto, que lo ha hecho público y ha criticado que el informe "demuestra que todo lo proyecto Castor fue un desastre y una temeridad extremadamente irresponsable".

Sixto recuerda que "la responsabilidad de PP y PSOE en este asunto va más allá del rescate de Florentino Pérez porque con su temeridad se ha puesto en un grave peligro a la población norteña de Castelló y de los alrededores", ha explicado el diputado de izquierdas quienes también ha recordado que cuando se planteó lo proyecto Castor, ya había antecedentes muy negativos en varios países así como movimientos ciudadanos que advertían de la peligrosidad de este proyecto".

Además, las conclusiones del informe, firmado con fecha de 14 de febrero del 2014 por el coordinador científico-técnico y por el director del departamento de investigación y Prospectiva Geocientífica del IGME, señalan: "atendidas las características de la sismicidad generada hasta el momento (inducida y disparada) y de la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar seísmos de cierta magnitud, circunstancias todas ellas que introducen una elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente, se recomienda, con objeto de concretar dicho riesgo en aquello posible y con arreglo al estado actual de la ciencia, profundizar en las conclusiones apuntadas en este informe mediante la realización de los estudios complementarios".

La editorial Seix Barral, perteneciente al grupo Planeta, publicará el próximo abril The Establishment, el nuevo libro del activista británico Owen Jones. Seix Barral ha pagado más de 7.000 euros en el anticipo, 5.600 euros más de lo que le costó a Capitán Swing, su anterior sello en España, Chavs: la demonización de la clase obrera, análisis que elevó a los altares del progresismo a su autor en nuestro país.

Pero la jugada no acaba ahí. La editorial de Planeta también publicará el año próximo el nuevo libro de César Rendueles, autor múltiplemente citado por la izquierda desde su ensayo Sociofobia (también publicado por Capitán Swing).

El movimiento es evidente: hay un nuevo caladero editorial, el ensayo combativo desde la izquierda. Si bien Seix Barral siempre se ha distinguido por ser el sello más progresista de Planeta, no es de extrañar tampoco que este grupo haya editado en los últimos meses varios libros sobre Podemos y Pablo Iglesias, y que incluso fuera el que, de no mediar presiones y censura, hubiera publicado el polémico libro de Gregorio Morán, El cura y los mandarines, donde su autor da bastante estopa a los intelectuales de la Transición.

Al fin y al cabo, 2014 ha resultado ser el año de la literatura política. Así lo refrendan los títulos publicados relacionados con los Estados Unidos y su política internacional, la crisis económica que azota a Europa, los nuevos modelos políticos en América Latina, lo que está ocurriendo tras la famosa Primavera Árabe o las nuevas formas de activismo, también en Internet. Si hubiera que ponerle una etiqueta a la producción editorial de este año sería el de la lucha política.

“La industria de la edición es un negocio y también entra en estos nichos. De hecho, nosotros queríamos publicar a Mark Blyth y nos lo quitó Crítica (también de Planeta). Estuvimos negociando pero no pudo ser”, cuenta a eldiario.es David Gámez, de la editorial Traficantes de sueños, un proyecto que, más allá de la producción editorial, lleva 19 años en el activismo político y social, y que desde hace once publica algunos de los textos más rigurosos sobre el pensamiento progresista.

Una opinión muy parecida a la de Rubén Hernández, de Errata Naturae, sello que desde 2009 ha publicado a clásicos de la izquierda como Henry David Thoreau: “Todos los libros son producto y mercancía. Los grandes grupos piensan en eso más que nadie y no tienen ningún pudor en evidenciarlo”. La billetera suele ir por delante de otras consideraciones.

El boom que nació en el 15M

Precisamente, sellos como Traficantes, Capitán Swing o Errata Naturae confirman cómo en los últimos años sus publicaciones han tenido un crecimiento exponencial en ventas. Y es una tendencia que tiene una fecha de salida: el 15M. Nada que ver con el ‘efecto Podemos’. “Era un magma que estaba por debajo de Podemos. Tiene que ver con la realidad social descoyuntada y con la inoperancia política que vemos todos los días”, sostiene Hernández, de Errata.

“El 15M fue el momento en el que más gente se empezó a interesar por libros de economía y política porque querían saber cómo se había producido esta estafa”, apunta Beatriz García Dorado, de Traficantes. Sus libros, que antes podían tardar en venderse dos años, pasaron a venderse en dos meses. Aumentó el interés por “nuevas formas de lucha como la teoría postcolonial o el feminismo”, añade. Se crearon colecciones como Lemur, con textos propios “de gente cercana y en un formato más pequeño, pero sin perder el rigor”, indica David. También se propagó un mayor interés por los cursos, seminarios y charlas que esta editorial, que también es distribuidora y librería, ofrecía en su local de Lavapiés (Madrid).

Lo mismo ocurrió con Capitán Swing y Errata Naturae. Al primero, Owen Jones y Rendueles le ofrecieron sobre todo visibilidad, ya que, “hace años si había dos o tres libros que funcionaban bien, repercutía en los otros, pero ahora eso no pasa”, sostiene su editor, Daniel Moreno. Eso sí, ambos títulos le han permitido crecer –ahora publica unos 20 títulos al año– “y tapar agujeros”. Hernández ha visto que su editorial se ha asentado, se ha hecho más conocida, y aparte de los libros dedicados a la cultura popular –series, videojuegos– han podido editar ensayos sobre Foucault y el poder o Filosofía para la felicidad de Epicuro. “Es evidente que ha habido y hay un interés por reivindicar políticas alternativas”, comenta Hernández.  

Una nueva librería progresista

Para quienes la evidencia se ha hecho plausible ha sido para Traficantes. Hace unos meses tuvieron que buscar un nuevo local que esta semana acaban de inaugurar en la céntrica plaza de Tirso de Molina. Se trata de una librería de dos plantas con un enorme patio y salón de actos que comparten con la asociación Senda de cuidados y que hasta la fecha pertenecía a una congregación religiosa, aunque llevaba cuatro años cerrado. “Son monjas radicales que querían darle un uso social y nos lo dejaron a un precio muy razonable”, afirma Beatriz.

No se para ahí el crecimiento en esta editorial. Acaban de lanzar también una nueva colección, Prácticas constituyentes, con el apoyo del Instituto de Altos Estudios de Ecuador, en la que hay libros de David Harvey, Nancy Fraser, Antonio Negri, Elinor Ostrom, Bruce Ackerman o Mario Tronti. Además, también han relanzado la revista The New Left Review –hasta la fecha la publicaba Akal, sello también muy ligado a este tipo de ensayos– gracias a la financiación de varias instituciones ecuatorianas y que ha sido presentada estos días en el Matadero de Madrid y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los textos, escritos por diferentes intelectuales, la edición original es de Reino Unido, y que ofrecen nuevos marcos de análisis, tendrán a su vez licencia abierta.

Continuidad en la apuesta

Ninguna de estas editoriales tiene previsto parar su producción, pese que a la caza también se hayan lanzado grandes grupos. Y aunque para Daniel Moreno “el boom está bajando un poco”, el año que viene publicará La casta, de los periodistas italianos Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, en el que se destapan los abusos de la clase política italiana y que fue un éxito editorial en Italia hace tres años. Desde Errata, por su parte, Rubén Hernández confirma la publicación de un libro inédito de George Bataille y otro de Walt Whitman.

No obstante, el proyecto más ambicioso sea el de Traficantes con la Fundación de los Comunes que trabaja en procesos de investigación independientes o tecnopolítica y a partir de la cual pueden llevar a cabo “un trasvase de conocimientos con otros compañeros del libro”, sostiene David. Entre los proyectos está una red de librerías que sean algo más que una tienda de libros. Entre ellas ya se encuentran La pantera rossa, de Zaragoza, La Fuga, de Sevilla, Synusia, en Terrassa o Katakrak, en Pamplona.

“Se trata de tener puntos de conexión. La cooperación es fundamental y es algo muy poco practicado en este ecosistema”, manifiesta David. Porque la publicación de ensayos políticos y combativos no tiene mucho que ver con una mera oportunidad de negocio ni con booms. Como recalcan desde Traficantes: “Nuestro reto es mucho mayor. Queremos que sea un espacio que se abra y no se cierre”.

Los libros del boom

Chavs: la demonización de la clase obrera (Capitán Swing): El ensayo del británico Owen Jones ha vendido 10.000 ejemplares, una cifra muy alta para estos tiempos –la tirada media se encuentra en los 3.000- y más al ser publicado por una editorial pequeña. Jones traza un análisis sobre cómo en Reino Unido han aumentado las desigualdades en los últimos años siendo la clase trabajadora la gran perjudicada. El ensayo tuvo una gran repercusión entre los movimientos sociales españoles y su autor, a pesar de que en Gran Bretaña esté próximo al Partido Laborista, ha apoyado a Pablo Iglesias y Podemos.

Sociofobia (Capitán Swing): Hasta 7.000 ejemplares ha vendido este ensayo del sociólogo y profesor de la Universidad Complutense, César Rendueles. En él se cuestiona el dogma ciberfetichista de que la tecnología cambiará el mundo y rompe una lanza por los movimientos populares sin la exclusiva intermediación de Internet para resucitar la intervención política. Fue publicado en septiembre de 2013, meses antes de la explosión de Podemos y otros movimientos como Ganemos.

Pensar desde la izquierda (Errata Naturae): Agotó enseguida dos ediciones y ya va por la tercera. Incluye el pensamiento de autores como Agamben, Zizek, Badiou o Rancière, y sus postulados ante los últimos acontecimientos. Fue publicado a finales de 2012 y marca uno de los inicios en este boom del ensayo político de carácter combativo.

Walden (Errata Naturae): Este texto de Henry David Thoreau lleva seis ediciones y se mantiene en las librerías desde mayo de 2013. Escrito en 1845, en él el pensador francés apuesta por la felicidad a ultranza a partir de la vida salvaje y libre, desgajándose de cualquier atadura con la sociedad, que según él, sólo impone limitaciones. Este libertario se ha convertido en uno de los clásicos más leídos en los últimos años, también por otros textos como Desobediencia civil.

La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano (Traficantes de sueños): Es un riguroso texto sobre la política local y su verdadero poder de transformación de la realidad. Analiza cómo los movimientos municipales, más cerca de los ciudadanos (y en buena parte, dirigidos por ellos), son los que dan relevancia a la verdadera democracia al existir menos distancia entre gobernantes y gobernados. Fue publicado en mayo de 2014 y ya tiene dos reimpresiones (las tiradas de Traficantes de sueños están entre los 1000 y los 2000 ejemplares).

Subversión feminista de la economía (Traficantes de sueños): Este análisis de la doctora en economía Amaia Pérez Orozco ahonda en las bases de un sistema productivo injusto e inviable y en cómo hay que repensarlo para obtener una vida digna de ser vivida. Una crítica directa a cómo el Estado del Bienestar ha dejado de ser, precisamente, ‘estado’, para estar manejado por los mercados financieros. Fue publicado en agosto de 2014 y ya ha tiene una segunda edición. 

16 años de experiencia y más de 100 alumnos cada curso. Es la carta de presentación de Cristina Gil, licenciada en Bellas Artes y exresponsable del taller de restauración de muebles en un centro cultural del distrito de Barajas en Madrid. En 2013, dijo basta a las condiciones que le imponía la empresa IDEL, la que ganó el concurso público del Ayuntamiento de Madrid para la gestión de ese servicio. De un año para otro, el salario por 30 horas semanales descendió de 1.200 euros a 812. Era el único modo de que, tras la salida a concurso, IDEL pudiera hacerse de nuevo con la adjudicación. 

Los cursos y talleres de más de 100.000 personas, en 102 centros de 21 distritos de la ciudad, dependen de profesores y profesoras que forman el eslabón más débil de la cadena que arranca con la enorme deuda del Consistorio dirigido por Ana Botella y que, desde la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022, hace que prevalezca el criterio de baja económica sobre todos los demás a la hora de elegir contratistas para dar servicios. El resultado: salarios por los suelos.

En el caso de los talleres culturales, la mejor oferta monetaria de la puja se premia con 400 puntos sobre un total de 600. La importancia que se presta a la propuesta de programación didáctica se traduce en 70 puntos y los aspectos organizativos no merecen más que 60. No existe ningún límite que ponga obstáculos a las bajadas temerarias ni tampoco cláusula alguna que establezca unos mínimos en las condiciones de los trabajadores. 

Pero el ahorro no se queda solo aquí. Mientras se reducen los costes de los servicios, las matrículas de los alumnos y alumnas se mueven en el sentido contrario. El mismo plan, aprobado al calor de la deuda disparatada de la ciudad de Madrid, contempla la "adecuación de los importes de los precios públicos de los talleres culturales al coste de servicio mediante el incremento de precios públicos correspondientes".

Esto significa que, si hasta entonces los usuarios aportaban el 68% de ese coste, ahora cargan con el 100%, por lo que la aportación del Ayuntamiento se reduce a cero. Este ajuste repercute directamente en el precio de las mensualidades, que han subido considerablemente a la vez que empeora la calidad de un servicio que sale cada vez más barato.  

Aligerar las cuentas en más de 16 millones

Con esta última medida, el Ayuntamiento deja de invertir más de 4,2 millones de euros; una cifra a la que hay que sumar los 12 millones anuales que, según datos del Plan de Ajuste, se ahorra el Consistorio anteponiendo el criterio económico sobre cualquier otra consideración. "Se está produciendo una descualificación muy preocupante de las actividades culturales, además de la precarización del empleo", advierte Javier Ollero, asesor en temas de cultura del Grupo Socialista en Madrid. 

A Cristina Gil, de 46 años, le suena todo esto. Asegura que su taller de restauración se confundía a menudo con "el curso manualidades" o, en el más absoluto de los desprecios, con "las clases a marujas". Nunca consiguió tener un contrato fijo discontinuo. Pasó tres lustros de obra y servicio, hasta que la bajada de sueldo la apartó de la docencia no reglada. El resto de sus compañeros, dice, tragaron con las nuevas condiciones. "No me marché solo por lo económico, porque siempre he hecho mis cosas aparte del taller. Fue más bien una cuestión de dignidad. Esto no es un tema de ilegalidad, sino de ética", explica al otro lado del teléfono.

Habla deprisa mientras prepara todos los materiales para ponerse manos a la obra con una restauración. "El responsable único y primero de todo esto es el Ayuntamiento, que va a acabar matando los centros culturales. No sé, me parece de una insensibilidad pasmosa dejar caer algo tan positivo como la energía que se generaba en el taller, al menos en el mío", zanja. 

Con la marcha de Cristina, el curso de restauración está en horas bajas. Pero las clases de los centros cívicos no son las únicas golpeadas por los recortes del Consistorio. También están afectando a las escuelas infantiles -cuyas adjudicaciones dependen de una subasta a la baja-, a los centros de mayores -donde, según el Grupo Socialista, una buena parte de las clases las imparten voluntarios- y a los teatros. "Estamos hablando de miles de empleados que trabajan por horas y que en muchas ocasiones no llegan al salario mínimo interprofesional", denuncia Ollero, que asegura que en teatros como el Fernando Fernán Gómez, el Price o el Español los acomodadores y los taquilleros cobran a cuatro euros la hora. 

Suena el teléfono. Hay un cadáver en un barrio de Monrovia, y eso en la capital de Liberia se traduce en una sospecha automática: Ébola. ¿Quién se encargará ahora de acudir a la comunidad, recoger el cadáver y desinfectar la casa? Hoy lo harán el liberiano B Sunday Williams y sus compañeros del equipo de recogida de cadáveres de Médicos Sin Fronteras (MSF).

La víctima es un bebé de 18 meses. El equipo se sube a un todoterreno y conduce hasta una vivienda en Paynesville, uno de los suburbios de Monrovia más afectados por la epidemia. Agitada y curiosa, una multitud se agolpa en la entrada de la casa. Williams y los demás ni se inmutan: ya están acostumbrados.

"A veces, cuando salimos, la gente tiene miedo de nosotros, pero les decimos que no se preocupen. Yo no toco a nadie, hago todo lo necesario para protegerme. Incluso cuando llevo el traje de protección me siento cómodo y protegido", cuenta Williams.

Después de hablar con la familia, el equipo se enfunda los buzos amarillos en el porche de la casa. La muchedumbre mira desde fuera. Williams es fácil de distinguir incluso con el traje, porque lleva un recipiente azul relleno de cloro a sus espaldas: su arma para luchar contra el Ébola.

"Cuando empecé a trabajar tenía mucho miedo –admite Williams–. Me asustaba coger un cadáver. Pero ahora ya no tengo miedo, me siento protegido". Estos equipos no solo recogen cadáveres, sino que también transportan a los pacientes de Ébola de sus hogares a los centros de tratamiento, además de informar a los familiares sobre lo que pueden hacer para protegerse.

"En ocasiones, las casas que desinfectamos están en penumbra –explica Williams–. Tienes que protegerte a ti mismo y a tus compañeros, porque si el que desinfecta con cloro no hace bien su trabajo, pone en peligro a todo el equipo. Cuando una persona está en contacto con el virus, todo el mundo está en riesgo". Aspersor en mano, Williams es el vigilante, el guardián, el que vela por la seguridad del equipo.

Su función es singular: entra en la casa mientras los demás esperan fuera y rocía con cloro de forma metódica el cadáver. Así se liquida el virus y se facilita la labor de los que tienen que recoger el cuerpo sin vida. "El que desinfecta se tiene que asegurar de que el lugar es seguro antes de que los demás entren en la casa", resume Williams.

Uno de sus compañeros toma una muestra de saliva del bebé para confirmar que se trata de Ébola. El cuerpo diminuto es introducido en una bolsa blanca, que también es desinfectada. Cuando se llevan el cadáver, los vecinos se sumen en un profundo silencio, solo roto por los intermitentes gritos de dolor de la familia.

El vehículo de MSF arranca y el cadáver es trasladado a la morgue. No habrá ceremonias fúnebres para evitar prácticas de riesgo como la manipulación del cuerpo. Es algo durísimo para la familia, que nunca volverá a ver al bebé.

Historias así se repiten cada día para el equipo de MSF que recoge cadáveres, una de las actividades fundamentales en la lucha contra el Ébola. Pese a la exigencia del trabajo, Williams no tiene dudas sobre su importancia.

"Cuando MSF me pidió que me uniera al equipo, no fue fácil tomar una decisión –confiesa–. Pero poco a poco me hice fuerte. Hoy el trabajo me apasiona".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) celebra este lunes en su sede en Madrid, con motivo de las fiestas navideñas, una "jornada de puertas abiertas" para los hijos y nietos de los empleados del organismo en mitad de un conflicto laboral con la plantilla que ya está en los tribunales de justicia.

El evento llega cinco días después de que el organismo y los representantes de los trabajadores se enfrentasen por primera vez en un juzgado y ha soliviantado al comité de empresa de la CNMC. "No nos parecen ni las formas, ni el lugar, y mucho menos el momento, para celebrar estos eventos lúdico festivos en horas de trabajo del personal y a cargo del erario público",  señaló en una nota interna remitida hace una semana con ocasión de esa convocatoria. 

El pasado miércoles tuvo lugar en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid el primero de los dos juicios que hay previstos, en este caso, por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo tras la negativa del 'súperregulador' de los mercados –que entró en funcionamiento hace poco más de un año– a prorrogar el convenio colectivo del personal laboral de la CNMC, que supone en torno al 65% del total. Según el comité, el único representante del organismo, la Abogacía General del Estado, en el acto de conciliación previo expresó "explícitamente que no querían conciliar sino celebrar el juicio, en una nueva muestra por su parte de una gran voluntad negociadora".

En el juicio, que se celebró ese mismo día y quedó visto para sentencia, los representantes de los trabajadores argumentaron que debía prorrogarse el convenio "ante la falta de denuncia expresa por parte de la empresa, conforme establece el articulado del propio Convenio". Una figura, la de la llamada ultraactividad, que limitó la última reforma laboral del PP, aunque acaba de ser refrendada por una sentencia del Tribunal Supremo.

Por parte de la CNMC, que para este contencioso ha contratado los servicios del bufete Sagardoy, asesor del Gobierno en la última reforma laboral, se expuso en el juicio que el convenio expiró el pasado 30 de septiembre y que “como muestra de buena voluntad” se habían mantenido las condiciones laborales hasta el próximo día 31. A partir del 1 de enero, el organismo quiere aplicar el Estatuto de los Trabajadores porque entiende que "no tiene mayor obligación legal" con la plantilla, según el comité.

El 22 de enero está previsto otro juicio entre las partes, en este caso, por la inaplicación de una parte del convenio colectivo, que el organismo, que ha señalado que quiere "homogeneizar" las condiciones laborales, justifica por razones presupuestarias. Fue en octubre de 2013 cuando comenzó a funcionar este 'súperregulador' y fue entonces cuando dejó de  aplicar algunas condiciones del convenio colectivo. Desde entonces, por ejemplo, los trabajadores no cobran los complementos que les corresponden. El comité de empresa demandó el pasado abril a la CNMC ante el Juzgado de lo Social número 29 de Madrid. En el acto de conciliación, en junio, los representantes de la entidad ni siquiera se presentaron.

"Confraternicemos y estrechemos lazos"

Estos enfrentamientos judiciales coinciden con la "jornada de puertas abiertas" para hijos y nietos de empleados del organismo que, "con la mayor ilusión", ha preparado el 'súperregulador' para hoy. "La finalidad del encuentro es fomentar un mejor conocimiento entre las personas que trabajan en la CNMC, facilitar el intercambio de experiencias entre las familias y dar una oportunidad a nuestros hijos para que compartan con nosotros una jornada laboral, conozcan lo que hacemos y dónde trabajamos", según una nota interna de la entidad.

"Entendemos que esta fecha es mucho más importante para los trabajadores de esta casa, por lo que os invitamos a que acudáis al mismo, confraternicemos y estrechemos lazos ese día. Si no fuera suficiente para conocernos, el día 22 de enero [fecha del próximo juicio] existe una segunda oportunidad para profundizar en esa relación", ha dicho el comité.

"Si de lo que se trata es de fomentar la relación paterno-filial, invitamos a la empresa a que se replantee la supresión del día 5 de enero como jornada festiva, aprobada en el calendario laboral del personal de la extinta CNE [Comisión Nacional de la Energía, absorbida por el organismo], y que dicha fecha se aplique si así lo desea a todo el personal. ¿Qué mejor que disfrutar con tus hijos el día previo a la venida de los Reyes Magos en casa?", argumenta el comité, que también tiene "dudas acerca de la organización del evento".

"Parece que el día 22, aunque los padres acudan al centro de trabajo, no deberán trabajar, ya que estarán cuidando de sus hijos o nietos. Esto, a nuestro parecer, es una jornada festiva encubierta que modifica el calendario laboral, y podrán ser beneficiarios en días posteriores aquellos empleados que estén disfrutando oficialmente de sus vacaciones o días de libre disposición", dice el comité.

Talleres, laberinto y Papá Noel

Según la CNMC, "desde las 09.00 hasta las 14.00" del día de hoy existirá "personal capacitado para la supervisión de los niños" durante el evento. "Fuera de ese horario, los papás deberán hacerse cargo de sus hijos. A cada niño se le identificará con una etiqueta en la que conste su nombre, un teléfono de contacto y las posibles alergias".

La jornada arranca a las 8 de la mañana, con la visita de los niños al puesto de trabajo; de 9 a 10 habrá un encuentro en el salón de actos del edificio de la calle de Alcalá; de 10 a 11, "talleres para los pequeños y visita por el laberinto de la CNMC para los mayores (a partir de 11 años)", en un recorrido que será "supervisado por el Comité de Prevención de Riesgos". A mediodía, tras el desayuno, está prevista la actuación del grupo musical infantil 'Requetecorcheas' (para los más pequeños) y experimentos y charlas pedagógicas sobre energía, competencia y audiovisual para los mayores de 10 años. De 13.00 a 14.00 llegará la visita de Papá Noel para los más pequeños en el salón de actos de la sede de la calle Barquillo, y a las 14.00 los padres deberán recoger a los niños.

La política municipal española está lejos de ser paritaria: la presencia de la mujer es muy minoritaria. Solo el 17,1% de los municipios están gobernados por alcaldesas. En términos absolutos, 6.702 localidades están en manos de hombres frente a las 1.386 en las que gobiernan mujeres, según los datos que constan en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque no llega ni a una quinta parte de los regidores locales, la cifra se ha multiplicado por diez en las dos últimas décadas.

En el caso de las concejalías, el porcentaje es algo superior: están ocupadas en un 35% por mujeres.

En 1983, España tenía un pírrico 2,04% femenino en el Gobierno local. Solo 164 mujeres estaban al frente de consistorios. Ese número se ha ido incrementando paulatinamente: en 1995, el porcentaje se situó en el 6,53%; cuatro años después llegó al 9,61% y, en 2003, se instaló en el 12,56%, según los datos recogidos por el Instituto de la Mujer.

Actualmente, Madrid, Euskadi y Asturias son las comunidades autónomas con una mayor ratio de mujeres al frente de las corporaciones locales. Así, en la primera, de los 179 municipios, 45 tienen alcaldesas (un 25,1%). En el País Vasco gobiernan mujeres en 57 de las 250 localidades (22,8%), y en Asturias hay 17 alcaldesas en el conjunto de los 78 municipios (22,8%).

Cantabria y Galicia, a la cola

Cantabria, Galicia y Canarias están en la retaguardia en lo que a paridad se refiere. Las dos primeras no llegan al 10% de mujeres en los Gobiernos municipales y las islas se quedan en el 14,8%.

Por partidos, Bildu es el que tiene un mayor porcentaje de mujeres alcaldesas (33,6%). De las 122 alcaldías que esta organización tiene, 41 están ocupadas por mujeres. Le sigue Foro Asturias, la formación que lidera Francisco Álvarez Cascos. No obstante, su porcentaje es menos representativo porque solo gobierna en doce localidades (cuatro de ellas gobernadas por mujeres).

En cuanto a los partidos nacionales, un 23,6% de los regidores de IU son alcaldesas (34 de los 144 municipios que gobierna la coalición de izquierdas). En el PSOE, ese porcentaje se queda en el 18,6% (416 mujeres gobiernan en los ayuntamientos socialistas). El PP está ligeramente por debajo de la media española: el 16,2% de sus Gobiernos locales están dirigidos por una mujer (612 de los 3.780 que tienen en sus manos los conservadores).

En un escalafón inferior, la igualdad se acerca aunque la representación ciudadana no llega a ser paritaria. El 35,24% de los cargos electos locales son mujeres. De las 59.996 concejalías que hay en España, 38.856 las ocupan hombres frente a las 21.140 en manos femeninas, según los datos recopilados por el Instituto de la Mujer correspondientes al mes de marzo. Estas cifras han podido sufrir variaciones por los cambios en esos puestos que hayan podido producirse en estos meses.

En los últimos quince años, la presencia femenina se ha incrementado en 14 puntos: en 1999 había 13.446 concejalas. No obstante, el número de concejalías ha descendido en ese tiempo (ahora hay 59.996 concejalías frente a las 63.731 que había entonces). El principal salto se produjo entre 2003 y 2007 (año en el que entró en vigor la Ley de igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero): las representantes públicas pasaron de ser 15.940 a 20.167.

Porcentualmente el PSOE es el partido con mayor presencia de mujeres en sus filas locales (un 38,2%), seguido de IU (34,79%) y del PP (34,06%). En términos absolutos, hay 7.665 concejalas conservadoras, 7.204 socialistas y 794 de IU. Las 5.477 restantes pertenecen a otros partidos. 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe decidir este lunes si admite y pone orden a las siete querellas y 25 denuncias que se han presentado contra el president Artur Mas y miembros de su Gobierno por la celebración del proceso participativo del 9N. Entre ellas está la de la Fiscalía General del Estado, por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, aunque Eduardo Torres-Dulce ya no verá su desenlace como fiscal general.

A las 10 h se reúnen los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC y su presidente, Miguel Ángel Gimeno, con el doble objetivo de decidir si admiten a trámite las denuncias y querellas y si, de hacerlo, optan por agruparlas todas en una sola causa. La mayoría de las denuncias fueron interpuestas por particulares en distintos municipios catalanes, pero también las hay presentadas por partidos minoritarios en Catalunya como UPyD, Vox o Plataforma per Catalunya.

Su admisión a trámite abriría un proceso judicial muy complejo, puesto que habría que decidir sobre múltiples acusados y delitos. Si bien la Fiscalía General del Estado apuntó a Artur Mas y a dos de sus consejeras –la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau–, se han presentado denuncias que señalan también como responsables del 9N a miembros del Govern, como el consejero de Interior, Ramon Espadaler, o el de Presidencia, Francesc Homs. Es el caso de la querella de Manos Limpias, que les acusa también de un delito de sedición.

La Fiscalía Superior de Catalunya, requerida por el TSJC, se posicionó a favor de la unificación de las querellas el pasado 3 de diciembre, alegando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los delitos que están conectados deben agruparse bajo un solo proceso con el fin de evitar reiteraciones. Algunas de estas querellas se encuentran ya encima de los escritorios de los distintos magistrados que se reunirán este lunes. Dada la complejidad de la deliberación, es posible que los magistrados no lleguen este lunes a una conclusión definitiva, y que se emplacen a otras reuniones en el futuro.

La querella de la discordia

Hace un mes la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra Mas, Ortega y Rigau por haber convocado la votación del 9N a pesar de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional. Esa querella, cuya gestión de los tiempos evidenció uno de los varios desencuentros vividos entre Torres-Dulce y el Gobierno, fue uno de los desaires que condujo a la dimisión del fiscal general el pasado jueves.

El documento se presentó pese a que todos los fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya lo consideraron injustificado, y tras varios días de tensión entre ellos y la Fiscalía General.

La querella deja constancia de que la Generalitat incurrió en un delito de "desobediencia grave" al auspiciar acciones como la distribución de urnas y papeletas, el envío de cartas previo al 9N, la convocatoria de reuniones en los institutos para pedir su colaboración o el mantenimiento de la web de publicidad institucional.

Más de 3.000 personas esperan en el pabellón deportivo de la Vall d'Hebron para ver el mitin Pablo Iglesias, el carismático líder de Podemos, que llega a Barcelona después de ser elegido secretario general del partido.

La cita ha levantado tal expectación que cientos de personas se agolpan en la puerta del recinto sin poder pasar. El color morado lo tiñe todo: banderas, ropas de color, pañuelos en la cabeza. Se palpa el entusiasmo, un fervor político desconocido en la mayoría de mítines de los partidos tradicionales.

Por fin aparece Iglesias tras una marabunta de cámaras y luces de flash. Viene acompañado de Gemma Ubasart, que va a consagrarse en unos minutos como la cabeza de la formación en Catalunya. Tras una nueva oleada de clásicos gritos de entusiasmo como "ese Pablo como mola, se merece una ola" o "Pablo, queremos un hijo tuyo", Ubasart comienza delimitando el público objetivo: "Zapatero nos falló. Toda aquella esperanza puesta el 13-M [de 2004] con el 'no nos falles' se vino abajo con una llamada de Berlín". El público, al contrario que la ilusión en 2010, se viene arriba. Parece que a ellos también les falló Zapatero, lo cual significa que son de ese porcentaje que alguna vez confío en él.

En las elecciones generales del año 2004, el 43% de los votantes del distrito de Horta-Guinardó, donde se celebra el mitin, depositó una papeleta para hacer presidente a José Luis Rodríguez Zapatero. En las generales de 2011, el voto al PSOE se redujo hasta el 31%. Los al menos 12 puntos en liza del barrio barcelonés representan bien al cinturón rojo de la capital, que ha pasado de ser el gran granero del PSC-PSOE a meterse de lleno en el proceso independentista. También a la España que, defraudada de Zapatero, basculó hacia Rajoy y, defraudada de nuevo, se encontraba hace solo un año apática y sin alternativa mayoritaria en la que depositar la ilusión.

Todo eso estaba en el pabellón de la Vall d'Hebrón, ávido de ver en directo la magia que el líder de Podemos suele desplegar los fines de semana en las tertulias televisivas. Pero también estaba ese gran espacio social en Catalunya que no es independentista pero ha quedado sepultado bajo el machacón debate del proceso soberanista. El proceso ha dividido el espectro político catalán en dos. A un lado, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, un bloque plural pero que no ha sido capaz de consensuar un proyecto soberanista con suficiente dosis de ruptura para atraer los votos de quienes, no siendo independentistas, apostaban por el independentismo para mover el statu quo. Al otro lado la tríada formada por lo que queda del PSC, PP y Ciutadans, los dos primeros incapaces de articular un discurso creíble de regeneración por sus hipotecas pasadas.

Ubasart es consciente de esto, así que le hinca el diente. "Recordad cuando hace cuatro años Artur Mas nos ofrecía un viaje hacia Ítaca. Lo que no nos dijo era que ese viaje no era hacia Ítaca homérica sino a la Grecia actual, esa donde las políticas de austeridad cierran hospitales". Ni casta ni independencia, viene a decir la nueva jefa de la marca morada en Catalunya. Procés y recortes vienen, según se desprende, del mismo sitio.

Y, tras hacerse esperar, llega Iglesias.

Sale como una estrella de rock y se encarama al atril ante miles de personas como quien lleva haciéndolo toda la vida. Se sabe seductor en la puesta en escena. Está en pleno ascenso político, conociendo las mieles del éxito y las amarguras de la fama desmedida.

Según un reciente estudio del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pablo Iglesias es conocido en Catalunya por el 87% de los encuestados, solo superado por Mariano Rajoy y Artur Mas. Además, obtiene una valoración de 5,16 puntos, solo superado por el diputado de la CUP David Fernàndez, con un 5,5, y seguido de cerca por el líder de ERC, Oriol Junqueras, con un 5,12, y el candidato a la alcaldía del mismo partido, Alfred Bosch, que obtiene un 4,91. El siguiente más valorado es Artur Mas, con 4,66. Contra ellos, independentistas todos, cargará en unos minutos el líder de Podemos.

"No he venido a Catalunya a prometer nada a nadie, eso sí, os prometo que a mí no me veréis dándome un abrazo con Rajoy ni con Mas". Bum. El trabucazo de Iglesias apunta contra el diputado de la CUP, David Fernàndez, quien en la noche del 9-N, cuando se conoció la participación de más de dos millones de personas, abrazó al president Mas, gesto que le valió muchas críticas. La metáfora le servía al orador para colocarse enfrente tanto de los actores del proceso soberanista catalán como del gobierno de Rajoy.

El que dibujaba Iglesias es un espacio cotizado. Ensanchar el espacio unionista por el margen anti-establishment es la gran tarea pendiente de Ciutadans, que ha apostado más por la imagen "sensata", como ampliarlo por el lado de las izquierdas es el reto imposible para el PSC, que ha perdido su imagen de compromiso social.

Entre las elecciones autonómicas de 2010 y 2012, cuando se cocía el proceso, en el Guinardó el PSC pasó del 21,8 al 15,3%. Ciutadans subió del 3,8 al 8,2%. ERC, del 6,8 al 13,3%. La CUP apareció rascando un 4,1%. Resultados en la misma línea, aunque con variantes, pueden encontrarse en cualquiera de las ciudades del cinturón rojo de Barcelona, la zona de Catalunya que en las europeas más penetró Podemos.

Así que Pablo Iglesias sirve como menú la especialidad de la casa. "Casta", "régimen corrupto", "no me fío de los políticos que hacen promesas", "proceso constituyente", "sujetos históricos del cambio", "traidores a su pueblo", "candados del 78". Todo ello trufado con referencias a supuestas similitudes entre Catalunya y Madrid. Cuentas corrientes en Suiza, Rato y Pujol, desigualdades flagrantes entre los barrios, rescate a cajas, recortes en la sanidad catalana que, asegura, recuerdan a los de Esperanza Aguirre.

"Yo soy de Vallecas y me siento en mi casa cuando estoy en Cornellá, L'Hospitalet o Nou Barris". Ovación cerrada. Sobre el espinoso debate del derecho a decidir, Podemos parece haber encontrado su fórmula de éxito: para decidir en Catalunya primero hay que decidir en el conjunto del Estado en un proceso constituyente.

Podemos sabe que para llegar a La Moncloa el Área Metropolitana de Barcelona es clave. Casi la mitad de la población catalana se concentra en ese territorio, y de Catalunya dependen nada menos que 47 de los 350 diputados del Congreso de los Diputados. El partido de Pablo Iglesias tiene el reto de atraer al espacio perdido por el PSC, sobre todo en el conocido como cinturón rojo de la ciudad. Ciudades como L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Sant Boi o Viladecans, han sido feudos históricos del PSC, pero han comenzado a dejar de serlo.

En las pasadas elecciones europeas, el Baix Llobregat mantuvo al PSC como la fuerza más votada, pero la colocó solo un poco por encima del 20% en la comarca, muy lejos de los abultados porcentajes de las anteriores europeas. En L'Hospitalet cayeron del 51,8 al 26,2% en 5 años. En Santa Coloma del 55,9 al 29,7%. En Cornellà del 53,8 al 28,42%. En todos esos lugares ERC emergió, se triplicó. Pero también Ciutadans obtuvo grandes porcentajes. El voto socialista salía disparado en todas direcciones.

Pablo Iglesias eligió Barcelona como primer destino a visitar después de ser nombrado secretario general del partido porque quiere teñir de morado el viejo cinturón rojo. Y para ello cree que debe ofrecer el discurso de un partido social, contrario a cualquier cosa similar al nacionalismo catalán, enfrentado a las élites catalanas y españolas y con un proyecto regeneracionista del Estado del que una parte importante de la población de la periferia barcelonesa quiere seguir formando parte. En pleno despliegue territorial, Podemos cree que afianzar un cinturón morado sobre las cenizas del tradicional granero de voto socialista es el primer peldaño para conquistar el Gobierno.

A 60 horas de que Felipe VI realice su primer discurso de Navidad como monarca, el juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina dos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos. Contra el auto no cabe recurso, por lo que a la infanta solo le queda recurrir a la 'doctrina Botín' en las cuestiones previas del juicio. Castro ha interpretado que la hermana del rey perjudicó con su actitud al resto de los ciudadanos y por eso no le aplica la citada doctrina como eximente.

Es precisamente a la aplicación o no de la 'doctrina Botín' a la que el juez dedica 38 páginas de un auto de 150. En él concluye que Manos Limpias está "absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura de juicio oral" contra la infanta, por mucho que no lo haga la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, en representación esta última de la Agencia Tributaria.

Según la 'doctrina Botín', solo podría abrirse juicio oral contra un imputado si el directamente perjudicado o la Fiscalía lo solicitasen. Castro cree que no se dan los supuestos que salvaron del banquillo al banquero ya fallecido. Fiscalía y Abogacía reclaman distintas cantidades a la infanta como responsable a título lucrativo, razona, lo que viene a reconocer que hubo perjuicio para el común de los ciudadanos y que, por tanto, quedaría legitimada la acusación popular.

Para apoyar su razonamiento, Castro no renuncia a su estilo y cita incluso las campañas publicitarias del Ministerio de Hacienda para reforzar su planteamiento. "Constante la Administración Tributaria de que esos principios no calarían fácilmente en el cuerpo social, se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria, entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'", consigna el juez.

En el auto, Castro hace su alegato final en la disputa jurídica que viene manteniendo con su antiguo fiel colaborador, el fiscal Horrach. Dice el juez que con la hermana del rey se ha sido "incluso aún más garante" que con el resto de los imputados, como pone de manifiesto la extensión de los autos en los que se la citaba a declarar como imputada, una cuestión que se solventa habitualmente en un par de frases.

La trama orquestada a través del Instituto Nóos sentará en el banquillo finalmente a 17 personas, incluida la infanta y su marido, Iñaki Urdangarin. Junto a ellos estará el ex presidente balear Jaume Matas. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, esquiva finalmente el juicio oral.

Ahora los imputados tienen un plazo de veinte días para presentar sus escritos de defensa. Tras este trámite, la pieza será enviada a la Audiencia Provincial de Palma para la celebración del juicio.

La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de llevar a juicio a la infanta Cristina, que será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.

En contra de los argumentos de la defensa de la infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama ocho años de prisión.

El juez instructor, que fija para la infanta una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros, ha dejado fuera de la lista de 20 imputados que fijó la Audiencia de Palma al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y a los exdirectivos de Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

El PP insinúa que la instrucción del caso Nóos que ha llevado a cabo el juez Castro puede concluir con una rebaja de las posibles condenas una vez que lleguen al Tribunal Supremo. El portavoz de los conservadores en la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha señalado que otras investigaciones del magistrado han conllevado condenas que después se han reducido.

El diputado del PP ha dejado ver con esas afirmaciones que una posible condena a la infanta Cristina podría ser rebajada si llega al Alto Tribunal después de la resolución judicial de Castro, que ha sentado en el banquillo a la hermana del rey por fraude fiscal.

A pesar de que ha manifestado su "absoluto respeto" por las decisiones judiciales, Pujalte ha considerado que con otras investigaciones del magistrado se han dictado condenas que el Supremo ha reducido "a la baja". No obstante, el tribunal que juzga es distinto al que instruye las causas.

"Por tanto, respeto a las decisiones judiciales, prudencia con respecto a los juicios, y un mínimo de respeto a las presunción de inocencia de todos, también de la infanta", ha insistido Pujalte, que ha defendido la presunción de inocencia, ya sea del cantante Joaquín Sabina, con una supuesta deuda de 4 millones con Hacienda, o la infanta Cristina, que irá a juicio como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.

Preguntado si considera que la infanta Cristina debería renunciar a sus derechos dinásticos, el portavoz del PP ha asegurado desconocer quién ostenta esos derechos o qué significa su renuncia. "No tengo ni idea de los derechos dinásticos, de lo que es la renuncia a los derechos dinásticos ni quién los tiene, yo no los tengo", ha afirmado.

Los grupos de la oposición celebran que el juez José Castro haya decidido enviar al banquillo a la infanta Cristina por el caso Nóos porque demuestra que la ley es igual para todos pese a los "obstáculos" que muchas veces se intenta poner a la independencia del poder judicial.

El PSOE ha señalado que la decisión del juez que ha instruido el caso Nóos "significa que la justicia es igual para todos" y que eso "puede dar tranquilidad a todos los españoles", ha señalado la diputada María González Veracruz.

UPyD ha considerado que la resolución judicial es una "buena noticia" al consagrar el principio de igualdad de todos los ciudadanos a pesar de las trabas que "a veces se quiere poner en el camino de la independencia del poder judicial".

"Creemos que deja muy en evidencia el papel de la Fiscalía que ha actuado en este caso más como un abogado defensor que como un fiscal", ha subrayado el diputado Álvaro Anchuelo a la entrada de la comisión de Economía, en la que es portavoz de su partido.

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, ha subrayado que por una vez "la independencia del poder judicial" se ha impuesto y también lo ha considerado una "buena noticia" desde el punto de vista de la democracia. Además, ha puesto de relieve que el PP va a tener "muchas dificultades" para doblegar la independencia judicial y la autonomía de los fiscales.

CiU apela a la presunción de inocencia

El portavoz de Economía del PNV, Pedro Azpiazu, ha reconocido su equivocación al pensar que el juez Castro "no iba a ser capaz" de sentar a la hermana del Rey en el banquillo. También ha afirmado que a él, personalmente, le parece bien la decisión y cree que "no está mal" que la infanta sea juzgada.

Desde Amaiur, Rafael Larreina ha señalado que la infanta Cristina es una ciudadana "como otra cualquiera" y, por tanto, si se tiene que sentar en el banquillo "que se siente y asuma sus responsabilidades como cualquier ciudadano".

El más escueto de los diputados consultados sobre la decisión del juez de Palma ha sido el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien se ha limitado a señalar su respeto por la "presunción de inocencia".

La defensa de la Infanta Cristina estudiará si hay partes recurribles en la decisión del juez de que la hermana del rey sea finalmente una de las personas juzgadas por el caso Nóos.

En declaraciones a la puerta del bufete Roca, el abogado Jesús María Silva ha admitido que el auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir, pero ha añadido que en el auto se han incorporado cuestiones --que no ha concretado-- frente a las que "quizá se podrá tirar por ahí algo", en referencia a la posibilidad de que alguna de esas cuestiones se pueda recurrir.

Al preguntársele si con el auto judicial hecho público este lunes cae la versión de la infanta según la cual ella no es la responsable, Silva ha respondido: "La cuestión es si una acusación popular en un caso de delito fiscal puede sostener ella sola la acusación".

Según el abogado, "el juez, en lugar de adoptar un criterio de una sentencia del TS, ha tomado el criterio de los votos particulares, y esta es una cuestión jerárquicamente discutible".

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

Las esperanzas de la infanta Cristina llevaban el nombre de un banquero muerto. Hasta que este lunes, el juez José Castro ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra 17 personas por el 'caso Nóos' y ha dedicado una cuarta parte ha explicar por qué no es aplicable a una de ellas, la hermana del rey, la 'doctrina Botín' que la hubiera salvado del banquillo. Viene a decir Castro que si Hacienda y Fiscalía no quieren acusar a la infanta, la acusación popular de Manos Limpias está legitimada para hacerlo en representación de todos los españoles. Porque Hacienda no es solo Hacienda, "Hacienda somos todos", que decía una campaña de la Agencia Tributaria citada por Castro en su auto.

Estos son los tres principales argumentos con los que Castro descarta aplicar a la infanta la 'doctrina Botín':

1.- La 'doctrina Botín' evitó que se celebrara un juicio al banquero, pero el del 'caso Nóos' se celebraría aun cuando se aplicara aquel fallo del Supremo. En el primer caso, la Abogacía del Estado y la Fiscalía concluyeron que no había delito en la conducta de Botín. Toda la acusación hubiera recaído en la acción popular. Aquí no ocurre lo mismo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado van a ejercer la acusación, aunque no la dirijan contra la infanta. La vista se celebrará "aún sin la intervención (en la acusación de la infanta) de quienes téoricamente se presentaran como exclusivos paladines del interés social e individual", escribe el juez, que aprovecha para reprochar a la Agencia Tributaria haber elegido "a capricho" a qué personas va a acusar por delito fiscal.

2.- La jurisprudencia del Supremo interpreta que el legislador quiere acelerar los procesos por delitos de escasa gravedad y sencilla tramitación y por eso eliminó la posibilidad de abrir juicio oral solo con la acusación popular. El juicio del caso Nóos, sin embargo, se va a celebrar “irremediablemente”, dice Castro. “Siendo de compleja ejecución los delitos cometidos, no se adivina qué ahorro temporal obtendría”, añade.

3.-¿Por qué puede actuar contra la infanta la acusación popular? Explica Castro que a la hermana del rey se le atribuye "un atentado a un bien jurídico colectivo de interés general", el erario público. Si la Agencia Tributaria no quiere acusar a la infanta, puede hacerlo la acusación popular en su lugar y en representación de todos los ciudadanos. “Llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado, sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios, el perjudicado sería su administrados y no aquellos”, escribe el juez.

Por si quedara alguna duda, Castro se explaya: cuando se produce un "determinado volumen de evasión fiscal, el Gobierno de turno, que ve disminuidos sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez, pero en todo caso es el indeterminado colectivo de los ciudadanos el que ante un determinado volumen de evasión fiscal, el Gobierno de turno, que ve disminuido sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez, pero en todo caso es el indeterminado colectivo de los ciudadanos el que se ve directamente afectado por el delito". Castro exige a la infanta 2,6 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

Para que calaran en la sociedad que los delitos fiscales afectan a todos, recuerda Castro, la Administración Tributaria "decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria entre las que habrá de ser resaltada por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'".