La trama catalana del caso de los ERE de Andalucía está adquiriendo tintes de novela negra. El abogado catalán Eduardo Bajet, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye el diseño del desvío fraudulento de fondos de la Junta a las aseguradoras del oscuro financiero Eduardo Pascual Arxé, se vio implicado en un tiroteo en Venezuela en el que recibió dos balazos, según apuntan fuentes de la investigación.
Bajet se desplazó a Venezuela en julio, coincidiendo con las actuaciones de los agentes de la UCO para comprobar cuál había sido su papel en el caso de los ERE. Sin embargo, el abogado explicó que el viaje formaba parte de unas gestiones para uno de sus clientes, una conocida empresa de mensajería.
La ausencia de Bajet no ha impedido que la Guardia Civil haya proseguido con sus investigaciones. De hecho, los agentes se personaron recientemente en el despacho del abogado en la barcelonesa calle Aribau y se incautaron de abundantes cajas repletas de documentación.
Si Bajet pretendía salir del radar de las fuerzas de seguridad españolas por si en esa documentación aparecen indicios de su participación en el fraude de los ERE, el tiroteo supone un doble trauma. Ahora está localizable para la Guardia Civil, que sólo tiene que recurrir a la policía venezolana a través de Interpol para que informe del atestado correspondiente a los hechos.
La jueza encargada de la instrucción de los ERE, Mercedes Alaya, viene investigando desde hace meses las conexiones catalanas del caso. Judicializó la investigación que la Guardia Civil inició en 2011 sobre las empresas aseguradoras que se beneficiaron de los ERE fraudulentos, esencialmente Vitalia y el grupo de aseguradoras vinculado al desaparecido banco catalán Eurobank, controlado por Eduardo Pascual y cuya quiebra investiga el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dirigido por Pablo Ruz.
Las investigaciones de la UCO se dirigieron a Barcelona hace algo más de dos meses con el beneplácito de Alaya, aunque la iniciativa, apuntan fuentes de la investigación, la está llevando en todo momento la unidad especializada del instituto armado. Efectivos de la UCO empezaron a hacer sentir su presencia en el despacho de Bajet, hombre de confianza de Eduardo Pascual, y al que muchos de los implicados señalan como cerebro financiero de los productos que las aseguradoras del extinto grupo Eurobank colocaban a la Junta de Andalucía.
Fuentes judiciales apuntan que en breve los investigadores de la Guardia Civil tendrían que dar cuenta al magistrado que designe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque Alaya tiene previsto inhibirse en favor del tribunal autonómico o bien del Tribunal Supremo, si finalmente la jueza decide imputar en la causa al ya expresidente de la Junta José Antonio Griñán, que está aforado por su condición de senador.
Cuando los agentes la Guardia Civil empezaron a frecuentar el despacho de Bajet se encontraron con que el abogado, de forma oportuna, llevaba varios días en Venezuela. Cuando este diario contactó con el despacho de Bajet para preguntar por su paradero, la única respuesta fue: “El señor Bajet está fuera de España”.
Alaya está convencia de que las aseguradoras vinculadas a Pascual como Vitalia o Excel Life se apropiaron de forma irregular de más de 20 millones de euros que la Junta de Andalucía tenía destinados a subvencionar expedientes de regulación de empleo. Los responsables de la investigación, con Alaya a la cabeza, están convencidos de que los expedientes con los que las aseguradoras de Pascual obtuvieron el dinero del Gobierno andaluz eran falsos.
El 23 de marzo Alaya ordenó el ingreso en prisión de Pascual y de su principal colaboradora, María Vaqué, por recibir comisiones de los ERE fraudulentos, a través de la aseguradora Vitalia.
Ruz se encontraba entonces en el centro de la polémica por su enfrentamiento con el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que, tras admitir a trámite una querella de IU contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros, se consideró competente para investigar la financiación del partido del Gobierno. Competencia que se atribuía también Ruz, porque es el instructor del caso Gürtel.
En aquel momento parecía más que evidente que el Gobierno del PP quería que los papeles de Bárcenas fueran investigados por Ruz –el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dirigió al Consejo General del Poder Judicial para interesarse por el caso–. Pero el Gobierno podría estar ya arrepintiéndose de convertir a Ruz en su juez favorito, en especial a la vista de la evolución de la instrucción del caso Bárcenas.
Implicar a los partidos
Alaya, como Ruz, podría hacer que el PP se arrepienta de haber ensalzado su figura si sigue investigando la rama catalana de los ERE. A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus tribulaciones judiciales en una cuestión transversal que afecte a los principales partidos españoles.
Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven.
Esas compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados en el mercado de abastos de la capital andaluza.
En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el juez Ruz, la acusación particular del caso Eurobank se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, como su hermano Jesús.
La operación impulsada por Alaya se ha saldado, de momento, con el ingreso en prisión de siete personas. Varias de ellas no eran sorpresa alguna, a la luz del informe elaborado por los propios técnicos de la UCO, que cifran el dinero desviado de la partida de la Junta de Andalucía para expedientes de regulación de empleo en 50 millones de euros: el exdirector general de la Junta, Javier Guerrero, que ya había pasado siete meses en prisión por haber autorizado la salida de los fondos, y el exsindicalista de UGT Juan Lanzas. Mucho más sorprendente resultó el encarcelamiento de Pascual y de su mano derecha, María Vaqué.
Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo, rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis, con cargo a la partida 31L, fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
