Fue el pasado 1 de enero cuando entró en vigor la reforma de las pensiones que el Gobierno de Zapatero pactó con sindicatos y patronal. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está trabajando en una nueva reforma, que desbaratará algunos de los principios sobre los que se sostuvo la anterior, y que endurecerá la jubilación. Esta vuelta de tuerca es una de las imposiciones más imperiosas de Bruselas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, inició el curso el 1 de septiembre presentado su propuesta a los agentes sociales, una iniciativa que pivota sobre dos ejes: por un lado, desligar la revalorización de las pensiones del IPC y, por otro, poner en marcha un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida para calcular la pensión.
Aún no hay concreciones ni fórmulas. Será cuando las haya cuando se podrá comprobar hasta qué punto el Gobierno hace suyas las recomendaciones del comité de expertos al que encargó un informe sobre el factor de sostenibilidad y que ya presentó sus conclusiones. De momento, el Ejecutivo tiene intención de desligarse de una: los sabios pedían que los cambios se aplicaran ya el próximo año; sin embargo el Gobierno pondrá en marcha solo uno de ellos en 2014 -el nuevo indicador según el cual se actualizarán las pensiones- mientras que esperará a 2019 para introducir el factor de sostenibilidad, esto es, un factor que en función de diferentes parámetros ajuste automáticamente las pensiones. El más destacado, la esperanza de vida.
La propuesta que Empleo ha hecho a los sindicatos sí tiene, sin embargo, similitudes con la de los expertos. Propone, por ejemplo, que las pensiones no se revaloricen cada año en función de la inflación, como se hacía hasta ahora. El Gobierno ya había dejado caer en varias ocasiones que esta fórmula es muy costosa y Báñez ha insistido en esta tesis: asegura que el 27% del gasto en pensiones corresponde a esta actualización.
Por ello, el Ejecutivo propone que, ya desde el año próximo, las pensiones crezcan en función de un índice de nueva creación que tendrá en cuenta la inflación pero también otros factores, como los ingresos y gastos del sistema o el superávit o déficit del sistema de pensiones. Habría también un tope máximo y un suelo mínimo de crecimiento: como poco, las pensiones tendrían que crecer un 0,25% cada año y, como máximo, podrían hacerlo la inflación más el 0,25%.
Báñez ha insistido en que esta fórmula garantizará que las pensiones jamás bajen o se congelen, pero en la práctica la realidad sería menos optimista. Por ejemplo, si un año el IPC crece un 1,7% pero el nuevo índice determina que la revalorización debe ser de solo el 0,25%, los pensionistas perderían más de punto y medio de poder adquisitivo que luego nunca recuperarán. Con todo, el Ejecutivo no quiere pasar a la historia como el que legisló una bajada nominal de las pensiones, por lo que ha instalado esta cláusula suelo como colchón electoral.
Con todo, la pérdida de poder adquisitivo será más que frecuente si se tiene en cuenta que el nuevo índice de actualización tendrá en cuenta el estado de las cuentas de la Seguridad Social, que arrastran un importante déficit. Además, el tope máximo de crecimiento supondria poco más que la inflación, es decir, en la práctica el techo marcado por el Gobierno supone simplemente el mantenimiento del poder adquisitivo. La ministra no ha concretado cómo será la fórmula que determine cada año cuál tiene que ser el crecimiento de las prestaciones.
Factor de sostenibilidad
El Ejecutivo plantea también aplicar un factor de sostenibilidad a partir de 2019, en lugar de en 2027, como contempla la reforma actual aprobada con los agentes sociales y que está en vigor. Precisamente esta es la fecha por la que apostó el experto designado por Comisiones Obreras en el comité de sabios. Miguel Ángel Rodríguez apostó por 2019 como año de aplicación del factor. La cesión del Gobierno a este consejo del sindicalista puede ser un guiño para ganarse el favor de la central. Según la propuesta del Ministerio, el factor tendría en cuenta la esperanza de vida: las pensiones variarían en función de una fórmula que tuviera en cuenta la esperanza de vida y un coeficiente reductor. La fórmula se revisaría cada cinco años.
Este factor se aplicaría solo a los nuevos pensionistas y solo una vez. Es decir, será en el momento de acceder a la jubilación cuando a una persona se le calcule su pensión en función de este factor. Báñez ha insistido en que en ningún caso esta fórmula implicará una ampliación de la edad de jubilación, aunque no ha descartado otras "reformas paramétricas" del sistema.
En cualquier caso esto supondría que los pensionistas padecerían varios factores correctores a la vez: a los que ya contemplaba la anterior reforma se les sumarían estos nuevos. Por ejemplo, a una persona que se jubilara en 2020 le afectaría la ampliación gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años y del periodo de cómputo para calcular su pensión, pero también el nuevo factor de sostenibilidad y, por tanto, la esperanza de vida que existiera en ese momento y que también condicionaría su prestación.
Los sindicatos piden datos
Los sindicatos se muestran escépticos y auguran un proceso de negociación "difícil y complejo", en palabras del secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo. Las centrales no comparten la urgencia con la que el Gobierno quiere sacar adelante la reforma, piden separar las necesidades coyunturales del sistema -golpeado por la crisis- de las estructurales, y reivindican la validez de la reforma actual.
La secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen López, pide además "papeles" y "documentación" al Gobierno para poder analizar sus propuestas sobre datos concretos.
Tanto UGT como CCOO fueron muy críticos con el informe elaborado por el comité de expertos. Además, a pesar de las buenas declaraciones del Gobierno, el diálogo social ha sido más bien escaso durante la legislatura. Los sindicatos se han quejado repetidamente de la falta de consulta y debate del Ministerio de Fátima Báñez. En el caso de la reforma laboral, Báñez telefoneó el mismo día de su aprobación a los secretarios generales de CCOO y UGT para anunciarles sus principales líneas.
En cualquier caso, esta propuesta del Ejecutivo tiene que pasar también por el filtro del Parlamento mediante el Pacto de Toledo. Esta institución se caracteriza por haber llegado a grandes reformas de las pensiones en democracia y el Partido Popular se ha mostrado partidario de respetar este ámbito de debate. Es ahora esta comisión la que tiene el siguiente turno de palabra.
