El palacio centenario, antigua sede de la CNMV, situado en el centro de Madrid, valorado en 28,7 millones de euros; la finca de la Almoraima en Cádiz, con una superficie de 14.109 hectáreas, dentro del Parque Natural de los Alcornocales o el antiguo edificio de Radio Televisión Española, también situado en Madrid, son algunos de los 15.135 inmuebles que el Gobierno ha decidido liquidar a través del Plan de ventas de inmuebles del Estado aprobado el mes de julio. El diario francés Le Monde se hace eco de adelgazamiento de activos públicos que llevará a cabo el Gobierno español y cuantifica la descapitalización inmobiliaria en una cuarta parte del total.
Este Plan que el Gobierno califica como "ambicioso" se llevará a cabo en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Entre los activos públicos a liquidar aparecen viviendas (1.869, más 6.906 del Ministerio de Defensa), oficinas (126), solares (382), locales comerciales (805), fincas rústicas (4.832), edificios industriales (19), garajes y trasteros (16), inmuebles asistenciales (6) y edificios singulares (98).
La gestión de estos inmuebles está repartida por varios ministerios, así los centros encargados de venderlos dependen de Hacienda, Defensa, Fomento, Interior, Trabajo o Agricultura.
Fuentes de Hacienda aseguran que este plan "no sólo sirve para la reducción del déficit público, sino sobre todo la puesta en valor de muchos inmuebles o propiedades que tenían un uso deficiente o no estaban siendo utilizados para nada". Hacienda no ha dado respuesta acerca de qué porcentaje del total de inmuebles propiedad del Estado representan estas más de 15.000 propiedades.
Moncloa señala que "dentro de esa cifra global, destacan las previsiones de venta del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa con 8.170 inmuebles, si bien 6.906 son viviendas que deben venderse siguiendo los cauces especiales de la Ley 26/1999, que prevé que aunque éstas tengan la condición de enajenables, deben ser ofertadas, en primer término, dentro del colectivo de las Fuerzas Armadas".
El plan también subraya que "los inmuebles que, como algunas viviendas o locales comerciales, se encuentran actualmente arrendados, se intentarán vender de forma preferente a los actuales inquilinos" y añade que "en todo caso, el Programa tiene un carácter abierto, siendo susceptible tanto de ampliación, mediante la incorporación de nuevos inmuebles a las operaciones de venta, como de reducción, si se decide la reutilización de inmuebles inicialmente destinados a la venta". El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, confirmó "que la finca de La Almoraima (Cádiz) no tenía comprador" y aseguró que "no se va a malvender".
El encogimiento del patrimonio inmobiliario del Estado ya comenzó en 2012 cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, encargó vender 100 edificios del centro de Madrid con el objetivo de ingresar 2.000 millones de euros por aquellos inmuebles que estuvieran en desuso.
