Sebastián Martín, doctor de Historia del Derecho y profesor contratado de la Universidad de Sevilla, ha dirigido en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) un curso de verano que se puede impartir con libros pero también con periódicos. 'La crisis del Estado social y democrático: aspectos jurídicos y alternativas ciudadanas' es un continente académico para un contenido tan contemporáneo como decisivo para la vida de los españoles. Sebastián Martín, quien desde hace cuatro años imparte un curso sobre los Retos del Estado social y democrático en un máster de la UNIA, responde a todo, sin corsés institucionales y con sentido constructivo, en un foro de estudio crítico sobre la política de la calle, la democracia y, sobre todo, la delicada realidad social.
Los epígrafes de las clases dibujan un panorama preocupante, pero, sobre todo, invitan a la reflexión. 'La crisis del constitucionalismo social y la perspectiva de un proceso constituyente', 'Fatiga del parlamentarismo y crisis institucional: La participación ciudadana como esencia y valor de la democracia', '¿Democracia sin derechos laborales?: Implicaciones de la destrucción del modelo de relaciones de trabajo mediante las últimas reformas' y 'Sistema financiero, integración europea y globalización: los desafíos de un Estado social justo y eficiente' son algunos de los problemas que llegan al ámbito universitario a través del curso que ya está en marcha. Detrás de estos conceptos está el paro, las insuficientes ayudas sociales, el futuro de la sanidad, el vertiginoso descenso del nivel adquisitivo… El día a día.
El curso parte de una constatación, "el desmantelamiento del Estado social y democrático". ¿De qué análisis parte el diagnóstico? ¿Cuáles son los datos más claros que lo demuestran?
Basta un análisis político elemental de la realidad para percatarse de ello. Son numerosos los indicios que lo demuestran. La reforma constitucional priorizando el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto es una muestra evidente. La reforma laboral, que desvirtúa la negociación colectiva y agrava la desprotección y la precariedad de los trabajadores, es otro factor bien transparente. Aparte de los severos recortes sufridos en sanidad, la eliminación de la universalidad del servicio y la privatización de la gestión en algunas comunidades apuntan también en la misma dirección. Por no hablar de los recortes en educación o del incremento desorbitado de las tasas en la enseñanza universitaria, que encubre su progresiva privatización, pues obliga a las Universidades a financiarse en proporción creciente a través de las trasferencias realizadas por los usuarios.
Y si del Estado social pasamos a la dimensión democrática, vemos que la crisis no es menos seria, con una legislación a golpe de decreto y un Parlamento vaciado en la práctica de contenido.
¿Cuánto tardaría en reconstituirse el constitucionalismo social si se pusiera fin hoy al desmantelamiento?
Dudo que quepa poner fin al actual proceso de destrucción del Estado social de un modo abrupto. Las condiciones económicas que están sirviendo de pretexto para impulsarlo (deuda pública, recesión) no parece que vayan a desaparecer de un día para otro. Incluso una victoria electoral de las izquierdas, elemento indispensable para rectificar el rumbo, podría revelarse insuficiente para acabar de forma inmediata con él, pues el Gobierno resultante tendría que poner remedio a dificultades económicas que en ningún caso tienen solución indolora. Sin embargo, mudado el contexto económico y con una voluntad política ampliamente respaldada por la ciudadanía, recobrar la lógica del constitucionalismo social e incluso reforzarlo es algo que está a nuestro alcance.
¿Observa incapacidad en los políticos o intereses oligárquicos? ¿Existen otras causas?
En lo que usted denomina "intereses oligárquicos" y en los políticos que les sirven de mandatarios, observo más bien una considerable eficacia en la defensa de sus posiciones. Cierto es que existen políticos que dicen proponerse con sinceridad la defensa del Estado social y democrático. Acaso no adolezcan tanto de incapacidad como de falta de un proyecto global para el país. Da la impresión de que, cuando gobiernan y cuando están en la oposición, actúan en muchas ocasiones improvisando, respondiendo de forma instantánea a los desafíos que las circunstancias van presentando, es decir, actúan sin iniciativa, sin llevar la delantera y sin un programa completo y elaborado. Pero otras veces, como sugiere, da la sensación de que, prisioneros de las lógicas clientelares y reproductivas de la partitocracia, son incapaces de adoptar las medidas necesarias para la defensa del Estado social.
Naturalmente, otras causas están también en el origen de este proceso de desmantelamiento. Tienen gran importancia las de naturaleza cultural. El grado de hegemonía logrado por los principios del liberalismo económico, con su creencia en las leyes naturales del mercado como ejemplo insuperable de eficiencia, ha sido una de las condiciones que lo ha hecho posible. También ha jugado un papel decisivo la desmovilización ciudadana, el declive del asociacionismo y de la militancia de izquierdas, aunque en este aspecto no puede dejar de reconocerse el heroísmo y tenacidad de las decenas de miles de ciudadanos que se organizan y salen a las calles en defensa de nuestros servicios públicos.
¿Cómo debe actuar un ciudadano de a pie ante las circunstancias actuales? ¿Y las plataformas sociales, los grupos políticos minoritarios o los sindicatos?
Como lo están haciendo muchos: organizándose, movilizándose, protestando contra la agresión, denunciando la estafa e incluso facilitando medios materiales a las víctimas de los recortes y los desahucios. Con ello se crea un estado de opinión y una cultura de solidaridad y de defensa del Estado social que al menos logra frenar su destrucción. A la ciudadanía también le cabe crear espacios de cooperación, sobre todo de carácter económico, para ser menos vulnerables ante las prácticas del capitalismo. Pero como vivimos, al menos institucional y formalmente, en una democracia parlamentaria, aparte de las movilizaciones y la autogestión están las elecciones, y sería deseable que sirviesen para catalizar todas esas energías civiles de defensa del Estado social.
Por eso, las elecciones implican también exigencias para esos "grupos políticos minoritarios". El reto que deben afrontar es el de evitar su atomización y lograr organizarse en un frente social y democrático amplio, capaz de conquistar una posición determinante en la institución que legisla y aprueba los presupuestos generales.
¿Es insuficiente la respuesta de la sociedad civil? ¿Qué responsabilidad tiene en la situación vigente?
La respuesta de la sociedad civil, sobre todo en algunos casos muy conocidos, como la Marea Blanca o la PAH, está siendo admirable. Si tuviesen un apoyo más numeroso y extendido sus reivindicaciones tendrían un impacto mayor, claro está, pero no cabe despreciar lo mucho que han logrado.
Aunque a los ciudadanos de a pie les ha tocado el papel de víctimas en toda esta historia, soy de los que creo que muchos han -o hemos- tenido su pequeña cuota de responsabilidad en nuestro particular desastre: por ejemplo, cuando se ha hecho un uso abusivo y fraudulento de algunos servicios y prestaciones, cuando se incumplen las obligaciones fiscales o cuando se han dejado arrastrar por hábitos adquisitivos y de consumo irracionales.
¿Son inconstitucionales algunas de las medidas implantadas por el Gobierno en este contexto?
A mi juicio sí, aunque el actual Tribunal Constitucional pueda validarlas, hundiéndose con ello todavía más en el desprestigio. Un ejemplo evidente es la reforma laboral que, en la práctica, viene a eliminar la fuerza vinculante de los convenios colectivos impuesta por el artículo 37.1.
¿A qué elementos habría que darles prioridad por delante de la deuda general acumulada?
Con respecto a la deuda, en primer lugar sería conveniente una auditoría pública fiable, para conocer su procedencia y saber a qué atenernos. Seguidamente sería indispensable detener la actual conversión de deuda privada corporativa en deuda pública, recurriendo para ello a los mecanismos que ya posee el mercado para resolver situaciones de quiebra de entidades privadas. Y, por último, debería darse prioridad a los gastos que propician el crecimiento, como las inversiones, para colocarse así en posición de poder pagarla. En todo caso, los gastos que están en la base del modelo social, como los de sanidad, educación o pensiones deberían ser intocables. No se trata de ajustar esos gastos para cuadrar el presupuesto, sino de ajustar el presupuesto para garantizar esos gastos.
¿Es Europa más un problema que una ayuda en la coyuntura actual?
La actual política económica europea, más ortodoxa y radical incluso que la del FMI, es claramente una parte del problema. Sin embargo, la Europa social y la de la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza señala la vía de solución, que no es otra que la de los derechos individuales, políticos y sociales y la democracia. Por otro lado, acaso quepan vías de integración internacional alternativas a la actual UE, más coherentes con la fisonomía política y económica de los diferentes países y más decididamente sociales y democráticas.
¿Cómo se relacionan crisis institucional y crisis económica en su opinión? ¿Existe una causa-efecto? En este caso, ¿en qué dirección?
Están compenetradas, aunque en el origen de nuestra crisis pueden identificarse acciones políticas concretas. La crisis económica y sus consecuencias han puesto al descubierto el carácter defectuoso de nuestro diseño institucional; pero, a su vez, el mal funcionamiento de nuestras instituciones ha causado y agravado algunos de los males que padecemos. Baste pensar en el penoso papel jugado por los gobernadores de nuestro Banco Central, que nada hicieron por detener la burbuja del crédito aun a sabiendas de que se estaba produciendo y de que nos conduciría al desastre.
