La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha hecho público hoy su recurso de inconstitucionalidad contra la que denominan "mal llamada" ley de Protección de Deudores Hipotecarios. No obstante, sólo con los avales de 50 diputados o senadores o el de la Defensora del Pueblo esta medida podría llegar al Tribunal Constitucional.
Por eso, la portavoz de la plataforma, Ada Colau, ha señalado que ya se ha hecho llegar el escrito a todos los grupos políticos y a los diputados y senadores, a los que reclama que avalen "esta iniciativa de la sociedad civil". De momento, cuentan con el apoyo de IU, ERC y Compromís.
Además, el PSOE ha anunciado hoy que presentará un recurso contra la "ley antidesahucios" atendiendo la petición de la PAH, según fuentes parlamentarias socialistas, que aseguran que los servicios jurídicos del grupo han estudiado los argumentos legales elaborados por la PAH y han acordado presentar el recurso antes del 16 de agosto, cuando concluye el plazo fijado por la ley.
Hoy mismo, Ada Colau ha acusado al PSOE de querer "apropiarse" del recurso cuando en un primer momento, dice, "ni se habían planteado elaborarlo". Por eso, la portavoz considera que deben ser "los diputados personalmente quienes apoyen el primer recurso articulado desde la sociedad civil", para que los abogados que lo han elaborado, los de la PAH, sean los que lo defiendan.
Para la plataforma, la ley es "inútil", "no recoge los límites que apoyó la sociedad civil a través de la Iniciativa Legislativa Popular de la dación en pago" y "no soluciona el problema que está causando un sufrimiento intolerable a centenares de miles de familias y perpetuando la violación sistemática de derechos humanos".
Pero, además, el asesor jurídico de la plataforma, Rafael Mayoral, ha defendido que la ley "viola principios constitucionales y la legislación internacional en materia de Derechos Humanos". Sobre todo en seis puntos; permite los desalojos forzosos sin alternativa habitacional; viola la Convención de Derechos del Niño al dejar desprotegidos a los mayores de tres años; mantiene en la indefinición el Fondo Social de Vivienda; viola la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la protección de los consumidores; no protegue la igualdad de armas, puesto que las partes (quien desahucia y quien es desahuciado) no tienen los mismos recursos, y mantiene las ejecuciones extrajudiciales, las que realizan los notarios en lugar de los jueces.
