Un rechazo absoluto a cualquier medida de presión que pueda repercutir en los ciudadanos. Ese ha sido el mensaje que en la tarde noche de este lunes ha querido lanzar buena parte de la sociedad civil de La Línea de la Concepción (Cádiz), excepto el Partido Popular. Es su respuesta ante los últimos acontecimientos que se vienen produciendo en torno al llamado Contencioso de Gibraltar, y que en los últimos días se han encrudecido con el lanzamiento por parte del Gobierno gibraltareño de bloques de hormigón en aguas de la Bahía de Algeciras, que impiden faenar a los pescadores linenses, y el anuncio del Ejecutivo de España de tomar medidas tanto en el tránsito fronterizo como en relación a los gibraltareños que viven en suelo español.
PSOE, PA, Izquierda Unida, sindicatos, organizaciones empresariales y representantes tanto de los españoles que trabajan en Gibraltar (en torno a unos 8.000) como de los pescadores de La Línea -reunidos alrededor de la llamada Mesa de Gibraltar- se han reunido este lunes en el Consistorio linense para, tras un intenso debate, redactar un comunicado conjunto de cinco puntos que ha sido leído a su finalización por la alcaldesa del municipio gaditano, Gemma Araujo.
Entre otras cuestiones, los participantes en esta reunión han mostrado su rechazo a "cualquier medida de presión del Gobierno de España sobre el de Gibraltar, y viceversa, que repercuta en los ciudadanos". Asimismo, la sociedad local de La Línea de la Concepción ha reclamado que se retiren las colas de vehículos que "perjudican de forma inhumana tanto a niños, como a ancianos y enfermos" y ha instado a que el Ejecutivo del Peñón "como gesto de buena voluntad" retire los bloques de hormigón lanzados a las aguas de la Bahía.
En paralelo, los miembros de este ente entienden que toda actitud "generadora de tensión" llevada a cabo por cualquiera de las partes "incide de manera directa sobre la población linense y, principalmente, sobre los pescadores y armadores, comerciantes y trabajadores en Gibraltar". Es por este motivo que los firmantes de esta declaración solicitan un "esfuerzo" a los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar para exponer y, en su caso, resolver "los distintos problemas, discrepancias o malentendidos en una Mesa de Diálogo".
Por otra parte, instan al Gobierno de Gibraltar a que culmine la Normativa de Pesca que permita a los pescadores de la zona faenar con tranquilidad en los caladeros aledaños a la Roca y a que el Gobierno de España reconozca la "singularidad" de La Línea de la Concepción y arbitre "cuantas medidas sean necesarias" para generar empleo, infraestructuras y riqueza en este municipio gaditano.
Finalmente, los asistentes a este encuentro han invitado al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Gracía-Margallo, a que visite el municipio "para que conozca la realidad de La Línea antes de tomar medidas que nos afecten".
La postura del PP
Por su parte, el PP -que no ha estado presente en esta reunión- ha acusado al Consistorio linense y a su alcaldesa, Gemma Araujo (PSOE) de "venderse" a los intereses del Peñón y "hacerle el juego sucio" a Gibraltar. Su presidente en la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha asegurado que el único culpable de esta situación que viven Gibraltar y España es el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, al que acusa de cometer "un error histórico" y de pecar de "imprudente" por no medir las consecuencias de su actitud "intolerante".
Sanz ha resaltado que lo que hace el Gobierno de España "es cumplir sus obligaciones con los controles" y, en este sentido, ha afirmado que la reacción por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy es "adecuada y justa", frente "al gran acoso y provocación que están sufriendo los intereses españoles", especialmente los de los pescadores de la zona. Asimismo, el dirigente popular ha resaltado que el verdadero problema de los trabajadores españoles en el Peñón "es la discriminación que Gibraltar hace a los trabajadores españoles" y ha afirmado que el PP se va a comprometer "a defender ante Europa los intereses y los derechos de los trabajadores españoles de Gibraltar".
En la actualidad hay unos 8.000 españoles que trabajan en Gibraltar y unas 30.000 personas cruzan cada día la frontera por diversas cuestiones, tanto de índole turística como comercial. Desde que la pasada semana se iniciara una escalada en la tensión política entre la colonia británica y España, se han endurecido los controles que diariamente se producen en la frontera que divide ambos territorios por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que han provocado colas, en algunos casos, de más de seis horas de duración, tanto de entrada como de salida del Peñón.
Este hecho ha llevado a la Comisión Europea a anunciar que va a intentar mediar entre España y Reino Unido a buscar una solución a este problema después de las múltiples quejas recibidas por ciudadanos británicos y gibraltareños, fundamentalmente, aunque también ha reconocido el derecho español a realizar controles fronterizos aclarando, eso sí, que "deben ser proporcionales".
