La privatización de hospitales pone en manos de empresas miles de datos médicos personales que descansan en los sistemas de la sanidad pública. Historias clínicas de pacientes que pasan por el sistema de salud y que son accesibles para las sociedades que entran a los modelos de cesión del servicios implantados especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. El uso de esos datos preocupa a algunos.
El solapamiento de intereses viene al existir concesionarias que funcionan como aseguradoras privadas al tiempo que entran en la red pública. Esos datos sensibles quedan a disposición de empresas. La adjudicación de la actividad sanitaria en España está yendo a sociedades dedicadas a dar servicios -como son Capio Sanidad o Ribera Salud- pero también han entrado en el mercado aseguradoras como DKV o Sanitas -esta última está en pleno concurso para gestionar un hospital en Madrid donde ya dirige otro además del valenciano de Manises, ambos adquiridos mediante compraventa de acciones a la contratista original: Ribera Salud-. En la Comunidad Valenciana, además, están implantados en los departamentos de Atención Primaria.
"La cuestión es que una empresa como por ejemplo Sanitas, puede conocer los datos médicos de un potencial cliente a la hora de firmarle una póliza o determinar el precio de una prima porque está dento del sistema madrileño de salud", alerta el portavoz socialista de sanidad en Madrid -y antiguo consejero del ramo en el País Vasco- José Manuel Freire. En la Comunidad de Madrid, un sistema informático llamado Horus intercontecta a los hospitales de la región. Es necesario que cualquier historia sea accesible desde cualquier centro para satisfacer la ley de Libre Eleccion de Especialista implantada en 2010. Freire alerta de que las aseguradoras a las que la Administración cede el servicio hospitalario tienen acceso a esta fuente de información. El contrato del centro establece que "el adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los dados facilitados por la Consejería de Sanidad o sus Organismos dependientes como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Por otro lado, una aseguradora se dedica a vender pólizas para el sector privado sanitario. "Esto hace que trabaje a ambos lados e incluso que exista el riesgo de que pueda gestionar a sus asegurados tanto públicos como privados al mismo tiempo", incide Freire. Con esta alerta se refiere a, por ejemplo, posibles derivaciones de pacientes bajo su gestión al hospital público de dirección privada que reciba en concesión: "Cada tratamiento que le llegara desde zonas de Madrid que no sean de referencia de ese hospital suponen ingresos extra".
Sanitas se mantiene al margen de esta posible incompatibilidad de intereses. Un portavoz subrayó a eldiario.es que "la empresa cumple escrupulosamente con la legalidad vigente y las condiciones establecidas en los pliegos de adjudicación". Freire asegura que llevarán está "incompatiblidad" a los parlamentos autonómicos de Madrid y Valencia "además de al Congreso de los Diputados" para promover una regulación que obligue a las aseguradoras a "elegir el sector privado o público".
