El 8 de julio era la fecha clave: ese día era el fijado por la reforma laboral para que los convenios que estuvieran bloqueados perdieran vigencia y, con ellos, las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, en las últimas horas han tenido lugar varios acontecimientos que frenan la aplicación general de este precepto y allanan el camino a sindicatos y trabajadores.
Por un lado, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado su primera sentencia sobre la vigencia de los convenios tras la entrada en vigor de la reforma laboral. La sentencia considera que ese principio de caducidad no puede aplicarse de forma general e inflexible. "Destacan, con corrección, la importancia de analizar cada caso concreto y la cláusula que sea objeto de debate. No obstante, esta prudencia poco a poco va cediendo paso en la sentencia a la primacía del acuerdo de las partes sobre la vigencia del convenio, fuera adoptado antes o después de la reforma laboral, frente a la ultraactividad limitada de un año prevista por la reforma laboral salvo pacto en contrario", explica el catedrático del Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo Torrecilla, cuyo trabajo es mencionado explícitamente en la resolución de la Audiencia.
La sentencia apunta un hecho importante: si el convenio en cuestión contiene algún tipo de mención o cláusula en la que las partes manifestaran su voluntad de que este siguiera vigente una vez caducara (y hasta que se alcanzara uno nuevo), ese hecho prima sobre la caducidad que establece la reforma laboral. De hecho, la propia norma contenía ya una disposición en la que señalaba que la caducidad era general "salvo pacto en contrario" de las partes. Rojo Torrecilla subraya que la resolución analiza con detalle la doctrina laboral para pronunciarse finalmente a favor de dar prioridad al contenido del convenios.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, considera que esta decisión valida la tesis que los sindicatos han mantenido durante meses: "Demuestra que el deber de negociación permanece, que la negociación colectiva es un elemento imprescindible, y que los convenios no pueden desaparecer así como así. Va a servir para hacer camino".
Personal laboral de la Comunidad de Madrid
En línea con la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelar la decisión de la Comunidad de Madrid de dejar sin vigencia el convenio del personal laboral de la comunidad y sustituirlo por una mera declaración de varios puntos. Días antes del 8 de julio, el Gobierno regional manifestó su intención de dejar caer el convenio de su personal laboral, que amparaba a casi 30.000 personas. Sindicatos y comunidad llevaban desde 2005 intentando llegar a un acuerdo para suscribir uno nuevo. "La Comunidad no quiere negociar, dicen que las demandas salariales están por encima de las posibilidades de lo que pueden pagar y quieren eliminar mejoras sociales, como el abono transporte", aseguraba el secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO de Madrid, Francisco López.
CCOO y UGT presentaron una demanda de conflicto colectivo y, finalmente, la Sala de lo Social del TSJM ha anunciado la suspensión cautelar de la resolución de la Consejería de Presidencia que dejaba sin vigencia el convenio y restablece su aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Los sindicatos están satisfechos con la decisión y subrayan que el convenio contenía una cláusula que matenía su vigencia hasta que se pactara uno nuevo, es decir, la misma situación que el caso resuelto por la Audiencia Nacional.
No hay datos concretos sobre cuántos convenios contienen este tipo de pactos, pero los sindicatos aseguran que se trata de un número importante. El impacto de estas decisiones sería, por tanto, muy elevado. Falta, no obstante, una segunda sentencia de la Audiencia Nacional para sentar jurisprudencia.
Por otro lado, uno de los sectores que había anunciado su intención de dejar sin validez su convenio, el de oficinas de farmacia (de carácter estatal), ha cedido en las últimas horas y ha aceptado mantener sus condiciones laborales hasta que se llegue a un acuerdo para firmar un convenio nuevo. Sindicatos y patronales del sector han llegado a un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIM): el convenio se mantiene aunque se matizan algunas de sus cláusulas.
A juicio de Górriz, todas estas decisiones hacen que sea más necesario que nunca que el Gobierno revierta la reforma laboral: "Tanto en la negociación como en los tribunales se está viendo que el deber de negociar prima sobre cualquier texto que aparezca en el BOE".
