En los últimos meses, la ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Ana Mato, no ha dejado de estar presente en todas las portadas. La imputación de su exmarido, Jesús Sepúlveda, en la trama Gürtel ha situado a la ministra en el epicentro del debate. Y los más recientes recortes en materia de Sanidad, considerados más ideológicos que económicos, tampoco han ayudado a calmar los ánimos.
1. La reproducción asistida, sometida a "razones médicas"
A partir de ahora, ser mujer estéril será requisito fundamental para el acceso a un tratamiento de reproducción asistida. Y así lo indicó este martes la titular de Sanidad tras el Consejo Interterritorial con los delegados autonómicos con los que ha fijado la nueva cartera básica de servicios sanitarios. Según lo acordado, serán los problemas médicos los que determinen si una mujer puede acceder o no a estos servicios. Quedan fuera de la financiación pública las mujeres sin pareja o las lesbianas que, aunque sean fértiles, necesitan de estos tratamientos para poder ser madres.
La incorporación del requisito de esterilidad en la cartera de servicios básicos ha provocado el rechazo de algunas comunidades autónomas como el País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, además de diversas asociaciones de homosexuales. Según Mariano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, los tratamientos de reproducción asistida tienen un coste que oscila entre los 600 y 6.000 euros por ciclo, según la técnica. Cantidades que pueden resultar difíciles de asumir para una persona sola.
2. La retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles
Los inmigrantes han sido los peor parados con los recortes del Ministerio. En septiembre del año pasado se hacía efectiva la retirada de la tarjeta sanitaria a los 153.000 inmigrantes sin residencia legal en España. Según la normativa en vigor, solo tendrán acceso a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Cuatro comunidades autónomas -Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias-han seguido atendiendo sin restricciones a estos inmigrantes. El caso del senegalés Alpha Pam, privado del derecho a la asistencia sanitaria y fallecido por tuberculosis en Mallorca, se ha convertido en un símbolo de las consecuencias que la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la Sanidad Pública está dejando a su paso.
3. El 'hachazo' en dependencia
Las ayudas a la dependencia también han sido objeto del "recortazo" de Mato. Seis años después de su entrada en vigor, el desarrollo de la Ley de Dependencia ha retrocedido muy seriamente. Tras varios semestres de recortes sucesivos, el Gobierno asestó el hachazo definitivo en mayo, cuando colgó en su web el Plan Nacional de Reformas 2013 sin informar previamente por otro canal. De este modo se reveló el compromiso adquirido con la Unión Europea de recortar 1.108 millones de euros en dependencia. Una cantidad que es superior a la que Administración central tiene presupuestada para este año (1.087 millones). La Coordinadora Estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció el pasado 19 de julio frente al Ministerio de Sanidad la situación de "gravedad y agonía" que está sufriendo el sector.
4. Mayores de 26 sin cotización
Tras la aprobación del Real Decreto que dejaba sin asistencia sanitaria a los españoles mayores de 26 años que no hubieran trabajado o cotizado en la Seguridad Social -el mismo que establecía la retirada de la cobertura médica a los inmigantes sin permiso de residencia-, Mato se apresuró a negar que el paraguas de la Sanidad fuera a dejar de cubrir a estas personas. En aquel momento, la ministra afirmó que "ningún español iba a dejar de tener tarjeta sanitaria por dinero".
Sin embargo, esta reforma sanitaria es clara. Solo tendrán derecho a cobertura médica a cargo del Sistema Público de Salud los llamados "asegurados": trabajadores, pensionistas, desempleados con prestación o que ya la hayan agotado y se encuentren en búsqueda activa de empleo. El resto, siempre mayores de 26 años, "podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente". Este techo se fijó dos meses después en 100.000 euros anuales.
5. Las píldoras anticonceptivas más modernas, sin financiación
El próximo 1 de agosto es la fecha marcada por el Gobierno para dejar de financiar ocho píldoras anticonceptivas de tercera generación que estaban incorporadas en el paraguas de la financiación pública de 2011. Los anticonceptivos hormonales más modernos -como Dretine, Drosure, Drosiane, Liofora o Yira, cuyo precio oscila los 10 euros al mes- pasarán a ser de pago íntegro para el millón de mujeres que los utilizan en España. Tras el anuncio de esta determinación a prinicipios de julio, el Ministerio de Sanidad aludió a una necesaria "optimización de recursos" para acallar las voces que relacionaban esta decisión con motivos ideológicos.
6. Las políticas de igualdad no se salvan del 'recortazo'
La tijera del Gobierno tampoco ha tenido piedad con la igualdad y las víctimas de la violencia de género. Las políticas de igualdad han reducido en este año un 24% su prespuesto y los recursos para combatir la violencia machista han disminuido un 7%. A este tajo hay que sumar otro 22% en 2012, además de los recortes que muchas comunidades autónomas están aplicando a este tipo de servicios.
