Tres de las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias han secundado un comunicado en el que critican el Anteproyecto de Ley del Poder Judicial que ha aprobado el Gobierno. En el texto piden, además, que no se agilice el trámite de la "perjudicial" reforma con el objetivo de aforar al rey cuanto antes. Los representantes de los jueces advierten de que el cambio legislativo supondrá el fin de la "independencia judicial" y se muestran preocupados por el alejamiento que provocará en los ciudadanos repecto a la Administración de Justicia.
Las asociaciones firmantes -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura se ha quedado fuera- denuncian que la reforma planteada por Alberto Ruiz Gallardón "incrementa el número de aforados" y recuerda que en el resto de países europeos tienden a la eliminación de muchos de ellos. El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministrosamplió el aforamiento a los príncipes de Asturias y la reina.
"Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial", expresa el comunicado. Esta advertencia se produce en pleno debate sobre el aforamiento del monarca, que goza de inviolabilidad mientras es Jefe del Estado, pero no está regulado su estatus tras el abandono de la Corona.
Los firmantes consideran que la independencia judicial también desaparecerá debido a la introducción de la "jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento". Hasta ahora el Tribunal Supremo solo podía dictar jurisprudencia sobre delitos penados con más de cinco años de prisión. La reforma de Gallardón amplía la capacidad del alto tribunal, que podrá pronunciarse sobre cualquier asunto recogido en el ordenamiento jurídico y dictar jurisprudencia vinculante.
Las tres asociaciones judiciales consideran que la independencia judicial quedará así sometida "a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano".
En esa línea, consideran que la reforma que debe someterse a la tramitación parlamentaria acaba con la "democracia interna" y con la "participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial".
La creación de un órgano colegiado de tres jueces para instruir causas de especial relevancia tampoco convence al considera que retrasará aún más la acción de la Justicia y que "no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción".
Otras de las críticas se refieren a la prohibición a los jueces de hablar de asuntos que estén judicializados. Esa limitación de la libertad de expresión es, a su juicio, "gratuita, innecesaria y sin justificación razonable". "Refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía", sentencia el comunicado.
