Cuando salta la noticia de que el Rey abdica, cierta convulsión interior afectó al lacerado cuerpo del PSOE. Enseguida se vio venir el escenario inmediato. Sobre el telón de fondo de una sociedad oscilante entre la perplejidad y la desafección, derecha e izquierda ejecutan sus papeles: la derecha política apuntalando de inmediato una institución monárquica amenazada de ruina, y la izquierda acentuando en tal coyuntura su poner en cuestión la Corona y su función. Así, los temblores del PSOE no se deben a otra cosa que a la temerosa conciencia de estar atrapado entre esas dos posiciones, en un terreno resbaladizo en el que ha de evitar la caída guardando un difícil equilibrio entre ellas. Sus dirigentes entrevén que partidos de izquierda le van a criticar duramente por alinearse con el PP en defensa cerrada de la monarquía, a la vez que buena parte de sus bases van a aproximarse a posiciones coincidentes en la reivindicación de la república. No obstante, en la dirección del Partido Socialista dura poco el escalofrío, pues se combate a base de sobredosis de actuación institucional glosando la figura del Rey y ensalzando su papel al servicio de la democracia. ¿Sólo sobredosis de actuación institucional o también de vértigo ante la incertidumbre y de miedo a la democracia?
No cabe duda de que hay que reconocer como se merece el papel del Rey Juan Carlos en la transición política de la dictadura a la democracia y en la consolidación de ésta. Pero, igualmente, hay que levantar acta no sólo de lo que se ha erosionado su figura y la misma Corona como institución, a causa sobre todo de la corrupción habida en su entorno, sino también del déficit de legitimidad que arrastra la institución monárquica por cuanto nunca se sometió a referéndum la alternativa entre monarquía y república en lo que a la forma de Estado se refiere. Es ese déficit el que en algún momento debe verse subsanado y qué mejor que hacerlo en el marco de un proceso constituyente en el que tal referéndum se celebrara en el momento adecuado. Así se podrá reconstruir un pacto constitucional que debe renovarse a fondo, recogiendo otras muchas cuestiones que la dinámica de la realidad política española ha ido poniendo sobre la mesa de forma ineludible: reconfiguración del Estado como Estado federal plurinacional, diseño del Senado como cámara territorial efectiva, definición del Estado como laico, reconocimiento de derechos sociales más claramente protegidos, así como una nueva fórmula para el artículo 135 que revierta los efectos de la reforma que del mismo se hizo en términos de injustificable cuña neoliberal en nuestra Carta Magna. La alternativa monarquía o república como forma de Estado no es, por tanto, algo que deba verse aislado de todo lo demás, sino que la definición constitucional en torno a esa cuestión ha de situarse en el marco de una concepción republicana de la democracia. Ésta, por lo demás, empieza por un concepto de ciudadanía con el acento puesto en el ejercicio activo de los derechos políticos, es decir, una ciudadanía crítica y participativa.
La actuación responsable desde la instituciones por parte de los dirigentes del PSOE -por lo demás actualmente en evidente situación de interinidad en el caso de su todavía secretario general, tras anunciar su retirada y convocar congreso extraordinario-, no debe verse como incompatible, sino todo lo contrario, con una acción política desde el partido en su conjunto que parta de la confianza en la madurez democrática de la ciudadanía española para impulsar los cambios políticos de calado que nos son tan necesarios. Concretamente, se trata de que la ciudadanía se pronuncie en referéndum sobre la forma que considere más idónea para nuestro Estado y su futuro en el largo plazo: monarquía o república.
El PSOE, a la vez que debe dar muestras de su confianza en la ciudadanía, ha de asumir consecuentemente y sin miedos su tradición republicana. La memoria republicana del socialismo español no puede ser mero adorno que ilustre las referencias al pasado, por más que algunos quieran reducirla a elemento ornamental sin efecto político alguno. Esa memoria republicana, que es la que se vincula al recuerdo de muchos que dieron su vida por la democracia y las libertades, y que es la que a tantos acompañó en el exilio, es también la que debe nutrir las esperanzas puestas en la democracia de un Estado que tiene que poner al día sus instituciones. Para ello, democráticamente hay que activar la participación de la ciudadanía, la búsqueda de nuevos consensos entre las fuerzas políticas y las reformas a llevar a cabo desde el más escrupuloso respeto a la legalidad. Muchos tendremos las miras puestas en una república que deje atrás las anacrónicas insuficiencias de una monarquía que siempre tiene difícil justificación desde la lógica igualitaria que implica la democracia como sistema político. Por lo demás, bien puede tenerse presente, por su especial pertinencia, lo que dejó escrito Kant como sentencia muy esclarecedora sobre el tema que nos ocupa: "Lo que un pueblo no puede decidir sobre sí mismo, tampoco puede decidirlo el legislador sobre el pueblo". Es decir, para legislar sobre la monarquía , hágase posible que el pueblo se pronuncie sobre ella.
