El pasivo total (deudas) que acumulan las administraciones públicas españolas supone el 112,2% del valor de la economía española. La cifra, que nos situaría entre las economías endeudadas de Europa, se reduce drásticamente al "consolidar" las deudas, esto es, descontar el efecto de lo que se deben unas a otras las distintas administraciones. Según el Banco de España, las administraciones públicas (la central y comunidades autónomas además de la Seguridad Social) se deben el equivalente al 21% del PIB, unos 240.000 millones de euros. Una vez descontado este efecto, el nivel de deuda total se situó en 2012 en un 90,8% del PIB.
El supervisor financiero ha publicado estas cuentas dentro de su último Boletín Económico en el que detalla el tipo de deuda viva que tenía la administración a final del año pasado. Estas cifras no incluyen a las empresas públicas que se logren financiar con al menos un 50% de sus ingresos por ventas en sus negocios. En total, estas empresas acaparan una deuda total del 5,1% del PIB español.
El Banco de España también detalla el montante de deuda que las administraciones han avalado. Una cantidad que no aparece en el pasivo como tal (ya que está reflejada en el que contrae la deuda en primer término) pero que en caso de impago sí tendrían que computar ya que la administración correspondiente respondería por esta deuda. En total, el sector público española ha avalado el equivalente al 17% del PIB. La práctica totalidad de estos avales se ha realizado en el sector financiero, bien de forma directa, bien mediante el fondo de rescate europeo o al banco malo. Además, el efecto de las operaciones realizadas con el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), el brazo financiero del Estado, suponen el equivalente del 4,3% del PIB.
Dentro de los esfuerzos realizado por el Estado para financiarse, se recoge también el coste en deuda de las líneas especiales de rescate con las que Hacienda ha facilitado a las comunidades autónomas el pago a sus proveedores. En total, solo en 2012, dotar esta línea supuso emitir deuda por un 2,7% del PIB. Con todo, la metodología usada libera también al Estado de computar los créditos comerciales como deuda a efectos de supervisión por parte de Bruselas en los procesos de déficit excesivo. Esta deuda comercial suponía en 2012 alrededor del 6% del PIB.
