"Si ya es el mayor punto negro del litoral español, será aún más evidente". Cerca de cien activistas de Greenpeace han entrado en el Hotel El Algarrobico, el enorme edificio inacabado levantado en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, para pintar un círculo negro de 8.000 metros cuadrados sobre su fachada. El objetivo es claro: exigen la demolición del gigante de 21 plantas que desde la paralización cautelar de sus obras en 2006 continúa a 14 metros de la orilla a la espera de la decisión definitiva.
La entrada ha sido muy tranquila. Se ha producido alrededor de las 7.15 horas, y el único guardia de seguridad presente no ha podido frenar a los cien activistas, aunque no se han producido incidentes. Minutos después ha aparecido la Guardia Civil y ha comenzado a efectuar identificaciones de algunos de los activistas presentes en la zona. Tres coches del Instituto Armado y cinco agentes se encuentran desplegados en una de las entradas del hotel, que desconocen el número de miembros de Greenpeace que han realizado la acción.
Hasta las inmediaciones del hotel también se han acercado varios vecinos de Carboneras, localidad en la que está situada el hotel, para rechazar la acción de Greenpeace y acusar a los activistas de ir "contra los intereses turísticos" de la zona.
El Algarrobico es el mayor símbolo de la lucha ecologista contra la "impunidad con la que se hace prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental" en las costas españolas. A primera hora de la mañana los activistas de la organización se han introducido en el hotel de 411 habitaciones cargados de pintura negra y pancartas que solicitan el derribo inmediato del edificio. Una vez distribuidos por diferentes pisos del edificio, se han puesto manos a la obra: brochazo tras brochazo, solicitan el fin del enrevesado cerco judicial en el que se encuentra inmerso.
Se trata de la acción más numerosa de la historia de Greenpeace España. Y es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de finales de marzo colmó el vaso de su paciencia. Tras 20 pronunciamientos que declaraban la zona como no urbanizable, el mismo juzgado falló lo contrario y aseguró que el terreno de El Algarrobico y sus alrededores son edificables. La Junta de Andalucía y la organización ecologista han anunciado que recurrirán esta sentencia. Fallo, recurso, y vuelta a empezar.
Desde Greenpeace denuncian la indiferencia de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Medio Ambiente que, según aseguran, se escudan en el proceso jurídico para retrasar la demolición del hotel. Este sábado, las declaraciones del vicepresidente andaluz reforzaron su teoría. Preguntado por el futuro de El Algarrobico el mismo día en el que cerca de cien personas se manifestaban en la ciudad de Almería por su demolición, Diego Valderas afirmó que el ejercicio del derecho de retracto -que daría al estado la propiedad del suelo sobre el que se levanta el polémico edificio- sería el "último movimiento" si, con anterioridad, no se solucionan los pleitos judiciales en los que se discute su legalidad.
En este sentido, Greenpeace exige a la Junta de Andalucía que se utilice esta vía como "primer movimiento". También solicita que "ejecute las sentencias del TSJA dictadas en diciembre de 2013" y que declare públicos los terrenos donde se ubica el hotel. De esta forma, pide al Ministerio de Medio Ambiente que "aplique la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que le capacitan para ordenar inmediatamente el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa".
La promotora de la edificación, Azata del Sol, comenzó a construir El Algarrobico en 2003 sobre un suelo -situado en un parque natural y a menos de 100 metros de la costa-, recalificado como urbanizable por el Ayuntamiento de Carboneras. "Si la administración permitió que se edificase sobre estos terrenos, ya se decidirá cómo deberá indemnizar a la empresa pero esta no es excusa para mantener un hotel ilegal por más tiempo", denuncian desde la ONG.
No es la primera vez que Greenpeace se introducen en El Algarrobico. La organización repite con la convicción de que se trata de un espacio público, ya que el Tribunal Supremo ratificó la orden ministerial que fijó en 2005 la protección de la Ley de Costas en 100 metros de la orilla. Varias zonas del edificio se encuentran a 14 metros del mar. Bajo estos argumentos, los activistas también destacarán en letras blancas sobre el enorme punto negro el mensaje que plasmaron en una de las cinco acciones anteriores efectuadas en este edificio: "Hotel ilegal".
