La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se mantiene reunida este jueves a petición del vocal Álvaro Cuesta, quien ayer por la tarde presentó un escrito solicitando una convocatoria urgente para exigir al Ministerio del Interior que autorice la visita de un grupo de jueces y fiscales la visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas, o argumente su negativa, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.
Antes de Cuesta, las vocales Roser Bach y Concepción Sáez habían presentado otro escrito para que la Comisión Permanente solicitara a Interior que reconsidere su decisión de no dejar entrar al CIE a los participantes del Foro de Inmigración, que organiza conjuntamente el CGPJ y el Gobierno de Canarias. Bach y Sáez apelaban a “los principios de colaboración y cooperación que deben presidir las relaciones entre instituciones del Estado”. Asimismo recordaban que el objeto de la visita, prevista para hoy, es “ampliar la formación” respecto al fenómeno de la inmigración de los participantes en el Foro.
La convocatoria de la Comisión Permanente, sin embargo, debe ser solicitada por uno de sus miembros, por lo que fue necesario la presentación del escrito de Cuesta. Dicha comisión se reúne todos los jueves, pero en el día de hoy se había pospuesto por diferentes actos a los que tenían que acudir sus vocales.
Está por ver si en la reunión, que ha comenzado a media mañana, los vocales conservadores apoyan que el CGPJ solicite a Interior que autorice la visita esta tarde. En ese caso sería la segunda vez en dos semanas que el órgano de gobierno de los jueces se dirige al departamento de Jorge Fernández Díaz para pedir explicaciones.
El pasado 23 de abril, todos los vocales acordaron por unanimidad exigir a Interior que aclare el testimonio en sede judicial de dos policías de Barcelona, quienes aseguraron haber redactado un informe sobre los jueces que apoyaron la consulta soberanista a petición del comisario jefe de la Brigada de Información.
Para negar la visita al CIE, Interior escribió una breve nota al Gobierno de Canarias asegurando que sentía no poder autorizar la visita, “pues además de no tener amparo legal para su concesión, los informes solicitados al respecto a las autoridades competentes en la materia, han desaconsejado que se autorice la solicitud efectuada”.
