El registro de la sede de Adif en Barcelona situada en la estación de La Sagrera ha concluido pasadas las 5 de esta mañana, tras casi 24 horas desde que agentes de la Guardia Civil entraran en estas dependencias a la busca de documentación relacionada con una presunta trama de corrupción en la construcción del AVE.
Un portavoz de la Guardia Civil ha informado a Efe de que, no obstante "sigue abierta", la denominada "Operación Yogui", por la que han sido detenidas nueve personas, entre ellas dos altos cargos de Adif.
En la operación, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero pasado, se investiga si directivos de la contratista Corsán se concertaron con altos funcionarios públicos del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos -cinco en Madrid y cuatro en Barcelona- alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos de las obras, falsearon después las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.
Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsán de unos 6 millones de euros.
En la operación se han practicado hasta el momento once registros, seis en distintas sedes de la empresa Corsán y de Adif en Barcelona y Madrid, así como en cinco domicilios particulares de los principales implicados.
En los registros, en los que se ha intervenido abundante documentación, los agentes han buscado archivos en los que supuestamente se prepararon los artificios para falsear las mediciones técnicas y posteriormente disimular esta alteración.
También se han buscado los documentos oficiales en los que se plasman estos proyectos, que tendrían que haber elaborado los funcionarios de Adif imputados, ante la sospecha de la fiscalía de que no se incorporaron al expediente administrativo de las obras, que ya está en fase de liquidación final.
Además, los agentes han buscado documentos que puedan revelar las posibles dádivas económicas en favor de los funcionarios de Adif, para sumarlos a los que ya obran en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que ha decretado el secreto del sumario.
