El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de hacer creer el pasado 15 de julio que desde que el PP llegó al Ejecutivo todo sigue igual en la investigación del caso Gürtel porque, según dijo, no ha habido cambios: "La mejor prueba es que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la Administración tributaria que interviene en este caso son los mismos que lo llevaban antes de la formación del actual Gobierno".
Los hechos demuestran lo contrario. Un ejemplo es la destitución del máximo responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Víctor de la Morena, así como de los restantes miembros de su equipo.
Otra de las solemnes afirmaciones de Rajoy, al ser preguntado por el caso Bárcenas, durante su rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco fue que "ni se ha producido, ni se va a producir ningún tipo de sugerencia o presión ni a la Administración de justicia, ni a la tributaria, ni a la Policía Judicial"
De la Morena llevaba el peso de las pesquisas sobre Gürtel cuando fue relevado de su cargo, en marzo de 2012. Los otros cinco jefes de su departamento en la ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria, también fueron destituidos con la llegada del ministro Cristóbal Montoro a la cartera de Hacienda.
De hecho, hasta el desembarco del PP, los cambios de signo político en el Gobierno solían afectar al jefe de la ONIF pero nunca a sus subordinados. En este caso, fue el quinteto de jefes de equipo.
Las palabras de Rajoy, al asegurar que todo seguía igual en el terreno de las personas encargadas de investigar el caso de corrupción que afecta al PP, sembraron malestar en ámbitos tributarios y policiales cercanos a la Fiscalía Anticorrupción, según diversas fuentes consultadas por eldiario.es, que recordaron los cambios y destituciones ocurridas. Cabe mencionar también el cese del que fue comisario jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), José Luis Olivera, mando policial que se encargaba del día a día de Gürtel.
Interior prescindió de Olivera en julio de 2012, tras haberle acusado el PP, desde la oposición, de haber llevado a cabo escuchas ilegales para controlar a cargos del partido. Desde Génova 13, siempre sin aportar pruebas, se denunció revelación de secretos y filtraciones desde la unidad que comandaba el excomisario de UDEF. Aún se recuerdan las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando en agosto de 2009 habló de escuchas ilegales desde la Policía a miembros de la formación política conservadora. Nunca aportó prueba alguna. El superior directo de Olivera como jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, Juan Antonio González, también fue destituido por el Ejecutivo de Rajoy al llegar al poder.
Los cargos de la ONIF que fueron relevados no sólo se encargaban del caso en el que están imputados numerosos cargos del PP en distintas comunidades autónomas, sino también de asuntos tan relevantes como el fraude de Forum y Afinsa, destapado por ellos en exclusiva; el caso Noós, que tiene como principal protagonista a Iñaki Urdangarin, el caso de las cuentas en Suiza de Emilio Botín y el sumario de Nueva Rumasa, ente otros.
Cuando la citada cúpula de investigadores de Hacienda fue apartada de sus cargos, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió explicaciones al ministro Montoro. El dirigente socialista recordó que Víctor de la Morena y su equipo habían conseguido el afloramiento, sólo en un año, de 10.000 millones provenientes del gran fraude fiscal.
La ONIF trabaja directamente a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y está formada por una plantilla de unas 200 personas, en su mayoría inspectores de Hacienda. La mecánica que siguen es elaborar informes que no son judicializados hasta que no lo decide el Ministerio Público, cuando aprecia indicios de delitos tales como blanqueo de capitales y fraude, entre otros.
Las fuentes consultadas siempre han atribuido los ceses en la ONIF a Pilar Valiente, nombrada jefa adjunta de dicho organismo, lo que equivale al número dos. Ella es conocida de sobra por su antiguo papel como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en tiempos de Aznar. Se vio obligada a dimitir al verse envuelta en las sospechas de trato de favor a los implicados en el escándalo de Gescartera, la agencia de valores de la que desaparecieron más de 120 millones de euros y que registró más de 200 afectados, entre ellos mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas.
