El Ejecutivo ha remitido a Bruselas un ambicioso plan de reformas en el que detalla las medidas que se implementarán a lo largo de este año y el que viene con una cuantificación de su impacto económico. A lo largo de dos extensos documentos (la presentación de este plan es de obligado cumplimiento), el Gobierno detalla las reformas aprobadas y su aportación al empleo y la actividad económica.
Aunque la reforma laboral ya se aprobó en 2012, sigue siendo una de las medidas estrellas del Ejecutivo a la hora de remitir el plan. El Gobierno cree que sus efectos continúan en el tiempo y que se dejarán notar a una década vista. Según sus cálculos, facilita la expansión de la demanda agregada, incentivando la creación de empleo desde el primer momento, si bien estos efectos se van haciendo más intensos según transcurre el tiempo. En el largo plazo se observa una diferencia positiva de 4,74 puntos porcentuales de crecimiento de PIB a favor del escenario con reforma y del 10,34% en el número de ocupados. Es decir, gracias a la reforma laboral el Gobierno le dice a Bruselas que se contratará a un 10% más de empleados en España.
Estos aparentes efectos beneficios no evitarán que la legislatura se sale con un descenso de la ocupación, es decir, Rajoy acabará su primer mandado con menos españoles trabajando de los que había cuando llegó. Según las propias previsiones que hizo ayer el Ejecutivo, habrá casi 600.000 trabajadores menos en España que cuando llegó el PP.
Siguiendo en el mercado laboral, la tarifa plana de domento de contratación indefinida tendrá efectos a corto sobre el PIB muy limitados con una aportación a la actividad económica del 0,07% y el empleo 0,10% que equivale a poco más de 10.000 empleos a tiempo completo. Además, no apunta efectos a largo plazo. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el aumento de la contratación indefinida impulsa la productividad, los efectos serían más positivos. Siempre según las estimaciones del Ejecutivo, a corto plazo se registrarían mayores incremen tos del PIB (0,14%) y del empleo (0,17%), y a largo plazo perdurarían los efectos sobre el PIB (0,14%), aunque se disiparían los que actúan sobre el empleo. Teniendo en cuenta que el coste de la medida para las arcas de la Seguridad Social se acerca a los 2.500 millones de euros (0,25% del PIB), no parece una propuesta con gran efectividad.
El Ejecutivo asegura que ha puesto dos medidas en marcha para mejorar la recaudación de la Seguridad Social que operarán este año. Por un lado, la autoliquidación de las cuotas (será la Administración la que haga el cálculo) y eliminar el pago de la indemnización con el Fogasa para pymes. Estas dos medidas supondrán que en las arcas de la Seguridad Social entrarán 3.000 millones de euros entre 2014 y 2015. Al menos 2.000 millones serán el primer año.
En cuanto a la reforma de las pensiones, como consecuencia de la prolongación de las vidas laborales y el retraso de la edad de jubilación efectiva se produce un cambio apreciable en la tasa de participación, que tiene un efecto positivo sobre el empleo y el PIB. Así, el empleo mejoraría un 1,9% y el PIB un 1,8% respecto de los niveles proyectados para 2060 en ausencia de reforma. En 2023 se estima un efecto del 0,8% tanto en el empleo como en el PIB.
La prima baja por la acción de Rajoy
En lo relativo a los efectos de la reforma financiera, en 2012 y 2013 las ayudas financieras públicas han alcanzado un importe de 50.196 millones de euros. El Gobierno estima un impacto de reducción de la prima de riesgo de 171,4 puntos básicos, que puede suponer un incremento del PIB del 0,83% a cordo plazo y del 2,22% en el largo plazo. El Ejecutivo no parece tener en cuenta que la prima ha bajado en todos los países periféricos, algo que los expertos han atribuido a la acción del Banco Central Europeo que ha calmado a los mercados al garantizar su decisión de actuar.
El aumento de la disposición en las líneas del ICO sería positivo en términos de PIB (0,07% en 2014) y empleo (0,03% en 2014) gracias a sus efectos sobre la inversión. También a largo plazo (2024) el PIB (0,13%) y el número de ocupados (0,02%) son superiores a sus niveles de partida.
El anteproyecto de ley para el fomento de la financiación empresarial, que permite reducir la dependencia de las empresas del canal de crédito bancario propiciará aumentos del PIB (0,17%) y del empleo (0,18%) que mejoran a largo plazo, tanto para el PIB (0,58%) como para el empleo (0,18%).
Asimismo, la norma por la que se regulan las entidades de capital riesgo, que permitirá contribuir a la diversificación de fuentes de financiación del tejido productivo propiciará un aumento del PIB (0,01%) y del empleo (0,01%) este año. En diez años, permanecen los efectos sobre el PIB (0,18%), aunque se disipan para el empleo.
Reformas que no ven la luz
El Ejecutivo ha cuantificado de nuevo las reformas que ya envió el año pasado en el plan pero que por su complejidad no están aprobadas y de hecho han encallado en el proceso legislativo.
Por un lado está la ley de desindexación, esto es, que los precios del Estado estén desligados del IPC, que el Gobierno estima que aportará al PIB del 0,41% a corto plazo, así como un impacto positivo sobre el empleo del 1,05% en un año.
La Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo a Emprendendores, que duerme desde hace meses en el Consejo de Estado, dice que ofrecerá un impacto positivo sobre el PIB a corto plazo del 0,35% y del 0,19%, respectivamente. El real decreto ley de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial tendrá un efecto positivo sobre el PIB equivalente a un 0,27%.