Lo que era un problema local se ha convertido esta semana en un problema regional, si no nacional, con la mayor crisis de gobierno protagonizada por PSOE e IU desde que hace dos años pactaran gobernar Andalucía en coalición. La solución para las familias que ocupaban el inmueble conocido como Corrala Utopía en Sevilla ha reabierto una crisis en toda regla en el Gobierno, después de que IU, que controla la Consejería de Fomento y Vivienda, hubiera comenzado la tarde del miércoles a entregar llaves de VPO de su titularidad a estas personas que fueron desalojadas el pasado domingo por la Policía Nacional.
La mañana de este jueves ha comenzado con una reunión del comité de enlace de los dos socios para debatir sobre esta crisis. La reunión ha empezado poco antes de la 10.00 en el Parlamento de Andalucía y se ha suspendido una hora después para atender "las obligaciones de la agenda", dado que este jueves está teniendo lugar la segunda sesión del pleno. En la reunión participan el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el vicepresidente y titular de Relaciones Institucionales y Administración Local, Diego Valderas; el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo; el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo; y los portavoces parlamentarios de las dos formaciones, Mario Jiménez (PSOE-A) y José Antonio Castro (IU).
La crisis se desató cuando desde Presidencia mandaban parar la medida por las dudas legales que ha despertado en el PSOE-A el proceso que se estaba siguiendo. El desafío ha terminado con un golpe sobre la mesa de la presidenta Susana Díaz, que este jueves emitirá un decreto retirando "provisionalmente" las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida a sus socios, una medida sin precedentes y que deja en minucias todos los amagos de crisis de estos dos años de legislatura. Lo que no han conseguido la negociación de los prespuestos, el impuesto a grandes superficies, el banco de tierras o el decreto para garantizar suministros básicos, lo ha logrado la Corrala Utopía. Crisis.
En este contexto, el comité de enlace entre PSOE e IU se encuentra reunido en la mañana de este jueves, desde poco antes de las 10.00, para analizar la situación que se ha creado en el Gobierno andaluz.
Oficialmente, tanto PSOE-A como IU insisten en que la situación se puede reconducir y que no supondrá la quiebra del pacto que firmaron hace dos años, pero en el PP-A se frotan las manos con la posibilidad de que se cumplan sus pronósticos sobre ruptura y un adelanto de las elecciones autonómicas que llevan reclamando (con la boca pequeña) desde hace meses, incluso cuando no tenían candidato. En este contexto, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, continúa sin aparecer en escena. Como telón de fondo, unos comicios a la vuelta de la esquina -después de dos años sin cita con las urnas- y, sobre el escenario, la cuestión de la vivienda, quizá el segundo mayor problema de la ciudadanía tras el paro y uno de los derechos enarbolados por IU durante su mandato.
Cuatro días para una crisis
Sin embargo, la distancia no se ha impuesto por arte de magia este miércoles. El desalojo sorpresa de la Corrala sevillana el pasado domingo cuando, según fuentes de la negociación, se estaba a las puertas de una solución, ha precipitado una serie de tiras y aflojas que han desembocado en la crisis abierta del Gobierno.
El lunes, representantes de Fomento se personaban con un golpe de efecto en el Ayuntamiento de Sevilla para solicitar la cesión de inmuebles municipales para el realojo provisional de las familias de Utopía, mientras las familias permanecían acampadas a la puerta del Consistorio.
La respuesta negativa del alcalde, Juan Ignacio Zoido, y las dudas legales expresadas llevaron a IU a acusar a Zoido de "boicotear" las soluciones teniendo viviendas vacías de sobra; y a Susana Díaz a responder el martes a los requerimientos del regidor con una carta en la que aseguraba que "como presidenta de la Junta de Andalucía, no admitiré ninguna solución al problema que no suponga un escrupuloso respeto a la ley de manera clara y rotunda". Trasladaba también al regidor que le daría "cumplida información" de la respuesta obtenida por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda. Ese mismo día, según fuentes socialistas, Díaz habría hablado con el coordinador de IU Antonio Maíllo haciéndole saber sus reticencias.
Pese a ello, en la mañana del miércoles 9, con un comunicado oficial, Fomento anunciaba la intención de la Consejería de realojar de forma provisional a las familias de Utopía en el parque público de viviendas o, en su defecto, en viviendas alquiladas por la Administración. Y a partir de ahí la secuencia de declaraciones se ha acelerado y precipitado.
Presidencia ha rectificado la medida de Fomento argumentando dudas legales al respecto, entre otras, la posible prevaricación si se llevaba a cabo el realojo "saltándose las listas de adjudicaciones". El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, explicaba abiertamente que el camino elegido "no es el correcto", tal y como "han constatado los propios servicios jurídicos" de la Administración, dada la obligación de no modificar "el orden legítimo de las listas de adjudicación".
IU se ha enrocado en el cumplimiento del auto del juzgado que ordena a las administraciones a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social", negando un posible efecto "llamada" de la medida ("tendrían que venir con mandato judicial también").
De hecho, hacia las 9 de la noche de este miércoles representantes de Fomento se han presentado en la Plaza Nueva, donde estaban acampadas las familias, para dar la noticia de que se iniciaba el realojo y enseñando algunos pisos a las mismas. Un par de horas después, fuentes del Gobieno anunciaban que la presidenta firmará un decreto para la retirada provisional de competencias y la apertura de una investigación interna sobre el procedimiento para la adjudicación de viviendas . Pese al anuncio sin precedentes de esta medida drástica, fuentes cercanas a las familias mantenían de madrugada que se habían repartido las llaves de diez pisos tras la reunión mantenida en la sede de la CGT y que se les había emplazado a estar en la Consejería por la mañana para firmar los contratos. El pulso pues no ha terminado.
Del "es transitorio y urgente" al "no es lo correcto"
"IU se resiste a desaprovechar esto para rentabilizarlo porque es un tema muy sensible", manifestaban fuentes del PSOE-A, en referencia a un pulso originado por una corrala constituida hace casi dos años y símbolo del empoderamiento de la ciudadanía que es donde la coalición de izquierdas "no quiere perder su nicho de votantes frente a los nuevos partidos que están naciendo". De hecho, detrás de esta ocupación -lo llaman "realojo" de familias que habían sido desahuciadas o estaban a punto de serlo- de un bloque de pisos situado en la avenida Juventudes Musicales de Sevilla se encuentra el movimiento 15M y PAH, como uno de los grandes soportes para un colectivo liderado sobre todo por mujeres, madres de familia que se resistían a verse en la calle con sus hijos.
La coalición de izquierdas ha continuado adelante con su empeño de realojar a las ya 18 familias que habitaban todavía la corrala hasta que fueron echadas el fin de semana, bajo la premisa de que es una salida "transitoria" y de "urgencia", amparada por un "mandamiento judicial".
IU no quiso retroceder tras haber anunciado poco antes del mediodía del miércoles que iba a entregar viviendas protegidas a estas personas pese a que, después del comunicado en el que Fomento confirmaba esta solución, se ordenó desde Presidencia parar el proceso y vincularlo a un estudio previo de cada caso por parte de los servicios sociales. Todo para garantizar que no se estaba optando por una medida que suponía dar la razón a los que "dan la patada a una puerta" y saltarse la lista de espera del registro municipal de demandantes, que era precisamente lo que el día anterior había esgrimido el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), para rechazar la propuesta.
Desde Fomento insistían todavía la noche del miércoles en que se cumple el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla -el mismo que el pasado 25 de febrero ordenó el desalojo del inmueble propiedad de Ibercaja. Las mismas fuentes confirmaban que la consejería asumía el realojo "de las familias en situación de exclusión social acreditada o con menores, tal y como exige el auto" y que "continuará en los próximos días el proceso". Eso, claro, antes de que se conociera la decisión de la presidenta de retirarles las competencias.
Pese a la contundencia de las declaraciones de ambas partes, tanto IU como PSOE insistían en que no había ninguna crisis, sólo una "incidencia puntual". "Es el momento de rectificar, de dar marcha atrás y de empezar un camino correcto que dé una solución dentro del marco de la ley", señalaba el portavoz del Gobierno andaluz. En este sentido, instaba a "poner el cuentakilómetros a cero para buscar la fórmula adecuada" que dé una solución a esas personas, dentro del "estricto cumplimiento de la ley". Añadía, además, que la Junta, como siempre, "va a atender a los menores y a las personas en riesgo de exclusión a través de los servicios sociales", lo que "no va a modificar, desde luego, el orden legítimo de las listas de adjudicación de viviendas sociales", porque también hay cientos de familias que se encuentran en una situación de exclusión y de gravedad que ya tienen unos derechos consolidados, matizaba.
Fuentes de la Junta cifraban este miércoles en "más de 10.000 las personas esperando viviendas en estos momentos en Sevilla y que ya tienen unos derechos contraídos".
El regocijo de los populares
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Sevilla se ha desmarcado del proceso a lo largo de estos dos años de negociación, y tampoco ha ofrecido una alternativa a las familias sevillanas que desde hacía tres días dormían a las puertas del Consistorio. En este sentido, los populares siguen, con un regocijo que no ocultan a la prensa, el enfrentamiento entre PSOE-A e IU, sobre todo, porque este miércoles era la primera sesión del pleno en el Parlamento de Andalucía y no se hablaba de otra cosa en los pasillos. La secretaria general del PP-A, Dolores López, con clara intención de calentar los ánimos, exigió a los socios que abandonen "sus guerras internas" y den una solución "urgente" a este problema. En la misma línea, manifestó: "Desgraciadamente asistimos a una imagen clara de descontrol, de desgobierno y de conflictos internos".
Mientras, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, reprochó al Ayuntamiento de Sevilla y a su alcalde que hayan "mirado para otro lado" en esta situación, "no poniendo ni un ápice de voluntad". Incidió también en la versión de Fomento y Vivienda de que se trata de una "medida excepcional" obligada por el auto del juzgado. "Y lo vamos a cumplir por encima de cualquier otra consideración", sentenció, con el convencimiento de que IU no se la está jugando con la legalidad pese a los recelos del PSOE-A.
Lo que está claro es que las dimensiones que ha alcanzado esta diferencia de posturas entre los dos socios de Gobierno son algo más que las "tensiones" que ambos han ido solventando los últimos 24 meses; que algunas voces de IU han mencionado la palabra ruptura en las redes sociales; que fuentes de ambos partidos hablan de "celos" y de búsqueda de la foto; y que esta crisis, pese al esfuerzo demostrado y reiterado de ambas formaciones políticas en mantener el pacto a lo largo de toda la legislatura, dejará cicatrices para lo mucho o poco que reste de legislatura.
