La reforma de la justicia universal del PP ha permitido dejar en libertad a ocho narcotraficantes dado que la Audiencia Nacional considera que no tiene "jurisdicción" para "el conocimiento de los hechos" por los que se encuentran en prisión. El barco en el que los ocho detenidos transportaban la droga se encontraba en aguas internacionales en el momento en que fue interceptado.
El juez Fernando Andreu recuerda que la limitación de la normativa de la justicia universal prevé que, en el caso de delitos relacionados con el tráfico de drogas, España será competente para juzgar los casos "en los supuestos previstos en los tratados ratificados" al efecto. En este caso, continúa el magistrado, el Convenio de Viena que rige los casos de narcotráfico restringe las competencias a hechos desarrollados en el territorio nacional o en barcos que enarbolen pabellón sea español. Ninguno de estos dos supuestos se daban en el caso de los ocho detenidos, que se encontraban en aguas internacionales y cuyo barco no tenía bandera.
Otra de las limitaciones es que los detenidos son de origen extranjero y la reforma del PP establece, como requisito, que las personas que cometan el delito sean de origen español.
"A día de hoy no existe cobertura legal para mantener nuestra jurisdicción a casos como el presente", argumenta el jue, que declara el sobreseimiento de la causa hasta que "no se acredite el cumplimiento de los requisitos" establecidos en la ley que regula la justicia universal.
Fernando Andreu considera en el auto que la reforma de la justicia universal aprobada por el PP en solitario y por la vía de urgencia establece "una serie de requisitos que suponen una muy importante restricción de la competencia de los tribunales españoles".
El barco, que fue interceptado cuando se dirigía a Marruecos como fruto de una actuación de la Dirección de Vigilancia Aduanera, transportaba más de 9.500 kilogramos de hachís valorados en 56 millones de euros. La droga tenía como destino final Europa.
El magistrado pone en libertad a los narcotraficantes al entender que la nueva legislación no contempla que sus delitos puedan ser juzgados en España y ordena la destrucción de la droga incautada.
La Fiscalía consideró que la Audiencia Nacional debía encausar los hechos debido al Convenio de Viena de 1988 que establece la necesaria cooperación entre estados. El auto del juez Andreu puede ser recurrido en el plazo de tres días.
