La jueza Alaya ha enviado esta tarde a dos guardias civiles, en calidad de policía judicial, al Congreso de los Diputados para hacer entrega de un oficio enviado por la jueza Mercedes Alaya y que estaría dirigido personalmente a su presidente, Jesús Posada, para pedir información sobre la situación de aforados del diputado y expresidente andaluz Manuel Chaves, y el exconsejero de Empleo y actual diputado José Antonio Viera, relacionados ambos con la causa de los ERE en Andalucía. Según ha avanzado la Cadena SER, en el escrito se aludía a dos diputados socialistas que ya fueron señalados en un auto por la jueza, aunque no imputados.
Los agentes han entregado otro escrito similar al presidente del Senado, Pío García Escudero. En la Cámara Alta hay otro aforado, igualmente señalado por Alaya: el también expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Según fuentes de la Guardia Civil, la intención de los agentes era que la Presidencia de ambas cámaras se encargara de dar traslado de los mandamientos judiciales a los afectados. Aunque la emisora no ha podido conocer el contenido de los oficios, apunta que se podría tratar de una oferta de la jueza a declarar voluntariamente a los exaltos cargos de la Junta, como ya ha manifestado en alguna otra ocasión, y que podría ser una forma de la jueza de esquivar al Supremo, ya que no tiene competencia para obligarles a declarar porque son aforados. Este mismo lunes, se ha conocido que Alaya ha rechazado por ahora dividir el caso en varias piezas y elevar la parte que se refiere a aforados al Tribunal Supremo.
Los dos escritos serán analizados mañana en las Mesas de ambas cámaras aunque las fuentes consultadas han indicado que la jueza Alaya no es competente para dirigirse directamente a las Cortes Generales, cuestión que compete al Tribunal Supremo.
