Las conclusiones de la instrucción del Caso Palau han cerrado algunos interrogantes pero, sobre todo, han abierto muchos más. Uno de ellos es dónde están los casi 10 millones del expolio del Palau de la Música -del total de 18 reconocidos- que aún no han aparecido y otro interrogante, muy importante, es quiénes eran los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que tenían suficiente poder como para decidir qué obras públicas se adjudicarían a la empresa que pagaba las comisiones, en este caso, a Ferrovial.
Según el auto del juez, esta trama de corrupción era posible gracias a los tesoreros del partido en aquella época (Carles Torrent y Daniel Osàcar) y al militante y exdiputado Jaume Camps, pero sobre todo "a la intervención de otros altos responsables del partido que ejercían el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Catalunya y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la capacidad de decidir la adjudicación de obra pública".
Para que Ferrovial pagara comisiones millonarias, necesitaba tener la seguridad de que alguien desde dentro movía los hilos adecuados para que las adjudicaciones fueran a parar a la constructora. Tenía que haber algún responsable del partido con suficiente fuerza como para presionar a los responsables públicos de las diferentes instituciones controladas por CDC.
Por desgracia para la justicia, la instrucción ha quedado cerrada sin saber cuáles eran -o son- los dirigentes de CDC que se ocupaban de todo: "La identidad y concreta intervención de estos otros cargos del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la investigación". Estos "altos responsables" de la federación lo fueron al menos desde el 2000 hasta el 2009 y se desconoce si todavía se encuentran en la cúpula del partido.
A pesar de esta laguna, el procedimiento de la trama ha quedado detallado, según el juez. La empresa Ferrovial tenía diferentes sistemas para hacer llegar dinero directamente a CDC o a las cuentas de la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música: entregárselos en mano a los tesoreros del partido (así se ingresaron 2,3 millones), a través de facturas falsas al Orfeó y a la fundación del Palau (así se ingresaron 2,2 millones más), y a partir de donaciones a la Fundación Trias Fargas -actual Catdem-, que depende directamente de CDC (así se hicieron llegar 630.655 euros). En total, Ferrovial pagó con estos tres métodos 5,1 millones de euros a CDC.
Esta suma, abonada durante diez años, era el dinero correspondiente a las comisiones del 4% de las obras adjudicadas a la constructora. De este porcentaje, el 2,5% iba a parar a CDC y el 1,5% restante se lo repartían entre Fèlix Millet y Jordi Montull, por hacer de intermediarios.
Los diez millones que faltan
Las comisiones que pagó la empresa Ferrovial a CDC a través de Millet y Montull son sólo una parte del caso Palau. De esta institución centenaria también salió dinero que fue a parar a Àngel Colom y Esteban Escuer, dos personas vinculadas a CDC pero que, según el juez, no tenían por qué saber que se trataba de dinero robado en el Palau.
Finalmente, el expolio del Palau también sirvió para enriquecer a Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, que eran los responsables de la Fundación Orfeó Català y del Consorcio del Palau de la Música. En este punto aparece el otro interrogante: ¿adónde han ido a parar los 9,6 millones de euros que faltan? Según el auto del juez, de 2002 a 2009, Félix Millet y Jordi Montull sacaron hasta 18 millones de euros de las cuentas de la Fundación Orfeón Català-Palau de la Música Catalana y de la Asociación Orfeón Catalán. El juez da por demostrado que, de ese dinero, Millet se quedó al menos 7 millones y Jordi Montull, 1,3. Lo que aún se desconoce es dónde han ido a parar los 9,6 millones de euros que faltan.
El silencio de los bancos
Algunos de estos interrogantes se podrían resolver si todas las partes implicadas quisieran colaborar, pero no ha sido así. El juez denuncia que Millet y Montull sólo reconocen una pequeña parte del desfalco y también da un tirón de orejas a las entidades bancarias desde donde Millet, Montull y otras personas retiraban dinero de las instituciones del Palau de la Música. En la mayoría de los casos, el dinero se retiraba a partir de cheques al portador o directamente de reintegros cobrados desde las ventanillas .
El juez denuncia la "falta de colaboración observada en las diferentes entidades bancarias" desde donde se hicieron los pagos. El juzgado de instrucción pidió hace tiempo la documentación relativa a los pagos pero las entidades bancarias aseguraron que no tenían esta documentación o que no la encontraban. Las entidades señaladas por el juez son Bancaja (actual Bankia), Caixa Manresa y Caixa Catalunya (actual Catalunya Banc). El auto considera "escandaloso" que no tengan esta documentación teniendo en cuenta los elevadísimos importes que se cobraban.
Este posicionamiento de las entidades bancarias incumple la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que obliga a mantener la documentación durante seis años. El juez dice también que "la experiencia judicial y policial" deja claro que las entidades bancarias conservan estos documentos durante mucho más tiempo del que exige la ley, por interés propio, pero asegura que, aún así, "este instructor quiere creer que las entidades bancarias no desobedecen al juzgado, sino que no guardan esta documentación". Sea como sea, esta actitud de las entidades se pondrá en conocimiento del Banco de España.
Fuentes de CatalunyaCaixa, el nombre comercial de Catalunya Banc, aseguraron a catalunyaplural.cat que su "colaboración siempre ha sido plena en todos los casos y también en este".
